Ir al contenido principal

Etiqueta: institucionalidad democrática

Los pilares del desarrollo democrático nacional están amenazados

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

Tenemos 205 años de vida independiente. Declarada la Independencia de Costa Rica el 29 de octubre de 1821 iniciamos el proceso de separación de la España colonial, que había hecho de la región que iba desde la provincia Costa Rica hasta México, pasando por Guatemala, que era la cabecera principal de la Capitanía General de Guatemala o Reino de Guatemala, como también se le conoció, de la región que comprendía a las provincias de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala, donde el 15 de setiembre se había dispuesto comunicar a las provincias, la ruptura con España para que cada Provincia tomara su propia decisión. Chiapas, hoy estado de México también formó parte de la Capitanía General, pero se separó antes que Guatemala y el resto de las provincias. Éramos parte del Virreinato de México, o de Nueva España, la región más grande que tenía Espala en ultramar, como se decía en esa época.

Entre 1821 y setiembre de 1823 constituimos Juntas de Gobierno para dar nuestros primeros pasos de vida independiente, al mismo tiempo que se consideraba en la región mantenerse unidos, en vida independientes, como antes se había vivido. Así se inició el proceso para la gestación de la República Federal de Centroamérica, que funcionó desde 1824 hasta 1838 cuando de ella nos retiramos ese año, que también había provocado el retiro de Nicaragua y de Honduras. Dentro de la República nos constituimos bajo la forma de Estado de Costa Rica. La República impulsó las bases de un Estado fuerte, liberal, constituido por la división clásica de los tres poderes de Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Así se constituyó Costa Rica con la Constitución Federal del 22 de noviembre de 1824, lo que se afirmó con la Constitución de Costa Rica de 1825, llamada Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica.

Desde entonces tenemos la separación de Poderes Públicos, cada uno de ellos con independencia entre sí, con funciones propias, exclusivas, indelegables, insubrogables. Así se desarrolló la estructura del Estado política y administrativa del Derecho de Costa Rica, que llega hasta nuestros días.

Hasta el año 2022 estos poderes de Estado se respetaron entre sí, en su independencia y en el ejercicio de sus funciones constitucionales y legales. Con el gobierno que inició en el 2022, que acaba de terminar, se cuestionó esa independencia y se trató de dominar por parte del Poder Ejecutivo.

Con las elecciones de febrero de este año, con el triunfo presidencial del partido Pueblo Soberano, y con una mayoría legislativa de 31 diputados, de 57, el presidente saliente, Rodrigo Chaves, y la presidenta entrante, Laura Fernández, afirmaron que ya tenían controlados y tomados dos Poderes, y. que iban por tercero, por el Poder Judicial, en lo que no han escatimado ataques verbales y amenazas directas a sus magistrados integrantes, de cambiarlos, no reeligiendo lo que puedan reelegirse y nombrando magistrados afines y comprometidos políticamente al gobierno y a sus cogobernantes, Rodrigo Chaves y Laura Fernández.

Con la figura de Estado de Costa Rica nos mantuvimos hasta el 31 de agosto de 1848, cuando el jefe de Estado y presidente de la República, Dr. José María Castro Madriz firmó la Declaratoria de República de Costa Rica, que había sido declarada el día anterior por el Congreso Constitucional. Desde entonces iniciamos la vida de la República de Costa Rica, como nos seguimos reconociendo nacional e internacionalmente.

La República surgida en 1848, en su aspecto formal, así denominada, llegó hasta el 8 de mayo de 1948, cuando el entonces líder político y militar, José Figueres, de los sucesos de marzo y abril de 1948, a favor de reconocer el resultado electoral de 1948 a favor de Otilio Ulate, elecciones que se habían anulado, se impuso sobre Ulate el 1 de mayo, para recibir el gobierno el 8 de mayo, por un lapso de 18 meses, según lo pactado, como sucedió.

Ese 8 de mayo al recibir el gobierno que terminaba, en manos del Designado a la Presidencia, Ing. Santos León Herrera, e iniciar el nuevo período de gobierno, José Figueres, hizo pública declaración, por Decreto Ejecutivo, que iniciaba su mandato fundando la Segunda República de Costa Rica. De esa forma, también declaró ipso facto la existencia de la Primera República, la que había sido fundada por Braulio Carrillo.

En la sesión primera de esa Junta de Gobierno, después de integrar a los Miembros que se encargarían “de preparar todo lo referente al acto de traspaso de los poderes públicos”, señaló que ese “Gobierno Provisorio de la Nación” ejercería “sus funciones con el nombre de Junta Fundadora de la Segunda República”. Así, desde 1948 hasta hoy hemos vivido, y seguimos viviendo, el período histórico, o fase histórica nacional, de la Segunda República.

Todos estos años han tenido pilares fundamentales que han dado como resultado el desarrollo democrático que hasta hoy hemos tenido en Costa Rica, que se ven amenazados desde el gobierno de Rodrigo Chaves, 2022-2026, y con el que inicia de Laura Fernández, donde Rodrigo Chaves sigue siendo la figura más importante de su Gabinete, de su Consejo de Ministros, con su doble ministerio de la Presidencia y de Hacienda, marcando los pasos y la música que se entona en los poderes Ejecutivo y con los 31 diputados del Legislativo.

Entre esos pilares fundamentales del desarrollo democrático podemos destacar los siguientes:

1.- Un Estado de Derecho fuerte, sólido, constituido por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a los que se sumó en esa condición el Tribunal Supremo de Elecciones, que podemos llamarlo, para estos efectos, Poder Electoral, con el mismo rango e independencia de funciones que los otros poderes de Estado.

2.- Un desarrollo vigoroso constitucional, de 13 Constituciones Políticas, que marcaron y definieron la estructura institucional y administrativa, y fortalecieron los valores del pueblo y de la ciudadanía costarricense, sus derechos y libertades. Las Constituciones de 1871 y la de 1949, ambas con el tiempo de duración y vigencia que tuvieron, a pesar de la interrupción de la de 1871, en el periodo de la dictadura de Federico Tinoco y Constitución de 1917-1919.

3.- Un ejercicio de gobernantes, en los poderes públicos, predominantemente de educadores, abogados, médicos, periodistas, con pocos militares ejerciendo el Poder. Desde Juan Mora Fernández, 1824-1833 los educadores y civiles fueron clave sobre militares.

4.- Un ejército, que a pesar de sus gloriosas jornadas en la lucha nacional contra los filibusteros norteamericanos en Costa Rica y en Centroamérica, no se desarrolló ni fortaleció de manera constante. Por el contrario, después del Crimen de Estado contra los Héroes nacionales, de aquellas jornadas, Juan Rafael Mora Porras y el General José María Cañas, se empezó a debilitar institucionalmente, hasta que pasados los sucesos de la guerra civil de marzo y abril de 1948, se tomó la decisión de eliminarlo de la estructura del Estado costarricense, haciendo tengamos 78 años sin Ejército, cuyos gastos institucionales pudieron orientarse a otras tareas de la administración pública nacional.

5.- El desarrollo de un concepto de vida democrática considerada como poder del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, concepto que se enriqueció con la incorporación del Plebiscito y el Referéndum Nacional como instancias de consulta popular, haciendo que esa vida democrática y el poder público se valide “con el pueblo”.

6.- Un sistema electoral, que, aunque con limitaciones en su origen, evolucionó y se enriqueció hasta tener hoy un sistema de partidos políticos amplio, con igualdad plena de mujeres y hombres en sus derechos políticos y sociales, en el cual todas las personas de 18 años se consideran ciudadanos con esa capacidad política de tomar las decisiones para la integración de los poderes Ejecutivo y Legislativo, como el de las instancias municipales.

