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Gobierno roba a los pobres el derecho a vivienda y derecho a estudiar

Escrito en 05/09/2023. Publicado en Derechos, Vivienda.

Ante la inercia que sufre el sector vivienda de interés social, donde el presidente de la república a demostrado claramente que no tiene el menor interés por las familias pobres que no tienen casa, con acciones que lo demuestran contundentemente, como las siguientes:

A dos meses de la renuncia de la ministra y viceministro de Vivienda, el gobierno no ha nombrado sus sustitutos permanentes y mantiene un nombramiento provisional que no genera confianza a nadie dentro del sector
Igual tiempo tiene la Junta Directiva del BANHVI sin presidente, por lo cual no puede sesionar para tomar acuerdos, con una larga lista de proyectos de vivienda y de bonos de vivienda individuales, muchos de ellos de zonas indígenas que solo esperan el acuerdo de esa Junta Directiva para que esas familias tengan sus casas.
Que el ministro Nogui Acosta no ha querido cumplir con la obligación de girar los diez mil millones de colones que la Asamblea Legislativa asignó al BANHVI, en desacato de la Resolución 150 – 2022de la Procuraduría General de la República que es vinculante para el Gobierno y el ministro, quien se burla nuevamente de nuestra legislación y de las familias de mayor pobreza y vulnerabilidad, proponiendo un nuevo rebajo de treinta mil millones de colones en el nuevo presupuesto usando el engaño para que el pueblo y los diputados no se den cuenta, como el “bicho rastrero” que es y con toda desfachatez habla de aumento en vivienda.
Conel BANHVI, el MIVAH e INVU cada día más ineficientes, sin un verdadero seguimiento a los Proyectos habitacionales, con menor producción de viviendas, con una ministra que sigue siendo provisional después de dos meses de estar en el cargo, nos genera una horrible impresiónde que la directriz es “patear la bola para adelante” y aprobar lo menos posible para que haya un alto superávit y así justificar recortes de Presupuesto, como el que plantean ahora mismo.
Nose cuenta con una verdadera Política Nacional de Erradicación de precarios, este es un sector de la población que está en completo abandono desde hace varias administraciones gubernamentales sufriendo las peores humillaciones y estigmas, con una terrible y permanente penetración del flagelo del narcotráfico y el crimen organizado que aprovecha las difíciles condiciones en que viven para reclutar adolescentes para ponerlos a delinquir, convirtiéndolos en máquinas totalmente entrenados en la violencia, con métodos de gran crueldad y hasta cinismo con sus víctimas. Evidentemente la eliminación de miles y miles de Becas de FONABE y Avancemos propician mayormente esto porque son miles de jóvenes que dejan de estudiar.

Por estas razones y muchas más que no mencionamos por falta de espació, El Foro Nacional de Vivienda, la Asociación de Lucha Contra la Pobreza -COLUPOA-, Mujeres en Lucha Social, cansados de esta anarquía y desinterés del gobierno y las autoridades encargadas del Sector, hemos acordado una ACCIÓN DE CALLE (realmente calle) el próximo 20 de septiembre para solicitar al presidente que se coma de verdad esta bronca y que dejemos la palabra simple y sin contenido y que nombre formalmente quien será la o él ministro de Vivienda y presidente de la Junta Directiva de BANHVI y que se nombre de forma independiente Presidente (a) Ejecutivo (a) del INVU y se ordene este sacrificado Sector donde hay miles y miles de familias de PROBREZA EXTREMA Y ALTA VULNERABILIDAD, de las cuales hay más de veinte mil por ser tirados a la calle po desalojos.

AMIGO Y AMIGA, Grupo organiza con Proyecto de Vivienda, súmate a esta lucha, contáctanos

San José. 4 de septiembre 2023.
Manuel Salinas Salinas	Víctor Rojas Marín	Rocío Ramírez Varela
Teléfono 8381 6224	Teléfono 8993 0316	Teléfono 7015 4292

Imagen ilustrativa.

Lo público y lo privado: buscando el bien común

Escrito en 11/04/2020. Publicado en Análisis, Derechos.

