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Etiqueta: institucionalidad democrática

La dignidad del cargo

Escrito en . Publicado en Análisis.

Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli

Mi padre, que tantas cosas buenas me enseñó, me habló siempre de lo que él llamaba: el respeto a la dignidad del cargo, pues consideraba que siempre se debe respetar el cargo, función o papel que cada quien tenga en la sociedad, por humilde, sencillo o encumbrado que sea y así, también, ser uno respetado. Pero, sobre todo reiteraba, uno debe respetar su propio cargo, su dignidad, y el que puede representar al ejercer una función, ya sea de carácter privado o público, pues quien no respeta la dignidad de su cargo se irrespeta a sí mismo y a los demás. Hoy, tal vez, muchos estén en desacuerdo con el pensamiento de mi querido padre, pero para mi siguen siendo palabras sabias.

De ahí que cuando escucho los insultos e improperios que salen de la boca de altos jerarcas del gobierno de nuestro país, que se dan el lujo de utilizar un podio presidencial o la curul legislativa para “mentar la madre”, imitar la forma de hablar de otras personas o propalar insultos y agravios a otros funcionarios públicos o personas irrespetando, precisamente, su propia dignidad personal o funcional, me da enorme tristeza por la Patria. Para mi resulta, de remache, un signo evidente de la decadencia nacional, que haya un porcentaje importante de costarricenses que aplauden, apoyan y hasta se satisfacen de semejantes desafueros, gracias a la posverdad y mentiras que generan las políticas de odio que utilizan los sistemas autoritarios o de aspirantes a fascistas. Por lo anterior, lo ocurrido esta semana en las oficinas de la Presidencia de la República ante la “invitación” de la presidenta Laura Fernández a los miembros de los poderes judicial y legislativo, resulta chocante y bochornoso y justifica una elemental explicación de Educación Cívica, muy elemental para que se entienda, como una dosis necesaria de ubicación institucional.

Presten atención doña Laura, el Mini Chaves y todos los demás que se sienten parte de la “Corte Imperial”: dice la Constitución Política -que todos juraron obedecer (hasta los ateos)- que Costa Rica es una República (¡y solo una¡) libre, independiente y que la soberanía reside exclusivamente en la Nación, y de acuerdo al artículo 4, nadie puede asumir “la representación del pueblo, arrogarse sus derechos o hacer peticiones a su nombre” pues eso es caer en la sedición; primera cosa importante de la urgente ubicación mental de algunos funcionarios que ya tienen tiempo de andar muy cerca del filo de esa navaja.

Ahora, debemos referirnos al artículo 9 de la CP que señala ,claramente, que el Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable ejercido, en primer lugar, por el pueblo y luego por tres poderes distintos e independientes entre si, y en el orden cita en primer lugar al Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial y ninguno puede delegar las funciones que le son propias y en ninguna parte del texto constitucional se dice que, alguno de ellos, tiene primacía sobre otro, al contrario señala la independencia de cada uno.

Por otra parte, el capítulo IX se refiere al Poder Legislativo y señala que la potestad de legislar reside en el pueblo, que por medio del sufragio lo delega a la Asamblea Legislativa a través de 57 diputados que lo son por la Nación y no por ningún partido, a nadie más, y establece la opción del referéndum excluyendo determinadas materias que, por cierto, están contempladas en lo que ha anunciado doña Laura. Por ello ese poder lo integran los 57 por igual, y merecen el respeto a la dignidad de su cargo, pues son los legítimos representantes del soberano.

El capítulo X posterior, se refiere al Poder Ejecutivo que, de acuerdo con el artículo 130 lo ejercen el Presidente de la República en nombre del pueblo y los Ministros de Gobierno en calidad de obligados colaboradores, son nombramientos de confianza del Presidente para la gestión administrativa y política de las diferentes carteras y su autoridad se deriva, ahí sí, de su superior, que los puede remover libremente, y obviamente no tienen la jerarquía constitucional de los miembros de los otros supremos poderes. El presidente y los vicepresidentes, cuando éstos ocupen temporalmente el cargo, lo hacen por delegación del pueblo conforme al resultado electoral, pero no son el poder absoluto, solo administradores de la cosa pública conforme al artículo 140 y las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa, ante la cual prestan juramento e informa de sus gestiones, como representantes reales del soberano.

Por último, el capítulo XI está destinado al Poder Judicial, que de acuerdo con el 152, lo ejercen los Magistrados electos por la Asamblea Legislativa que conforman la Corte Suprema de Justicia y es el tribunal superior del Poder Judicial, los demás tribunales que establezca la ley, funcionarios, y empleados en el ramo judicial dependen de él. Precisamente esa elección por la Asamblea Legislativa, es decir por los representantes del Soberano, es para garantizar lo dispuesto en el artículo 154 que señala que el Poder Judicial solo está sometido a los dictados de la Constitución y las leyes. Es decir, en sus decisiones son independientes y soberanos, y ningún otro poder puede pretender influir en ellas.

Por lo tanto, el presidente de la República, los diputados y los magistrados tienen igual rango y dignidad en el ejercicio de sus funciones constitucionales propias que, por existir la independencia de poderes, deben ser respetados en sus funciones y representaciones igualmente. Precisamente, ésta básica explicación de educación cívica, que deben saber y conocer los costarricenses, es para señalar que, lamentablemente, la presidenta Laura Fernández y el Mini Chaves desde hace más de cuatro años, han irrespetado la Constitución Política y la dignidad del cargo que les confirieron los costarricenses.

Quien ejerza la presidencia de la República debe saber que no se convoca a una encerrona, se coordina una reunión de trabajo en primer lugar; no se quitan celulares y aparatos electrónicos a los invitados y se les deja a los del Poder Ejecutivo, eso es ofensivo y humillante y un signo de desconfianza que no debe existir en esos niveles de gobierno, pues no son enemigos, son miembros por igual de los supremos poderes. Pero especialmente no puede pedirse al presidente de la Corte Suprema de Justicia que “termine la persecución política a funcionarios de gobierno”, ¿cuál? Si fuera que la hay, no habrían archivado la mayoría de las acusaciones contra el Mini Chaves y si las hay pendientes y en trámite es porque se justifican, igual que las que se encuentran en la Fiscalía contra 14 diputados del PPSO, protegidos por la red de cuido creada por ellos para los nuevos “ticos con corona”. Más grave aún, si esa petición viene acompañada de una amenaza presupuestaria contra la corte, que obligó a la magistrada Patricia Solano a desmentir a doña Laura públicamente. Y si nos referimos a la “conferencia de prensa” por el tono, el lenguaje ofensivo contra los diputados “invitados”, el fiscal general, y la magistrada Solano y del ataque público al gobierno de Panamá, se concluye que el concepto mínimo de la dignidad del cargo no lo conoce, con el agravante que como presidentes de este país, cuando insultan, agravian, mienten, ofenden, calumnian y engañan lo hacen a nombre de todos los costarricenses a quienes representan, y no todos somos tan básicos.

Se que posiblemente esta explicación no llegue por algoritmos a los “ticos básicos” del chavismo, así calificados por Pilar Cisneros, que creen sus mentiras y viven felices sumergidos en el engaño. Pero guardo la esperanza de que, poco a poco, se convenzan de que se han burlado de ellos miserablemente, se rebelen y exijan respeto a su propia dignidad, pues como dice el dicho…. a pellizcos se mata un burro.

Laura Fernández en el banquillo: El peligro del populismo efectista y las cortinas de humo

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por JoseSo (José Solano-Saborío) / Entre Verdades y Opiniones

La reciente escena protagonizada por la presidenta Laura Fernández frente al magistrado Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia, está lejos de ser un simple exabrupto. Es, por el contrario, una pieza fríamente calculada dentro del engranaje de un estilo político heredado de su mentor, Rodrigo Chaves. Es un libreto grotesco que prioriza el espectáculo y la humillación pública por encima del debate de altura y el respeto institucional.

