El Consejo Universitario repudió cualquier tipo de manifestación de violencia que pueda atentar contra los derechos humanos y la dignidad de las personas y se solidarizó con el pueblo palestino ante la llamada nakba o desplazamiento forzado de esta población.
En un pronunciamiento que se aprobó este jueves 27 de mayo, el Órgano Colegiado manifestó que Palestina no solo afronta una limpieza étnica, sino, también, la destrucción de la propiedad, la apropiación de su cultura y la pérdida de vidas humanas.
En este documento se expone la situación de violencia y tensiones por el conflicto entre palestinos e israelíes que se ha gestado en los últimos meses, debido al fallo de un tribunal que en febrero anterior ordenó el desalojo de familias palestinas de Sheikh Jarrah en Jerusalén, barrio de gran importancia para el pueblo palestino, pues ahí residen descendientes de familias prominentes que han contribuido con la población musulmana de Jerusalén.
Debido al movimiento pacifico para lograr evitar los desalojos, las fuerzas israelíes asaltaron y violentaron la mezquita de Al Aqsa, considerada el tercer lugar más sagrado para el islam; además, atentaron contra la vida de al menos 300 palestinos.
Además, de los actos de violencia mencionados anteriormente, también se han generado ataques a medios de comunicación palestinos e internacionales, lo cual pone en riesgo las vidas humanas y atenta contra la libertad de expresión.
Ante esta situación, un grupo de diputados se solidarizó recientemente con el pueblo israelí y condenó los actos terroristas en su región; asimismo, la Cancillería de la República de Costa Rica felicitó a Israel por su independencia; sin embargo, según el Consejo Universitario estas acciones omiten el origen del conflicto, la ocupación del territorio palestino, el apartheid al que se encuentra sometido este pueblo, la represión y la violación sistémica de sus derechos y del derecho internacional humanitario.
Fue por eso, que este Órgano Colegiado exhortó a esas dos instancias estatales a posicionarse en favor de la lucha para garantizar el respeto de los derechos humanos y en contra de la violencia que sufre el pueblo palestino.
Asimismo, hizo un llamado a los medios de comunicación nacionales, pues considera que, hasta el momento, han realizado una cobertura sesgada de los hechos, ignorado la discriminación racial contra Palestina y han reducido el conflicto a una lucha entre “Israel y Hamás”.
Finalmente, el Órgano Colegiado reiteró el compromiso de esta casa de estudios superiores con la justicia social, la equidad, el desarrollo integral, la libertad plena, y declaró a la UCR como un espacio libre de apartheid.
Este pronunciamiento se emitió con base en una propuesta de la representante estudiantil, Br. Ximena Obregón Rodríguez.
Alejandra Amador Salazar, (31 de mayo de 2021). UCR se solidarizó con el pueblo de palestina y repudió cualquier manifestación de violencia. Universidad de Costa Rica. Recuperado de https://www.cu.ucr.ac.cr/inicio/noticias/noticia/Articulo/uc
El pasado 27 de mayo, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptó una resolución que establece una comisión internacional independiente para investigar las exacciones cometidas en estas últimas semanas en Gaza por parte de Israel, antes y después del 13 de abril de 2021 (véase comunicado de prensa oficial de Naciones Unidas y este comunicado de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas).
El texto de la resolución en breve
La resolución A/HRC/S-30/L.1 (véase enlace a versiones en los diversos idiomas oficiales de Naciones Unidas) dispone en el primer punto de su parte dispositiva que el Consejo de Derechos Humanos
«1. Decides to urgently establish an ongoing independent, international commission of inquiry, to be appointed by the President of the Human Rights Council, to investigate in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and in Israel all alleged violations of international humanitarian law and all alleged violations and abuses of international human rights law leading up to and since 13 April 2021, and all underlying root causes of recurrent tensions, instability and protraction of conflict, including systematic discrimination and repression based on national, ethnic, racial or religious identity»; …./….
