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Etiqueta: institucionalidad democrática

Condena enérgica ante la agresión a integrante de la judicatura

Escrito en . Publicado en Derechos.

Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica

Comunicado

El respeto a la integridad física y moral de los administradores de justicia es una piedra angular de cualquier Estado Social y Democrático de Derecho. Ante los hechos ocurridos el pasado viernes 17 de abril , en los que la jueza de la República Kattia Carballo fue objeto de una violenta agresión en Heredia, desde el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica manifestamos nuestro más profundo y enérgico rechazo.

Los ataques dirigidos contra los funcionarios judiciales no solo representan una vulneración inaceptable a la integridad personal de quienes administran justicia, sino que constituyen una ofensa directa contra la institucionalidad y la autoridad del Poder Judicial. La discrepancia con las resoluciones judiciales debe canalizarse estrictamente a través de los recursos legales pertinentes; nunca, en ninguna circunstancia, mediante la violencia, el acoso o la agresión física.

Ya se dijo antes. Exigimos que estos actos sean investigados con celeridad y que los responsables sean castigados con todo el peso de la ley conforme a lo dispuesto en nuestra Constitución Política y las disposiciones del Código Penal aplicables a la agresión contra funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, sentando un precedente claro de que la justicia no se amedrenta ante la coacción.

Hacemos un llamado urgente al Poder Judicial para que  actúe  de manera inmediata y decidida, garantizando la protección de sus funcionarios en el ejercicio de sus cargos.

Instamos respetuosamente a la Corte Plena para que emita una respuesta contundente y pública en defensa de la independencia judicial. Es imperativo que la cúpula judicial envíe un mensaje inequívoco de respaldo a la judicatura y de rechazo absoluto a cualquier forma de intimidación externa.

El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica se mantendrá vigilante y en alerta permanente, y de no obtenerse una respuesta institucional satisfactoria, se valorará las acciones legales y gremiales que correspondan. Velaremos porque el imperio de la ley y el respeto mutuo sigan siendo los ejes que rijan nuestra convivencia nacional.

Lic. Miguel Arias Maduro
Presidente

La ilusión de la mano dura: Bukele, Trump y el riesgo de dinamitar nuestro ADN tico

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por JoseSo (José Solano-Saborío)

La tentación de importar milagros siempre ha sido el talón de Aquiles de las democracias fatigadas. En los últimos años, Costa Rica ha comenzado a mirar de reojo hacia el norte de su la región centroamericana, embelesada por la promesa de la mano dura y la supuesta eficiencia fulminante. Sin embargo, intentar calzar el modelo salvadoreño en la realidad costarricense es ignorar el abismo histórico, institucional y existencial que separa a ambas naciones. Para entender por qué el espejismo autoritario es incompatible con nuestro ADN, debemos primero desvestir la ilusión de que somos sociedades equiparables.

Nuestra matriz existencial se forjó desde lugares diametralmente opuestos. La Costa Rica moderna se construyó a partir de 1948 sobre una premisa insólita para la región: la abolición del ejército y la edificación de un Estado de bienestar robusto, con la seguridad social y la educación pública como grandes igualadores. Históricamente, hemos apostado por la tiza sobre el fusil, cultivando una fe casi dogmática en el derecho, el consenso y el equilibrio de poderes. El Salvador, por el contrario, ha escrito su historia en clave de supervivencia. Atravesado por décadas de dictaduras militares y una guerra civil que dejó cicatrices profundas, su transición a la paz fue trágicamente secuestrada por la barbarie de las pandillas. La sociedad salvadoreña, acorralada por el terror diario, llegó a un límite de agotamiento donde estuvo dispuesta a sacrificar sus libertades constitucionales a cambio de no morir en la calle. Costa Rica, mientras tanto, sangra por una herida muy diferente, con penetración de organizaciones criminales internacionales.

A pesar de esta abismal diferencia, a partir del 2022 hemos presenciado un giro inquietante en nuestro país. El chavismo tico ha comenzado a imitar un libreto que no encaja con la esencia de Costa Rica por el “éxito” cortoplacista, que consiste en esconder su problemática social “debajo de la alfombra”, aprovechando para, entre la basura, desaparecer a opositores y críticos. Bajo la bandera del anti-establecimiento, se ha importado una retórica confrontativa que busca desacreditar sistemáticamente a la prensa independiente, a los órganos de control y a los cimientos mismos de nuestra democracia. Este intento de aplicar una receta autoritaria y centralista en la otrora “Suiza centroamericana” genera una fricción destructiva. Nuestras instituciones fueron diseñadas meticulosamente para evitar que un solo líder acumule el poder absoluto; intentar forzar el modelo de excepción salvadoreño aquí es como intentar operar un marcapasos a martillazos.

El peligro de romantizar esta deriva populista se vuelve aún mayor cuando la fachada del modelo a imitar comienza a resquebrajarse. La narrativa de la paz salvadoreña, vendida como un triunfo absoluto de la voluntad presidencial, oculta un costo oscuro que hoy está más expuesto que nunca. Recientes investigaciones y reportajes de la cadena estadounidense CBS han sacado a la luz nuevas pruebas, a partir de la denuncia del medio salvadoreño “El Faro”, que confirman lo que muchos teman y otros sospechamos: el pacto original del gobierno de Nayib Bukele con las pandillas. Las denuncias documentan cómo, para cimentar su popularidad inicial, se negoció la liberación de líderes históricos de la MS-13.

Ese oscurantismo se agrava al observar las nuevas dimensiones internacionales del bukelismo. Lejos de ser un modelo de soberanía, El Salvador ha profundizado sus nexos con Donald Trump, ofreciendo el publicitado megadespliegue del CECOT no solo como prisión local, sino como una pieza en el engranaje de las políticas de deportación masiva estadounidenses. Someter la soberanía nacional para convertirse en un apéndice carcelario de intereses extranjeros, en medio de severas denuncias internacionales por tortura y violaciones al debido proceso, no es un modelo de éxito, es la claudicación del Estado de derecho.

A la peligrosa importación de este espejismo autoritario se suma, además, un error conceptual tan básico como destructivo. El modelo que el oficialismo intenta vendernos ignora deliberadamente la naturaleza de nuestro propio mal. Las maras salvadoreñas y su brutal violencia territorial no son, ni de cerca, equiparables a las complejas, equipadas y multimillonarias redes transnacionales del narcotráfico que hoy infiltran a Costa Rica. Intentar desmantelar la sofisticada maquinaria del crimen organizado y los grandes carteles de la droga aplicando tácticas de encierro masivo diseñadas para pandillas, no solo es una ingenuidad operativa, sino que equivale a dispararle al objetivo equivocado mientras el verdadero enemigo sigue avanzando sin oposición ni estrategia de contención real.

Costa Rica está a tiempo de mirarse al espejo y reconocer su propia valía. El Salvador entregó las llaves de su democracia empujado por una necesidad extrema y el trauma del plomo; nosotros corremos el riesgo de entregarlas por pura frivolidad populista. Prometernos seguridad y eficiencia dinamitando los puentes institucionales que construyeron nuestros abuelos solo nos llevará hacia un modelo cimentado en pactos opacos y sumisión, que no resuelve por el fondo las causas de la delincuencia, la brecha social, la desigualdad y la exclusión. El verdadero patriotismo hoy no exige mano dura, sino la valentía de defender la democracia que nos hizo excepcionales.

El delirio del presidente Chaves se lo quiere pasar a la presidenta Laura Fernández

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

El presidente Rodrigo Chaves ha venido delirando, al menos por ahora, pero sin tener más posibilidad de hacerlo, porque se le acaba el tiempo posible para ver, tan solo ver, materializada su razón perturbada, su locura, su desorientación y su pérdida de la realidad política, de su salida del surco democrático tradicional que está viviendo el país, para tratar de fundar la Tercera República de Costa Rica.

Tuvo algunos chispazos que lo acercaron a la posibilidad de diseñar su idea de Tercera República. Lo más cerca y englobante que hizo fue percibir que todos los que gobernaron antes que él, desde 1949 hasta su ascenso presidencial en el 2026, la totalidad de 17 presidentes, en sus 19 gobiernos, que han habido desde 1949, todos fueron dictadores y tiranos, que solo gobernaron para los ricos, los empresarios, los banqueros, agentes financieros, productores, importadores, exportadores y comerciantes, entre otros representantes de pequeños grupos que gravitaron y pervivieron con ellos.

Que todos ellos gobernaron contra el pueblo fue su afirmación, para distinguirse él como el que quería gobernar para el pueblo, pero que las estructuras políticas por ellos montadas, desarrolladas institucionalmente no le permitían hacerlo. De allí sus delirantes ataques a todo el andamiaje político, institucional y estructural del Gobierno y del Estado, de los Poderes del Estado, de los partidos políticos, de todos los políticos, y los medios de comunicación en general, especialmente de los que no controla o no somete a los designios de sus desmanes discursivos.

Figueres empezó a plantear su proyecto de Segunda República en función de una práctica política que estaba viviendo, de una década muy convulsa por la II Guerra Mundial, por los cambios enormes que se estaban dando no solo en el escenario internacional, sino también en el nacional.