Interpelar públicamente a un magistrado por sus 37 años de carrera, reduciendo su trayectoria a la insinuación malintencionada de “cargos vitalicios” y supuestos “favores políticos”, para luego coronar el ataque comparando ese tiempo de servicio con sus propios 39 años de vida, es un acto de manipulación efectista. Es, además, una comparación peligrosamente descontextualizada, más de alguien que tiene la mitad de sus 39 años de vida viviendo del erario público como funcionaria de gobierno en puestos de confianza y ministeriales. Sin mencionar que su mentor —sin cotizar para ello— es hoy un ex presidente pensionado de lujo y con doble sueldo de ministro.

Es imperativo establecer la línea divisoria que el discurso oficialista intenta borrar: la abismal diferencia entre un cargo político-administrativo y la magistratura judicial. Los puestos políticos son, por naturaleza, transitorios; responden al vaivén de la voluntad popular, a la coyuntura electoral y a la necesidad de alternancia en el poder. Cualquiera con el respaldo de los votos puede ocuparlos.

Sin embargo, la labor de un juez supremo es de una naturaleza completamente distinta. Su responsabilidad central es la generación de jurisprudencia, la interpretación de la norma y la protección del orden constitucional. Para ejercer un cargo técnico-jurídico de esta magnitud no basta el carisma ni el verbo encendido; se requiere una vida entera de estudio, madurez académica y una experiencia que solo otorgan las décadas de análisis profundo. En las democracias más sólidas del mundo, la longevidad y la estabilidad de los jueces no son vistas como un “abuso”, sino como la mayor garantía de independencia frente a las presiones efímeras de los políticos de turno.

Al ignorar estas diferencias fundamentales, la señora presidenta peca de lanzar una ofensa injuriosa. Su objetivo no es promover una reforma institucional seria, sino ejecutar un acto populista diseñado a la medida de sus acólitos. Es un discurso estridente que alimenta a quienes disfrutan del insulto y la degradación de la autoridad, funcionando como el antídoto perfecto para aliviar la disonancia cognitiva de sus seguidores más ciegos.

Pero, como en todo truco de ilusionismo político, lo que importa no es la mano que se agita, sino lo que se esconde detrás. Este acto vil y desconsiderado hacia el jerarca de uno de los Poderes de la República es, en realidad, un distractor de manual.

Es la cortina de humo perfecta, lanzada estratégicamente en el rostro de la ciudadanía, para hacer olvidar a la masa enajenada el verdadero elefante en la habitación: su mentira sobre el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP). Mientras el país se enfrasca en discutir la edad de la mandataria frente a los años de servicio del magistrado, el debate sobre el futuro de los ahorros y las pensiones de los costarricenses queda convenientemente relegado al olvido.

Gobernar a base de humillaciones y espectáculos para tapar las propias falsedades es un juego peligroso. Costa Rica no necesita líderes que incendien la institucionalidad para ganar el aplauso fácil de la galería, sino estadistas que asuman la verdad, por más incómoda que esta sea. A fin de cuentas, la historia es implacable y siempre tiende a darle su verdadero lugar a los políticos populistas, manipuladores y autocráticos. Que lo digan, si no, figuras nefastas como Benito Mussolini en Italia, Jorge Rafael Videla en Argentina o Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana, entre tantos otros que dedicaron sus cuotas de poder a humillar y denigrar a quienes les plantaban oposición. El aplauso efímero del fanático nunca los salvará del juicio definitivo de la historia.

Perú: ¿Es posible recuperar la democracia?

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

SERVINDI / pressenza

“La democracia es mejor entendida como un régimen en constante construcción, sujeto a retrocesos y avances, y que requiere para su concreción de una ciudadanía vigilante y activa”.

XXI Encuentro de Derechos Humanos: ¿es posible recuperar la democracia?

Texto del IDEHPUCP*

Idehpucp, 5 de mayo, 2026.- Esta semana se desarrolla el Encuentro de Derechos Humanos que desde hace veintiún años organiza el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP. Este año el encuentro está enfocado, como no podía ser de otro modo, en las perspectivas que se delinean a partir del proceso de elecciones generales. Esas perspectivas motivan, evidentemente, una extrema inquietud respecto del futuro de la democracia en el Perú.

Los cinco años pasados, en los que hemos presenciado una sistemática destrucción de la institucionalidad democrática por parte de los grupos que ocupan el Congreso, pintan ese futuro con matices muy oscuros. Esto ha llegado al punto de que diversos observadores –individuales o institucionales, nacionales o extranjeros– han puesto en discusión que el régimen actual pueda seguir llamándose una “democracia” en sentido estricto.

La realización de la primera vuelta electoral subraya de una manera bastante clara esta crítica situación. Por la negativa de uno de los perdedores –el candidato López Aliaga– a aceptar los resultados, se ha desencadenado un conato de desestabilización institucional en el cual el Estado de Derecho ha sido transgredido o puesto en cuestión de variadas maneras por todos los coaligados en la tesis del “fraude”.

Como ya se ha comentado antes, más allá de la intemperancia y los reflejos autoritarios y violentos del candidato perdedor y su entorno, esa desestabilización, centrada ahora en la interferencia con el sistema electoral, ha contado con el concurso de la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.

A ello se ha sumado en los últimos días el alcalde de Lima encargado (tras el abandono del cargo por López Aliaga), quien, utilizando recursos de la comuna, ha empezado a operar como una pieza más del mecanismo planteando acciones legales sin ningún fundamento –y sin que esto sea tarea de la autoridad municipal.

Esta circunstancia, que es un último ejemplo de la descomposición política mencionada, refuerza la importancia de la reflexión que el Idehpucp ha propuesto para su XXI Encuentro de Derechos Humanos. Este ha sido concebido como un llamado a reconocer que la supervivencia de la democracia está en juego y a preguntarse de qué maneras sería posible evitar un hundimiento más profundo en el autoritarismo –y en sus nexos con la corrupción y el crimen organizado– que ha sido la tónica del último lustro.

Con el título de «Recuperar la democracia. La urgencia del Estado de Derecho» el Encuentro desarrolla estas cuestiones en tres ejes. El primero –“¿Qué democracia estamos habitando?”– propone tomar una medida realista o incluso descarnada de la situación presente. Se trata de analizar las diversas formas de desmantelamiento del Estado de Derecho y la institucionalidad democrática llevado a cabo por el Congreso con la anuencia o complicidad del Poder Ejecutivo. Además de eso, en este eje se analizará lo que nos dicen los resultados de la primera vuelta en términos de una reacción democrática –o ausencia de ella– frente a este panorama.

El segundo eje –“La esfera pública en crisis”– constituye un acercamiento a las transformaciones sociales que se conjugan con esa descomposición o que, eventualmente, podrían servir para revertirla. Es imprescindible, en este punto, observar los cambios en el discurso público marcados por la proliferación de la desinformación y los discursos de odio, todo ello amplificado, o, de hecho, posibilitado por la imparable revolución tecnológica de los canales de comunicación. Las redes en plataformas digitales son el carril por donde circulan las mentiras oficiales o masivas y la polarización: ¿será posible hallar en ellas, también, un antídoto contra esas tendencias?

Preguntas como esta son la materia del tercer eje titulado “Ciudadanías en movimiento y prospectiva democrática”. Si es imprescindible reconocer la magnitud de la crisis, también lo es detectar los medios que tiene la sociedad para hacerle frente. Por ello se hará aquí una reflexión sobre los sentidos de la movilización social y sobre cómo la defensa de los derechos humanos es un ideal y a la vez un recurso para la recuperación política del país.

Como señaló en su conferencia inaugural el jurista Antonio Maués, profesor del Instituto de Ciencias Jurídicas de la Universidad Federal do Pará (Brasil), la democracia es mejor entendida como un régimen en constante construcción, sujeto a retrocesos y avances, y que requiere para su concreción de una ciudadanía vigilante y activa. Este Encuentro, al poner el acento sobre el proceso de deterioro y los diversos factores que hoy en día conspiran contra la democracia en el Perú y en muchas otras naciones y regiones, se plantea no como un llamado a la resignación, sino como una señal de alerta que, precisamente, reactive o refuerce la defensa del Estado de Derecho y los derechos humanos en nuestra comunidad.

*Boletín semanal del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP):
https://idehpucp.pucp.edu.pe/boletin-eventos/editorial-xxi-encuentro-de-derechos-humanos-es-posible-recuperar-la-democracia/

El primer ministro en la sombra: la billetera y el látigo en Zapote

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por JoseSo (José Solano-Saborío)

Se consumó el acto. Lo que analistas en teoría política y derecho constitucional advertíamos como una amenaza latente, hoy es una realidad institucional: Rodrigo Chaves no se ha ido, simplemente ha mutado. La designación oficial del expresidente como ministro de la Presidencia, con el agravante inaudito del recargo como ministro de Hacienda, despoja a la administración de Laura Fernández de cualquier velo de autonomía. Estamos frente a un bicefalismo ejecutivo donde la presidenta ostenta la banda, pero Chaves retiene el mazo del poder.

Analicemos la gravedad técnica de esta concentración. Este movimiento requiere una lectura cuidadosa desde la teoría del Estado y la administración pública.

En la práctica administrativa y política, fusionar Presidencia y Hacienda en una sola figura no es una simple optimización de gabinete; es la creación de un “Súper Ministerio” diseñado para la extorsión política legalizada. El Ministerio de la Presidencia es el operador nato, el encargado de la negociación legislativa y el tejido de alianzas. Hacienda, por su parte, es el dueño de la caja.

Cuando el operador político es el mismo que decide si se gira o se retiene el presupuesto, el diálogo democrático desaparece y es sustituido por el chantaje. ¿Un alcalde opositor necesita fondos para un puente? Dependerá de cómo voten sus diputados. ¿La Corte o las universidades reclaman su presupuesto por mandato constitucional? Se les asfixiará financieramente desde el mismo escritorio que debería propiciar el consenso. Este diseño institucional es un mecanismo perfecto para consolidar el populismo autoritario, saltándose el espíritu constitucional que prohíbe la reelección sucesiva y vaciando de poder real a la nueva mandataria.

Tensión con el espíritu constitucional

El artículo 132 de la Constitución Política prohíbe la reelección presidencial sucesiva precisamente para evitar la concentración de poder y el caudillismo. Aunque el nombramiento de un expresidente en un ministerio no viola la letra de la ley, desafía abiertamente su espíritu. Funciona como un mecanismo para perpetuar el control de una figura hiperpresidencialista, bordeando lo que en doctrina política se consideraría un “fraude de ley” al sistema de alternancia.

Ante este escenario de presidencialismo exacerbado que amenaza los cimientos del Estado Social de Derecho, la contención no puede ser tibia. El avance del populismo chavista solo se frena con una resistencia articulada, técnica y constante. Aquí propongo la hoja de ruta para los cuatro niveles de defensa democrática:

La prensa independiente y los creadores de contenido

El antídoto contra la posverdad oficialista son los datos duros y la fiscalización implacable. El periodismo y los nuevos comunicadores deben abandonar la agenda del escándalo diario —que el mismo populismo alimenta como cortina de humo— y concentrarse en la realidad material. Hay que recordarle a la ciudadanía, todos los días, los números que el discurso esconde: nuestra posición vergonzosa en la OCDE respecto a la caída histórica en la inversión de Educación Pública; el ensanchamiento de la desigualdad social; la informalidad laboral asfixiante; la pérdida de la seguridad alimentaria, y la alarmante tasa de homicidios violentos alimentada por la penetración del narcotráfico. La prensa no debe debatir adjetivos presidenciales, debe desnudar el fracaso macroeconómico y social.

El bloque de oposición en la Asamblea Legislativa (los 4 partidos)

La Asamblea es hoy el principal dique de contención. Los cuatro partidos de oposición democrática deben entender que enfrentan una maquinaria que busca dividirlos mediante el presupuesto. Su única salvación política (y la del país) es funcionar como un bloque parlamentario cohesionado frente a las pretensiones de Zapote. Deben utilizar el control político y constitucional al máximo: censurar cualquier intento de uso político del presupuesto desde Hacienda, bloquear leyes que concentren más poder en el Ejecutivo, y rechazar de plano cualquier intento de instaurar estados de excepción que socaven las garantías ciudadanas. Negociar de manera individual es firmar su propia irrelevancia.

Actores sociales: sindicatos, cámaras y sectores organizados

El populismo no tiene aliados, solo utilidades temporales. Las cámaras empresariales y los sindicatos (tanto públicos como privados) históricamente antagónicos, deben encontrar un terreno común: la defensa de la institucionalidad. La inestabilidad jurídica, el ataque a las instituciones fiscalizadoras como la Contraloría y la arbitrariedad presupuestaria destruyen tanto el clima de inversión privada como los derechos laborales adquiridos. Este nivel debe ejercer presión constante, utilizando las vías legales, la movilización social pacífica y el músculo técnico para presentar contrapuestas robustas. El sector productivo y el laboral deben rechazar la narrativa polarizante y unirse en la defensa de la certeza jurídica.

El ciudadano que adversa el chavismo

El último y más importante nivel de resistencia es el ciudadano de a pie. La estrategia aquí es la pedagogía política en el círculo inmediato: la familia, el trabajo, la comunidad. El populismo se nutre de la apatía y la desinformación. El ciudadano opositor debe convertirse en un fiscalizador local, protegiendo las instituciones comunitarias, exigiendo rendición de cuentas a sus gobiernos locales y negándose a normalizar la violencia verbal y el deterioro institucional. No se trata de confrontación estéril en redes sociales, sino de organización cívica real, de apoyar el periodismo independiente y de respaldar a las voces técnicas que el gobierno intenta silenciar.

No nos engañemos: el diseño del próximo gobierno es una anomalía democrática. Permitir que una sola figura controle la agenda política y la billetera del Estado, escudado tras una presidencia delegada, es un riesgo que Costa Rica no se puede permitir. La historia no nos perdonará si, por fragmentación o cálculo político a corto plazo, dejamos caer el andamiaje institucional que nos costó décadas construir.

¿Hacia dónde debería dirigirse el primer esfuerzo de fiscalización de esta alianza opositora una vez que Chaves asuma formalmente el control de Hacienda?

Contestemos juntos esta pregunta y empecemos a defender, con palabras y acciones a la Costa Rica que hoy nos pide, a gritos, nuestra ayuda.

Las caras ocultas de la Asamblea Legislativa

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Instituto Sindical de Formación Política

El juicio por acoso sexual contra el diputado Fabricio Alvarado, del partido Nueva República, no es un hecho aislado. Es una ventana que deja ver lo que muchas veces permanece oculto: las contradicciones, los silencios cómplices y las prácticas más degradantes dentro del poder político.

Lo que debería ser una respuesta firme, ejemplar y transparente ante una denuncia de esta naturaleza, se ha convertido en un escenario de evasivas, cálculos políticos y debilitamiento institucional. La Asamblea Legislativa de Costa Rica, llamada a garantizar el respeto a la ley, aparece hoy cuestionada en su capacidad para actuar con justicia.

El cálculo político partidario no tiene ética

Uno de los aspectos más preocupantes que deja al descubierto este caso es cómo el cálculo político partidario se impone sobre cualquier principio ético. No estamos ante hechos aislados, sino ante una práctica reiterada: proteger la imagen del partido, aunque eso implique encubrir conductas inaceptables.

Resulta particularmente grave cuando esto ocurre en partidos que alcanzaron representación política bajo un discurso religioso, apelando a valores morales, a la familia y a la “defensa de la ética”. Hoy, esos mismos sectores guardan silencio o relativizan denuncias de acoso sexual, evidenciando una profunda contradicción entre lo que predican y lo que practican.

Más indignante aún es observar a diputadas que, habiendo llegado a posiciones de poder, olvidan su condición de mujeres y la lucha histórica contra la violencia de género. En lugar de actuar con firmeza, optan por proteger estructuras de poder o compañeros de bancada, contribuyendo a la impunidad.

No se trata solo de omisiones individuales. Existen reglamentos de conducta en la Asamblea Legislativa que, en teoría, deberían garantizar sanciones claras ante este tipo de hechos. Sin embargo, cuando entran en juego intereses políticos, estos instrumentos simplemente no se aplican o se diluyen en trámites sin consecuencias reales.

La contradicción alcanza niveles aún más preocupantes cuando figuras políticas que públicamente han defendido la lucha contra el acoso sexual, hoy vuelven la mirada hacia otro lado. Este doble discurso no solo debilita la credibilidad institucional, sino que envía un mensaje peligroso a la sociedad: que la justicia depende de la conveniencia política.

Una institucionalidad que se debilita

La falta de acción contundente no solo afecta a las víctimas directas, sino que erosiona la confianza en las instituciones. Cuando quienes hacen las leyes no las respetan o las aplican selectivamente, el mensaje es claro: hay privilegios para algunos y silencio para otros.

La impunidad, en estos casos, no es casual. Es el resultado de redes de protección política que priorizan la conveniencia sobre la justicia. Y esto golpea directamente la credibilidad del sistema democrático.

Una señal peligrosa para la sociedad

Cuando se minimiza o se encubre el acoso sexual desde espacios de poder, se legitima indirectamente la violencia. Se envía una señal peligrosa: que denunciar no sirve, que la verdad puede ser ignorada y que el poder puede más que la dignidad.

Para las trabajadoras y trabajadores, este tipo de conductas no es ajeno. Es el reflejo de una cultura que muchas veces también se reproduce en los centros de trabajo, donde el abuso se silencia por miedo o por falta de respaldo.

La responsabilidad de la clase trabajadora

Frente a este escenario, el silencio no es opción. La clase trabajadora organizada tiene un papel fundamental: denunciar, exigir transparencia y defender principios éticos reales en la función pública.

No se trata solo de un caso, ni de una persona. Se trata de qué tipo de sociedad queremos construir. Una donde la justicia sea selectiva, o una donde la dignidad humana esté por encima de cualquier cálculo político.

Conclusión: sin ética no hay democracia

Lo que hoy se revela en la Asamblea Legislativa no es solo un escándalo político. Es una señal de alerta sobre el deterioro de la ética en la función pública.

Si los valores se negocian y la justicia se acomoda a intereses partidarios, la democracia pierde su sentido.

Por eso, desde el movimiento sindical y desde el INSTITUTO SINDICAL DE FORMACIÓN POLÍTICA, reafirmamos una convicción clara:
sin ética, no hay democracia. Y sin democracia real, los derechos de la clase trabajadora están en riesgo.

Carta de apoyo a la Jueza de Ejecución de la Pena – para firmar

Escrito en . Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

20 abril, 2025

Kattia Carballo Chacón

Jueza de Ejecución de la pena

Primer Circuito Judicial Alajuela

Estimada señora Jueza:

Reciba este mensaje como un abrazo colectivo, firme y solidario, de mujeres y organizaciones que reconocemos la gravedad de lo ocurrido y el momento que atraviesa el país.

La agresión que sufrió no puede entenderse como un hecho aislado. Ocurre en un contexto de creciente violencia, de polarización política y de discursos que han ido debilitando el respeto hacia quienes ejercen funciones públicas, especialmente cuando se trata de decisiones que incomodan o que defienden derechos fundamentales.

Sabemos que su labor no es sencilla. Implica sostener criterios jurídicos en medio de presiones, incomprensión y, cada vez más, exposición pública. Cumplir con el deber en esas condiciones requiere no solo conocimiento, sino también una enorme fortaleza personal.

Por eso hoy queremos expresarle respaldo, reconocimiento y sororidad. Ninguna mujer debería enfrentar agresiones por ejercer su trabajo. Ninguna funcionaria judicial debería ser convertida en blanco de ataques por cumplir con la ley.

Nos preocupa profundamente que las denuncias previas de hostigamiento no hayan sido atendidas con la urgencia necesaria. Nos preocupa el clima que permite que la violencia escale. Y nos preocupa, sobre todo, que se normalice.

Este no es solo un asunto individual. Es un llamado a la sociedad.

A no guardar silencio frente a la violencia.

A no justificar el odio cuando se disfraza de opinión.

A defender la institucionalidad, incluso cuando no compartimos todas sus decisiones.

La independencia judicial no es un privilegio de quienes administran justicia. Es una garantía para toda la ciudadanía.

Hoy más que nunca se requiere una reacción colectiva, clara y firme. No solo para acompañar a quien ha sido agredida, sino para evitar que estos hechos se repitan.

Cuenta con nuestra solidaridad.

Firmado,

Colectivas feministas, organizaciones de mujeres y personas que no aceptan la violencia como forma de convivencia.

Le invitamos a unir tu firma: https://forms.gle/WBRJnqqiTJK2k7S66

Condena enérgica ante la agresión a integrante de la judicatura

Escrito en . Publicado en Derechos.

Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica

Comunicado

El respeto a la integridad física y moral de los administradores de justicia es una piedra angular de cualquier Estado Social y Democrático de Derecho. Ante los hechos ocurridos el pasado viernes 17 de abril , en los que la jueza de la República Kattia Carballo fue objeto de una violenta agresión en Heredia, desde el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica manifestamos nuestro más profundo y enérgico rechazo.

Los ataques dirigidos contra los funcionarios judiciales no solo representan una vulneración inaceptable a la integridad personal de quienes administran justicia, sino que constituyen una ofensa directa contra la institucionalidad y la autoridad del Poder Judicial. La discrepancia con las resoluciones judiciales debe canalizarse estrictamente a través de los recursos legales pertinentes; nunca, en ninguna circunstancia, mediante la violencia, el acoso o la agresión física.

Ya se dijo antes. Exigimos que estos actos sean investigados con celeridad y que los responsables sean castigados con todo el peso de la ley conforme a lo dispuesto en nuestra Constitución Política y las disposiciones del Código Penal aplicables a la agresión contra funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, sentando un precedente claro de que la justicia no se amedrenta ante la coacción.

Hacemos un llamado urgente al Poder Judicial para que  actúe  de manera inmediata y decidida, garantizando la protección de sus funcionarios en el ejercicio de sus cargos.

Instamos respetuosamente a la Corte Plena para que emita una respuesta contundente y pública en defensa de la independencia judicial. Es imperativo que la cúpula judicial envíe un mensaje inequívoco de respaldo a la judicatura y de rechazo absoluto a cualquier forma de intimidación externa.

El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica se mantendrá vigilante y en alerta permanente, y de no obtenerse una respuesta institucional satisfactoria, se valorará las acciones legales y gremiales que correspondan. Velaremos porque el imperio de la ley y el respeto mutuo sigan siendo los ejes que rijan nuestra convivencia nacional.

Lic. Miguel Arias Maduro
Presidente

La ilusión de la mano dura: Bukele, Trump y el riesgo de dinamitar nuestro ADN tico

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por JoseSo (José Solano-Saborío)

La tentación de importar milagros siempre ha sido el talón de Aquiles de las democracias fatigadas. En los últimos años, Costa Rica ha comenzado a mirar de reojo hacia el norte de su la región centroamericana, embelesada por la promesa de la mano dura y la supuesta eficiencia fulminante. Sin embargo, intentar calzar el modelo salvadoreño en la realidad costarricense es ignorar el abismo histórico, institucional y existencial que separa a ambas naciones. Para entender por qué el espejismo autoritario es incompatible con nuestro ADN, debemos primero desvestir la ilusión de que somos sociedades equiparables.

Nuestra matriz existencial se forjó desde lugares diametralmente opuestos. La Costa Rica moderna se construyó a partir de 1948 sobre una premisa insólita para la región: la abolición del ejército y la edificación de un Estado de bienestar robusto, con la seguridad social y la educación pública como grandes igualadores. Históricamente, hemos apostado por la tiza sobre el fusil, cultivando una fe casi dogmática en el derecho, el consenso y el equilibrio de poderes. El Salvador, por el contrario, ha escrito su historia en clave de supervivencia. Atravesado por décadas de dictaduras militares y una guerra civil que dejó cicatrices profundas, su transición a la paz fue trágicamente secuestrada por la barbarie de las pandillas. La sociedad salvadoreña, acorralada por el terror diario, llegó a un límite de agotamiento donde estuvo dispuesta a sacrificar sus libertades constitucionales a cambio de no morir en la calle. Costa Rica, mientras tanto, sangra por una herida muy diferente, con penetración de organizaciones criminales internacionales.

A pesar de esta abismal diferencia, a partir del 2022 hemos presenciado un giro inquietante en nuestro país. El chavismo tico ha comenzado a imitar un libreto que no encaja con la esencia de Costa Rica por el “éxito” cortoplacista, que consiste en esconder su problemática social “debajo de la alfombra”, aprovechando para, entre la basura, desaparecer a opositores y críticos. Bajo la bandera del anti-establecimiento, se ha importado una retórica confrontativa que busca desacreditar sistemáticamente a la prensa independiente, a los órganos de control y a los cimientos mismos de nuestra democracia. Este intento de aplicar una receta autoritaria y centralista en la otrora “Suiza centroamericana” genera una fricción destructiva. Nuestras instituciones fueron diseñadas meticulosamente para evitar que un solo líder acumule el poder absoluto; intentar forzar el modelo de excepción salvadoreño aquí es como intentar operar un marcapasos a martillazos.

El peligro de romantizar esta deriva populista se vuelve aún mayor cuando la fachada del modelo a imitar comienza a resquebrajarse. La narrativa de la paz salvadoreña, vendida como un triunfo absoluto de la voluntad presidencial, oculta un costo oscuro que hoy está más expuesto que nunca. Recientes investigaciones y reportajes de la cadena estadounidense CBS han sacado a la luz nuevas pruebas, a partir de la denuncia del medio salvadoreño “El Faro”, que confirman lo que muchos teman y otros sospechamos: el pacto original del gobierno de Nayib Bukele con las pandillas. Las denuncias documentan cómo, para cimentar su popularidad inicial, se negoció la liberación de líderes históricos de la MS-13.

Ese oscurantismo se agrava al observar las nuevas dimensiones internacionales del bukelismo. Lejos de ser un modelo de soberanía, El Salvador ha profundizado sus nexos con Donald Trump, ofreciendo el publicitado megadespliegue del CECOT no solo como prisión local, sino como una pieza en el engranaje de las políticas de deportación masiva estadounidenses. Someter la soberanía nacional para convertirse en un apéndice carcelario de intereses extranjeros, en medio de severas denuncias internacionales por tortura y violaciones al debido proceso, no es un modelo de éxito, es la claudicación del Estado de derecho.

A la peligrosa importación de este espejismo autoritario se suma, además, un error conceptual tan básico como destructivo. El modelo que el oficialismo intenta vendernos ignora deliberadamente la naturaleza de nuestro propio mal. Las maras salvadoreñas y su brutal violencia territorial no son, ni de cerca, equiparables a las complejas, equipadas y multimillonarias redes transnacionales del narcotráfico que hoy infiltran a Costa Rica. Intentar desmantelar la sofisticada maquinaria del crimen organizado y los grandes carteles de la droga aplicando tácticas de encierro masivo diseñadas para pandillas, no solo es una ingenuidad operativa, sino que equivale a dispararle al objetivo equivocado mientras el verdadero enemigo sigue avanzando sin oposición ni estrategia de contención real.

Costa Rica está a tiempo de mirarse al espejo y reconocer su propia valía. El Salvador entregó las llaves de su democracia empujado por una necesidad extrema y el trauma del plomo; nosotros corremos el riesgo de entregarlas por pura frivolidad populista. Prometernos seguridad y eficiencia dinamitando los puentes institucionales que construyeron nuestros abuelos solo nos llevará hacia un modelo cimentado en pactos opacos y sumisión, que no resuelve por el fondo las causas de la delincuencia, la brecha social, la desigualdad y la exclusión. El verdadero patriotismo hoy no exige mano dura, sino la valentía de defender la democracia que nos hizo excepcionales.

El delirio del presidente Chaves se lo quiere pasar a la presidenta Laura Fernández

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

El presidente Rodrigo Chaves ha venido delirando, al menos por ahora, pero sin tener más posibilidad de hacerlo, porque se le acaba el tiempo posible para ver, tan solo ver, materializada su razón perturbada, su locura, su desorientación y su pérdida de la realidad política, de su salida del surco democrático tradicional que está viviendo el país, para tratar de fundar la Tercera República de Costa Rica.

Tuvo algunos chispazos que lo acercaron a la posibilidad de diseñar su idea de Tercera República. Lo más cerca y englobante que hizo fue percibir que todos los que gobernaron antes que él, desde 1949 hasta su ascenso presidencial en el 2026, la totalidad de 17 presidentes, en sus 19 gobiernos, que han habido desde 1949, todos fueron dictadores y tiranos, que solo gobernaron para los ricos, los empresarios, los banqueros, agentes financieros, productores, importadores, exportadores y comerciantes, entre otros representantes de pequeños grupos que gravitaron y pervivieron con ellos.

Que todos ellos gobernaron contra el pueblo fue su afirmación, para distinguirse él como el que quería gobernar para el pueblo, pero que las estructuras políticas por ellos montadas, desarrolladas institucionalmente no le permitían hacerlo. De allí sus delirantes ataques a todo el andamiaje político, institucional y estructural del Gobierno y del Estado, de los Poderes del Estado, de los partidos políticos, de todos los políticos, y los medios de comunicación en general, especialmente de los que no controla o no somete a los designios de sus desmanes discursivos.

Figueres empezó a plantear su proyecto de Segunda República en función de una práctica política que estaba viviendo, de una década muy convulsa por la II Guerra Mundial, por los cambios enormes que se estaban dando no solo en el escenario internacional, sino también en el nacional.

En lo internacional el fascismo caracterizaba y dominaba el escenario. La lucha contra el fascismo era lo principal. El fascismo, representado por Alemania, Italia y Japón era expansivo en la práctica, avanzaba militarmente, ocupando y avasallando pueblos, naciones y países en procura de acabar con la Unión Soviética, en ese momento, el único gran país representativo del socialismo mundial. En la lucha internacional la lucha contra el fascismo era la lucha por la Democracia, por la Democracia en el sentido más amplio posible. El fascismo significaba dictadura, tiranía, opresión, despotismo, autoritarismo, ausencia de libertades y limitación de derechos ciudadanos, persecución, represión y muerte de ciudadanos y aniquilamiento total de pueblos, censura, cárcel, campos de concentración y exterminio étnico, racial.

La guerra que impulsaban los nazifascistas era de tierra quemada, era la estrategia de destruir toda la infraestructura que se encontraran, todos los recursos, los cultivos, las viviendas, los suministros y medios de subsistencia propios o del enemigo para evitar que este los aproveche, provocando una devastación total, a todos los seres humanos que se encontraran en su paso, que podía servir como medios de subsistencia propios o del considerado enemigo para evitar que fueran aprovechados. El fascismo provocaba la devastación total.

Ese escenario tenebroso internacional el presidente Chaves lo está viviendo, con Israel y el gobierno dirigido por Donald Trump, que está dispuesto a acabar con “una civilización” como lo ha afirmado, y de avanzar a golpe de guerras para imponer su hegemonismo político, económico y financiero, diseñando el mundo a su gusto geopolítico y geoestratégico, reeditando en un solo paquete las políticas de Estado norteamericano de las Doctrina Monroe, la Doctrina del Destino Manifiesto, la del Gran Garrote, la Doctrina Truman de la Guerra Fría, la del intervencionismo militar y de ocupación de países, de control de aduanas, de guerras de dominación, de control de regiones productivas de materias primas estratégicas para los procesos industriales y económica, de control de regiones de mano de obra baratas y control de regiones para la venta de sus productos, de manera cara, elaborados con esas materias primas y esas manos de obras baratas.

Estamos justamente reviviendo ese escenario mundial que dio origen al llamado imperialismo del siglo XX.

En el plano nacional Figueres en la década de 1940-1948 nunca, para proponer su Segunda República, enfrentó el desarrollo institucional del país, ni atacó a quienes habían sido los gobernantes de la República que estaba viviendo, la surgida en 1848. De manera especial mostró gran afecto, y exaltó y valoró, a los grandes presidentes anteriores a 1940, como fueron Cleto González Víquez, y muy especialmente para él, a Ricardo Jiménez Oreamuno y a León Cortés Castro.

Nacionalmente no estaba de acuerdo con los gobiernos de Rafael Ángel Calderón Guardia, 1940-1944 y de Teodoro Picado Michalski, 1944-1948. Con el de Calderón por haberlo expulsado del país, por haberse alineado en la lucha internacional antinazi y antifascista con la alianza democrática internacional encabezada por la Unión Soviética, Francia, Inglaterra y desde diciembre de 1941 también con Estados Unidos, que se sumó a esa lucha. También por haberse aliado a los comunistas y a la Iglesia Católica para aprobar en 1943 la Reforma Social y el Código de Trabajo. Figueres no estaba de acuerdo con el gobierno de Teodoro Picado por considerar que había surgido de un fraude electoral. Con ambos gobiernos por considerarlos corruptos y que habían traicionado los ideales y valores de la República Liberal que se había formado hasta ese entonces.

El presidente Chaves, de chivos expiatorios no enfrentó a sus dos gobiernos anteriores, los del partido Acción Ciudadana, el de Luis Guillermo Solís Rivera, 2014-2018 y el de Carlos Alvarado Quesada, 2018-2022, siendo éste el que lo trajo y lo incrustó a la vida política nacional, y lo pegó al gustoso respirador artificial de la Presidencia, de la cual no quiere separarse. De chivos expiatorios agarró al partido Liberación Nacional que de los 16 gobiernos que ha habido desde 1953 ha gobernado en 9 ocasiones y lo que representa la Unidad Social Cristiana lo ha hecho en 6 ocasiones. De sus presidentes se ha concentrado en atacar constantemente, de manera enfermiza, al Dr. Oscar Arias Sánchez y a Laura Chinchilla Miranda, como los causantes de todos los males del país.

Imitando a Figueres, en sus ataques a Teodoro Picado, el presidente Chaves ha atacado al Tribunal Supremo de Elecciones. Si no ha podido hablar de fraude contra él, que le validó su triunfo electoral del 2022, intentó hacerlo en el pasado proceso electoral amenazando que el Tribunal Supremo de Elecciones, quería hacer un fraude contra él, su gobierno y lo que en las elecciones a él lo pudiera representar. Sin embargo, la funcional democracia costarricense validó el triunfo de su candidata Laura Fernández Delgado, y el pueblo costarricense, como en todos los procesos electorales anteriores aceptó el resultado expresado en urnas. Educación política, educación cívica, valores democráticos y tradición histórica electoral, asimilados durante la Segunda República se hicieron presentes el pasado primer domingo de febrero, validando un triunfo indiscutible en su resultado.

El presidente Chaves se ha alineado a las políticas internacionales, injerencistas, imperialistas, profascistas, autoritarias, guerreristas y también anticomunistas del presidente Trump.

Su anticomunismo, el de Chaves, totalmente enfermizo, sin entender ni conocer que el Partido Comunista de Costa Rica, Vanguardia Popular, como realmente se llama, no participa en elecciones, y que su secretario general, Humberto Vargas Carbonell la última vez que fue diputado fue en 1990, y que desde entones tampoco han electo diputados.

Que ha habido diputados de izquierda sí, y los hay, pero no son comunistas, miembros del partido comunista, ni proclaman luchar por el establecimiento del comunismo. Y, parece que el presidente Chaves tiene vista corta que no le permite apreciar que en todo el mundo solo hay cinco países que están siendo gobernados por un partido comunista, la República Popular China, Cuba, Laos, la República Popular Democrática de Corea y la República Socialista de Vietnam. En América Latina solo la República de Cuba se define como una república Socialista. Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil, Venezuela, Nicaragua, Granada, Haití, República Dominicana, Granada, Panamá y México, en la historia de los últimos 60 años han tenido en ocasiones gobiernos reformistas, de carácter Progresista no comunista. Los gobiernos progresistas que han tenido no han proclamado impulsar el socialismo ni el comunismo.

El presidente Trump actualmente está interesado en borrar en el continente todo vestigio de progresismo y de reformismo político, al estilo de lo que fue el macartismo en la década de 1950, en los Estados Unidos, y al estilo de lo que fue la instalación de dictaduras militares y de gobiernos dictatoriales en el continente en la segunda mitad del siglo pasado.

Acabar con China, con Rusia o con Irán, para Trump, hoy no es un problema de comunismo versus capitalismo. Es un problema económico, de control de la economía mundial, de control de las regiones productoras de materias primas estratégicas y de control de las rutas mundiales del comercio, así como de control del flujo de las monedas con que se paga todo esto, el dólar estadounidense u otras monedas internacionales.

El presidente Chaves ha procurado que la presidenta electa Laura Fernández abrace sus posturas políticas. La está alineando en lo que puede dar proyección de continuismo político y gubernativo. Si La presidenta se monta en ese patín se va a descalabrar. Ella debe gobernar con su pensamiento propio si quiere salir airosa en su futuro gobierno. No debe convertirse en la caja de resonancia de Chaves. Eso es lo peor que le puede ocurrir.

Tiene mujeres presidentas para compararse. En el continente americano tiene por lo menos cuatro referencias, Eva Perón, Michelle Bachelet, Dilma Rousseff, Claudia Sheinbaum. Ojalá pudiera emular con la actual presidente de México.

Si la presidenta Laura Fernández Delgado se queda de furgón de cola del presidente, ministro, si llega a ponerlo, Rodrigo Chaves, si lo trata de imitar en sus malos modales, en su vulgaridad protocolaria y discursiva, si se faja por emular con él una añeja narrativa política, más que desvariar va a tener perturbada su razón para un buen gobierno. Si se mantiene en la línea de los despropósitos y disparates chavistas va a ser exhibicionista de una enfermedad o una pasión violenta, que reflejará la perturbación de sus facultades mentales en confusión aguda de la realidad nacional, alucinación de sus relaciones política, en narrativas ilógicas que la colocarán en una falsa consciencia del entorno.

Laura Fernández si se pone a imitar a Trump o a Chaves parecerá totalmente alucinante. Pero debe recordar y tener presente que ella es la presidenta, que Chaves será tan solo su ministro y que el presidente Trump de continuar el camino que lleva a las elecciones del Congreso y el Senado de los Estados Unidos, en noviembre próximo, el Congreso y el Senado con el pueblo estadounidense movilizado como está, le tendrán sus días contados.

Si Laura Fernández quiere impulsar la Tercera República debe hacerlo con cabeza propia, no ajena; debe elaborar su propia narrativa. Debe analizar por qué la necesidad de una Tercera República y cuáles han de ser sus pilares. Debe abrir un gran debate nacional sobre la posibilidad de avanzar hacia una Nueva Costa Rica, definida en una Tercera República.

Si se quiere ir a una Tercera República que no sea ir a un período de agitación política, de creencias alteradas, de experimentación de alucinaciones, de trastornos delirantes crónicos, como patología psiquiátrica de presencia de ideas delirantes bien sistematizadas, con alucinaciones y alteraciones del lenguaje y el pensamiento, que lleven al deterioro de la personalidad nacional costarricense, y produzca no personas pensantes, sino fanáticos delirantes, excitados, frenéticos, locos, salvajes.

Que el delirio nacional por una Tercera República no se convierta en una demencia nacional a lo largo de los meses del próximo gobierno.

Cuando la Doctrina Monroe vuelve a hablar…

Escrito en . Publicado en Análisis.

Rodrigo Campos Hernández

Cuando la Doctrina Monroe vuelve a hablar: lenguaje, poder y soberanía en el hemisferio. A propósito del discurso del secretario de Guerra de Estados Unidos Pete Hegseth en la Conferencia de las Américas contra los Cárteles del 5 de marzo de 2026.1

1 Este es un ejercicio de lectura crítica sobre el discurso de seguridad hemisférica actual.

1. Introducción: cuando el lenguaje reorganiza la realidad1

El discurso que aquí se analiza fue pronunciado por el secretario de Defensa de Estados Unidos en el marco de una convocatoria impulsada por el presidente Donald Trump en Florida, en la que participaron diversos presidentes y ministros de seguridad de América Latina y el Caribe.

El encuentro tenía como objetivo articular una estrategia regional de seguridad —incluido el denominado “Escudo de las Américas”— orientada a fortalecer la lucha contra los carteles y otras amenazas transnacionales.

El contexto no es menor. Se trata de un momento de reconfiguración geopolítica, en el que se redefinen alianzas, amenazas y marcos de acción en el hemisferio. El emisor habla desde una posición de poder estatal con capacidad de incidir materialmente en la región, mientras que los receptores —autoridades políticas y de seguridad— son potenciales traductores institucionales de ese discurso.

En este punto, una pregunta resulta inevitable: ¿qué sentido tiene realizar un análisis de este tipo?

La interrogante no es menor. A primera vista, podría parecer que se trata de un ejercicio meramente interpretativo, sin consecuencias prácticas inmediatas. Sin embargo, en contextos como el actual, los discursos no son simples declaraciones. Funcionan como dispositivos que orientan decisiones, legitiman políticas y delimitan lo que aparece como posible o necesario.

Analizar un discurso de esta naturaleza no es, por tanto, un ejercicio teórico abstracto. Es una forma de intervenir críticamente en las condiciones mismas en que se toman decisiones públicas.

Para América Latina, esta cuestión adquiere una relevancia particular. Históricamente, la región ha sido escenario de múltiples formas de influencia externa, muchas de ellas justificadas precisamente a través de narrativas que apelan a la seguridad, el orden o la estabilidad. En ese sentido, comprender cómo se construyen esas narrativas permite también reconocer sus implicaciones políticas.

En el caso de Costa Rica, el análisis resulta especialmente significativo. Se trata de un país cuya tradición política se ha construido en torno a la institucionalidad democrática, el derecho internacional y la ausencia de fuerzas armadas. La incorporación acrítica de marcos discursivos que privilegian la lógica de seguridad militarizada no es un movimiento neutro: puede implicar transformaciones profundas en la forma en que se conciben la seguridad, la soberanía y el papel del Estado.

Hay discursos que no necesitan exagerar para ser efectivos. Les basta con organizar cuidadosamente el lenguaje. No se imponen por la fuerza de sus afirmaciones, sino por la forma en que seleccionan, ordenan y silencian. En consecuencia, este trabajo parte de una hipótesis: “la eficacia del discurso analizado no radica en su contenido explícito, sino en su arquitectura semántica”.

Debemos tener claro, entonces, que hay discursos que no solo buscan persuadir: buscan reorganizar el mapa mental desde el cual una sociedad decide qué teme, qué tolera y qué está dispuesta a aceptar en nombre del orden. El discurso de Pete Hegseth pertenece a esa clase de discursos.

Su relevancia no radica únicamente en sus afirmaciones explícitas, sino en algo más profundo: en la forma en que articula una nueva gramática política para el hemisferio. Bajo el lenguaje de la seguridad, la cooperación y la defensa, se perfila una reconfiguración de las relaciones entre Estados que merece ser examinada con cuidado. Es en este sentido, que este trabajo propone una lectura distinta: no centrada en la reacción inmediata, sino en el análisis de las estructuras semánticas y discursivas que sostienen el mensaje.

2. Enfoque metodológico

El análisis se inscribe en el campo del análisis crítico del discurso. No se trata de determinar si el texto es verdadero o falso, sino de identificar: a. los nudos semánticos que organizan su coherencia, b. las operaciones lingüísticas que permiten su funcionamiento, c. los desplazamientos conceptuales que produce, d. y los silencios estructurales que lo hacen posible. En consecuencia, se procedió mediante: a. Identificación de unidades discursivas clave, b. análisis de su textura lingüística, c. reconstrucción de efectos de sentido, d. identificación de ausencias significativas y e. la confrontación con referentes empíricos

3. Nudos semánticos del discurso

Cuadro 1. Síntesis estructural

NUDO

OPERACIÓN

EFECTO

Nativos

Desplazamiento

Identidad sobre ciudadanía

Soberanía

Redefinición

Tutela implícita

Inclusión

Reconfiguración

Jerarquía

Seguridad

Expansión

Militarización

Narco-comunismo

Hibridación

Enemigo total

Víctima

Narrativa

Excepcionalidad

3.1 El sujeto que desaparece

Cuando el texto habla de “nativos de distintos estados actuando juntos por primera vez” (traducción libre del autor), no utiliza términos como “ciudadanos” o “pueblo”. La elección no es menor. La palabra “nativos”, en este contexto, remite más a origen, pertenencia y arraigo que a ciudadanía política moderna. El desplazamiento es claro: del sujeto jurídico al sujeto identitario. La comunidad deja de aparecer como una construcción política deliberativa y pasa a ser un cuerpo orgánico, definido por herencia y destino compartido. En este sentido, el sujeto del discurso no es el ciudadano deliberante, sino la comunidad cohesionada frente a la amenaza.

3.2 La soberanía que se redefine

El discurso afirma que la región debe estar compuesta por “naciones soberanas fuertes” (traducción libre del autor). Sin embargo, esa afirmación convive con la definición del hemisferio como espacio de interés estratégico de Estados Unidos. Aquí no hay una negación explícita de la soberanía. Hay una operación más sutil: Se mantiene como término, pero se redefine en su contenido, de manera que la soberanía se afirma pero dentro de un marco previamente delimitado. No desaparece, pero se condiciona.

3.3 Inclusión y jerarquía

El texto apela a fórmulas como “nuestra nación y las suyas” y a la idea de “poner a América, a los estadounidenses y a las Américas en primer lugar” (traducción libre del autor). Tampoco esta inclusión no es neutral. Los Estados Unidos se presenta simultáneamente como parte del conjunto y como su punto de referencia, ya que habla desde el hemisferio, pero también lo organiza. De esta manera, la inclusión retórica encubre una asimetría estructural.

3.4 La militarización del lenguaje

Expresiones como “paz mediante la fuerza” y la necesidad de restaurar un “ethos del guerrero” (traducción libre del autor) introducen una forma específica de comprender el orden político. Los problemas sociales se traducen en términos bélicos. Y en este desplazamiento ocurre algo decisivo: Desaparece el lenguaje civil del conflicto (salud pública, prevención, institucionalidad o desarrollo social). Si todo es guerra, lo que no es guerra deja de ser visible.

3.5 El enemigo como construcción total

El uso de categorías como “narco-comunismo” (traducción libre del autor) no describe una realidad empírica precisa. Funciona como una hibridación semántica que fusiona: crimen, ideología y amenaza externa que produce un enemigo sin límites claros. Y cuando el enemigo es total, la respuesta tiende a justificarse como igualmente total.

3.6 Victimización y excepcionalidad

El discurso presenta un escenario de asedio: crimen organizado, migración incontrolada, drogas y amenazas externas. Esto permite una operación estructural: la acción se presenta como defensa y la expansión como necesidad donde la posición de víctima habilita la excepcionalidad.

4. Lo que el discurso no dice

Cuadro 2. Lo dicho y lo insinuado

LO DICHO

LO INSINUADO

PREGUNTA

“nativos”

comunidad orgánica

¿dónde está el ciudadano?

“soberanía”

subordinación

¿quién decide?

“cooperación”

asimetría

¿entre iguales?

“seguridad”

guerra

¿qué queda fuera?

El análisis de estas ausencias permite observar que el discurso no solo organiza lo que se dice, sino también lo que queda fuera del campo de lo pensable. Desaparece el ciudadano como sujeto político central. Se diluye la complejidad social de los fenómenos. Se omiten antecedentes históricos relevantes y se reduce el campo de respuestas posibles. En conjunto, estos silencios no constituyen omisiones accidentales. Son condiciones estructurales del discurso.

5. Confrontación con la realidad

Al contrastar el discurso con referentes empíricos, emergen tensiones que permiten matizar sus presupuestos centrales.

En primer lugar, la idea de que la militarización constituye una respuesta eficaz frente a fenómenos como el narcotráfico no encuentra respaldo concluyente en la experiencia regional. Tras décadas de “guerra contra las drogas”, particularmente en países como Colombia, los enfoques centrados en la interdicción, la erradicación forzada y la cooperación militar no han logrado resolver el problema estructural de la producción y tráfico de sustancias ilícitas. Por el contrario, diversos análisis señalan la persistencia —e incluso reconfiguración— de estas economías ilícitas, a pesar de la intensificación de la presencia militar y de seguridad en la región.

En esa misma línea, la instalación de infraestructura y cooperación militar extranjera no ha demostrado efectos sostenidos en la reducción de la violencia o del tráfico de drogas. El caso de la base de Manta en Ecuador, operativa durante una década como parte de la estrategia regional antidrogas, no produjo mejoras significativas en los indicadores de seguridad, lo que ha llevado a cuestionar la eficacia de este tipo de medidas.

En segundo lugar, las categorías empleadas en el discurso —como aquellas que combinan fenómenos distintos bajo denominaciones unificadas— tienden a simplificar realidades complejas. La experiencia histórica muestra que los fenómenos asociados al narcotráfico, la violencia y la conflictividad social responden a dinámicas económicas, políticas y territoriales diversas, que difícilmente pueden ser abordadas mediante enfoques homogéneos.

Finalmente, la idea de una cooperación hemisférica simétrica también encuentra límites en la trayectoria histórica de la región. Diversos episodios evidencian relaciones marcadas por asimetrías estructurales, en las que la política exterior y de seguridad de Estados Unidos ha incidido de manera determinante en los procesos internos de los países latinoamericanos.

El caso del embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba desde 1962 —considerado el más prolongado de la historia contemporánea— constituye un ejemplo paradigmático de relaciones estructuralmente asimétricas, con efectos sostenidos sobre la economía y la vida cotidiana en la isla.

A ello se suma una serie de intervenciones políticas y militares a lo largo del siglo XX que han incidido directamente en los procesos internos de diversos países latinoamericanos. Casos ampliamente documentados, como el derrocamiento del gobierno de Jacobo Árbenz en Guatemala (1954) o el de Salvador Allende en Chile (1973), así como el respaldo a regímenes autoritarios en el Cono Sur durante las décadas de 1960 y 1970, evidencian una constante en la política hemisférica: la disposición a intervenir en contextos considerados estratégicos.

El caso del escándalo Irán-Contra en la década de 1980 —que involucró operaciones encubiertas, financiamiento irregular y vínculos con redes ilícitas— constituye un ejemplo paradigmático de estas dinámicas complejas.

Más recientemente, episodios como la operación militar estadounidense en Venezuela en 2026 —que incluyó bombardeos en Caracas y la captura del presidente Nicolás Maduro— evidencian el grado de conflictividad y unilateralidad que puede alcanzar la política hemisférica. La interpretación de estos hechos, sin embargo, forma parte de una disputa política y jurídica más amplia, lo que refuerza la necesidad de analizarlos críticamente.

Ahora bien, más que agotar el inventario de episodios históricos, lo relevante es advertir la regularidad de ciertas dinámicas. Las intervenciones, directas o indirectas, que han marcado la relación hemisférica no han producido, en términos generales, beneficios sostenidos para las sociedades latinoamericanas, sino que han tendido a favorecer intereses estratégicos externos y a reforzar estructuras de poder preexistentes.

Por otro lado, en un contexto global caracterizado por el desplazamiento progresivo del hegemonismo estadounidense hacia un escenario de mayor dispersión del poder, los intentos por reafirmar su influencia en el continente americano resultan, en términos estratégicos, comprensibles. Sin embargo, la forma en que dicha reafirmación se articula merece una lectura crítica.

En efecto, la apelación a la cooperación regional en materia de seguridad —particularmente en torno a la lucha contra los carteles de la droga— puede funcionar como un dispositivo de legitimación de estrategias que, en la práctica, reproducen relaciones asimétricas. La construcción de amenazas compartidas facilita la alineación política, pero también puede operar como mecanismo de reorganización del poder en el hemisferio.

Esta dinámica se vuelve especialmente problemática cuando se considera una tensión estructural difícil de soslayar: Estados Unidos continúa siendo uno de los principales mercados de consumo de drogas a nivel global. En ese sentido, la persistencia del fenómeno no puede explicarse únicamente desde la oferta, ni resolverse exclusivamente mediante estrategias centradas en la intervención externa.

La ausencia de un abordaje integral que incluya las dinámicas internas de consumo introduce una disonancia que debilita la coherencia del discurso. En este marco, la lucha contra el narcotráfico corre el riesgo de convertirse menos en una solución estructural y más en un eje discursivo que permite articular agendas de seguridad con efectos geopolíticos más amplios.

Esta tensión adquiere una dimensión aún más compleja si se consideran las prioridades en la asignación de recursos. En los últimos años, el gobierno de Estados Unidos ha destinado sumas multimillonarias al financiamiento de conflictos internacionales y al sostenimiento de alianzas estratégicas en distintos escenarios geopolíticos.

Al mismo tiempo, persisten en su propio territorio problemáticas sociales de gran magnitud, particularmente asociadas al consumo de opioides y drogas sintéticas, que han sido calificadas como una crisis de salud pública. A ello se suman niveles significativos de población en situación de calle y acceso desigual a servicios de salud y atención social.

Sin necesidad de establecer relaciones causales simplistas, la coexistencia de estas dos dimensiones introduce una pregunta relevante: ¿en qué medida las estrategias de seguridad proyectadas hacia el exterior se articulan con —o se desvinculan de— las problemáticas internas que contribuyen a sostener los fenómenos que se pretende combatir?

Plantear esta cuestión no implica desconocer la complejidad de los escenarios internacionales, sino advertir que la eficacia de cualquier estrategia hemisférica depende también de la coherencia entre sus dimensiones internas y externas.

No reconocer esta trayectoria en el contexto actual implicaría asumir el presente como si se tratara de un punto de partida neutral. Y ese, precisamente, es el riesgo: confundir la novedad del discurso con la ausencia de antecedentes. En ese sentido, el análisis no busca clausurar posibilidades, sino evitar una forma de ingenuidad que, históricamente, ha tenido costos significativos para la región.

6. Objeción: la racionalidad de la cooperación

Una objeción razonable podría formularse así: ¿qué tiene de problemático formar parte de una estructura hemisférica liderada por Estados Unidos, considerando los beneficios en comercio, cooperación, educación e intercambio cultural? La pregunta es válida, y precisamente por eso exige precisión. El problema no radica en la relación en sí misma, sino en su redefinición. Cuando la cooperación se formula en términos de seguridad estratégica, su naturaleza cambia: deja de ser relación entre iguales y adquiere una estructura jerárquica.

7. Conclusión

El riesgo no es la existencia de alianzas ni de cooperación internacional. El riesgo es la transformación silenciosa de esas relaciones en marcos donde ciertas categorías —seguridad, soberanía, cooperación— adquieren significados distintos sin ser discutidos. El desafío, entonces, no es rechazar ni aceptar de manera automática, sino comprender. Porque solo cuando se comprende cómo opera un discurso, se recupera la posibilidad de decidir frente a él.

Para Costa Rica, cuya tradición política se ha construido en torno a la paz, el derecho internacional y la institucionalidad democrática, este tipo de discursos plantea interrogantes relevantes. La adopción acrítica de una gramática de seguridad militarizada no es neutra. Puede implicar transformaciones en la forma en que se entienden la soberanía, la seguridad y el papel del Estado.

1 El planteamiento de que ciertos discursos no requieren exageración para ser efectivos puede sostenerse desde diversas tradiciones del análisis del discurso. Como ha señalado Michel Foucault (1971), el poder discursivo no reside únicamente en lo que se afirma, sino en la capacidad de delimitar el campo de lo decible y lo pensable. En esa misma línea, Teun A. van Dijk (1998), ha mostrado que la influencia del discurso se ejerce a través de la organización de estructuras cognitivas —temas, énfasis y omisiones— que orientan la interpretación del receptor. A ello se suma la noción de poder simbólico de Pierre Bourdieu (1991), según la cual los discursos más eficaces no son los más explícitos, sino aquellos que logran naturalizar sus categorías como evidentes. Finalmente, desde la teoría del framing, George Lakoff (2004), ha demostrado que quien define los marcos lingüísticos condiciona la percepción de la realidad, haciendo innecesaria la exageración. En conjunto, estas perspectivas permiten sostener que la eficacia de un discurso no depende de la intensidad de sus afirmaciones, sino de su capacidad para seleccionar, ordenar y silenciar elementos, configurando así un horizonte de interpretación.