El pasado 18 de agosto del presente año 2022, operaciones militares israelíes atacaron los locales de seis ONG palestinas ubicadas en la Franja de Gaza que se dedican a trabajar en temas de Derechos Humanos. Las acciones fueron completamente arbitrarias, violentas y sin fundamento ya que no existe motivo para que se llevarán a cabo; más allá del hecho de que para el Gobierno Israelí son consideradas “organizaciones terroristas”.
Al respecto los Ministerios de Asuntos exteriores de Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, los Países Bajos, España y Suecia se expresaron en el siguiente comunicado:
“Estamos profundamente preocupados por las redadas que tuvieron lugar en la mañana del 18 de agosto, como parte de una preocupante reducción del espacio para la sociedad civil en los Territorios Palestinos Ocupados. Estas acciones no son aceptables.
La progresiva reducción del espacio civil en los Territorios Palestinos Ocupados sigue siendo motivo de preocupación. Nos mantenemos firmes con las ONG para defender el derecho a la libertad de expresión y asociación en los Territorios Palestinos Ocupados.
Una sociedad civil libre y fuerte es indispensable para promover los valores democráticos y para una solución de dos estados. Como indicamos el 12 de julio, no se ha recibido información sustancial de Israel que justifique revisar nuestra política hacia las 6 ONG palestinas sobre la base de la decisión israelí de designar a estas ONG como «organizaciones terroristas». Si se presentaran pruebas convincentes de lo contrario, actuaríamos en consecuencia.”
Por otro lado desde el 7 de agosto se reportaba que como siempre tenemos medios de (“des”) información indicando que la operaciones militares israelíes «defienden», cuando en realidad, se agrede de forma intencional y deliberada a una población civil indefensa y atrapada en Gaza sin mayor escapatoria, cuando una situación similar ya había sucedido con anterioridad en el año 2014 como lo reveló un informe realizado por una Comisión de Investigación de la ONU revelando la campaña de medios de prensa que se prestan para la desinformación.
Ante esta situación acontecida en 2014 en la votación en la ONU en el mes de julio del Consejo de Derechos Humanos Costa Rica sí puso la firma y EEUU solitariamente con el NO, buscó que no se investigara nada.
Ante la situación que se estaba reportando desde el 7 de agosto escribió Pablo Hernández Arias al Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Costa Rica, Arnoldo André Tinoco:
Estimado Señor Ministro:
La Red de Solidaridad con Palestina, organización de la sociedad civil costarricense, ante los graves acontecimientos que se están sucediendo en la Franja de Gaza, territorio de Palestina y Estado con quien nuestro país tiene relaciones diplomáticas y hasta un Convenio de cooperación e intercambio cultural, solicita del Ministerio a su cargo y de su persona, que recoge la tradición pacifista y respetuosa de los derechos humanos y del Derecho internacional, la condena inmediata de los ataques aéreos que está realizando las Fuerzas de Defensa del Estado de Israel contra el territorio, edificaciones y personas, niños inclusive, en la Franja de Gaza, desde el viernes recién pasado así como el cese inmediato e incondicional de esos ataques.
Solo traemos a reproducir las palabras de la relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, quien condenó los ataques aéreos israelíes sobre Gaza y subrayó que se trataba de un «acto flagrante de agresión».
Albanese dijo en un tuit en su página oficial en «Twitter», este sábado, que «dado que el derecho internacional sólo permite el uso de la fuerza para la autodefensa, la operación militar israelí es un flagrante acto de agresión».
“Este es un acto ilegal, inmoral e irresponsable”, agregó.
Esperando una respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores esta solicitud, se despide por la Red de Solidaridad con Palestina de Costa Rica
Pablo Hernández Arias, integrante de la Red de Solidaridad con Palestina de Costa Rica se dirige hacia el Ministerio de Relaciones Exteriores con la siguiente solicitud:
“La Red de Solidaridad con Palestina, organización de la sociedad civil costarricense, ante los graves acontecimientos que se están sucediendo en la Franja de Gaza, territorio de Palestina y Estado con quien nuestro país tiene relaciones diplomáticas y hasta un Convenio de cooperación e intercambio cultural, solicita del Ministerio a su cargo y de su persona, que recoge la tradición pacifista y respetuosa de los derechos humanos y del derecho internacional, la condena inmediata de los ataques aéreos que está realizando las Fuerzas de Defensa del Estado de Israel contra el territorio, edificaciones y personas, niños inclusive, en la Franja de Gaza, desde el viernes recién pasado así como el cese inmediato e incondicional de esos ataques.
Solo traemos a reproducir las palabras de la relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, quien condenó los ataques aéreos israelíes sobre Gaza y subrayó que se trataba de un «acto flagrante de agresión».
Albanese dijo en un tuit en su página oficial en «Twitter», este sábado, que «dado que el derecho internacional sólo permite el uso de la fuerza para la autodefensa, la operación militar israelí es un flagrante acto de agresión».
“Este es un acto ilegal, inmoral e irresponsable”, agregó.
Ante esta solicitud recibió la siguiente respuesta de Nicolas Boeglin, profesor de derecho internacional público de la Universidad de Costa Rica:
“Como siempre, tenemos medios que dicen que las operaciones militares israelíes «defienden», cuando en realidad, se agrede de forma intencional y deliberada a una población civil indefensa y atrapada en Gaza sin mayor escapatoria.
Aquí informe sobre el mismo tipo de operación militar israelí del 2014, realizado por una Comisión de Investigación de NNUU que desnudó la campaña (muy bien orquestada, hay que reconocerlo) de medios de prensa que se prestan para la desinformación: https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/co-i-gaza-conflict/report-co-i-gaza, así como tablero de votación en NNUU en el mes de julio del 2014 del Consejo de DDHH donde Costa Rica sí puso la firma y EEUU solitariamente con el NO buscó que no se investigara nada”, agregó Boeglin.
El tablero de votación aportado por Nicolas Boeglin es contundente:
La Red de Solidaridad con Palestina realizó la retransmisión del conversatorio: “Apartheid en Palestina, la pandemia sin fin”.
Se contó con la participación de Violetas Khoury y Fr. Raed Abu Sahlieh, de la Asociación Sabeel, organización ligada a la Teología de la Liberación Palestina. La primera, representa la voz de los palestinos israelíes que habitan territorio israelí y representan el 21% de la población de Israel. El segundo, párroco de la Iglesia Católica de San Guiseppe, en Galilea y voz del Patriarcado Latino de Jerusalén y continuador del mensaje de Michel Sabbah, ex arzobispo de ese Patriarcado.
El Gobierno de Israel ha declarado a la conocida ONG, Defensa Internacional de los Niños/as, DNI, como una organización supuestamente «terrorista». Para la ONG , esto supone un arrebato más de su locura fascista y racista y colonialista.
La DNI existe en Costa Rica y el resto de América Latina y el Mundo, se encarga de vigilar por los Derechos Humanos de los Niños y Niñas de cualquier nacionalidad. Como se sabe, las golpizas, torturas abusos sexuales, violaciones, asesinatos, malos tratos y humillaciones y arrestos ilegales, a los niños y niñas y adolescentes de Palestina Ocupada, ha sido histórico y es ya costumbre por parte del régimen Sionista. Así que el único delito del DNI en Palestina fue documentar esos brutales abusos.
En su comunicado de prensa, la ONG expresó que han experimentado y soportado la peor parte de las crecientes campañas de desinformación por parte de actores del gobierno israelí y actores privados.
Además, expresaron ser una organización dedicada a defender y promover los derechos de los niños que viven en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza. Durante 30 años, DCIP ha investigado, documentado y expuesto graves violaciones de derechos humanos contra niños palestinos. Defiende a los niños palestinos en los tribunales militares israelíes y expone graves violaciones contra los niños palestinos a manos de las fuerzas israelíes.
Las acusaciones son erróneas, tergiversan y distorsionan elementos fácticos o legales críticos.
La DNI rechaza la reciente designación por parte del gobierno israelí como una «organización terrorista», ya que es otra acción injusta de las autoridades israelíes para criminalizar y eliminar su legalidad.
Las autoridades israelíes deben poner fin de inmediato a los esfuerzos encaminados a deslegitimar y criminalizar a los defensores de los derechos humanos palestinos y las organizaciones de la sociedad civil. Exigimos que la comunidad internacional utilice todos los medios disponibles para responsabilizar a las autoridades israelíes por los ataques selectivos y la represión de las organizaciones de la sociedad civil palestina y actúe para poner fin a la complicidad y el apoyo al régimen de apartheid israelí.
Para leer el pronunciamiento completo puede observar el archivo adjunto.
En un comunicado oficial circulado este 28 de julio del 2021, las autoridades sudafricanas externaron su profunda consternación por la decisión, al parecer inconsulta, de la Comisión de la Unión Africana (UA) de otorgarle a Israel el estatuto de Estado Observador en el seno de esta organización regional africana. Cabe recordar que la UA es una organización internacional, creada mediante un tratado constitutivo (o «carta«) adoptado en julio del 2000 e integrada actualmente por 55 Estados Miembros (véase lista oficial).
En un comunicado de prensa de la misma UA del pasado 22 de julio (véase texto completo), se lee que su máxima autoridad recibió las cartas credenciales del Embajador de Israel concurrente en Burundi, Chad y Etiopía.
Para la diplomacia de Sudáfrica, «The government of South Africa is appalled at the unjust and unwarranted decision of the AU Commission to grant Israel observer status in the African Union. The African Union Commission has taken this decision unilaterally without consultations with its members. The decision to grant Israel Observer Status is even more shocking in a year in which the oppressed people of Palestine were hounded by destructive bombardments and continued illegal settlements of the land.«
Este nuevo episodio se da en medio de varias iniciativas de la diplomacia de Israel en África, como por ejemplo la primera llegada de turistas israelíes a Marruecos el pasado 26 de julio (véase nota de prensa de Le Monde del 26 de julio del 2021). Como se recordará, el 10 de diciembre del 2020 Marruecos e Israel reestablecieron sus relaciones diplomáticas (véase nota de Le Figaro), al tiempo que Estados Unidos reconoció las pretensiones de Marruecos sobre el Sahara Occidental. Por otra parte, en Israel se leyó recientemente que Sudán no está del todo satisfecho con los resultados esperados a partir de la normalización de sus relaciones con Israel (véase nota del The Times of Israel): como bien se sabe, el 19 de octubre del 2020, Estados Unidos anunció el retiro de Sudán de la lista de Estados que apoyan el terrorismo, y Sudán entabló oficialmente relaciones con Israel el 6 de enero del 2021.
En el caso del Sahara Occidental, la nueva administración del Presidente Joe Biden no pareciera – al menos por el momento – desear revertir la insólita decisión tomada por su predecesor en la Casa Blanca (véase nota de prensa de Aljazeera de junio del 2021).
Foto extraída de nota de prensa titulada «The Media’ s Pro-Israel bias echoes coverage of apartheid», 2019.
El contenido completo de la declaración de Sudáfrica
Un Estado es usualmente muy mesurado y sumamente ponderado en sus comunicados oficiales, pero como toda regla de alcance general, esta admite sus bemoles. En particular si ese Estado detecta que no se siguieron los procedimientos previstos y se irrespetaron las regulaciones vigentes, en detrimento de las atribuciones que se le reconocen como Estado Miembro de una entidad internacional.
Textualmente el comunicado (véase texto completo) se lee de la siguiente manera, que nos permitimos reproducir de manera integral:
«South Africa Objects to the African Union Commission Decision to Grant Israel Observer Status
The government of South Africa is appalled at the unjust and unwarranted decision of the AU Commission to grant Israel observer status in the African Union.
The African Union Commission has taken this decision unilaterally without consultations with its members. The decision to grant Israel Observer Status is even more shocking in a year in which the oppressed people of Palestine were hounded by destructive bombardments and continued illegal settlements of the land. The African Union strenuously objected to the deaths of Palestinians and the destruction of civilian infrastructure. The decision by the AU Commission in this context is inexplicable.
The unjust actions committed by Israel offend the letter and spirit of the Charter of the African Union. The AU embodies the aspirations of all Africans and reflects their confidence that it can lead the continent through the practical expression of the goals of the Charter, especially on issues relating to self-determination and decolonisation.
Israel continues to illegally occupy Palestine in complete defiance of its international obligations and relevant UN resolutions. It is therefore incomprehensible that the AU Commission chooses to reward Israel at a time when its oppression of Palestinians has been demonstrably more brutal.
The South African government will ask the Chairperson of the Commission to provide a briefing to all member states on this decision which we hope, will be discussed by the Executive Council and the Assembly of Heads of States and Government.
South Africa firmly believes that as long as Israel is not willing to negotiate a peace plan without preconditions it should not have observer status in the African Union. The African Union cannot be a party in any way to plans and actions that would see the ideal of Palestinian statehood reduced into balkanised entities devoid of true sovereignty, without territorial contiguity and with no economic viability.
Enquiries: Mr Clayson Monyela, Spokesperson for DIRCO, 082 884 5974
ISSUED BY THE DEPARTMENT OF INTERNATIONAL RELATIONS AND COOPERATION
OR Tambo Building 460 Soutpansberg Road Rietondale Pretoria 0084″
Desde el punto de vista del funcionamiento interno de la UA, de sus regulaciones y de las atribuciones de sus diversas instancias, resultará de gran interés conocer cómo se gestó la decisión de otorgarle a Israel el estatuto de Estado Observador, al parecer de manera totalmente inconsulta. Lo que el comunicado de Sudáfrica califica de «inexplicable» debe tener … explicaciones, que deberán de darse a conocer en un primer momento, y luego ser discutidas en el seno de las instancias correspondientes citadas por Sudáfrica.
En efecto, cual sea la organización internacional, usualmente este tipo de decisiones (otorgamiento del estatuto de Estado Observador) debe seguir un procedimiento que involucra a diversas instancias y conlleva diversas etapas, en las que los Estados Miembros son consultados, al menos algunos de ellos, en representación de los otros Estados Miembros.
El apartheid en Israel
Además de los cuestionamientos de Sudáfrica sobre lo que ocurre en Palestina, condenados en su momento por la misma UA, uno adicional debe ser contemplado: se trata, tal y como se ha indicado ya en varios informes en este 2021, del régimen de apartheid que afecta gravemente a la población palestina, y que ha sido debidamente documentado por distintas entidades e informes de Naciones Unidas.
El uso de la palabra «apartheid» por parte del mismo jefe de la diplomacia gala en mayo del 2021 provocó una reacción iracunda en Israel, que no impresionó mayormente (véase nota de Le Figaro del 26 de mayo del 2021). Dos ex embajadores de Israel en tierras sudafricanas no vacilaron en usar exactamente el mismo término en junio del 2021, sin que se sepa si fueron objeto de reprimenda oficial alguna en Israel (véase nota de prensa de I24News titulada «Two former israeli ambassadors in South Africa accuse Jewish State of «apartheid» «, del 8 de junio del 2021).
En una muy completa entrevista a Bruno Stagno (ex canciller de Costa Rica entre el 2006 y el 2010) publicada en Chile (véase entrevista completa, pocamente divulgada en Costa Rica), se lee con relación al detallado informe publicado por Human Rights Watch, entidad en la que ahora trabaja (véase enlace al informe sobre apartheid y persecución en Israel contra la población palestina de abril del 2021), que:
«Estamos no solo totalmente seguros de las conclusiones a las cuales hemos llegado, sino que creemos que, además -como denota este informe-, la narrativa que ha predominado hasta esta fecha, de que básicamente lo que existe en Israel y en el territorio ocupado palestino es un conflicto que lo único que necesita es un proceso de paz, es totalmente insuficiente ante la no existencia de un proceso de paz, no se puede seguir simplemente aplastando la situación dramática de los derechos humanos de millones de palestinos, que muchos de ellos sufren a diario estas formas de persecución y discriminación, que en distintos lugares y distintas formas pueden constituir los crímenes de apartheid y persecución».
Foto extraída de nota de la organización Amnistía Internacional (AI), titulada «Israël discrimine les Palestiniens dans l´ accès à l’eau».
A modo de conclusión
Este comunicado sudafricano viene a poner a prueba la solidaridad de los Estados que conforman el continente africano y el liderazgo de Sudáfrica frente a las diversas iniciativas y maniobras de Israel en el continente en aras de aumentar paulatinamente su influencia. Esta última se manifiesta de muy diversas maneras, tanto en materia de ayuda y de cooperación como, por ejemplo, en la seguridad de las máximas autoridades camerunesas (véase nota del Courrier International) o bien la venta del – ahora famoso – programa Pegasus a varios Estados africanos para espiar a opositores, personalidades diversas y periodistas (véase nota de Le Point y esta otra nota de Africanews sobre el caso de Ruanda). En Naciones Unidas, en mayo del 2021 en el seno del Consejo de Derechos Humanos, Camerún y Malawi votaron en contra de la creación de un mecanismo internacional para investigar las exacciones israelíes cometidas en Gaza en este 2021, al tiempo que Togo se abstuvo (véase nota nuestra respecto a los resultados de esta votación).
Con relación al apartheid en Israel, recientemente (julio del 2021), una declaración suscrita por mas de 1000 universitarios, artistas e intelectuales desde 45 distintos Estados ha llamado a los Estados y a la comunidad internacional en general a no seguir cooperando con Israel hasta tanto no se desmantele este régimen de apartheid vigente (véase texto de la declaración en espanol). Precisamente en Francia, en el matutino Libération, se publicó este 27 de julio del 2021 una interesante tribuna intitulada «Pour que 2021 soit l’année de la fin de l’apartheid en Israël» (véase texto completo), al tiempo que el medio MondoWeiss tituló otra «2021, the year of Israeli apartheid» (véase texto completo).
La lista de los 1048 firmantes de este llamado colectivo (al 27 de julio del 2021) y que incluye a dos Premios Nobel de la Paz, uno de Química, asi como a otras personalidades de renombre mundial, se encuentra disponible aquí: entre estas, el investigador en salud Sir Iain Chalmers, el compositor Brian Eno, el músico Roger Waters, la escritora Ahdaf Soueif, el economista y antiguo Secretario Adjunto de Naciones Unidas Sir Richard Jolly, la ex Vicepresidenta del Parlamento Europeo Luisa Morgantini, y el político sudafricano y veterano de la lucha contra el apartheid, Ronnie Kasrils.
Este texto fue elaborado por Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
1- Israel ha sometido al pueblo palestino durante 73 años a una catástrofe continua conocida como la Nakba, un proceso que ha incluido desplazamientos masivos, limpieza étnica, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad;
2- Israel ha establecido un régimen de apartheid en todo el territorio de la Palestina histórica, dirigido contra todo el pueblo palestino, al que ha fragmentado; Israel ya no trata de ocultar el carácter de su régimen de apartheid, afirmando la supremacía judía y derechos de autodeterminación reservados a los judíos en toda la Palestina histórica según la nueva Ley Básica aprobada en 2018 por la Knesset;
3- El carácter de apartheid del actual régimen israelí en Palestina se ha confirmado y documentado exhaustivamente por parte de organizaciones de derechos humanos de prestigio internacional, como Adalah, B’Tselem, Human Rights Watch, así como en el estudio del Comité Económico y Social de la Comisión para Asia Occidental, que subraya la importancia de definir el apartheid israelí como algo que se extiende a las personas y no sólo personas en lugar de limitarse al espacio [«Prácticas israelíes contra el pueblo palestino y la cuestión de Apartheid» UN ESCWA, 2017] ;
4- Israel desencadena regularmente una violencia masiva con efectos devastadores en la población de Gaza, que está sufriendo una devastación generalizada, traumatismo colectivo, con numerosos muertos y heridos, agravado por la imposición de un bloqueo inhumano e ilegal desde hace más de 14 años y la actual emergencia sanitaria creada por el Covid;
5- Las potencias occidentales han facilitado e incluso subvencionado durante más de siete décadas este sistema israelí de colonización, limpieza étnica y apartheid, y siguen haciéndolo diplomática, económica e incluso militarmente.
ii- La Convención Internacional sobre la Supresión y el Castigo del Crimen de Apartheid, que estipula en su artículo I que «es un crimen de lesa humanidad y que los actos inhumanos que resultan de las políticas y prácticas de apartheid y las políticas y prácticas análogas de segregación y discriminación racial que se definen en el artículo II de la presente Convención son crímenes que violan los principios del derecho internacional, en particular los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, y que constituyen una amenaza seria para la paz y la seguridad internacionales«.
Los Estados Partes en el presente Convenio se comprometen, según el artículo IV a:
«a) A adoptar las medidas legislativas o de otro orden que sean necesarias para reprimir e impedir el aliento al crimen de apartheid y las políticas segregacionistas similares o sus manifestaciones y para castigar a las personas culpables de tal crimen;
b) A adoptar medidas legislativas, judiciales y administrativas para perseguir, enjuiciar y castigar conforme a su jurisdicción a las personas responsables o acusadas de los actos enumerados en el artículo II de la presente Convención, independientemente de que tales personas residan en el territorio del Estado en que se han cometido los actos o sean nacionales de ese Estado o de algún otro Estado o sean personas apátridas«.
Los firmantes de este documento:
A- Afirmamos nuestro categórico rechazo al régimen de apartheid establecido en el territorio de la Palestina histórica e impuesto al pueblo palestino en su totalidad, incluyendo a los refugiados y exiliados en cualquier parte del mundo.
B- Pedimos el desmantelamiento inmediato de este régimen de apartheid y el establecimiento de un acuerdo constitucional democrático que conceda y ponga en práctica la igualdad de derechos y deberes para todos los habitantes de este país, sin ninguna discriminación por motivos de raza, origen étnico, de religión o de género, y que respete y aplique el derecho internacional y los convenios de derechos humanos, y en particular de prioridad al largamente postergado derecho al retorno de los refugiados palestinos expulsados de sus ciudades y pueblos durante y después de la creación del Estado de Israel.
C- Instamos a nuestros gobiernos a que cesen inmediatamente su complicidad con el régimen de apartheid de Israel en Palestina, para unirse al llamamiento en aras de desmantelar las estructuras del apartheid y sustituirlas por estructuras igualitarias con un gobierno democrático que trate a todas las personas bajo su autoridad con pleno respeto a sus derechos y hacer esta transición de conformidad con el derecho de libre determinación del que gozan los dos pueblos que ahora habitan la Palestina histórica.
D- Pedimos la creación de una Comisión Nacional para la Paz, la Reconciliación y la Rendición de Cuentas para acompañar la transición del apartheid israelí a un proceso de gobierno respetuoso de los derechos humanos y de los principios y prácticas democráticas.
Mientras se pone en marcha dicho proceso, pedimos a la Corte Penal Internacional (CPI) que realice una investigación formal sobre la política israelí y el personal de seguridad culpables de perpetuar el crimen del apartheid.
—-
La lista de los firmantes (más de 850 firmas registradas en 45 países al 10/07/2021) está disponible aquí. Universitarios, artistas e intelectuales pueden adherir a esta declaración completando el siguiente formulario.
Foto extraída de nota de la organización Amnistía Internacional (AI), titulada «Israël discrimine les Palestiniens dans l´ accès à l’eau»
Esta declaración ha sido ya firmada por más de 850 universitarios, artistas e intelectuales provenientes de más de 45 países. Entre los signatarios, figuran renombradas personalidades, entre las que destacan los premios Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y Mairead Maguire, los juristas universitarios Monique Chemillier-Gendreau y Richard Falk, los académicos Étienne Balibar, Hagit Borer, Ivar Ekeland, Suad Joseph, Jacques Rancière, Roshdi Rashed y Gayatri Spivak, el investigador en salud Sir Iain Chalmers, el compositor Brian Eno, el músico Roger Waters, la escritora Ahdaf Soueif, el economista y antiguo Secretario Adjunto de Naciones Unidas Sir Richard Jolly, el político sudafricano y veterano de la lucha contra el apartheid Ronnie Kasrils, y la activista por la paz canadiense y antigua lideresa nacional del Partido Verde de Canadá, Joan Russow.
El Consejo Universitario repudió cualquier tipo de manifestación de violencia que pueda atentar contra los derechos humanos y la dignidad de las personas y se solidarizó con el pueblo palestino ante la llamada nakba o desplazamiento forzado de esta población.
En un pronunciamiento que se aprobó este jueves 27 de mayo, el Órgano Colegiado manifestó que Palestina no solo afronta una limpieza étnica, sino, también, la destrucción de la propiedad, la apropiación de su cultura y la pérdida de vidas humanas.
En este documento se expone la situación de violencia y tensiones por el conflicto entre palestinos e israelíes que se ha gestado en los últimos meses, debido al fallo de un tribunal que en febrero anterior ordenó el desalojo de familias palestinas de Sheikh Jarrah en Jerusalén, barrio de gran importancia para el pueblo palestino, pues ahí residen descendientes de familias prominentes que han contribuido con la población musulmana de Jerusalén.
Debido al movimiento pacifico para lograr evitar los desalojos, las fuerzas israelíes asaltaron y violentaron la mezquita de Al Aqsa, considerada el tercer lugar más sagrado para el islam; además, atentaron contra la vida de al menos 300 palestinos.
Además, de los actos de violencia mencionados anteriormente, también se han generado ataques a medios de comunicación palestinos e internacionales, lo cual pone en riesgo las vidas humanas y atenta contra la libertad de expresión.
Ante esta situación, un grupo de diputados se solidarizó recientemente con el pueblo israelí y condenó los actos terroristas en su región; asimismo, la Cancillería de la República de Costa Rica felicitó a Israel por su independencia; sin embargo, según el Consejo Universitario estas acciones omiten el origen del conflicto, la ocupación del territorio palestino, el apartheid al que se encuentra sometido este pueblo, la represión y la violación sistémica de sus derechos y del derecho internacional humanitario.
Fue por eso, que este Órgano Colegiado exhortó a esas dos instancias estatales a posicionarse en favor de la lucha para garantizar el respeto de los derechos humanos y en contra de la violencia que sufre el pueblo palestino.
Asimismo, hizo un llamado a los medios de comunicación nacionales, pues considera que, hasta el momento, han realizado una cobertura sesgada de los hechos, ignorado la discriminación racial contra Palestina y han reducido el conflicto a una lucha entre “Israel y Hamás”.
Finalmente, el Órgano Colegiado reiteró el compromiso de esta casa de estudios superiores con la justicia social, la equidad, el desarrollo integral, la libertad plena, y declaró a la UCR como un espacio libre de apartheid.
Este pronunciamiento se emitió con base en una propuesta de la representante estudiantil, Br. Ximena Obregón Rodríguez.
Alejandra Amador Salazar, (31 de mayo de 2021). UCR se solidarizó con el pueblo de palestina y repudió cualquier manifestación de violencia. Universidad de Costa Rica. Recuperado de https://www.cu.ucr.ac.cr/inicio/noticias/noticia/Articulo/uc
El pasado 27 de mayo, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptó una resolución que establece una comisión internacional independiente para investigar las exacciones cometidas en estas últimas semanas en Gaza por parte de Israel, antes y después del 13 de abril de 2021 (véase comunicado de prensa oficial de Naciones Unidas y este comunicado de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas).
El texto de la resolución en breve
La resolución A/HRC/S-30/L.1 (véase enlace a versiones en los diversos idiomas oficiales de Naciones Unidas) dispone en el primer punto de su parte dispositiva que el Consejo de Derechos Humanos
«1. Decides to urgently establish an ongoing independent, international commission of inquiry, to be appointed by the President of the Human Rights Council, to investigate in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and in Israel all alleged violations of international humanitarian law and all alleged violations and abuses of international human rights law leading up to and since 13 April 2021, and all underlying root causes of recurrent tensions, instability and protraction of conflict, including systematic discrimination and repression based on national, ethnic, racial or religious identity»; …./….
Décide de créer d’urgence une commission d’enquête internationale indépendante et permanente, dont les membres seront nommés par le Président du Conseil des droits de l’homme, chargée d’enquêter dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et en Israël sur toutes les violations présumées du droit international humanitaire et sur toutes les violations présumées du droit international des droits de l’homme et toutes les atteintes à ce droit qui auraient été commises depuis le 13 avril 2021, ainsi que sur toutes les causes profondes des tensions récurrentes, de l’instabilité et de la prolongation du conflit, y compris la discrimination et la répression systématiques fondées sur l’appartenance nationale, ethnique, raciale ou religieuse ; …/…
Decide establecer urgentemente una comisión de investigación internacional e independiente, que designará el Presidente del Consejo de Derechos Humanos, para que investigue en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y en Israel todas las presuntas violaciones del derecho internacional humanitario y todas las presuntas violaciones y abusos del derecho internacional de los derechos humanos que hayan tenido lugar en el período previo al 13 de abril de 2021 y desde entonces, así como todas las causas que subyacen en las recurrentes tensiones, la inestabilidad y la prolongación del conflicto, incluidas la discriminación y la represión sistemáticas basadas en la identidad nacional, étnica, racial o religiosa; «
Esta resolución se aprobó con 24 votos a favor, 9 en contra y 14 abstenciones. Israel pudo esta vez contar con los votos en contra de Alemania, Austria, Bulgaria, Camerún, Islas Marshall, Malawi, Reino Unido, República Checa y Uruguay, tal y como se puede observar en el registro oficial del voto que se reproduce seguidamente:
Los Estados de América Latina miembros del Consejo de Derechos Humanos votaron todos a favor del texto, con el notable (y sorprendente) voto en contra de Uruguay y la ya previsible abstención de Brasil. Como ya viene siendo habitual, Israel procedió a llamar a consulta al Embajador de Argentina (véase nota de prensa) y de Mexico en Tel Aviv (véase nota de prensa) para externarles su rechazo a la actitud que asumieron en Ginebra sus delegados: una gestual del aparato diplomático de Israel que ya no debe impresionar mayormente a los miembros de la comunidad internacional, como tampoco el discurso iracundo de sus máximas autoridades contra entidades de Naciones Unidas como el Consejo de Derechos Humanos (en el que Israel no puede contar con el veto norteamericano para resguardarlo de una condena). En ese sentido, se recomienda la lectura del comunicado oficial de prensa circulado por la diplomacia de Argentina este 1ero de junio del 2021 (véase texto completo).
Es más bien el voto en contra de Uruguay el que requiere ser explicado e investigado, al haber Uruguay ido mas allá del incondicional aliado que tiene Israel en América Latina desde el 2019: Brasil (el cual se abstuvo). Es probablemente para Uruguay la primera vez en la historia que su delegado recibe la instrucción de votar en contra de una resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas estableciendo una comisión investigadora para esclarecer y documentar violaciones a los derechos humanos. Remontar la cadena de mando para saber desde donde se originó esta insólita instrucción (y si contravino a otra anterior enviada a Ginebra) constituye sin lugar a dudas un ejercicio que interesará a un gran sector de la opinión pública en Uruguay y a muchos observadores internacionales.
De algunos ejercicios similares recientes
Como bien se recordará, en junio del 2018, la diplomacia de Estados Unidos optó por retirar a Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas después de votarse una resolución similar de este órgano creando una comisión de investigación sobre las exacciones de todo tipo de las fuerzas de seguridad israelíes contra los manifestantes palestinos participando a la denominada «Gran Marcha del Retorno» (véase al respecto nuestra breve nota al respecto).Con 29 votos a favor, 14 abstenciones y dos votos en contra (Australia y Estados Unidos), Estados Unidos consideró en aquella oportunidad que el retirarse del Consejo de Derechos Humanos era lo más indicado: un gesto raramente observado en la esfera internacional, y saludado únicamente por Israel. El informe de esta comisión de investigación está disponible desde el mes de febrero del 2019 en este enlace oficial de Naciones Unidas.
El precitado tablero donde se registró el voto este 27 de mayo del 2021 puede ser comparado al voto obtenido en marzo del 2021 de una resolución sobre justicia, impunidad y rendición de cuentas en Palestina, que tuvimos la oportunidad de analizar en su momento (véase nuestra breve nota nuestra al respecto).
En Estados Unidos, una estremecedora portada del New York Times con el nombre y apellido de los 67 menores palestinos asesinados por las fuerzas de seguridad israelies desde el pasado 13 de abril (véase portada) evidencia la creciente sensibilidad de la opinión pública norteamericana en favor de las victimas palestinas ante la insensatez que parecer haberse apoderado de las autoridades de Israel. Desde el 2000, la ONG de Israel B’tselem registra un total de 2113 menores palestinos que perdieron la vida debido a acciones militares realizadas por Israel (véase gráfico).
A modo de conclusión
A diferencia de otros años, esta votación acaecida este 27 de mayo del 2021 en el máximo órgano de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, resulta de mayor relevancia para Palestina y para las víctimas y las organizaciones palestinas que claman desde hace mucho tiempo por justicia ante las exacciones israelies cometidas en territorio palestino: una luz esperanzadora ha empezado a brillar en este 2021.
En efecto, el pasado 5 de febrero, la Sala Preliminar de la Corte Penal Internacional (CPI) decidió que la CPI es plenamente competente para examinar lo ocurrido y ello en todos los territorios palestinos, sin ningun tipo de excepción (véase al respecto nuestra breve nota titulada: «Corte Penal Internacional (CPI) / Palestina: ¿el fin de la impunidad para los autores de crímenes de guerra cometidos en Palestina?«, disponible en este enlace). Al respecto, un foro con juristas de habla francesa (el profesor Eric David, de Bélgica y el magistrado galo Ghislain Poissonnier) auspiciado por la AURDIP (Association des Universitaires pour le Respect du Droit International en Palestine) detalló el alcance de esta histórica decisión que fue dada a conocer en La Haya el 5 de febrero del 2021 (véase programay video en You Tube del foro, realizado el 30/03/2021).
Se puede de igual manera citar la reciente decisión del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (CERD) de Naciones Unidas, el cual recientemente optó por admitir para estudio la solicitud acogida en un primer momento en diciembre del 2019 (véase texto). Se trata de una comunicación presentada por Palestina contra Israel en el 2018 recurriendo al sistema de comunicaciones inter-estatales, que planteaba al CERD varias interrogantes desde el punto de vista jurídico: una decisión pocamente difundida en medios de prensa internacionales, y que, ahora que fue plenamente admitida por part del CERD la comunicación de Palestina, coloca nuevamente a Israel frente a sus constantes y repetidas violaciones a obligaciones internacionales derivadas de instrumentos internacionales de derechos humanos del que es Estado Parte (véase texto de la decisión del CERD del 20 de mayo del 2021).
En una muy completa entrevista a Bruno Stagno (ex canciller de Costa Rica entre el 2006 y el 2010) publicada en Chile (véase entrevista completa, pocamente divulgada en Costa Rica), se lee, con relación al informe publicado por Human Rights Watch en la que ahora trabaja (véase enlace al informe sobre apartheid y persecucion en Israel contra la poblacion palestina de abril del 2021), que:
«Estamos no solo totalmente seguros de las conclusiones a las cuales hemos llegado, sino que creemos que, además -como denota este informe-, la narrativa que ha predominado hasta esta fecha, de que básicamente lo que existe en Israel y en el territorio ocupado palestino es un conflicto que lo único que necesita es un proceso de paz, es totalmente insuficiente ante la no existencia de un proceso de paz, no se puede seguir simplemente aplastando la situación dramática de los derechos humanos de millones de palestinos, que muchos de ellos sufren a diario estas formas de persecución y discriminación, que en distintos lugares y distintas formas pueden constituir los crímenes de apartheid y persecución».
(*) Esta nota fue redactada por Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público de laFacultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Portada: Imagen de bombardeos israelíes en Gaza extraída de nota de France24 titulada «Israël bombarde massivement Gaza, l’ONU appelle à éviter la guerre», edición del 20/07/2014
Con Joe Biden podríamos asistir al retorno de la tesis geopolítica de George Kennan, diplomático y consejero de EEUU en la década de los 40 e ideólogo de la denominada política de contención de la URSS, quién afirmó que “decir que el derrocamiento de los regímenes hostiles a EEUU es el objetivo principal de los servicios de inteligencia de EEUU, es un secreto a voces”, doctrina que podría tener su plasmación en la previsible defenestración de Al Asad y Erdogan.
Hacia la balcanización de Siria
Zbigniew Brzezinski, ex-asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca bajo la presidencia de Jimmy Carter, advirtió sobre los peligros de una intervención en Siria y sobre el riesgo de una supuesta victoria de los rebeldes tras aseverar que “temo que la situación en Siria se dirija hacia una intervención estadounidense que carezca de eficacia» y expresar su perplejidad “tras la decisión de la CIA de desestabilizar Siria y derrocar a su Gobierno cuando los rebeldes son más hostiles para nosotros que Al Assad”. Con Joe Biden continuaría la estrategia diseñada por el general Martin Dempsey, jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU con el entonces Jefe del Estado Mayor del Ejército de Defensa de Israel, Benny Gantz y que contaría con Jordania, Arabia Saudí, Turquía y Qatar como colaboradores necesarios para romper el Eje Teherán-Damasco-Beirut y obligar a Irán a renunciar a sus aspiraciones de la energía nuclear. Asimismo, según informa el diario israelí Haaretz, “Irán intentará aumentar considerablemente su presencia en Siria estableciendo una base aérea y otra naval”, lo que podría convertir a Siria en el portaviones continental de Irán y su grupo aliado Hezbolá, algo inadmisible para Israel que se vería obligado a dormir con sus más acérrimos enemigos.
Asimismo, el acuerdo de cooperación energética firmado en el 2011 entre Irak, Irán y Siria para la construcción del gasoducto de South Pars a Homms conectaría Irán con el Mar Mediterráneo y relativizaría la importancia estratégica del Proyecto del Gasoducto Trans-Adriático (TAP), (sustituto del fallido gasoducto Nabucco proyectado por EEUU para transportar el gas azerí a Europa a través de Turquía), así como el papel relevante de las monarquías árabes del Golfo como suministradores de crudo a Occidente, todo lo cual explicaría el afán de Qatar, Arabia Saudí y Turquía por defenestrar a Al-Asad, dentro del rol que se les ha asignado como peones de la partida geoestratégica que podremos contemplar en el próximo quinquenio.
En consecuencia, Al Asad podría convertirse en un obstáculo insalvable para el diseño de la nueva cartografía del Oriente Próximo, por lo que Putin y Biden podrían llegar a un acuerdo secreto en la Cumbre a celebrar en Junio entre ambos mandatarios para sacrificarlo en aras de lograr la pacificación del avispero sirio (previo desalojo de las tropas del ISIS que extenderán sus tentáculos hacia Libia y el Magreb) a cambio del cese de las sanciones económicas contra Rusia y la implementación de un nuevo status quo en Ucrania que supondrá la división de Ucrania en dos mitades casi simétricas (Sur y Este del país, incluida Crimea, bajo la órbita rusa) mientras el Centro y Oeste de la actual Ucrania navegarán tras la estela de la UE. Posteriormente, asistiremos a la partición de Siria en tres partes. Así tendremos la Siria alawita, protectorado ruso que abarcaría desde la costa mediterránea hasta Alepo, el Kurdistán sirio tutelado por EEUU y la zona sunita del sur sirio que se englobaría en el nuevo Sunistán sirio-iraquí, lo que unido a la división de Irak consagraría el triunfo de los esfuerzos de Israel para la balcanización de Siria e Irak, quedando tan solo el régimen teocrático chíita del Líder Supremo Ayatolah Jamenei como futuro objetivo de la estrategia balcanizadora de Brzezinski.
El delirio de Erdogan
Erdogan se negó a participar en las sanciones occidentales contra Moscú y compró a China misiles de defensa antiaérea HQ-9 y manifestó su deseo de integrarse en la Nueva Ruta de la Seda permitiendo inversiones del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) por lo que Erdogan sería un obstáculo para el diseño de la nueva doctrina de EEUU. En efecto, la nueva doctrina geopolítica de Erdogan pretende dejar de gravitar en la órbita occidental y convertirse en potencia regional, lo que implica que la lealtad a los intereses anglo-judíos en Oriente Próximo estaría en entredicho debido al fervoroso apoyo de Erdogan a la facción palestina Hamas y al consiguiente enfrentamiento con Israel así como la guerra sin cuartel declarada contra el PPK kurdo y su aliado sirio el PYD que chocaría con la nueva estrategia geopolítica de EEU. Así, la obsesión de Erdogan sería impedir el surgimiento de una autonomía kurda en Siria que sirva de plataforma al PKK por lo que el Congreso turco habría aprobado una ley que permite al Ejército turco (TSK) entrar en Siria e Irak para combatir a “grupos terroristas”, eufemismo bajo el que se englobarían no tanto el ISIS como el PKK y el PYD kurdo-sirio, aliado y hermano del PKK.
La frontera turco-siria sería el paso natural de los grupos yihadistas para abastecerse de armamento y sufragar el mantenimiento de sus operaciones militares mediante la venta de petróleo a precios irrisorios, términos reconocidos por el general Wesley Clark quien según la televisión libanesa de Hezbolá (Almanar) reconoció que “Turquía apoya al autodenominado Estado Islámico (EI) aunque nunca lo reconocerá” pero los bombarderos rusos sobre los tanques petrolíferos del ISIS supondrían un misil en la línea de flotación de los pingües beneficios obtenidos por Turquía mediante la reventa del crudo exportado por los yihadistas por lo que la miopía política de Erdogan le habría llevado a planificar el derribo del caza ruso SU-24.
Asimismo, la intervención turca en Libia para instalar una base militar que le facilite el control de las rutas gasísticas del Mediterráneo y así torpedear la construcción del gasoducto submarino EastMed, (iniciativa conjunta de Grecia, Chipre e Israel para transportar el gas de los yacimientos del Mediterráneo Sud-oriental a Europa) y convertirse junto con Rusia en los abastecedores únicos de gas a la Unión Europea. En este contexto, invocando el Derecho Internacional, Turquía exigió a Grecia y a Chipre una Zona económica exclusiva (ZEE), para explotar las importantes reservas de gas de la zona, tentativa que chocó con la frontal oposición de Francia que envió naves militares a la zona, con lo que Erdogan se habría granjeado la enemistad de Macron, Israel y del resto de la Unión Europea. Todo ello aunado con el hundimiento de la lira turca respecto al Dólar USD (14 % en el presente ejercicio) y el descontento popular ante la recesión económica que se avecina, podría provocar que el ejército turco (TSK) protagonice un nuevo golpe “virtual” o “posmoderno” que acabaría con el mandato de Erdogan, (rememorando el ‘golpe blando’ de 1997, cuando los generales kemalistas arrebataron el poder al Gobierno del presidente Necmettin Erbakanpor, quien lideraba una coalición islamista). Dicho golpe contaría con las bendiciones de Washington y Moscú al dejar Erdogan de ser un peón útil en el marco del nuevo escenario geopolítico mundial surgido tras el retorno al endemismo recurrente de la Guerra Fría entre EEUU y Rusia, quedando Siria y Turquía como portaaviones continentales de Rusia y EEUU respectivamente.
La AAJ condena enérgicamente los ataques militares, y los crímenes de lesa humanidad que está perpetrando el Estado de Israel contra el pueblo palestino, víctima de una brutal e ilegal ocupación y continua colonización de sus territorios. Se trata de la continuación del proyecto racista, colonial y de apartheid, ejemplificado en los intentos de expulsar forzosamente a palestinos del barrio de Sheij Jarrah de Jerusalén por colonos judíos armados, la violencia indiscriminada contra manifestantes palestinos y los ataques a sus lugares sagrados, el bloqueo y los bombardeos continuos a la franja de Gaza.
Israel viola impunemente el derecho internacional y los llamados de la comunidad internacional a respetar el derecho humanitario, los derechos humanos y poner fin a la ocupación y opresión del pueblo de Palestina.
Señalamos la responsabilidad directa de los gobiernos de Estados Unidos, que ha facilitado la impunidad de Israel, mediante el uso continuo del veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Hoy, mientras se intensifican los ataques de Israel contra los palestinos, los Estados Unidos presionan al Consejo de Seguridad para posponer una resolución sobre las acciones ilegales de Israel en Sheij Jarrah, la mezquita Al-Aqsa y Jerusalén ocupado. Además, los Estados Unidos proporcionan $ 3.8 mil millones en ayuda directa a Israel cada año, destinada específicamente para fines militares.
Por tanto, la AAJ:
Declara que la paz en el Medio Oriente requiere de una solución política y el cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas, basadas en el respeto de la Carta, los pactos internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, que obligan:
al cese inmediato de toda acción contra la población civil palestina;
al cese de la ocupación y el control militar de los territorios ocupados, incluyendo Jerusalén Este por parte de Israel;
el retiro incondicional de los territorios actualmente ocupados por los colonos israelíes y el desmantelamiento de los asentamientos coloniales israelíes;
el derecho al retorno de los refugiados palestinos a su tierra;
el reintegro de las propiedades confiscadas, sin perjuicio de la compensación económica y la reparación integral a las víctimas de los crímenes;
la indemnización a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y el juzgamiento de los responsables;
el cese de la discriminación de la población árabe de Israel, que asciende a casi un 20% del total;
la liberación de todos los prisioneros y prisioneras palestinos y poner fin al uso de la tortura y la detención administrativa. Israel tiene encarcelados a unos 4.500 palestinos, entre ellos 41 mujeres y 140 niños menores de 18 años. Desde principios de 2021, las autoridades israelíes han arrestado a más de 1.400 palestinos por solo desafiar la ocupación.
Apoya el llamado al boicot, desinversión y sanciones de todas las entidades cómplices de los crímenes israelíes, del apartheid israelí, de la ocupación de Palestina o de violaciones de los derechos humanos palestinos.
Exige que los EEUU pongan fin a la ayuda financiera a Israel.
Llama a la comunidad internacional, a todos los Estados y particularmente a los Estados Unidos, a exigir al gobierno de Israel, al cumplimiento inmediato de las obligaciones del derecho internacional, bajo apercibimiento de adoptar las medidas necesarias que lo obliguen a hacerlo, al mismo nivel del aislamiento, en su momento, del gobierno sudafricano, para detener el genocidio y el apartheid del que es víctima el pueblo palestino.
Sostiene que es indispensable el fiel cumplimiento de la Cuarta Convención de Ginebra y las Altas Partes Contratantes deben ejercer sus responsabilidades, bajo el artículo 146, de procesar a los responsables de violaciones de la Convención que constituyen crímenes de guerra, según el art. 147 de la misma Convención y el Protocolo I Adicional.
Hace un llamado a las asociaciones de juristas y personas amantes de la paz y la justicia que se identifican con la defensa de la causa del pueblo palestino, a expresar su categórica condena a la violencia y excesivo uso de la fuerza por el gobierno israelí contra la población civil palestina en Gaza, los territorios ocupados, incluyendo Jerusalén Este y la Palestina histórica.
A 15 de mayo de 2021, fecha que marca 73 años de la Nakba.
Firman: Vanessa Ramos, Presidenta AAJ Continental; Luis Carlos Moro, Secretario General; Beinusz Szmukler, Presidente del Consejo Consultivo de la AAJ.
