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Etiqueta: instituciones públicas

Alcances de la obligación patronal de suministrar al personal sanitario el equipo de protección individual (VII)

“La esperanza le pertenece a la vida, es la vida misma defendiéndose” (J. Cortazar)

Manuel Hernández

  • La aplicación efectiva del principio precautorio indubio pro salud

1.- Estamos experimentando una situación dramática, que nadie en su sano juicio, tan sólo hace algunos pocos meses, podía imaginarse, en la que todos somos vulnerables, pero no todos se exponen al riesgo de la misma manera.

La impronta de la pandemia ha trastocado todo el tejido social y los distintos órdenes del marco jurídico, por cierto, con implicaciones políticas, en el ya de por sí desmantelado sistema democrático de nuestro país.

La pandemia del nuevo coronavirus ha causado una reconfiguración de nuestro ordenamiento jurídico, de carácter emergente y temporal.

Los diferentes espacios de la superestructura han requerido intervenciones de la autoridad política, ya sean de carácter económico, social, comercial, y desde luego, el ámbito sanitario.

El derecho laboral, la seguridad social y los riesgos del trabajo no han estado inmunes a esta reconfiguración normativa de excepción.

2.- En el orden de la protección de la seguridad y salud de las y los trabajadores (riesgos de trabajo), las instituciones públicas concernidas también han dictado disposiciones normativas extraordinarias.

En esta materia, el tema de los equipos de protección personal (EPP), ha concitado un significativo interés en el debate público, a nivel internacional y nacional, cuya discusión, en buena medida, se ha concentrado en el suministro de mascarillas a las personas trabajadoras expuestas a riesgo profesional.

En nuestro país, con toda y más que justificada razón, los sindicatos de la CCSS formularon reiteradas demandas para que a la población trabajadora que está prestando servicios esenciales, se le facilite el equipo de protección personal adecuado e idóneo, incluyendo mascarillas.

3.- El examen de este tema, desde el punto de vista jurídico, no podría ignorar que implica cierto nivel de complejidad, reflejado en las medidas que se han adoptado a nivel global, que no han sido tan homogéneas.

Así tenemos que en varios países asiáticos, Corea del Sur y China, se estableció el uso obligatorio de la mascarilla para toda la población.

En Republica Checa, Eslovaquia y hace muy pocos días Austria, se ordenó también la obligatoriedad del uso persona de la mascarilla, incluidos los centros de trabajo.

En España, esta cuestión está siendo objeto de constante revisión y adecuación.

Tratándose de las medidas y equipo de protección del personal sanitario, el análisis puede que no resulte tan difícil, considerando que este personal está expuesto a una situación de riesgo objetivo, de carácter profesional.

A nivel internacional se han definido varios niveles o escalas de riesgo de exposición profesional (alto, moderado, leve).

El grado de exposición debe definirse técnicamente, de acuerdo con evaluaciones objetivas de riesgo, cuya revisión debe ser constante y dinámica, siguiendo el curso epidemiológico de la pandemia.

La evaluación de riesgo depende de varios factores, tales como el puesto y funciones desempeñadas, el contacto estrecho que el personal sanitario tenga o pueda tener con pacientes diagnosticados, con probabilidades de estar contagiados (sospechosos), o con compañeros de trabajo en condiciones similares y la misma evolución de la pandemia.

Además, existen personas trabajadoras que por su edad, patologías preexistentes (enfermedades crónicas, trastornos inmunitarios, medicación) son susceptibles de graves afectaciones en la eventualidad de sufrir contagio.

Con fundamento en los anteriores criterios deben planificar y definirse las medidas de protección colectivas e individuales.

4.- En este crítico y cambiante entorno, corresponde analizar el alcance de la obligación que tiene el patrono, en este caso la CCSS, de suministrar al personal sanitario, el equipo idóneo de protección individual.

Hay dos cosas muy claras, que nadie razonablemente discute:

En primer lugar, que la tutela de la salud y la vida constituye un derecho fundamental, que ostenta una suprema protección en nuestro ordenamiento.

Este reconocimiento implica el derecho de autotutela de los trabajadores, que se puede ejercer de manera individual o colectivamente.

Este derecho de autotutela o resistencia lo puede ilustrar la reacción de las y los trabajadores del Museo del Louvre, a principio de marzo último, que tomaron la decisión de cerrar el establecimiento, exigiendo que se les facilitaran las condiciones de seguridad y equipos de protección personal adecuados.

Lo que me interesa destacar es que el derecho a la protección de la seguridad, la salud, la vida y la integridad moral del personal sanitario, por más que presten un servicio esencial, no puede quedar recortado y mucho menos enervado, aunque sea en tiempos de pandemia.

Por tanto, no se puede imponer a estos trabajadores un sacrificio personal que comprometa la efectividad de este derecho fundamental.

En segundo lugar, aquella institución sanitaria está obligada a suministrar los equipos de protección personal que aseguren efectivamente la preservación e integridad de la salud y la vida de las personas trabajadoras, conforme lo exige el artículo 284.d) del Código de Trabajo.[1]

5.- Ahora bien, estas dos premisas jurídicas de las que partimos, tenemos que dimensionarlas en el contexto de la pandemia que azota al mundo, cuyo conocimiento científico -se puede sostener-, está todavía en proceso de construcción, en desarrollo, con nuevos hallazgos que van sobreviniendo y todavía sin una vacuna que ataje la amenaza mundial.

Lo cierto es que la cruda realidad está desbordando las proyecciones, y no hay que hacer mucho ejercicio estadístico para constatar que la pandemia está creciendo vertiginosamente, cobrando vidas y muchas bajas sensibles del personal sanitario, en todo el mundo, que ha hecho un esfuerzo titánico, no siempre con los equipos de protección suficientes y adecuados, para acometer este virus con un nivel de contagiosidad muy alto, que según explican los científicos, no tiene parangón con las anteriores epidemias, por lo menos en lo que va de este siglo.

Así las cosas, que cada vez son más serias, no hay espacio para albergar la menor duda de que no puede existir ninguna contención o restricción en el suministro del equipo de protección adecuado al personal sanitario, con todo y mascarillas.

La obligación patronal de facilitar el equipo de protección personal se justifica por partida doble: por un lado, funciona eficazmente como un cortafuegos, para evitar que los usuarios puedan resultar contagiados por el propio personal sanitario.

Por otro lado, pero no menos importante, para proteger la vida de este personal, que precisamente es esto lo que se está jugando: su vida y la de sus seres más queridos, día a día, en cada extenuante jornada.

La virulencia, la velocidad e impacto que nos ha demostrado que tiene esta pandemia, impide que las medidas de protección de seguridad y salud de las personas sanitarias, se puedan planificar y definir con base en parámetros ordinarios, o incluso con sustento en estadísticas basadas en otras pandemias; que dichosamente no fueron tan contagiosas o letales como este despiadado virus que nos tiene reducidos y confinados, menos al personal de salud, que desafiando el advertido peligro tiene que salir a cumplir su deber profesional.

En el ámbito científico existe todavía mucha incertidumbre acerca de este coronavirus, por lo que las medidas de protección colectiva e individual del personal de salud deben ser extremadas al máximo.

Además, corresponde plantearse particularmente la condición de los trabajadores de edad, con alguna predisposición patológica, trabajadoras embarazadas que están en una condición de mayor vulnerabilidad.

Entonces, en este contexto de incerteza, se impone invocar, de manera prevaleciente, por encima de razones económicas y de costos, el principio precautorio, indubio pro salud, que no es ajeno al Derecho de Riesgos del Trabajo, cuya aplicación debe ser intensamente estricta.

La contemporaneidad, el grado de contagiosidad, el desastre sanitario y daño humano que está globalmente causando la pandemia, y además, de suma relevancia, la falta de un conocimiento científico preciso y certero de este nuevo coronavirus, desde el punto de vista jurídico, obliga a asumir los riesgos a los que regularmente se exponen aquellas personas trabajadoras, como riesgos ciertos, más allá de todo juicio de probabilidad, potencialidad o eventualidad.

Es decir [acota Muñoz Ruiz], en estas circunstancias de incertidumbre, las medidas de prevención tienen que adoptarse amplia y rigurosamente, como si el riesgo fuera efectivo, cierto y actual, con la finalidad de minimizar la posibilidad de contagio y anticiparse preventivamente, cuya demora podría ser definitivamente más costosa para la sociedad.

En consecuencia, en este incierto escenario, los equipos de protección personal, incluida la mascarilla adecuada, no pueden de ninguna manera escatimarse, cuyo suministro no puede ser objeto de cuestionamiento.

6.- Con la vida del personal sanitario no se puede especular a expensas de modelos matemáticos.

Con simbólicos aplausos, expresados en conferencias de prensa, no se garantiza la máxima protección que requiere este valioso y valeroso colectivo de personas del Seguro Social, que tenemos en la trinchera, prestando un servicio esencial, imprescindible, en esta situación tan dura que estamos atravesando, en cuyo colectivo profesional tenemos en un hilo apretada nuestra esperanza.

El Dr.Tedros Adhanom, Director General OMS, recientemente afirmó de manera categórica: “No podemos detener la COVID-19 sin proteger primero a los trabajadores sanitarios”.

Las medidas de protección del personal sanitario de la CCSS tienen que elevarse e intensificarse en el máximo nivel, en aplicación ineludible del principio precautorio.

¡Por ningún motivo lo podemos perder!

Foto: https://semanariouniversidad.com/ultima-hora/medico-contagiado-por-coronavirus-estuvo-expuesto-a-gran-cantidad-de-personas-antes-de-su-diagnostico-afirma-presidente-de-ccss/


[1] Artículo 284.- Sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones de este Código, será obligación del patrono:

  1. (…)

d) Proporcionar el equipo y elemento de protección personal y de seguridad en el trabajo y asegurar su uso y funcionamiento.”

En pro de la solidaridad, frenando la desigualdad

Hacemos un llamado vehemente para que se abra un espacio de diálogo centrado en la la participación amplia de la ciudadanía, con miras a impulsar en el país un conjunto de políticas que procuren el bienestar de la mayoría y, particularmente, de quienes sufren en mayor grado el impacto de esta crisis. Firmar petición aquí: https://forms.gle/kheVUuaXqxvgtkWr8

Comunicado:

En esta crisis por la pandemia Covid-19, desde el fondo de nuestros mejores valores como nación (los que celebraremos en el Bicentenario), damos un paso adelante para decir que la gente debe estar primero, y antes que nadie, las personas más vulnerables.

