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Etiqueta: institucionalidad pública

Teletica, La Nación y el poder

Por José Luis Amador

José Luis Amador.

Se atribuye a Voltaire la frase “no estoy de acuerdo con lo que dices, pero daría mi vida por defender tu derecho a expresar tus ideas”. Esta frase resume el principio democrático de respetar el derecho a la expresión y al disenso.

En los últimos años, hemos defendido a la Nación y Teletica por su derecho, (el nuestro y el de todos) a la libre expresión de las ideas. Durante estos años hemos sido testigos de la antidemocrática actitud de Rodrigo Chaves al golpear y constreñir la libre expresión de una serie de periodistas, periódicos, analistas y pensadores que van desde La Nación, y Teletica hasta periodistas de UCR, Vilma Ibarra y tantos otros grandes y pequeños que no fueron del gusto del señor presidente.

Pero la razón por la que hemos opinado en defensa de estos periódicos no es porque pensáramos que estos medios: “la Nación” o “Teletica” fueran adalides de la libertad de prensa, de la expresión de todos o de la defensa de la verdad y la objetividad. Sino porque en este mundo de pesos y contrapesos, la mordaza sobre esos periódicos es una mordaza que pesa para todos los actores de la sociedad, reduciendo el respeto al disenso y la democracia.

Hablo como ciudadano independiente, que se manifiesta libremente en las redes, que no tiene ninguna militancia con ningún partido, ni con ningún medio de comunicación, pero que siente como propia, la vejación y la constricción que se hace a cualquiera que sea reprimido en su libertad de expresión.

Como trabajador del ICE, me tocó muchas veces enfrentar la todopoderosa voz de esas empresas de opinión, La Nación y Teletica. Me tocó salir a defender los intereses institucionales y nacionales, llevando como único escudo mi convicción y los colores amarillos de esa institución.

Fue así como muchas veces nos tocó salir a enfrentar el TLC, afrontar la amenaza del Combo Eléctrico o simplemente salir durante el período 2002 – 2006, a luchar, porque los asesores neoliberales de Abel Pacheco lo convencían de negar la aprobación del presupuesto mínimo, para garantizar los recursos institucionales necesarios para construir obras hidroeléctricas. Ya desde aquellas épocas la intención era ahogar presupuestariamente al ICE, para que no pudiera construir sus obras, y dejar el espacio cómodamente a los cogeneradores privados.

Sin presupuesto, varios proyectos en proceso quedaban paralizados, los trabajadores sin actividad, y si no había una solución, el ICE tendría que despedirlos. Ante esas situaciones acuciantes, hubo un año en que nos lanzamos tres veces a paros y marchas, no por aumento de sueldo, no por beneficios para los trabajadores, sino por presupuesto para no paralizar las obras

El papel de La Nación
Porque cuero sí nos daban

Como trabajador del ICE no fue difícil aprender que cuando los políticos tomaban acciones y propuestas en contra de la institución, ya desde varias semanas antes, los titulares de primera plana de la Nación empezaban a expresar opiniones en contra del ICE, para preparar el terreno, indisponer la opinión pública y predisponerla a favor de los actos, leyes, proyectos, recortes y otras acciones de su interés, en contra del ICE.

Como muchos de ustedes bien saben, el periódico no es un noticiero. El periódico es un formador de opinión y una herramienta al servicio de sectores económicos y políticos. Y como comprenderán, no fue Chaves el que vino a abrirnos los ojos. Ya los teníamos abiertos desde chiquitillos. Estos medios nunca fueron favorables al proyecto nacionalista energético. ni de telecomunicaciones. Ni de la Caja, ni de ningún proyecto de índole social. Siempre estuvieron en contra de las posiciones progresistas de trabajadores y sus sindicatos. Siempre del lado libertario, del lado de los Guevara, del lado de quienes querían privatizar o como dicen ellos “abrir” las instituciones, Siempre favoreciendo a la cogeneración y a la competencia privada. En energía salud educación y en lo que sea.

El argumento es por supuesto, defender al usuario, lo cual no siempre es cierto, pero como propaganda funciona. Aunque la mayor cantidad de veces, la motivación sea más bien beneficiar al empresario privado, aún a costa del usuario final. En los últimos meses me ha llamado la atención ver algunas posiciones más nacionalistas y si se quiere más solidarias de parte de la Nación. Posiblemente por su enfrentamiento con Chaves y el duro revés de perder la visa que experimentaron sus directivos. Pero su posición ha sido siempre la descrita.

Chaves y Teletica

Recientemente Rodrigo Chaves se reunió con René Picado dueño de Canal 7. Esto ocurre luego de un periodo de más de cuatro años de agresión permanente, explícita o velada, de Chaves hacia ese medio televisivo. Conociendo a este personaje, no deja uno de preguntarse ¿Qué cosa estará tramando Chaves?

Lamento decir que no espero nada bueno de este señor. Aunque Chaves nunca ha expresado abiertamente su ideario, para quienes hacemos una lectura de lo que ha venido haciendo, queda claro que ese ideario no está muy lejos del ideario de un Milei. Arrasar con el Estado Social de Derecho, derribar los derechos adquiridos por los costarricenses en el plano social. Reducir aún más los presupuestos en salud, educación, seguridad, todo ello en beneficio de los sectores empresariales y de los números a nivel macroeconómico. Hablo sin ser experto, pero por ahí va la cosa.

El punto es que hemos defendido durante todos estos años a la Nación y a Teletica y hemos querido hacer valer su derecho a la libre expresión. Y había que hacerlo. No es por casualidad que a los directivos de la Nación se les quitaron sus visas a Estados Unidos. Eso, todos lo sabemos, es un guiño de la administración Trump a su colaborador Chaves.

Pero la reunión de Chaves con Picado deja abierta una serie de preguntas. ¿Será que por unos dólares más y pauta publicitaria René Picado cambiará sus posiciones y hará causa común con Rodrigo chaves en lo que atañe al derribo del Estado social de Derecho?

¿Será que ahora Teletica contribuirá, una vez más, a invisibilizar la realidad y a ponerla a tono con el interés del gobierno chavista, en desmedro de la verdad, y del objetivo ejercicio del periodismo, en aras de mayor rentabilidad para su negocio??

Nadie duda de que en nuestras sociedades los medios son un cuarto poder, uno de los más importantes: el periodismo y la comunicación formadora de opinión, pero también es cierto que fácilmente se convierten en un poder donde la verdad, queda al servicio del mejor postor.

