Instituto Sindical de Formación Política
El juicio por acoso sexual contra el diputado Fabricio Alvarado, del partido Nueva República, no es un hecho aislado. Es una ventana que deja ver lo que muchas veces permanece oculto: las contradicciones, los silencios cómplices y las prácticas más degradantes dentro del poder político.
Lo que debería ser una respuesta firme, ejemplar y transparente ante una denuncia de esta naturaleza, se ha convertido en un escenario de evasivas, cálculos políticos y debilitamiento institucional. La Asamblea Legislativa de Costa Rica, llamada a garantizar el respeto a la ley, aparece hoy cuestionada en su capacidad para actuar con justicia.
El cálculo político partidario no tiene ética
Uno de los aspectos más preocupantes que deja al descubierto este caso es cómo el cálculo político partidario se impone sobre cualquier principio ético. No estamos ante hechos aislados, sino ante una práctica reiterada: proteger la imagen del partido, aunque eso implique encubrir conductas inaceptables.
Resulta particularmente grave cuando esto ocurre en partidos que alcanzaron representación política bajo un discurso religioso, apelando a valores morales, a la familia y a la “defensa de la ética”. Hoy, esos mismos sectores guardan silencio o relativizan denuncias de acoso sexual, evidenciando una profunda contradicción entre lo que predican y lo que practican.
Más indignante aún es observar a diputadas que, habiendo llegado a posiciones de poder, olvidan su condición de mujeres y la lucha histórica contra la violencia de género. En lugar de actuar con firmeza, optan por proteger estructuras de poder o compañeros de bancada, contribuyendo a la impunidad.
No se trata solo de omisiones individuales. Existen reglamentos de conducta en la Asamblea Legislativa que, en teoría, deberían garantizar sanciones claras ante este tipo de hechos. Sin embargo, cuando entran en juego intereses políticos, estos instrumentos simplemente no se aplican o se diluyen en trámites sin consecuencias reales.
La contradicción alcanza niveles aún más preocupantes cuando figuras políticas que públicamente han defendido la lucha contra el acoso sexual, hoy vuelven la mirada hacia otro lado. Este doble discurso no solo debilita la credibilidad institucional, sino que envía un mensaje peligroso a la sociedad: que la justicia depende de la conveniencia política.
Una institucionalidad que se debilita
La falta de acción contundente no solo afecta a las víctimas directas, sino que erosiona la confianza en las instituciones. Cuando quienes hacen las leyes no las respetan o las aplican selectivamente, el mensaje es claro: hay privilegios para algunos y silencio para otros.
La impunidad, en estos casos, no es casual. Es el resultado de redes de protección política que priorizan la conveniencia sobre la justicia. Y esto golpea directamente la credibilidad del sistema democrático.
Una señal peligrosa para la sociedad
Cuando se minimiza o se encubre el acoso sexual desde espacios de poder, se legitima indirectamente la violencia. Se envía una señal peligrosa: que denunciar no sirve, que la verdad puede ser ignorada y que el poder puede más que la dignidad.
Para las trabajadoras y trabajadores, este tipo de conductas no es ajeno. Es el reflejo de una cultura que muchas veces también se reproduce en los centros de trabajo, donde el abuso se silencia por miedo o por falta de respaldo.
La responsabilidad de la clase trabajadora
Frente a este escenario, el silencio no es opción. La clase trabajadora organizada tiene un papel fundamental: denunciar, exigir transparencia y defender principios éticos reales en la función pública.
No se trata solo de un caso, ni de una persona. Se trata de qué tipo de sociedad queremos construir. Una donde la justicia sea selectiva, o una donde la dignidad humana esté por encima de cualquier cálculo político.
Conclusión: sin ética no hay democracia
Lo que hoy se revela en la Asamblea Legislativa no es solo un escándalo político. Es una señal de alerta sobre el deterioro de la ética en la función pública.
Si los valores se negocian y la justicia se acomoda a intereses partidarios, la democracia pierde su sentido.
Por eso, desde el movimiento sindical y desde el INSTITUTO SINDICAL DE FORMACIÓN POLÍTICA, reafirmamos una convicción clara:
sin ética, no hay democracia. Y sin democracia real, los derechos de la clase trabajadora están en riesgo.
