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Etiqueta: investigación

No a los recortes de las giras de investigación y acción social

La comunidad Universitaria tanto estudiantes como docentes realizan una carta abierta al rector Gustavo Gutiérrez Espeleta y al Consejo Universitario, en donde se expresa una preocupación por la decisión tomada de la Oficina de Transportes de no asignar choferes para las giras de investigación y acción social con menos de 7 personas. Se argumenta que esta medida presenta inconvenientes para quienes participan en proyectos de investigación y acción social. Los motivos incluyen la carga adicional para la persona responsable de proyectos, la dificultad de estacionamiento bajo vigilancia en comunidades específicas, la conveniencia de grupos pequeños en ciertos contextos, la falta de licencia de conducir de algunos responsables de proyectos y la limitación de recursos en algunas Unidades Académicas. 

Se solicita una reunión urgente para encontrar una solución a este problema.

 

Imagen ilustrativa, UCR.

Avance en el estudio de estuarios tropicales: Monitoreo con equipo oceanográfico y modelos en el Golfo de Nicoya

Mauro Vargas Hernández
mauro@una.cr

Subdirector Departamento de Física

El Departamento de Física de la Universidad Nacional realiza investigación en oceanografía costera en el golfo de Nicoya, con el fin de comprender la hidrodinámica estuarina de la zona y contribuir, de manera interdisciplinaria, a la colección de datos hidrográficos que ayuden al desarrollo sostenible de actividades económicas en el golfo. El objetivo es comprender los mecanismos físicos que gobiernan la circulación de las corrientes marinas dentro del golfo, los cambios en los niveles de agua y de parámetros oceanográficos tales como la salinidad, temperatura, oxígeno disuelto, concentración de clorofila, entre otros; además, entender cómo la variabilidad temporal y espacial de estos parámetros impactan actividades socioeconómicas que se desarrollan en esta zona, por ejemplo la maricultura. 

Estos estudios se realizan con equipo oceanográfico de alta tecnología para mediciones en campo, tales como correntómetros acústicos, sondas multiparamétricas y mareógrafos. Asimismo, las investigaciones se complementan con el uso de un modelo numérico hidrodinámico que se aplica a todo el golfo de Nicoya. Dichas simulaciones nos ayudan a cuantificar la influencia que ejercen las forzantes atmosféricas y oceanográficas (por ejemplo, viento, precipitación, caudales de ríos, mareas, fricción de fondo, entre otros) en la hidrodinámica costera. Con toda esta información damos recomendaciones a la comunidad científica y poblaciones costeras para que tomen decisiones informadas para el desarrollo de actividades económicas.

El Laboratorio de Oceanografía y Manejo Costero (LAOCOS) y el Servicio Regional de Información Oceanográfica (SERIO), responsables de estos estudios, cuentan con más de 30 años experiencia en investigación en temas de oceanografía física, durante los cuales se ha generado un conocimiento de los ambientes marino-costeros del país y de la región, que le permiten impulsar proyectos de investigación en oceanografía costera en diferentes cuerpos de agua como estuarios, golfos y bahías, con el fin de comprender la hidrodinámica de la zona y contribuir, de manera interdisciplinaria, a la recolección de datos hidrográficos que ayuden al desarrollo socioeconómico de las zonas costeras.

LAOCOS-UNA se enfoca en la recolección de observaciones de campo usando el equipo oceanográfico descrito. Dichas observaciones se procesan y visualizan por personal altamente capacitado, quienes generan bases de datos que se usan para generar publicaciones científicas. Por otro lado, SERIO-UNA complementa las investigaciones con el uso de modelos numéricos hidrodinámicos que nos ayudan a cuantificar la influencia que ejercen las forzantes atmosféricas y oceanográficas en la hidrodinámica costera. Además, ambos programas están en capacidad de ofrecer cursos de capacitación y entrenamiento en temas de oceanografía costera y variabilidad océano-atmósfera. 

También contamos con el centro de soporte del Instituto Internacional del Océano (IOI, sede principal en Malta) que tiene como objetivo generar y promover acciones que apoyen la sensibilización, la capacitación y la generación de insumos científicos y políticos que refuercen los países hispanohablantes.

Este 2024 será un año dedicado a articular y desarrollar acciones rumbo a la III Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Océano (UNOC25), a realizarse en Francia en junio de 2025, donde Costa Rica será coanfitrión.

La Comisión UNA por los Océanos, prepara una agenda de actividades durante este primer semestre del año, que incluyen el dar a conocer los proyectos relacionados con el océano profundo, la contaminación por microplásticos,  áreas de conservación, erosión costera y presencia de algas tóxicas, entre otros.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Defensoría señala 10 deficiencias que debe corregir la CCSS

Un reciente informe de la Defensoría de los Habitantes aborda la situación que atraviesa la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Como resultado de la presente investigación, se evidencia que, persisten 10 deficiencias y debilidades importantes.

-Ausencia de un sistema de gestión de Gobierno Corporativo. Pese a que la Junta Directiva de la CCSS es el máximo jerarca de la Institución, dedica el mayor tiempo de sus funciones a labores administrativas, ya que carece de un modelo de gobernanza que le permita que su labor se enfoque en la dirección y supervisión de los asuntos estratégicos relacionados con la actividad institucional.

-Deficiencia en la Planificación y Gestión de Riesgos. A pesar de que la CCSS cuenta con un Plan Estratégico Institucional para el periodo 2023-2033 y una Política Institucional de Gestión Integral de Riesgos, la administración de los recursos financieros no se realiza conforme al modelo de gestión para resultados a nivel de toda la institución

-Ausencia de un sistema de costos: En materia de salud, persiste la necesidad de la CCSS de contar con un sistema de costos como instrumento clave de gestión que permita cuantificar el costo de procesos, actividades e intervenciones con mayor precisión, y mejorar las estimaciones.