En lo internacional el fascismo caracterizaba y dominaba el escenario. La lucha contra el fascismo era lo principal. El fascismo, representado por Alemania, Italia y Japón era expansivo en la práctica, avanzaba militarmente, ocupando y avasallando pueblos, naciones y países en procura de acabar con la Unión Soviética, en ese momento, el único gran país representativo del socialismo mundial. En la lucha internacional la lucha contra el fascismo era la lucha por la Democracia, por la Democracia en el sentido más amplio posible. El fascismo significaba dictadura, tiranía, opresión, despotismo, autoritarismo, ausencia de libertades y limitación de derechos ciudadanos, persecución, represión y muerte de ciudadanos y aniquilamiento total de pueblos, censura, cárcel, campos de concentración y exterminio étnico, racial.

La guerra que impulsaban los nazifascistas era de tierra quemada, era la estrategia de destruir toda la infraestructura que se encontraran, todos los recursos, los cultivos, las viviendas, los suministros y medios de subsistencia propios o del enemigo para evitar que este los aproveche, provocando una devastación total, a todos los seres humanos que se encontraran en su paso, que podía servir como medios de subsistencia propios o del considerado enemigo para evitar que fueran aprovechados. El fascismo provocaba la devastación total.

Ese escenario tenebroso internacional el presidente Chaves lo está viviendo, con Israel y el gobierno dirigido por Donald Trump, que está dispuesto a acabar con “una civilización” como lo ha afirmado, y de avanzar a golpe de guerras para imponer su hegemonismo político, económico y financiero, diseñando el mundo a su gusto geopolítico y geoestratégico, reeditando en un solo paquete las políticas de Estado norteamericano de las Doctrina Monroe, la Doctrina del Destino Manifiesto, la del Gran Garrote, la Doctrina Truman de la Guerra Fría, la del intervencionismo militar y de ocupación de países, de control de aduanas, de guerras de dominación, de control de regiones productivas de materias primas estratégicas para los procesos industriales y económica, de control de regiones de mano de obra baratas y control de regiones para la venta de sus productos, de manera cara, elaborados con esas materias primas y esas manos de obras baratas.

Estamos justamente reviviendo ese escenario mundial que dio origen al llamado imperialismo del siglo XX.

En el plano nacional Figueres en la década de 1940-1948 nunca, para proponer su Segunda República, enfrentó el desarrollo institucional del país, ni atacó a quienes habían sido los gobernantes de la República que estaba viviendo, la surgida en 1848. De manera especial mostró gran afecto, y exaltó y valoró, a los grandes presidentes anteriores a 1940, como fueron Cleto González Víquez, y muy especialmente para él, a Ricardo Jiménez Oreamuno y a León Cortés Castro.

Nacionalmente no estaba de acuerdo con los gobiernos de Rafael Ángel Calderón Guardia, 1940-1944 y de Teodoro Picado Michalski, 1944-1948. Con el de Calderón por haberlo expulsado del país, por haberse alineado en la lucha internacional antinazi y antifascista con la alianza democrática internacional encabezada por la Unión Soviética, Francia, Inglaterra y desde diciembre de 1941 también con Estados Unidos, que se sumó a esa lucha. También por haberse aliado a los comunistas y a la Iglesia Católica para aprobar en 1943 la Reforma Social y el Código de Trabajo. Figueres no estaba de acuerdo con el gobierno de Teodoro Picado por considerar que había surgido de un fraude electoral. Con ambos gobiernos por considerarlos corruptos y que habían traicionado los ideales y valores de la República Liberal que se había formado hasta ese entonces.

El presidente Chaves, de chivos expiatorios no enfrentó a sus dos gobiernos anteriores, los del partido Acción Ciudadana, el de Luis Guillermo Solís Rivera, 2014-2018 y el de Carlos Alvarado Quesada, 2018-2022, siendo éste el que lo trajo y lo incrustó a la vida política nacional, y lo pegó al gustoso respirador artificial de la Presidencia, de la cual no quiere separarse. De chivos expiatorios agarró al partido Liberación Nacional que de los 16 gobiernos que ha habido desde 1953 ha gobernado en 9 ocasiones y lo que representa la Unidad Social Cristiana lo ha hecho en 6 ocasiones. De sus presidentes se ha concentrado en atacar constantemente, de manera enfermiza, al Dr. Oscar Arias Sánchez y a Laura Chinchilla Miranda, como los causantes de todos los males del país.

Imitando a Figueres, en sus ataques a Teodoro Picado, el presidente Chaves ha atacado al Tribunal Supremo de Elecciones. Si no ha podido hablar de fraude contra él, que le validó su triunfo electoral del 2022, intentó hacerlo en el pasado proceso electoral amenazando que el Tribunal Supremo de Elecciones, quería hacer un fraude contra él, su gobierno y lo que en las elecciones a él lo pudiera representar. Sin embargo, la funcional democracia costarricense validó el triunfo de su candidata Laura Fernández Delgado, y el pueblo costarricense, como en todos los procesos electorales anteriores aceptó el resultado expresado en urnas. Educación política, educación cívica, valores democráticos y tradición histórica electoral, asimilados durante la Segunda República se hicieron presentes el pasado primer domingo de febrero, validando un triunfo indiscutible en su resultado.

El presidente Chaves se ha alineado a las políticas internacionales, injerencistas, imperialistas, profascistas, autoritarias, guerreristas y también anticomunistas del presidente Trump.

Su anticomunismo, el de Chaves, totalmente enfermizo, sin entender ni conocer que el Partido Comunista de Costa Rica, Vanguardia Popular, como realmente se llama, no participa en elecciones, y que su secretario general, Humberto Vargas Carbonell la última vez que fue diputado fue en 1990, y que desde entones tampoco han electo diputados.

Que ha habido diputados de izquierda sí, y los hay, pero no son comunistas, miembros del partido comunista, ni proclaman luchar por el establecimiento del comunismo. Y, parece que el presidente Chaves tiene vista corta que no le permite apreciar que en todo el mundo solo hay cinco países que están siendo gobernados por un partido comunista, la República Popular China, Cuba, Laos, la República Popular Democrática de Corea y la República Socialista de Vietnam. En América Latina solo la República de Cuba se define como una república Socialista. Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil, Venezuela, Nicaragua, Granada, Haití, República Dominicana, Granada, Panamá y México, en la historia de los últimos 60 años han tenido en ocasiones gobiernos reformistas, de carácter Progresista no comunista. Los gobiernos progresistas que han tenido no han proclamado impulsar el socialismo ni el comunismo.

El presidente Trump actualmente está interesado en borrar en el continente todo vestigio de progresismo y de reformismo político, al estilo de lo que fue el macartismo en la década de 1950, en los Estados Unidos, y al estilo de lo que fue la instalación de dictaduras militares y de gobiernos dictatoriales en el continente en la segunda mitad del siglo pasado.

Acabar con China, con Rusia o con Irán, para Trump, hoy no es un problema de comunismo versus capitalismo. Es un problema económico, de control de la economía mundial, de control de las regiones productoras de materias primas estratégicas y de control de las rutas mundiales del comercio, así como de control del flujo de las monedas con que se paga todo esto, el dólar estadounidense u otras monedas internacionales.

El presidente Chaves ha procurado que la presidenta electa Laura Fernández abrace sus posturas políticas. La está alineando en lo que puede dar proyección de continuismo político y gubernativo. Si La presidenta se monta en ese patín se va a descalabrar. Ella debe gobernar con su pensamiento propio si quiere salir airosa en su futuro gobierno. No debe convertirse en la caja de resonancia de Chaves. Eso es lo peor que le puede ocurrir.

Tiene mujeres presidentas para compararse. En el continente americano tiene por lo menos cuatro referencias, Eva Perón, Michelle Bachelet, Dilma Rousseff, Claudia Sheinbaum. Ojalá pudiera emular con la actual presidente de México.

Si la presidenta Laura Fernández Delgado se queda de furgón de cola del presidente, ministro, si llega a ponerlo, Rodrigo Chaves, si lo trata de imitar en sus malos modales, en su vulgaridad protocolaria y discursiva, si se faja por emular con él una añeja narrativa política, más que desvariar va a tener perturbada su razón para un buen gobierno. Si se mantiene en la línea de los despropósitos y disparates chavistas va a ser exhibicionista de una enfermedad o una pasión violenta, que reflejará la perturbación de sus facultades mentales en confusión aguda de la realidad nacional, alucinación de sus relaciones política, en narrativas ilógicas que la colocarán en una falsa consciencia del entorno.

Laura Fernández si se pone a imitar a Trump o a Chaves parecerá totalmente alucinante. Pero debe recordar y tener presente que ella es la presidenta, que Chaves será tan solo su ministro y que el presidente Trump de continuar el camino que lleva a las elecciones del Congreso y el Senado de los Estados Unidos, en noviembre próximo, el Congreso y el Senado con el pueblo estadounidense movilizado como está, le tendrán sus días contados.

Si Laura Fernández quiere impulsar la Tercera República debe hacerlo con cabeza propia, no ajena; debe elaborar su propia narrativa. Debe analizar por qué la necesidad de una Tercera República y cuáles han de ser sus pilares. Debe abrir un gran debate nacional sobre la posibilidad de avanzar hacia una Nueva Costa Rica, definida en una Tercera República.

Si se quiere ir a una Tercera República que no sea ir a un período de agitación política, de creencias alteradas, de experimentación de alucinaciones, de trastornos delirantes crónicos, como patología psiquiátrica de presencia de ideas delirantes bien sistematizadas, con alucinaciones y alteraciones del lenguaje y el pensamiento, que lleven al deterioro de la personalidad nacional costarricense, y produzca no personas pensantes, sino fanáticos delirantes, excitados, frenéticos, locos, salvajes.