El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Artículo 50 de la Constitución de la República de Costa Rica.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Se habla hasta la saciedad de recortar salarios, pensiones y en general el gasto público. El peso de la balanza recae sobre este sector, mientras lo privado se mantiene casi intocable, como si fuese el “lugar santísimo” del templo de la patria. Este país, en materia de política pública y privada, es tan laico (de laos: pueblo) como cualquier Estado de Derecho.

Efectivamente, nuestra Constitución establece que se pueden imponer limitaciones a la propiedad privada en razón del “interés social” (Artículo 45), es decir, del bien común. Hasta ahora, y en medio de un Estado de Emergencia Nacional, no se han impuesto limitaciones de ningún tipo sustantivo a lo privado, y por el contrario se le sigue facilitando su gestión, para que despida, postergue contrataciones y negocie condiciones con los trabajadores, que solo favorecen al gran empresario y su capital.

O sea, el gobierno no está cumpliendo a cabalidad con el mandato constitucional de procurar “el mayor bienestar de todos los habitantes” propiciando un “adecuado reparto de la riqueza”, hoy concentrada escandalosamente. Riqueza que ha crecido exponencialmente, porque ha sido eximida, vía concesiones tributarias y amnistías, de cumplir con la responsabilidad social que le compete en un Estado Social de Derecho, que todavía existe porque tenemos una Constitución que lo respalda.

El Banco Mundial, para nada sospechoso de ser enemigo del sector privado, llama la atención al peligro de festinar con los recursos públicos para enfrentar la crisis producida por el COVID-19. Plantea algunas consideraciones a tener en cuenta. Por ejemplo, proteger los trabajos, tanto públicos como privados, es una prioridad; los funcionarios públicos prestan gran parte de los servicios esenciales para responder a la crisis en primera línea; los Gobiernos deben permitir el teletrabajo y reorganizar las tareas y responsabilidades en vez de imponer recortes y despidos; la crisis ha subrayado la importancia de tener instituciones públicas eficaces para proteger las vidas y los medios de subsistencia de las personas.

Una propuesta razonable y proporcional, y que toma en consideración los aspectos mencionados, entre otros, es la formulada por el economista don Francisco Esquivel, que en sus nueve puntos condensa medidas que son una garantía para el cumplimiento del precepto constitucional contenido en el Artículo 50, columna vertebral de nuestro Estados Social de Derecho. No privilegia a ningún sector, sea público o privado, que cuente con la capacidad y responsabilidad de aportar solidariamente, y sin apelar a subterfugios como los que han venido abaratando el concepto de solidaridad, de gran contenido ético-humanista. Una propuesta juiciosa y patriótica.

También se han hecho aportes valiosos por parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), de la Federación Ecologista de Costa Rica (FECON), de la Maestría en Planificación de la Universidad Nacional, entre otras. El movimiento social y la academia han sido proactivos y solidarios en esta lucha de todos y todas.

Solo falta voluntad política, humildad y amplitud de miras para salir adelante, como bien señala Harari, ante los desafíos de este Siglo XXI: “Aunque los retos no tienen precedentes y aunque los desacuerdos son enormes, la humanidad puede dar la talla si mantenemos nuestros temores bajo control y somos un poco más humildes respecto a nuestras opiniones” (21 lecciones para el siglo XXI, p.179).

El gobierno tiene que contribuir a conjuntar las mejores ideas y propuestas, en esta hora decisiva, para ser garante del precepto constitucional que le asigna al Estado, como tarea fundamental, impulsar “el más adecuado reparto de la riqueza”.

Tenemos que superar, de una vez por todas, los enfoques que han venido propiciando el antagonismo entre trabajadores del sector público y privado, para afirmar el compromiso que ambos tienen en contribuir al bien común, especialmente en situaciones de emergencia como la que estamos padeciendo. Solo a las élites económicas, políticas y mediáticas privilegiadas les interesa poner a pelear a los trabajadores de ambos sectores. No hay que prestarse a ese juego sucio y mal intencionado.

Foto: ANEP