-Proyecciones actuariales ambiguas del Seguro de Salud. Las proyecciones actuariales son parte fundamental para darle la sostenibilidad al sistema de pensiones y al sistema de salud. Sin embargo, al persistir el uso de datos promedio, tiene como resultado una visión distorsionada en los servicios, al ser una limitante y desventaja para el análisis de los datos, especialmente en presencia de valores atípicos o distribuciones no normales, como es el sector de la salud.

-Contra criterios de gerencia y administración, se elimina la información financiera para las provisiones y proyecciones financieras. Recientemente la Junta Directiva ratifica como únicos instrumentos válidos para las provisiones y proyecciones financieras, los informes y otros documentos elaborados por la Dirección Actuarial. Si bien ambas responden a metodologías diferentes, la información de la Gerencia Financiera permite mostrar el equilibrio financiero a hoy. La decisión de la Junta Directiva incrementa el riesgo de que no se observe el panorama completo de la situación financiera institucional, puesto que son insumos complementarios que van a aportar a la toma de decisiones.

-Una CCSS sin una visión de futuro con horizonte de largo plazo. La CCSS no ha consolidado por completo la inclusión de elementos de gestión para resultados en el desarrollo como parte de la construcción de una visión de futuro con un horizonte de largo plazo, persisten debilidades en el proceso de identificación y planificación de necesidades de infraestructura, tecnología y compra de equipos, que no permiten orientar razonablemente la gestión oportuna de los proyectos de sustitución o ampliación de oferta, a efectos de prevenir eventuales afectaciones en la continuidad y calidad de los servicios de salud

-Posible inequidad y uso ineficiente de recursos en la oferta de servicios. La CCSS carece de información actualizada y completa sobre los requerimientos de servicios, recursos humanos y equipos que caracterizan a cada tipo de establecimiento de salud, según el modelo de atención y en su ausencia utiliza una serie de insumos para identificar la complejidad de esos centros, que presentan debilidades importantes, lo que la CCSS podría no estar asignando los recursos en materia de salud en las zonas de mayor riesgo, y con ello, podría estarse fomentando la inequidad en la atención y el uso ineficiente de esos recursos, y por ende, afectándose la calidad del servicio.

-Impacto de la ausencia de planificación sobre Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR Suscrito desde el 2017, este Fideicomiso de obra, por el que se cancelan más de 28 millones de colones por mes, ha estado caracterizado por los constantes cambios en la asignación de proyectos. El fideicomiso que inicialmente incluía la construcción de 53 obras, se modifica en el 2023 para la construcción de 30 Áreas de Salud en un ritmo de 4 por año. Adicionalmente a los costos generados durante los años con que cuenta el mismo contrato del fideicomiso, se pudo constatar que el mismo carece de multas hacia el fiduciario e incluso se logra observar que las responsabilidades de atrasos en las obras son responsabilidades de la situación económica del país, causas que sea ocasionados por terceros o por atrasos en la CCSS, pero deja por fuera al BCR por demoras en las obras o por acciones fuera de las responsabilidades que le correspondan.

-Dilación en la toma de decisiones sobre el Fortalecimiento del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, mesa de diálogo. Si bien en el 2021 fue probada una reforma para el Fortalecimiento del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, era de conocimiento por la Junta Directiva de la CCSS, que la misma se constituía en la primera etapa de un proceso que busca brindar sostenibilidad y solvencia actuarial al Seguro de Pensiones que le brindaría el oxígeno necesario al Sistema para iniciar con una segunda etapa. Pese a ello la Junta Directiva no ha dado inicio con la mesa de diálogo propuesta para el abordaje del tema, además de que no se encontró evidencia de que se hayan tratado de estudiar nuevas fuentes de ingresos para el Seguro de Salud y pensiones, recomendaciones que la Dirección Actuarial y Económica, ha hecho en las valuaciones actuariales, en donde se ha señalado la importancia de abordar temas como el bono demográfico y la informalidad en el empleo, además del desempleo en jóvenes especialmente en las mujeres.

-Gobernanza de Tecnologías de Información. La CCSS no ha logrado consolidar los roles y responsabilidades definidos en su Marco de Gobernanza de Tecnologías de Información y Comunicación de la CCSS. Como ejemplo los recientes problemas de su estructura organizacional para proyectos de infraestructura tecnológica, como el proyecto de implementación del EDUS.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Enjambre de minería subterránea de oro en Costa Rica – informe de investigación

Según una investigación revelada hoy existen al menos 59 solicitudes de concesiones para exploración minera subterránea que acaparan 779,52 km2 es decir aproximadamente un 1,52% del territorio nacional. Estas solicitudes en trámite abarcan los cantones: Abangares, Cañas, Tilarán, Alajuela, Atenas, San Ramón, Palmares, San Mateo, Orotina, Puntarenas, Monteverde, Montes de Oro, Esparza Turrubares, Puriscal y Mora, es decir abarcan cuatro de las siete provincias del país: Guanacaste, Alajuela, Puntarenas y San José.

Esta información es parte de una investigación “Solicitudes de Concesión de Minería Subterránea de Oro y Plata en el Pacífico de Costa Rica” realizada en el catastro y archivo minero de la Dirección de Geología y Minas realizada por Jennipher Martínez Ramírez y Mauricio Álvarez Mora del proyecto “Geografía y Diálogos de Saberes” (ED-3526) del Programa de Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.

Como parte de la investigación se realizó un geovisor en línea donde de manera sencilla se puede ubicar las solicitudes y un manual para que las comunidades tengan acceso fácilmente a las áreas y puedan revisar estos expedientes en trámite. Es posible observar que hay solicitudes que incluyen buena parte de la ciudad de Palmares o San Mateo, San Luis de Monteverde y ciudades completas como Miramar o Guacimal de Puntarenas.