Que el delirio nacional por una Tercera República no se convierta en una demencia nacional a lo largo de los meses del próximo gobierno.

Cuando la Doctrina Monroe vuelve a hablar…

Escrito en . Publicado en Análisis.

Rodrigo Campos Hernández

Cuando la Doctrina Monroe vuelve a hablar: lenguaje, poder y soberanía en el hemisferio. A propósito del discurso del secretario de Guerra de Estados Unidos Pete Hegseth en la Conferencia de las Américas contra los Cárteles del 5 de marzo de 2026.1

1 Este es un ejercicio de lectura crítica sobre el discurso de seguridad hemisférica actual.

1. Introducción: cuando el lenguaje reorganiza la realidad1

El discurso que aquí se analiza fue pronunciado por el secretario de Defensa de Estados Unidos en el marco de una convocatoria impulsada por el presidente Donald Trump en Florida, en la que participaron diversos presidentes y ministros de seguridad de América Latina y el Caribe.

El encuentro tenía como objetivo articular una estrategia regional de seguridad —incluido el denominado “Escudo de las Américas”— orientada a fortalecer la lucha contra los carteles y otras amenazas transnacionales.

El contexto no es menor. Se trata de un momento de reconfiguración geopolítica, en el que se redefinen alianzas, amenazas y marcos de acción en el hemisferio. El emisor habla desde una posición de poder estatal con capacidad de incidir materialmente en la región, mientras que los receptores —autoridades políticas y de seguridad— son potenciales traductores institucionales de ese discurso.

En este punto, una pregunta resulta inevitable: ¿qué sentido tiene realizar un análisis de este tipo?

La interrogante no es menor. A primera vista, podría parecer que se trata de un ejercicio meramente interpretativo, sin consecuencias prácticas inmediatas. Sin embargo, en contextos como el actual, los discursos no son simples declaraciones. Funcionan como dispositivos que orientan decisiones, legitiman políticas y delimitan lo que aparece como posible o necesario.

Analizar un discurso de esta naturaleza no es, por tanto, un ejercicio teórico abstracto. Es una forma de intervenir críticamente en las condiciones mismas en que se toman decisiones públicas.

Para América Latina, esta cuestión adquiere una relevancia particular. Históricamente, la región ha sido escenario de múltiples formas de influencia externa, muchas de ellas justificadas precisamente a través de narrativas que apelan a la seguridad, el orden o la estabilidad. En ese sentido, comprender cómo se construyen esas narrativas permite también reconocer sus implicaciones políticas.

En el caso de Costa Rica, el análisis resulta especialmente significativo. Se trata de un país cuya tradición política se ha construido en torno a la institucionalidad democrática, el derecho internacional y la ausencia de fuerzas armadas. La incorporación acrítica de marcos discursivos que privilegian la lógica de seguridad militarizada no es un movimiento neutro: puede implicar transformaciones profundas en la forma en que se conciben la seguridad, la soberanía y el papel del Estado.

Hay discursos que no necesitan exagerar para ser efectivos. Les basta con organizar cuidadosamente el lenguaje. No se imponen por la fuerza de sus afirmaciones, sino por la forma en que seleccionan, ordenan y silencian. En consecuencia, este trabajo parte de una hipótesis: “la eficacia del discurso analizado no radica en su contenido explícito, sino en su arquitectura semántica”.

Debemos tener claro, entonces, que hay discursos que no solo buscan persuadir: buscan reorganizar el mapa mental desde el cual una sociedad decide qué teme, qué tolera y qué está dispuesta a aceptar en nombre del orden. El discurso de Pete Hegseth pertenece a esa clase de discursos.

Su relevancia no radica únicamente en sus afirmaciones explícitas, sino en algo más profundo: en la forma en que articula una nueva gramática política para el hemisferio. Bajo el lenguaje de la seguridad, la cooperación y la defensa, se perfila una reconfiguración de las relaciones entre Estados que merece ser examinada con cuidado. Es en este sentido, que este trabajo propone una lectura distinta: no centrada en la reacción inmediata, sino en el análisis de las estructuras semánticas y discursivas que sostienen el mensaje.

2. Enfoque metodológico

El análisis se inscribe en el campo del análisis crítico del discurso. No se trata de determinar si el texto es verdadero o falso, sino de identificar: a. los nudos semánticos que organizan su coherencia, b. las operaciones lingüísticas que permiten su funcionamiento, c. los desplazamientos conceptuales que produce, d. y los silencios estructurales que lo hacen posible. En consecuencia, se procedió mediante: a. Identificación de unidades discursivas clave, b. análisis de su textura lingüística, c. reconstrucción de efectos de sentido, d. identificación de ausencias significativas y e. la confrontación con referentes empíricos

3. Nudos semánticos del discurso

Cuadro 1. Síntesis estructural

NUDO

OPERACIÓN

EFECTO

Nativos

Desplazamiento

Identidad sobre ciudadanía

Soberanía

Redefinición

Tutela implícita

Inclusión

Reconfiguración

Jerarquía

Seguridad

Expansión

Militarización

Narco-comunismo

Hibridación

Enemigo total

Víctima

Narrativa

Excepcionalidad

3.1 El sujeto que desaparece

Cuando el texto habla de “nativos de distintos estados actuando juntos por primera vez” (traducción libre del autor), no utiliza términos como “ciudadanos” o “pueblo”. La elección no es menor. La palabra “nativos”, en este contexto, remite más a origen, pertenencia y arraigo que a ciudadanía política moderna. El desplazamiento es claro: del sujeto jurídico al sujeto identitario. La comunidad deja de aparecer como una construcción política deliberativa y pasa a ser un cuerpo orgánico, definido por herencia y destino compartido. En este sentido, el sujeto del discurso no es el ciudadano deliberante, sino la comunidad cohesionada frente a la amenaza.

3.2 La soberanía que se redefine

El discurso afirma que la región debe estar compuesta por “naciones soberanas fuertes” (traducción libre del autor). Sin embargo, esa afirmación convive con la definición del hemisferio como espacio de interés estratégico de Estados Unidos. Aquí no hay una negación explícita de la soberanía. Hay una operación más sutil: Se mantiene como término, pero se redefine en su contenido, de manera que la soberanía se afirma pero dentro de un marco previamente delimitado. No desaparece, pero se condiciona.

3.3 Inclusión y jerarquía

El texto apela a fórmulas como “nuestra nación y las suyas” y a la idea de “poner a América, a los estadounidenses y a las Américas en primer lugar” (traducción libre del autor). Tampoco esta inclusión no es neutral. Los Estados Unidos se presenta simultáneamente como parte del conjunto y como su punto de referencia, ya que habla desde el hemisferio, pero también lo organiza. De esta manera, la inclusión retórica encubre una asimetría estructural.

3.4 La militarización del lenguaje

Expresiones como “paz mediante la fuerza” y la necesidad de restaurar un “ethos del guerrero” (traducción libre del autor) introducen una forma específica de comprender el orden político. Los problemas sociales se traducen en términos bélicos. Y en este desplazamiento ocurre algo decisivo: Desaparece el lenguaje civil del conflicto (salud pública, prevención, institucionalidad o desarrollo social). Si todo es guerra, lo que no es guerra deja de ser visible.

3.5 El enemigo como construcción total

El uso de categorías como “narco-comunismo” (traducción libre del autor) no describe una realidad empírica precisa. Funciona como una hibridación semántica que fusiona: crimen, ideología y amenaza externa que produce un enemigo sin límites claros. Y cuando el enemigo es total, la respuesta tiende a justificarse como igualmente total.

3.6 Victimización y excepcionalidad

El discurso presenta un escenario de asedio: crimen organizado, migración incontrolada, drogas y amenazas externas. Esto permite una operación estructural: la acción se presenta como defensa y la expansión como necesidad donde la posición de víctima habilita la excepcionalidad.

4. Lo que el discurso no dice

Cuadro 2. Lo dicho y lo insinuado

LO DICHO

LO INSINUADO

PREGUNTA

“nativos”

comunidad orgánica

¿dónde está el ciudadano?

“soberanía”

subordinación

¿quién decide?

“cooperación”

asimetría

¿entre iguales?

“seguridad”

guerra

¿qué queda fuera?

El análisis de estas ausencias permite observar que el discurso no solo organiza lo que se dice, sino también lo que queda fuera del campo de lo pensable. Desaparece el ciudadano como sujeto político central. Se diluye la complejidad social de los fenómenos. Se omiten antecedentes históricos relevantes y se reduce el campo de respuestas posibles. En conjunto, estos silencios no constituyen omisiones accidentales. Son condiciones estructurales del discurso.

5. Confrontación con la realidad

Al contrastar el discurso con referentes empíricos, emergen tensiones que permiten matizar sus presupuestos centrales.

En primer lugar, la idea de que la militarización constituye una respuesta eficaz frente a fenómenos como el narcotráfico no encuentra respaldo concluyente en la experiencia regional. Tras décadas de “guerra contra las drogas”, particularmente en países como Colombia, los enfoques centrados en la interdicción, la erradicación forzada y la cooperación militar no han logrado resolver el problema estructural de la producción y tráfico de sustancias ilícitas. Por el contrario, diversos análisis señalan la persistencia —e incluso reconfiguración— de estas economías ilícitas, a pesar de la intensificación de la presencia militar y de seguridad en la región.

