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Igualdad de oportunidades en la educación en contexto de la pandemia

Escrito en 24/05/2020. Publicado en Análisis, Derechos.

Luis Muñoz Varela[1]

En marzo de 2020, de un día para otro la vida cotidiana costarricense amaneció enmarcada en un cuadriculado de emergentes temores, ansiedades, incertidumbres, restricciones. Había llegado una amenaza invisible de la que, según lo apuntaron la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), las autoridades sanitarias de diversos países del mundo y los informes de investigación de distintos centros e institutos científicos especializados, nada se sabía. Un virus al que se le dio por nombre Covid-19, originado por zoonosis y cuyas causas se atribuyen a los desequilibrios provocados en la naturaleza por la depredación de los recursos naturales y la destrucción humana de los ecosistemas. A cien años de la “gripe española”, la pandemia del coronavirus Sars Cov-2 se había instalado planetariamente.

En Costa Rica, al tiempo que se establecieron las medidas sanitarias y diversas restricciones dictadas por el gobierno (confinamiento en casa, restricción a la movilización vehicular, cierre de diversos establecimientos comerciales, paralización de múltiples actividades económicas y productivas, el teletrabajo), también llegó, lógicamente, la pérdida de empleos, la reducción de la jornada laboral, la clausura de ingresos para pequeños negocios y empresas; la crisis económica.

La llegada de la pandemia trastocó y puso en estado de quiebra toda la “normalidad” en la que se vivía hasta inicios de marzo. Las primeras reacciones estuvieron determinadas por una ambivalencia entre cuidarse de los contagios y respetar las medidas sanitarias, o si aventurarse a seguir en las mismas dinámicas de la vida cotidiana tal como se hallaban definidas y estructuradas hasta ese momento. Pronto dicha ambivalencia quedó resuelta, al irse tomando conciencia de la gravedad de la situación y, sobre todo, a partir del momento en que las autoridades de gobierno establecieron medidas drásticas cuyo desacato implicaba penalizaciones de diversa magnitud.

Trascurridos poco más de dos meses desde la aparición del primer contagio de Covid-19 en Costa Rica, los acontecimientos ocurridos en este tiempo han revelado con claridad varios aspectos importantes y, por cierto, algunos de ellos también bastante preocupantes.

En primer lugar, seguramente quepa destacar las capacidades de respuesta desplegadas por las instituciones del sistema de salud del país; capacidades de organización hospitalaria, de competencias y solidez profesional del personal médico y de enfermería; de acervo de conocimiento científico y de capacidad tecnológica instalada en materia de salud; la seriedad asumida por las autoridades de salud en el ámbito de la gestión para controlar y contener la propagación de los contagios. La pandemia, en resumen, ha puesto de manifiesto el valor y la importancia de contar con un sistema de salud pública bien articulado y con capacidades de cobertura universal. La sociedad costarricense despertó de una especie de modorra y de indolencia en la que estaba, para empezar de pronto a comprender que hay instituciones a las que se debe proteger, cuidar y defender.

Asociado a este aspecto positivo, la pandemia también vino a transparentar, por otra parte, una realidad nacional de profunda desigualdad social y económica. Aunque ya claramente se percibía esta situación desde hace mucho tiempo, sin embargo, había pasado a quedar marginada de la sensibilidad social e institucional del país; se había normalizado. La pandemia no solo ha venido a poner de manifiesto de manera clara y contundente la magnitud de las desigualdades sociales prevalentes en Costa Rica, sino que, además, las profundiza aún más y las coloca en un plano de incremento y de reproducción en una proyección de largo plazo.

Al respecto, valga la ocasión para hacer una pequeña exposición de las cifras que dan cuenta de las desigualdades sociales en Costa Rica. Según informa el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), al año 2019, la tasa de pobreza en el país abarca al 20,98% de los hogares, distribuida en 15,14% de hogares en condición de pobreza no extrema y de 5,84% en pobreza extrema. La zona rural es la que presenta la mayor tasa de hogares en pobreza: un 24,17% frente a un 19,77% en la zona urbana. Por regiones de planificación, la distribución de las tasas de pobreza es como se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 1: Tasas de pobreza de los hogares en Costa Rica, año 2019

Región de planificación	No pobres	Pobres
Región de planificación	No pobres	Total	Pobreza no extrema	Pobreza extrema
Central	83,01	16,99	12,68	4,32
Chorotega	79,74	20,26	14,84	5,42
Pacífico Central	70,21	29,79	20,67	9,11
Brunca	69,65	30,35	21,11	9,24
Huetar Caribe	70,76	29,24	20,34	8,90
Huetar Norte	72,41	27,59	18,70	8,89

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Encuesta Nacional de Hogares, 2019a.

El término pobreza indica que los hogares están en una situación tal “cuando su ingreso per cápita es menor que el costo per cápita de una canasta de bienes y servicios, requeridos para mantener un nivel mínimo de subsistencia”. (INEC, 2020, p. 35). Se trata de una canasta básica de bienes y servicios de necesidad elemental para la subsistencia: alimentación, salud, agua potable, energía, vivienda, educación. Por su naturaleza básica, esta canasta no incluye bienes y servicios tales como dispositivos tecnológicos, computadoras, tabletas, conectividad a internet.

El término pobreza extrema, por su parte, salvando la obviedad, indica un estado socioeconómico en el que los hogares se encuentran en una situación de carencias múltiples que les impide el acceso a vivienda, alimentación, salud, higiene, servicios de agua potable y electricidad. Se trata de hogares en los que, lógicamente, el acceso a la educación y a la permanencia en el sistema educativo presentan serias y ostensibles limitaciones.

La población tipificada como no pobre, por otra parte, está conformada por hogares que, en general, cuentan con una solvencia económica al menos suficiente para tener cubiertas las necesidades básicas de alimentación y salud, vivienda, educación. Sin embargo, esta es una población altamente heterogénea, desigual en la disposición de ingresos y en el acceso a bienes de índole tecnológica como una computadora o la conectividad de internet, así como a los diversos servicios que hoy son indispensables para solventar los requerimientos de la vida actual.

Por diversas razones (monto de los ingresos, lugar de residencia, estabilidad del empleo), el hecho de tipificar como un hogar no pobre no significa que se cuente con suficientes bienes y servicios. En este mayoritario grupo social de los hogares no pobres está incluida una importante cantidad de ellos en los que las probabilidades de pasar a formar parte de los hogares en condición de pobreza son bastante altas.

De conformidad con las cifras expuestas en la tabla 1, las regiones más afectadas por la pobreza y la pobreza extrema son, en orden de mayor a menor, la Brunca, la Pacífico Central, la Huetar Caribe y la Huetar Norte. Todas estas regiones se caracterizan por ser mayoritariamente rurales y, salvo en el caso de la Huetar Norte, por ser también costeras. Con las obvias diferencias, puede decirse que, en general, en estas regiones, las actividades económicas están básicamente definidas por la agricultura, la ganadería, la agroindustria de monocultivo, la pesca, el turismo y los servicios.

Sobre la base de los principios de igualdad de oportunidades, calidad de la educación, inclusión y no discriminación, establecidos en las políticas educativas costarricenses del último cuarto de siglo, puede decirse que, en general, en todo el territorio nacional se hace necesario desarrollar acciones de política, institucionales y programáticas, para que la aplicación de estos principios conduzca, en efecto, a crear las capacidades que se requieren para reducir las desigualdades sociales y avanzar en el establecimiento de condiciones para el logro del bienestar social y el buen vivir.

Las anteriores diferencias por regiones de planificación indican que las acciones y esfuerzos por emprender no pueden ser desarrollados por medio de políticas, programas y estrategias de aplicación homogénea. Cada región amerita la atención que de manera específica demandan las propias realidades sociales, económicas, culturales e institucionales que les caracterizan. Esto también vale de manera especial para la educación.

A fin de complementar la información anterior y contar con un panorama un poco más amplio acerca de la situación socioeconómica en que se encuentran los hogares en Costa Rica, en la siguiente tabla se presentan las estadísticas sobre ocupación, desempleo, subempleo y de empleo informal.

Tabla 2: Tasas de ocupación, desempleo, personas ocupadas con subempleo, personas ocupadas con empleo informal, por regiones de planificación, año 2020.

Región de planificación	Tasa de ocupación[2]	Tasa de desempleo[3]	Porcentaje de personas ocupadas con subempleo	Porcentaje de personas ocupadas con empleo informal[4]
Central	58,7	12,3	11,4	45,8
Chorotega	46,8	15,2	12,8	44,6
Pacífico Central	52,4	9,1	16,3	54,1
Brunca	45,7	16,1	15,0	53,9
Huetar Caribe	50,9	12,0	9,9	43,4
Huetar Norte	54,7	11,7	18,6	53,7

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, Encuesta Nacional de Hogares 2020.