Estas 77.952 hectáreas en trámite de concesión equivalen a poco menos que la superficie de todo el cantón de Guácimo (801,48 km2) que está de número 22 en tamaño de todos los cantones del país. Si lo comparamos con cantones más pequeños que Guácimo las solicitudes abarcaría completamente los cantones: Poás, Santa Ana, Barva, Santa Bárbara, Monteverde, San Rafael, La Unión, San José, Palmares, Alvarado, Escazú, Goicoechea, Moravia, San Isidro, Santo Domingo, Alajuelita, Curridabat, Montes de Oca, Belén, Tibás y San Pablo.

En términos de producción agrícola es mayor a toda el área de café (77.352,5 ha) sembrada según la Encuesta Nacional Agropecuaria 2022 realizada por el INEC si lo comparamos con otros cultivos básicos es la suma del área sembrada de arroz (33.586,4 ha), frijol (8.653,30 ha), maíz (7.175,90 ha), yuca (7.084,40 ha), papa (2.912,4), naranja (13.220,70 ha), melón (1.673,00 ha) y palmito (3.231,90 ha).

Los cantones donde hay mayor cantidad de área solicitada para las concesiones son Tilarán con 113,3 km2, Puntarenas 112 km2, Montes de Oro 78 km2, Abangares 57,47 km2 y San Ramón 37,91 km2. Además, hay un grupo importante de 276, 7 km2 de solicitudes que se encuentran en dos cantones o más.

Estás solicitudes se tramitaron trece en 2019, siete en 2020, diecisiete en 2021, dos en 2022, diecinueve en 2023 y dos en el presente año. Un total de veinte empresas y personas son las que tramitan estas solicitudes donde destacan Edgar Gamboa Espinoza y la empresa Terrasun Resources S. A que juntos soliciten casi la mitad (el 48%) del área total de las solicitudes, esto representa un 0,72% del territorio nacional. Además, figuran empresas como Geoexploraciones de Occidente SRL (4 solicitudes), Sofía Solís Cedeño (3), ECOMINAS S. A (2) Jorge Eduardo Vargas Ramírez (2), Carlos Alexander Hernández (2), Eco Inversión Centroamericana S. A (2) Jacqueline Pérez Navarro (2) Cooperativa autogestionaria para la explotación de minerales y procesos sostenibles. COOPEVETA R.L (2), Cooperativa Autogestionaria para la explotación, beneficiado de materiales y protección ambiental R.L(2) Cooperativa Autogestionaria para la Orfebrería y Comercialización de Joyas R.L(2), Gerling Navarro Porras (2) y con una solicitud: Carlos Muños Álvarez, Proyecto Terris Sociedad Anónima, CR S. A, Eduandi S.A, Mina OROTEX S. A, Cooper Huatilar y Cuarzo Dorado San Miguel Sociedad Civil.

Otro de los resultados que arrojó la investigación, es la concentración de personas consultoras ambientales. En 60 expedientes se encuentran los nombres solamente de 9 personas y/o empresas de consultoría. Así mismo, en varios casos aparecen personas consultoras ambientales que en otros expedientes son los solicitantes y desarrolladores.

Antecedentes.

En nuestro país históricamente el principal mineral de interés ha sido el oro. A partir de 1820 existen registros de explotación de oro en la provincia de Puntarenas en los distritos de Esparza y Montes del Aguacate. Según el investigador Rolando Castillo (1997), se pueden definir 4 ciclos mineros históricos en el país. El primero (1820-1843) en el distrito minero de Abangares en la provincia de Guanacaste. El segundo (1890-1930) en el mismo distrito y en Miramar y Guacimal ambos de la provincia de Puntarenas explotados por compañías extranjeras. El tercero en la década de los ochenta de “oro aluvial” de ríos en la Península de Osa y Burica al sur de la provincia de Puntarenas.

Y el cuarto fue desde 1990 hasta la fecha, caracterizado por la llegada de transnacionales con técnicas de cielo abierto por lixiviación con cianuro. En este cuarto ciclo se hizo la apertura de la mina Macacona en Esparza y Mina Beta Vargas en Chomes, que, tras una serie de irregularidades y problemas, no pudieron terminar su ciclo de explotación. A esta se les sumó la mina Miramar en donde hubo un accidente y la de Crucitas que fue anulada la concesión por irregularidades.

Las solicitudes de explotación de este último ciclo llegaron a cubrir más del 20% del territorio nacional, mientras los permisos de explotación, solicitudes de descongelación y concesiones de explotación cubrieron unos 850 km2 lo que equivale casi al 2% del territorio (Álvarez, 2015)

Desde el año 2010 en el país está prohibida la minería metálica a cielo abierto, solo es posible realizar minería metálica en forma subterránea. Según la Dirección de Geología y Minas (DGM) el Estado ha reservado los cantones de Abangares, Golfito y Osa para el desarrollo de minería artesanal y en pequeña escala.

El 9 de noviembre del 2010 la ley N° 8904 para Declarar a Costa Rica Libre de Minería Metálica a Cielo Abierto fue aprobada por unanimidad de los 49 diputados presentes. En ella se archivan todos los proyectos de minería metálica a cielo abierto en trámite que no tengan una concesión válidamente otorgada. Incluso se archivan aquellos que no han presentado trámites de evaluación ambiental o que no han obtenido un permiso de exploración, pues no podrán obtener una concesión de explotación. Dentro de esta ley existía un transitorio que les permitía a los mineros artesanales o coligalleros trabajar con mercurio en la recuperación de oro.

Mapa 1. Expedientes de minería subterránea de oro y plata.

Fuente: Elaboración propia con base en los expedientes de la Dirección de Geología y Minas.

Recursos:

Proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Kioscos Ambientales UCR

Invitación a la charla “Los aportes de un líder indígena a la investigación en Ciencias Sociales”

La Revista Rupturas del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) y Onda UNED tienen el agrado de informarles sobre el ciclo de entrevistas dedicado a explorar las experiencias y realizaciones de la investigación en Ciencias Sociales.