En esa misma línea, la instalación de infraestructura y cooperación militar extranjera no ha demostrado efectos sostenidos en la reducción de la violencia o del tráfico de drogas. El caso de la base de Manta en Ecuador, operativa durante una década como parte de la estrategia regional antidrogas, no produjo mejoras significativas en los indicadores de seguridad, lo que ha llevado a cuestionar la eficacia de este tipo de medidas.

En segundo lugar, las categorías empleadas en el discurso —como aquellas que combinan fenómenos distintos bajo denominaciones unificadas— tienden a simplificar realidades complejas. La experiencia histórica muestra que los fenómenos asociados al narcotráfico, la violencia y la conflictividad social responden a dinámicas económicas, políticas y territoriales diversas, que difícilmente pueden ser abordadas mediante enfoques homogéneos.

Finalmente, la idea de una cooperación hemisférica simétrica también encuentra límites en la trayectoria histórica de la región. Diversos episodios evidencian relaciones marcadas por asimetrías estructurales, en las que la política exterior y de seguridad de Estados Unidos ha incidido de manera determinante en los procesos internos de los países latinoamericanos.

El caso del embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba desde 1962 —considerado el más prolongado de la historia contemporánea— constituye un ejemplo paradigmático de relaciones estructuralmente asimétricas, con efectos sostenidos sobre la economía y la vida cotidiana en la isla.

A ello se suma una serie de intervenciones políticas y militares a lo largo del siglo XX que han incidido directamente en los procesos internos de diversos países latinoamericanos. Casos ampliamente documentados, como el derrocamiento del gobierno de Jacobo Árbenz en Guatemala (1954) o el de Salvador Allende en Chile (1973), así como el respaldo a regímenes autoritarios en el Cono Sur durante las décadas de 1960 y 1970, evidencian una constante en la política hemisférica: la disposición a intervenir en contextos considerados estratégicos.

El caso del escándalo Irán-Contra en la década de 1980 —que involucró operaciones encubiertas, financiamiento irregular y vínculos con redes ilícitas— constituye un ejemplo paradigmático de estas dinámicas complejas.

Más recientemente, episodios como la operación militar estadounidense en Venezuela en 2026 —que incluyó bombardeos en Caracas y la captura del presidente Nicolás Maduro— evidencian el grado de conflictividad y unilateralidad que puede alcanzar la política hemisférica. La interpretación de estos hechos, sin embargo, forma parte de una disputa política y jurídica más amplia, lo que refuerza la necesidad de analizarlos críticamente.

Ahora bien, más que agotar el inventario de episodios históricos, lo relevante es advertir la regularidad de ciertas dinámicas. Las intervenciones, directas o indirectas, que han marcado la relación hemisférica no han producido, en términos generales, beneficios sostenidos para las sociedades latinoamericanas, sino que han tendido a favorecer intereses estratégicos externos y a reforzar estructuras de poder preexistentes.

Por otro lado, en un contexto global caracterizado por el desplazamiento progresivo del hegemonismo estadounidense hacia un escenario de mayor dispersión del poder, los intentos por reafirmar su influencia en el continente americano resultan, en términos estratégicos, comprensibles. Sin embargo, la forma en que dicha reafirmación se articula merece una lectura crítica.

En efecto, la apelación a la cooperación regional en materia de seguridad —particularmente en torno a la lucha contra los carteles de la droga— puede funcionar como un dispositivo de legitimación de estrategias que, en la práctica, reproducen relaciones asimétricas. La construcción de amenazas compartidas facilita la alineación política, pero también puede operar como mecanismo de reorganización del poder en el hemisferio.

Esta dinámica se vuelve especialmente problemática cuando se considera una tensión estructural difícil de soslayar: Estados Unidos continúa siendo uno de los principales mercados de consumo de drogas a nivel global. En ese sentido, la persistencia del fenómeno no puede explicarse únicamente desde la oferta, ni resolverse exclusivamente mediante estrategias centradas en la intervención externa.

La ausencia de un abordaje integral que incluya las dinámicas internas de consumo introduce una disonancia que debilita la coherencia del discurso. En este marco, la lucha contra el narcotráfico corre el riesgo de convertirse menos en una solución estructural y más en un eje discursivo que permite articular agendas de seguridad con efectos geopolíticos más amplios.

Esta tensión adquiere una dimensión aún más compleja si se consideran las prioridades en la asignación de recursos. En los últimos años, el gobierno de Estados Unidos ha destinado sumas multimillonarias al financiamiento de conflictos internacionales y al sostenimiento de alianzas estratégicas en distintos escenarios geopolíticos.

Al mismo tiempo, persisten en su propio territorio problemáticas sociales de gran magnitud, particularmente asociadas al consumo de opioides y drogas sintéticas, que han sido calificadas como una crisis de salud pública. A ello se suman niveles significativos de población en situación de calle y acceso desigual a servicios de salud y atención social.

Sin necesidad de establecer relaciones causales simplistas, la coexistencia de estas dos dimensiones introduce una pregunta relevante: ¿en qué medida las estrategias de seguridad proyectadas hacia el exterior se articulan con —o se desvinculan de— las problemáticas internas que contribuyen a sostener los fenómenos que se pretende combatir?

Plantear esta cuestión no implica desconocer la complejidad de los escenarios internacionales, sino advertir que la eficacia de cualquier estrategia hemisférica depende también de la coherencia entre sus dimensiones internas y externas.

No reconocer esta trayectoria en el contexto actual implicaría asumir el presente como si se tratara de un punto de partida neutral. Y ese, precisamente, es el riesgo: confundir la novedad del discurso con la ausencia de antecedentes. En ese sentido, el análisis no busca clausurar posibilidades, sino evitar una forma de ingenuidad que, históricamente, ha tenido costos significativos para la región.

6. Objeción: la racionalidad de la cooperación

Una objeción razonable podría formularse así: ¿qué tiene de problemático formar parte de una estructura hemisférica liderada por Estados Unidos, considerando los beneficios en comercio, cooperación, educación e intercambio cultural? La pregunta es válida, y precisamente por eso exige precisión. El problema no radica en la relación en sí misma, sino en su redefinición. Cuando la cooperación se formula en términos de seguridad estratégica, su naturaleza cambia: deja de ser relación entre iguales y adquiere una estructura jerárquica.

7. Conclusión

El riesgo no es la existencia de alianzas ni de cooperación internacional. El riesgo es la transformación silenciosa de esas relaciones en marcos donde ciertas categorías —seguridad, soberanía, cooperación— adquieren significados distintos sin ser discutidos. El desafío, entonces, no es rechazar ni aceptar de manera automática, sino comprender. Porque solo cuando se comprende cómo opera un discurso, se recupera la posibilidad de decidir frente a él.

Para Costa Rica, cuya tradición política se ha construido en torno a la paz, el derecho internacional y la institucionalidad democrática, este tipo de discursos plantea interrogantes relevantes. La adopción acrítica de una gramática de seguridad militarizada no es neutra. Puede implicar transformaciones en la forma en que se entienden la soberanía, la seguridad y el papel del Estado.

1 El planteamiento de que ciertos discursos no requieren exageración para ser efectivos puede sostenerse desde diversas tradiciones del análisis del discurso. Como ha señalado Michel Foucault (1971), el poder discursivo no reside únicamente en lo que se afirma, sino en la capacidad de delimitar el campo de lo decible y lo pensable. En esa misma línea, Teun A. van Dijk (1998), ha mostrado que la influencia del discurso se ejerce a través de la organización de estructuras cognitivas —temas, énfasis y omisiones— que orientan la interpretación del receptor. A ello se suma la noción de poder simbólico de Pierre Bourdieu (1991), según la cual los discursos más eficaces no son los más explícitos, sino aquellos que logran naturalizar sus categorías como evidentes. Finalmente, desde la teoría del framing, George Lakoff (2004), ha demostrado que quien define los marcos lingüísticos condiciona la percepción de la realidad, haciendo innecesaria la exageración. En conjunto, estas perspectivas permiten sostener que la eficacia de un discurso no depende de la intensidad de sus afirmaciones, sino de su capacidad para seleccionar, ordenar y silenciar elementos, configurando así un horizonte de interpretación.

El espejismo bukelista: la trampa del régimen de excepción en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por: JoseSo (José Solano-Saborío) | Entre Verdades y Opiniones

Hay verdades incómodas que, si no se dicen a tiempo, terminan costando libertades. Recientemente, un informe del Grupo Internacional de Expertos (GIPES) —analizado a profundidad por los colegas de Doble Check— puso sobre la mesa la realidad detrás del famoso «modelo Bukele» en El Salvador: crímenes de lesa humanidad, detenciones arbitrarias sin pruebas, torturas y miles de personas encarceladas injustamente. Ante esto, la respuesta del gobierno salvadoreño ha sido un manual de desinformación pura. Pero lo que debería quitarnos el sueño no es solo lo que pasa en El Salvador, sino cómo ese mismo libreto autoritario nos lo están queriendo empaquetar y vender aquí, en Costa Rica.

La falsa promesa de lo «temporal»

El oficialismo chavista no oculta sus intenciones. Hemos escuchado las declaraciones públicas y reiteradas de la presidenta electa, Laura Fernández, apuntando hacia un «modelo bukelista». Su propuesta es clara: solicitar a la Asamblea Legislativa la autorización para establecer un régimen de excepción «solo en casos necesarios», «de manera temporal» y en «zonas específicas».