7.- El desarrollo de un Estado Social y Democrático de Derecho, fundamentado en los siguientes aspectos:

a) – desarrollo de libertades púbicas

b) – desarrollo de derechos ciudadanos

c). – fortalecimiento de la educación pública, como el motor del desarrollo nacional de posibilidades y oportunidades y de superación personal de los ciudadanos.

Desde los inicios de la vida independiente se impulsó la educación de niños y niñas. Se fortaleció con la apertura de la Universidad de Santo Tomás en 1843, con los impulsos que dieron a la educación, entre otros, los Jefes de Estado y Presidentes José María Castro Madriz, Jesús Jiménez, que estableció la obligatoriedad y gratuidad de la educación primaria, con las reformas que se impulsaron por los Secretarios o Ministros de Educación, Mauro Fernández, Miguel Obregón, Uladislao Gámez, con la fundación de la Escuela Normal de Heredia y la especial atención que se dio a la formación de maestros y profesores.

Con el impulso que se dio con la fundación de la Universidad de Costa Rica, como única Universidad en el país, desde el 26 de agosto de 1940 hasta la fundación del ITCR, el 10 de junio de 1971, de la Universidad Nacional, el 15 de febrero de 1973 fortaleciendo a partir de ese momento un sistema de universidades públicas, en esa misma década, con la UNED, el 3 de marzo de 1977, y finalmente con la Universidad Técnica Nacional el 4 de junio del 2008, que contribuyeron a fortalecer los mecanismos democráticos nacionales. De hecho, hasta esos años toda la clase política nacional se formó bajo los aleros de la educación pública, contribuyendo a concebir una sociedad costarricense más inclusiva y democrática.

Elemento clave de este desarrollo universitario fue garantizar el financiamiento público a la educación superior universitaria, como meta de llegada de los niños y jóvenes que asisten a la educación preuniversitaria, siendo este un gran facto de movilidad social y democrático.

Esta financiación está en crisis y gravemente amenazada, de manera especial por el Gobierno de Rodrigo Chaves y su continuismo con Laura Fernández, orientado el desfinanciamiento y al debilitamiento total de la educación pública en general y la superior en particular.

d).- el desarrollo de un sistema de salud nacional, que desde el siglo XIX se orientó a garantizar las mejores condiciones de salud del pueblo costarricense, para los cual se impulsaron medidas de saneamiento ambiental de construcción de habitaciones, de impulso de hospitales desde los inicios del Estado de Costa Rica, hasta la fundación del Ministerio de Salud, el 4 de junio de 1927, y de la Caja Costarricense del Seguro Social, el 1 de noviembre de 1942, que llegó a universalizar sus servicios de enfermada, maternidad y de salud integrales, desarrollando en el país una medicina de primer mundo. Hoy gravemente amenazado todo el sistema por los procesos de privatización que se han venido dando contra la CCSS, la cual se debilitado institucionalmente.

e) – la Junta Gobierno fortaleció todo este proceso impulsando, entre otras medidas, la nacionalización bancaria y la de recursos hidro energéticos. Con la nacionalización bancaria facilitaron el crédito público para todos los sectores sociales del país, desarrollando los mecanismos para la gestación de las clases medias, y nacionalización de los recursos hidro energéticos y la creación del ICE desarrollaron la electricidad en todo el país, estimulando la producción y las actividades económicas, frenando a la vez la migración campo ciudad, al llevar la modernización a las zonas rurales.

Antes de la existencia del ICE la electricidad en manos privadas que se desarrolló desde 1880 no alcanzó a cubrir ni siquiera el 5% del territorio nacional. Hoy con el ICE la electricidad prácticamente llegó al 100% del territorio nacional.

Estos pilares del desarrollo democrático nacional han sido debilitados, y se encuentran amenazados en el paredón de tiro del actual grupo gobernante, de los cogobiernos de Rodrigo Chaves, Laura Fernández y sus diputados del Partido Pueblo Soberano.

f) – el desarrollo de una legislación social fuerte y avanzada que se fue logrando desde principios del siglo XX, hasta llegar a las Reformas Sociales de 1943 que incorporaron el Capítulo de Garantías Sociales en la Constitución de 1871 y que se introdujo también en la Constitución de 1949, ligeramente ampliado.

En este campo ha habido una arremetida contra la legislación laboral y los derechos laborales en el país. Su principal amenaza la tiene gestionada por los cogobiernos de Rodrigo Chaves y Laura Fernández, y sus diputados del partido Pueblo Soberano que quieren establecer la jornada esclavista de trabajo de 12 horas, sin reconocimiento del pago de horas extras, de reducción en los beneficios salariales en el pago de aguinaldo y de reducción real de las pensiones, a la hora de acogerse los actuales empleados, a un 40% de su salario, bajándolas de un 60% a ese 40%, y a un aumento de la edad de retiro en 5 años más de trabajo, es decir retiro para la pensión en la realidad a los 65 o 70 años de edad.

g) – El desarrollo democrático y social del Estado de Derecho que se logró alcanzar hasta 1978 hizo surgir el Estado de Bienestar en Costa Rica, que fue un modelo en la región centroamericana, motor generador de empleo, y de creación de las clases medias. Desde aquel año ese papel del Estado empresario, del estado de Bienestar, sufrió los embates de los Planes de Ajuste Estructural, que se impulsaron a partir de la década de 1980 y de las políticas de Tratados Libre Comercio, a partir de la década de 1990, junto a las políticas neoliberales que han empobrecido al pueblo costarricense y han debilitado las clases medias.

h) – Lamentablemente los sectores sociales se han debilitado en sus organizaciones de defensa, y en sus luchas, de sus derechos fundamentales. Frente a grandes amenazas han reaccionado estos sectores. En este siglo hay recordar y tener presente las Jornadas de Defensa del ICE, las luchas del Combo del ICE, en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez y las luchas contra el TLC con Estados Unidos en el 2007.

Estamos a las puertas de batallas similares. Hay que refrescar la memoria histórica, social y política.

La dignidad del cargo

Escrito en . Publicado en Análisis.

Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli

Mi padre, que tantas cosas buenas me enseñó, me habló siempre de lo que él llamaba: el respeto a la dignidad del cargo, pues consideraba que siempre se debe respetar el cargo, función o papel que cada quien tenga en la sociedad, por humilde, sencillo o encumbrado que sea y así, también, ser uno respetado. Pero, sobre todo reiteraba, uno debe respetar su propio cargo, su dignidad, y el que puede representar al ejercer una función, ya sea de carácter privado o público, pues quien no respeta la dignidad de su cargo se irrespeta a sí mismo y a los demás. Hoy, tal vez, muchos estén en desacuerdo con el pensamiento de mi querido padre, pero para mi siguen siendo palabras sabias.

De ahí que cuando escucho los insultos e improperios que salen de la boca de altos jerarcas del gobierno de nuestro país, que se dan el lujo de utilizar un podio presidencial o la curul legislativa para “mentar la madre”, imitar la forma de hablar de otras personas o propalar insultos y agravios a otros funcionarios públicos o personas irrespetando, precisamente, su propia dignidad personal o funcional, me da enorme tristeza por la Patria. Para mi resulta, de remache, un signo evidente de la decadencia nacional, que haya un porcentaje importante de costarricenses que aplauden, apoyan y hasta se satisfacen de semejantes desafueros, gracias a la posverdad y mentiras que generan las políticas de odio que utilizan los sistemas autoritarios o de aspirantes a fascistas. Por lo anterior, lo ocurrido esta semana en las oficinas de la Presidencia de la República ante la “invitación” de la presidenta Laura Fernández a los miembros de los poderes judicial y legislativo, resulta chocante y bochornoso y justifica una elemental explicación de Educación Cívica, muy elemental para que se entienda, como una dosis necesaria de ubicación institucional.