En la primera charla, se abordará «Los aportes de un líder indígena a la investigación en Ciencias Sociales».

Se contará con el aporte del entrevistado Pablo Sivas Sivas, líder indígena de la etnia Brörán e investigador comunitario del CICDE. La conducción de la charla estará a cargo del doctor Luis Paulino Vargas Solís, director de la Revista Rupturas.

La transmisión se llevará a cabo el jueves 4 de abril a las 10 a.m. y podrá seguirse a través de las redes sociales de Onda UNED y el CICDE.

Se les invita cordialmente a sintonizar esta conversación.

Invitación a conferencia de prensa: Enjambre de minería subterránea de oro en Costa Rica

El próximo miércoles 3 de abril a las 9:00 a.m. se llevará a cabo una importante presentación en la Sala de Audiovisuales, situada frente al Decanato de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica. Este evento marcará la presentación del informe de investigación sobre las solicitudes de concesión de minería subterránea de oro y plata en el Pacífico de Costa Rica, elaborado con base en el catastro y los expedientes mineros de la Dirección de Geología y Minas al 2024.

El estudio revela la existencia de varias decenas de expedientes para concesiones de exploración de minería subterránea, abarcando más del 1.5% de la superficie total del país y solicitados desde el año 2019 hasta la fecha. Estas solicitudes se extienden por 15 cantones de las provincias de Guanacaste, Alajuela, Puntarenas y San José.

La presentación estará a cargo del proyecto ED-3526 «Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica», parte del Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica. Desde el año 2020, este proyecto se ha dedicado a analizar y acompañar a comunidades en procesos de conflictividad socioambiental en sus territorios.

Históricamente, el oro ha sido el mineral de mayor interés en Costa Rica. Desde 1820, se registran explotaciones en la provincia de Puntarenas, en distritos como Esparza y Montes del Aguacate. Según el investigador Rolando Castillo (1997), se identifican cuatro ciclos mineros en el país, cada uno con sus características y efectos.

El cuarto ciclo, iniciado en 1990, se caracteriza por la llegada de transnacionales que emplean técnicas de cielo abierto con lixiviación de cianuro. Durante este periodo, se abrieron minas como Macacona en Esparza y Mina Beta Vargas en Chomes, entre otras. Sin embargo, estas operaciones enfrentaron irregularidades y problemas, lo que llevó al cierre de algunas.

Desde el año 2010, la minería metálica a cielo abierto está prohibida en el país, permitiendo únicamente la minería subterránea. Según la Dirección de Geología y Minas (DGM), se reservaron ciertos cantones para minería artesanal y de pequeña escala.

El 9 de noviembre de 2010, se aprobó por unanimidad la ley N° 8904 para declarar a Costa Rica libre de minería metálica a cielo abierto, archivando todos los proyectos pendientes que no contaban con una concesión válida. Incluso se restringió el uso de mercurio en la recuperación de oro.

Para ampliar información, se convoca a los interesados a participar en la Conferencia de Prensa, donde se proporcionarán detalles adicionales sobre la investigación y se responderán preguntas pertinentes. La actividad también está abierta al público en general.

Para más detalles, contactar a Mauricio Álvarez Mora al 88709165, del proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Presentan amparo contra junta directiva del Banco Popular ante negativa de entregar informe de idoneidad

La Junta Directiva del Banco Popular y Desarrollo Comunal ha generado controversia al negarse a entregar el informe de idoneidad elaborado por la consultora KPMG, y solicitado por el Directorio de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores del Banco Popular y Desarrollo Comunal (ATTBPDC). Esto ha llevado al presidente del directorio, Lenin Hernández Navas, a presentar un recurso de amparo contra la junta directiva del Banco.

El informe filtrado revela que el presidente del banco, José Eduardo Sánchez, y 21 directivos de las subsidiarias del Banco Popular no cumplen con los requisitos de experiencia y formación académica en el manejo de entidades financieras establecidos por la regulación del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero Nacional. Esto crea preocupaciones sobre la idoneidad y del riesgo asociado a la dirección del banco.

La falta de transparencia en este asunto ha sido preocupante para el presidente del directorio de la ATTBPDC, quien señala que el Banco Popular podría enfrentar un nivel de riesgo 1 si no se resuelven las deficiencias identificadas en el informe de idoneidad. Este nivel de riesgo podría llevar a una intervención por parte de la Superintendencia de Entidades Financieras (SUGEF), haciendo que potencialmente tengan graves implicaciones para la estabilidad financiera y reputación del banco.

Además, Hernández Navas ha criticado la designación de la actual junta directiva por parte del ejecutivo, considerando la omisión de los requisitos de idoneidad, a pesar de la experiencia previa del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles en el Banco Mundial. Esta discrepancia entre los estándares de idoneidad requeridos y la práctica actual de nombramientos ha levantado interrogantes sobre la integridad y la independencia de la Junta Directiva.

La Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores del Banco Popular y Desarrollo Comunal, como máximo órgano del conglomerado financiero, ha expresado su profunda preocupación por la falta de transparencia y la posible afectación de la toma de decisiones y la estabilidad financiera del banco. 

Mientras tanto, el Directorio Nacional de la ATTBPDC está movilizando recursos para canalizar el apoyo administrativo y logístico del banco hacia el funcionamiento efectivo de la Asamblea y para garantizar el cumplimiento de sus mandatos y responsabilidades.

Vivian Rodríguez Araya, secretaria del Directorio Nacional de la ATTBPDC aborda la preocupación que se tiene con respecto a la negativa de la junta directiva de entregar el informe de idoneidad para los puestos que la requieren.

Rodríguez menciona que luego de conocer el informe KPMG que tiene que ver con la idoneidad de los puestos directivos del Banco Popular les surgen muchas preocupaciones y relacionadas con la obligación de velar por el cumplimiento de los objetivos y principios del Banco Popular.