Hagamos memoria y no caigamos en la trampa. Así exactamente le vendieron la idea al pueblo salvadoreño: como una medida de emergencia que duraría apenas 30 días. Este pasado 27 de marzo de 2026, esa medida «temporal» cumplió cuatro años ininterrumpidos de anular derechos constitucionales. El guion populista es predecible: te prometen ceder tus libertades por un ratito, pero una vez que prueban el poder absoluto, no lo devuelven.

El arma perfecta contra el opositor

El peligro más grande de un estado de excepción no radica en cómo trata a los criminales, sino en cómo se utiliza contra quienes resultan incómodos para el poder. En El Salvador, este régimen ha servido en bandeja de plata la excusa para perseguir sistemáticamente a opositores, periodistas, juristas y críticos.

Si creen que en Costa Rica estamos blindados contra eso, basta con ver los indicios que el chavismo ya ha dejado en nuestro propio Estado de Derecho. Hemos presenciado cómo se intenta usar el aparato estatal para intimidar, desde la burda «cama» que le intentaron hacer a Randall Zúñiga, director del OIJ, hasta los ataques desproporcionados contra comunicadores como la adulta mayor Stella Chinchilla. Peor aún, hemos cruzado líneas rojas dolorosas, como la instrumentalización de una institución como el PANI en contra de la hija del candidato opositor Álvaro Ramos.

Si este oficialismo es capaz de usar las instituciones para acosar y golpear a sus críticos bajo las reglas de una democracia normal, ¿se imaginan lo que harían con un régimen de excepción que suspende las garantías constitucionales?

Maras y carteles: realidades que no se mezclan

Más allá del peligro político, en el caso de Costa Rica un Estado de Excepción sencillamente NO se justifica. Quieren meter en un mismo saco realidades criminales que operan de forma totalmente distinta.

Las «maras» en El Salvador eran pandillas enfocadas en el control territorial de barrios, la extorsión directa y la violencia callejera focalizada. El monstruo que enfrentamos en Costa Rica es la penetración de carteles trasnacionales de la droga: crimen organizado de alta logística, redes complejas de lavado de dinero y manejo de rutas internacionales. Suspender los derechos de los ciudadanos de a pie en «zonas específicas» no va a desmantelar los capitales del narcotráfico. Lo único que logra una medida de este tipo aquí es debilitar nuestra histórica institucionalidad democrática, dándole un cheque en blanco a un gobierno intolerante a la crítica.

Un llamado a la defensa institucional

La historia nos exige estar a la altura del momento. Hago un llamado directo y urgente al Poder Judicial: ustedes son el último bastión de la legalidad en este país; no permitan que se atropelle nuestra Constitución. A la oposición en la Asamblea Legislativa: no cedan ni un milímetro ante el chantaje del populismo punitivo.

Y finalmente, a la prensa independiente y a la ciudadanía: es nuestro deber, hoy más que nunca, construir una narrativa propia, fuerte y basada en datos. No podemos permitir que la maquinaria de manipulación del oficialismo imponga su desinformación.

La democracia y las garantías ciudadanas cuestan generaciones construirlas, pero se pueden perder en la firma de un solo decreto «temporal».

Conciudadanos: No sacrifiquemos nuestra libertad por el espejismo de una falsa seguridad.

La estrategia del “enroque”: cómo combatir al chavismo sin caer en su trampa

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Por JoseSo (José Solano‑Saborío)

La falta de estrategia, en un juego de ajedrez político, es un suicidio

La victoria electoral de Laura Fernández y el anuncio —largamente anticipado— del “enroque” ministerial con Rodrigo Chaves no constituyen un simple cambio de mando. Representan, más bien, la consolidación de un proyecto político que ha sabido dominar el tablero costarricense mediante una estrategia de comunicación militarizada, digna de estudio. Para la oposición, el desafío ya no es solo ganar una elección, sino aprender cómo enfrentar una maquinaria de poder que, al igual que la ultraderecha neoconservadora global, ha hecho de la polarización y el agravio su principal combustible.

Las experiencias de líderes como Lula da Silva en Brasil, Andrés Manuel López Obrador junto a Claudia Sheinbaum en México y Gustavo Petro en Colombia ofrecen pistas valiosas, siempre y cuando sean adaptadas a nuestra idiosincrasia y no copiadas mecánicamente.

Entender al adversario

El llamado “chavismo‑tico” no es un fenómeno espontáneo ni improvisado. Es la aplicación local del manual populista de la derecha neoconservadora occidental —con raíces claras en métodos fascistas de Mussolini y Hitler— basado en la construcción de un “pueblo” moralmente virtuoso (la célebre “señora de Purral”) enfrentado a una “élite corrupta” (los “ticos con corona”, donde se incluyen medios de comunicación, jueces y políticos tradicionales).

Esta narrativa ha logrado convertir un enojo social legítimo en un arma de movilización permanente. Rodrigo Chaves, cual estratega sun‑tzuano —siguiendo la lógica de El arte de la guerra— comprendió que no debía derrotar a la oposición de forma frontal, sino provocarla sistemáticamente para que reaccionara con ira y se desgastara por sí misma. Cada grito, cada denuncia airada, lejos de debilitarlo, reforzaba su relato: “el sistema” lo ataca porque le teme.

La oposición, fragmentada y reactiva, cayó una y otra vez en esa trampa, proyectando una imagen de desorden, improvisación y agotamiento que terminó por llevarla a “vencerse a sí misma”. A ello se sumó una estrategia deliberada de deslegitimación de la prensa crítica, orientada a erosionar cualquier contrapeso democrático.

Aprender sin copiar

Frente a este escenario, la nueva oposición no puede insistir en las mismas fórmulas fallidas. Aquí es donde las experiencias regionales iluminan el camino, no para imitar, sino para aprender estratégicamente.

La lección de AMLO y Sheinbaum

El relato no se combate solo desde las instituciones. López Obrador entendió que la batalla cultural se libra en el terreno de la comunicación directa. Defender la institucionalidad desde un púlpito ya no basta. La oposición costarricense necesita construir sus propias trincheras comunicativas.

No se trata de copiar el estilo confrontativo de Chaves, pero sí de comprender el formato. Así como Sheinbaum convirtió la “mañanera” en un escudo político, la oposición debe contar con liderazgos capaces de explicar, todos los días y en lenguaje sencillo, por qué el modelo de “mano dura” y “estado de excepción” promovido por Fernández —inspirado en Bukele— es un espejismo que no resolverá la inseguridad estructural y, además, pone en riesgo décadas de institucionalidad democrática.

La disputa del relato ocurre en TikTok, en radios comunitarias y en redes sociales, no únicamente en el plenario legislativo.

La lección de Petro

La “política de la belleza” frente al discurso del odio. Mientras el oficialismo profundiza la confrontación, la oposición debe ofrecer un relato unificador y propositivo. Petro lo entendió con su campaña Colombia, el país de la belleza, que apeló a la emoción y al orgullo nacional sin caer en la polarización permanente.

En Costa Rica, el tejido social está exhausto del enfrentamiento constante. La estrategia opositora debe girar hacia un mensaje de reconciliación nacional, defensa de la paz, del diálogo y de la institucionalidad democrática. Es necesario rescatar el concepto de “patria” de las garras del agravio chavista.

La presidenta electa mostró un destello de este enfoque en su primera conferencia de prensa tras la victoria, con un tono más conciliador. La oposición debe estar preparada tanto para recordarle ese tono si se desvía como para encarnar ella misma la altura política que la ciudadanía dice añorar.

La lección de Lula

La unidad regional como escudo. Así como Lula y Petro articularon posturas frente a Trump, la oposición costarricense debe mirar más allá de las fronteras. El chavismo local se nutre de alianzas con la derecha regional —Bukele y las corrientes trumpistas— y no puede enfrentarse en aislamiento.

Tender puentes con liderazgos democráticos y progresistas del continente —Lula, Petro, Sheinbaum— no es “intervención”, sino la construcción de un contrapeso geopolítico que ofrezca una visión alternativa de desarrollo y seguridad sin sacrificar libertades.

Una estrategia triple

En síntesis, la estrategia debe articularse en tres niveles:

Primero el comunicacional: dejar de reaccionar y empezar a narrar. Construir una voz propia, serena pero firme, cercana a la calle, con propuestas claras y sin caer en la descalificación permanente.

Segundo el programático: ofrecer una alternativa de seguridad inteligente frente al “bukelismo de postal”. Explicar que el combate real al narcotráfico no se gana solo con cárceles ni militarización —estrategias ya fracasadas en países como Colombia y México— sino con inteligencia policial, oportunidades sociales y el fortalecimiento del OIJ, no su debilitamiento.

Por último y, tal vez, el más importante, de unidad: aprender la lección de 2026. La fragmentación es el mejor aliado del oficialismo. La unidad opositora no es una concesión ideológica, sino una condición de supervivencia democrática. Sin un frente común creíble y ordenado, el “enroque” de Chaves y Fernández podría convertirse, como ellos aspiran, en un camino sin retorno.

Todavía existe una última oportunidad. Gracias a una reacción orgánica en las últimas dos semanas de la elección, propia de nuestro —aún sólido— ADN democrático, combinada con una dosis de “malicia indígena” en su mejor acepción, podemos, aun, defender la democracia más longeva y consolidada de la región y su Estado Social de Derecho. Pero ello exige una verdadera estrategia, un renovado patriotismo democrático y la renuncia a purismos ideológicos sectarios —especialmente dentro de la izquierda progresista— para construir pactos amplios en defensa de una democracia pluralista, inclusiva y hoy peligrosamente amenazada.