Presten atención doña Laura, el Mini Chaves y todos los demás que se sienten parte de la “Corte Imperial”: dice la Constitución Política -que todos juraron obedecer (hasta los ateos)- que Costa Rica es una República (¡y solo una¡) libre, independiente y que la soberanía reside exclusivamente en la Nación, y de acuerdo al artículo 4, nadie puede asumir “la representación del pueblo, arrogarse sus derechos o hacer peticiones a su nombre” pues eso es caer en la sedición; primera cosa importante de la urgente ubicación mental de algunos funcionarios que ya tienen tiempo de andar muy cerca del filo de esa navaja.

Ahora, debemos referirnos al artículo 9 de la CP que señala ,claramente, que el Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable ejercido, en primer lugar, por el pueblo y luego por tres poderes distintos e independientes entre si, y en el orden cita en primer lugar al Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial y ninguno puede delegar las funciones que le son propias y en ninguna parte del texto constitucional se dice que, alguno de ellos, tiene primacía sobre otro, al contrario señala la independencia de cada uno.

Por otra parte, el capítulo IX se refiere al Poder Legislativo y señala que la potestad de legislar reside en el pueblo, que por medio del sufragio lo delega a la Asamblea Legislativa a través de 57 diputados que lo son por la Nación y no por ningún partido, a nadie más, y establece la opción del referéndum excluyendo determinadas materias que, por cierto, están contempladas en lo que ha anunciado doña Laura. Por ello ese poder lo integran los 57 por igual, y merecen el respeto a la dignidad de su cargo, pues son los legítimos representantes del soberano.

El capítulo X posterior, se refiere al Poder Ejecutivo que, de acuerdo con el artículo 130 lo ejercen el Presidente de la República en nombre del pueblo y los Ministros de Gobierno en calidad de obligados colaboradores, son nombramientos de confianza del Presidente para la gestión administrativa y política de las diferentes carteras y su autoridad se deriva, ahí sí, de su superior, que los puede remover libremente, y obviamente no tienen la jerarquía constitucional de los miembros de los otros supremos poderes. El presidente y los vicepresidentes, cuando éstos ocupen temporalmente el cargo, lo hacen por delegación del pueblo conforme al resultado electoral, pero no son el poder absoluto, solo administradores de la cosa pública conforme al artículo 140 y las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa, ante la cual prestan juramento e informa de sus gestiones, como representantes reales del soberano.

Por último, el capítulo XI está destinado al Poder Judicial, que de acuerdo con el 152, lo ejercen los Magistrados electos por la Asamblea Legislativa que conforman la Corte Suprema de Justicia y es el tribunal superior del Poder Judicial, los demás tribunales que establezca la ley, funcionarios, y empleados en el ramo judicial dependen de él. Precisamente esa elección por la Asamblea Legislativa, es decir por los representantes del Soberano, es para garantizar lo dispuesto en el artículo 154 que señala que el Poder Judicial solo está sometido a los dictados de la Constitución y las leyes. Es decir, en sus decisiones son independientes y soberanos, y ningún otro poder puede pretender influir en ellas.

Por lo tanto, el presidente de la República, los diputados y los magistrados tienen igual rango y dignidad en el ejercicio de sus funciones constitucionales propias que, por existir la independencia de poderes, deben ser respetados en sus funciones y representaciones igualmente. Precisamente, ésta básica explicación de educación cívica, que deben saber y conocer los costarricenses, es para señalar que, lamentablemente, la presidenta Laura Fernández y el Mini Chaves desde hace más de cuatro años, han irrespetado la Constitución Política y la dignidad del cargo que les confirieron los costarricenses.

Quien ejerza la presidencia de la República debe saber que no se convoca a una encerrona, se coordina una reunión de trabajo en primer lugar; no se quitan celulares y aparatos electrónicos a los invitados y se les deja a los del Poder Ejecutivo, eso es ofensivo y humillante y un signo de desconfianza que no debe existir en esos niveles de gobierno, pues no son enemigos, son miembros por igual de los supremos poderes. Pero especialmente no puede pedirse al presidente de la Corte Suprema de Justicia que “termine la persecución política a funcionarios de gobierno”, ¿cuál? Si fuera que la hay, no habrían archivado la mayoría de las acusaciones contra el Mini Chaves y si las hay pendientes y en trámite es porque se justifican, igual que las que se encuentran en la Fiscalía contra 14 diputados del PPSO, protegidos por la red de cuido creada por ellos para los nuevos “ticos con corona”. Más grave aún, si esa petición viene acompañada de una amenaza presupuestaria contra la corte, que obligó a la magistrada Patricia Solano a desmentir a doña Laura públicamente. Y si nos referimos a la “conferencia de prensa” por el tono, el lenguaje ofensivo contra los diputados “invitados”, el fiscal general, y la magistrada Solano y del ataque público al gobierno de Panamá, se concluye que el concepto mínimo de la dignidad del cargo no lo conoce, con el agravante que como presidentes de este país, cuando insultan, agravian, mienten, ofenden, calumnian y engañan lo hacen a nombre de todos los costarricenses a quienes representan, y no todos somos tan básicos.

Se que posiblemente esta explicación no llegue por algoritmos a los “ticos básicos” del chavismo, así calificados por Pilar Cisneros, que creen sus mentiras y viven felices sumergidos en el engaño. Pero guardo la esperanza de que, poco a poco, se convenzan de que se han burlado de ellos miserablemente, se rebelen y exijan respeto a su propia dignidad, pues como dice el dicho…. a pellizcos se mata un burro.

Laura Fernández en el banquillo: El peligro del populismo efectista y las cortinas de humo

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por JoseSo (José Solano-Saborío) / Entre Verdades y Opiniones

La reciente escena protagonizada por la presidenta Laura Fernández frente al magistrado Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia, está lejos de ser un simple exabrupto. Es, por el contrario, una pieza fríamente calculada dentro del engranaje de un estilo político heredado de su mentor, Rodrigo Chaves. Es un libreto grotesco que prioriza el espectáculo y la humillación pública por encima del debate de altura y el respeto institucional.

Interpelar públicamente a un magistrado por sus 37 años de carrera, reduciendo su trayectoria a la insinuación malintencionada de “cargos vitalicios” y supuestos “favores políticos”, para luego coronar el ataque comparando ese tiempo de servicio con sus propios 39 años de vida, es un acto de manipulación efectista. Es, además, una comparación peligrosamente descontextualizada, más de alguien que tiene la mitad de sus 39 años de vida viviendo del erario público como funcionaria de gobierno en puestos de confianza y ministeriales. Sin mencionar que su mentor —sin cotizar para ello— es hoy un ex presidente pensionado de lujo y con doble sueldo de ministro.

Es imperativo establecer la línea divisoria que el discurso oficialista intenta borrar: la abismal diferencia entre un cargo político-administrativo y la magistratura judicial. Los puestos políticos son, por naturaleza, transitorios; responden al vaivén de la voluntad popular, a la coyuntura electoral y a la necesidad de alternancia en el poder. Cualquiera con el respaldo de los votos puede ocuparlos.

Sin embargo, la labor de un juez supremo es de una naturaleza completamente distinta. Su responsabilidad central es la generación de jurisprudencia, la interpretación de la norma y la protección del orden constitucional. Para ejercer un cargo técnico-jurídico de esta magnitud no basta el carisma ni el verbo encendido; se requiere una vida entera de estudio, madurez académica y una experiencia que solo otorgan las décadas de análisis profundo. En las democracias más sólidas del mundo, la longevidad y la estabilidad de los jueces no son vistas como un “abuso”, sino como la mayor garantía de independencia frente a las presiones efímeras de los políticos de turno.