Tal como se puede observar, estas cifras develan, aún con mayor claridad, la magnitud crítica de la desigualdad social y de la precariedad e inestabilidad socioeconómica en la que se encuentra una significativa proporción de los hogares costarricenses.

La región Brunca sigue siendo la que presenta la situación más desfavorable, al exhibir la menor tasa de ocupación y la mayor de desempleo. Sin embargo, en este caso, la región Chorotega, que en los datos de la tabla 1 ocupaba la segunda mejor posición, registra ahora como la segunda de las regiones más afectadas por los bajos niveles de ocupación y los mayores de desempleo. La explicación de esta diferencia puede que resida en el hecho de que, al ser las tasas una representación de magnitudes promedio, no pueden dar cuenta de la intensidad específica en la que se distribuyen las desigualdades sociales al interior de cada región.

En general, incluso en un caso como el de la región Central, que en todos los aspectos considerados en las estadísticas del INEC aparece siempre ocupando las mejores posiciones, cabe presuponer que la magnitud de las desigualdades sociales intrarregionales es aún mayor y más intensa de lo que reflejan las cifras estadísticas.

En el actual contexto de la pandemia y de la crisis económica devenida y agudizada por ella, en materia de empleo, desempleo, pobreza y pobreza extrema, la información difundida por distintas fuentes oficiales señala la configuración de una situación que pasa a ser dramática en todo el territorio nacional. Las repercusiones económicas de la crisis sanitaria vienen a incrementar la crítica situación en la que ya de por sí se estaba antes de que ella apareciera y, en este momento, se incrementan por miles los hogares que afrontan múltiples dificultades para poder agenciarse la subsistencia del día a día.

En su informe anual 2019, Unicef- Costa Rica señaló que 470 mil niñas, niños y adolescentes viven en condición de pobreza en nuestro país. La crisis económica que ya enfrentábamos se agrava ahora por los efectos del COVID- 19 ante el aumento drástico del desempleo. (Guardia, 2020).

Según es obvio, se trata de una situación que, al mismo tiempo, desencadena afectaciones múltiples en lo que concierne a la educación. Una vez declarada la pandemia, las autoridades del Ministerio de Educación Pública (MEP) tomaron la decisión de suspender el curso lectivo presencial en todos los centros educativos del país, para pasar a implementar la modalidad de educación virtual a distancia.

A tal efecto, a fin de identificar de manera aproximada cuáles son las posibilidades que tienen las distintas poblaciones estudiantiles del país para hacer frente a los requerimientos que plantea la dinámica de la educación virtual a distancia, se presentan en la tabla 3 los porcentajes de viviendas que, por regiones de planificación, cuentan con disposición de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) de necesidad básica para atender la educación virtual a distancia.

Tabla 3: Porcentajes de viviendas que cuentan con diferentes TIC, por regiones de planificación, año 2019

Región de planificación	Con teléfono residencial	Con teléfono celular	Computadora	Tableta	Servicio de internet en la vivienda
Central	39,1	96,2	55,1	21,9	88,3
Chorotega	20,7	95,8	38,0	9,2	82,5
Pacífico Central	20,0	96,1	36,0	9,8	88,1
Brunca	15,5	96,3	37,9	6,8	83,6
Huetar Caribe	11,6	96,4	29,1	8,3	82,8
Huetar Norte	16,1	96,1	29,9	7,7	80,3

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Encuesta Nacional de Hogares 2019b.

Tal como refieren las estadísticas, el teléfono celular es el dispositivo TIC que en mayor proporción existe en los hogares de Costa Rica. Todas las regiones de planificación registran una tasa de más de 95% de las viviendas que cuentan con al menos un teléfono celular. Caso contrario lo es el de la telefonía residencial o fija, cuyas tasas son muy inferiores y la más alta de ellas ocurre en la región Central (39,1%), siendo ésta prácticamente el doble de la que presentan las regiones Chorotega y Pacífico Central, las dos regiones que, en este aspecto, ocupan la segunda y tercera posición.

Las estadísticas sobre la disposición de internet en las viviendas, por su parte, indican que, en todas las regiones de planificación, más del 80% de los hogares cuenta con acceso a este servicio. Las mayores proporciones las tienen la región Central y la Chorotega. Sin embargo, este dato es inespecífico; no refiere si la conexión es por la vía del servicio celular de datos móviles, o por la de la conexión fija. Es muy probable que sea lo primero.

En lo que respecta a la disposición de computadoras en los hogares, las cifras son bastante bajas y únicamente la región Central presenta una proporción ligeramente superior a la mitad de las viviendas. En las regiones Huetar Caribe y Huetar Norte, en más de las dos terceras partes de los hogares no se cuenta con una computadora. Y en lo referente a tabletas, que constituye otra herramienta de necesidad básica para atender los requerimientos de la educación virtual a distancia, las cifras son aún menores. Únicamente en la región Central superan levemente el 20% de los hogares, mientras que en las demás regiones se ubican por debajo del 10%.

Costa Rica ha desarrollado legislación, diseñado políticas y establecido programas para asegurar los principios de igualdad de oportunidades, calidad de la educación, inclusión y no discriminación. Las poblaciones estudiantiles cuentan con el acceso a los servicios de los programas de Alimentación y Nutrición (PANEA) y de Transporte Estudiantil (PTE), así como a los apoyos que brindan el Fondo Nacional de Becas (Fonabe) y el Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas Avancemos. Asimismo, de más reciente creación, también está la estrategia “Yo me apunto con la educación”, que tiene por finalidad brindar atención especial a los centros educativos de las comunidades que afrontan mayores niveles de pobreza, desigualdad, exclusión y marginación social.

Este conjunto de iniciativas y de acciones está asociado con el principio fundamental de la solidaridad, que junto con los de igualdad de oportunidades y de inclusión y no discriminación es constitutivo de los derechos humanos y, en particular, del derecho humano a la educación. En su enunciado formal, el principio de solidaridad establece que, en su conjunto, la institucionalidad del Estado y de la sociedad tienen el deber y la responsabilidad ineludibles de proporcionar las condiciones y proveer la dotación de los recursos necesarios para garantizar una educación de calidad que cumpla con los principios de “acceso universal”, “no discriminación” y de “igualdad de oportunidades y de trato”. En este sentido, declara la UNESCO (2016): “ningún país que se comprometa seriamente con la educación para todos se verá frustrado por falta de recursos en su empeño por lograr esa meta”.

Más allá incluso de la dotación de recursos, que son imprescindibles, el principio de solidaridad remite esencialmente a la creación y facilitación de las condiciones que permitan el acceso a la educación en igualdad de oportunidades y no discriminación. En situaciones especiales causadas por desastres naturales, guerras, crisis sanitarias, crisis económicas, el principio de solidaridad involucra la creación y sustentación de las condiciones que faciliten a las comunidades y a las poblaciones estudiantiles más afectadas poder protegerse de los daños y pérdidas que acontezcan en el marco de la coyuntura de crisis.

Se trata de afectaciones que, de no atenderse con la prontitud, alcance de cobertura y calidad que se requiere, pueden pasar a convertirse en pérdidas cuyo impacto en el incremento de la inequidad y la desigualdad social tendrá efectos que se proyectarán a largo plazo, con todas las implicaciones negativas que harán derivar para el conjunto en general de la sociedad.

La pandemia llegó de repente y obligó a las autoridades de gobierno a tomar medidas de emergencia. El establecimiento de estas medidas representó una quiebra abrupta de la “normalidad” de la vida cotidiana y de todas las actividades asociadas a ella. En materia de educación, la suspensión del curso lectivo en su modalidad presencial y su conversión a educación virtual a distancia dejó en condiciones claras de desventaja a una diversidad de poblaciones y sectores estudiantiles. Además, al tiempo que se suspendía el curso lectivo, las medidas sanitarias establecidas para contener y frenar la propagación de la pandemia (confinamiento, distanciamiento social, restricción vehicular, cierre de lugares públicos), afectaron diversas actividades económicas y productivas, de la misma manera que una cantidad significativa de familias han visto restringidas o incluso canceladas las posibilidades para agenciarse la subsistencia.

En este momento, aún cuando no existan evaluaciones de por medio respecto del trabajo que se le asigna a la población estudiantil para realizar en sus hogares, lo cierto es que hay un sector mayoritario de estudiantes que, al carecer de las condiciones necesarias para atender los requerimientos de la educación virtual, ha quedado en una clara desventaja en relación con otros sectores que sí cuentan con esas condiciones. Esta es una situación que obliga a hacer un esfuerzo amplio de análisis, en articulación y convergencia interinstitucional y multisectorial, a fin de identificar y definir las acciones inmediatas y estratégicas que permitan dar contención a las afectaciones y allegar los apoyos que contribuyan a atender y solventar en la mayor medida posible las carencias.