Aplaudimos los esfuerzos sanitarios en curso, con el liderazgo de nuestras instituciones públicas, y subrayamos que estos son tiempos para la solidaridad. Es un momento crítico para fortalecer y nunca debilitar los ejes esenciales de nuestro Estado Social de Derecho y las instituciones que lo sustentan.

Además de lo sanitario, y complementándolo, decimos que los esfuerzos del país, incluidos los del gobierno, deben ser proteger a la población, en lo económico, lo social y lo emocional: garantizar que la cuarentena -requerida rigurosamente para detener la expansión acelerada del coronavirus- sea posible en quienes no tienen un ingreso que les permita satisfacer sus necesidades y servicios básicos (agua, alimentación, luz, vivienda, Internet).

Llamamos a todos los sectores que tienen sus ingresos y necesidades satisfechas, que sí pueden ponerse en cuarentena mientras dure la crisis sanitaria, para que contribuyan solidariamente: grandes contribuyentes, grandes empresas que no contribuyen lo que les corresponde (gracias a amnistías tributarias o declaración de cero ganancias), empresas de zonas francas y empresas exportadoras, comerciantes que están viendo aumentar sus ingresos en estos momentos, personas con salarios y pensiones netas altas de los sectores público y privado, y profesionales liberales.

Los esfuerzos que se despliegan deben enfocarse en esto. No deben reforzar los subsidios para quienes ya tienen ventaja, sino dedicarse prioritariamente a garantizar la cuarentena de quienes no tienen cómo sufragarla y a fortalecer las instituciones que están haciendo gastos extraordinarios al frente de la atención a la emergencia. Debemos priorizar el uso de los recursos en la cuarentena y el apoyo a todas las personas que ven seriamente comprometidos sus medios de subsistencia. En los momentos actuales es imprescindible revertir los procesos que promueven la inequidad y la desigualdad, los cuales han prevalecido en el país en las últimas décadas.

Están sobre la mesa propuestas complementarias que debemos abordar y ejecutar sin dilación, con un espíritu de inclusión solidaria e integración nacional; entre ellas, las siguientes: el diferencial aprovechable por la baja en el precio internacional del petróleo; recargos temporales a los impuestos de renta en sus diversos componentes; impuesto sobre rentas y ganancias de capital; impuestos sobre bienes de lujo; intervención del Banco Central en el mercado secundario de deuda para reducir los gastos por intereses; promoción de un plan nacional de producción de alimentos; impulso de un plan de recuperación económica, adelantando rápidamente una estrategia con el sistema financiero internacional, que ya está proponiendo aplazar el pago de deudas y nuevos recursos no solo para atender la pandemia, sino también para el día después, a la hora de recomponer el tejido económico y social de nuestro país. Estos son tiempos para la solidaridad, no para la mezquindad.

Las organizaciones y personas abajo firmantes hacemos un llamado vehemente para que se abra un espacio de diálogo centrado en la participación amplia de la ciudadanía, con miras a impulsar en el país un conjunto de políticas que procuren el bienestar de la mayoría y, particularmente, de quienes sufren en mayor grado el impacto de esta crisis.

Concretamente, solicitamos al señor presidente de la república una reunión para discutir y analizar los temas aquí planteados.

*Además de las personas y organizaciones abajo firmantes, quienes quieran suscribir este documento lo pueden hacer en el siguiente enlace: https://forms.gle/kheVUuaXqxvgtkWr8

  1. Alianza por una Vida Digna
  2. José Manuel Arroyo Gutiérrez, cédula 103991073, ex-magistrado y Catedrático UCR.
  3. Jorge Arturo Chaves Ortiz, cédula 1-0413-0957, Coordinador del programa L. J. Lebret de Economía Humana, del Centro Dominico de Investigación (CEDI), y Director de este mismo Centro.
  4. Álvaro Fernández González, cédula 104330981, músico, filósofo, sociólogo, profesor jubilado UCR-UNA.
  5. Héctor Ferlini-Salazar, cédula 104540856, comunicador y docente, director de SURCOS
  6. José María Gutiérrez Gutiérrez, cédula 104610499, Microbiólogo, profesor emérito Universidad de Costa Rica.
  7. Oscar Jara Holliday, cédula 800780568, sociólogo y educador popular.
  8. Nancy Piedra Guillén, cédula 105860455, Directora del Programa de Posgrado Centroamericano y profesora de la Escuela de Sociología de Universidad de Costa Rica.
  9. Francisca Raventós Vorst, cédula 900360482, socióloga, activista, profesora jubilada Universidad de Costa Rica.
  10. Jorge Alberto Rojas Rojas, cédula 105640230, académico Universidad Nacional.
  11. Luis Paulino Vargas Solís, cédula 203270373, economista, director del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE-UNED).
  12. Walter Antillón Montealegre, cédula 102210295, Abogado y profesor jubilado.
  13. Elizabeth Aguilar Aguirre, cédula 401140430, Msc. Salud Pública.
  14. Héctor Hernán Hermosilla Barrientos, cédula 800930507, Sociólogo, pensionado.
  15. Jaime Ordoñez Chacón, Cédula 105370458, Director del Instituto Centroamericano de Gobernabilidad y Catedrático de la Universidad de Costa Rica.
  16. Bernal Herrera Montero, cédula 104530160, Profesor Emérito Universidad de Costa Rica
  17. Edgardo Moreno Robles, cédula 800860006, Profesor Emérito Universidad Nacional
  18. Alexander Jiménez Matarrita, cédula 106070350, Filósofo.
  19. Henning Jensen Pennington, cédula 800410334, Rector, Universidad de Costa Rica.
  20. German Masís Morales, cédula 302250625, Profesor jubilado de la Universidad Nacional y coordinador de Alterdes.
  21. Bernal Monestel Ramírez, cédula 104910937, Productor radiofónico y emprendedor.
  22. Melania Monge Rodríguez, cédula 105370482, Profesora jubilada Universidad de Costa Rica
  23. Ana Lucía Hernández Díaz, cédula 105720842, Politóloga, investigadora jubilada Universidad de Costa Rica.
  24. Edgar Gutiérrez Espeleta, cédula 104530822, Ministro del Ambiente y Energía 2014-2018, Presidente de la Segunda y Tercera Asambleas de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Catedrático jubilado Universidad de Costa Rica
  25. Alfredo Antillón Montealegre, cédula 103620504, profesor pensionado de Química, músico.
  26. Adrián Pinto Tomás, cédula 109880178, Profesor Catedrático, Escuela de Medicina e investigador, Universidad de Costa Rica.
  27. Víctor Hugo Porras Bolívar, cédula 052040443, Escritor y promotor cultural.
  28. Flora Fernández Amón, cédula 105230903, Empresaria.
  29. Camilo Retana Alvarado, cédula 111900679, Director del Posgrado en Artes de la Universidad de Costa Rica
  30. Manuel Rojas Bolaños, Cédula 102630897, sociólogo, profesor jubilado de la Universidad de Costa Rica, profesor investigador de la FLACSO Costa Rica
  31. Irma Arguedas Negrini, cédula 104830499, Orientadora y docente Universidad de Costa Rica.
  32. Lorena Sáenz Segreda, cédula 104790371, Psicóloga, profesora jubilada de la Universidad de Costa Rica.
  33. Roberto Salom Echeverría, cédula 104430579, Sociólogo, profesor universitario jubilado.
  34. Marcelo Gaete Astica, cédula 800680971, Antropólogo, investigador del Departamento de Estudios e Investigación Educativa, Ministerio de Educación Pública.
  35. Walter Benavides Hernández, cédula 401580292, Compositor, guitarrista, cantautor, gestor cultural, productor, dibujante.
  36. J. Amando Robles Robles, cédula 800520054, Investigador del Centro Dominico de Investigación (CEDI).
  37. Ana Lorena Salmerón Alpízar, cédula 203670966, Bióloga docente de la Universidad Técnica Nacional.
  38. José Antonio Chaves Villalobos, cédula 203960191, Abogado independiente.
  39. Alberto Salom Echeverría, cédula 104430578, Politólogo, Rector Universidad Nacional.
  40. Mariano Sáenz Vega, cédula 302200485, Sociólogo, docente e investigador del Centro de Investigaciones Antropológicas de la Universidad de Costa Rica.
  41. Carmen Camacho Rodríguez, cédula 401100275, Socióloga, académica universitaria jubilada.
  42. Flory Bárbara González Trejos, cédula 104280981, Educadora pensionada.
  43. Manuel Monestel Ramírez, cédula 103880206, Músico, Sociólogo pensionado, Cátedra de Estudios de África y el Caribe, Universidad de Costa Rica.
  44. Ana Beatriz Fernández González, cédula 106250678, Periodista y actriz.
  45. Paulo E. Coto Murillo, cédula 110560998, Sociólogo, investigador y docente, UNED y UCR.
  46. Marco Antonio Quesada Aguilar, cédula 106210600, Músico, compositor, profesor de Etapa Básica de Música de Santa Cruz. Premio Nacional Aquileo J. Echeverría 1988.
  47. Guillermo Acuña González, cédula 401500090, Académico Universidad Nacional.
  48. Esteban Arias C., cédula 113690417, Docente Universidad de Costa Rica.
  49. Daniela Yovann Mora, cédula 107410325, Estudiante.
  50. Alberto Cortés Ramos, cédula 900750815, Catedrático Universidad de Costa Rica.
  51. Ligia María Sanabria Salazar, cédula 105980019, Profesora de Educación Musical.
  52. Rishi Vaccari Mora, cédula 113560182, Especialista en compras y proveeduría.
  53. Anthony García Marín, cédula 112820451, Investigador Centro Agenda Joven, UNED.
  54. Nidia Rivera González, cédula 2334804, Ingeniera Agrónoma, Licenciada en Enseñanza de la Ciencia.
  55. Oscar Fernández González, cédula 103620592, Sociólogo y filósofo, Profesor Catedrático Universidad de Costa Rica.
  56. Roxana Hidalgo Xirinachs, cédula 105970626, Directora Doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura, Universidad de Costa Rica.
  57. Allan Mauricio Cerna Castro, cédula 800650055, Médico pensionado de la Universidad de Costa Rica.
  58. Francisco J. Enríquez Solano, cédula 104990170, Profesor Emérito Universidad de Costa Rica.
  59. Nuria Sáenz Gómez, cédula 105860416, Educadora retirada.
  60. Sofía Guillén Pérez, cédula 115040735, Economista.
  61. Jorge Zeledón Pérez, cédula 108540279, Profesor Universidad de Costa Rica.
  62. Cristina Araya Umaña, cédula 401400589, Socióloga y Máster en Estudios de Población.
  63. Gustavo Gutiérrez Espeleta, cédula 106600352, Biólogo, Catedrático Universidad de Costa Rica.
  64. Oscar Alpízar, Confraternidad Guanacasteca, cédula jurídica 3102395766.
  65. Eugenia Molina Alfaro, cédula 203700625, Universidad de Costa Rica.
  66. Karol Montero Rony, cédula 111080959, Gestora sociocultural.
  67. Alejandro Navarro Cruz, cédula 304780672, Gestor de proyectos, sector cafetalero.
  68. Rafael Aguilar Chaves, cédula 491350260, Psicólogo clínico.
  69. Verónica Sheehan, 184001211017, Asociación para la Sostenibilidad Rural de Costa Rica.
  70. Verónica Shehann, 184001211017, Comunidades Unidas para un Desarrollo Ecológico Sustentable.
  71. Adriana Monge Arias, cédula 205430266, Trabajadora Social.
  72. Víctor Hugo Acuña Ortega, cédula 103730844, Historiador, Profesor Emérito Universidad de Costa Rica.
  73. Ligia Martín Salazar, cédula 104090849, Antropóloga Social.
  74. Ilka Treminio Sánchez, cédula 800700432, Profesora Escuela de Ciencias Políticas Universidad de Costa Rica.
  75. Henriette Raventós Vorst, cédula 105820312, Profesora universitaria.
  76. Ana Tristán Sánchez, cédula 105130593, Psicóloga y pedagoga, jubilada del Poder Judicial.
  77. William Alvarado Jiménez, cédula 601100026, Profesor Catedrático, Escuela de Matemática, Universidad de Costa Rica.
  78. Adriana Laclé Murray, cédula 103820809, Médico Internista y Catedrática pensionada de la Universidad de Costa Rica.
  79. Javier Contreras Rojas, cédula 502970151, Médico psiquiatra.
  80. María del Carmen Carro Barrantes, cédula 106000363, Socióloga.
  81. Eva Carazo Vargas, cédula 108930621, Investigadora y activista social ecofeminista.
  82. Montserrat Sagot Rodríguez, cédula 203410034, Directora CIEM, Universidad de Costa Rica.
  83. Luis Del Valle Carazo, cédula 104171457, Médico Forense jubilado.
  84. Anacristina Rossi, cédula 104070914, Escritora.
  85. Carlos Sandoval García, cédula 106390524, Profesor Universidad de Costa Rica
  86. Dionisio Jorge Cabal Antillón, cédula 104250831, Músico escritor.
  87. Viviana Carazo Vargas, cédula 109240674, Docente universitaria.
  88. Natalia Dobles Trejos, cédula 110790825, investigadora CICDE, UNED.
  89. Lidieth Garro Rojas, cédula 602270142, Comunicadora y profesora universitaria.
  90. Marielos Giralt Bermúdez, cédula 102980926, Profesora jubilada Universidad de Costa Rica
  91. Backtori Golen Zúñiga, cédula 112920729, Investigadora (CICDE), Trabajadora social y educadora popular.
  92. Juan Antonio Gutiérrez Slon, cédula 112450785, Sociólogo e historiador, investigador CICDE, UNED.
  93. Vania Solano Laclé, cédula 109660507, Docente Escuela de Antropología, Universidad de Costa Rica.
  94. Francis Muñoz Calvo, cédula 114490629, investigador CICDE, UNED.
  95. Dagoberto Núñez Picado, cédula 023330608, Investigador CICDE, UNED.
  96. José María Oviedo Chaves, cédula 105060146, Secretario Nacional Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricenses.
  97. Jimmy Ortiz Chinchilla, cédula 105540183, Artista, maestro de arte y coreógrafo, varios premios nacionales, docente Universidad de Costa Rica.
  98. Rosaura Chinchilla Calderón, cédula 107260142, Abogada, docente Universidad de Costa Rica.
  99. Saray Córdoba González, cédula 104380311, Bibliotecóloga, profesora jubilada Universidad de Costa Rica.
  100. Arabella Salaverry Pardo, cédula 900290602, Escritora y actriz, Premio Nacional de Literatura Aquileo Echeverría.
  101. Giselle Boza Solano, cédula 302420648, Abogada y periodista, Coordinadora del Programa Libertad de Expresión (PROLEDI) y docente Universidad de Costa Rica.
  102. Ana María Botey Sobrado, cédula 104730692, Profesora Catedrática jubilada Universidad de Costa Rica.
  103. Rafael López Alfaro, cédula 401490119, Presidente de UNEDPRO.
  104. Dany Villalobos, cédula 206430273, por la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua en Puntarenas.
  105. Andrea Alvarado Vargas, cédula 205420230, Periodista, Directora de la Oficina de Divulgación e Información de la Universidad de Costa Rica
  106. Yolanda Bertozzi Barrantes, cédula 103990589, Abogada, teóloga y poetisa.
  107. Ana Marcia Aguiluz Soto, cédula 109280731, Abogada, consultora internacional y exdirectora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.
  108. Gerardo Chavarría Vega, cédula 104000724, Comunicador, Premio Nacional Pío Víquez 2010.
  109. Norman José Solórzano Alfaro, cédula 204050106, Académico universitario.
  110. Arnoldo Mora Rodríguez, cédula 900090046, Doctor en Filosofía, catedrático emérito Universidad de Costa Rica, exministro de Cultura.
  111. María Elena López Núñez, cédula 103410135, Médica pediatra, salubrista, pensionada, exministra de Salud.
  112. Quince Duncan Moodie, cédula 102810201, Escritor y educador, catedrático Universidad Nacional, Premio Nacional de Novela Aquileo J. Echeverría.
  113. Mariana Alpízar Guerrero, cédula 114340079, Psicóloga Social, Presidenta Asociación Voces Violeta.