A un mes del veredicto de las urnas: Entre el “Besamanos” y la Última Oportunidad

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Por JoseSo (José Solano-Saborío)

A un mes de que el ruido de las caravanas se apagara, el silencio de la post-elección en Costa Rica resulta atronador. No es el silencio de la paz social, sino el de una tensa espera. Lo que hoy vemos es la cristalización de una paradoja: un oficialismo que celebra, pero que se sabe vigilado, y una oposición que, tras rozar el abismo, intenta articular un propósito que debió encontrar hace años.

La sombra de Zapote y la presidenta-asistente

La imagen de la presidenta Electa, Laura Fernández, inclinándose ante la figura de Rodrigo Chaves, no es una anécdota de etiqueta. Es un símbolo político cargado de presagios. Para quienes esperábamos que la legitimidad del voto le otorgara a la señora Fernández la autonomía de mando, el gesto ha sido un balde de agua fría: parece más el “besamanos” al verdadero poder en el chavismo que el inicio de una era propia.

Esa señal de subordinación se confirma con una retórica que no ha bajado el tono. Al contrario, una vez electa, vuelve la carga contra la institucionalidad: reelección inmediata (con el fantasma de la indefinida), la entelequia de una “Tercera República”, el asalto conceptual al Poder Judicial y la urgencia de una Constituyente. El guion es claro: continuismo sin matices.

El mandato del oficialismo: se acabaron las excusas

El oficialismo ganó, sí, pero no obtuvo el cheque en blanco de los 38 diputados que pretendía para desmantelar el Estado Social de Derecho. Sin embargo, su bancada es robusta. Esto les quita, de una vez por todas, la muleta de la “obstrucción legislativa”.

Ya no hay espacio para la queja. Tienen los votos para ejecutar sus promesas de campaña. El país observará si esa “eficiencia” de la que alardean es real o si el conflicto era, en realidad, su única propuesta de gobierno. Ahora les toca gobernar, ya no solo confrontar.

La oposición: una vigilancia con dos caras

Los cientos de miles de votos que recibió la oposición para la Asamblea Legislativa no fueron un reconocimiento a sus figuras; fueron un voto de contención. Los nuevos diputados deben entender que no están ahí por su carisma, sino como un dique frente a la deriva totalitaria. Su labor debe ser una oposición responsable, que no bloquee por bloquear, pero ferozmente dura en la defensa de la Institucionalidad Democrática.

El PLN: el último tren

Para el partido más longevo, el PLN, este cuatrienio es su última y definitiva oportunidad. El electorado les ha dado un respiradero, no un perdón. Deben empezar reconociendo que su salvación vino de un liderazgo unipersonal —don Álvaro Ramos— fresco y distante de los que se han enquistado y traicionado a los fundadores. Su confrontación con “los mismos de siempre” y su discurso empático, le ganó respeto de buena parte del electorado más allá del liberacionismo.

Si no son capaces de realizar una autocrítica profunda, de sacudirse las estructuras clientelares y de volver a ser una alternativa programática real, su destino es la irrelevancia histórica. Su papel en la Asamblea será el examen final para determinar si aún tienen alma o si son solo un cascarón vacío.

El Frente Amplio: más allá del dogma

Por otro lado, el Frente Amplio se enfrenta a su propio espejo. No basta con ser la “conciencia moral” o el bloque de protesta. Si aspiran a ser una opción de gobierno creíble, deben superar el sectarismo y el puritanismo ideológico. El país requiere de ellos alianzas inteligentes y pragmáticas que les permitan ganar la confianza de sectores mayores, demostrando que pueden proponer un modelo de Estado sin los dogmas trasnochados que asustan a la clase media y a los sectores productivos.

Ciudadanía: la democracia no termina en el voto

Finalmente, la lección más dura es para nosotros, los ciudadanos. La reacción espontánea —y tardía— de los candidatos de oposición ante la amenaza del continuismo demostró que no podemos delegar el cuidado de la República solo en los políticos.

La democracia costarricense ha entrado en una fase de cuidados intensivos que exige una ciudadanía vigilante, crítica y activa. No basta con haber evitado la mayoría calificada; hay que fiscalizar cada decreto, cada nombramiento y cada intento de erosionar nuestra convivencia.

El oficialismo sabe por qué ganó, pero también sabe por qué no ganó todo. En esa grieta, en ese espacio de resistencia institucional, es donde Costa Rica se jugará su futuro en los próximos cuatro años.

Si se quiere… se puede

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli
Diputado 1982- 1986

En las elecciones de febrero de 1982, como es bien sabido, el Partido Liberación Nacional ganó las elecciones en forma arrolladora, al extremo de elegir 33 diputados a la Asamblea Legislativa. Al frente éramos solo 24 legisladores repartidos así: Coalición Unidad (luego PUSC) 16, Pueblo Unido 4, Movimiento Nacional 1, Acción Democrática Alajuelense 1 y 2 independientes que, por criterios diferentes sobre quien sería el primer jefe de fracción de la Coalición Unidad, desertaron antes del inicio de las sesiones.

Todo parecía indicar que el PLN con sus 33 diputados arrollaría en aquella Asamblea Legislativa contra una oposición aparentemente muy fraccionada, pero no fue así. Desde un principio la fracción de la Unidad señaló su derrotero para aquellos cuatro años: haríamos una oposición responsable, apoyaríamos sin mezquindad aquellos proyectos que fueran para el bien del país, y nos opondríamos férreamente a los que no lo fueran claramente. El diálogo permanente y TRANSPARENTE con el presidente Luis Alberto Monge y la fracción del PLN, así como con las otras fracciones de la Asamblea Legislativa, incluyendo los disidentes, también sería nuestra forma de proceder, siendo el respeto a la prensa y la comunicación abierta, la manera de dar confianza al país sobre nuestro proceder.

El primer jefe de Fracción fue don Rolando Laclé Castro, que supo implementar la efectividad de un dialogo permanente y, desde el principio, fue evidente que no íbamos a permitir que nos “echaran la maquinaria”, como se decía en la jerga de la Asamblea; me tocó conducir la fracción en el segundo año, luego don Danilo Chaverri y don Juan Rafael Rodríguez Calvo se ocuparon de aquella tarea, los cuatro firmes dentro de la línea de acción que nos habíamos propuesto como un equipo con todos los compañeros de fracción, sólidamente unidos, respetando las diferencias de criterios que, como es lógico, tenían que surgir.

Debo reconocer que en don Luis Alberto Monge encontramos un presidente abierto al diálogo y aceptar las diferencias que podían producir crispaciones innecesarias. Así logramos evitar que se aprobaran proyectos como el SEL (Sector de Economía Laboral) altamente inconveniente para los trabajadores, el Convenio Atunero entreguista de nuestra riqueza pesquera e irrespetuoso de nuestros derechos en las famosas doscientas millas de mar patrimonial que define la zona económica exclusiva (ZEE), la construcción de un oleoducto altamente contaminante y también la ley de minería, estos últimos con una enorme presión de la Embajada de los Estados Unidos; proyectos para la aprobación de nuevos impuestos, denunciamos el desfalco de 450 millones de colones de aquella época ($12 millones aproximadamente) en la Comisión Nacional de Emergencias y promovimos la ley que la reformó. Personalmente acusé al presidente Monge de faltar a su deber de información a la prensa, al ocultar un informe negativo sobre el sector agropecuario y, por primera vez en la Historia, un presidente era llevado con un Recurso de Amparo ante la Corte Plena, que me dio la razón, esto sentó un precedente importantísimo en nuestra vida institucional. Y ni que decir de las denuncias que hicimos por la entrega del territorio nacional a fuerzas militares extranjeras que peleaban contra el sandinismo apoyadas por los marines de Estados Unido; hoy alguien con un ataque de palurdismo servil quiere crear bases militares en Costa Rica, pero quedó demostrado que eso es imposible…pues no tienen los votos suficientes para reformar la Constitución Política.

Mención aparte merece la aprobación de la ley 7035 que, por mociones presentadas por mí, contenía reformas al código penal con severas sanciones para combatir el narcotráfico; esta ley aprobada por unanimidad el 24 de abril de 1986, sufrió el resello presidencial precisamente por esos artículos contra los narcos… el último día de sesiones, lo que nos impidió rechazar el veto; la nueva Asamblea Legislativa lo acogería pocas semanas después.

Pero también contribuimos con nuestros votos para la aprobación de importantes créditos blandos con instituciones internacionales, que vinieran a sofocar la dura situación financiera y presupuestaria que vivía el país; la ley que creó la Universidad EARTH en Guápiles fue promovida por nuestro diputado Rogelio Carazo Paredes y en forma unánime apoyamos la Ley Solidarista que consolida los derechos y rompe los topes de prestaciones laborales, entre otros beneficios. Muchos compañeros de fracción apoyaron la apertura comercial de la Cuenca del Caribe, que implicaba la reforma a una serie de leyes de carácter aduanero especialmente. También promovimos la creación de una Comisión Contra el Narcotráfico, cuando estalló el caso del narcotraficante mexicano Caro Quintero.