Señala Vivian Rodríguez Araya que dicho banco no es un banco como los demás, es un banco de interés nacional de todos los sectores sociales y productivos. Entonces la falta de que los directivos no cuenten con la idoneidad requerida pone en riesgo la dirección y el fundamento del banco.

Compartimos los videos de Lenin Hernández Navas y de Vivian Rodríguez Araya así como el comunicado oficial.

Del fracaso de las investigaciones a la calumnia: actualización del caso Ayotzinapa

Ayotzinapa, Guerrero a 21 de febrero del año 2024.– Las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, les brindamos un fraternal y combativo saludo. 

Desde hace nueve años nos encontramos firmes y unidos en la exigencia de presentación con vida de nuestros hijos. Ni el gobierno ni caciques lograrán frenar nuestra lucha.   

  • La creación de un mecanismo extraordinario de justicia.

Como se sabe, en el 2018 el actual gobierno se comprometió a esclarecer los hechos del caso Ayotzinapa, para ello creó mediante un decreto presidencial la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ) y posteriormente el Fiscal General de la República instituyó la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa (UEILCA).

 El primer organismo investigaría las graves violaciones a los derechos humanos contra los estudiantes. Los resultados de la indagatoria los pondría a disposición de la UEILCA para que esta investigue, ubicando y judicializando los casos para el procesamiento y sanción de los responsables. 

Posteriormente llegó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para coadyuvar en las indagatorias. El grupo de expertos fue nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con ocasión de la medida cautelar MC-409/2014 para brindar asistencia técnica al estado mexicano en materia de líneas de investigación, búsqueda y atención a víctimas. 

Así se integraba el mecanismo extraordinario de justicia con el que este gobierno daría verdad y justicia a las madres y padres de los 43. 

La CoVAJ y la UEILCA avanzaron con tropiezos. La primera inició las búsquedas en terreno sin tener testigos e informantes claves, por lo que fueron infructuosas. La segunda institución estaba acéfala, sin un fiscal, tuvieron que pasar 8 meses para su nombramiento. El Fiscal especial tuvo que enfrentar a un personal burocrático con viejas inercias que obstaculizan el trabajo, por lo que hizo una reestructuración completa y conformó un nuevo equipo. Por otro lado, la investigación que realizó la anterior PGR estaba afectada de nulidad, todas las pruebas fueron declaradas ilícitas por el primer tribunal del décimo noveno circuito con sede en Reynosa Tamaulipas. El nuevo fiscal tuvo que buscar nuevas pruebas y realizar las consignaciones correspondientes, así logró meter a la cárcel a un número importante de personas responsables que habían sido liberados por una investigación ilegal del gobierno anterior. En estos laberintos de burocratismo e investigación turbia el nuevo fiscal perdió cerca de dos años.

Hasta junio de 2022 logró reunir pruebas importantes e hizo una judicialización de alrededor de 80 personas responsables de la desaparición por acción y omisión, entre los que se encontraban delincuentes de Guerrero Unidos, policías municipales, policías estatales, federales y 20 elementos del ejército mexicano. En agosto de ese mismo año se libraron las órdenes de aprehensión. Al intentar ejecutarlas, la Secretaría de la Defensa Nacional se negó. Presionó al presidente y a las autoridades civiles que terminaron cancelando las órdenes. 

Para el año 2022 las investigaciones apuntaban a la responsabilidad del ejército mexicano. Varios militares del 27 Batallón de infantería tenían responsabilidad por omisión en la desaparición de los 43 y otros más, estaban coludidos con el grupo delictivo Guerreros Unidos. Por lo demás, existían elementos de convicción de que dieron seguimiento a los estudiantes desde su salida de la normal hasta el momento de su desaparición. Supieron en tiempo real, lo que les ocurría y donde fueron llevados los jóvenes. Llama poderosamente la atención que en la sección segunda de inteligencia fue encontrada una foja que corresponde a una intervención telefónica ilegal que el ejército habría realizado la noche del 26 de septiembre al jefe de plaza del grupo delictivo guerreros unidos y al director de seguridad pública municipal. En la conversación refieren que están trasladando a 17 estudiantes de barandilla municipal a Loma de Coyotes ubicado a las afueras de Iguala.

Por otro lado, los documentos entregados y revisados por el GIEI estaban incompletos, hacían falta 800 folios. Por esta razón las madres y padres de los 43 exigen al ejército la entrega de los referidos documentos y datos adicionales relacionados con el traslado de 17 estudiantes.

  • Los militares obstaculizan la investigación.

Luego de la desaparición de los estudiantes, vecinos de Iguala decían que estos fueron llevados al 27 batallón de infantería con sede en Iguala. Varias madres y padres fueron a buscar a ese lugar, pero les negaron la información. Sin embargo, la sospecha creció. 

El secretario de la defensa nacional intentó atajar diciendo que era una infamia que se les quisiera colocar en el banquillo de los acusados manchando a la institución, cuando ellos no tuvieron nada que ver. Dijo que se enteraron ya tarde de los hechos ya que la mayoría de la tropa había salido a prestar auxilio por un siniestro. Que salieron a patrullar encontrando a un grupo de jóvenes en el hospital Cristina al que ofrecieron ayuda, pero estos se negaron y no supieron más del hecho.

 Las investigaciones echan por tierra esta versión y evidencia que los mandos militares ocultan información del caso. La realidad es que: i) el ejército desde antes del 26 de septiembre daba seguimiento a los estudiantes, ya que por lo menos dos soldados estaban infiltrados en la normal con la fachada de alumnos. Uno de los desaparecidos era un soldado en activo, ii) al arribar a Iguala agentes de inteligencia militar le siguieron los pasos, iii) dos soldados los monitorean en tiempo real a través de las cámaras del C4, iv) además que intervinieron teléfonos de los perpetradores de la desaparición y escucharon sus comunicaciones sabiendo lo que ocurría con los estudiantes.