  114. Miguel Ángel Sobrado Chaves, cédula 102940994, Sociólogo e investigador, fundador de la Escuela de Planificación y Promoción Social Universidad Nacional.
  115. Me Pasó en la UCR.
  116. Yasy Morales Chacón, cédula 110410576, Coordinadora Programa de Economía Social Solidaria, Escuela de Sociología, Universidad de Costa Rica.
  117. Mario Devandas Brenes, cédula 103420692, Economista, representante de los trabajadores en la junta directiva de la CCSS.
  118. Manuel Antonio Solís Avendaño, cédula 104090243, Sociólogo, Premio Nacional de Ensayo y Premio Nacional de Historia.
  119. Allen Cordero Ulate, cédula 302170094, Director Escuela de Sociología, Universidad de Costa Rica.
  120. Luis Felipe Arauz Cavallini, cédula 104860636, Ingeniero Agrónomo, Decano Facultad de Ciencias Agroalimentarios Universidad de Costa Rica, exministro de Agricultura y Ganadería.
  121. RedESS Costa Rica (Red de Economía Social Solidaria).
  122. COKOMAL (Consumo y Comunicación Alternativa).
  123. Luisa Paz Jiménez, cédula 801080229, Antropóloga, profesora e investigadora UNED.
  124. Carol Moreira Campos, cédula 111780654, Comunicadora.
  125. Pamela Campos Chavarría, cédula 113450315, Antropóloga y gestora sociocultural, Programa Gestión Local UNED.
  126. Daniela Mora Parra, cédula 114850340, Actriz, educadora no formal y gestora cultural.
  127. Ana Carcedo Cabañas, cédula 800470010, Presidenta de CEFEMINA.
  128. María José Chaves Groh, cédula 110810478, Feminista, socióloga y docente universitaria.
  129. Javier Sánchez Valverde, cédula 106440950, Biólogo FECON.
  130. Agustín Gutiérrez Carro, cédula 112250576, Abogado, defensor público y docente universitario.
  131. Virginia María Acuña Montero, cédula 104490534, JPIC/Claret/Costa Rica (Justicia, Paz e Integridad con la Creación).
  132. Ricardo Jiménez Montealegre, cédula 105930310, Biólogo Marino, Vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional.
  133. Red Costarricense de Agricultura Ecológica
  134. Colectiva Produ Feminista, TEC.
  135. Rotsay Rosales-Valladares, cédula 107410325, Catedrático, Universidad de Costa Rica.
  136. Nora Garita Bonilla, cédula 103820064, catedrática jubilada Universidad de Costa Rica
  137. Roxana Flores Martínez, cédula 602750480, en representación de la Asociación Administradora del Acueducto Rural del Asentamiento Orocú.
  138. Víctor Madrigal Sánchez, cédula 502010030, vecino de San Pablo de Heredia, teólogo de la Universidad Nacional.
  139. Marino Marozzi Rojas, cédula 104500817, catedrático UNA-UCR-UNED, economista, consultor.
  140. Mujeres en Acción
  141. Rodrigo Soto González, cédula 106940205, escritor, Premio Nacional de Poesía.
  142. Gilda Segreda Sagot, cédula 1416662, profesora pensionada Escuela de Arquitectura, UCR.
  143. Jorge Rovira Mas, cédula 800350073, sociólogo, profesor emérito Universidad de Costa Rica.
  144. Ma. Cecilia Romero Agüero, cédula 102600938, socióloga, catedrática UCR.
  145. Emilia Molina Cruz, cédula 104110201, exdiputada, Trabajadora Social, profesora jubilada de la UCR.
  146. Ana Cecilia Escalante Herrera, cédula 103600701, Socióloga y Administradora Publica, profesora Emérita-UCR
  147. Esteban Campos Méndez, cédula 110490153, Planificador Económico y Social
  148. Rodrigo A. Solórzano Soto, cédula 205470814, Profesor de Filosofía
  149. Marlin Óscar Ávila Henríquez, cédula 103340060, Analista Sociopolítico
  150. William Mena Villalobos, cédula 114020167, Estudiante
  151. Juan Carlos Cruz Barrientos, cédula 104160403, Comunicador Social
  152. Rodrigo Campos Cordero, cédula 108560885, Sociólogo, Académico y profesor universitario
  153. Javier Francisco Cambronero Arguedas, cédula 2406127, Educador
  154. Dorisa Ballestero González, cédula 304010908, Administración pública
  155. María Lorena Villalobos Solís, cédula 105320391, Abogada
  156. Rafael Ángel Fernández Mora, cédula 104290552, Abogado y Archivista
  157. Andrea Monge Acuña, cédula 110500470, Ama de casa
  158. Tamara Briceño Escalante, cédula 107120104, Ingeniera Industrial
  159. Hernán Alvarado Ugarte, cédula 601290416, Entrenador
  160. Luis Enrique Soto Vargas, cédula 604240914, Estudiante Informática Empresarial UCR
  161. Raúl Venegas Castro, cédula 502040764, Técnico Farmacia
  162. Isabel Avendaño Flores, cédula 106020245, Decana, Facultad de Ciencias Sociales
  163. Pedro Monge Fernández, cédula 114780314, Sociólogo
  164. Guido Antonio Barrientos Matamoros, cédula 105890096, Agroecólogo
  165. Patricia Salgado Muñoz, cédula 104180050, Antropóloga, Jubilada
  166. José Francisco Alfaro Carvajal, cédula 105180468, Abogado
  167. Rolando Vargas Arrea, cédula 104500610, Médico Pediatra
  168. Sonia Navarro Solano, cédula 104220671, Pensionada
  169. Cindy Alejandra Castro Brenes, cédula 111390258, Administradora de empresas 
  170. Gustavo Enrique Cabrera Vega, cédula 302220901, Activista x DDHH y Abogado
  171. Javier Antonio Torres Vindas, cédula 109040703, Docente e investigador
  172. Ítalo Fera Fallas, cédula 1548350, Sociólogo
  173. Diana Moraga Vásquez, cédula 111450188, Abogada
  174. Madelaine Martínez Rojas, cédula 106020547, Actriz y docente
  175. Álvaro Vega Sánchez, cédula 202841409, Jubilado UNA
  176. María Alejandra Solórzano Castillo, cédula 110700547, Académica Escuela de Filosofía
  177. Ligia Mayela Arce Quesada, cédula 105220971, Abogada y Notaria
  178. Isabel Ducca Durán, cédula 105640060, Jubilada Universidad Nacional
  179. Christian Zamora Dahmen, cédula 800520662,
  180. Marisol Gutiérrez Rojas, cédula 105720906, Profesora Catedrática
  181. Olman Villarreal Guzmán, cédula 502220415, Director Programa de Posgrado en Evaluación de Programas y Proyectos de Desarrollo
  182. Aquiles Jiménez Arias, cédula 401060538, Pensionado
  183. Oscar Madrigal Jiménez, cédula 202560766, Abogado
  184. Gabriel González Vega, cédula 105250121, Académico jubilado de la UNA; crítico y productor de cine
  185. Pablo Díaz González, cédula 205960614, Psicólogo e Investigador
  186. Alfredo Jones León, cédula 104670555, Jubilado
  187. Julia Ardón Morera, cédula 203860415, Comunicadora y Comerciante
  188. Marvin Amador Guzmán, cédula 106730592, Comunicador y Docente de la UCR
  189. Ana Lorena Camacho De la O, cédula 401370180, Socióloga
  190. Yendrily Porras Calderón, cédula 111420468, Derecho
  191. Roberto Antillón Freer, cédula 105700937, Músico y Educador
  192. Carlos Andrés Manavella Cavallero, cédula 103200093017, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
  193. Juan José Cordero Solís, cédula 113530011, Médico Profesor
  194. María Gabriella D’Arsié Tonon, cédula 401189276, Psicóloga Clínica
  195. Gerardo Mora Burgos, cédula 103640085, Catedrático de la UCR Pensionado
  196. Kyara Sofia Cascante Suárez, cédula 118880719, Activista, Emprendedor y Estudiante
  197. Juan Agustín Salas Rojas, cédula 205460757, Técnico
  198. David Loría Masís, cédula 109520967, Profesor e Investigador
  199. Federico Porras Chavarría, cédula 115560639, Estudiante de Agronomía en la UCR
  200. Gina Sibaja Quesada, cédula 107010863, Politóloga
  201. Rodrigo Alfaro Monge, cédula 202610177, Catedrático Jubilado UNA-UNED
  202. Manuel Jiménez Rodríguez, cédula 111630899, Técnico en Microscopía
  203. Sandra Araya Umaña, cédula 401310102, Profesora Catedrática
  204. Ariel Hidalgo Solano, cédula 1968530, Arquitecto, Profesor y Emprendedor
  205. Vilma Leandro Zúñiga, cédula 303360920, Psicóloga
  206. Ana Nicté Castillo Delgado, cédula 402270830, Socióloga y Gestora Cultural
  207. Ivannia Hernández Ramírez, cédula 108950475, Emprendedora Artística
  208. Shirani Jossué Rojas Castrillo, cédula 110190231, Abogado
  209. Warner Alpízar Alpízar, cédula 205250023, Profesor Universitario
  210. Silvia Arguedas Negrini, cédula 900260740, Profesora Educ. Especial Pensionada
  211. Francisco Cordero Gené, cédula 103320363, Jubilado Relaciones Internacionales
  212. Orlando Amaris Cervantes, cédula 800820603, Investigador Social
  213. Lucía Figueroa Protti, cédula 113570278, Docente y Investigadora Universitaria
  214. Reina Arroyo Quirós, cédula 205940345, Docente y Cantautora
  215. Euclides Hernández Peñaranda, cédula 106360324, Docente
  216. César Moya Aburto, cédula 603720175, Investigador CICDE UNED
  217. Roxana Serban NIO, cédula 112400073702, Coordinadora de Proyectos Socio-Ambientales
  218. Alexander Rojas Parajeles, cédula 107130292, Documentalista
  219. Silvia Arce Villalobos, cédula 111000038, Profesora Universitaria y Artista
  220. Mauricio Penagos Villegas, cédula 800770437, Músico
  221. Óscar Daniel Espinoza Ramos, cédula 204160598, Artista Independiente
  222. Alberto Gutiérrez Arguedas, cédula 113690344, Profesor
  223. Ronald Díaz Vargas, cédula 105870283, Periodista y Productor Audiovisual
  224. Walter Benavides Hernández, cédula 401580292, Músico, Productor y Gestor Cultural
  225. Amilcar Luna Palma, cédula 132000288702, Sociólogo
  226. Ricardo Araya Montero, cédula 202590881, Jubilado
  227. José Hernández C., cédula 111370395, Técnico en Producto y Reaseguro
  228. Ma. Auxiliadora Vega Bustos, cédula 1692037, Docente
  229. Graziella Blanco Coto, cédula 104620007, Juez Tribunal de Flagrancia. Jubilada
  230. Natalia Serrano Álvarez, cédula 113200174, Socióloga y Gestora Cultural
  231. Carlos Campos Rojas, cédula 106050202, Sociólogo
  232. Millaray Villalobos Rojas, cédula 109340412, Antropóloga
  233. Catarina Goldoni Ruiz, cédula 103850510, Jubilada Universidad Nacional
  234. Shi Alarcón Zamora, cédula 112910818, Socióloga
  235. Dagmar Facio Fernández, cédula 103390511, Activista
  236. Tatiana Facio Fernández, cédula 103700960, Psicóloga
  237. Montserrat Salas Segreda, cédula 110020530, Maestra
  238. José Joaquín Marín Mora, cédula 1539231, Pintor
  239. Marielos Aguilar Hernández, cédula 301920768, Profesora Catedrática de la UCR Jubilada
  240. Herbert E. Contreras Vásquez, cédula 601200237, M.Sc.Ing. Ambiental
  241. María Chaves Villalobos, cédula 206400152 Académica de la UNA
  242. Leonidas Villalobos Morales, cédula 103921406, Ing. Agrónomo
  243. Victor Soto Miranda, cédula 107900656, Activista Ciudadano
  244. Isabel Viales Cabalceta, cédula 5501990187, MEP
  245. Marlon Freeman Salazar, cédula 112270189, Estudiante
  246. Dorsyne Caravaca Villegas, cédula 501850756, Coordinadora Judicial
  247. Yerling Ruiz Vásquez, cédula 603040331, Comunicadora Social
  248. Sara Villegas Villarreal, cédula 602180471, Estudiante
  249. Casilda Sancho Barrantes, cédula 202410142, Jubilada
  250. Roberto Zeledón Arias, cédula 106000540, Asesor legislativo
  251. Alejandro Navarro Cruz, cédula 304780672, Sociólogo
  252. Hannia Franceschi Barraza, cédula 601230166, Trabajadora Social.
  253. Elizabeth Rodríguez Jiménez, cédula 203850652, Economista
  254. Ana Lorena Hidalgo Solís, cédula 104680075, Psicóloga
  255. Maricela Morales Mora, cédula 104800252, Profesora
  256. Sandra Cartín Herrera, cédula 203430634, Socióloga Jubilada
  257. Graciela Villalobos Mora, cédula 115850560, Diseñadora
  258. Roxana Gómez Zúñiga, cédula 1646922, Antropóloga
  259. Gerardo Lazcares Jiménez, cédula 1376797, Ex Subdirector OIJ
  260. Milena Grillo Rivera, cédula 103410303, Especialista Derechos de Niñez y Adolescencia
  261. Guiomar del Rocío Martín Tedman, cédula 103550418, Jubilada
  262. Idahyma Barrantes Fernández, cédula 105730729, Dra. Psicología
  263. Neddy Zamora Chacón, cédula 104001406, Socióloga Pensionada
  264. María Teresa Solís Zamora, cédula 1407239, Abogada
  265. Dhariana Cárdenas Guevara, cédula 112670075, Socióloga
  266. Ernesto Lara Carrillo, cédula 103070121, Pensionado
  267. Patricia Carrillo Valverde, cédula 105860900, Psicóloga y Docente Pensionada del MEP
  268. Silvia Salgado González, cédula 104670993, Antropóloga
  269. Alejandra Fernández Bonilla, cédula 105740192, Periodista
  270. Yanury Chaves Solano, cédula 104011495, Educadora Pensionada
  271. Marianela Vargas Acuña, cédula 107010522, Psicóloga
  272. Eddy Hernández Sandino, cédula 109820649, Psicólogo
  273. Walter Hilje Matamoros, cédula 205500659, Sociólogo, Docente e Investigador
  274. Sebastián Coto Murillo, cédula 113900221, Estudiante Maestría Académica de Filosofía UCR
  275. Fernando Lizana Moreno, cédula 800720990, Ingeniero en Electrónica
  276. Ana Lucía Gutiérrez Espeleta, cédula 105610866, Jubilada
  277. José Manuel Cerdas Albertazzi, cédula 501950539, Historiador Catedrático Jubilado
  278. Rosa María Muñoz Varela, cédula 601520211, Docente
  279. Carolina Méndez Araya, cédula 106620439, Ama de casa
  280. Saskia Rodríguez Steichen, cédula 108570902, Docente y funcionaria del Gobierno
  281. Mario Salazar Montes, cédula 111690405, Profesor
  282. Jonathan Acuña Soto, cédula 402020231, Economista
  283. Mónica Bravo Herrera, cédula 110550200, Educadora
  284. Vernor Arguedas Troyo, cédula 900130121, Matemático
  285. Leila Marcela Sánchez Cortés, cédula 107860493, Promotora Política
  286. Sergio Rojas Camacho, cédula 108040259, Exportador PYMES
  287. Yajaira Sibaja López, cédula 701320072, Empresaria
  288. Macarena Barahona Riera, cédula 1526207, Investigadora y Poeta
  289. Gabriela Masís Moya, cédula 302500682, Periodista
  290. Minor Germán Vargas Gutiérrez, cédula 104041058, Juez Penal Jubilado
  291. Hernán Sánchez Guevara, cédula 104190636, Abogado y Notario Jubilado
  292. Omar Arrieta Chavarría, cédula 501431027, Geógrafo
  293. Enid G. Cruz Ramírez, cédula 2318599, Pensionada
  294. Ana Trejos Trejos, cédula 104470409, Consultora Independiente
  295. Víctor Salazar Montes, cédula 112100325, Abogado
  296. Elsa Natalia Artavia Sandí, cédula 114490517, Emprendedora de Servicios de Asesoría
  297. Cindy Umaña Matamoros, cédula 112020090, Ama de casa
  298. Grazia Lomonte Lomonte, cédula 138000127933, Psicóloga, Consultora en Salud y Directora ICOPSI
  299. Yorleny Córdoba Moya, cédula 111830547, Propietaria de Sala de Belleza YRstudio
  300. Fresia Ma. Salazar Campos, cédula 105020378, Docente
  301. Allen Torres Castillo, cédula 1439577, Músico
  302. Orlando Guevara Villalobos, cédula 110450345, Profesor
  303. Elisa Donato Monge, cédula 105140512, Socióloga Profesora Jubilada
  304. Diana Aguilar Chaves, cédula 114020363, Trabajadora Social y Docente.
  305. Leonel Aguilar Castillo, cédula 304780154, Músico
  306. Erasmo Solerti Aguilar, cédula 110910981, Docente
  307. Yadira Matarrita Brenes, cédula 302270778, Editora Académica
  308. César Castro Thames, cédula 302080680, Promotor Socio-Ambiental
  309. Mauricio Gerardo Zeledón Leal, cédula 105690067, Músico
  310. Gerardo Madrigal Aguilar, cédula 105550800, Antropólogo
  311. Alexander Céspedes Solís, cédula 107340468, Ingeniero Industrial
  312. Jaime Enrique Mayorga Robles, cédula 105000936, Tecnología Educativa
  313. Eladio Retana Fallas, cédula 104830574, Pensionado
  314. Élida Mesén Anchía, cédula 104740534, Socióloga
  315. Rafael Arias Ramírez, cédula 203800658, Profesor Universitario
  316. Veneida de los Ángeles Marín Sánchez, cédula 701180937, Estilista y Jefa de Hogar Independiente
  317. Sylvia Mora Zamora, cédula 105500713, Socióloga
  318. Xinia Lemaitre González, cédula 105650150, Lic. Planificación Económica
  319. Francisco Guevara Matarrita, cédula 601170965, Logística Aduanera
  320. Patricia Alvarenga Venutolo, cédula 302220051, Académica
  321. Carlos Bonilla Avendaño, cédula 401210878, Abogado
  322. Gustavo Oreamuno Vignet, cédula 108350921, Consultor
  323. Mario Zeledón Cambronero, cédula 104020707, Profesor
  324. Sebastián Polimeni Solís, cédula 401900061, Músico y Asesor Agrícola
  325. Jenny Susana González Matamoros, cédula 111240204, Artista Independiente
  326. Oscar Artavia Sánchez, cédula 302090100 Músico y Pintor
  327. Susan Campos Ortega, cédula 114170065, Regidora Municipal
  328. María Fernanda Rojas Rojas, cédula 111690014, Antropóloga
  329. Martha Ulloa Zamora, cédula 104320615, Pensionada
  330. Marbella Martin Fragachán, cédula 800650045, Socióloga y Docente.
  331. Miriam Porras Jiménez, cédula 501790100, Educadora
  332. Juan Vindas Leitón, cédula 105820554, Conductor de Turismo
  333. Luis Guillermo Murillo Rodríguez, cédula 700760719, Abogado y Activista en Derechos Humanos
  334. Alfredo Arrieta Quirós, cédula 302070999, Creativo Gráfico
  335. Ester Membreño Valle, cédula 104340673, Socióloga
  336. María de Jesús Arrieta Guadamuz, cédula 501461320, Dra. en Nutrición
  337. Vernor Muñoz Villalobos, cédula 105640548, Escritor
  338. Juan Gabriel Vargas Rojas, cédula 504120604, Estudiante
  339. Jaime Roberto Robert Jiménez, cédula 105230146, Psicólogo Social
  340. Rafael Cuevas Molina, cédula 800710280, Profesor
  341. Carmen Alfaro Murillo, cédula 90440456, Educadora Pensionada
  342. Waltraud Barthel, cédula 104000006408, Microempresaria
  343. María Cristina Zeledón Lizano, cédula 102300339, Lic. Filosofía
  344. Mónica Perea Anda, cédula 800500903, Docente
  345. Esteban Damián Avendaño Soto, cédula 109040803, Físico y Ingeniero
  346. Gustavo Adolfo Jiménez Barboza, cédula 113580886, Docente Universitario
  347. Melissa Rodríguez Ríos, cédula 402130407, Artista Escénica
  348. Suy Wong Ugalde, cédula 105720540, Traductora
  349. Andrea Percich Assenza, cédula 801210541, Estética
  350. David Ricardo Castro Barrantes, cédula 206810124, Sociólogo, Estudiante de la Laurea Magistrale in Sociologia e Ricerca Sociale
  351. Maribel Morales Rojas, cédula 206790111 Administradora Pública
  352. Rafael Rivas Ducca, cédula 106990060, Consultor
  353. Christopher Segura Campos, cédula 603730276, Abogado y Microempresario PYME
  354. German Enrique Montes Guevara, cédula 104050691, Pensionado
  355. Mónica Chinchilla Vargas, cédula 110970814, Empresaria en Turismo
  356. Marta Quirós Mora, cédula 105050491, Ex Pymes y Ama de casa
  357. Marcos Francisco Gutiérrez Alpízar, cédula 203700327, Profesor
  358. Luis Leiva Friedman, cédula 106210013, Docente
  359. Vanessa Smith Castro, cédula 107560416, Psicóloga
  360. Gloria Gavioli Muzzati, cédula 800970237, Hotelera
  361. Ronald Alpízar Martínez, cédula 602360755, Asesor de Microfinanzas
  362. Guadalupe Urbina Juárez, cédula 501830490, Músico
  363. Sofía Salas Monge, cédula 11013804, Abogada
  364. Jose Rojas Camacho, cédula 207670275, Estudiante
  365. Lucía Godínez Rojas, cédula 113980229, Promotora de la salud
  366. Marta Araya Marroni, cédula 107010787, Gerente General
  367. Susan Francis Salazar, cédula 107210975, Docente Universitaria y Catedrática
  368. Danilo Herrera Soto, cédula 401030076, Economista y Productor Agropecuario
  369. Yanín Carranza Chaves, cédula 204820663, Psicóloga
  370. José Ángel Vargas Vargas, cédula 2371866, Profesor Universitario UCR
  371. Ana Lucía Calderón Saravia, cédula 106520347, Antropóloga
  372. Gilbert Villafuerte Mejías, cédula 60971090, Pensionado
  373. Daniel Ortuño Lizano, cédula 112460796, Ing. Mecánico
  374. Lorena Pinto Berrocal, cédula 104530059, Entrenadora
  375. Álvaro R. Ureña Padilla, cédula 106400393, Ing. Agrónomo
  376. Jorge Murillo Medrano, cédula 502390459, Catedrático
  377. Guido Arturo Romero Montes, cédula 105000321, Jubilado
  378. Hannia Franceschi Barraza, cédula 6123166, Trabajadora Social
  379. Luis Alberto Soto Ramírez, cédula 203710970, Trabajador Social
  380. María Elena López Núñez, cédula 103410135, Pensionada
  381. Rafael Esteban Chaves Salas, cédula 107570203, Microbiólogo
  382. Adilia Solís Reyes, cédula 155803301923, Docente Universitaria
  383. María José Ferlini Cartín, cédula 110610439, Editora Periódico Surcos
  384. Manuel Antonio Barahona Montero, cédula 106850904, Sociólogo
  385. Jaime Enrique García González, cédula 105330503, Catedrático
  386. Roxana Lourdes Cedeño Sequeira, cédula 601020645, Trabajadora Social
  387. María Isabel López Ulloa, cédula 304550606, Trabajadora Social
  388. Flavia José Mora Cubero, cédula 205360772, Docente MEP
  389. Jenny Vásquez Vásquez, cédula 204870874, Enfermera UCR
  390. David Gamboa Cervantes, cédula 701970130, Trabajador independiente y estudiante de Gestión de Turismo Sostenible, Instituto Tecnológico de Costa Rica
  391. Anabelle Maffioli Reyes, cédula 105420111, Agrónoma pensionada
  392. Magally González Jarquín, cédula 107550002, Educadora, Patronato Nacional de la Infancia
  393. Guiselle Bolaños Mora, cédula 103910972, Jubilada
  394. Moisés Orias Lezama, cédula 502050160, ingeniero, Sociedad Civil
  395. Elieth Hume Salas, cédula 30246078, jubilada Universidad Estatal a Distancia
  396. Heriberto Araya Céspedes, cédula 601020231, educador pensionado
  397. Roberto Vargas Fallas, cédula 3297736, ciudadano
  398. Alejandra M Cartín  Leiva, cédula 105720619, psicóloga
  399. María Lorena Delgado Figueroa, cédula 105020296, pequeña empresaria
  400. Adolfo Vargas Salas, cédula 111330529, docente
  401. Andrea Ramírez Aguilar, cédula 113730654, socióloga
  402. William Alberto Mendez Garita, cédula 30263096, abogado y politólogo
  403. Lili Fernández González, cédula 1468210, Pensionada
  404. Paulina Mata Monge, cédula 107910223, Ingeniera y Ecologista
  405. Tania Hermosilla Arroyo, cédula 113500545, Administradora
  406. Carlos Camacho Nassar, cédula 202861360, Antropólogo
  407. José Gabriel Rivas Ducca, cédula 105461000, Biólogo /Guía Turístico
  408. Paul Chaverri Gould, cédula 104340688, Abogado
  409. Wálter Benavides Hernández, cédula 401580292, Músico
  410. Mauricio Penagos Villegas, cédula 800770437, Músico
  411. Héctor Morales Jara, cédula 115200014036, E l lmist
  412. Ligia Quirós Gutiérrez, cédula 202760277, Veterinaria
  413. Luis Ángel Castro Jiménez, cédula 105000546, Cantautor
  414. Liliana Quesada Saravia, cédula 105170402, Socióloga Consultora
  415. Óscar Montanaro Meza, cédula 102800391, Profesor emérito de la Universidad de Costa Rica
  416. Luis Meza Ramos, cédula 105470861, Agente de ventas
  417. Wifrido Rodríguez Vargas, cédula 400900863, Jubilado
  418. Alice Miranda Arguedas, cédula 401020708, Jubilada
  419. Hazel Ma. Vargas Zeledón, cédula 103980738, Filóloga
  420. Rodrigo Fernández Vázquez, cédula 103961133, Jubilado
  421. Olga Marta Mena Vincenti, cédula 102890145, profesora  Profesora jubilada
  422. María José Cascante Matamoros, cédula 111660261, Profesora
  423. Marbella Martin Fragachán, cédula 800650045, Socióloga
  424. Juan Carlos Cruz Barrientos, cédula 104160403, Comunicador social jubilado
  425. José Francisco Alfaro Carvajal, cédula 105180468, Abogado
  426. Vanessa Smith Castro, cédula 107560416, Docente Universitaria

COVID-19: encrucijadas y respuestas humanas

Andrey Pineda Sancho,
sociólogo e investigador CICDE-UNED

La grave crisis pandémica que actualmente tiene en vilo al planeta entero nos ha hecho regresar a viejas preocupaciones antropológicas, constitutivas de nuestra especie, y a debates sociopolíticos y filosóficos de largo, más bien larguísimo, recorrido en nuestras sociedades. Ha potenciado, por un lado, nuestro ya de por sí perenne, aunque no siempre consciente, terror al desorden, al caos y a la finitud, y por el otro, nos ha obligado a tratar de encontrar respuestas aptas tanto para conjurar la amenazante situación, como para hacerla asimilable o llevadera a nivel cognitivo-emocional. De este intento participan, en distintos grados, las instituciones que conforman y modelan la vida sociocultural de los distintos países, los agentes sociopolíticos con mayor poder dentro de ellos, y por supuesto, las personas que con su accionar día a día contribuyen a mantener a flote los mundos socialmente construidos.

En medio del apremio, cada grupo, institución o persona, procurará hacer cuanto esté a su alcance para encontrar las respuestas que les permitan lidiar con la situación y para evitar con ellas el desmoronamiento del mundo que hasta ahora conocían. Las empresas, de distintos tamaños y colores, tratarán de evitar la quiebra o la disminución dramática de sus ganancias, el Estado echará mano de su poder para gestionar la crisis en sus muchas aristas y niveles de complejidad, los y las científicas correrán a ofrecer alternativas para atender lo urgente y resolver el futuro que se dibuja en el horizonte, mientras que la ciudadanía común, en su diferencia constitutiva, oscilará entre la espera de las soluciones externas y la imperiosa necesidad de solventar de forma autónoma sus más acuciantes angustias. Lo que no parece estar para nada claro, sin embargo, es si estos intentos resultarán capaces de cumplir con sus propósitos, si resultarán o no compatibles entre sí, o si serán realmente benéficos, no ya para un sector específico de nuestras sociedades, sino en general para el colectivo. El gran reto que tenemos al frente no reside tanto en encontrar respuestas, pues estas de una u otra forma llegarán y han estado llegando ya, como en hacer que estas respuestas estén inspiradas por criterios que resulten favorables a la consecución del mayor bienestar posible a nivel societal.

Entre los múltiples y multiformes, aunque no siempre creativos, atisbos de respuesta que se han estado proponiendo desde los círculos de poder, y en menor medida desde la ciudadanía, creo poder identificar el retorno y/o a la renovación de viejas discusiones político-filosóficas, así como la revitalización de algunos debates de más reciente data. Todo ello en el fondo no hace más que confirmar que casi todos los problemas que hoy nos estallan en la cara, en realidad nos han venido acompañando desde antes de la emergencia del covid-19 en el planeta. Entre otras cosas, esta crisis ha propiciado que:

  • volvamos a debatir sobre la pertinencia o no de dejar que el mercado colonice y cope los aspectos más esenciales del acontecer y del devenir humano. En la mayor parte del mundo la mano invisible del mercado se ha mostrado francamente incompetente para atender o resolver la crisis;
  • reflexionemos, una vez más, sobre la naturaleza del Estado y sobre su rol tanto en las dinámicas económicas, como en la vida privada de las personas. En este momento tiende a pedírsele, con particular vehemencia, que mantenga viva la economía y que procure la salud y la seguridad de las personas;
  • nos debatamos entre la necesidad de incentivar el control externo (biopolítico) de las conductas y la de apelar a la responsabilidad de cada persona. Aquello que en ocasiones se ha presentado como una dicotomía, en estas condiciones se ha tendido a posicionar más bien como una imperativa complementariedad;
  • se nos presenten con mayor crudeza las injusticias estructurales de nuestros ordenamientos sociales. Hoy se notan doblemente las duras e inhumanas consecuencias del empobrecimiento, de la desigualdad, del desempleo, de la informalidad laboral, del inequitativo acceso a la salud, de la falta de vivienda digna, de la indefensión en la que viven muchos de nuestros adultos mayores y de las desventajas socioeconómicas que padecen millones de mujeres alrededor del planeta;
  • adquiramos nueva o renovada consciencia de nuestra naturaleza eminentemente social. Hoy nos está quedando más claro que dependemos de otros y de otras para subsistir; que el otro y la otra son condición de posibilidad para mi propia existencia. Ello se ha revelado de forma notable en el trabajo realizado por las instituciones públicas, pero también en las cadenas de solidaridad que se han abierto en distintos frentes, ya sea para apoyar a la pequeña y mediana empresa, o para garantizar la sobrevivencia de los sectores más desposeídos y vulnerables de la sociedad;
  • reparemos en el carácter global de las grandes problemáticas que comprometen no sólo nuestra continuidad en tanto especie, sino también la del planeta como tal. Aún cuando hemos corrido a refugiarnos en la aparente, y sólo aparente, comodidad de los estados-nación, es muy obvio que de este tipo de apuros solamente podremos salir a través de respuestas y acciones de alcance global.
  • resurjan en nosotr@s todo tipo de incomodidades y sospechas no ya solamente respecto del funcionamiento del capitalismo en tanto sistema económico de corte mundial, sino sobre todo respecto del modelo civilizatorio que este ha configurado a lo largo de más de 500 años. Ha resultado inevitable preguntarse si dentro de tal proyecto podremos encontrar y tornar viables aquellos valores que requerimos para hacer frente, de forma eficaz, a nuestros problemas y retos comunes;
  • debamos preguntarnos sobre el papel que tendría que jugar la ciudadanía organizada, tanto a escala nacional como transnacional, en la necesaria construcción de un mundo menos devastador y excluyente. En última instancia, son las clases más desposeídas alrededor del planeta las que sufren con mayor dureza ante cualquier crisis de grandes proporciones, ya sea esta de naturaleza económica, sanitaria o ecológica.

La forma en que se “resuelva” la crisis y sus consecuencias posteriores es algo que aún está por verse. Lo cierto del caso es que, con independencia de las respuestas que le demos a la situación, ya no volveremos a ser l@s mism@s; para bien o para mal, ya no volveremos a serlo. Estamos ante lo que la escuela institucionalista llama “una coyuntura crítica”, las decisiones que tomemos hoy marcarán, de forma cuasi definitiva e irreversible, nuestra trayectoria futura. La gran pregunta que se levanta es: ¿cuál rumbo deseamos tomar? Dependerá de todos y todas apuntar hacia la dirección correcta.

Carta pública dirigida al Arzobispo José Rafael Quirós acerca de la Iglesia en las elecciones

Estimado Monseñor:

Esta no es una carta edulcorada, pero esperamos que usted vea, en la sinceridad, la medida de nuestro amor por la Iglesia.

Los temas sobre la familia y la ética sexual han predominado en la contienda electoral, poniendo en segundo plano otros muy importantes como la justicia social y la inequidad en la distribución de la riqueza. Antes de la elección del 4 de febrero, no recordamos haber visto ningún llamado de los obispos para ampliar la temática, con lo que se permitió –de modo directo o indirecto– un énfasis erróneo que desorientó al electorado. Tanto es así que en cartas posteriores, y tardías, la Conferencia Episcopal se vio en la necesidad de solicitar una visión integral.

Autorizados analistas opinan que Restauración Nacional, de innegable raíz neo-pentecostal, en alianza con los más radicales políticos neoliberales, pretende debilitar nuestro Estado Social de Derecho mediante una privatización acelerada de las instituciones públicas como el INS, el ICE, etc. ¿Cuál es la posición de la Iglesia para que ese tema sea discutido?

Nos preguntamos con angustia por qué la Iglesia promueve y fomenta tanta cercanía con el neo-pentecostalismo, si no ha tenido –por décadas– intentos efectivos de diálogo con iglesias de larga tradición en el país, como la Anglicana, la Luterana y la Metodista. Tan precipitada cercanía ha servido para respaldar las pretensiones del candidato de Restauración Nacional. Así opinamos muchos católicos.

El mentor espiritual del candidato Fabricio Alvarado, señor Rony Chaves, amenaza abiertamente el culto a la Virgen de los Ángeles y plantea una guerra contra el catolicismo, pero en ningún momento hemos visto una reacción de los dirigentes católicos que defienda nuestras creencias y nuestra fe. No se puede argumentar que eso sería meterse en política.

Acciones como el “Manifiesto Conjunto” entre la Iglesia Católica y la Alianza Evangélica Costarricense, que –por cierto– acarreó una reprobación del Tribunal Supremo de Elecciones el 18 enero 2018, y la marcha “Por la vida y la familia” del 3 de diciembre de 2017, sin duda produjeron y producen en muchos fieles la sensación de que da lo mismo ser católico que pentecostal. Esto se vuelve dramático en un contexto de acelerada migración de fieles católicos hacia otros credos.

Con todo respeto pero con dolor, afirmamos que hay sacerdotes que públicamente se han manifestado a favor del partido Restauración Nacional, y que en ningún momento ellos han recibido una llamada de atención —pública también— desautorizándolos. Ese silencio oficial de los señores obispos respalda la opción política del partido antes mencionado. El que calla otorga. Por ejemplo, mientras en días recientes hemos escuchado al candidato Fabricio Alvarado utilizar la marcha conjunta del 3 de diciembre con fines políticos, la Iglesia Católica permanece en el silencio, como si desconociera que las acciones públicas deben ser respondidas de manera pública.

La Iglesia Católica ha permitido que circulen –refrendadas por el silencio de sus representantes— falsedades, exageraciones y deformaciones sobre los programas de educación afectiva y sexual del MEP. Para tener una posición objetiva, la Iglesia tenía la responsabilidad de hacer un análisis riguroso, desde la ciencia de la teología, sobre esos programas. Muchos miembros de la Iglesia no nos satisfacemos con generalidades ni planteamientos de fundamentación no fehacientemente demostrada.

Con todo respeto hacia Usted y amor por nuestra Iglesia, esperamos que su respuesta pública contribuya a esclarecer las confusiones creadas en la población católica.

Deyanira Sequeira, cédula 1-248-675

Cristina Zeledón Lizano, cédula 1-230-339

Estrella Zeledón de Carazo, cédula 1-194-378

Fernando Rudin Vega, cédula 1-0484-0457

Aurelia Trejos París, cédula 1-360-879

José Pablo Mora Vargas, cédula 2-0581-0912

Edgar Fernando Céspedes Ruiz, cédula 9-008-572

Blanca Zelaya Irías, cédula 1-0365-0145

Jorge Alejandro Rivera Alvarado, cédula 1-0794-0409

Marco A. Cañizales Ramírez, cédula 1-0932-0081

Misael Mora Pacheco, cédula 2-0391-0306

Julia Li Vargas, cédula 1-0669-0057

María Gabriela Marín Arias, cédula 1-0619-0342

Carlos Eduardo Díaz Aguilar, cédula 1-0524-0105

Yolanda Rojas Rodríguez, cédula 9-0012-0762

Zaida Sequeira, cédula 1-0292-0747

Cecilia Motta Di Mare, cédula 1-0403-0689

Guadalupe González Kreysa, cédula 9-0071-0985

Saray Córdoba, cédula 1-0438-0311

Ligia Barquero, cédula 1-0415-0623

Nydia Sequeira, cédula 1-0340-0524

José Roberto Díaz Marín, cédula 1-0502-0821

Rosario Morera Alfaro, cédula 4-0109-0224

Alfredo Monge Rojas, cédula 1-0432-0849

Pilar Ureña Álvarez, cédula 1-0573-0651

 

*Foto tomada del Facebook del Arzobispo José Rafael Quirós.

Enviado por Deyanira Sequeira.

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Llamado ante el referéndum para abrir el monopolio estatal sobre los hidrocarburos y vender RECOPE

Luego de varios años de difamación en contra de RECOPE y de los derechos laborales de sus trabajadores, el grupo de fachada del Movimiento Libertario, llamado “No más RECOPE” ha recibido el visto bueno, por parte del TSE, para recolectar firmas que permitan convocar a un referéndum para la apertura del monopolio de la Refinería Costarricense de Petróleo, RECOPE.

Tal decisión nos pone nuevamente ante la disyuntiva entre las dos visiones contrapuestas de la Costa Rica que queremos, dilema que ha estado presente durante las tres últimas décadas y que tienden a polarizar el país. Así ocurrió en el año 2000 con el intento de abrir y privatizar la generación eléctrica, las telecomunicaciones y el acceso a Internet, en lo que se llamó el Combo del ICE; en el 2007 con el referéndum sobre el Tratado de Libre Comercio con República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos.

De un lado, está la visión neoliberal que impulsan las cámaras empresariales, los medios informativos a su servicio, los partidos políticos tradicionales y algunos jerarcas de las instituciones públicas que, se han dedicado a sabotearlas desde adentro para debilitarlas.

Del otro lado de la acera, estamos muchas y muchos costarricenses que defendemos las instituciones representativas del Estado Social de Derecho y los servicios que prestan, que para nosotros constituyen derechos ciudadanos y no mercancías. Tal es el caso de la salud, la educación, el agua, la electricidad, los hidrocarburos, los recursos naturales y el espectro radioeléctrico.

Son las mismas visiones encontradas que dividen el mundo entre la procura del bien común y la acumulación de riqueza en las manos de unos pocos.

En el caso de este proyecto, caben las siguientes consideraciones:

  1. Este proyecto no sólo busca romper el monopolio, sino que privatizar RECOPE, entregándolo a otro monopolio privado.
  2. Quienes votarían en el referendo son personas que han sido bombardeadas sistemáticamente durante, al menos, los últimos cinco años, por una campaña manipuladora, que apela a:
    1. El “derecho a escoger” de los consumidores
    2. Que los precios de los combustibles van a bajar cuando venga la “libre competencia”
    3. Que hoy lo que los costarricenses están pagando son “las gollerías” de la Convención Colectiva de los trabajadores y las malas inversiones de RECOPE.
  3. Abre las puertas a la exploración y explotación petrolera en el territorio nacional.
  4. Representa una grave amenaza a la seguridad y la soberanía nacional, que representan un patrimonio estratégico para el desenvolvimiento de la economía nacional.

El proyecto de ley que pretenden aprobar vía referendo lo que busca es que sea el sector privado el que se adueñe del negocio de la compra y distribución de hidrocarburos en el país. No hay tal beneficio colectivo, ni precios más bajos ni mejoras en la calidad.

A la población se le ha hecho creer que abriendo el mercado habrá muchas opciones a la hora de comprar combustibles. ¡Eso es falso! porque, en primer lugar, 1) en materia petrolera no hay competencia. 2) Todos los precios son fijados por quienes dominan el mercado a través de la OPEP y 3) porque el mercado petrolero costarricense es pequeño (de aproximadamente 40 mil barriles diarios), de manera que no admite una gran cantidad de oferentes: prácticamente o el monopolio es del Estado o es de una empresa privada.

Esa empresa tendrá costos de operación y márgenes de utilidad como cualquier otro y ese costo van al precio del producto. Por el contrario, RECOPE trabaja al costo, descontando de sus utilidades la operación e inversión en mejoras y reposición de las plantas y los equipos.

RECOPE cuenta con una buena estructura y con muy buen sistema de poliductos, si no fuera así, ninguna empresa extranjera se aventuraría a participar de este negocio. Ya que, de acuerdo con el texto del proyecto, quien asuma el negocio de los combustibles utilizaría las instalaciones de RECOPE, sin invertir un solo cinco. Piensan aplicar el mismo esquema con el que las cableras se aprovechan de la infraestructura del ICE para colocar su negocio, con una inversión mínima y generando muy poco empleo. De esta manera, un agente privado se apropia de un bien público sin haber invertido mayor cosa y quedándose con la ganancia.

Como parte de la campaña, se le ha mentido a la gente diciéndole que el costo de la gasolina, el diesel y gas licuado de petróleo son responsabilidad de la Convención Colectiva. Al respecto, está demostrado que la convención representa en el litro de cualquier combustible no más de dos colones.

Vociferar por los ingresos de los empleados de RECOPE y apoyar una apertura en las condiciones que discutimos, es apoyar a que capital extranjero venga, pague a costarricenses salarios menores, que obviamente obtendrán una buena ganancia, llevándose nuestro dinero para otro país.

El precio final de los combustibles está dado por la alta carga impositiva conocida como impuesto único, así como la modalidad de ajuste tarifario que tiene a su cargo la ARESEP considerando las variables del precio internacional y del tipo de cambio. Nada de eso está en manos de RECOPE.

La solución al problema de los altos costos de los combustibles fósiles, no está en la apertura del mercado y la privatización de RECOPE, como pretenden algunos, sino en la revisión del impuesto a los combustibles y el cambio gradual de nuestra matriz energética, de manera que migremos de los combustibles fósiles a las fuentes alternativas, más amigables y más baratas, cosa que no se podrá asegurar con un monopolio privado. Para nuestro Sindicato, ese tránsito en la matriz energética debe ser liderado por RECOPE.

Lejos de resolver el problema del precio de los combustibles, el proyecto libertario que se pretende llevar a referéndum, amenaza uno de los últimos baluartes del Estado Social de Derecho, la soberanía energética y la seguridad nacional. Es por ello que consideramos que la lucha nacional contra la ruptura del monopolio estatal sobre los hidrocarburos y la privatización de RECOPE, es una causa nacional y queremos solicitarles que su apoyo.

Quedamos a su disposición para reunirnos y conversar sobre las distintas formas de concretar su participación en esta lucha.

SITRAPEQUIA.

 

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.

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Fotocopia de la cédula

Raúl Alvarado Sibaja

 

Allá por el año de 1970, existía en el centro de San José, en la esquina de avenida primera y calle primera, un local que ofrecía un servicio novedoso, o al menos así lo era para mí.

Era un sitio en donde usted podía llevar un documento y en unos pocos momentos usted podía tener una copia del mismo, a eso se le llamaba una fotocopia. No era barato, pero en algunas situaciones el tener esa copia podía ser de gran utilidad.

Menciono ese hecho, porque alguna gente joven, tal vez no se imagina como era la vida sin fotocopias. El tema puede ser muy extenso y me interesa aquí restringirme al caso de los servicios del estado.

Si usted, por ejemplo necesitaba hacer un trámite digamos ante una municipalidad, y era necesario identificarse, entonces simplemente el funcionario le pedía la cedula, verificaba que usted hubiera escrito correctamente los datos (su nombre y número de cedula), a veces anotaba en el documento “presentó cédula” y se la devolvía.

Esto ocurría más o menos de la misma manera en cualquier ministerio, institución autónoma, municipalidad, etc., tal y como todavía se hace en los bancos cuando usted necesita hacer una transacción.

Pero en algún momento, en alguna oficina, a algún genio se le ocurrió la genial idea (valga la redundancia), de que: para asegurarse de que los datos estuvieran correctos, (yo le llamo: el síndrome de la falsa sensación de seguridad del burócrata) era mejor exigir que junto a la solicitud se entregara fotocopia de la cédula.

A partir de ahí esta práctica se extendió como fuego en un pastizal seco. Recuerdo por ejemplo, en los años 80, las muchas discusiones que tuve con una secretaria (subalterna mía) para que NO exigiera la fotocopia de la cédula, requisito que ella había inventado para hacer los trámites de graduación. Al final siempre hacía lo que le daba la gana y no había manera de sancionarla.

El colmo fue a inicios de los 90, estaba haciendo yo un trámite ante la CCSS, y por variar me pidieron una fotocopia de la cédula; cuando la presenté, junto con los otros papeles, me la devolvieron: pues la fotocopia debía ser autenticada por un abogado.

Podría contar al menos otra anécdota, de cuando estaba haciendo los trámites de la pensión en el Banco Popular, pero estoy seguro que las amables personas que están leyendo esto, podrían agregar miles de anécdotas similares, todas ellas como para sentarse a llorar.

¿Se han puesto ustedes a pensar que posiblemente cada año, solo en CR, son millones de hojas de papel que se gastan haciendo fotocopias de cédulas, para trámites municipales, permisos de construcción, solicitudes de paja de agua, medidores eléctricos, patentes, en los ministerios, para solicitar bonos de vivienda, préstamos para compra de casas, carros, becas para los estudiantes de primaria, secundaria y universidades, etc., etc. Además, hay que comprar más y más archivadores para guardar esas montañas de papeles.

¿Y decimos que Costa Rica va a ser Carbono Neutral para el año 2020? ¡Qué buen chiste!

La fotocopia de la cédula en la enorme mayoría de los casos es innecesaria y debe erradicarse esta mala costumbre. Esto no se va a lograr de la noche a la mañana; pero con la colaboración de muchas personas lo lograremos.

¿Nos sentamos a llorar?, o ¿hacemos algo?

  1. En primer lugar, le insto a que reflexione un poco sobre el tema y tome conciencia de este absurdo. En todo caso, si realmente se ocupa tener copia de la cédula, el empleado(a) puede tomarle una foto, y guarda el archivo de la siguiente manera: Por ejemplo, mi cédula es 1 0367 0801, entonces puede guardar el archivo como 103670801a.jpg y 103670801r.jpg (anverso y reverso) en una carpeta llamada CEDULAS.
  2. Comparta esta iniciativa con otras personas, para que se vaya creando conciencia del despilfarro de papel. Cuando acuda a realizar un trámite y le pidan fotocopia de la cédula, por favor “cómprese el pleito” y pida hablar con el jefe para hacerle ver que ese es un requisito innecesario.
  3. Si conoce usted a alguna persona que ocupe el puesto de dirección de alguna oficina estatal que reciban solicitudes de servicios por parte de la población, por favor hágale llegar esta propuesta.
  4. Si usted es una persona que ocupa uno de esos puestos de dirección, por favor, analice si para los trámites que realiza el público se puede suprimir la fotocopia de la cédula y que simplemente el funcionario en ventanilla, pida la cédula, revise y anote en la solicitud “presentó cédula”. Tome usted mismo la decisión de eliminar la fotocopia
  5. Si usted, o alguien que usted conoce, tiene contacto con algún ministro(a), o funcionario de casa presidencial, por favor hágale llegar la siguiente excitativa: Para que la Presidencia de la República emita el siguiente decreto del Poder Ejecutivo:

La presidencia de la República de Costa Rica, tomando en cuenta el espíritu de la Ley8220 (Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos), y la meta de que Costa Rica llegue a ser un país carbono neutral, decreta:

“A partir del 1 de agosto de 2016, queda prohibido en todos los ministerios y otras dependencias del Poder Ejecutivo, pedir a los(as) ciudadanos(as), la entrega de fotocopia de la cédula, como requisito para realizar sus trámites.

Para poder apartarse de esta norma, la oficina que así lo considere, deberá justificar ante el Ministerio de la Presidencia, la razón por la cual en esa oficina Si es estrictamente necesaria la entrega de la fotocopia de la cédula.”

Soñamos con un mundo mejor, pero ese mundo mejor se construye “a pedacitos”, poco a poco, y solo con la participación suya y de mucha otra gente se puede lograr. Tal vez no se logre en unos pocos meses, pero lo importante es que la gente vaya tomando conciencia.

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de Internet.

Enviado a SURCOS Digital por el autor.

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En pro del estado social

Arnoldo Mora

 

El Estado es el monopolio de la violencia por parte de una institución pública de jurisdicción plena en un territorio debidamente delimitado, con el fin de evitar que la sociedad se autoelimine (Hobbes). Ese objetivo solo se logra mediante un acto político fundante, que Rousseau llamaba “contrato social” y que, en nuestra historia, lo fue “El Pacto de Concordia” (Diciembre de 1821). Gracias a Carrillo, Juanito Mora y los liberales forjamos, a lo largo y ancho del siglo XIX, el Estado-Nación. En la primera mitad del siglo XX se fue forjando el Estado Social. El Obispo Thiel, hijo de un líder obrero de la fundación católica Kolberg en Renania (Alemania) y que inspiraría la Primera Encíclica Social “Rerum Novarum” del Papa León XIII (15 de Mayo de 1891), en su carta pastoral sobre EL JUSTO SALARIO (Setiembre de 1893) esbozó lo que debería llegar a ser el Estado Social, afirmando que el Estado tenía el deber moral y legal de promover la justicia social como única manera de evitar el empobrecimiento de los trabajadores. Desde el punto de vista político, sería Feliz Arcadio Montero quien, con la fundación del Partido Independiente Demócrata, pondría la lucha de clases como motor del activismo político. Ya a inicios del siglo XX, los más connotados intelectuales (García Monge, Omar Dengo, Billo Zeledón, Carmen Lyra) apoyarán las luchas de los sindicatos de inspiración anarquista, asumiendo con ello la confrontación ideológica.

Todo este trasfondo explica la posición enhiesta y visionaria del Presidente Alfredo González Flores, quien en su memorable discurso ante el Congreso de la República, definirá el papel del Estado en materia social. D. Alfredo señala a los diputados lo siguiente:”Entre los proyectos que el Gobierno está elaborando, se encuentra el que imponga una contribución apropiada a las ganancias así habidas sin esfuerzo de parte del beneficiario, y a costa de la comunidad”(GONZALEZ Flores, Alfredo: SU PENSAMIENTO, Biblioteca Patria, Editorial Costa Rica, 1980, pg. 58). Este mensaje visionario de auténtico estadista fue, para desgracia y vergûenza de los costarricenses, lo que le valió dos años más tarde el golpe de Estado, que le propinó la cerril oligarquía criolla y, con ello, surgiría la tiranía de los Tinoco. Como patriótica reacción vendría pronto el levantamiento popular que llevaría al derrocamiento de ese oprobioso régimen. Producto de esta situación, surgiría la alianza entre los sindicatos y el movimiento socialcristiano que daría origen al Partido Reformista, liderado por el carismático General-sacerdote Jorge Volio.

Tales son los antecedentes que dieron origen a las reformas sociales de 1943, llevadas a cabo por la “alianza inverosímil” encabezada por el Dr. Calderón Guardia, Monseñor Sanabria y Don Manuel Mora y que, gracias al liderazgo de Don Pepe y al pensamiento de Rodrigo Facio, se plasmó en la Constitución de 1949 que hoy nos rige. Estas breves pinceladas, extraídas de nuestra historia, configuran al Estado Social como uno de los mayores logros de nuestro pueblo. Preservarlo y consolidarlo es la única garantía para vigorizar nuestra democracia y poner las bases de ese futuro mejor con que sueñan las nuevas generaciones.

 

Enviado a SURCOS Digital por el autor.

SINTRAJAP apoya la lucha nacional

SINTRAJAP hizo llegar un comunicado a SURCOS Digital, en el que manifiesta su apoyo al movimiento nacional de lucha efectuado los días 26 y 27 de abril del 2016 y repudia los siguientes hechos:

  • La Cláusula 9.1 del contrato que el Gobierno firmó con APM, que no le permite a JAPDEVA competir con la carga en igualdad de condiciones.
  • Los incumplimientos del Gobierno con respecto a la modernización y equipamiento portuario, atrasos en la compra de montacargas y el inicio de la construcción del Puesto de Ataque 5-7 en Moín por parte de JAPDEVA.
  • El daño ambiental que sufre Limón para satisfacer intereses económicos foráneos en contra de la vida, el bienestar del pueblo limonense y costarricense destruyendo fuentes de agua, bosques y especies.
  • Los proyectos de ley presentados por el Gobierno y otras fuerzas políticas, en contra de las garantías económicas, sociales y laborales, como derechos convencionales, el derecho a la sindicalización y el derecho al trabajo digno y estabilidad laboral.
  • Los ataques en contra de las instituciones públicas y el empleo público, que pretenden el desmantelamiento del Estado costarricense.

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de Youtube.

Enviado a SURCOS Digital por Liroy Pérez Pérez, Secretario de Prensa, SINTRAJAP.

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SINTRAJAP se une a la lucha nacional

Comunicado Urgente

 

En una decisión unánime SINTRAJAP se une al movimiento nacional de lucha convocado y programado para hoy por diferentes fuerzas sociales costarricenses y por las siguientes razones:

Modificación de la Clausula 9.1 del contrato de la APM para que se le permita a JAPDEVA competir por la carga en igualdad de condiciones.

Por el incumplimientos por parte del gobierno con respecto al equipamiento de nuestros puertos específicamente en el tema de montacargas y los atrasos que se han dado para la obtención de una viabilidad ambiental para la construcción del puesto de atraque 5-7 en Moín por parte de JAPDEVA.

En defensa de nuestras garantías económicas, sociales, laborales y sobre todo de nuestra estabilidad laboral.

Nos manifestamos además en defensa de las instituciones públicas y en contra de las iniciativas neoliberales que pretenden empobrecer aún más al pueblo costarricense para beneficiar a unos pocos.

Por estas y otras razones nos unimos a la huelga por el día de hoy a partir de las ocho horas.

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS Digital por Liroy Perez Perez, Secretario de Prensa.

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