Al ignorar estas diferencias fundamentales, la señora presidenta peca de lanzar una ofensa injuriosa. Su objetivo no es promover una reforma institucional seria, sino ejecutar un acto populista diseñado a la medida de sus acólitos. Es un discurso estridente que alimenta a quienes disfrutan del insulto y la degradación de la autoridad, funcionando como el antídoto perfecto para aliviar la disonancia cognitiva de sus seguidores más ciegos.

Pero, como en todo truco de ilusionismo político, lo que importa no es la mano que se agita, sino lo que se esconde detrás. Este acto vil y desconsiderado hacia el jerarca de uno de los Poderes de la República es, en realidad, un distractor de manual.

Es la cortina de humo perfecta, lanzada estratégicamente en el rostro de la ciudadanía, para hacer olvidar a la masa enajenada el verdadero elefante en la habitación: su mentira sobre el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP). Mientras el país se enfrasca en discutir la edad de la mandataria frente a los años de servicio del magistrado, el debate sobre el futuro de los ahorros y las pensiones de los costarricenses queda convenientemente relegado al olvido.

Gobernar a base de humillaciones y espectáculos para tapar las propias falsedades es un juego peligroso. Costa Rica no necesita líderes que incendien la institucionalidad para ganar el aplauso fácil de la galería, sino estadistas que asuman la verdad, por más incómoda que esta sea. A fin de cuentas, la historia es implacable y siempre tiende a darle su verdadero lugar a los políticos populistas, manipuladores y autocráticos. Que lo digan, si no, figuras nefastas como Benito Mussolini en Italia, Jorge Rafael Videla en Argentina o Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana, entre tantos otros que dedicaron sus cuotas de poder a humillar y denigrar a quienes les plantaban oposición. El aplauso efímero del fanático nunca los salvará del juicio definitivo de la historia.

Perú: ¿Es posible recuperar la democracia?

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

SERVINDI / pressenza

“La democracia es mejor entendida como un régimen en constante construcción, sujeto a retrocesos y avances, y que requiere para su concreción de una ciudadanía vigilante y activa”.

XXI Encuentro de Derechos Humanos: ¿es posible recuperar la democracia?

Texto del IDEHPUCP*

Idehpucp, 5 de mayo, 2026.- Esta semana se desarrolla el Encuentro de Derechos Humanos que desde hace veintiún años organiza el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP. Este año el encuentro está enfocado, como no podía ser de otro modo, en las perspectivas que se delinean a partir del proceso de elecciones generales. Esas perspectivas motivan, evidentemente, una extrema inquietud respecto del futuro de la democracia en el Perú.

Los cinco años pasados, en los que hemos presenciado una sistemática destrucción de la institucionalidad democrática por parte de los grupos que ocupan el Congreso, pintan ese futuro con matices muy oscuros. Esto ha llegado al punto de que diversos observadores –individuales o institucionales, nacionales o extranjeros– han puesto en discusión que el régimen actual pueda seguir llamándose una “democracia” en sentido estricto.

La realización de la primera vuelta electoral subraya de una manera bastante clara esta crítica situación. Por la negativa de uno de los perdedores –el candidato López Aliaga– a aceptar los resultados, se ha desencadenado un conato de desestabilización institucional en el cual el Estado de Derecho ha sido transgredido o puesto en cuestión de variadas maneras por todos los coaligados en la tesis del “fraude”.

Como ya se ha comentado antes, más allá de la intemperancia y los reflejos autoritarios y violentos del candidato perdedor y su entorno, esa desestabilización, centrada ahora en la interferencia con el sistema electoral, ha contado con el concurso de la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.

A ello se ha sumado en los últimos días el alcalde de Lima encargado (tras el abandono del cargo por López Aliaga), quien, utilizando recursos de la comuna, ha empezado a operar como una pieza más del mecanismo planteando acciones legales sin ningún fundamento –y sin que esto sea tarea de la autoridad municipal.

Esta circunstancia, que es un último ejemplo de la descomposición política mencionada, refuerza la importancia de la reflexión que el Idehpucp ha propuesto para su XXI Encuentro de Derechos Humanos. Este ha sido concebido como un llamado a reconocer que la supervivencia de la democracia está en juego y a preguntarse de qué maneras sería posible evitar un hundimiento más profundo en el autoritarismo –y en sus nexos con la corrupción y el crimen organizado– que ha sido la tónica del último lustro.

Con el título de «Recuperar la democracia. La urgencia del Estado de Derecho» el Encuentro desarrolla estas cuestiones en tres ejes. El primero –“¿Qué democracia estamos habitando?”– propone tomar una medida realista o incluso descarnada de la situación presente. Se trata de analizar las diversas formas de desmantelamiento del Estado de Derecho y la institucionalidad democrática llevado a cabo por el Congreso con la anuencia o complicidad del Poder Ejecutivo. Además de eso, en este eje se analizará lo que nos dicen los resultados de la primera vuelta en términos de una reacción democrática –o ausencia de ella– frente a este panorama.

El segundo eje –“La esfera pública en crisis”– constituye un acercamiento a las transformaciones sociales que se conjugan con esa descomposición o que, eventualmente, podrían servir para revertirla. Es imprescindible, en este punto, observar los cambios en el discurso público marcados por la proliferación de la desinformación y los discursos de odio, todo ello amplificado, o, de hecho, posibilitado por la imparable revolución tecnológica de los canales de comunicación. Las redes en plataformas digitales son el carril por donde circulan las mentiras oficiales o masivas y la polarización: ¿será posible hallar en ellas, también, un antídoto contra esas tendencias?

Preguntas como esta son la materia del tercer eje titulado “Ciudadanías en movimiento y prospectiva democrática”. Si es imprescindible reconocer la magnitud de la crisis, también lo es detectar los medios que tiene la sociedad para hacerle frente. Por ello se hará aquí una reflexión sobre los sentidos de la movilización social y sobre cómo la defensa de los derechos humanos es un ideal y a la vez un recurso para la recuperación política del país.

Como señaló en su conferencia inaugural el jurista Antonio Maués, profesor del Instituto de Ciencias Jurídicas de la Universidad Federal do Pará (Brasil), la democracia es mejor entendida como un régimen en constante construcción, sujeto a retrocesos y avances, y que requiere para su concreción de una ciudadanía vigilante y activa. Este Encuentro, al poner el acento sobre el proceso de deterioro y los diversos factores que hoy en día conspiran contra la democracia en el Perú y en muchas otras naciones y regiones, se plantea no como un llamado a la resignación, sino como una señal de alerta que, precisamente, reactive o refuerce la defensa del Estado de Derecho y los derechos humanos en nuestra comunidad.

*Boletín semanal del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP):
https://idehpucp.pucp.edu.pe/boletin-eventos/editorial-xxi-encuentro-de-derechos-humanos-es-posible-recuperar-la-democracia/

El primer ministro en la sombra: la billetera y el látigo en Zapote

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por JoseSo (José Solano-Saborío)

Se consumó el acto. Lo que analistas en teoría política y derecho constitucional advertíamos como una amenaza latente, hoy es una realidad institucional: Rodrigo Chaves no se ha ido, simplemente ha mutado. La designación oficial del expresidente como ministro de la Presidencia, con el agravante inaudito del recargo como ministro de Hacienda, despoja a la administración de Laura Fernández de cualquier velo de autonomía. Estamos frente a un bicefalismo ejecutivo donde la presidenta ostenta la banda, pero Chaves retiene el mazo del poder.

Analicemos la gravedad técnica de esta concentración. Este movimiento requiere una lectura cuidadosa desde la teoría del Estado y la administración pública.

En la práctica administrativa y política, fusionar Presidencia y Hacienda en una sola figura no es una simple optimización de gabinete; es la creación de un “Súper Ministerio” diseñado para la extorsión política legalizada. El Ministerio de la Presidencia es el operador nato, el encargado de la negociación legislativa y el tejido de alianzas. Hacienda, por su parte, es el dueño de la caja.

Cuando el operador político es el mismo que decide si se gira o se retiene el presupuesto, el diálogo democrático desaparece y es sustituido por el chantaje. ¿Un alcalde opositor necesita fondos para un puente? Dependerá de cómo voten sus diputados. ¿La Corte o las universidades reclaman su presupuesto por mandato constitucional? Se les asfixiará financieramente desde el mismo escritorio que debería propiciar el consenso. Este diseño institucional es un mecanismo perfecto para consolidar el populismo autoritario, saltándose el espíritu constitucional que prohíbe la reelección sucesiva y vaciando de poder real a la nueva mandataria.

Tensión con el espíritu constitucional

El artículo 132 de la Constitución Política prohíbe la reelección presidencial sucesiva precisamente para evitar la concentración de poder y el caudillismo. Aunque el nombramiento de un expresidente en un ministerio no viola la letra de la ley, desafía abiertamente su espíritu. Funciona como un mecanismo para perpetuar el control de una figura hiperpresidencialista, bordeando lo que en doctrina política se consideraría un “fraude de ley” al sistema de alternancia.

Ante este escenario de presidencialismo exacerbado que amenaza los cimientos del Estado Social de Derecho, la contención no puede ser tibia. El avance del populismo chavista solo se frena con una resistencia articulada, técnica y constante. Aquí propongo la hoja de ruta para los cuatro niveles de defensa democrática:

La prensa independiente y los creadores de contenido

El antídoto contra la posverdad oficialista son los datos duros y la fiscalización implacable. El periodismo y los nuevos comunicadores deben abandonar la agenda del escándalo diario —que el mismo populismo alimenta como cortina de humo— y concentrarse en la realidad material. Hay que recordarle a la ciudadanía, todos los días, los números que el discurso esconde: nuestra posición vergonzosa en la OCDE respecto a la caída histórica en la inversión de Educación Pública; el ensanchamiento de la desigualdad social; la informalidad laboral asfixiante; la pérdida de la seguridad alimentaria, y la alarmante tasa de homicidios violentos alimentada por la penetración del narcotráfico. La prensa no debe debatir adjetivos presidenciales, debe desnudar el fracaso macroeconómico y social.

El bloque de oposición en la Asamblea Legislativa (los 4 partidos)

La Asamblea es hoy el principal dique de contención. Los cuatro partidos de oposición democrática deben entender que enfrentan una maquinaria que busca dividirlos mediante el presupuesto. Su única salvación política (y la del país) es funcionar como un bloque parlamentario cohesionado frente a las pretensiones de Zapote. Deben utilizar el control político y constitucional al máximo: censurar cualquier intento de uso político del presupuesto desde Hacienda, bloquear leyes que concentren más poder en el Ejecutivo, y rechazar de plano cualquier intento de instaurar estados de excepción que socaven las garantías ciudadanas. Negociar de manera individual es firmar su propia irrelevancia.

Actores sociales: sindicatos, cámaras y sectores organizados

El populismo no tiene aliados, solo utilidades temporales. Las cámaras empresariales y los sindicatos (tanto públicos como privados) históricamente antagónicos, deben encontrar un terreno común: la defensa de la institucionalidad. La inestabilidad jurídica, el ataque a las instituciones fiscalizadoras como la Contraloría y la arbitrariedad presupuestaria destruyen tanto el clima de inversión privada como los derechos laborales adquiridos. Este nivel debe ejercer presión constante, utilizando las vías legales, la movilización social pacífica y el músculo técnico para presentar contrapuestas robustas. El sector productivo y el laboral deben rechazar la narrativa polarizante y unirse en la defensa de la certeza jurídica.

El ciudadano que adversa el chavismo

El último y más importante nivel de resistencia es el ciudadano de a pie. La estrategia aquí es la pedagogía política en el círculo inmediato: la familia, el trabajo, la comunidad. El populismo se nutre de la apatía y la desinformación. El ciudadano opositor debe convertirse en un fiscalizador local, protegiendo las instituciones comunitarias, exigiendo rendición de cuentas a sus gobiernos locales y negándose a normalizar la violencia verbal y el deterioro institucional. No se trata de confrontación estéril en redes sociales, sino de organización cívica real, de apoyar el periodismo independiente y de respaldar a las voces técnicas que el gobierno intenta silenciar.

No nos engañemos: el diseño del próximo gobierno es una anomalía democrática. Permitir que una sola figura controle la agenda política y la billetera del Estado, escudado tras una presidencia delegada, es un riesgo que Costa Rica no se puede permitir. La historia no nos perdonará si, por fragmentación o cálculo político a corto plazo, dejamos caer el andamiaje institucional que nos costó décadas construir.

¿Hacia dónde debería dirigirse el primer esfuerzo de fiscalización de esta alianza opositora una vez que Chaves asuma formalmente el control de Hacienda?

Contestemos juntos esta pregunta y empecemos a defender, con palabras y acciones a la Costa Rica que hoy nos pide, a gritos, nuestra ayuda.

Las caras ocultas de la Asamblea Legislativa

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Instituto Sindical de Formación Política

El juicio por acoso sexual contra el diputado Fabricio Alvarado, del partido Nueva República, no es un hecho aislado. Es una ventana que deja ver lo que muchas veces permanece oculto: las contradicciones, los silencios cómplices y las prácticas más degradantes dentro del poder político.

Lo que debería ser una respuesta firme, ejemplar y transparente ante una denuncia de esta naturaleza, se ha convertido en un escenario de evasivas, cálculos políticos y debilitamiento institucional. La Asamblea Legislativa de Costa Rica, llamada a garantizar el respeto a la ley, aparece hoy cuestionada en su capacidad para actuar con justicia.

El cálculo político partidario no tiene ética

Uno de los aspectos más preocupantes que deja al descubierto este caso es cómo el cálculo político partidario se impone sobre cualquier principio ético. No estamos ante hechos aislados, sino ante una práctica reiterada: proteger la imagen del partido, aunque eso implique encubrir conductas inaceptables.

Resulta particularmente grave cuando esto ocurre en partidos que alcanzaron representación política bajo un discurso religioso, apelando a valores morales, a la familia y a la “defensa de la ética”. Hoy, esos mismos sectores guardan silencio o relativizan denuncias de acoso sexual, evidenciando una profunda contradicción entre lo que predican y lo que practican.

Más indignante aún es observar a diputadas que, habiendo llegado a posiciones de poder, olvidan su condición de mujeres y la lucha histórica contra la violencia de género. En lugar de actuar con firmeza, optan por proteger estructuras de poder o compañeros de bancada, contribuyendo a la impunidad.

No se trata solo de omisiones individuales. Existen reglamentos de conducta en la Asamblea Legislativa que, en teoría, deberían garantizar sanciones claras ante este tipo de hechos. Sin embargo, cuando entran en juego intereses políticos, estos instrumentos simplemente no se aplican o se diluyen en trámites sin consecuencias reales.

La contradicción alcanza niveles aún más preocupantes cuando figuras políticas que públicamente han defendido la lucha contra el acoso sexual, hoy vuelven la mirada hacia otro lado. Este doble discurso no solo debilita la credibilidad institucional, sino que envía un mensaje peligroso a la sociedad: que la justicia depende de la conveniencia política.

Una institucionalidad que se debilita

La falta de acción contundente no solo afecta a las víctimas directas, sino que erosiona la confianza en las instituciones. Cuando quienes hacen las leyes no las respetan o las aplican selectivamente, el mensaje es claro: hay privilegios para algunos y silencio para otros.

La impunidad, en estos casos, no es casual. Es el resultado de redes de protección política que priorizan la conveniencia sobre la justicia. Y esto golpea directamente la credibilidad del sistema democrático.

Una señal peligrosa para la sociedad

Cuando se minimiza o se encubre el acoso sexual desde espacios de poder, se legitima indirectamente la violencia. Se envía una señal peligrosa: que denunciar no sirve, que la verdad puede ser ignorada y que el poder puede más que la dignidad.

Para las trabajadoras y trabajadores, este tipo de conductas no es ajeno. Es el reflejo de una cultura que muchas veces también se reproduce en los centros de trabajo, donde el abuso se silencia por miedo o por falta de respaldo.

La responsabilidad de la clase trabajadora

Frente a este escenario, el silencio no es opción. La clase trabajadora organizada tiene un papel fundamental: denunciar, exigir transparencia y defender principios éticos reales en la función pública.

No se trata solo de un caso, ni de una persona. Se trata de qué tipo de sociedad queremos construir. Una donde la justicia sea selectiva, o una donde la dignidad humana esté por encima de cualquier cálculo político.

Conclusión: sin ética no hay democracia

Lo que hoy se revela en la Asamblea Legislativa no es solo un escándalo político. Es una señal de alerta sobre el deterioro de la ética en la función pública.

Si los valores se negocian y la justicia se acomoda a intereses partidarios, la democracia pierde su sentido.

Por eso, desde el movimiento sindical y desde el INSTITUTO SINDICAL DE FORMACIÓN POLÍTICA, reafirmamos una convicción clara:
sin ética, no hay democracia. Y sin democracia real, los derechos de la clase trabajadora están en riesgo.

Carta de apoyo a la Jueza de Ejecución de la Pena – para firmar

Escrito en . Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

20 abril, 2025

Kattia Carballo Chacón

Jueza de Ejecución de la pena

Primer Circuito Judicial Alajuela

Estimada señora Jueza:

Reciba este mensaje como un abrazo colectivo, firme y solidario, de mujeres y organizaciones que reconocemos la gravedad de lo ocurrido y el momento que atraviesa el país.

La agresión que sufrió no puede entenderse como un hecho aislado. Ocurre en un contexto de creciente violencia, de polarización política y de discursos que han ido debilitando el respeto hacia quienes ejercen funciones públicas, especialmente cuando se trata de decisiones que incomodan o que defienden derechos fundamentales.

Sabemos que su labor no es sencilla. Implica sostener criterios jurídicos en medio de presiones, incomprensión y, cada vez más, exposición pública. Cumplir con el deber en esas condiciones requiere no solo conocimiento, sino también una enorme fortaleza personal.

Por eso hoy queremos expresarle respaldo, reconocimiento y sororidad. Ninguna mujer debería enfrentar agresiones por ejercer su trabajo. Ninguna funcionaria judicial debería ser convertida en blanco de ataques por cumplir con la ley.

Nos preocupa profundamente que las denuncias previas de hostigamiento no hayan sido atendidas con la urgencia necesaria. Nos preocupa el clima que permite que la violencia escale. Y nos preocupa, sobre todo, que se normalice.

Este no es solo un asunto individual. Es un llamado a la sociedad.

A no guardar silencio frente a la violencia.

A no justificar el odio cuando se disfraza de opinión.

A defender la institucionalidad, incluso cuando no compartimos todas sus decisiones.

La independencia judicial no es un privilegio de quienes administran justicia. Es una garantía para toda la ciudadanía.

Hoy más que nunca se requiere una reacción colectiva, clara y firme. No solo para acompañar a quien ha sido agredida, sino para evitar que estos hechos se repitan.

Cuenta con nuestra solidaridad.

Firmado,

Colectivas feministas, organizaciones de mujeres y personas que no aceptan la violencia como forma de convivencia.

Le invitamos a unir tu firma: https://forms.gle/WBRJnqqiTJK2k7S66

Condena enérgica ante la agresión a integrante de la judicatura

Escrito en . Publicado en Derechos.

Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica

Comunicado

El respeto a la integridad física y moral de los administradores de justicia es una piedra angular de cualquier Estado Social y Democrático de Derecho. Ante los hechos ocurridos el pasado viernes 17 de abril , en los que la jueza de la República Kattia Carballo fue objeto de una violenta agresión en Heredia, desde el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica manifestamos nuestro más profundo y enérgico rechazo.

Los ataques dirigidos contra los funcionarios judiciales no solo representan una vulneración inaceptable a la integridad personal de quienes administran justicia, sino que constituyen una ofensa directa contra la institucionalidad y la autoridad del Poder Judicial. La discrepancia con las resoluciones judiciales debe canalizarse estrictamente a través de los recursos legales pertinentes; nunca, en ninguna circunstancia, mediante la violencia, el acoso o la agresión física.

Ya se dijo antes. Exigimos que estos actos sean investigados con celeridad y que los responsables sean castigados con todo el peso de la ley conforme a lo dispuesto en nuestra Constitución Política y las disposiciones del Código Penal aplicables a la agresión contra funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, sentando un precedente claro de que la justicia no se amedrenta ante la coacción.

Hacemos un llamado urgente al Poder Judicial para que  actúe  de manera inmediata y decidida, garantizando la protección de sus funcionarios en el ejercicio de sus cargos.

Instamos respetuosamente a la Corte Plena para que emita una respuesta contundente y pública en defensa de la independencia judicial. Es imperativo que la cúpula judicial envíe un mensaje inequívoco de respaldo a la judicatura y de rechazo absoluto a cualquier forma de intimidación externa.

El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica se mantendrá vigilante y en alerta permanente, y de no obtenerse una respuesta institucional satisfactoria, se valorará las acciones legales y gremiales que correspondan. Velaremos porque el imperio de la ley y el respeto mutuo sigan siendo los ejes que rijan nuestra convivencia nacional.

Lic. Miguel Arias Maduro
Presidente

La ilusión de la mano dura: Bukele, Trump y el riesgo de dinamitar nuestro ADN tico

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por JoseSo (José Solano-Saborío)

La tentación de importar milagros siempre ha sido el talón de Aquiles de las democracias fatigadas. En los últimos años, Costa Rica ha comenzado a mirar de reojo hacia el norte de su la región centroamericana, embelesada por la promesa de la mano dura y la supuesta eficiencia fulminante. Sin embargo, intentar calzar el modelo salvadoreño en la realidad costarricense es ignorar el abismo histórico, institucional y existencial que separa a ambas naciones. Para entender por qué el espejismo autoritario es incompatible con nuestro ADN, debemos primero desvestir la ilusión de que somos sociedades equiparables.

Nuestra matriz existencial se forjó desde lugares diametralmente opuestos. La Costa Rica moderna se construyó a partir de 1948 sobre una premisa insólita para la región: la abolición del ejército y la edificación de un Estado de bienestar robusto, con la seguridad social y la educación pública como grandes igualadores. Históricamente, hemos apostado por la tiza sobre el fusil, cultivando una fe casi dogmática en el derecho, el consenso y el equilibrio de poderes. El Salvador, por el contrario, ha escrito su historia en clave de supervivencia. Atravesado por décadas de dictaduras militares y una guerra civil que dejó cicatrices profundas, su transición a la paz fue trágicamente secuestrada por la barbarie de las pandillas. La sociedad salvadoreña, acorralada por el terror diario, llegó a un límite de agotamiento donde estuvo dispuesta a sacrificar sus libertades constitucionales a cambio de no morir en la calle. Costa Rica, mientras tanto, sangra por una herida muy diferente, con penetración de organizaciones criminales internacionales.

A pesar de esta abismal diferencia, a partir del 2022 hemos presenciado un giro inquietante en nuestro país. El chavismo tico ha comenzado a imitar un libreto que no encaja con la esencia de Costa Rica por el “éxito” cortoplacista, que consiste en esconder su problemática social “debajo de la alfombra”, aprovechando para, entre la basura, desaparecer a opositores y críticos. Bajo la bandera del anti-establecimiento, se ha importado una retórica confrontativa que busca desacreditar sistemáticamente a la prensa independiente, a los órganos de control y a los cimientos mismos de nuestra democracia. Este intento de aplicar una receta autoritaria y centralista en la otrora “Suiza centroamericana” genera una fricción destructiva. Nuestras instituciones fueron diseñadas meticulosamente para evitar que un solo líder acumule el poder absoluto; intentar forzar el modelo de excepción salvadoreño aquí es como intentar operar un marcapasos a martillazos.

El peligro de romantizar esta deriva populista se vuelve aún mayor cuando la fachada del modelo a imitar comienza a resquebrajarse. La narrativa de la paz salvadoreña, vendida como un triunfo absoluto de la voluntad presidencial, oculta un costo oscuro que hoy está más expuesto que nunca. Recientes investigaciones y reportajes de la cadena estadounidense CBS han sacado a la luz nuevas pruebas, a partir de la denuncia del medio salvadoreño “El Faro”, que confirman lo que muchos teman y otros sospechamos: el pacto original del gobierno de Nayib Bukele con las pandillas. Las denuncias documentan cómo, para cimentar su popularidad inicial, se negoció la liberación de líderes históricos de la MS-13.

Ese oscurantismo se agrava al observar las nuevas dimensiones internacionales del bukelismo. Lejos de ser un modelo de soberanía, El Salvador ha profundizado sus nexos con Donald Trump, ofreciendo el publicitado megadespliegue del CECOT no solo como prisión local, sino como una pieza en el engranaje de las políticas de deportación masiva estadounidenses. Someter la soberanía nacional para convertirse en un apéndice carcelario de intereses extranjeros, en medio de severas denuncias internacionales por tortura y violaciones al debido proceso, no es un modelo de éxito, es la claudicación del Estado de derecho.

A la peligrosa importación de este espejismo autoritario se suma, además, un error conceptual tan básico como destructivo. El modelo que el oficialismo intenta vendernos ignora deliberadamente la naturaleza de nuestro propio mal. Las maras salvadoreñas y su brutal violencia territorial no son, ni de cerca, equiparables a las complejas, equipadas y multimillonarias redes transnacionales del narcotráfico que hoy infiltran a Costa Rica. Intentar desmantelar la sofisticada maquinaria del crimen organizado y los grandes carteles de la droga aplicando tácticas de encierro masivo diseñadas para pandillas, no solo es una ingenuidad operativa, sino que equivale a dispararle al objetivo equivocado mientras el verdadero enemigo sigue avanzando sin oposición ni estrategia de contención real.

Costa Rica está a tiempo de mirarse al espejo y reconocer su propia valía. El Salvador entregó las llaves de su democracia empujado por una necesidad extrema y el trauma del plomo; nosotros corremos el riesgo de entregarlas por pura frivolidad populista. Prometernos seguridad y eficiencia dinamitando los puentes institucionales que construyeron nuestros abuelos solo nos llevará hacia un modelo cimentado en pactos opacos y sumisión, que no resuelve por el fondo las causas de la delincuencia, la brecha social, la desigualdad y la exclusión. El verdadero patriotismo hoy no exige mano dura, sino la valentía de defender la democracia que nos hizo excepcionales.

El delirio del presidente Chaves se lo quiere pasar a la presidenta Laura Fernández

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

El presidente Rodrigo Chaves ha venido delirando, al menos por ahora, pero sin tener más posibilidad de hacerlo, porque se le acaba el tiempo posible para ver, tan solo ver, materializada su razón perturbada, su locura, su desorientación y su pérdida de la realidad política, de su salida del surco democrático tradicional que está viviendo el país, para tratar de fundar la Tercera República de Costa Rica.

Tuvo algunos chispazos que lo acercaron a la posibilidad de diseñar su idea de Tercera República. Lo más cerca y englobante que hizo fue percibir que todos los que gobernaron antes que él, desde 1949 hasta su ascenso presidencial en el 2026, la totalidad de 17 presidentes, en sus 19 gobiernos, que han habido desde 1949, todos fueron dictadores y tiranos, que solo gobernaron para los ricos, los empresarios, los banqueros, agentes financieros, productores, importadores, exportadores y comerciantes, entre otros representantes de pequeños grupos que gravitaron y pervivieron con ellos.

Que todos ellos gobernaron contra el pueblo fue su afirmación, para distinguirse él como el que quería gobernar para el pueblo, pero que las estructuras políticas por ellos montadas, desarrolladas institucionalmente no le permitían hacerlo. De allí sus delirantes ataques a todo el andamiaje político, institucional y estructural del Gobierno y del Estado, de los Poderes del Estado, de los partidos políticos, de todos los políticos, y los medios de comunicación en general, especialmente de los que no controla o no somete a los designios de sus desmanes discursivos.

Figueres empezó a plantear su proyecto de Segunda República en función de una práctica política que estaba viviendo, de una década muy convulsa por la II Guerra Mundial, por los cambios enormes que se estaban dando no solo en el escenario internacional, sino también en el nacional.

En lo internacional el fascismo caracterizaba y dominaba el escenario. La lucha contra el fascismo era lo principal. El fascismo, representado por Alemania, Italia y Japón era expansivo en la práctica, avanzaba militarmente, ocupando y avasallando pueblos, naciones y países en procura de acabar con la Unión Soviética, en ese momento, el único gran país representativo del socialismo mundial. En la lucha internacional la lucha contra el fascismo era la lucha por la Democracia, por la Democracia en el sentido más amplio posible. El fascismo significaba dictadura, tiranía, opresión, despotismo, autoritarismo, ausencia de libertades y limitación de derechos ciudadanos, persecución, represión y muerte de ciudadanos y aniquilamiento total de pueblos, censura, cárcel, campos de concentración y exterminio étnico, racial.

La guerra que impulsaban los nazifascistas era de tierra quemada, era la estrategia de destruir toda la infraestructura que se encontraran, todos los recursos, los cultivos, las viviendas, los suministros y medios de subsistencia propios o del enemigo para evitar que este los aproveche, provocando una devastación total, a todos los seres humanos que se encontraran en su paso, que podía servir como medios de subsistencia propios o del considerado enemigo para evitar que fueran aprovechados. El fascismo provocaba la devastación total.

Ese escenario tenebroso internacional el presidente Chaves lo está viviendo, con Israel y el gobierno dirigido por Donald Trump, que está dispuesto a acabar con “una civilización” como lo ha afirmado, y de avanzar a golpe de guerras para imponer su hegemonismo político, económico y financiero, diseñando el mundo a su gusto geopolítico y geoestratégico, reeditando en un solo paquete las políticas de Estado norteamericano de las Doctrina Monroe, la Doctrina del Destino Manifiesto, la del Gran Garrote, la Doctrina Truman de la Guerra Fría, la del intervencionismo militar y de ocupación de países, de control de aduanas, de guerras de dominación, de control de regiones productivas de materias primas estratégicas para los procesos industriales y económica, de control de regiones de mano de obra baratas y control de regiones para la venta de sus productos, de manera cara, elaborados con esas materias primas y esas manos de obras baratas.

Estamos justamente reviviendo ese escenario mundial que dio origen al llamado imperialismo del siglo XX.

En el plano nacional Figueres en la década de 1940-1948 nunca, para proponer su Segunda República, enfrentó el desarrollo institucional del país, ni atacó a quienes habían sido los gobernantes de la República que estaba viviendo, la surgida en 1848. De manera especial mostró gran afecto, y exaltó y valoró, a los grandes presidentes anteriores a 1940, como fueron Cleto González Víquez, y muy especialmente para él, a Ricardo Jiménez Oreamuno y a León Cortés Castro.

Nacionalmente no estaba de acuerdo con los gobiernos de Rafael Ángel Calderón Guardia, 1940-1944 y de Teodoro Picado Michalski, 1944-1948. Con el de Calderón por haberlo expulsado del país, por haberse alineado en la lucha internacional antinazi y antifascista con la alianza democrática internacional encabezada por la Unión Soviética, Francia, Inglaterra y desde diciembre de 1941 también con Estados Unidos, que se sumó a esa lucha. También por haberse aliado a los comunistas y a la Iglesia Católica para aprobar en 1943 la Reforma Social y el Código de Trabajo. Figueres no estaba de acuerdo con el gobierno de Teodoro Picado por considerar que había surgido de un fraude electoral. Con ambos gobiernos por considerarlos corruptos y que habían traicionado los ideales y valores de la República Liberal que se había formado hasta ese entonces.

El presidente Chaves, de chivos expiatorios no enfrentó a sus dos gobiernos anteriores, los del partido Acción Ciudadana, el de Luis Guillermo Solís Rivera, 2014-2018 y el de Carlos Alvarado Quesada, 2018-2022, siendo éste el que lo trajo y lo incrustó a la vida política nacional, y lo pegó al gustoso respirador artificial de la Presidencia, de la cual no quiere separarse. De chivos expiatorios agarró al partido Liberación Nacional que de los 16 gobiernos que ha habido desde 1953 ha gobernado en 9 ocasiones y lo que representa la Unidad Social Cristiana lo ha hecho en 6 ocasiones. De sus presidentes se ha concentrado en atacar constantemente, de manera enfermiza, al Dr. Oscar Arias Sánchez y a Laura Chinchilla Miranda, como los causantes de todos los males del país.

Imitando a Figueres, en sus ataques a Teodoro Picado, el presidente Chaves ha atacado al Tribunal Supremo de Elecciones. Si no ha podido hablar de fraude contra él, que le validó su triunfo electoral del 2022, intentó hacerlo en el pasado proceso electoral amenazando que el Tribunal Supremo de Elecciones, quería hacer un fraude contra él, su gobierno y lo que en las elecciones a él lo pudiera representar. Sin embargo, la funcional democracia costarricense validó el triunfo de su candidata Laura Fernández Delgado, y el pueblo costarricense, como en todos los procesos electorales anteriores aceptó el resultado expresado en urnas. Educación política, educación cívica, valores democráticos y tradición histórica electoral, asimilados durante la Segunda República se hicieron presentes el pasado primer domingo de febrero, validando un triunfo indiscutible en su resultado.

El presidente Chaves se ha alineado a las políticas internacionales, injerencistas, imperialistas, profascistas, autoritarias, guerreristas y también anticomunistas del presidente Trump.

Su anticomunismo, el de Chaves, totalmente enfermizo, sin entender ni conocer que el Partido Comunista de Costa Rica, Vanguardia Popular, como realmente se llama, no participa en elecciones, y que su secretario general, Humberto Vargas Carbonell la última vez que fue diputado fue en 1990, y que desde entones tampoco han electo diputados.

Que ha habido diputados de izquierda sí, y los hay, pero no son comunistas, miembros del partido comunista, ni proclaman luchar por el establecimiento del comunismo. Y, parece que el presidente Chaves tiene vista corta que no le permite apreciar que en todo el mundo solo hay cinco países que están siendo gobernados por un partido comunista, la República Popular China, Cuba, Laos, la República Popular Democrática de Corea y la República Socialista de Vietnam. En América Latina solo la República de Cuba se define como una república Socialista. Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil, Venezuela, Nicaragua, Granada, Haití, República Dominicana, Granada, Panamá y México, en la historia de los últimos 60 años han tenido en ocasiones gobiernos reformistas, de carácter Progresista no comunista. Los gobiernos progresistas que han tenido no han proclamado impulsar el socialismo ni el comunismo.

El presidente Trump actualmente está interesado en borrar en el continente todo vestigio de progresismo y de reformismo político, al estilo de lo que fue el macartismo en la década de 1950, en los Estados Unidos, y al estilo de lo que fue la instalación de dictaduras militares y de gobiernos dictatoriales en el continente en la segunda mitad del siglo pasado.

Acabar con China, con Rusia o con Irán, para Trump, hoy no es un problema de comunismo versus capitalismo. Es un problema económico, de control de la economía mundial, de control de las regiones productoras de materias primas estratégicas y de control de las rutas mundiales del comercio, así como de control del flujo de las monedas con que se paga todo esto, el dólar estadounidense u otras monedas internacionales.

El presidente Chaves ha procurado que la presidenta electa Laura Fernández abrace sus posturas políticas. La está alineando en lo que puede dar proyección de continuismo político y gubernativo. Si La presidenta se monta en ese patín se va a descalabrar. Ella debe gobernar con su pensamiento propio si quiere salir airosa en su futuro gobierno. No debe convertirse en la caja de resonancia de Chaves. Eso es lo peor que le puede ocurrir.

Tiene mujeres presidentas para compararse. En el continente americano tiene por lo menos cuatro referencias, Eva Perón, Michelle Bachelet, Dilma Rousseff, Claudia Sheinbaum. Ojalá pudiera emular con la actual presidente de México.

Si la presidenta Laura Fernández Delgado se queda de furgón de cola del presidente, ministro, si llega a ponerlo, Rodrigo Chaves, si lo trata de imitar en sus malos modales, en su vulgaridad protocolaria y discursiva, si se faja por emular con él una añeja narrativa política, más que desvariar va a tener perturbada su razón para un buen gobierno. Si se mantiene en la línea de los despropósitos y disparates chavistas va a ser exhibicionista de una enfermedad o una pasión violenta, que reflejará la perturbación de sus facultades mentales en confusión aguda de la realidad nacional, alucinación de sus relaciones política, en narrativas ilógicas que la colocarán en una falsa consciencia del entorno.

Laura Fernández si se pone a imitar a Trump o a Chaves parecerá totalmente alucinante. Pero debe recordar y tener presente que ella es la presidenta, que Chaves será tan solo su ministro y que el presidente Trump de continuar el camino que lleva a las elecciones del Congreso y el Senado de los Estados Unidos, en noviembre próximo, el Congreso y el Senado con el pueblo estadounidense movilizado como está, le tendrán sus días contados.

Si Laura Fernández quiere impulsar la Tercera República debe hacerlo con cabeza propia, no ajena; debe elaborar su propia narrativa. Debe analizar por qué la necesidad de una Tercera República y cuáles han de ser sus pilares. Debe abrir un gran debate nacional sobre la posibilidad de avanzar hacia una Nueva Costa Rica, definida en una Tercera República.

Si se quiere ir a una Tercera República que no sea ir a un período de agitación política, de creencias alteradas, de experimentación de alucinaciones, de trastornos delirantes crónicos, como patología psiquiátrica de presencia de ideas delirantes bien sistematizadas, con alucinaciones y alteraciones del lenguaje y el pensamiento, que lleven al deterioro de la personalidad nacional costarricense, y produzca no personas pensantes, sino fanáticos delirantes, excitados, frenéticos, locos, salvajes.

Que el delirio nacional por una Tercera República no se convierta en una demencia nacional a lo largo de los meses del próximo gobierno.