Por lo tanto, los soldados que daban seguimiento a los estudiantes realizaron reportes a sus superiores dando cuenta de lo que ocurría, pero esta información no se ha entregado. El ejército aduce que no existe nada en sus archivos. 

Aunado a lo anterior, existen datos de prueba sólidos que establecen la colusión de elementos del ejército mexicano adscritos al 27 batallón de infantería con el grupo delictivo Guerreros Unidos. De igual forma, un testigo refiere que 25 estudiantes fueron introducidos al 27 batallón de infantería, torturados y asesinados.

 Por esta razón se pidió a las autoridades que el ejército entregara la información que tenía en su poder recabada el 26 de septiembre con motivo de su intervención en los hechos de agresión a los estudiantes y que se investigara y sancionara a los que tuvieran responsabilidad en la desaparición de los estudiantes.

 Esta solicitud generó molestias a las autoridades, principalmente los militares, cuando se libraron 20 órdenes de aprehensión contra sus miembros, presionaron al ejecutivo y la FGR terminó cancelándolas. Por la presión de las madres y padres de los 43 en el año 2023 se reactivaron.

De igual forma por la presión de las madres y padres el presidente ordenó la apertura de los archivos militares. El GIEI y la CoVAJ de Alejandro Encinas revisaron los documentos militares 

Sin embargo, la exigencia de las madres de investigar al ejército y de entregar información molestó al presidente. En el año 2023 dijo que el ejército no tenía nada,que toda la información se había entregado. Desde entonces la investigación se estancó. El Fiscal especial del caso Ayotzinapa renuncia nombrando en su lugar a uno que carece de independencia y no conoce del tema. Posteriormente renunció Alejandro Encinas Rodríguez que era presidente de la CoVAJ y en su lugar fue nombrado alguien que desconoce el caso y que se ha dedicado a intentar dividir al grupo de madres y padres.

Lejos de avanzar en las líneas de investigación el presidente se ha dedicado a atacar a los abogados y al GIEI culpándolos de sus fracasos en el esclarecimiento de los hechos.

III. Las mentiras del presidente. 

  1. a) La sentencia del primer Tribunal Colegiado del décimo noveno circuito con sede en Reynosa Tamaulipas.

En varias de sus conferencias mañaneras el primer mandatario ha referido que: a) el GIEI y los abogados promovieron la libertad de los detenidos por la desaparición de los 43, b) El GIEI y los abogados se oponían a la detención de Murillo Karam y c) Los abogados firmaron acuerdos bajo la mesa con el gobierno anterior. 

Las afirmaciones del presidente son totalmente falsas, en primer término, en mayo de 2018 el primer Tribunal Colegiado de Circuito de Reynosa Tamaulipas emitió una sentencia en un amparo en revisión en la que ordenó: 1) que las investigaciones realizadas por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) eran irregulares y turbias razón por la cual las pruebas obtenidas eran ilícitas, 2) Redireccionar las indagatorias y 3) Crear una Comisión de Investigación de la Verdad en el caso Iguala. 

Las madres y padres saludaron esta sentencia, por primera vez un Tribunal de México declaraba que las investigaciones del gobierno de Enrique Peña Nieto llamada verdad histórica eran irregulares y habría que reconducirlas. De manera inédita ordenaba crear una Comisión de la Verdad con facultades de investigación penal como un mecanismo extraordinario para esclarecer los hechos y hacer justicia a las madres y padres de los 43. La CoVAJ y la nueva investigación está basada en el fallo que el presidente tanto cuestiona.

Obviamente, al declarar que las pruebas eran nulas, las acusaciones del gobierno anterior quedaron sin sustento y los responsables obtuvieron su libertad, pero correspondía al gobierno realizar nuevas acusaciones sustentadas en pruebas lícitas, circunstancia que no aconteció, ya que ni el gobierno anterior ni este, hicieron algo al respecto.Con mala fe el presidente toma del referido fallo lo conviene a su narrativa omitiendo elementos que favorecen a las madres y padres de los 43. Por ejemplo, la orden de reconducir las investigaciones de manera pronta e independiente, la creación de una Comisión de Investigación con facultades penales e incluso una compensación a las madres y padres por su lucha no son mencionados por el presidente quien se limita a referir que el fallo puso en libertad a los detenidos. 

  1. b) La detención de Murillo Karam.

Por otro lado, es igualmente falso que los abogados se opusieron a la detención 

de Murillo, lo que en realidad aconteció fue que el GIEI advirtió a las autoridades que los procesos, incluido el de Murillo Karam, tenían debilidad probatoria, era menester fortalecer el caudal probatorio para evitar liberaciones, aunque ello llevara más tiempo procesal. 

Esta advertencia se hizo realidad cuando Murillo Karam fue procesado. En el plazo constitucional estuvo a punto de ser liberado por pobreza probatoria. Al día de hoy esta circunstancia acontece en el proceso, por eso en el caso de los estudiantes alcanzó prisión domiciliaria. Se encuentra en prisión por un proceso que enfrenta por haber torturado a Felipe Rodríguez Salgado alias el Cepillo un perpetrador de la desaparición de los estudiantes no por el caso de los jóvenes.

Otros procesos también han corrido la misma suerte, militares han obtenido su libertad por falta de pruebas. La libertad reciente de ocho militares obedeció a estas falencias. Las advertencias del GIEI pretendían evitar la fragilidad procesal que hoy exhibe el gobierno. No es válido que el presidente culpe solamente al poder judicial.

  1. c) El GIEI, la CIDH, la OEA, Estados Unidos y los Conservadores. 