Un aspecto que debo mencionar en especial fue la férrea oposición que presentamos ante los intentos de reformar el artículo 132 de la Constitución Política para restablecer la reelección presidencial después de dos periodos, o sea, volver al texto original de la Constitución Política que se había reformado en 1969 para establecer la prohibición absoluta. Los diputados del PLN presentaron la reforma pensando en su gran figura en aquel momento: Daniel Oduber Quirós, a pesar de tener 33 diputados no lograron suman los cinco faltantes. Nuestra oposición fue feroz, y hoy un sicario legislativo del chavismo, presenta un proyecto para que haya reelección indefinida, es decir, dictadura. Pero en aquellos años demostramos que si había la suficiente firmeza honradez y mecanismos legislativos para defender la institucionalidad… y que, si se quiere, se puede.

Así, puede verse como una fracción minoritaria, eso sí con visión país, sólida en su misión y obligación, puede poner su Pica en Flandes y no permitir desmadre alguno, por amplia que sea una mayoría parlamentaria como la del PPSO. Las estrategias parlamentarias son muchas para hacer entender a una mayoría, que no puede hacer lo que le venga en gana, pero que un diálogo efectivo y sobre todo transparente, si hace posible un trabajo serio y honrado en favor del país… si se quiere se puede.

Lo que es inadmisible es que el presidente saliente y, aparentemente ministro entrante, siga con su tesis de quemar puentes en lugar de construir diálogos positivos, al decir que buscará “siete diputados buenos” que se sumen a su gran reforma constitucional que no es, ni más ni menos, que buscar su reelección en el 2030 y que pueda ser continua.

¿Es que nos tenemos que dar por notificados que el ambiente de agresión y crispación que hemos vivido estos cuatro lamentables años, va a continuar? Como hacerle comprender a este individuo que la mayoría de los costarricenses, incluyendo personas que les dieron su voto, estamos hartos de la violencia verbal, del ambiente de pleito prostibulario que ha creado, que defenderemos la Patria y la democracia sin temores ante la influencia casi neofascista que viene de fuera.

Por el momento, acogemos con esperanza la oferta de concordia, diálogo y consenso que ha proclamado doña Laura Fernández que, con ese proceder, encontrará cooperación por Costa Rica; y sepa cortar la cizaña y la mala hierba a tiempo.

Porque está demostrado, que si se quiere… se puede. Si las fracciones del PLN, Frente Amplio y las unipersonales del PUSC y la Coalición actúan con integridad, si todos son buenos costarricenses dispuestos a defender nuestra institucionalidad, no encontrará el rodriguismo los siete malos que ayuden a destruirla… y por ello, estaremos atentos.

El Riesgo de un “Cambio” que desmantele el Estado Social de Derecho

Escrito en . Publicado en Análisis.

JoseSo (José Solano-Saborío)

La victoria de Laura Fernández en febrero de 2026 no es un verdadero cambio de mando; representa el clímax de una visión política que busca redefinir los cimientos de la Segunda República. Lo que se presenta como “eficiencia” y “mano dura” contra el crimen oculta, en realidad, una ofensiva contra el sistema de pesos y contrapesos que ha hecho de Costa Rica una excepción democrática en la región.

La venta del BCR: ¿Solución fiscal o liquidación de activos sociales?

La propuesta de vender el Banco de Costa Rica (BCR) se vende bajo la premisa de reducir la deuda pública o salvar el sistema de pensiones de la CCSS. Sin embargo, el análisis riguroso sugiere que el impacto en el stock de deuda o un placebo para la solvencia del sistema de pensiones, que sería marginal —apenas un “vaso de agua para un incendio”— comparado con la pérdida de una herramienta de desarrollo y competencia bancaria. Al privatizar el BCR, el Estado renuncia a utilidades anuales que financian programas de seguridad social e infraestructura, entregando el mercado a un oligopolio privado que rara vez prioriza las zonas rurales o los sectores vulnerables. Igual sucede con la excusa de ayudar al sistema de pensiones de la CCSS, cuando el Gobierno tiene una billonaria deuda que, de pagarla le permitiría a la institución administrar sus propias soluciones estructurales.

La reelección continua: El espejismo de la estabilidad

El debate sobre la reelección continua e indefinida es, quizás, el síntoma más alarmante de un personalismo ascendente. Costa Rica ha evitado el caudillismo precisamente gracias a la alternancia obligatoria. Permitir la reelección inmediata no fortalece la gestión; crea un incentivo perverso para utilizar los recursos del Estado en función de la campaña permanente, erosionando la equidad electoral y concentrando un poder que, históricamente en América Latina, tiende a no querer retirarse.

El asalto a la Judicatura y al TSE

La intención de modificar el sistema de elección de magistrados y jueces para que dependan más directamente de mayorías políticas circunstanciales es un ataque al corazón de la independencia judicial.

Poder Judicial: Si los jueces se eligen por criterios políticos, la justicia deja de ser ciega para volverse servil.

TSE: Cambiar las reglas del Tribunal Supremo de Elecciones es jugar con el árbitro. La legitimidad de nuestras elecciones descansa en un TSE técnico e independiente, no en uno capturado por el oficialismo de turno.

La “mano dura” y el Estado de Excepción

La narrativa de suspender garantías individuales bajo el pretexto de la seguridad ciudadana es una pendiente peligrosa. Aunque el artículo 121, inciso 7 de la Constitución permite la suspensión de garantías en casos de extrema necesidad, su uso como promesa de campaña normaliza la excepcionalidad. El modelo de “seguridad” que ignora los derechos humanos puede ofrecer resultados inmediatos, pero a largo plazo debilita las instituciones y deja al ciudadano común indefenso ante posibles abusos de poder.

¿Qué debe hacer la oposición?

Ante un oficialismo que cuenta con 31 escaños —una mayoría simple sólida pero no calificada (38 votos)—, la oposición tiene el deber histórico de:

Unidad programática: Dejar de lado el fraccionamiento para formar un bloque de contención que proteja la Constitución.

Control político riguroso: No basta con decir “no”; es necesario proponer alternativas estructurales para la inseguridad y la deuda que no impliquen el desmantelamiento del Estado.

Movilización ciudadana: Informar a la población sobre las implicaciones técnicas de estas reformas, rompiendo la burbuja de la retórica populista.

La democracia costarricense no se pierde en un día; se desgasta en cada decreto que ignora un contrapeso y en cada ley que debilita una institución. La vigilancia debe ser absoluta.

Costa Rica: el desafío de reconstruir su democracia

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

Su Formación Humanista, La Participación ciudadana y la Justicia Social

1.Una democracia fatigada

Costa Rica atraviesa una etapa de fatiga democrática. No porque haya perdido sus instituciones fundamentales, sino porque una parte significativa de su ciudadanía ha dejado de sentirse representada, escuchada y protegida por ellas. La desigualdad persistente, el desempleo, la inseguridad, el encarecimiento del costo de la vida, la corrupción profunda, el advenimiento del narcotráfico y la lentitud institucional han erosionado la confianza pública.

En este contexto emergen discursos personalistas, confrontativos y autoritarios que prometen soluciones inmediatas a problemas complejos. Cuando estos discursos prosperan, no es porque haya ignorancia popular, sino, sobre todo, porque hay frustración social acumulada. Allí donde la política democrática se deterioró profundamente y dejó de ofrecer respuestas creíbles a los ciudadanos, en especial a los más pobres, ha surgido el caudillismo populista y autoritario.

La historia reciente de América Latina muestra con claridad que el debilitamiento de la participación ciudadana y de la formación cívica abre la puerta a proyectos que concentran aún más el poder y deterioran la convivencia democrática. Costa Rica no está inmunizada contra esa deriva.

2.La experiencia comunitaria como escuela democrática

Durante décadas, existieron en el país experiencias valiosas de trabajo territorial: organizaciones juveniles, comités barriales, asociaciones de desarrollo, juntas progresistas, cooperativas, sindicatos, organizaciones y emprendimientos de pequeños productores, organizaciones empresariales democráticas y grupos culturales que promovían la participación cívica activa. En esos espacios la ciudadanía aprendía a deliberar, a organizarse, a resolver conflictos y a ejercer liderazgo social.

Estas experiencias demostraron que la democracia no se aprende solo en los libros, sino, por encima de todo en la práctica cotidiana. Sin embargo, muchas de ellas se debilitaron por sectarismos ideológicos, fragmentaciones internas y, en algunos casos, por el menosprecio a la democracia liberal y pluralista.

Hoy resulta indispensable recuperar esa tradición comunitaria, pero con una visión renovada, inclusiva, plural, respetuosa de las instituciones y comprometida con los derechos humanos. La organización social no debe ser instrumento de manipulación política, sino espacio de formación ciudadana.

Hoy está pendiente una tarea que no fuimos capaces de empezar para derrotar al autoritarismo y al populismo vulgar y dicharachero. Debimos habernos avocado a la construcción de una amplia alianza de los partidos políticos democráticos y progresistas. Sin sectarismo ideológicos o políticos. Costa Rica nos necesitaba y nos necesita a todos unidos frente a quienes amenazan las bases de nuestra sociedad democrática, que puede superar sus limitaciones y avanzar por la senda de la equidad y la justicia social, del humanismo y el pluralismo, de la participación y la organización popular.

3. Formación humanista: fundamento de la ciudadanía democrática

La formación humanista está en el corazón del proyecto democrático. Cuando hablamos de formación humanista hablamos de algo que también debe estar en el centro de la educación.

Una de las principales debilidades actuales es el debilitamiento de la formación humanista. Durante décadas, el sistema educativo costarricense promovió valores cívicos, pensamiento crítico, sensibilidad social y conciencia histórica. Esa tradición fue clave para la estabilidad democrática del país.