Las desventajas no tienen que ver únicamente con la no disposición del equipo y la conectividad. También intervienen en ellas factores como el desempleo de las jefaturas de familia, la necesidad de contribuir con la búsqueda de lo necesario para satisfacer las necesidades básicas; la carencia de una alfabetización adecuada en el hogar, que imposibilita brindar acompañamiento a las hijas e hijos en sus menesteres escolares. Se trata de carencias y desventajas “corrosivas” (Nussbaum, 2012) que, de no tomarse en consideración, inevitablemente repercutirán en un deterioro presente y a futuro del bienestar social para muchas familias y de oportunidades para distintos sectores de estudiantes.

Este panorama crítico plantea la necesidad urgente de que los diversos actores involucrados en el campo de la educación (académicos, institucionales, organizaciones de la sociedad civil, municipalidades, organizaciones productivas, colectivos de mujeres, asociaciones locales) contribuyan a buscar alternativas de atención y respuesta a esta difícil y problemática situación. La academia universitaria, en particular, la comunidad investigadora vinculada al campo de la educación se encuentra interpelada para desarrollar las acciones de investigación, análisis y reflexión sobre lo que acontece, a fin de identificar posibles soluciones y a hacer que éstas se canalicen y se pongan a disposición de las autoridades del MEP y de las demás instituciones que puedan estar convocadas a participar en la articulación y la convergencia de los esfuerzos.

La medida adoptada de establecer la modalidad de educación virtual a distancia requiere ser evaluada de manera urgente. En esta evaluación deben participar estudiantes, docentes y madres y padres de familia. Es preciso realizar consultas localizadas, contextualizadas, en cada una de las comunidades y regiones del país. Es imprescindible conocer de qué manera las poblaciones estudiantiles, la planta docente y las familias han asumido los requerimientos de la educación virtual a distancia; cómo se ha llevado a cabo la dinámica de la “mediación pedagógica” y con qué disposición de equipo se ha contado.

Esta evaluación es necesaria y muy importante, en la medida que sus resultados permitirán identificar las dificultades que se hayan tenido, hacer los ajustes pedagógicos que se requiera, brindar capacitación a la planta docente que se haya visto más limitada para el desarrollo de su trabajo, coordinar con las instituciones y empresas prestadoras de servicios de internet para asegurar la plena cobertura nacional de este servicio.

Según se ha indicado por parte del MEP, la proyección es retornar al curso lectivo presencial a partir del próximo mes de agosto, después de concluido el período de vacaciones de medio año. El cumplimiento de esta proyección, sin embargo, depende de diversos factores y la mayoría de ellos son externos al sistema educativo y a las competencias del MEP. El comportamiento de la pandemia es incierto y el regreso a los centros educativos, además, no se podrá llevar a cabo sin el establecimiento de diversas medidas de control y vigilancia sanitaria. Este es otro aspecto en el que las autoridades educativas habrán de implementar capacitaciones al personal docente y administrativo, para lo cual desde ya se tendrían que estar desarrollando las acciones correspondientes.

De igual manera, la decisión de retornar al curso lectivo presencial, ya sea en agosto próximo o después, es una decisión que requiere de un análisis minucioso acerca de todos los factores implicados, especialmente aquellos que tienen que ver con la disposición de ingresos de los hogares, el empleo, al menos una mínima estabilidad económica de las familias.

Esta es una dimensión de la situación de crisis que no puede ser obviada y que exige una atención cuidadosa. De no tratarse con el cuidado y la atención que amerita, se estaría empujando a una proporción amplia y diversa de sectores estudiantiles a una situación de mayor desigualdad que la que ya existía antes de la llegada de la pandemia. Esta decisión, en último término, debe estar basada en un plan de contingencia y de recuperación que, como ya se indicó, demanda una formulación de políticas que puedan ser ejecutadas por medio del accionar de una plataforma de articulación y convergencia multisectorial e interinstitucional.

Referencias bibliográficas

Asamblea General de las Naciones Unidas. (1989). Convención sobre los Derechos del Niño. Madrid: UNICEF. Recuperado de: https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf

Guardia Donato, Diana. (2020). ¿Qué pasa con la infancia costarricense durante la cuarentena? Semanario Universidad, 06 de mayo de 2020. Recuperado de: https://semanariouniversidad.com/opinion/que-pasa-con-la-infancia-costarricense-durante-la-cuarentena/?fbclid=IwAR0Iz_GV18pQxGgpiZykAyHZyLQFg_x6B3Wte9RoODJvFGikFZsZMJAtpc0

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2019a). Encuesta Nacional de Hogares. San José: INEC. Recuperado de: https://www.inec.cr/pobreza-y-desigualdad/pobreza-por-linea-de-ingreso

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2019b). Encuesta Nacional de Hogares. San José: INEC. Recuperado de: https://www.inec.cr/otros-temas-ciencia-y-tecnologia/tecnologias-de-informacion-y-comunicacion-en-hogares

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2020). Anuario estadístico 2016/2018. Compendio de estadísticas nacionales. San José: INEC. Recuperado de: https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/reanuario2016-2018.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2020). Encuesta Nacional de Hogares. San José: INEC. Recuperado de: https://www.inec.cr/empleo

Programa Estado de la Nación. (2019). Informe Estado de la Nación 2019. San José: Servicios Gráficos AC. Recuperado de: https://estadonacion.or.cr/wp-content/uploads/2019/11/informe_estado_nacion_2019.pdf

Nussbaum, Martha C. (2012). Crear capacidades. Propuesta para el desarrollo humano. Barcelona: Paidós. Recuperado de: https://es.scribd.com/document/361404680/Crear-Capacidad-Martha-Nussbaum

[1] Investigador del Observatorio de la Educación Nacional y Regional (OBSED), Instituto de Investigación en Educación (INIE), Universidad de Costa Rica. Mayo de 2020. C.e.: luis.munoz@ucr.ac.cr

[2] “Porcentaje de la población ocupada respecto a la población en edad de trabajar.” (INEC, 2020). La población en edad de trabajar es la que tiene 15 años y más.

[3] “Porcentaje de la población desempleada respecto a la fuerza de trabajo. (INEC, 2020).

[4] “Porcentaje de la población ocupada con empleo informal respecto al total de ocupados.” (INEC, 2020).

Foto del Semanario Universidad. Estudiante de Sixaola, Limón.

El final del discurso del “libre mercado”, ceteris paribus – I parte

Escrito en 16/05/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Marco Soto Umaña

Un abordaje de las diversas informaciones que pululan en la red, medios de información, organizaciones financieras, organizaciones internacionales, etc., abren un claro panorama de la situación actual y futura del sistema económico planetario existente y de la diversidad de formas en que política y económicamente se particulariza en cada nación, dado la diversidad de procesos históricos y proyectos de vida construidos.

El panorama no es muy positivo, se avecina una recesión de carácter global, que incidirá en cada país de manera diferente, dependiendo de sus características, de los procesos y contextos históricos particulares, de la aglutinación de fuerzas a lo interno, de la inserción al mercado global, ya sea de su total o parcial dependencia, del nivel de deterioro o destrucción del mercado y producción nacionales, causada por el modelo de desarrollo neoliberal, y por supuesto, del desarrollo de la institucionalidad propia, de cada país, es decir, el nivel de privatización, parcial o total logrado por los poderes fácticos nacionales.

Como mencioné, la incidencia de dicha recesión en cada sociedad en particular dependerá de una diversidad de factores, sin embargo, es previsible que economías que otrora fueran referentes de la ficción del “libre mercado”, de las famosas CONSTRUCCIONES elaboradas desde institutos como CATO para demostrar los logros de las “economías libres”, vayan cayendo como castillo de naipes.

Hace ya varios años, me avoqué a estudiar la realidad de Singapur, una economía netamente importadora de lo que consume y, cuestionaba en ese entonces, cómo sobreviviría Singapur en un contexto como el que se avecina, bueno, el momento llegó, esperamos, por el bien de todo un pueblo, que puedan sortear la crisis, sin llegar a, como lo vaticinaba en ese entonces, convertirse en un país fantasma.

El caso de Chile es interesante y preocupante, una economía totalmente privatizada, y peor, una institucionalidad totalmente desmantelada, con pocas capacidades de maniobra, y que ya se encontraba ante una situación de movilizaciones y protesta social, así como de represión sistemática.

En el caso particular de nuestro país, la situación, en principio, no es tan grave, partiendo de que los intereses y procesos privatizadores, no han logrado plasmar todo ese ideario en su totalidad, aún y a pesar de haber logrado, adelantándose a los acontecimientos, blindar las posibilidades en la toma de decisiones, que como ciudadanos tenemos con el instrumento del referéndum y la CRIMINALIZACIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA SOCIAL.

Repito, toda sociedad, depende en la coyuntura actual de sus propias capacidades y características internas, de las condiciones materiales, infraestructura, recurso humano, institucional, relativa capacidad auto alimentaria, etc., y Costa Rica reúne, considero, todas esas características, exceptuando, la social, esa base social con capacidad de EXIGIR cambios estructurales, esa aglutinación de fuerzas capaces de dirigir el barco hacia un puerto donde podamos embarcarnos todos y todas sin exclusión, y eso requiere un gran esfuerzo de construcción, dejando de lado posiciones extremas, parcelitas e intereses.