El presidente hace alusión a una delirante confabulación entre conservadores, la Organización de Estados Americanos (OEA), la CIDH, el GIEI, los Estados Unidos, las organizaciones de derechos humanos y los conservadores. Refiere que se infiltraron en su gobierno aludiendo a Omar Gómez Trejo el exfiscal especial del caso Ayotzinapa, que Emilio Álvarez Icaza ahora diputado panista era Secretario Ejecutivo cuando se creó el acuerdo de asistencia técnica mediante el cual los expertos llegaron a coadyuvar en el caso y por lo tanto, todo es obra de los conservadores que enmarañaron el caso. Recientemente ha referido que encontró un documento que firmó el entonces director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez con Miguel Ángel Osorio Chong, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la CIDH sugiriendo que es documento firmado bajo la mesa.

El documento al que hace referencia el presidente en sus mañaneras se refiere al convenio de asistencia técnica que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) brindaría al Estado Mexicano, la cual fue firmada entre los representantes del estado Mexicano, la CIDH y los representantes de las madres y padres de los 43, tal documento se signó atendiendo a la medida cautelar MC-904/2014 que emitió este organismo internacional de protección a los derechos humanos a favor de las madres y padres de los 43.

La CIDH es un organismo de protección a los derechos humanos que crea la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo tanto, sus resoluciones son obligatorias para México. 

La solicitud de la medida cautelar fue analizada por el pleno de la CIDH, revisando el caso en particular, los hechos y elementos de prueba allegados. Eso les permitió establecer que se colmaban los requisitos de gravedad y urgencia que establece el reglamento de la CIDH para su otorgamiento. La forma de implementar la medida cautelar fue que la CIDH brindara asistencia técnica al estado mexicano en materia de líneas de investigación, búsqueda y asistencia victimal.

Para ello la CIDH contrató un grupo de expertos independientes integrados por mujeres y hombres destacados en las Américas en materia de derechos humanos y así se conformó el GIEI que le dio un vuelco distinto a las investigaciones. 

La medida cautelar fue emitida por el pleno de la CIDH compuesta por comisionados independientes de otras nacionalidades atendiendo a criterios jurídicos y estándares de derechos humanos. Decir que Emilio Álvarez Icaza tuvo que ver en el asunto es superficial e irresponsable. 

El curso de la nueva indagatoria en buena medida obedece al trabajo del GIEI y no del gobierno actual que cuando llegó al poder, el grupo de expertos había puesto las bases de una nueva indagatoria. 

Decir que la presencia de los expertos del GIEI en nuestro país obedece a una conspiración entre la OEA, Estados Unidos y los conservadores es una aseveración ligera que no resiste un análisis serio y responsable. 

Lo contradictorio es que este gobierno mantiene buenas relaciones políticas y diplomáticas con EU, además es miembro de la OEA. Si le produce aversión política este organismo, debería pedir la salida de México, no hacerlo, es hipócrita. 

En conclusión, las aseveraciones del presidente son infundios distractores para justificar su rotundo fracaso en el esclarecimiento de la desaparición de nuestros hijos y para quebrar la unidad de nuestra organización.

Atentamente.

Comité de madres y padres de los 43.

Información compartida con SURCOS por Orlando Barrantes Cartín.

Imagen: https://politica.expansion.mx/mexico/2023/09/26/que-paso-en-ayotzinapa-resumen

UNA y Ministerio de Relaciones Exteriores firman convenio para inaugurar la “Cátedra Azul”

La Universidad Nacional (UNA) y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto firmaron un Convenio de Cooperación Específica para fortalecer y promover las actividades académicas, científicas, técnicas y culturales de cara a la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano (UNOC25) que se llevará a cabo en Niza, Francia, en el 2025 y en la que Costa Rica figura como nación coanfitriona.

A la luz del Convenio rubricado, se establece la colaboración del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto hacia la labor de investigación que realiza la UNA, y que generará un aporte hacia las discusiones en torno a la UNOC25.

Este acuerdo inaugura oficialmente la Cátedra Azul, una iniciativa liderada por la Escuela de Relaciones Internacionales de la UNA, respaldada por la Vicerrectoría de Investigación. Se fundamenta en el Convenio Marco de Cooperación que tanto la UNA como la Cancillería firmaron en el 2015 y que posibilita este tipo de alianzas estratégicas.

Al respecto, el director de la Escuela de RI, Marco Vinicio Méndez, manifestó que “este convenio representa un compromiso con la excelencia académica y la investigación, y subraya la importancia de la cooperación interinstitucional en la consecución de los objetivos comunes. Al unir fuerzas entre la UNA y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, se puede aspirar al logro de las metas globales en temas de sostenibilidad”.

Diplomacia azul

El aporte de la diplomacia hacia la consolidación de objetivos ambientales, en este caso, sustentado en la preservación y protección de los mares y océanos en todo el mundo, es una práctica que se le ha denominado la “diplomacia azul”, de manera que exista un involucramiento activo de los distintos actores, incluidos los Gobiernos, en el cumplimiento de las metas planteadas.

Durante este 2024, se llevarán a cabo una serie de conferencias preparatorias de cara al evento mundial del próximo año.

Al respecto, durante la actividad, el rector de la UNA, Francisco González, dio a conocer que fue aprobada una propuesta que planteó ante el Consejo Nacional de Rectores (Conare), de manera que sea la UNA la que coordine las actividades preparatorias de cara a la UNOC25.

A su vez, reconoció la importancia de la declaratoria de interés institucional que aprobó el Consejo Universitario en noviembre anterior de la iniciativa UNA Por los Océanos para lo cual se conformó una comisión institucional que está conformada por la Vicerrectoría de Investigación, la Escuela de Relaciones Internacionales, la Escuela de Ciencias Biológicas, la Escuela de Ciencias Geográficas, la Escuela de Química, la Escuela de Planificación y Promoción Social, el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (Iret), el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación (Aice), la Sede Regional Chorotega, el Programa Interdisciplinario Costero y el Departamento de Física.

El rector de la UNA, Francisco González, indicó que “desde la UNA afirmamos el espíritu colaborativo que hemos desarrollado a lo largo de más de cinco décadas de trabajo constante. La comunidad internacional ha trazado un compromiso global por conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos. Ese compromiso es fundamental por cuanto la acción humana ha tenido un impacto importante que debe resarcirse”.