En los últimos años, no obstante, ha predominado una visión y prácticas muy reducidas de la educación, acaso como simple preparación para el mercado laboral. Sin desconocer la importancia de la formación técnica, resulta evidente que una sociedad sin base humanista es vulnerable al autoritarismo, la desinformación y la polarización.

La formación humanista implica desarrollar en las personas: conciencia ética, respeto a la dignidad humana, pensamiento crítico, responsabilidad ambiental, sentido de pertenencia nacional y conciencia histórica, compromiso y sensibilidad social.

Esto requiere fortalecer en todos los niveles educativos la enseñanza de la historia, la filosofía, la literatura, las artes, la educación cívica, el debate respetuoso y por supuesto combinado con las STEM (Carreras tecnológicas que deben llevar en sí la formación humanista). Asimismo, demanda promover espacios culturales comunitarios que fomenten el diálogo intergeneracional, el respeto por todos los seres humanos, la tolerancia y la memoria colectiva.

Una ciudadanía formada humanísticamente es menos manipulable y más capaz de defender una democracia renovada, popular y plural.

4. Participación ciudadana: democratizar el poder

Sin participación real de la ciudadanía, la democracia se acartona y se vuelve mero trámite electoral.

La democracia no puede reducirse al voto periódico. Sin participación efectiva, el sistema político se vacía de contenido y se convierte en una formalidad.

Participar significa deliberar, proponer, fiscalizar, evaluar y corregir. Significa asumir responsabilidad colectiva por el rumbo del país.

Costa Rica ha contado con múltiples estructuras participativas, que, aunque muchas se hayan debilitado, están guardadas en la memoria histórica de muchos luchadores sociales. Lo repito resumidamente: asociaciones de desarrollo, juntas educativas, consejos municipales, cooperativas y sindicatos, comités comunales y ahora diversas organizaciones ambientalistas y de defensa de los derechos humanos y ambientales.

Es necesario revitalizarlas mediante mecanismos como: presupuestos participativos municipales, cabildos abiertos cuyas resoluciones sean vinculantes, auditorías sociales ciudadanas, consultas locales digitales, consejos barriales permanentes, organizaciones ecologistas locales y territoriales.

Estos instrumentos permitirán que la ciudadanía incida realmente en las decisiones públicas y fortalezca la cultura cívica de carácter democrático.

Formación humanista y participación ciudadana son inseparables. Sin formación cívica la participación se torna manipulable. Y, sin participación la formación se vuelve estéril.

La democracia requiere de ambos, ciudadanos conscientes y participativos, críticos y organizados. Ciudadanos críticos y organizados es lo que teme cualquier populismo.

5. Justicia social y desarrollo sostenible y sustentable con rostro humano

Está visto que, el desarrollo no puede consistir exclusivamente en crecimiento económico. Cuando es así, se degrada siempre y ofrece oportunidades únicamente para los sectores más adinerados. Las oportunidades se concentran y nunca se puede abatir de forma significativa la pobreza. Los países que solo apuestan al crecimiento sin distribuir la riqueza social producida por todos terminan comiéndose los recursos de hoy y también los de las futuras generaciones. No habrá nunca desarrollo sostenible ni tampoco sustentable. La desigualdad continuará siendo un “karma” facilitando que nos invada el narcotráfico y todos los demás flagelos de las sociedades pobres.

La reconstrucción democrática exige una agenda social sólida. El empleo local, el crédito productivo para pequeños emprendimientos, el alivio al costo de la vida, la inversión en infraestructura básica, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, el desarrollo sostenible con inversión en energías limpias buscando el carbono neutralidad son prioridades ineludibles.

La seguridad debe abordarse integralmente: policía profesional, inteligencia financiera contra el crimen organizado, recuperación de espacios públicos, programas de prevención social y becas para aquellos estudiantes que no pueden estudiar de otra forma. El narcotráfico no solo genera violencia; impone modelos culturales destructivos y debilita el tejido moral de la sociedad.

La educación técnica vinculada al empleo como el INA, las becas con acompañamiento, la conectividad universal y la reducción de la deserción escolar son herramientas fundamentales de movilidad social.

La salud pública y la vivienda digna constituyen derechos esenciales para los seres humanos. Rescatar la Caja Costarricense del Seguro Social y promover vivienda digna integrada son tareas impostergables.

6.Transición ecológica y responsabilidad intergeneracional

El cambio climático representa uno de los mayores desafíos del siglo XXI. Afecta el acceso al agua, la producción agrícola, la salud de personas, animales y plantas, así como la estabilidad económica de las sociedades. Costa Rica tiene la responsabilidad histórica de liderar una transición ecológica justa.

Esta transición debe ser popular e inclusiva; debe generar empleo local mediante reforestación, energías limpias comunitarias, agricultura sostenible, transporte no contaminante como tren eléctrico y flotilla interurbana de buses también eléctricos, así como protección de los ecosistemas terrestres y marinos.

La defensa ambiental no puede ser el privilegio que favorezca a las élites urbanas. Debe ser una política de bienestar colectivo y de justicia intergeneracional. Implica aprender a trabajar los recursos marinos, sin afectar sus ecosistemas y sin que se convierta en una explotación devoradora. Las aguas de ríos y mares deben ser rescatadas e impedir que las cuencas de los ríos degeneren en cloacas y que el mar sea un basurero.

Las comunidades debe ser poblaciones eco sustentables, lo que significa educación y capacitación comunitaria para lograr una mayor autonomía de estas y participación en la tarea del desarrollo sostenible y sustentable.

7. Cultura, formación para la paz y cultura cívica, identidad y cohesión social

La cultura es un pilar de la democracia. La música, el arte, el teatro, la danza, la poesía y la memoria histórica fortalecen la identidad nacional y la convivencia. La formación para la paz y una cultura cívica, deben estar en el centro de nuestra educación y formación ciudadana.

La cultura humaniza y genera más cultura, nos enseña a convivir y respetar al otro y la otra, aprendemos también a convivir con animales y plantas sin ocasionar su exterminio. La cultura nos ayuda a entender que formamos parte de ecosistemas complejos, dentro de los cuales hemos de convivir en paz.

La cultura camina de la mano de la convivencia solidaria y de la paz.

Una red nacional de cultura comunitaria contribuye a prevenir la violencia, fortalecer el sentido de pertenencia y formar ciudadanía crítica. Invertir en cultura es invertir en estabilidad y desarrollo democrático.

8. Institucionalidad, ética y desarrollo democrático

La primera y más preciada de las instituciones debe ser una educación sólida en todos los niveles del desarrollo de la persona humana. Debe ser integral en valores, afianzar la justicia para todas las personas, equidad e igualdad de géneros, respeto al derecho de cualquier persona a disentir, a todos aquellos que tienen creencias diferentes a las nuestras; por ello estamos obligados a profesar respeto a las personas con diferentes creencias políticas, religiosas, debemos respetar a las personas agnósticas o sin convicciones religiosas; debemos respeto a los sexualmente diversos, para que todos y todas nos respeten a nosotros. Nuestra sociedad debe afianzar una cultura de paz, solidaridad con los más necesitados y entre todos, por medio de la educación. Una educación sólida debe saber integrar la tecnología moderna a todos los niveles etarios de acuerdo con su desarrollo físico, psicológico, intelectual, social y cultural.

La democracia requiere además instituciones fuertes, autónomas y transparentes. Es menester defender la libertad de prensa, la fiscalización, la justicia independiente y la rendición de cuentas no es un formalismo jurídico. Sino una garantía de igualdad ante la ley.,

Del mismo modo, resulta imprescindible reducir los privilegios que no se deriven del merecimiento propio como los que provienen del intelecto, o de las habilidades y aprendizajes artísticos o deportivos. También la sociedad debe promover el respeto irrestricto a personas con diferentes discapacidades, debemos estar prestos a eliminar todo tipo de barreras en la educación, arquitectónicas o de cualquier naturaleza que impidan que las personas con discapacidad logren desarrollarse en medio de las limitaciones que sean propias de su discapacidad. La nuestra tiene que ser una sociedad dispuesta a combatir la corrupción con firmeza, así como la violencia o la arbitrariedad y, se debe promover en ella una cultura de servicio público.

El país no necesita “salvadores” ni caudillos. Requiere liderazgos colectivos que se basen en el potencial de cada cual, en lo intelectual, cultural, artístico, deportivo. Nuestra sociedad requiere de equipos humanos competentes en las distintas áreas, necesitamos acuerdos amplios y fomento de la vocación ética.

9. La democracia como tarea cotidiana

La reconstrucción nacional no se juega únicamente en una elección, aunque debemos fomentar siempre el resultado de las elecciones limpias que custodia el Tribunal Supremo de Elecciones y también es el deber ciudadano. La reconstrucción de la sociedad es una tarea diaria. Empieza en cada barrio, en cada aula, en cada asociación, en las zonas rurales y urbanas, en cada espacio cultural, en cada acto de respeto cívico.

Costa Rica no se construyó por azar. Lo hizo gracias a una combinación de justicia social, respeto por la solidez institucional, educación humanista y solidaria y muy particularmente participación ciudadana.

Hoy debemos renovar ese pacto histórico para reconstruir la democracia. La democracia no se hereda, se cultiva entre toda la ciudadanía. No se delega, se ejerce. No nos debemos contentar con proclamarla, debemos vivir en ella y para ella.

Solo así podrá seguir siendo el fundamento de nuestro futuro común.