¿Nos tendremos que acostumbrar, otra vez, a ver a Teletica, totalmente, al servicio del poder?

¿Pasará lo mismo con la Nación?

A Repretel ya ni le preguntamos.

El ICE, los comunistas y los marcianos

José Luis Amador.

Por José Luis Amador

No sé si lo han notado pero el chavismo está desesperado. Es evidente que en las últimas horas ha habido un clamor popular en defensa del ICE. Nada más revisen las redes. La respuesta de los chavistas ha sido llamar comunistas a todos aquellos que defiendan al ICE. Lo único que les falta es argumentar que el país está siendo víctima de una invasión de comunistas y marcianos.

DICHOSAMENTE los sectores populares, incluso en las bases chavistas, hay mucha gente que luchó y ha luchado por esta institución. Gente que sabe que el ICE siempre ha estado al servicio del pueblo. Electrificando al país, pero también poniendo la carne en el asador, poniendo el hombro y exponiendo a su gente, cuando la inclemencia de la naturaleza así lo ha exigido.

Esta ley que pretenden imponer solo beneficia a unos cuantos ricos. No le está rebajando el salario a los trabajadores del ICE. Pero está adulterando el espíritu fundamental con que fue creada la institución. De un plumazo el ICE deja de ser una institución centrada en las necesidades del usuario, para convertirse en una empresa regida por empresarios al servicio del lucro.

Sigamos dando la cara. Defendamos al ICE. Y que los diputados no aflojen. Que nos llamen como quieran. Y si los marcianos también vienen a apoyarnos en esta lucha, serán bienvenidos.

¡¡Esta lucha apenas empieza!!

¡¡No perdamos lo poquito que nos queda!!

La Universidad de Costa Rica y su posición frente al proyecto de “Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional”

La Universidad de Costa Rica manifestó oficialmente su oposición al proyecto de ley expediente 23.414, denominado “Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional”, al considerar que la iniciativa implicaba una transformación estructural del modelo eléctrico costarricense y generaba riesgos para el carácter público, solidario y planificado del sistema eléctrico nacional.

La posición institucional fue acordada por el Consejo Universitario en la sesión ordinaria n.° 6809 del 6 de junio de 2024, cuando la Universidad comunicó a la Asamblea Legislativa su recomendación de no aprobar el proyecto de ley. El criterio se sustentó en análisis técnicos y académicos elaborados por distintas unidades de la UCR, entre ellas la Escuela de Ingeniería Eléctrica, la Escuela de Administración Pública, la Escuela de Ciencias Políticas y la Escuela de Trabajo Social.

Según el acuerdo universitario, el proyecto, aunque presentado bajo el concepto de “armonización”, proponía una reorganización profunda del sistema eléctrico nacional orientada hacia esquemas de mercado, competencia y apertura comercial, incluyendo una mayor integración al Mercado Eléctrico Regional (MER).

Entre las principales observaciones planteadas por la Universidad de Costa Rica se encontraban:

• La fragmentación del modelo eléctrico integrado históricamente alrededor del ICE, mediante la separación de funciones estratégicas de planificación, operación y control del sistema eléctrico nacional.

• La falta de claridad sobre las razones técnicas para trasladar el Centro Nacional de Control de Energía (CENSE) fuera del ICE. La Universidad advirtió que no existía un análisis integral sobre las consecuencias institucionales, operativas y económicas de dejar al ICE sin un centro de control propio, ni sobre los eventuales costos que esto podría trasladar a las personas usuarias.

• La concentración de funciones en el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), que asumiría simultáneamente tareas de rectoría, planificación y evaluación ambiental, lo que, según el criterio universitario, convertiría al ministerio en juez y parte, debilitando los contrapesos institucionales históricamente existentes en el sector eléctrico.

• El fortalecimiento de mecanismos de competencia y participación privada en generación y comercialización eléctrica sin estudios concluyentes que demostraran beneficios concretos para las tarifas o para la población consumidora.

• La valoración de que el proyecto no necesariamente modernizaba el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), sino que lo reorganizaba en función del mercado y en beneficio de grandes consumidores y generadores privados, sin garantizar condiciones equitativas para el ICE, las cooperativas, las empresas municipales y las personas usuarias medianas y pequeñas.

• La creación de nuevas estructuras y figuras institucionales, como el ECOSEN, que podrían introducir costos adicionales al sistema eléctrico mediante cánones, servicios auxiliares y nuevas cargas operativas que eventualmente terminarían reflejándose en las tarifas eléctricas.

• La apertura del mercado eléctrico nacional mediante la creación de “agentes de mercado”, lo que implicaría un cambio profundo en el modelo eléctrico solidario costarricense. La Universidad consideró que una transformación de esta magnitud debía ser discutida de manera amplia, transparente y participativa.

• La preocupación por el aumento de exportaciones eléctricas hacia el Mercado Eléctrico Regional (MER), al considerar que esto podría comprometer cuencas hidrográficas y bienes estratégicos vinculados con la soberanía energética futura del país, en un contexto de creciente presión sobre el agua y los territorios.

• La advertencia de que la eventual derogatoria de la Ley 7200 eliminaría límites históricos a la participación privada en generación eléctrica, abriendo mayores espacios a grandes empresas y capitales transnacionales dentro del sector energético nacional.

• La ausencia de mecanismos robustos de participación social en la toma de decisiones del sistema eléctrico, dejando con poca representación a comunidades, personas consumidoras, organizaciones sociales, sindicatos, grupos ambientalistas y otros sectores ciudadanos interesados en el futuro energético del país.

Asimismo, la Universidad señaló que el proyecto carecía de estudios técnicos suficientes sobre excedentes eléctricos, necesidades futuras de demanda, costos de implementación, impactos tarifarios y consecuencias ambientales y sociales derivadas de una mayor mercantilización del sistema eléctrico.

El acuerdo del Consejo Universitario concluyó recomendando a la Asamblea Legislativa no aprobar el proyecto de ley expediente 23.414 y manifestó la disposición de la Universidad de Costa Rica de colaborar técnicamente mediante el aporte de personas expertas y criterios académicos especializados para la discusión del futuro del sistema eléctrico nacional.

Cabe señalar que algunos elementos del proyecto pudieron haber variado durante el proceso legislativo y las discusiones posteriores al acuerdo universitario; sin embargo, este pronunciamiento recoge la posición institucional expresada oficialmente por la Universidad de Costa Rica respecto al texto dictaminado consultado en ese momento.

Modernizar sin desmantelar: en defensa del ICE y la soberanía energética

Foro Encuentro Democrático
A la Fracción Legislativa del Partido Liberación Nacional

Sobre el Expediente 23.414, Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional

Encuentro Democrático se dirige respetuosamente a la Fracción Legislativa del Partido Liberación Nacional ante la próxima votación del Expediente 23.414, Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional.

Nos dirigimos a ustedes con preocupación y con sentido de responsabilidad democrática. El país necesita discutir con seriedad el futuro de su sistema eléctrico y avanzar en su modernización con criterios técnicos, institucionales y de interés público.

Precisamente por la importancia estratégica de este tema, consideramos que una reforma de esta magnitud no debe aprobarse sin atender de forma suficiente las observaciones técnicas, jurídicas, institucionales y políticas señaladas por distintos sectores. Entre ellas destacan las advertencias planteadas por la Juventud Liberacionista en su análisis sobre el Expediente 23.414 y la defensa del Instituto Costarricense de Electricidad.

Nuestra posición no parte de una negativa al cambio. Parte de una convicción distinta: el sistema eléctrico costarricense debe actualizarse sin perder su sentido público, su vocación solidaria ni la función histórica que ha tenido en la construcción del desarrollo nacional.

I. Aspectos que preocupan del Expediente 23.414

A partir de los criterios conocidos y de los argumentos expuestos por la Juventud Liberacionista, Encuentro Democrático considera necesario llamar la atención sobre varios puntos de fondo.

En primer lugar, preocupa que el proyecto pueda debilitar la planificación integrada del Sistema Eléctrico Nacional. La electricidad no es un asunto menor ni un simple bien de intercambio. Es una condición básica para la vida cotidiana, para la producción, para la educación, para la salud y para la cohesión territorial del país. Por eso, cualquier transformación del modelo debe asegurar que el Estado conserve una capacidad real de conducción estratégica.

También genera inquietud el posible impacto tarifario para los hogares y para las pequeñas y medianas empresas. Se ha advertido que una apertura mal diseñada podría permitir que grandes consumidores se aparten de ciertos costos comunes del sistema, trasladando esa carga a los usuarios que no tienen la misma capacidad de negociación. Este no es un detalle técnico: toca directamente la economía familiar y la estabilidad de miles de emprendimientos nacionales.

Otro elemento que requiere especial cuidado es la relación entre el ICE y los generadores privados. Los datos citados por la Juventud Liberacionista muestran diferencias importantes en los costos de generación. Por ello, antes de avanzar hacia un esquema de mayor apertura, el país necesita tener certeza de que esa reforma producirá beneficios reales para la ciudadanía, y no únicamente mejores condiciones para determinados actores del mercado.

Preocupa, además, la posible fragmentación institucional. La creación de nuevas instancias y la redistribución de funciones en un sistema tan sensible como el eléctrico no pueden hacerse de manera apresurada. Costa Rica ha construido, durante décadas, una institucionalidad que ha permitido cobertura, continuidad y capacidad de respuesta. Cualquier modificación debe demostrar que mejora esa arquitectura y no que la vuelve más débil, más costosa o incierta.

Resulta igualmente delicado que algunas disposiciones del proyecto puedan reducir el alcance de la electricidad como servicio público, sobre todo en lo relativo a la generación y a la comercialización mayorista. Para Costa Rica, la electricidad ha sido mucho más que una mercancía. Ha sido una herramienta de integración nacional, de justicia territorial y de desarrollo social.

A ello se suman las observaciones jurídicas y constitucionales que han sido planteadas por instancias especializadas. Una reforma estructural de este tipo debe nacer con plena solidez legal. De lo contrario, podría abrir un periodo de incertidumbre que afectaría al Estado, a las instituciones, a los usuarios y al propio sistema eléctrico.

Finalmente, preocupa el efecto que el proyecto pueda tener sobre la capacidad futura de inversión del ICE. El Instituto Costarricense de Electricidad ha sido una pieza decisiva del modelo costarricense. Limitar su posibilidad de planificar, invertir y desarrollar proyectos de largo plazo podría afectar no solo a la institución, sino al país entero.

II. Modernizar sin desmantelar

Encuentro Democrático considera que esta discusión no debe plantearse como una falsa oposición entre pasado y futuro. Costa Rica no tiene que escoger entre inmovilismo y apertura indiscriminada. Hay otro camino: modernizar con prudencia, fortalecer con inteligencia, corregir lo que deba corregirse y preservar aquello que ha sido esencial para el bien común.

El ICE puede y debe mejorar. El sistema eléctrico nacional puede y debe actualizarse. Pero ese proceso no debería hacerse debilitando la planificación pública, reduciendo la capacidad estratégica del Estado ni convirtiendo un bien esencial en un espacio sujeto prioritariamente a la lógica del mercado.

En este punto, la historia del Partido Liberación Nacional tiene un peso particular. La creación del ICE no fue un accidente administrativo. Formó parte de una visión de país. Una visión que entendió que la electricidad debía llegar a todos los territorios, que el desarrollo no podía quedar concentrado en unos pocos sectores y que ciertas áreas estratégicas debían permanecer vinculadas al interés nacional.

Por eso apelamos, respetuosamente, a esa memoria. No para impedir el debate ni para cerrar la puerta a las reformas, sino para recordar que la modernización solo tiene sentido si conserva el horizonte de justicia social que dio origen a nuestras mejores instituciones.

III. Una decisión con consecuencias políticas

La votación del Expediente 23.414 no será leída únicamente como una decisión técnica. Tendrá también una dimensión política e histórica. En ella se juega una señal sobre el papel que tendrá la oposición legislativa en la defensa de la institucionalidad pública, del Estado Social de Derecho y de los equilibrios democráticos que el país necesita.

La ciudadanía ha pedido contrapesos, responsabilidad y defensa de las instituciones. Esa demanda no debe entenderse como una consigna partidaria, sino como una preocupación profunda por el rumbo del país. En ese contexto, la Fracción Legislativa del Partido Liberación Nacional tiene la oportunidad de actuar con prudencia, escuchar las distintas advertencias y evitar una decisión que pueda resultar irreversible.

También consideramos importante que las voces jóvenes del liberacionismo sean tomadas en cuenta. La Juventud Liberacionista ha hecho un planteamiento serio, fundamentado y coherente con una tradición partidaria que históricamente defendió el papel social del Estado. Escuchar esa voz no debilita al partido; al contrario, honra su tradición deliberativa.

Llamado final

Por las razones expuestas, Encuentro Democrático solicita respetuosamente a la Fracción Legislativa del Partido Liberación Nacional votar en contra del Expediente 23.414.

Formulamos esta solicitud con firmeza y respeto, desde la preocupación legítima por el futuro del sistema eléctrico nacional y desde la convicción de que aún es posible abrir una discusión más amplia, transparente y segura para el país.

Costa Rica necesita modernizar su sistema eléctrico, pero no a costa de debilitar al ICE. Necesita eficiencia, pero no al precio de perder soberanía energética. Necesita reformas, sí, pero reformas que fortalezcan el interés público y no que generen incertidumbre sobre uno de los pilares de nuestro desarrollo nacional.

En un asunto de esta trascendencia, la prudencia es una expresión de responsabilidad histórica.

A continuación, presentamos una síntesis puntual de algunos de los principales cuestionamientos técnicos, institucionales y jurídicos asociados al Expediente 23.414:

Perjuicios al país del Expediente 23.414

Síntesis elaborada a partir del documento de la Juventud Liberacionista: “El Expediente 23.414 y la defensa del Instituto Costarricense de Electricidad”.

  1. Debilita la soberanía energética y rompe la planificación estatal. El proyecto fragmenta el Sistema Eléctrico Nacional, sustituye funciones del ICE y crea un mercado mayorista que “compromete la soberanía energética del país” y convierte la electricidad en un commodity sujeto a especulación.
  2. Aumentará las tarifas para familias y PYMES. La propia CEDET advirtió que la apertura permitiría que grandes consumidores evadan los costos fijos del sistema, trasladándolos al resto de usuarios:

“Los costos se tendrán que trasladar al resto de los usuarios con graves aumentos a las tarifas de las familias y PYMES”.

3. Favorece estructuralmente a grandes generadores privados. El ICE genera energía más barata que los privados:

Según los datos citados, el ICE generó energía a 42,65 colones por kWh en 2023, mientras que los generadores privados bajo la Ley 7200 lo hicieron a 52,90 colones por kWh y los de la Ley 7508 a 69,38 colones por kWh. En ese contexto, el proyecto fortalecería a actores cuyos costos de generación serían entre un 24% y un 63% superiores.

4. Riesgos técnicos severos por fragmentación del control del sistema. La creación del ECOSEN implica duplicidad de funciones, pérdida de economías de escala y debilitamiento del despacho unificado. El documento advierte que esto “destruiría la capacidad de respuesta integrada del sistema eléctrico nacional”.

5. Elimina la naturaleza de servicio público en la generación. El Artículo 3 inciso v) excluye la generación y comercialización mayorista del concepto de servicio público, debilitando la capacidad regulatoria del Estado y priorizando la rentabilidad privada.

6. Riesgos jurídicos y constitucionales. La Procuraduría General y Servicios Técnicos de la Asamblea han advertido vicios de razonabilidad, legalidad y posibles afectaciones a competencias constitucionales del ICE.

7. Desfinancia y limita la inversión futura del ICE. Nuevas plantas del ICE deberán competir en subastas, eliminando certeza regulatoria y afectando su capacidad de planificar proyectos de largo plazo.

Más allá de las objeciones técnicas y jurídicas señaladas, este expediente también plantea una definición política de fondo sobre la defensa del Estado Social de Derecho, el modelo de desarrollo, la institucionalidad pública y la responsabilidad histórica de quienes hoy deben votar.

Autoría:
José Solano-Saborío , Tatiana Herrera Ávila

Mesa Coordinadora
Encuentro Democrático
Alfredo Chocano Dobles, Jiddu Rojas Jiménez

El peligro de la ignorancia

Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli

Es bien sabido que la ignorancia es atrevida, pero si la misma es lo que ocupa el espacio del cerebro en una persona es peligroso, y si el individuo de marras, además, tiene poder el peligro puede ser catastrófico. Pues esta semana he tenido motivos suficientes para que, como simple ciudadano mortal, sienta pavor por este mi querido país.

Escuché a don Nogui Acosta, con su decena de procesos pendientes en la Fiscalía a cuestas y bien resguardado en la red de cuido oficial a través de su inmunidad como diputado, decir que la Asamblea Legislativa no debían discutir y hablar y votar, al referirse a opiniones de los diputados de oposición que, a pesar de su dicho, han votado responsablemente a favor de proyectos importantes como el tren eléctrico, por ejemplo. El problema de estas mentalidades fascistas de nuevo cuño que nos gobiernan es que, además de ignorantes, desean ejercer la dictadura del silencio y olvidar que una curul en el parlamento, no es un yugo atado al pescuezo de un buey para que simplemente siga el camino que le indica su amo con el chuzo de la obediencia. No, en una democracia y todavía lo somos o pretendemos seguir siéndolo, en la Asamblea Legislativa como poder parlamentario, se discute, se habla, se intercambia ideas y se pretende que haya consenso y no imposición, por eso Don Nogui, se llama parlamento. Pero, además, y aunque no le guste a sus jefes del ejecutivo, que parece eso son para la fracción oficial, es una obligación constitucional, política y ciudadana para los partidos de oposición, establecer la sana vigilancia a través del control político, que no es un «ratico» den el Plenario, sino una actitud y acción permanente. Pero, en fin, son las cositas que nos pasan, cuando se envía a la Asamblea Legislativa a los que creen que hacer evidente su ignorancia supina, es su deber.

Por otro lado, también don Nogui dio una declaraciones al periódico Universidad, que, si uno las lee con sentido del humor y las interpreta como un libro de chistes, pues si, dan ganas de reír; pero como no es así, sino que lo dicho para Don Nogui fue en serio, entonces dan ganas de llorar al pensar en manos de quien ha caído este país. Además de poner en evidencia que sobre educación pública y en especial la universitaria no tiene la menos idea, don Nogui tiende el poder suficiente para hacerlas trizas junto con el bicéfalo y todopoderoso ministro Chaves. Cree que las universidades son simplemente fábricas artesanales de títulos y de trabajadores para las empresas privadas y que la investigación y la extensión no deben existir. Ignora por lo tanto los inmensos aportes que dan todos los días los centros de educación superior a la sociedad, más allá de su labor fundamental de preparación profesional a sus estudiantes.

En esa entrevista, don Nogui dijo muchas incongruencias y como leal seguidor del populismo fascista que nos caracteriza, fue incoherente y se valió de la posverdad en más de una oportunidad. Dos ejemplos, señaló que las universidades debían tener «mayor productividad que significa mayor pertinencia, mayor incorporación entre las necesidades…los graduados no tienen las habilidades para encontrar trabajo…» FALSOOOOO don Nogui, ya sabemos que usted y el ministro bicéfalo creen que los datos de las universidades al discutir el FEES son «listas de supermercado», por ciento muy propio de su mentalidad de pulpero o bartender en Tamarindo, porque si los estudiaran se darían cuenta la altísima empleabilidad que tienen los graduados de nuestras universidades, ubicadas dicho sea de paso, entre las mejores de Latinoamérica y el mundo. Y para terminar dijo esta frase lacerante: la periodista María José Núñez le indicó que las universidades generan conocimientos y aportes a la sociedad, y respondió el diputado Acosta: «Las universidades, por favor, dígame cuánto le damos a las universidades… cuántos estudiantes bilingües saca la universidad… ¡por lo menos deberíamos decir que todos los estudiantes que salen de la UCR debían ser bilingües!!!»

Con semejante criterio valorativo de la labor universitaria, qué importan entonces las investigaciones médicas, agrícolas, técnicas y, aunque a don Nogui le den escalofríos, humanistas. Así se comprende la persecución despiadada a la inteligencia, al final lo único que les importa es la lengua…que hablen y, al graduarse no entregarán un título, sino grilletes.

Carta abierta para firmar exige designación técnica, transparente y comprometida con los derechos de las mujeres en el INAMU

Diversas personas y sectores han puesto en circulación una carta abierta dirigida a la presidenta electa Laura Fernández Delgado, mediante la cual solicitan que el próximo nombramiento de la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y ministra de la Condición de la Mujer responda a criterios técnicos, transparencia y compromiso con la igualdad y los derechos humanos de las mujeres.

La carta, que se encuentra abierta a firmas mediante un formulario digital, subraya que esta designación constituye una decisión estratégica para la democracia y para garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos de las mujeres, en coherencia con el mandato legal del INAMU y con los compromisos internacionales asumidos por el país, entre ellos la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención de Belém do Pará.

El documento enfatiza que la persona que asuma la presidencia ejecutiva del Instituto debe contar con idoneidad técnica incuestionable, experiencia comprobada en gestión pública, conocimiento en políticas públicas, liderazgo, solvencia ética y capacidad de articulación interinstitucional. Estos atributos son considerados indispensables para ejercer la rectoría en materia de igualdad de género y garantizar la continuidad y fortalecimiento de las políticas públicas orientadas a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

La carta advierte que el nombramiento ocurre en un momento particularmente relevante, debido al proceso de reorganización institucional que atraviesa el INAMU. Esta etapa es considerada determinante para fortalecer la capacidad del Estado de responder a las demandas urgentes en materia de igualdad y protección de los derechos de las mujeres, o bien, en caso contrario, podría debilitar una institucionalidad construida a lo largo de años.

En este contexto, se plantea la necesidad de que dicho proceso se desarrolle con transparencia, respeto al marco legal y comunicación clara con el personal y la ciudadanía, resguardando la memoria histórica, el conocimiento técnico acumulado y la estabilidad de los equipos de trabajo. Asimismo, se destaca la importancia de que cualquier transformación institucional se realice mediante procesos de diálogo interno que fortalezcan la legitimidad y la confianza pública.

El documento también resalta la importancia de establecer canales de diálogo genuino con los distintos actores del Estado y, de manera especial, con las organizaciones de mujeres, reconociendo que esta articulación es fundamental para la eficacia de las políticas públicas y la legitimidad democrática.

Finalmente, la carta reafirma que el INAMU constituye una conquista democrática y una herramienta esencial para garantizar la igualdad sustantiva, la prevención de la violencia y el respeto a la dignidad de las mujeres, por lo que el nombramiento de su nueva jerarca debe responder a criterios técnicos, transparencia y compromiso con los derechos humanos.

Las personas interesadas en respaldar esta solicitud pueden firmar la carta abierta mediante el siguiente enlace:
https://forms.gle/1FJPXduYjGD3EcvY7

Imagen: UCR

Costa Rica: un proceso electoral sin democracia

Juan Huaylupo Alcázar

En Costa Rica conquistamos, respetamos y admiramos los procesos electorales por ser un derecho individual, que se ha convertido en una apuesta legal y en un juego político ciudadano que sabe, cree o se imagina ser quien decide el destino político nacional, aun cuando la decisión individual adquiere significación solo con la totalidad de los votos. La elección es un proceso técnico-instrumental, no es ni representa la democracia, tampoco la libertad ni la democracia son expresiones individuales, son sociales.

La individualidad se unifica en las elecciones, pero sin concertación, dialogo ni comunidad de ideas, en un contexto donde las preferencias del voto no se divulgan, es secreto y personal. No obstante, aparenta ser un voto colectivo que no es presagiado por ningún partido ni los rentables negocios de la manipulación cuantitativa de las opiniones, que son especulaciones parciales, parcializadas y especulativas que denigran la epistemología contemporánea y el conocimiento científico.

Si bien los resultados electorales no son un albur, hay una comunidad de ideas sobre nuestra realidad fáctica de los partidos políticos, de sus dirigencias y su comprometido pasado; sobre la educación de nuestros hijos; de la atención de la salud pública, de la corrupción y crisis de la institucionalidad pública; del costo de vida, de la usura, trato y discriminación social y etaria en las entidades financieras; del infinito rezago en resolver las demandas judiciales y de las profundas y evidentes contradicciones entre las absolutas resoluciones constitucionales; de la creciente inseguridad ciudadana; de los obsoletas y las corruptas componendas en el transporte público; de los impuestos temporales que se cobran infinitamente como con la renovación de hidrantes; de los modos como las municipalidades esquilman los recursos ciudadanos con servicios y costos inventados, de una fuerza pública que no previene, que solo aparece en los desalojos y en los recurrentes accidentes y asesinatos; de las autoridades y gobernante que solo justifican sus incapacidades con agresiones contra las instituciones y la inteligencia ciudadana, etc.

Estas son algunas de las muchas inconformidades en la cotidianidad de la sociedad civil, de los que no formamos parte del aparato estatal, que constituimos y plasmamos una comunidad de pensamientos y sentimientos. Esa es la comunidad descontenta que decidió el resultado electoral, sin haberse manifestado en protestas ni movimientos sociales, salvo honrosas excepciones de los agricultores y las luchas por la devolución del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) que está siendo apropiado por las operadoras privadas y estatales.

El descontento existe aunque silencioso, porque la individualidad no se manifiesta en acciones colectivas, porque no se tiene la convicción de lo justo de nuestras demandas, porque no creemos ser los suficientes para alcanzar nuestros derechos y anhelos de justicia, porque nuestra cultura e historia nos impone una regularidad que nos limita cuestionar el poder constituido o, porque estamos esperanzados en el “papá Estado” resuelva la problemática ciudadana, el cual contradictoriamente es el causante de las angustias, miedos y quien, en nuestro nombre, decide el presente y futuro cercano nacional.

Estamos disconformes en una evidente crisis política, mientras el gobernante y su futura heredera, conspiran contra la institucionalidad pública a quienes le otorgamos la facultad de gobernar, no para instaurar una tiranía. Nuestra ciudadanía fue defraudada y engañada ante el malestar existente que confió en la mentira infantil “no me dejaron hacer nada”, aun cuando es quien paradójicamente crea las angustias y miedos desde el poder estatal, como otros en nuestra América, aquí el gobernante grita, ofende e insulta, abusando de nuestra tolerancia, mientras destruye la institucionalidad para monopolizar absolutamente el poder del Estado e imponer una reestructuración de la sociedad, que sin participación, debate ni decisión ciudadana pretenderá imponerse con una legalidad indigna y tiránica.

Estamos viviendo en Costa Rica y en el espacio latinoamericano un proceso de instauración de regímenes totalitarios con triunfos electorales en Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Nicaragua, Guatemala, El Salvador o Venezuela que evidencian no ser representantes de la pluralidad social que desprecian, para encarnar intereses ajenos a la ciudadanía, al progreso social y la democracia. El descontento y la crisis sin alternativas sociales, políticas ni económicas han sido en la historia, procesos que han nutrido las formas más sanguinarias y regresivas que ha conocido la humanidad.

Nuestra ciudadanía muestra coyunturalmente su incapacidad orgánica, analítica y de acción colectiva, importantes en el pasado, pero imprescindibles ante un gobierno que expresa ser continuador de la destrucción del Estado Social de Derecho, que sin dialogo, análisis, debates ni oposición consistente, ya anuncia la supresión de las garantías ciudadanas, así como amenaza a la oposición, algunos medios y a todos que ofrezcan resistencias ante la liquidación de las conquistas sociales e históricas que fundaron el Estado moderno costarricense.

Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera

Marcos Chinchilla Montes

Las encuestas de la UCR y de la UNA avizoraban un escenario positivo para el chavismo en las elecciones de ayer. Ganaron, esa es la democracia.

Para la institucionalidad pública costarricense y para el bienestar de su población, los resultados anuncian una debacle en todos los sentidos; el oficialismo tiene la capacidad política para seguir avanzando en la destrucción de la CCSS, del INS del decaído ICE; avanzar en el proyecto de jornadas de trabajo 4×3 que precarizará aún más el empleo; devastar el sistema de educación, la protección de la niñez, los sistemas de becas, pensiones, atención de las mujeres, de la población adulta mayor. El nuevo gobierno realizará ingentes esfuerzos por privatizar y mercantilizar los servicios eléctricos, de agua, salud, educación, loterías. La producción agrícola se verá aún más afectada arruinando no solo a miles de campesinos, sino también un estilo de vida vinculado con la tierra. Seguirá el pulso con las universidades públicas para desfinanciarlas y privilegiar aún más los negocios de las universidades privadas; buscan extinguir el pensamiento crítico y emancipador.

De la mano de la pobreza, el desempleo y el apagón educativo, el crimen organizado se seguirá extendiendo; se reforzará su instalación como un estilo de vida social que legitima e integra a poblaciones que han sido excluidas socialmente. Pero a su vez se utilizará como un mecanismo para legitimar la represión del Estado, en primera instancia hacia la delincuencia, luego hacia aquellas voces que critiquen el nuevo gobierno. Sin lugar a dudas, habrá violencia política; cuadros del chavismo no han tenido reparo de actuar en esos términos.

El cuestionamiento a la división de poderes será la tónica, y seguirá el ataque hacia el Poder Judicial, hacia el OIJ, contra la Contraloría General de la Repúblicas, las universidades públicas, contra la Asamblea Legislativa que no sea funcional.

Es presumible que la administración pública se instrumentalice con funcionarios serviles; que se refuerce una comprensión conservadora de las políticas sociales y de las mismas relaciones sociales; de la cultura como un todo.

Un sector económico en ascenso concentrará aún más la riqueza, depositando en el mercado las limitadas posibilidades de ascenso social.

Pudo haber sido peor, no alcanzaron las 40 diputaciones que querían; y eso en cierta medida, les cierra el paso a las reformas más violentas, aunque ya Laura nos advierte sobre una Tercera República de corte ultraneoliberal, conservadora y fascista.

En el 2019, el historiador costarricense David Díaz nos recordaba que llevábamos 37 años de resistencia contra el neoliberalismo, a lo que yo agregaba que habíamos sido sobrevivientes durante todo ese tiempo pues muchas personas no nos habíamos sometido a su proyecto socio cultural: la subjetividad del individualismo, del éxito como esfuerzo personal, de la competencia, de la mercantilización de todas las esferas de la vida, del consumo, de la negación de derechos, de la depredación de la naturaleza, de la negación de la solidaridad; del desprecio de las personas diferentes. Laura Fernández gana porque esa narrativa y esa subjetividad se han instalado exitosamente en casi el 50% de la población costarricense.

Como tantas veces a lo largo de la historia, la resistencia, la congruencia y la imaginación fueron y serán claves para seguir avanzando, adobadas con la reflexión crítica y fraterna que no nos la pueden robar. Claro que vienen tiempos duros, el conservadurismo, la violencia política y la aplanadora se seguirán extendiendo; pero desde nuestras trincheras tenemos claridad que seguiremos reivindicando todos aquellos derechos en los que creemos: la justicia y bienestar social, la distribución de riqueza, el reconocimiento a la diversidad humana, el respeto a los derechos de género, la justicia ambiental, los derechos culturales, la memoria. Tanta voluntad de emancipación que hemos construido y disfrutado.

Será fundamental encontrar espacios comunitarios e institucionales para articularnos y fortalecernos de manera conjunta, para indignarnos, para encontrar respuestas colectivas. Aún nos protege mucho de institucionalidad y hay que aprovecharla y defenderla.

Me complace que hayamos alcanzado siete diputaciones en el Frente Amplio, la van a tener dura, pero no se van a quedar en silencio; más sí cuentan con el apoyo de quienes defendemos la institucionalidad. Esperaría que las diputaciones del Partido Liberación Nacional, de la Coalición Agenda Ciudadana y del Partido Unidad Social Cristiana actúen con congruencia y sentido histórico.

Escribí estas reflexiones a propósito de las interrogantes que me hicieron llegar Marianela y Ana Rosa, que haciendo eco de sus años estudiantiles, siguen planteando preguntas instigadoras.

El triunfo de Laura Fernández y la continuidad del cambio político chavista, un desafío al sistema democrático y la institucional pública

German Masís

En agosto del 2023, señalábamos en un artículo tituladoNo es sólo un cambio de Gobierno, es el inicio de un Cambio Social que podría cambiar el rumbo del país”, luego de la llegada al poder de Rodrigo Chaves y con él un nuevo grupo político y económico, el respaldo sostenido de buena parte de la población y un discurso polarizante, que se decía no eran elementos casuales del acontecer político y económico del país, sino un fenómeno de cambio social que había iniciado, impulsado por algunos sectores sociales y económicos con propósitos muy definidos y que era necesario analizar y esclarecer.

Nos preguntamos si estábamos ante un verdadero proceso de cambio social, surgido de contradicciones propias de la sociedad costarricense y de la lucha entre las clases sociales y en particular del deterioro del sistema de partidos políticos y los sectores que los habían apoyado por varias décadas.

La ciudadanía había votado por el cambio político, y ya en el poder la Administración Chaves, mostró un giro hacia una orientación política caracterizada por:

-el cuestionamiento y las acciones desestabilizadoras contra el Estado Social de Derecho, surgido de la II República y de los gobiernos de los últimos 70 años, en sus postulados, en el irrespeto a las potestades de los otros 2 poderes (el Legislativo y el Judicial) y en los intentos de reducir la institucionalidad, que según sus detractores ha crecido de manera desmedida y distorsionada.

-la arremetida contra el sistema de partidos políticos y el golpe de gracia a los partidos tradicionales para lograr su desaparición definitiva y la de sus líderes históricos e invisibilizar los logros de estos partidos en el pasado.

-el recambio de los grupos económicos tradicionales, por grupos económicos emergentes, interesados en un mayor protagonismo y en aumentar sus ganancias, en actividades principalmente dedicadas a la importación, transporte e internalización de mercancías, como productos agrícolas, insumos, medicamentos, entre otros

-la nueva generación de políticas públicas disruptivas, expresadas en las Rutas de la Educación, del Arroz, de la Seguridad, del Empleo, junto al cuestionamiento y redireccionamiento de los ministerios e instituciones autónomas, como el Ministerio de Salud, el de Vivienda, el de Ambiente, el de Obras Públicas, el de Agricultura y Ganadería e instituciones como la Caja, el ICE, el INS, Ay A, el INA, Recope, ya sea mediante modificaciones de sus leyes constitutivas o en sus estructuras de funcionamiento.

-la reducción del tamaño del Estado, a partir de la modificación de esas instituciones, en sus funciones esenciales, en la conformación de las juntas directivas, en la toma de decisiones y en los activos pertenecientes a todas ellas, incluyendo los bancos estatales.

-el aprovechamiento y profundización de las políticas aprobadas por gobiernos anteriores que podrían ir en la dirección de los intereses que convienen a los nuevos grupos políticos y económicos, como la reforma fiscal, la regla fiscal, la ley de empleo público, la ley antihuelgas, la ley de educación dual, la ley de jornadas extraordinarias, la reforma a la ley de la Caja, la reforma a la ley del INA, la reforma a la ley de pensiones del Magisterio y hasta la ley para modificar las fechas patrias y los feriados.

-la promoción de medidas liberalizadoras y desreguladoras de actividades económicas, productivas o de servicios, como la eliminación de restricciones o “cuellos de botella” en las gestiones institucionales, el cuestionamiento de la ARESEP por la aplicación de tarifas, la reducción del precio de la revisión técnica, la ampliación de los años de vigencia del transporte público, la modificación de las plataformas de transporte para favorecer a sectores económicos específicos.

-el nombramiento discrecional de autoridades de instituciones y diplomáticos cercanos a los líderes del grupo político y económico que manejó la campaña política o de sus aliados políticos durante la gestión, que justifica su defensa incondicional o su remoción según los resultados definidos por esos líderes.

-el cuestionamiento y restricción a los derechos humanos de sectores particulares de la sociedad, como población LGTBIQ+, feministas, ambientalistas, pensionados y sindicalistas, que según los nuevos grupos y sus líderes, habían venido obteniendo logros excesivos en la reivindicación de sus derechos.

-la descalificación y debilitamiento de la educación, la cultura y el conocimiento y de las institucionales encargadas de ejecutar esas actividades públicas, como los Ministerios de Educación, de Cultura y las Universidades Públicas.

-el discurso populista del presidente y de las autoridades institucionales en sus conferencias de prensa y actos gubernamentales, reiterando que todas las acciones son en beneficio del pueblo y sus necesidades, referencia muy efectiva en la intención de mantener su popularidad. (SURCOS digital, agosto 2023)

Era innegable que había un cambio social en marcha y que este cambio podría modificar seriamente la estructura social y política del país, hacia una menos democrática, polarizada y menos respetuosa de los derechos humanos y esa ha sido la tónica.

El día de ayer, el resultado de las elecciones nacionales, confirmó el cambio sociopolítico vigente y el giro hacia una orientación más autoritaria y populista de parte del partido y la candidata triunfadora. En su discurso de la victoria la presidenta electa Laura Fernández, estableció los rasgos principales de su gestión en el marco de la continuidad del cambio y la afirmación de un estilo de gobierno confrontativo para los próximos 4 años, al enunciar que “el cambio será profundo e irreversible” e implicará cambios profundos en el sistema democrático, en ámbitos como:

es un cambio que sólo busca rescatar y perfeccionar nuestras instituciones democráticas y devolverlas al pueblo soberano para crear mayor bienestar y prosperidad.

Costa Rica ha cerrado un ciclo en su historia, lo que se llamó la II República, que ha quedado en el pasado y a partir de mayo se instalará la III República.

Uno de los cambios más significativos, será la forma en que actúe la oposición al gobierno, que tiene que ser propositiva y leal a la ciudadanía, y no debe ser obstruccionista y saboteadora.

Con respecto a las leyes, el principio es sencillo, la ley que no sirve y se volvió obsoleta al desarrollo, se convirtió en un lastre al desarrollo, se modifica y deroga,

La III República, llega para cambiar ciertas reglas del juego político nacional, porque el pueblo exige acabar con la corrupción y con la ineficiencia del Estado.

Ella seguirá haciendo rugir la economía jaguar, multiplicando el desarrollo con libertad de empresa, de comercio, libertad que se acrecienta con la propiedad privada.

A los diputados les pidió actuar con prudencia y sabiduría, patriotismo, valentía y lealtad al pueblo, debe ser una bancada legislativa fructífera y guiada por el ejemplo del presidente.

Sobre el papel de la prensa, ésta debe ser auténticamente libre para cumplir su labor con objetividad y responsabilidad y no convertirse en moneda de truque para los dueños de los medios de comunicación que favorecen intereses económicos particulares”. (discurso de la presidenta electa, video canal 13,1-2-2026)

El planteamiento de la presidenta electa es claro y directo, “marcando la cancha” con tintes autoritarios a partir de la experiencia y la influencia del presidente y del movimiento político chavista que ahora tiene una base social propia, cuadros políticos con experiencia en la gestión del ejecutivo y el legislativo y con una cúpula económica amplia que ha sido favorecida con la participación en diversas actividades económicas.

Sin embargo, ésta propuesta hacia la eficiencia, la prosperidad, la libertad económica y el bienestar del pueblo, puede continuar dejando al margen a amplios sectores como la educación, la salud, el ambiente, el agro y los derechos humanos y plantando serios desafíos a la división de poderes, la labor fiscalizadora y el ejercicio legislativo; el panorama a partir de mayo, apunta a una centralización del poder y a la aplicación de prácticas coercitivas, que no augura grandes posibilidades de diálogo y la construcción de acuerdos frente a los problemas del país, pero eso es lo que habrá.

La Fealdad de la Política

Hay un sentido en el cual la nación es el territorio. Pero hay un sentido en el cual la nación es el espíritu. Y territorio estéril y espíritu poseído de odios poco vale o significa en el orden de las cosas destinadas a permanecer.
Omar Dengo

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo.

La política, como toda actividad humana, siempre ha tenido algo de maldad, bondad, fealdad y belleza. Sin embargo, hoy la balanza parece inclinarse hacia la fealdad. Tiende a causar repulsión por su rostro grotesco, frívolo, agresivo y polarizante. Muy carente de empatía para propiciar espacios de diálogo y entendimiento, y atender al clamor de la ciudadanía, como es lo propio de la gestión democrática. De ahí, los crecientes índices de abstencionismo y la crisis de los partidos políticos.

La política viene perdiendo dignidad y belleza. Los discursos de odio son una muestra contundente de esa fealdad creciente. Como lo revela un valioso estudio de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en Costa Rica los discursos de odio relacionados con temas políticos aumentaron en el último año en un 43%, 2025, pero en un 1.100 % desde el 2021. Si bien es cierto, en las contiendas electorales los ánimos y las emociones se exacerban e inducen a la confrontación, a pesar de los signos festivos y amigables, hoy tienden a predominar más allá de esos períodos electorales. Es decir, la tendencia dominante es a legitimar los discursos descalificadores, confrontativos y agresivos; convertirlos en habituales y naturalizarlos.

La fealdad de la política también se hace muy evidente cuando algunos líderes políticos se visten de salvadores de la patria, especialmente al presentarse como adalides en la lucha contra la corrupción, asumiendo portes inquisitoriales, al señalar la viga en ojo ajeno sin deparar en la propia; típica actitud farisaica que condujo a Jesús a calificar a la clase político-religiosa de su tiempo como “sepulcros blanqueados” y “ciegos guías de ciegos”.

Efectivamente, bajo un ropaje de pulcritud, que se vende como búsqueda de eficiencia y decencia en la gestión institucional, esconden las feas y malévolas intenciones de desprestigiar y estrangular la institucionalidad social pública. Han perdido los escrúpulos, y poco les importa “tirar al niño con el agua sucia de la bañera”; le han declarado la guerra sucia de la descalificación ante la incapacidad para introducir los correctivos necesarios por la vía de la inteligencia política.

Y esto no es nuevo, es una tendencia que arrancó desde los años 1980 y se ha intensificado en las últimas décadas, particularmente en los últimos dos gobiernos de Carlos Alvarado del Partido Acción Ciudadana (PAC) y de Rodrigo Chaves del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), dándole un golpe letal a nuestro Estado Social de Derecho, para favorecer a los grandes negocios privados. De esta manera, los cambios reales que proponen e impulsan se vuelven cosméticos, porque prevalece el modelo de una democracia oligárquica, solo que con un nuevo rostro cuya fealdad persiste, por más que se apele a los añejos recursos del discurso populista de luchar contra la pobreza, la corrupción y a la soberanía popular. “Por más que el mono se vista de seda mono se queda”, con perdón del mono.

Por esa razón, es cierto que hay mucha indignación acumulada por la ciudadanía. Lamentablemente, como suele suceder, al reprimirla y no buscar los canales más adecuados para liberarla, entonces, se manifiesta en comportamientos con características patológicas. Es lo que vemos reflejado hoy en los discursos de odio que abonan el terreno para la violencia social. Existen maneras más decentes y empáticas para canalizar la indignación, sin restarles la fuerza y contundencia que amerita, particularmente cuando están en juego la dignidad de las personas y los derechos humanos y de la naturaleza; pero también contribuir a mantener un clima de respeto y paz social para una mejor convivencia ciudadana. Efectivamente, la belleza y nobleza de la política reside en construir ciudadanía en un ambiente donde prive el diálogo, la crítica constructiva y el entendimiento entre posiciones diversas y divergentes.

Hay que unir esfuerzos para que no prevalezca la fealdad en la política, una de las actividades más dignas y nobles para contribuir al bienestar humano y social. Una invitación a reivindicarla, recogiendo el legado de vocación política (vivir para la política y no de la política, Weber) de nuestros más insignes estadistas, ciudadanas y ciudadanos que nos legaron una “tierra fértil” y sin odios. Hagamos florecer la belleza y bondad de la política.