El jerarca manifestó la importancia de que el financiamiento de las investigaciones vinculadas a ciencia oceánica, el aumento de los esfuerzos de concientización, la promoción de soluciones basadas en la pesca y el abordaje de los impactos de las acciones humanas sobre la vida marina, son factores claves que deben considerarse al tenor de la Conferencia y las acciones previas.

El Convenio se firmó este jueves 8 de febrero, en la Casa Amarilla, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Contó, además de la asistencia de las autoridades universitarias, con la presencia del ministro de Relaciones Exteriores, Arnoldo André y la embajadora de Francia en Costa Rica, Alexandra Bellayer-Roille.

La Embajadora hizo un llamado a “actuar de manera urgente para mitigar todas las presiones ejercidas sobre los océanos, en un contexto donde la gobernanza en esta materia está fragmentada”.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Arnoldo André recalcó que “la ciencia ha demostrado que los océanos absorben una cantidad significativa de dióxido de carbono, pero lamentablemente estamos presenciando un aumento sin precedentes de las temperaturas en las costas que ponen en riesgo la sostenibilidad”.

Fundamentando estas manifestaciones, el rector González, señaló la necesidad de avanzar en una agenda que procure la salud de los océanos, en un entorno donde el área marina protegida en Costa Rica creció hasta en 1.075% desde el 2022 y donde el territorio marino equivale a 57.237kilómetros cuadrados.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Investigación UNA de la mano con desarrollo de Costa Rica

  • La Universidad Nacional desarrolla cientos de proyectos de investigación al año, en beneficio de diferentes sectores del país.

La Universidad Nacional (UNA), junto con el Instituto Nacional de Transferencia y Tecnología Agropecuaria (INTA), ha trabajado por casi cuatro décadas en el mejoramiento de plantas y animales, prácticas de campo y postcosecha, con la que los agricultores han innovado en beneficio del sector agropecuario del país.

“Hemos contribuido con las capacidades de ambas instituciones para el desarrollo del sistema agropecuario nacional. Colaboramos con nuestros laboratorios y estaciones experimentales en un trabajo conjunto para aportar a la investigación del sector”, manifestó Nevio Bonilla, director INTA.

Este es uno de los cientos de proyectos de investigación que impulsa la UNA en beneficio del país. En el 2022, esta universidad pública desarrolló 426 programas, proyectos y actividades de investigación en distintos temas, de los cuales el 64,6% tuvo influencia en regiones geográficas diferentes a la central del país, e incluso algunos de los resultados trascienden nuestras fronteras.

Entre otros proyectos, la UNA destaca por sus aportes en sismología y vulcanología, monitoreo de la calidad del aire, información relacionada con las corrientes marinas y la marea roja y por la aplicación de encuestas de opinión sobre distintos temas de interés nacional.

“El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y la UNA, tienen trabajo colaborativo importante en el monitoreo y manejo de emergencias volcánicas, en este caso con el Laboratorio de Química de la Atmósfera y el Ovsicori. Asimismo, se trabaja con el Instituto Internacional de Conservación y Manejo de Vida Silvestre (Icomvis) para estudiar las relaciones de la vida silvestre con el ser humano. Ellos nos dan el conocimiento técnico y la información que el Sinac requiere y en la cual se fundamenta para atender un área silvestre protegida en cuanto a la operación turística y el manejo de la biodiversidad biológica”, comentó Redy Conejo, coordinador de Áreas Silvestre Protegidas del Sinac.

Además, la UNA desarrolla investigaciones relacionadas con gobernanza climática, salud de los ecosistemas y de las especies animales que habitan los parques y reservas nacionales, contaminantes persistentes, desarrollo de prácticas agrícolas eco amigables, manejo y restauración de bosques y manglares, gestión de riesgo ante inundaciones y otros desastres naturales y conservación de la biodiversidad, para citar algunos. A estas se suman investigaciones sobre erosión costera, corrientes de resaca y seguridad en las playas y ordenamiento territorial. Sus resultados han sido insumo para la toma de decisiones en el ámbito del gobierno central, de gobiernos de las localidades urbanas y rurales y del sector turístico costarricense.

Contribución multisectorial

La contribución a los sectores agropecuario y forestal se manifiestan en procesos asociados con el mejoramiento genético vegetal y animal, el aumento de la productividad en granjas apícolas y acuícolas, fincas agrícolas  y forestales y en la producción de rumiantes menores y vacunos, tanto como resultado de esa mejora genética como de investigaciones en la producción misma; también  en el ámbito sanitario y reproductivo que alcanzan animales silvestres y domésticos. Particular importancia revisten las investigaciones en diagnóstico y prevalencia de enfermedades zoonóticas que han merecido premios y reconocimientos en el ámbito nacional e internacional a las personas funcionarias de la institución. Recientemente se incursiona en la medicina regenerativa traslacional como terapia alternativa para tratar enfermedades músculo esqueléticas o articulares que causan dolor, disfunción y que actualmente no tienen cura, con el fin de mejorar la calidad de vida de los animales y el ser humano.

También destacan los aportes de la investigación de la UNA en el tratamiento de residuos agroindustriales y marinos para la producción de materiales biodegradables, biocombustibles, la extracción de sustancias activas para su aprovechamiento como suplementos nutricionales y fitofármacos, el desarrollo de nuevos medicamentos para aplicaciones antioxidantes y anticancerígenas, entre otras, o bien, para mejorar la biodisponibilidad.

Por otra parte, la investigación de la UNA ha llegado a las aulas de los centros educativos con sus aportes a la educación y rescate de las lenguas indígenas, la etno pedagogía, la gestión educativa para la promoción de entornos inclusivos y la gestión curricular en general, así como las distintas manifestaciones de las artes que han llegado a diferentes grupos sociales con fines curativos, recreativos y culturales.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica