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Etiqueta: instituciones públicas

Despidos colectivos a la carta y al por mayor

Manuel Hernández

El Proyecto de Ley Marco de Empleo Público tiene cuatro objetivos: el primero, de carácter político, otro fiscalista, el tercero, de corte antisindical.

Pero, además, sobresale el cuarto objetivo, cuyo propósito es acelerar el desmantelamiento del Estado y la privatización de los servicios públicos.

Una de las herramientas diseñadas para alcanzar este espurio objetivo es la desregulación y flexibilización de los procesos de reorganización y reestructuración de las instituciones públicas.

Esta flexibilización se consolida aún más con la exorbitante moción que aprobó la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, el día de hoy, que relajó el correspondiente requisito, bastando que la reorganización afecte por lo menos el 50% de los servidores de la respectiva dependencia pública, en lugar del 60% que exigió el anterior texto dictaminado.

De esta forma, por una parte, se facilitan, como en feria al por mayor, los despidos colectivos, que será suficiente, y nada más, cualquier remedo de estudio “técnico”, para justificar la pretendida reorganización institucional, con el consecuente sacrificio masivo de los empleos.

Por otra parte, a expensas de la reestructuración, se desmantelan los servicios que presta la institución o entidad a la comunidad.

Además, las indemnizaciones tendrán un costo muy barato, porque la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635, derogó varias normas del Estatuto de Servicio Civil, que dispusieron que a los cesados por los anteriores motivos, les correspondía una indemnización tasada, a razón de un mes por cada año de servicio prestado. En lugar de estas normas derogadas, se ha interpretado que la regla que ahora aplica es la contenida en el artículo 29 del Código de Trabajo, que preceptúa un tope de 8 años, norma a la que expresamente remite la Ley N° 9635.

Por último, es importante recordar que el Memorando Técnico de OIT, rendido a solicitud de la misma Comisión Legislativa, advirtió los alcances de esta lesiva propuesta legislativa y recomendó la inclusión de un mecanismo de consulta previa con las organizaciones representativas de las y los trabajadores, cuando la Administración pretende cesar personal por motivos económicos o estructurales.

Esta recomendación de la prestigiosa OIT fue totalmente despreciada por la comisión legislativa -como la gran mayoría de las observaciones y recomendaciones de ese memorando, que tuvieron la misma desafortunada suerte-, dejándose a las y los servidores en una situación totalmente vulnerable y sin ninguna clase de protección legal.

En conclusión, con esta regulación se expulsa de nuestro ordenamiento la estabilidad laboral de los y las funcionarias públicas, cuyo derecho subjetivo se elimina y sustituye por un régimen abusivo de despido colectivo, a la carta, unilateralista, a libre discreción de la Administración, sin garantías de protección para el servidor, devaluado, excluyéndose toda instancia de consulta a los sindicatos que representan los intereses colectivos de las personas trabajadoras afectadas.

Así, se consuma el derrumbe de la institucionalidad pública y la afectación del sistema democrático, porque los servicios públicos constituyen la infraestructura de la democracia.

De esta manera, avanza incontenible, en clave cada vez más regresiva, la consolidación del Derecho de la Función Pública del Enemigo, fundado en la construcción ideológica de una cultura de odio y violencia institucional contra la clase trabajadora del sector público.

27/01/2021

SEC: rechazo total a las propuestas que el Gobierno le está presentando al FMI

SURCOS comparte el pronunciamiento del Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC):
Respecto a la reunión virtual sostenida este viernes con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI), en la cual el SEC participó con otras organizaciones sindicales como la CTRN, BUSSCO, entre otros; el planteamiento que se dejó muy claro por parte del movimiento sindical, fue el rechazo total de las propuestas que el Gobierno les está presentando a este organismo financiero internacional, entre ellas: el proyecto de empleo público, la venta de activos y el desmantelamiento de nuestro Estado Social de Derecho que se ocasionaría con esta negociación. Además incrementaría la pobreza, el desempleo y que ya está provocando una confrontación social en el país.
En su respuesta, los personeros del FMI manifestaron que les interesaba establecer un acercamiento con los grupos sociales y sindicales para conocer nuestra visión del panorama social y económico que está viviendo el país. Manifiestan que el FMI no está exigiendo la venta de instituciones públicas, no pretenden se les culpe de crear crisis en los países acompañado de conflictos sociales.
Para el FMI según las palabras de sus voceros, lo que ellos valoran es que se ofrezcan garantías y sostenibilidad de la deuda y que las mismas deben ir acompañadas de medidas compensatorias sociales que mitiguen la pobreza y el desempleo. Al final del encuentro, indicaron que estarán en el país durante unos días cumpliendo con otras reuniones.
Esperamos que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo no apresuren esta negociación engañando al pueblo y tengan mucha objetividad de las implicaciones negativas que tendría el país al adquirir más endeudamiento.

 

Imagen ilustrativa.

Agua para el desarrollo

Agua es vida. Y también es generadora de energía, trabajo y fundamental para el desarrollo.

En Costa Rica, unos pocos disfrutan muchíííísima agua regalada.

Algunos se olvidan que es un bien público, es decir DE TODOS.

La administra el MINAE. Es agua potable, es agricultura, ganadería, salud, industrias, generación eléctrica, comercio, turismo, construcción y toda actividad económica requiere agua.

El Gobierno propone la venta de instituciones, a la que nos oponemos. Llamamos la atención al mal manejo de bienes públicos como el agua, las playas, los bosques, que se dilapidan.

EL AGUA produce hoy sólo 6.000 millones de colones a MINAE.

Aquí presentamos UNA PROPUESTA QUE GENERARÍA DESARROLLO.

Sabemos que habrá afectados. Afecta a Ingenio Taboga y la empresa del presidente de UCCAEP Azucarera El Viejo. Afecta a los generadores privados de electricidad. Afecta a la Cervecería y a Coca Cola. Afecta a los grandes latifundios y monocultivos.

Con SÓLO UN DECRETO firmado por el presidente y la Ministra de Ambiente, se puede ingresar a las arcas del ESTADO, igual o más dinero de lo pedido al FMI. Unos 2.000 millones de dólares, en colones 1.200.000.000.000 – CADA AÑO.

Eso es simplemente fijando nuevo canon para el agua concesionada por el MINAE. Hoy rige aún el Decreto 32868-MINAE que es de 2005. Esto no afecta al consumo de los habitantes.

De este decreto podemos mantener todos los considerandos.

Ahí por ejemplo se cita: “el artículo 31 de la Ley de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, Nº 7593, establece la necesidad de incorporar el criterio de sostenibilidad ambiental a la hora de fijar tarifas, precios y tasas de los servicios públicos.”

Claro, proponemos terminar con los privilegios de los grandes derrochadores del recurso hídrico, impulsar el ahorro, la diversificación de productos, el mejor reparto y aprovechamiento del agua, para un mejor desarrollo, tan necesario para la reactivación de la económica.

Esta propuesta toma en cuenta cálculos y principios que fijó ARESEP en la Tasa Ambiental (expediente de ESPH). El agua es generada y almacenada en la naturaleza y debe cuidarse, aportando a los gastos de las zonas de protección (SINAC- MINAE). Y cerrar el círculo con un correcto tratamiento de la contaminación.

PROPUESTA BASE PARA CANON DE AGUA – colones /m3

El canon se fijará – no por concesión – sino por empresa o grupo empresarial.

Concesiones para riego agrícola, ganadería, piscicultura

para consumo del mercado interno del país.

Hasta   2 litros/ segundo             10 colones

Hasta  10     “               30 colones

Entre   10 y 50 “                60“

Entre   50 y 100  “               100“

Más de 100     “                200“

Las empresas para exportación hasta 20 l/s      60“

Mas de 20 l/s                   100  “

Condominios- Turismo, ZONAS FRANCAS       300“

Industrias, bebidas y otras             250“

PYMES – comercio , industria – otros          35“

Fuerza Hidraúlica                  0,25“

Empresas públicas servicio agua potable

(AyA, ESPH, Municipalidades, ASADAS)         1,00 colón

De esta forma, se valida el principio de prioridad del agua para consumo humano.

También se aplica un precio diferenciado a los grandes consumidores, en forma escalonada, lo que es un llamado al ahorro y al uso de tecnologías modernas.

Se da un justo valor al agua, que garantizará su conservación para las futuras generaciones.

Por otro procedimiento paralelo, deberá fijarse en ARESEP tarifas similares al agua ofrecida por los sistemas de riego de SENARA.

Falta aún definir, como se usarán los 2.000 millones de dólares anuales por recaudar. Como hoy una parte importante debe destinarse a la protección del agua, ampliación y cuido de áreas protegidas. También a promover la reforestación del país. Y principalmente a la gran deuda que tenemos con el medio ambiente que es, EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. Nada ganamos con tener agua, si la contaminamos.

Pero, el agua aportará a la salud, la CCSS, al desarrollo de la agricultura, ganadería, la agroindustria y a la vida.

Ponemos este tema en la mesa, para analizarlo y lograr acuerdos.

De Ustedes atentamente

ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD GUANACASTECA

Confraternidad_gte@yahoo.com

P.D. A.- Podemos aportar toda la documentación, información y criterios que sustentan esta propuesta. B.- Esto debe completarse con legislación, ordenando a ARESEP a controlar el otorgamiento de las concesiones, el volumen entregado y los cobros realizados.

 

Imagen ilustrativa, UCR.

Crisis en comunidades no es reciente

Movimiento Ríos Vivos. La crisis que se vive en las comunidades no es reciente; hace décadas la implementación de medidas como los funestos PAEs (Programas de Ajuste Estructural), el sabotaje a instituciones públicas como el CNP, la aprobación del TLC, han provocado el aumento de la desigualdad social, el desempleo y la pobreza especialmente en los territorios rurales.

Esta situación se ha agravado con la reciente reforma fiscal y las medidas contra la pandemia. Es una injusticia que a pesar de que el panorama es duro, las medidas económicas del gobierno pretenden poner el peso en nosotrxs, las clases campesinas, rurales y la clase media. Sin poner un dedo en los que más tienen.

En la pandemia se habla de la metáfora del martillo y el baile. Hay algunos grupos intocables que nunca han dejado de bailar. Empresas que acaparan millonarias licitaciones del estado y después a nuestras comunidades a querer privatizar los ríos. Corporaciones piñeras que están exentas de impuestos y son insaciables en su sed por acaparar concesiones de agua. Grandes Evasores con la gracia de una amnistía tributaria. Grandes capitales que año a año no reportan ganancias, esta lista incluye a empresas muy conocidas como Chiquita Brands, United Fruit Company, Del Monte, piñeras y bananeras, a la empresa Numar, la Cervecería solo por citar algunas de las más reconocidas. Para información más detallada se puede visitar esta página en internet: https://elperiodicocr.com/estas-son-las-grandes-empresas…/

En cambio, para el pueblo, ¡el martillo va y el martillo viene! Pero todo tiene un límite. Muchxs de nuestrxs compañerxs están en la calle y lxs apoyamos por poner el cuerpo por defender lo que nos queda, nuestro derecho a soñar con una vida digna!

El gobierno aduce que, para cubrir el déficit fiscal, son necesarias las medidas que ellos proponen, sin embargo, muchas voces autorizadas en económicas, incluso una reciente propuesta elaborada por la Universidad Nacional identifica vías alternativas como y las cuales apoyamos:

-Gravar con impuestos a los grandes capitales.
-Establecer un impuesto a las cervezas y bebidas alcohólicas y cigarrillos.
-Combatir de manera seria y consistente la elusión y evasión fiscal.
-Gravar a las empresas agroexportadoras, que actualmente no pagan IVA, y algunas reportan cero ganancias, entonces tampoco pagan renta.
-Gravar los altos salarios en el sector público.
-Quitar las pensiones de lujo.

Requerimos esfuerzos para reactivar las economías locales en las comunidades rurales, necesitamos flexibilizar las regulaciones para la cría y venta de animales impuestas por SENASA, igual con el uso de la factura electrónica y el recién establecido código CABYS. Este tipo de medidas encarecen la operación, complican y hacen insostenibles las actividades económicas de comercio, de venta de servicios y de producción de pequeña escala en las comunidades rurales. ¡Están asfixiando a lxs que menos tienen! Claramente este tipo de medidas buscan asfixiar a los pequeños emprendimientos, a los modelos de autosuficiencia alimentaria rural y hacernos dependientes de las grandes corporaciones, de la producción industrial y de los alimentos que se importan de otros países.

Vemos con preocupación que hay sectores económicos que, amparados en la necesidad económica, impulsan proyectos de “reactivación”, basados en la explotación de la naturaleza.

Vemos con desconfianza a los oportunistas como lagartos sobre el movimiento popular, un movimiento efervescente impulsado por muchas injusticias acumuladas.

Este momento de la historia requiere soluciones integrales, soluciones cariñosas con la gente y con nuestro entorno y, sobre todo, ¡no cargar el costo de la crisis sobre los que menos tienen!

 

Información tomada del Facebook Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica

El Telar # 20. Resistencia popular ante el FMI y políticas neoliberales del gobierno de Costa Rica

Ante el avance de diversas políticas de corte neoliberal del gobierno de CR y un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que plantea nuevos impuestos sin justicia tributaria y pretende la venta de instituciones públicas, el país vive días de mucha agitación social y política.

Por ello en la edición #20 de El Telar, se analiza este panorama desde la perspectiva crítica de diversos sectores populares.

Compartimos el enlace para escuchar el programa:

https://archive.org/details/el-telar-20-resistencia-popular-ante-el-fmi-y-politicas-neoliberales-8-10-20

 

Compartido con SURCOS por Diego Molina.

Ciudadano presidente Carlos Alvarado la hora de la verdad ha llegado

Dr. José Solano Alpízar

Ciudadano presidente Carlos Alvarado, el papa Francisco nos recuerda en su última encíclica Fratelli Tuttis (hermanos todos) que el dogma neoliberal no va más. Ya no hay más espacio para la desigualdad, pues como bien señala el papa, no es cierto que bastaba con la libertad de mercado para asegurarnos que todo estaba bien.

Usted debe comprender con sensatez y humildad que la barca que empujan personajes empresariales como Oscar Arias, Rodolfo Jiménez Borbón, André Garnier aglutinados en Horizonte Positivo o Alianza Empresarial para el Desarrollo, así como políticos y comunicadores, que por sus actuaciones parecieran estar al servicio del gran empresariado como Otto Guevara, Eli Feinzaig, Juan Carlos Hidalgo, Carlos Ricardo Benavides, Pedro Muñoz, Pilar Cisneros, Ignacio Santos, Vilma Ibarra, Daniel Suchar NO VA MÁS.

Usted tiene la posibilidad de cambiar la historia del país y su propia historia, pues hoy usted es vilipendiado por favorecer los intereses del gran empresariado en detrimento de la clase trabajadora costarricense. Si usted no quiere que el pueblo costarricense lo señale con el dedo como el artífice de la destrucción de la democracia costarricense, comprenda que el pueblo llano, la Costa Rica profunda es la que ha estado en las calles, no son los intelectuales, ni los jóvenes universitarios, ni siquiera los sindicalistas, son personas que han vivido en carne propia el deterioro de su condición de vida, la destrucción solapada de instituciones públicas como el ICE o la CCSS y ahora una propuesta fiscal, aún más regresiva y virulenta que el combo fiscal que ustedes y los diputados del PLN, el PUSC, Nueva República y el PAC nos recetaron apenas hace un par de años.

Ciudadano presidente Carlos Alvarado, las costarricenses y los costarricenses queremos un presidente que nos represente, que gobierne a todos por parejo y no solo para la UCCAEP y sus socios económicos. No queremos más leyes a la medida para los eternos ganadores, no más amnistías fiscales, no más evasión fiscal.

Vox populi vox Dei. Voz del pueblo, voz de Dios. Usted tiene la palabra, conviértase en el líder que no ha sido, saque fuerza de su interior y asuma su responsabilidad con gallardía, pero sobre todo con honor y prudencia. Déjese de verdades a medias, de poses y de acciones truculentas, pues este pueblo está cansado de discursos vacíos y de emboscadas a media noche.

Convoque realmente al diseño de una propuesta elaborada y suscrita por los diferentes sectores, no una propuesta elaborada por la UCCAEP para ser discutida por los sectores sociales y políticos a los que usted ha marginado de la discusión política y económica de los grandes problemas nacionales. Lidere la construcción de una nueva propuesta, más inclusiva, más equitativa, más justa. Guarde la idea de un préstamo con el FMI, no negocie con esta espada de Damocles sobre el cuello del pueblo, no se encierre con un tigre sin darle espacios para salir, la historia da cuenta de la supina estupidez de muchos gobernantes que no lograron comprender esta sencilla lección.

Las costarricenses y los costarricenses queremos saber porque no es viable utilizar el 20% de los fondos de las reservas del Banco Central (8 mil millones de dólares), ofrezcan de manera sensata argumentos de los pros y los contras de hacer un auto préstamo. Muchos estudiosos de la economía le han dicho que es viable, usted se opone sólo por terquedad o porque hay intereses ocultos detrás de la idea de un préstamo con el FMI, pues al igual que en tiempos de Rodrigo Carazo el gran empresariado quería comprar empresas rentables del estado, haciéndolas parecer claro está, como empresas que daban pérdidas.

Una vez valorado este escenario olvídese de la venta de activos del estado como BICSA o FANAL y sí realmente hubiese que venderlas, denos un informe transparente del comportamiento económico de estas instituciones durante la última década, donde se diga que han venido funcionando con pérdidas, de lo contrario déjese de majaderías de la derecha empresarial glotona que quiere engullir todo aquello que nos ha costado como pueblo.

Señor presidente usted quiere que hablemos de reforma del estado, de acuerdo, revisemos el estado costarricense y la maraña de instituciones, sin duda requerimos de una reingeniería, ah, pero ojo, con perspectiva social, no solo econométrica, y si, solo ahí, refundiremos instituciones que hacen duplicado su trabajo. Revisemos el gasto público, reordenemos la casa. Todos y todas las costarricenses estamos de acuerdo con que hay que tomar medidas, pero una cosa es ponernos de acuerdo todos y buscar puntos de equilibrio y otra cosa es que los grandes empresarios que lo asesoran nos lo digan como santa palabra.

Usted recomienda una reforma laboral, pues bien siéntese a hablar en esa mesa de construcción ciudadana de una nueva propuesta y revise cada punto, recuerde que diferentes instancias le han hecho observaciones significativas a la propuesta de ley, y eso no se puede obviar so pena de violentar la realidad y los derechos garantizados en la Constitución Política.

No siga hablando de impuestos regresivos que afectan a los sectores que llevan sobre sus espaldas los costos de la crisis, recuerde que el gran empresariado ha evadido, ha sido amnistiado y ha declarado cero ganancias por décadas, entonces a la hora de hablar de equilibrar la cosa piense que lo que debe ser bueno para el ganso lo sea también para la gansa o vamos a seguir concediendo privilegios fiscales a los que tienen ganancias millonarias y vamos a seguir castigando a los que pagan sus impuestos y cumplen con todas las obligaciones que establece el orden normativo costarricense.

En este apartado debo mencionarle la urgencia de realizar una reestructuración del Ministerio de Hacienda, es urgente la creación de un equipo de alto nivel que trabaje en un modelo de recolección de impuestos, a fin de que ese 5% del P.I.B que se nos va en evasión fiscal sea recolectado efectiva y eficientemente.

Ciudadano presidente Carlos Alvarado, la cuestión no es muy complicada. Usted decide, tiene al 95% de la población costarricense esperando una propuesta equilibrada y equitativa por un lado, y por el otro, a su grupo asesor que no representa más del 5% de la población, queriendo seguir con sus privilegios fiscales a costa de pauperizar a la clase trabajadora.

Finalmente permítame recordarle una propuesta que le comenté en la reunión que sostuvimos algunos académicos con usted meses previos a su elección como presidente, en esa ocasión le propuse a usted sin saber el monto estratosférico que pagaba el estado costarricense por concepto de alquileres, por qué no utilizaba la propiedad que el estado le había comprado a los dueños del INBIOParque y solicitaba un préstamo para construir ahí la Ciudad de la Administración, donde se ubicaría al menos 5 ministerios, y el propio dinero que se pagaba por concepto de alquiler se utilizaría para pagar el préstamo.

Usted sabe quiénes son las pocas familias que desangran al pueblo costarricense cobrando alquileres leoninos, ya nosotros lo sabemos y tenemos claro, aproveche la coyuntura, salgase del saco de sus amigos de la UCCAEP y desarrolle este proyecto, póngale una placa con su nombre, eso no me interesa, pero decídase a hacerlo. Así es como hacemos patria.

Convocatoria – propuesta para un Movimiento Nacional por la defensa del Estado Social de Derecho costarricense y las instituciones públicas

El Colectivo Ciencia y Cultura invita a la presentación de la Convocatoria – propuesta para un Movimiento Nacional por la defensa del Estado Social de Derecho costarricense y las instituciones públicas.

Esta actividad será transmitida por la plataforma Zoom este miércoles 23 de setiembre de 2020 a las 6 p.m. Para participar debe confirmar su asistencia al correo: redcientificocultural@gmail.com

Ausencia de Estado

Óscar Madrigal

Perú ocupa el primer lugar mundial en tasa de mortalidad por coronavirus. ¿Cuáles son las causas de tan doloroso récord?

Los especialistas peruanos las resumen en lo siguiente: la falta de infraestructura, la ausencia de Estado y la falta de orden social. En síntesis, las causas se reducen a una AUSENCIA DE ESTADO.

La pandemia ha demostrado que los pueblos, las sociedades, no pueden hacer frente con éxito a las calamidades de la naturaleza o de la sociedad, sin un Estado fuerte, presente y vigoroso. Así también quedó patente en la crisis financiera del 2008.

En las naciones donde el Estado es débil en cuanto a instituciones, infraestructura, servicios o legitimidad, los pueblos sufren en demasía las injusticias producidas por el hombre y la naturaleza.

El Estado no debe reducirse a brindar una media salud y educación, como pretenden los neoliberales, sino a tener injerencia en diversos campos de la sociedad.

En Costa Rica gracias a las luchas de las organizaciones sociales, se ha logrado defender y detentar un Estado fuerte y vigoroso que permite influir en una mayor justicia social. Al fin y al cabo, a pesar de los reiterados intentos de los poderosos grupos de los grandes empresarios por empequeñecerlo, aún permanece en nuestro país un Estado que está presente en la vida cotidiana de los costarricenses.

Existe en el país todo un conglomerado de instituciones públicas que se dan fortaleza mutua. En el presente las utilidades acumuladas del INS sirvieron para apoyar a la CCSS en la emergencia, los bancos públicos con una parte de las utilidades apoyan los programas del IVM (pensiones), becas y al cooperativismo, la FANAL contribuyó a abastecer de alcohol a la seguridad social a un costo bajo, Acueductos y Alcantarillados ha brindado agua potable a nuestra población y evitado epidemias, el IMAS y demás instituciones contribuyen a mitigar los efectos de la emergencia sanitaria. El Estado es también salario mínimo, vacaciones, cesantía, seguros sociales, derecho a huelga y mucho más.

Las utilidades de las instituciones públicas, como el INS, Banco de Costa Rica, Nacional, FANAL y muchas otras han servido para ayudar al Estado a enfrentar la epidemia en vez de irse a engordar aún más los bolsillos de alguna gran compañía nacional o internacional. Además, todas las instituciones pagan puntualmente sus impuestos.

En Costa Rica no se puede decir que existe, como en Perú, ausencia de Estado.

Pero existen fuerzas poderosas que quieren desbaratar muchas instituciones públicas de manera inmediata al amparo de un acuerdo con el FMI. Como dice Rodrigo Carazo, no es que quieren venderlas es que quieren comprarlas.

Los créditos con el FMI buscan imponer medidas neoliberales para reducir al mínimo el Estado. El Gobierno ha iniciado una “negociación” con el FMI en total secreto y ya han informado que está lista la propuesta.

Solo está por verse si acabaremos como Perú, sin Estado.

FECON: Llamado al ecologismo costarricense

La crisis mundial y nacional actual (con sus componentes político, económicos y sanitarios) nos presenta enormes retos y nos brinda también posibilidades. Saldremos de ella, implementando una agenda ecologista, social justa y solidaria, y no una agenda capitalista neoliberal, patriarcal y extractivista.

Por lo tanto, proponemos:

1) Apoyar la re-activación de un amplio Movimiento Nacional, constituido por sectores sociales y políticos que impidan la destrucción de las conquistas sociales del pueblo costarricense, alcanzadas a un alto precio y con muchos esfuerzos. La unidad y las alianzas son imprescindibles ante enemigos poderosos.

2) La base de la reactivación económica debe ser la seguridad y soberanía alimentaria, rescatando las propuestas milenarias de pueblos ancestrales. Hemos visto con crudeza, pero también con claridad en estos meses, qué es lo estrictamente necesario para sobrevivir. Proponemos abandonar la economía de supuesta abundancia que significa acumulación en pocas manos, para centrarnos en una economía de la sobrevivencia, donde lo primordial sea la satisfacción de las necesidades más esenciales para todas las personas: techo, trabajo, alimento y agua pura en cantidad y calidad suficiente, tanto para la humanidad como para los seres animales y vegetales que coexisten en nuestro planeta.

3) Tierra para quien que quiera trabajarla y producir alimentos: Con extrema urgencia el campesinado sin tierra debe recibirla, además, se debe reconocer el derecho a la tierra de las mujeres que la están habitando y trabajando, construyendo redes de apoyo mutuo, en producción y comercialización, fortaleciendo relaciones campo-ciudad, de manera bidireccional.

4) No es el monocultivo, plagado de pesticidas y uniforme, el que nos garantizará la sobrevivencia. Debemos impulsar de manera masiva la producción agroecológica de alimentos, tanto en la ciudad como en el campo, considerando las necesidades humanas y las de seres polinizadores y dispersores (insectos, aves, mamíferos). Debemos proteger y dispersar nuestras semillas nativas, criollas, y fomentar el intercambio de conocimiento de prácticas agroecológicas. Producir lo que comemos y comer lo que producimos, reduciendo progresivamente las cadenas de dependencia alimentaria del exterior.

5) Esta crisis sanitaria nos ha mostrado que nuestras posibilidades de sobrevivencia se reducen si no contamos con buena salud. Se debe rechazar de manera radical todo lo que nos enferma y nos condena: comidas y bebidas basura, que son origen de diversas patologías y factores de riesgo como diabetes e hipertensión, sobrepeso, obesidad, etc.

6) No es solo con una producción y un consumo más racional y más local que sobreviviremos, sino que también es necesaria otra realidad de producción y consumo basada en la economía social solidaria, en la autogestión de los recursos verdaderamente cooperativa, basada en la organización local, tanto rural como urbana.

7) Debemos conducirnos hacia un modelo de verdadera democracia participativa y de control y defensa del territorio local y nacional, incluido el de nuestros propios cuerpos. Existe una necesidad de constituir unidades locales de poder real para la toma de decisiones políticas sobre los usos del territorio y sus recursos, para potenciar un bienestar integral y distribuido equitativamente, por sobre los procesos de acumulación por desposesión que trata de validar el desarrollismo globalista, amparado en estructuras institucionales centralizadas y con jerarquías complejas cooptadas por el poder hegemónico.

8) Nos comprometemos a luchar contra la implementación del programa neoliberal que propone esta administración, basado en el desmantelamiento de las conquistas sociales de nuestro pueblo, el ultra-endeudamiento y la venta de activos estatales y empresas públicas. Todo abuso, todo privilegio insultante debe ser eliminado. Aspiramos a una sociedad caracterizada por la ecosuficiencia, la ecoeficiencia y una distribución social de la riqueza que asegure una vida digna a todas las personas y no opulenta para unas pocas.

9) Rechazamos la falsa premisa que el desarrollo minero y petrolero será una solución económica para los problemas del país y sus pueblos. No es con más destrucción y más contaminación que lograremos una sociedad ambientalmente sana y socialmente justa. Urge un diálogo real sobre la matriz energética que necesitamos. El futuro no es el oro ni el petróleo.

10) El pueblo debe tener acceso a una renta básica universal, como derecho humano. La riqueza, inmoralmente súper acumulada durante las décadas pasadas en manos de una pequeña élite, debe ser redistribuida. Un nuevo pacto social se hace necesario. Es la única forma de evitar un derrotero violento.

11) Nos unimos al llamado de otros movimientos sociales de impulsar una Ley de Contingencia Fiscal Progresiva y Solidaria.

12) Con los pueblos indígenas, hacemos un llamado a sumarse respetuosamente a sus agendas de trabajo en pro de la recuperación y defensa de sus tierras y territorios, el empoderamiento del recurso hídrico, el respaldo a las prácticas culturales de producción e intercambio de trabajo, apoyo a los sistemas de uso tradicional de los recursos naturales (para alimento, medicina, materiales), a las fincas multicultivos (por su diversidad de productos), y al manejo comunitario de los bosques desde su cosmovisión.

Imagen UCR.

13) Es momento de hacer rupturas claras con el orden impuesto que por más de 30 años ha corroído la institucionalidad del Estado. Las dificultades del gobierno para atender en lo económico las necesidades más básicas de la población en media pandemia, es una clara muestra de los efectos nocivos del desmantelamiento institucional y el sobreendeudamiento público. Sin resolver las condiciones básicas para la estabilidad social en el país, es políticamente inviable iniciar un diálogo.

14) Como movimiento ecologista creemos que el diálogo es necesario y urgente, pero con condiciones claras: requerimos de espacios transparentes, respetuosos, efectivos, participativos, que lleven soluciones en distintos niveles (corto, mediano y largo plazo), y no con agendas definidas con anterioridad y a la medida de los grandes grupos de poder económico. Un diálogo que nos lleve a disminuir las desigualdades históricas, y camine hacia una justicia social, ambiental y de género.

Convocatoria-propuesta para un movimiento nacional por la defensa del Estado Social de Derecho costarricense y las instituciones públicas

SURCOS, recibió la siguiente propuesta para los diferentes sectores de la ciudadanía costarricense para unirse por la defensa del Estado Social de Derecho de nuestro país, propiciando una articulación y alianzas entre grupos con iniciativas ya planteadas y con propuestas de soluciones integrales y conjuntas:

Convocatoria-propuesta para un movimiento nacional por la defensa del Estado Social de Derecho costarricense y las instituciones públicas

En esta hora difícil de la vida del país, proponemos respetuosamente a las asociaciones culturales, cooperativas, sindicatos y centrales sindicales, asociaciones de mujeres, universidades públicas, grupos comunales, grupos artísticos, asociaciones ambientalistas, grupos de científicos y a todos los sectores de la ciudadanía unirse por la defensa del Estado Social de Derecho costarricense, sus conquistas e instituciones, entre ellas, CCSS, INS, ICE, bancos del Estado, INA y las universidades públicas, de modo que se propicie una articulación, con una agenda común, en la búsqueda de las respuestas necesarias desde la ciudadanía, concernida por la Constitución Política de la República, artículo 9o. Para lograrlo, se procuren alianzas entre grupos con iniciativas ya planteadas y otros, en la tarea de proponer soluciones integrales y conjuntas, ante el momento actual y sus desafíos.

Esa unión de todos los sectores sociales es indispensable para la defensa de la institucionalidad democrática, frente a las acciones de las fuerzas políticas y económicas neoliberales, que impactan fuertemente en la conducción del Estado costarricense, mediante una alianza de partidos políticos, en la Asamblea Legislativa. Esos grupos, desde hace varias décadas, partiendo de los Programas de Ajuste Estructural (PAEs) pretenden cambiar, de manera regresiva, el modelo propio del Estado social costarricense. En la actualidad, ubicados en distintos espacios, están tomando medidas económicas que impactan muy seriamente a la clase media y a los grupos menos favorecidos del país, aprovechando el contexto del COVID-19, que inmoviliza al pueblo costarricense por la cuarentena. Aprobar, en estas circunstancias, leyes y medidas económicas sin fundamentos técnicos, que podrían ser violatorias de los derechos laborales adquiridos, e incluso, algunas de carácter retroactivo, sería un acto lesivo, recordado por generaciones.

En efecto, desde los poderes del Estado, luego de haber hecho recaer el peso de la crisis fiscal sobre el pueblo trabajador y los grupos de jubilados, cargándolos de impuestos, se eximen y perdonan las deudas a los grupos poderosos del capital financiero y empresarial, incluidos a los evasores de impuestos. Paralelamente, se han reducido las libertades de protesta y manifestación públicas, mediante, leyes insólitas, como la “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos”. Otras amenazas penden sobre nuestras cabezas, a saber, un pretendido rebajo del 15% de la jornada laboral y la sugerencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de crear un impuesto sobre el salario escolar y el aguinaldo. La meta final de esos sectores parece ser borrar lo que sobrevive del Estado de bienestar costarricense, construido históricamente con el esfuerzo democrático y solidario de las generaciones que nos preceden.

Con ese nuevo estilo de gobierno, se diría que buscan imponer la forma del Estado propio de las sociedades neoliberales, sobre la base del fundamentalismo de mercado y la privatización. Al priorizar los objetivos económicos y una tecnología excluyente, sobre la dignidad de la vida humana, concentran la riqueza y exacerban la brecha social entre pobres y ricos. Se destruyen así las condiciones estructurales sobre las que se edifica la paz social, la dignidad humana, la justicia social, la equidad y la búsqueda del consenso, pilares del estilo de vida democrático costarricense. Con todo ello, se obedece también a los dictados de los organismos internacionales, cuyo propósito es enfatizar una globalización neoliberal en el país, cuando ya está cuestionada y en retroceso en varias partes del mundo. A pesar de haber encontrado resistencia social, estas políticas han logrado colocar a Costa Rica entre los diez países más desiguales del mundo, lo que significa que han producido una enfática polarización social en los últimos cuarenta años.Finalmente, por lo que se ha anunciado, se avecina una escalada mayor, pues la búsqueda de préstamos multimillonarios dejaría a Costa Rica más endeudada y a merced de los organismos internacionales y sus dictados. Es así que sectores del gran empresariado, como el grupo Horizonte Positivo, con el respaldo de la Unión Costarricense de Cámaras empresariales (UCCAEP), han pedido la venta de los activos más lucrativos del Estado, entre ellos, la FANAL y KÖLBI, mientras que, por otra parte, existe la negativa a financiar debidamente instituciones de bien común, tales como la CCSS y las universidades públicas, todo ello, sin que se ofrezca la fundamentación fidedigna.

Ante este escenario, consideramos indispensable la unión del pueblo costarricense y, en consecuencia, hacemos una vehemente excitativa para que se cree un Movimiento Nacional por la defensa del Estado Social de Derecho costarricense y sus instituciones, como alianza duradera de todos los sectores sociales frente a los objetivos económicos y las acciones políticas que profundizan las brechas económicas, tecnológicas, legales, culturales y sociales. Se debilita de ese modo a la clase media y se lanza a muchos sectores a una pobreza cada vez mayor.

Se trataría de un movimiento pacífico, en el marco del ordenamiento jurídico costarricense.

Sugerimos los siguientes objetivos, entre otros muchos:

  1. Defender, a partir de una agenda nacional compartida, las garantías constitucionales y sociales que le confieren identidad al Estado costarricense y a sus instituciones, a saber, CCSS, ICE, INS, RECOPE, bancos del Estado, las universidades y demás instituciones públicas, frente a la amenaza de eliminación o privatización, explícita o implícita, muy evidente en el momento actual de crisis sanitaria y social.
  2. Analizar e informar sobre los distintos proyectos de ley, decretos, programas y otros que pretendan direccionar el Estado costarricense hacia los objetivos neoliberales y otros que buscan la polarización económica y social, desoyendo las necesidades de las mayorías o actuando contra ellas.
  3. Informar y alertar a la población costarricense sobre proyectos y programas económicos y otras medidas, como préstamos y firma de tratados internacionales, así como sobre personas físicas y jurídicas que los promueven, atentando contra el Estado Social de Derecho, la democracia y sus instituciones.
  4. Llamar a la población costarricense a analizar y pronunciarse colectivamente sobre actos de corrupción, favorecimiento de las empresas privadas frente a las públicas, traslado o conversión indebida de bienes públicos en privados, deterioro de los servicios públicos, deudas acumuladas y no pagadas a las instituciones públicas y creación de impuestos no equitativos, entre otros.
  5. Denunciar y repudiar las acciones económicas y políticas lesivas contra las mayorías en tiempo de pandemia, o el aprovechamiento de las condiciones de aislamiento social, para impulsar leyes por la vía rápida y sin la discusión política debida, de cara al pueblo costarricense.
  6. Propiciar el diálogo, el análisis y la discusión de todos los temas de interés colectivo mayoritario, tales como proyectos, programas, leyes y decretos de primera importancia para la vida nacional; igualmente, el resguardo de la privacidad de los miembros de la ciudadanía, las estrategias sanitarias y alimentarias ante emergencias y otros similares, procurando el más amplio acceso, mediante plataformas de alcance masivo.

San José, 18 de agosto de 2020

CONVOCATORIA-PROPUESTA PARA UN MOVIMIENTO NACIONAL POR LA DEFENSA DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO COSTARRICENSE Y LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

LISTADO DE FIRMANTES

Un total de cincuenta y cinco personas son firmantes de este documento:

  1. Alice Ramírez Ramírez. Educadora jubilada. Consultora independiente en temas relacionados con la educación superior y área curricular.
  2. Ana Lorena Ulate Rodríguez. Educadora comprometida con las luchas patrióticas costarricenses. Defensora de los derechos de las mujeres y promotora cultural.
  3. Anacristina Rossi. Escritora, traductora, especialista en estudios de la mujer, ambientalista y profesora universitaria, Universidad de Costa Rica.
  4. Aquiles Jiménez Arias. Escultor, dos veces Premio Nacional Aquileo Echeverría en escultura.
  5. Arnoldo Mora Rodríguez. Filósofo costarricense, académico distinguido de varias universidades, Premio Nacional Aquileo J. Echeverría y Premio Joaquín García Monge, Miembro de la Academia Costarricense de la Lengua.
  6. Carmen Camacho Rodríguez. Socióloga, docente universitaria, investigadora y consultora internacional.
  7. Carmen María Méndez Navas. Catedrática jubilada, UNA-UCR; doctora en Cultura Artística Centroamericana. Directora de la Fundación Academia ACUA. Exdirectora General de la Orquesta Sinfónica Nacional.
  8. Daniel Camacho Monge. Abogado, académico, Profesor Emérito de la UCR, sociólogo de muy destacada trayectoria nacional e internacional.
  9. Eduardo Madrigal Muñoz. Doctor en Historia, profesor catedrático de UCR e investigador (CIICLA-UCR)
  10. Federico Molina Campos. Pianista y educador de la Escuela de Artes Musicales, UCR. Pianista titular de la Compañía Lírica en dos oportunidades, cofundador de la Orquesta Sinfónica Municipal de Cartago.
  11. Flora Fernández Amón. Administradora de Empresas, empresaria. Fue parte de la Comisión Económica para América Latina.
  12. Gabriel Mejía Ramírez. Catedrático jubilado, Doctor en Educación, consultor internacional, autor de varios libros sobre educación para la salud y la tercera edad.
  13. Gerardo Meza Sandoval. Pianista con un doctorado interdisciplinario en Letras y Artes de la Universidad Nacional.
  14. Giselle Virginia Chang Vargas. Antropóloga, doctorado en Sociedad y Cultura. Premio UNESCO, Premio Tenerife, España, autora, editora, experta en patrimonio cultural.
  15. Grettel Balmaceda García. Maestría en Salud Pública. Exfuncionaria del Ministerio Salud. Docente de UCIMED y UNED.
  16. Guillermo Miranda Camacho. Sociólogo, especialista en Sociología de la Educación, Doctor en Educación. Catedrático jubilado, UNA-UCR.
  17. Hannia Franceschi Barraza. Especialista en trabajo social y desarrollo sostenible.
  18. Harry Castillo Valle. Ingeniero Químico. Investigador jubilado de la Escuela de Ingeniería Química de la UCR.
  19. Hazel Vargas Zeledón. Catedrática jubilada UNA y UCR. Ex decana Centro de Estudios Generales UNA, Ex Secretaria Adjunta del CSUCA.
  20. Henry G. Arce Arce. Fundador del Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales (CINAT) de la UNA.
  21. Henry Orlando Vargas Benavides. Catedrático, Fundación InterArtes.
  22. Isabel Zúñiga Narváez. Educadora.
  23. Javier Solís Herrera. Periodista y teólogo. Diputado en el período 1986-1990.
  24. Jorge Eduardo Carmona Ruiz. Pianista, doctor en Cultura Musical Centroamericana, miembro Comisión CR-UNESCO, miembro FLADEM, Premio Nacional de Música. Catedrático jubilado, UCR.
  25. Jorge Hernández Cascante. Sociólogo. Estudios sobre campesinado.
  26. José Luis Vega Carballo. Sociólogo. Académico jubilado. Dedicado a investigar, escribir y promocionar causas de la lucha social.
  27. José Solano Alpízar. Historiador y pedagogo, doctor en Ciencias Humanas, con Mención en Análisis del Discurso y la Cultura.
  28. Julieta Dobles Yzaguirre. Poeta, Premio Magón, catedrática jubilada UCR, Miembro de la Academia Costarricense de la Lengua.
  29. Leiner Vargas Alfaro. Economista. Profesor e Investigador del CINPE-UNA. Profesor invitado en varias universidades de Europa.
  30. Lorena Flores Solano. Profesora jubilada, ex coordinadora de la Oficina de Pensiones de APSE.
  31. Luis Jorge Poveda Álvarez. Biólogo, taxónomo. Cofundador del Herbario Juvenal Valerio de la UNA. Profesor Emérito. Investigador de antioxidantes para beneficio de la salud, identificación de plantas medicinales contra el cáncer.
  32. Luis Paulino Vargas Solís. Economista, catedrático universitario, académico del CICDE-UNED. Ha publicado doce libros y diversos artículos científicos. Premio Nacional Aquileo Echeverría.
  33. Luis Sánchez Chaves. Catedrático, especialista en apicultura tropical. Coordinador de la Maestría en Apicultura del Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales (CINAT)-UNA.
  34. Macarena Barahona Riera. Catedrática UCR. Investigadora en temas culturales, políticos y de las humanidades; poeta.
  35. Magda Zavala. Escritora, catedrática UNA, investigadora y gestora cultural. Fundadora, entre otros, de Asociación Costarricense de Escritoras y Revista ÍSTMICA.
  36. María Elena Salazar. Profesora. Dirigente magisterial y sindical, activista social, miembro del Consejo Consultivo de CONAPAM.
  37. María del Rosario Alfaro González. Catedrática Jubilada. Especialista en Ciencias Ambientales. Consultora Ambiental internacional. Impulsora del programa Calidad del aire (ProEco) para Centroamérica y Panamá.
  38. Mariano Rodríguez Pacheco. Profesor en la enseñanza del Francés, jubilado; Exsecretario General de APSE (2011-2013).
  39. Marino Protti Quesada. Geólogo. Catedrático del Ovsicori, UNA, Premio Nacional de Ciencia y Tecnología “Clodomiro Picado Twight”, Miembro de la Academia Nacional de Ciencias.
  40. Mario Alfagüell. Catedrático jubilado UCR, pianista y compositor. Premio Ones (España), Premio Nacional Aquileo J. Echeverría (3 veces), Premio Áncora (2 veces), Premio Jorge Volio y obra seleccionada en TRIMALCA.
  41. Mario Devandas Brenes. Doctor en Educación, Exdiputado (1978-1982), fundador de FENATRAP, cofundador del Frente Nacional por la Seguridad Social, Representante sindical en la Junta Directiva de la CCSS.
  42. Maynor Carranza Varela. Investigador del Herbario Juvenal Valerio de la UNA, colaborador en la recolección, identificación plantas como potenciales antioxidantes.
  43. Melvin Durán Carballo. Empresario.
  44. Leda Méndez. Abogada, activista social.
  45. Michael McCoy. Biólogo, cofundador del Programa de Maestría de Vida Silvestre, UNA. Diversas publicaciones sobre conservación y manejo de la Fauna Silvestre.
  46. Miguel Picado Gatjens. Teólogo, presbítero católico, investigador, catedrático, UNA; historiador.
  47. Osvaldo Durán Castro. Sociólogo y ecologista. Catedrático Instituto Tecnológico de Costa Rica.
  48. Pablo Sánchez Vindas. Botánico, cofundador del Herbario Juvenal Valerio, taxónomo e investigador de antioxidantes para beneficio de la salud. Autor de varios libros sobre plantas.
  49. Raziel Acevedo Álvarez. Musicólogo, investigador. Catedrático de la Sede de Guanacaste, amplia producción investigativa, UCR.
  50. Roberto Villalobos Ardón. Arquitecto, Rector ITCR 1983-1987, miembro de la Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO, presidió el Colegio de Arquitectos de Costa Rica entre 1982-1984.
  51. Ronald Bonilla Carvajal. Escritor. Maestro de talleres literarios. Premio Nacional de Cultura Magón.
  52. Roxana Salazar Bonilla. Artista plástica. Profesora jubilada. Fungió como directora del Museo de San Ramón y directora de la Sede de Occidente, UCR, en San Ramón.
  53. Vera Ramírez Marín. Abogada.
  54. Virginia Vargas. Economista, empresaria, activista en derechos de las mujeres
  55. Walter Antillón Montealegre. Jurista y académico, Profesor Emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica.

Nota final

Las organizaciones y personas interesadas en mayor información sobre esta iniciativa pueden comunicarse con el grupo proponente en el siguiente correo electrónico: redcientificocultural@gmail.com