Hoy por hoy, la batuta la tienen los grandes intereses corporativos, los poderes fácticos, los que han construido la crisis, fueron llamados para arreglar lo que destruyeron, ahondando aún más el modelo, cargando sobre las espaldas del sector trabajador, público y privado, sobre los micro, pequeños y medianos empresarios, el peso de la crisis.

“Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”.

UNA PROPUESTA DESDE “LA OTRA ACERA”

Escrito en 23/04/2020. Publicado en Derechos.

NOMBRE COMPLETO: LA INSTITUCIONALIDAD AL RESCATE DE SECTORES LABORALES Y PRODUCTIVOS ANTE LOS EFECTO DEL COVID-19 EN EL PAÍS – una propuesta desde “la otra acera” –

FECHA DE ENVÍO A AUTORIDADES GUBERNAMENTALES Y LEGISLATIVAS: martes 14 de abril

ORIGEN DEL DOCUMENTO: Es una compilación realizada para ANEP, ASDEICE, FIT, CONCOOP, SIPROCNP, MEDSE, UNAG y Encuentro Social Multisectorial. La misma ha sido realizada por César López Dávila, para las organizaciones recién mencionadas.

CARÁCTER DEL DOCUMENTO: El documento que se presenta a continuación, se enmarca en la vocación propositiva, que, a lo largo de las últimas dos décadas, diferentes personas, organizaciones y sectores sociales, hemos presentado a la comunidad nacional ante grandes desafíos o temas país.

Busca evitar dispersión de iniciativas aisladas, propone una compilación de ideas. Tomar la palabra a distintas personas, organizaciones e instancias que bajo el denominador común de comprender el rol clave del estado social para el bien común, han tenido la genuina preocupación, que les ha llevado a plasmar públicamente, diversas propuestas ante la situación que vive el país.

Toma como punto de partida, parte de los planteamientos realizados por profesionales destacados en el campo de la economía, el derecho, las ciencias políticas, u otras ciencias sociales. Los sintetiza para darles un contexto determinado (la creciente desigualdad y el progresivo desmantelamiento del aparato estatal que han venido promoviendo cúpulas político – empresariales, y sus operadores en los poderes formales). Finalmente les asigna una noción de visión país: la de rescatar el Estado Social de Derecho, volver a la senda del desarrollo económico con visión social; fortaleciendo la institucionalidad estatal que ha demostrado ser clave para enfrentar la pandemia (cuidar a quienes nos cuidan: el ICE, la CCSS, la Universidad y la Educación Pública, FANAL, el INS, las Municipalidades. Pero también la micro, pequeña y mediana empresa, especialmente la del sector agropecuario).

SE APORTAN IDEAS AL DOCUMENTO: De economistas como William Hayden Quintero, Luis Paulino Vargas Solís, Olman Segura Bonilla, Welmer Ramos González (diputado). Abogados como Pablo Barahona Kruger, Jose María Villalta Flores Estrada (diputado). Politólogos como Claudio Alpizar Otoya y Jaime Ordoñez Chacón. Dirigentes sociales como Albino Vargas Barrantes, entre otros.

CONTENIDO DEL DOCUMENTO: Cuenta con seis ejes de abordaje desglosados de esta forma:

10 Medidas para aportar liquidez financiera a la Institucionalidad del Estado.
05 Medidas para fortalecer el sistema tributario de cara a la emergencia.
03 Medidas para el apoyo económico de quienes sufren la crisis.
08 Medidas para el rescate con inclusión social y productiva.
05 Medidas para atender brechas y sectores vulnerabilizados.
12 Consideraciones finales

ÉNFASIS PRINCIPALES:

DETENER EL TRÁMITE DE TODA INICIATIVA, PARLAMENTARIA O EJECUTIVA, ORIENTADA A CONSTREÑIR EL SALARIO DE PERSONAS TRABAJADORAS QUE AÚN NO SE HAN VISTO AFECTADOS POR LA EMERGENCIA: Uno de los principales elementos para enfrentar la recesión y mantener a flote la parte del mercado interno, que aún no ha sido contraído, es mantener la capacidad adquisitiva del salario.

Esto conteniendo la caída de ingresos (de quienes han visto disminuido su jornada y salario, han sido suspendidos de contrato laboral, o han perdido el empleo); para que mediante apoyo financiero, puedan atender sus necesidades básicas evitando a la vez una contracción mayor del mercado interno. También cuidando la capacidad de compra de quienes no han visto afectado su empleo, manteniendo encadenamientos productivos asociados al salario, que contribuyen a evitar una mayor contracción de la economía.

Las medidas que ya fueron adoptadas en detrimento de la capacidad adquisitiva del salario y que se dijeron de carácter de transitorio, no deben, bajo ninguna circunstancia, convertirse en permanentes. Por el contrario, deben tener mecanismos para retrotraerlas al estado original.

VALORAR E IMPLEMENTAR CON URGENCIA OTRA SERIE DE INICIATIVAS QUE PUEDEN DAR LIQUIDEZ AL ESTADO: El Gobierno en estos momentos necesita de liquidez inmediata para hacer frente a los gastos emergentes relacionados con el impacto social del Covid-19. Se debe dotar al estado de los fondos requeridos para ampliar la cobertura, y apoyar a más a personas en condiciones difíciles, así como a pequeños emprendimientos, micro, pequeñas y medianas empresas que estén enfrentando dificultades al haber visto afectado sus ingresos debido a la crisis sanitaria, las políticas de contención adoptadas y su impacto socioeconómico. Para ello hay una serie de medidas tales como: Disminución del financiamiento público a la deuda política, impuesto temporal solidario a la riqueza, y pensiones de lujo, redestinar dinero que financiaría ingreso a la OCDE, fijar impuesto a las zonas francas, establecer impuesto temporal a las bebidas alcohólicas, uso parcial de Reservas Monetarias Internacionales. Postergación del pago de intereses de la deuda interna bonificada, Gestión de la deuda pública internacional, entre otras.
IMPLEMENTAR ALGUNAS ACCIONES QUE FORTALEZCAN NUESTRO SISTEMA TRIBUTARIO, DISMINUYENDO SU REGRESIVIDAD Y BAJA CARGA IMPOSITIVA. La Comisión Especial Legislativa que investigó el caso del Bufete Mossack Fonseca, conocido como “Panamá Papers” o “Papeles de Panamá” generó un Informe Final que contiene una serie de recomendaciones para combatir el fraude fiscal. Dada la situación que enfrenta nuestra economía se propone crear legislación urgente sobre varias de estas, las cuales se especifican en el documento. Además establecer Tasa Tobin o impuesto a las grandes transacciones financieras, aplicar la renta mundial y renta global, así como el levantamiento del secreto bancario.
IMPLEMENTAR MEDIDAS PARA EL RESCATE CON INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA: Siempre bajo la lógica del auxilio económico y el impulso de fomento productivo, se requiere implementar iniciativas que reduzcan el costo de vida, en busca de liberar ingresos a favor de las personas o de micro, pequeños y medianos emprendimientos; para estas puedan utilizar dichos ingresos liberados, en la cobertura de sus necesidades básicas, o de operación (según corresponda). Entre algunas de las que integr el documento figuran las siguientes: Bajar el precio de los medicamentos, readecuar créditos y tasas de interés, fijar tasa de interés de usura, condonación de deudas del sector agropecuario, potenciar producción agropecuaria nacional, involucrar a loca gobiernos locales en la aplicación de políticas de apoyo y reactivación.

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¿Hacia dónde va Costa Rica?

Escrito en 17/04/2020. Publicado en Análisis, Equidad y derechos de la mujer.

Vamos a celebrar
La misa del amor esta mañana.
Haremos una hostia, con masa de maíz, harina y esperanza.
En un filo de roca,
Sobre el vientre de un cerro,
Consagraremos la hostia de la vida
Y el vino del derecho.
Jorge Debravo.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

La oligarquía empresarial y financiera ha sacado sus sables para blandirlos con fuerza contra los trabajadores del sector público. Realmente, sus desmanes resultan repugnantes y desenfrenados. Se ha envalentonado por su poder extralimitado, conferido por los gobiernos de turno.

Apelar a estas armas innobles, también, la delata en su debilidad ética para encarar situaciones adversas, que demandan, por parte de toda la ciudadanía costarricense, patriotismo, sensibilidad humana y solidaridad.

Es una oligarquía que se ha venido despatriando porque ha traicionado valores fundamentales de una patria solidaria y amiga. Ha endeudado al país porque no ha pagado debidamente los impuestos. Ha estafado a los bancos del Estado. Ha atacado con saña a los empleados y pensionados del sector público, exhibiéndolos como responsables de la crisis fiscal, de la que ella y sola ella es la principal y verdadera responsable. Y ahora, pretende dictarle medidas leoninas para enfrentar la pandemia del Covid-19.

Vive en otro mundo, y su ceguera es total. El poder extralimitado la ha segado al punto de pensar que puede eximirse de contribuir solidariamente, quizá porque sigue pensando que sus riquezas son el fruto de su esfuerzo y capacidad, desconociendo el aporte de sus trabajadores –la mayoría mal pagados– y el soporte que le brinda la institucionalidad social pública -esa que buscan desmantelar para privatizarla-, sin los cuales se moriría de hambre.

Este pueblo se está cansando de que lo trate como ignorante y pordiosero. Ya no puede seguirle mintiendo, declarando cero ganancias mientras acumula riquezas en paraísos fiscales. Y pretende que le crean el cuento de que los privilegiados son los empleados del sector público, que hoy se parten el alma por sacar adelante al país de esta pandemia, dando lo mejor de sí con generosidad solidaria, precisamente, lo que esta oligarquía no tiene.

Tales comportamientos, son producto de su ambición ilimitada de poder; aspira a tener todos los poderes. Y como hay poderes que no puede comprar, como el de los intelectuales dignos, entonces los ataca y desprestigia; como no tiene el poder de la humildad, entonces busca ganarse el favor de los pobres con las migajas que le tira de su mesa, es decir, los humilla; y como no tiene la delicadeza y la sabiduría de los maestros, entonces los persigue y los degrada.

Pero toda su vanidad se diluye como la neblina. ¡Vanidad de vanidades, todos es vanidad!, dice el sabio escritor del Eclesiastés, en tiempos muy parecidos a los nuestros donde la dinastía tolomea celebraba el auge tecnológico, comercial y cultural del imperio griego-macedonio. La palabra que se traduce como vanidad, en este texto, corresponde más propiamente a palabras más triviales como “cochinada”, “porquería” o “mierda” (Tamez, Elsa. Cuando los horizontes se cierran. pp.15-21). Y en su “vanidad”, esta oligarquía no perdurará. Como la pandemia del coronavirus, dejará muchas víctimas en el camino, pero las mayorías sobrevivirán.

¿Hacia dónde va Costa Rica? Hacia un Estado Social de Derecho del Siglo XXI, más fortalecido que nunca en su historia. Será la nueva gesta victoriosa de mujeres y hombres libres que, así como se sacudieron la bota filibustera en 1856, se sacudirán de esta oligarquía que ha pretendido doblegarlos, empobreciéndolos y ofreciéndoles falsas promesas de reactivación económica.

Todavía hay reservas suficientes de dignidad en este pueblo valeroso y solidario, que vencerá a ambas pandemias: la del coronavirus y la oligárquica.

Imagen: UNED

Radiografía de un golpe de Estado blando

Escrito en 07/04/2020. Publicado en Análisis.

Dr. José Solano Alpízar

Vivimos tiempos difíciles, de eso no nos queda la más mínima duda, pero eso no es producto del Coronavirus. Es cierto que la pandemia cambiará nuestras vidas y la forma en que vemos el mundo y al propio planeta, pero no todos cambiarán su forma de pensar, lo han demostrado ayer, lo han demostrado hoy y lo demostrarán mañana.

Desde hace más de tres décadas hemos venido viviendo tiempos muy violentos -me refiero a las y los ciudadanos costarricenses-, hemos venido experimentando violencia económica, violencia mediática, violencia judicial, violencia legislativa, entre otras, impulsada por una camarilla político empresarial que no representa más allá del 0,1 % de la población de Costa Rica, pero cuyas componendas político-jurídicas y económicas tienen a la democracia costarricense al borde del abismo.

La democracia y el neoliberalismo (mercado salvaje y privatización a ultranza) son irreconciliables. La democracia para poder existir requiere de una institucionalidad fuerte, vigorosa, equilibrada. La democracia es una forma de organización social, una forma de existencia en sociedad en la que se establece un pacto, y en la medida en que ese pacto se rompe y se violenta, la democracia pierde validez, y al perderla deja el terreno fértil para el caos y un tipo de anarquía en la que peligrosamente la ley del más fuerte se hará patente de la forma más brutal.

La democracia pierde sentido y valor cuando sus representantes pierden legitimidad y en Costa Rica eso ha venido sucediendo desafortunadamente. Montesquieu lo planteaba claramente, la democracia es sana, en la medida en que existe clara delimitación entre los poderes de una República (Ejecutivo, Legislativo, Judicial), pero cuando esas líneas se hacen borrosas, entonces nos enfrentamos a una crisis democrática de grandes proporciones.

Costa Rica vive un momento turbio, oscuro y siniestro en el que una mafia político-empresarial -que repito, no representa más allá del 0,1 % de la población del país- ha cooptado todas las instituciones públicas del país, pisoteando la Constitución Política de la nación y sobre todo violentando los derechos del pueblo soberano que le da contenido a la democracia misma. Alexis de Tocqueville hablaba del retroceso de la política, y por ende de la democracia, frente a formas blandas de tiranía, y no crean compatriotas que sólo existe la tiranía por dominación militar, también existe la tiranía del capital, la que es capaz de llevar a un pueblo a la miseria y pedir su inmolación en el gran altar del mercado.

Y eso es lo que está sucediendo en nuestro país. La culpa no es del ciudadano presidente Carlos Alvarado, podríamos pensar que su incapacidad nos ha llevado por ese despeñadero, pero NO, él es simplemente un palurdo ambicioso al que lo sedujo la posibilidad de ser presidente y a quien sentaron los dueños del poder en Costa Rica, como lo hicieron con Johnny Araya -recuerdan esa imagen- cuando le pidieron que renunciara a la campaña contra Luis Guillermo Solís. Mi hipótesis es que a Carlos Alvarado, el gran capital le ofreció ser presidente a cambio de que entregara las riendas del estado costarricense; de ahí el despliegue de una poderosa campaña de los medios y las redes sociales -durante la segunda ronda electoral- con el apoyo de acérrimos enemigos como los periódicos La Nación o CrHoy.

En virtud de ese acuerdo no es casual su llamado a formar un gobierno de unidad, que en realidad era un gobierno en que se nombrarían las principales fichas de la mafia político-empresarial para orientar el destino del país hacia la liberalización económica total y la privatización de los principales activos del estado (RECOPE, FANAL, INS, CCSS). Es así como se completa el proceso de apropiación y distribución de las jerarquías de las principales instituciones estatales (juntas directivas, presidencias ejecutivas, ministerios, presidencias y gerencias de Bancos estatales, entes Contralores, Fiscalía General de la República) la lista es enorme, de forma tal que como como una hiedra expandieron su poder por cada uno de los resquicios institucionales y para culminar su esfuerzo crearon entidades de poder y decisión político-económico, que aunque están adscritas al estado, en realidad son dirigidas por el gran capital para favorecer su apetito voraz. Es así como surge el CONASIF (Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero Nacional) y se crearon sus hijos putativos, las superintendencias: Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF); Superintendencia General de Seguros (SUGESE); Superintendencia General de Valores (SUGEVAL); la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) y finalmente la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL). Todas orientadas por el gran capital empresarial que ha venido destruyendo las instituciones públicas y ha creado una cancha demarcada bajo los intereses y requerimientos privados.

¿No les parece curioso conciudadanos y conciudadanas que Tomás Soley, Superintendente de Seguros, órgano adscrito al Banco Central, en lugar de defender el proyecto impulsado por el gobierno para eliminar temporalmente un impuesto al INS para que parte de los recursos del INS pasen a un fondo que permita paliar la pandemia del Coronovirus, defienda a capa y espada el mercado privado de valores, y advierta al presidente y a los diputados de lo peligroso de distorsionar el mercado de seguros? Dicho de otra manera el señor Soley, siendo empleado público que probablemente goza de 9,5 millones de salario, se ha opuesto a una acción de salvamento solidario de aquellos costarricenses que se verán afectados por el recorte de empleos o la reducción de sus jornadas ¿Para quién trabaja el señor Soley?, la pregunta es una perogrullada, la respuesta ya ustedes la conocen y es muy obvia.

De igual manera hace pocos días recibimos la triste noticia de que Rocío Aguilar, flamante representante de la Junta Directiva de Aldesa, ex Contralora General de la República y ex Ministra de Hacienda, asume las riendas de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN). Sí usted costarricense que ha ahorrado durante toda su vida, para luego recoger unos dineros que son de su propiedad, le comento que la señora Aguilar ha sido puesta ahí porque los buitres del gran capital le tienen la mira puesta a sus fondos, e igual que hicieron las AFP en Chile, -el modelo que hemos seguido en diferentes campos de la vida económica- seguirán desarrollando estrategias para apropiarse de los fondos privados de los trabajadores.

Conciudadanos y conciudadanas, no podemos pasar inadvertidos los movimientos que realiza la mafia político-empresarial todos los días, mientras mueren personas por el COVID 19, la mafia político-empresarial que tiene como grupo de choque a la Unión de Cámaras Empresariales, sigue impulsando su agenda. La cooptación de los espacios de poder ha sido casi completa, lo vemos en la Asamblea Legislativa con figuras como Pedro Muñoz del PUSC, Carlos Ricardo Benavides del PLN, y diputados de diferentes fracciones al servicio de los proyectos que la UCCAEP presenta, o bien lo vemos en la Contraloría General de la República, entidad que ha venido violentando la Constitución, de alguna manera, pues se convierte en juez y parte, casi actuando en función ejecutiva y sobrepasando las facultades que la Carta Magna le confiere.

Si del ejecutivo se trata, basta comprender que el presidente del Banco Central es un ex funcionario del Fondo Monetario Internacional y que precisamente ha sido él quien se ha opuesto a la baja de las tasas de usura y casi todas sus decisiones están dirigidas a favorecer a la banca privada y a las grandes empresas, y el ministro de Hacienda ex funcionario del Banco Mundial, cuyas actuaciones cuestionables apenas comenzamos a digerir con su impuesto solidario. Finalmente, qué decir de la Fiscalía General de la Republica, la que al parecer ha dejado que el tiempo y la modorra transcurra para que venzan las causas por estafa y asalto de la hacienda pública en casos como los de: Juan Carlos Bolaños y el Cementazo, Hidrotárcoles, Asebanacio, Samuel Yankelewitz, entre otras.

Prueba de Ácido para Honduras

Escrito en 28/03/2020. Publicado en Análisis, Derechos.

Por Marlin Óscar Ávila

El juego doble

El Covid-19 se puede usar como pretexto para satisfacer intereses mezquinos de quienes son los responsables, no del virus, pero si del mayor sufrimiento del pueblo hondureño.

Se especula que quienes toman las decisiones gubernamentales, quieren llevar al país a obtener un impacto negativo para que lo distingan globalmente y así lograr las miradas internacionales hasta que se le ofrezca mayores donaciones y ayuda.

Nadie ignora que las ayudas del exterior y, las extraídas de lo que haya quedado internamente, desaparecen por arte de magia.

Se ha denunciado públicamente el desinterés del Ejecutivo en escuchar y aplicar las propuestas del Colegio Médico Hondureño, adonde están afiliados lo poco de ciencia médica existente en este país. Las universidades, hace tiempo no hacen propuestas coherentes y oportunas, con quienes también existe mucho prejuicio del gobierno.

Punto de quiebre

Estamos ahora mismo llegando, en estos días, a un punto de quiebre político social delicado, sin hablar del crecimiento exponencial de casos del Covid-19.

Esta crisis socio política tiene visos de llegar a ser sin precedente. Con un subempleo de alrededor del 60%, ahora aumentado por los cierres de empresas, las que suben la tasa de desempleo y subempleo a niveles astronómicos, las cosas están más que delicadas.

Si a esto le sumamos el desabasto de alimentos en los mercados, la desmovilización de todas las familias para buscar su sustento, y posiblemente viene desabasto de medicamentos en las farmacias (una forma de llegar después a especular con los precios), lo que tenemos frente a nosotros, además de la pandemia del Covid-19, es un caos social. Las muertes serían por varios motivos y se podrá hacer trasiego entre los que mueren por la infección y los que mueren por hambre. Solamente que las cifras podrían llegar a 4 y hasta 5 dígitos. Pero eso, que no requiere ser genio para preverse, puede estar en la agenda de quienes gobiernan.

El campo rural

El lugar más adecuado para vivir ahora es la zona rural. De donde emigraron nuestros padres y abuelos. Conocemos un programa que durante más de una década ha asesorado y formado a familias campesinas en su desarrollo integral. Estamos hablando de unas 15 mil familias pequeñas propietarias de tierra, ubicadas en los cuatro puntos cardinales del país. Esas familias producen para el auto sostenimiento familiar, los alimentos más sanos que cualquiera exija comer. Las graves sequías cortas y largas que ha habido desde inicios del 2000, esas familias han sobre llevado las peores sequías, siempre logrando agua para sus cultivos y consumo animal y humano. Son familias que vimos extraer agua hasta de las rocas.

Estas familias no están pasando el hambre de quienes habitan los bordos en la zona norte, tampoco se desesperan por no poder llegar al banco durante una semana. En ellos no existe la ambición de lujos y diversiones que ofrecen, u ofrecían nuestras ciudades. Tampoco viven en la pura naturaleza. Tienen deporte, TV, escuela, Internet y colegio, y no falta una familia que tenga un miembro con educación superior.

A esas familias hondureñas les debemos agradecer el que no sean agentes portadores del virus Covid-19 per, mantiene muchos metros de distancia entre las viviendas. Tampoco, serán portadores de violencia para lograr comer el día de hoy y mañana ni el próximo año. Es gracias a ese inteligente y audaz programa impulsado por ANAFAE. Que habrá población inmune a las grandes alteraciones político-sociales que se avecinan.

Creemos que hay otras agencias con ese marco filosófico de desarrollo integral, que sin sesgos religiosos y políticos están fortalecidos para sobrevivir las atrocidades de una clase política inmoral en control del primer país más pobre y enfermo de hambre en América Latina.

El Ombudsman

Los retos que se avecinan para un «defensor del pueblo» u OMBUDSMAN, no los ha tenido ningún profesional a la cabeza del Comisionado de Derechos Humanos. Después del Dr. Leo Valladares, no ha habido alguien como él, pero dudamos que alguien pueda llegar a responder como se le exigirá a quien llegue luego. Don Roberto Cáceres ha concluida su periodo formal este 25 de marzo, pero aún no se ha definido quién lo sustituya.

Diríamos que más allá de una persona, que podría ser el mismo Dr. Roberto Cáceres, lo que se requerirá es un equipo multidisciplinario de profesionales realmente comprometidos con este abandonado pueblo catracho. Un equipo militante de los derechos humanos. Esto no está lejos de poderse obtener. Hay muchos defensores de los derechos humanos que han pasado tal prueba. Unos o unas no están dentro del país por esa misma razón.

Si el Ombusman deja de ver los colores políticos y conveniencias personales, se podría lograr una Defensoría del pueblo como lo exigen las circunstancia actuales y venideras. De lo contrario, mejor no tener esos elefantes blancos gastando el poco presupuesto que dejan los corruptos.

Caída y ascenso del movimiento fundamentalista cristiano

Escrito en 02/04/2018. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Marcos Chinchilla Montes

Me conmovió de sobremanera leer sobre todas aquellas personas que hicieron el esfuerzo por regresar a Costa Rica, casi que con el fin exclusivo de votar y alzar su derecho a favor de una sociedad que continúe acogiendo un orden democrático que aunque imperfecto, brinda garantías de una institucionalidad y convivencia social orientada a la tolerancia, la justicia social, la integración y el respeto del derecho.

Si bien desde el gobierno de Monge (1982-1986) esas condiciones se han venido deteriorando con la intromisión del neoliberalismo, lo cierto es que la sociedad costarricense no ha claudicado en su anhelo y esfuerzo por alcanzar una sociedad donde todas las personas quepamos en condiciones de justicia, igualdad y equidad en la distribución de riqueza, y en los años recientes, con mayor nivel de armonía con la naturaleza.

Las últimas semanas, y particularmente con la presentación del Plan de Gobierno 2.0 del Partido Restauración Nacional, dejó en evidencia la odiosa confluencia de los intereses económicos de la burguesía nacional que parecieron tener muy buena sintonía con un discurso moralizante, evangelizador y discriminatorio de todo aquello que se aparta de la moral fundamentalista cristiana. Doloroso tener que reconocer como el odio, la intolerancia, la persecución, el fundamentalismo religioso y la violencia se visibilizaron y posicionaron con simpleza en nuestra sociedad; estábamos o estamos a un paso de que se instalara el pensamiento nazista que otrora acabó con la vida de millones de negros, judíos, gays y gitanos

Dichosamente, hoy le asistimos un duro golpe a esa visión de mundo que pensaba retrotraernos 2000 o 2500 años hacia atrás, heredándonos incluso tradiciones e instituciones del oscurantismo medieval y de la inquisición católica.

Muchas pueden ser las razones por las cuales la sociedad costarricense se volcó contra la propuesta del sequito de Fabricio y los neoliberales que posteriormente se le adhirieron; sin embargo, me voy a concentrar brevemente en las siguientes:

La ampliada indignación nacional que borró las fronteras de la pertenencia partidaria y que reconoció el riesgo de violentar un orden societal basado en la defensa, promoción, respeto, exigibilidad y disfrute de los derechos humanos.

Indiscutibles falencias intelectuales, profesionales y personales de Fabricio Alvarado que quedaron ampliamente demostradas en los pocos debates en que participó. Participar en política no es lo mismo que hablar en lenguas en un culto.

Incomprensión e irrespeto aberrante hacia la normativa internacional con la que el país se ha comprometido durante varias décadas, y que a su vez son garante de la promoción de los derechos humanos y las normas de convivencia internacional.

La relación personal y espiritual entre Fabricio y Rony Chávez (este último su padre espiritual) se tornó en un elemento de conflicto en la campaña en la medida que Chávez argumenta que la Virgen de los Ángeles es un espíritu demoniaco que debe ser combatido y desterrado. Este es un tema muy sensible para millones de católicos en el país y Fabricio nunca fue capaz de aclararlo o procuro desviar la discusión.

Un plan de gobierno que en sus diferentes versiones no demostró ni coherencia, ni una direccionalidad política nacional, y que más bien dejó la sensación de ser el plan de una iglesia que quería expandirse a nivel nacional e imponerse como orden moralizante.

Choque frontal y un cuestionamiento continuo hacia la institucionalidad electoral costarricense.

Adhesión oportunista de una serie de figuras ampliamente cuestionadas y mohosas del Partido Liberación Nacional, entre ellas Antonio Álvarez Desanti -candidato perdedor; lo que permitió dejar en claro que el Partido Renovación Nacional es sumamente poroso, que eso de las manos limpias es solo un eslogan de campaña, y que para hacer negocios, se lo hace desde cualquier partido político. A esto hay que sumarle la adhesión de Otto Guevara y otros candidatos presidenciales perdedores que más bien resultaron inconvenientes.

La sospechosa relación entre la campaña de Fabricio Alvarado, el diario digital el Mundo y OPol Consultores que generalmente le favorecía en las encuestas y que solía distanciarse con creces a las encuestas del CIEP de la Universidad de Costa Rica. Los resultados electorales dejan en amplio descredito a OPol y las personas que estaban detrás de esa empresa.

La indignación nacional se expresó no solo en el voto, sino en una sostenida campaña de memes, videos, comentarios, noticias y reflexiones en las redes sociales y en Whatsapp, las mismas debe asumirse como formas de participación social y de educación que permitieron conocer los riesgos que implicaba un posible ascenso de Fabricio Alvarado a la presidencia del país.

La derrota de Fabricio es a su vez una derrota para los hermanos Arias pues sus intereses económicos y políticos se posicionaron rápidamente detrás de éste; es una doble derrota para un deslucido Álvarez Desanti, sus seguidores y el sector más rancio del PLN; y es una humillación para la Iglesia Católica costarricense que le cedió espacio al fundamentalismo evangélico, perdiendo credibilidad social.

Sin embargo, deseo llamar la atención sobre el siguiente aspecto. En este round Fabricio resultó perdedor; no obstante, desde hace varios años el fundamentalismo cristiano aprendió a degustar las mieles del poder, y van por éste. Desde mi lectura, el fundamentalismo cristiano es ya un movimiento social (eso sí, de derecha), y han venido demostrando que tienen músculo político y que tienen capacidad para movilizarse y hacer temblar la institucionalidad costarricense; sino, recuérdese la cantidad de diputaciones que ganaron para la próxima Asamblea Legislativa, situación que avizora una situación especialmente delicada para el gobierno de Carlos Alvarado.

Finalmente, tenemos cuatro retos muy importantes y que no se deben de descuidar, a saber:

Carlos Alvarado debe hacer un excelente gobierno en términos de justicia social, distribución de riqueza, desarrollo de infraestructura, protección del medio ambiente y defensa de los derechos humanos; de no hacerlo, puede que no resistamos un nuevo embate del movimiento fundamentalista cristiano y su asociación con el pensamiento neoliberal.

El Tribunal Supremo de Elecciones debe revisar y modificar su normativa. Resulta inverosímil que ante tanta violación a la norma electoral, el tribunal se quede casi de brazos cruzados.

La vivencia espiritual debe complementarse con un pensamiento científico que permita enfrentar el pensamiento mecánico-mágico-religioso que está en la base del fundamentalismo cristiano. El desarrollo de una política cultural, educativa y participativa podría incidir en que recuperemos lo mejor de pensamiento de la ilustración, sin descuidar una relación constructiva y respetuosa con el medio ambiente.

La capacidad de reacción y acción social que asumió una buena parte de la sociedad costarricense contra la intolerancia debe mantenerse y fortalecerse. Como lo externé líneas atrás, el fundamentalismo cristiano es ya un movimiento social, con músculo y presencia en la Asamblea Legislativa; vendrán días aciagos en los que intentaran imponer su visión moral y excluyente de lo que es el ser humano, y debemos tener capacidad para cuestionarlos y enfrentarlos.

Dichosamente ganó la sensatez, el respeto a lo socialmente diverso, una agenda que garantiza los derechos humanos, y especialmente, la institucionalidad republicana que con sus evidentes limitaciones, aún permite la convivencia y la inclusión y existencia de la diferencia. Por el momento, con buen tino enterramos la intolerancia.

*Imagen tomada de https://semanariouniversidad.com/pais/fabricio-alvarado-presenta-su-plan-de-gobierno-2-0/

Enviado por el autor.

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UNIVERSALIS por una República Bicentenaria Incluyente

Escrito en 29/03/2018. Publicado en Derechos.

En compromiso con nuestros valores humanistas y en coherencia con lo establecido en el artículo 114 b del Estatuto orgánico de la Universidad de Costa Rica, y el Reglamento de la Escuela de Estudios Generales en su artículo 2, los aquí presentes docentes de la Escuela de Estudios Generales hacemos un llamado vehemente a reflexionar y votar en esta segunda ronda contra toda acción, expresión, o manifestación de intolerancia o exclusión a la diversidad y riqueza que conforma el género humano en sus diversas posibilidades de existencia (1).

Hacemos una llamada de atención al Tribunal Supremo de Elecciones para que, en su función de interpretar las disposiciones constitucionales y legales en material electoral e investigar las denuncias sobre el irrespeto al artículo 28 de la Constitución Política y al artículo 136 del Código Electoral —en los cuales se prohíbe explícitamente hacer propaganda electoral valiéndose de motivos religiosos o invocando creencias religiosas para promover la adhesión a un partido político—, hagan valer los derechos y garantías individuales establecidos en la Constitución Política de Costa Rica.

Es por lo anterior, que la autonomía universitaria y la institucionalidad del país deben mantenerse incólumes sobre todo ante la amenaza de una supuesta restauración de valores o principios alineados con sectores específicos de un movimiento religioso neo-pentecostal de corte teocrático. Ante esto, la educación humanista en la Universidad de Costa Rica necesariamente tiene que defender los logros alcanzados a lo largo de la historia social del conocimiento. El aporte de nuestra institución es invaluable para el ejercicio democrático y la defensa a la pluralidad en nuestro país.

Asimismo, quienes acá firmamos hacemos un llamado vehemente a toda la ciudadanía y demás habitantes de la República de Costa Rica a ser partícipes responsables de su presente. A lo largo de casi 200 años hemos podido conformar, con sus alcances y limitaciones, una de las democracias mejor equilibradas en la región latinoamericana. Esto gracias, a que en este tiempo se lograron grandes avances en el estado de derecho, los derechos humanos, la legalidad, la universalización del voto, la universalización de la educación, la universalización de la salud, la abolición del ejército y otras formas de violencia; estas son conquistas que nos han permitido forjar un destino propio, en el cual la inclusión y la paz para todos los habitantes del territorio han sido uno de los triunfos más destacables. Convocamos a la sociedad costarricense a ejercer su derecho al voto, no solamente un voto informado, sino un voto educado, un voto con amor al prójimo, incluso con amor hacia los que defienden, sin percatarse de ello, este movimiento religioso liderado por un candidato a la Presidencia de la República. A ellos les manifestamos nuestra cordial bienvenida al mundo de la política, a debatir y a pensar en el futuro de Costa Rica; pero no en esos términos, no enturbiando la política con la religión, no confundiendo al predicador con el candidato. Nuestra democracia bicentenaria no debe convertirse en una competencia por el dominio, sino en un ejercicio democrático de los deberes y derechos del ciudadano.

Sería lamentable y peligrosa la sola posibilidad de que el destino de la nación sea dirigido por un gobierno que no respete los derechos humanos, la libertad de información ni la transparencia —y que además realice alianzas con sectores económicamente poderosos, hechos que atentan contra los sectores más empobrecidos del país, sobre los cuales cae con mayor fuerza el peso de la manipulación política.

Desaprobamos las acciones contra el derecho internacional y aquellas prácticas que adversen la constitución política de nuestra República. El gran progreso de las Repúblicas democráticas del siglo XXI ha sido la comprensión de la condición diversa y universal de todos los habitantes del planeta.

Finalmente reafirmamos nuestro compromiso por una Costa Rica en la que todos podamos conmemorar dos siglos de un gran esfuerzo por sostener el modelo democrático; con la mirada puesta en el horizonte de un futuro incluyente, instamos al voto por un país debidamente incorporado en el mundo del siglo XXI, que pueda continuar siendo ejemplo de tolerancia y tenacidad contra las fórmulas políticas antidemocráticas o inconstitucionales.

Guiselle Marín Araya, Asdrúbal Marín Murillo, Ricardo Soto Espinoza, Diana Martínez Alpízar, Jerry Espinoza Rivera, Flor Eug. Solano Montenegro, Pablo Rodríguez Solano, Liliana Ureña Cascante, Ricardo Vargas Durán, Esteban Sánchez Solano, Melvin Campos Ocampo, Teresa Fallas Arias, Jorge Barrientos Valverde, Ileana D´alolio Sánchez, Jairol Núñez Moya, Abileny Soto Arguedas, Oscar Alvarado Vega, Jorge Arturo Montoya, Carlos Rojas Artavia, Esteban Rodríguez-Dobles, Marisol Gutiérrez Rojas, Leda Rodríguez Jiménez, Luis Adrián Mora Rodríguez, Minor Calderón Salas, Gabriel Rivel Pizarro, Mauricio Menjívar Ochoa, Maritza Marín Herrera, Lina Pochet Rodríguez, Ana Lucía Fonseca Ramírez, Carlos Cortés Zúñiga, Elvia Amador Rojas, Mario Salas Muñoz, Amadeo Cordero Hidalgo, Oscar Mario Molina Molina, Diana Senior Angulo, Arnaldo Moya Gutiérrez, Eduardo Madrigal Muñoz, Karen Poe Lang, Anacristina Rossi, José Miguel Arias Angulo, Ángela Ramírez Guerrero, Álvaro Carvajal Villaplana, Aysha Morales López, Patricia Fumero Vargas, William Elizondo Calderón, Juan Pablo Morales Trigueros, Mónica Perea Anda, Fabrizio Fallas-Vargas, José Daniel Jiménez Bolaños, Sindy Mora Solano

San José, Costa Rica. Viernes 23 de marzo de 2018

1 (Aprobado en sesión 2684-03, 05/05/1980) ARTÍCULO 2. Los fines de la Escuela corresponden a los propuestos para el Sistema de Educación General, a saber: a) Inspirar y desarrollar en el estudiante universitario interés permanente por la cultura general y humanística. b) Crear una conciencia crítica responsable sobre la problemática preferentemente latinoamericana, siempre dentro de una visión universal y humanística del mundo. c) Incorporar lucidamente al joven a la realidad costarricense y a su problemática concreta.

*Foto tomada de http://orientacion.ucr.ac.cr/case/case-estudios-generales/

Enviado a SURCOS por Esteban Rodríguez Dobles.

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UNA: Uber, un árbol que no nos debe impedir ver el bosque

Escrito en 15/03/2017. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Programa Martes Económicos UNA

Diego Zárate Montero*

Los acontecimientos más recientes sobre las operaciones de Uber en Costa Rica, evidencian que en nuestro país aún no ha sido enfocado el tema subyacente que motiva tantas polémicas y disturbios, a saber, el surgimiento de las economías colaborativas con modelos de negocio que cuestionan la institucionalidad de la mayoría de países a nivel mundial.

Las economías colaborativas (o “sharing economies” en la literatura anglosajona) son formas de asociación económica, cuya estructura fundamental son las redes creadas mediante las plataformas de comunicación originadas por avances tecnológicos. Estas redes permiten que usuarios y colaboradores establezcan relaciones entre sí para optimizar el uso de sus recursos ociosos. Tal es el caso de la comercialización del excedente de energía producida mediante paneles solares en los techos de las viviendas, o el uso de vehículos privados para movilidad de personas, como Uber, Cabify o Blablacar.

Las economías colaborativas han sido tipificadas claramente en cuatro actividades principales: conocimiento, producción, consumo y finanzas. En cada una de ellas se ha abierto el debate sobre la manera en la que las legislaciones de los países se ajustan o no a los modelos de gestión y de negocio de las empresas que han encontrado en ellas un nicho de mercado. Por ejemplo, el enriquecimiento comunitario de semillas es una forma de producción colaborativa que ha enfrentado muchas disputas debido a los derechos de propiedad intelectual.

Los principales retos de fondo que plantea la operación de empresas basadas en economías colaborativas, tienen que ver con cuatros asuntos: a) el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de consumidores, colaboradores y las empresas; b) la regulación laboral y la seguridad social entre los colaboradores y las empresas; c) la protección de los usuarios, los cuales solo tienen como salvaguardia la confianza que le tienen a la empresa y; d) el cumplimiento de la legislación nacional específica para el tipo de actividad que realizan las empresas, por ejemplo disposiciones ambientales o la obligatoriedad del pago de seguros como es el caso del transporte público.

Uber ha sido clasificado dentro de las actividades de consumo colaborativo, ya que permite que quienes no se encuentran utilizando su vehículo puedan rentarlo a otros conductores para que puedan usarlo y transportar a personas de manera remunerada. Esta característica del servicio, que ofrecen tanto Uber como Cabify, ha entrado en conflicto con la regulación de los servicios públicos y de la libertad del comercio en el sector privado.

El problema de desconocer la importancia creciente de las economías colaborativas es que se renuncia a atender los retos y riesgos que implican para los colaboradores, los consumidores y las obligaciones con el estado. En el caso de Uber, con excepción de un proyecto de ley, nuestro país no ha avanzado en dar solución a estos conflictos, los cuales por ahora se relacionan con esa empresa pero no tardarán en presentarse cada vez en más servicios.

Más allá de los asuntos jurídicos puramente técnicos del último fallo de la Sala Constitucional sobre la ley que regula el servicio público de transporte remunerado de personas en la modalidad taxi (Seetaxi), es importante entender los cambios que se han introducido en las dinámicas económicas gracias a las tecnologías de la información y que tienen un auge cada vez mayor en los países de renta alta.

Los retos que plantean las economías colaborativas exigen que sean abordados con visión de largo plazo, ya que estas innovaciones no pueden ser abolidas mediante decreto. Es indispensable que los derechos, tanto de los trabajadores y colaboradores como de los consumidores, sean resguardados por una legislación pertinente a los cambios introducidos por las nuevas tecnologías. ¡Que Uber no sea un árbol que nos impida ver el bosque!

*Observatorio de la Coyuntura Económica y Social, Escuela de Economía UNA.

Imagen con fines ilustrativos tomada de renderasbusiness.com

Enviado a SURCOS por Oficina de Comunicación UNA.

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Encuentro en la UNA: ¿Se practica la equidad de género en instituciones costarricenses?

Escrito en 07/09/2016. Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

Reflexionar sobre la situación actual de la igualdad y equidad de género en el país fue el objetivo del “Encuentro sobre Igualdad y Equidad de Género: Buenas prácticas en la Institucionalidad Costarricense”, que se realizó el pasado 8 y 9 de setiembre en la UNA

En el marco del 25 aniversario del Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) de la Universidad Nacional (UNA) se realizó el “Encuentro sobre Igualdad y Equidad de Género: Buenas prácticas en la Institucionalidad Costarricense”, el pasado 8 y 9 de setiembre en el Auditorio Clodomiro Picado en el Campus Omar Dengo.

Como conferencista invitada participó Teresa Incháustegui Romero, exdiputada federal, fundadora del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados y actual directora general del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México.

El Encuentro contócon seis foros. El 8 de setiembre, se discutió sobre Transversalidad de género en las instituciones, Acciones de prevención y atención de las violencias y Educación, transversalidad y estrategias de cuido.

El 9 de setiembre, arrancó con el foro Salud sexual y reproductiva; Mercado laboral e iniciativas productivas y por último con el tema Experiencias de trabajo en masculinidades.

El fin principal sería que la discusión permitiera profundizar sobre líneas de acción tendientes a enriquecer los debates y las actividades relacionados con estas temáticas.

En el encuentro participó personal de universidades, Oficinas de la Mujer de las municipales (OFIMS), organismos no gubernamentales (ONGS) y otras entidades relacionadas con los derechos de la mujer.

En los últimos años, ha habido un crecimiento considerable en las discusiones sobre la igualdad y la equidad de género a nivel nacional e internacional, aunque todavía existen muchos obstáculos que dificultan esta labor. La conferencia permitió una mirada profunda de estas barreras.

El encuentro fue organizado por el Instituto de Estudios de la Mujer de la UNA -dirigido por María Luisa Preinfalk-, en coordinación con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) y la Red Nacional de Oficinas de la Mujer de las Municipalidades.

***Mayores detalles con Paula Sequeira, coordinadora del Encuentro, 2562-4085 o en la Oficina de Comunicación 2277-3067.

Imagen con fines ilustrativos tomada de globedia.com

Enviado a SURCOS Digital por Oficina de Comunicación de la UNA.

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