Décide de créer d’urgence une commission d’enquête internationale indépendante et permanente, dont les membres seront nommés par le Président du Conseil des droits de l’homme, chargée d’enquêter dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et en Israël sur toutes les violations présumées du droit international humanitaire et sur toutes les violations présumées du droit international des droits de l’homme et toutes les atteintes à ce droit qui auraient été commises depuis le 13 avril 2021, ainsi que sur toutes les causes profondes des tensions récurrentes, de l’instabilité et de la prolongation du conflit, y compris la discrimination et la répression systématiques fondées sur l’appartenance nationale, ethnique, raciale ou religieuse ; …/…
Decide establecer urgentemente una comisión de investigación internacional e independiente, que designará el Presidente del Consejo de Derechos Humanos, para que investigue en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y en Israel todas las presuntas violaciones del derecho internacional humanitario y todas las presuntas violaciones y abusos del derecho internacional de los derechos humanos que hayan tenido lugar en el período previo al 13 de abril de 2021 y desde entonces, así como todas las causas que subyacen en las recurrentes tensiones, la inestabilidad y la prolongación del conflicto, incluidas la discriminación y la represión sistemáticas basadas en la identidad nacional, étnica, racial o religiosa; «
Esta resolución se aprobó con 24 votos a favor, 9 en contra y 14 abstenciones. Israel pudo esta vez contar con los votos en contra de Alemania, Austria, Bulgaria, Camerún, Islas Marshall, Malawi, Reino Unido, República Checa y Uruguay, tal y como se puede observar en el registro oficial del voto que se reproduce seguidamente:
Los Estados de América Latina miembros del Consejo de Derechos Humanos votaron todos a favor del texto, con el notable (y sorprendente) voto en contra de Uruguay y la ya previsible abstención de Brasil. Como ya viene siendo habitual, Israel procedió a llamar a consulta al Embajador de Argentina (véase nota de prensa) y de Mexico en Tel Aviv (véase nota de prensa) para externarles su rechazo a la actitud que asumieron en Ginebra sus delegados: una gestual del aparato diplomático de Israel que ya no debe impresionar mayormente a los miembros de la comunidad internacional, como tampoco el discurso iracundo de sus máximas autoridades contra entidades de Naciones Unidas como el Consejo de Derechos Humanos (en el que Israel no puede contar con el veto norteamericano para resguardarlo de una condena). En ese sentido, se recomienda la lectura del comunicado oficial de prensa circulado por la diplomacia de Argentina este 1ero de junio del 2021 (véase texto completo).
Es más bien el voto en contra de Uruguay el que requiere ser explicado e investigado, al haber Uruguay ido mas allá del incondicional aliado que tiene Israel en América Latina desde el 2019: Brasil (el cual se abstuvo). Es probablemente para Uruguay la primera vez en la historia que su delegado recibe la instrucción de votar en contra de una resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas estableciendo una comisión investigadora para esclarecer y documentar violaciones a los derechos humanos. Remontar la cadena de mando para saber desde donde se originó esta insólita instrucción (y si contravino a otra anterior enviada a Ginebra) constituye sin lugar a dudas un ejercicio que interesará a un gran sector de la opinión pública en Uruguay y a muchos observadores internacionales.
De algunos ejercicios similares recientes
Como bien se recordará, en junio del 2018, la diplomacia de Estados Unidos optó por retirar a Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas después de votarse una resolución similar de este órgano creando una comisión de investigación sobre las exacciones de todo tipo de las fuerzas de seguridad israelíes contra los manifestantes palestinos participando a la denominada «Gran Marcha del Retorno» (véase al respecto nuestra breve nota al respecto).Con 29 votos a favor, 14 abstenciones y dos votos en contra (Australia y Estados Unidos), Estados Unidos consideró en aquella oportunidad que el retirarse del Consejo de Derechos Humanos era lo más indicado: un gesto raramente observado en la esfera internacional, y saludado únicamente por Israel. El informe de esta comisión de investigación está disponible desde el mes de febrero del 2019 en este enlace oficial de Naciones Unidas.
El precitado tablero donde se registró el voto este 27 de mayo del 2021 puede ser comparado al voto obtenido en marzo del 2021 de una resolución sobre justicia, impunidad y rendición de cuentas en Palestina, que tuvimos la oportunidad de analizar en su momento (véase nuestra breve nota nuestra al respecto).
En Estados Unidos, una estremecedora portada del New York Times con el nombre y apellido de los 67 menores palestinos asesinados por las fuerzas de seguridad israelies desde el pasado 13 de abril (véase portada) evidencia la creciente sensibilidad de la opinión pública norteamericana en favor de las victimas palestinas ante la insensatez que parecer haberse apoderado de las autoridades de Israel. Desde el 2000, la ONG de Israel B’tselem registra un total de 2113 menores palestinos que perdieron la vida debido a acciones militares realizadas por Israel (véase gráfico).
A modo de conclusión
A diferencia de otros años, esta votación acaecida este 27 de mayo del 2021 en el máximo órgano de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, resulta de mayor relevancia para Palestina y para las víctimas y las organizaciones palestinas que claman desde hace mucho tiempo por justicia ante las exacciones israelies cometidas en territorio palestino: una luz esperanzadora ha empezado a brillar en este 2021.
En efecto, el pasado 5 de febrero, la Sala Preliminar de la Corte Penal Internacional (CPI) decidió que la CPI es plenamente competente para examinar lo ocurrido y ello en todos los territorios palestinos, sin ningun tipo de excepción (véase al respecto nuestra breve nota titulada: «Corte Penal Internacional (CPI) / Palestina: ¿el fin de la impunidad para los autores de crímenes de guerra cometidos en Palestina?«, disponible en este enlace). Al respecto, un foro con juristas de habla francesa (el profesor Eric David, de Bélgica y el magistrado galo Ghislain Poissonnier) auspiciado por la AURDIP (Association des Universitaires pour le Respect du Droit International en Palestine) detalló el alcance de esta histórica decisión que fue dada a conocer en La Haya el 5 de febrero del 2021 (véase programay video en You Tube del foro, realizado el 30/03/2021).
Se puede de igual manera citar la reciente decisión del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (CERD) de Naciones Unidas, el cual recientemente optó por admitir para estudio la solicitud acogida en un primer momento en diciembre del 2019 (véase texto). Se trata de una comunicación presentada por Palestina contra Israel en el 2018 recurriendo al sistema de comunicaciones inter-estatales, que planteaba al CERD varias interrogantes desde el punto de vista jurídico: una decisión pocamente difundida en medios de prensa internacionales, y que, ahora que fue plenamente admitida por part del CERD la comunicación de Palestina, coloca nuevamente a Israel frente a sus constantes y repetidas violaciones a obligaciones internacionales derivadas de instrumentos internacionales de derechos humanos del que es Estado Parte (véase texto de la decisión del CERD del 20 de mayo del 2021).
En una muy completa entrevista a Bruno Stagno (ex canciller de Costa Rica entre el 2006 y el 2010) publicada en Chile (véase entrevista completa, pocamente divulgada en Costa Rica), se lee, con relación al informe publicado por Human Rights Watch en la que ahora trabaja (véase enlace al informe sobre apartheid y persecucion en Israel contra la poblacion palestina de abril del 2021), que:
«Estamos no solo totalmente seguros de las conclusiones a las cuales hemos llegado, sino que creemos que, además -como denota este informe-, la narrativa que ha predominado hasta esta fecha, de que básicamente lo que existe en Israel y en el territorio ocupado palestino es un conflicto que lo único que necesita es un proceso de paz, es totalmente insuficiente ante la no existencia de un proceso de paz, no se puede seguir simplemente aplastando la situación dramática de los derechos humanos de millones de palestinos, que muchos de ellos sufren a diario estas formas de persecución y discriminación, que en distintos lugares y distintas formas pueden constituir los crímenes de apartheid y persecución».
(*) Esta nota fue redactada por Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público de laFacultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Portada: Imagen de bombardeos israelíes en Gaza extraída de nota de France24 titulada «Israël bombarde massivement Gaza, l’ONU appelle à éviter la guerre», edición del 20/07/2014
Con Joe Biden podríamos asistir al retorno de la tesis geopolítica de George Kennan, diplomático y consejero de EEUU en la década de los 40 e ideólogo de la denominada política de contención de la URSS, quién afirmó que “decir que el derrocamiento de los regímenes hostiles a EEUU es el objetivo principal de los servicios de inteligencia de EEUU, es un secreto a voces”, doctrina que podría tener su plasmación en la previsible defenestración de Al Asad y Erdogan.
Hacia la balcanización de Siria
Zbigniew Brzezinski, ex-asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca bajo la presidencia de Jimmy Carter, advirtió sobre los peligros de una intervención en Siria y sobre el riesgo de una supuesta victoria de los rebeldes tras aseverar que “temo que la situación en Siria se dirija hacia una intervención estadounidense que carezca de eficacia» y expresar su perplejidad “tras la decisión de la CIA de desestabilizar Siria y derrocar a su Gobierno cuando los rebeldes son más hostiles para nosotros que Al Assad”. Con Joe Biden continuaría la estrategia diseñada por el general Martin Dempsey, jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU con el entonces Jefe del Estado Mayor del Ejército de Defensa de Israel, Benny Gantz y que contaría con Jordania, Arabia Saudí, Turquía y Qatar como colaboradores necesarios para romper el Eje Teherán-Damasco-Beirut y obligar a Irán a renunciar a sus aspiraciones de la energía nuclear. Asimismo, según informa el diario israelí Haaretz, “Irán intentará aumentar considerablemente su presencia en Siria estableciendo una base aérea y otra naval”, lo que podría convertir a Siria en el portaviones continental de Irán y su grupo aliado Hezbolá, algo inadmisible para Israel que se vería obligado a dormir con sus más acérrimos enemigos.
Asimismo, el acuerdo de cooperación energética firmado en el 2011 entre Irak, Irán y Siria para la construcción del gasoducto de South Pars a Homms conectaría Irán con el Mar Mediterráneo y relativizaría la importancia estratégica del Proyecto del Gasoducto Trans-Adriático (TAP), (sustituto del fallido gasoducto Nabucco proyectado por EEUU para transportar el gas azerí a Europa a través de Turquía), así como el papel relevante de las monarquías árabes del Golfo como suministradores de crudo a Occidente, todo lo cual explicaría el afán de Qatar, Arabia Saudí y Turquía por defenestrar a Al-Asad, dentro del rol que se les ha asignado como peones de la partida geoestratégica que podremos contemplar en el próximo quinquenio.
En consecuencia, Al Asad podría convertirse en un obstáculo insalvable para el diseño de la nueva cartografía del Oriente Próximo, por lo que Putin y Biden podrían llegar a un acuerdo secreto en la Cumbre a celebrar en Junio entre ambos mandatarios para sacrificarlo en aras de lograr la pacificación del avispero sirio (previo desalojo de las tropas del ISIS que extenderán sus tentáculos hacia Libia y el Magreb) a cambio del cese de las sanciones económicas contra Rusia y la implementación de un nuevo status quo en Ucrania que supondrá la división de Ucrania en dos mitades casi simétricas (Sur y Este del país, incluida Crimea, bajo la órbita rusa) mientras el Centro y Oeste de la actual Ucrania navegarán tras la estela de la UE. Posteriormente, asistiremos a la partición de Siria en tres partes. Así tendremos la Siria alawita, protectorado ruso que abarcaría desde la costa mediterránea hasta Alepo, el Kurdistán sirio tutelado por EEUU y la zona sunita del sur sirio que se englobaría en el nuevo Sunistán sirio-iraquí, lo que unido a la división de Irak consagraría el triunfo de los esfuerzos de Israel para la balcanización de Siria e Irak, quedando tan solo el régimen teocrático chíita del Líder Supremo Ayatolah Jamenei como futuro objetivo de la estrategia balcanizadora de Brzezinski.
El delirio de Erdogan
Erdogan se negó a participar en las sanciones occidentales contra Moscú y compró a China misiles de defensa antiaérea HQ-9 y manifestó su deseo de integrarse en la Nueva Ruta de la Seda permitiendo inversiones del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) por lo que Erdogan sería un obstáculo para el diseño de la nueva doctrina de EEUU. En efecto, la nueva doctrina geopolítica de Erdogan pretende dejar de gravitar en la órbita occidental y convertirse en potencia regional, lo que implica que la lealtad a los intereses anglo-judíos en Oriente Próximo estaría en entredicho debido al fervoroso apoyo de Erdogan a la facción palestina Hamas y al consiguiente enfrentamiento con Israel así como la guerra sin cuartel declarada contra el PPK kurdo y su aliado sirio el PYD que chocaría con la nueva estrategia geopolítica de EEU. Así, la obsesión de Erdogan sería impedir el surgimiento de una autonomía kurda en Siria que sirva de plataforma al PKK por lo que el Congreso turco habría aprobado una ley que permite al Ejército turco (TSK) entrar en Siria e Irak para combatir a “grupos terroristas”, eufemismo bajo el que se englobarían no tanto el ISIS como el PKK y el PYD kurdo-sirio, aliado y hermano del PKK.
La frontera turco-siria sería el paso natural de los grupos yihadistas para abastecerse de armamento y sufragar el mantenimiento de sus operaciones militares mediante la venta de petróleo a precios irrisorios, términos reconocidos por el general Wesley Clark quien según la televisión libanesa de Hezbolá (Almanar) reconoció que “Turquía apoya al autodenominado Estado Islámico (EI) aunque nunca lo reconocerá” pero los bombarderos rusos sobre los tanques petrolíferos del ISIS supondrían un misil en la línea de flotación de los pingües beneficios obtenidos por Turquía mediante la reventa del crudo exportado por los yihadistas por lo que la miopía política de Erdogan le habría llevado a planificar el derribo del caza ruso SU-24.
Asimismo, la intervención turca en Libia para instalar una base militar que le facilite el control de las rutas gasísticas del Mediterráneo y así torpedear la construcción del gasoducto submarino EastMed, (iniciativa conjunta de Grecia, Chipre e Israel para transportar el gas de los yacimientos del Mediterráneo Sud-oriental a Europa) y convertirse junto con Rusia en los abastecedores únicos de gas a la Unión Europea. En este contexto, invocando el Derecho Internacional, Turquía exigió a Grecia y a Chipre una Zona económica exclusiva (ZEE), para explotar las importantes reservas de gas de la zona, tentativa que chocó con la frontal oposición de Francia que envió naves militares a la zona, con lo que Erdogan se habría granjeado la enemistad de Macron, Israel y del resto de la Unión Europea. Todo ello aunado con el hundimiento de la lira turca respecto al Dólar USD (14 % en el presente ejercicio) y el descontento popular ante la recesión económica que se avecina, podría provocar que el ejército turco (TSK) protagonice un nuevo golpe “virtual” o “posmoderno” que acabaría con el mandato de Erdogan, (rememorando el ‘golpe blando’ de 1997, cuando los generales kemalistas arrebataron el poder al Gobierno del presidente Necmettin Erbakanpor, quien lideraba una coalición islamista). Dicho golpe contaría con las bendiciones de Washington y Moscú al dejar Erdogan de ser un peón útil en el marco del nuevo escenario geopolítico mundial surgido tras el retorno al endemismo recurrente de la Guerra Fría entre EEUU y Rusia, quedando Siria y Turquía como portaaviones continentales de Rusia y EEUU respectivamente.
La AAJ condena enérgicamente los ataques militares, y los crímenes de lesa humanidad que está perpetrando el Estado de Israel contra el pueblo palestino, víctima de una brutal e ilegal ocupación y continua colonización de sus territorios. Se trata de la continuación del proyecto racista, colonial y de apartheid, ejemplificado en los intentos de expulsar forzosamente a palestinos del barrio de Sheij Jarrah de Jerusalén por colonos judíos armados, la violencia indiscriminada contra manifestantes palestinos y los ataques a sus lugares sagrados, el bloqueo y los bombardeos continuos a la franja de Gaza.
Israel viola impunemente el derecho internacional y los llamados de la comunidad internacional a respetar el derecho humanitario, los derechos humanos y poner fin a la ocupación y opresión del pueblo de Palestina.
Señalamos la responsabilidad directa de los gobiernos de Estados Unidos, que ha facilitado la impunidad de Israel, mediante el uso continuo del veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Hoy, mientras se intensifican los ataques de Israel contra los palestinos, los Estados Unidos presionan al Consejo de Seguridad para posponer una resolución sobre las acciones ilegales de Israel en Sheij Jarrah, la mezquita Al-Aqsa y Jerusalén ocupado. Además, los Estados Unidos proporcionan $ 3.8 mil millones en ayuda directa a Israel cada año, destinada específicamente para fines militares.
Por tanto, la AAJ:
Declara que la paz en el Medio Oriente requiere de una solución política y el cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas, basadas en el respeto de la Carta, los pactos internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, que obligan:
al cese inmediato de toda acción contra la población civil palestina;
al cese de la ocupación y el control militar de los territorios ocupados, incluyendo Jerusalén Este por parte de Israel;
el retiro incondicional de los territorios actualmente ocupados por los colonos israelíes y el desmantelamiento de los asentamientos coloniales israelíes;
el derecho al retorno de los refugiados palestinos a su tierra;
el reintegro de las propiedades confiscadas, sin perjuicio de la compensación económica y la reparación integral a las víctimas de los crímenes;
la indemnización a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y el juzgamiento de los responsables;
el cese de la discriminación de la población árabe de Israel, que asciende a casi un 20% del total;
la liberación de todos los prisioneros y prisioneras palestinos y poner fin al uso de la tortura y la detención administrativa. Israel tiene encarcelados a unos 4.500 palestinos, entre ellos 41 mujeres y 140 niños menores de 18 años. Desde principios de 2021, las autoridades israelíes han arrestado a más de 1.400 palestinos por solo desafiar la ocupación.
Apoya el llamado al boicot, desinversión y sanciones de todas las entidades cómplices de los crímenes israelíes, del apartheid israelí, de la ocupación de Palestina o de violaciones de los derechos humanos palestinos.
Exige que los EEUU pongan fin a la ayuda financiera a Israel.
Llama a la comunidad internacional, a todos los Estados y particularmente a los Estados Unidos, a exigir al gobierno de Israel, al cumplimiento inmediato de las obligaciones del derecho internacional, bajo apercibimiento de adoptar las medidas necesarias que lo obliguen a hacerlo, al mismo nivel del aislamiento, en su momento, del gobierno sudafricano, para detener el genocidio y el apartheid del que es víctima el pueblo palestino.
Sostiene que es indispensable el fiel cumplimiento de la Cuarta Convención de Ginebra y las Altas Partes Contratantes deben ejercer sus responsabilidades, bajo el artículo 146, de procesar a los responsables de violaciones de la Convención que constituyen crímenes de guerra, según el art. 147 de la misma Convención y el Protocolo I Adicional.
Hace un llamado a las asociaciones de juristas y personas amantes de la paz y la justicia que se identifican con la defensa de la causa del pueblo palestino, a expresar su categórica condena a la violencia y excesivo uso de la fuerza por el gobierno israelí contra la población civil palestina en Gaza, los territorios ocupados, incluyendo Jerusalén Este y la Palestina histórica.
A 15 de mayo de 2021, fecha que marca 73 años de la Nakba.
Firman: Vanessa Ramos, Presidenta AAJ Continental; Luis Carlos Moro, Secretario General; Beinusz Szmukler, Presidente del Consejo Consultivo de la AAJ.
Un año más nos encontramos ante el Día del Quds, esa emblemática fecha establecida por Imam Jomeini para que sirviera como catalizadora del grito mundial de rechazo a la ocupación de la tierra palestina y con este se acercara, año tras año, el ocaso de la dominación sionista y el momento de la definitiva liberación de esas martirizadas tierras.
Un año más en algunos lugares del mundo se realizarán actos para conmemorar esta fecha, se producirán programas televisivos, se realizarán emotivos vídeos, se escribirán artículos. Nuevamente escucharemos los relatos estremecedores de la crueldad del enemigo sionista, de las barbaries que ejercen hasta en los aspectos más básicos de la vida de los palestinos, de casas demolidas, de campos arrasados, de iglesias y mezquitas profanadas, de represión, del último disparo a bocajarro de un militar sionista que acabó con la vida un adolescente palestino y… pasado este día qué. ¿Qué queda de toda esta retórica que desplegamos en el Día del Quds?
No podemos quedarnos en la autosatisfacción por “haber cumplido” en un día como este, tenemos que mirar más allá y si es preciso no asustarnos de ser autocríticos, porque nada avanza en esta vida sin pararse a reflexionar sobre ello, encontrar los errores que se puedan estar cometiendo e intentar corregirlos para que este avance sea realmente sólido.
Para abordar la cuestión de la liberación Palestina hay que hacerlo desde dos frentes bien definidos. En primer lugar está el frente interno, el que concierne a los propios palestinos, el que puede afrontar la cuestión como un hecho de resistencia de un pueblo que lucha contra la ocupación de su territorio, como un mero hecho de liberación nacional contra la potencia colonizadora que los oprime, en este caso, un invento satélite engendrado por los colonizadores franco-anglo-americanos de siempre.
Si abordamos la cuestión de la liberación de la tierra palestina desde este frente, tendremos que preguntarnos ¿qué es lo que están haciendo los palestinos por su propia liberación?
Los orígenes de esta lucha se remontan incluso a fechas anteriores a la proclamación del ente sionista de Israel como estado en el año 1948, allá por 1930 cuando Palestina estaba bajo control del Imperio Británico y el mártir sheij ‘Izaddin al-Qasim fundó la primera organización de resistencia palestina y dio origen a una lucha contra los ocupantes ingleses que duró hasta que finalmente en 1939 las tropas británicas aplastaron definitivamente la revuelta palestina.
Ya tras la proclamación del ente sionista como estado, esta resistencia palestina organizada resurgió en 1959 cuando Yaser Arafat fundó la organización Al-Fatah, que más tarde daría lugar la OLP, y fue a partir de los años 60 cuando diversas organizaciones palestinas emprendieron la lucha por la liberación de su país y la constitución de un estado propio en la totalidad de su territorio.
Sin embargo hubo un antes y un después que marcó definitivamente hasta nuestros días el rumbo de la lucha por Palestina desde el interior; la claudicación, la rendición de la OLP con el propio Yaser Arafat a la cabeza ante el ente sionista y sus padrinos occidentales. Los llamados acuerdos de Oslo de 1993 no fueron más que la escenificación de la peor traición a Palestina y a los palestinos que pudiera imaginarse; la venta de la causa palestina por parte de quienes antes habían luchado contra la ocupación sionista y ahora se convirtieron en simples administradores coloniales de ese ocupante a cambio de… nada.
La administración colonial implementada bajo el rimbombante nombre de “Autoridad Nacional Palestina” en parte de las tierras palestinas ocupadas después de 1948, no tiene realmente más función que la de controlar a la población palestina de esos territorios, para servicio del ocupante sionista.
A partir de entonces hemos visto nacer otro tipo de organizaciones de resistencia que han tomado el relevo en la lucha, y vimos como esos territorios quedaron divididos en dos realidades cuasi estancas cuando tras la confrontación entre Al-Fatah y HAMAS Gaza quedó fuera del control absoluto de la administración colonial, siendo precisamente el territorio de Gaza el que ha mantenido viva la llama de la resistencia frente al ocupante sionista, habiendo sido todos nosotros testigos de dramáticas escenas de represión sionista en este pequeño territorio ante la total e interesada pasividad de la administración colonial de la ANP.
Sin embargo la sombra de esta administración colonial sigue rigiendo la vida palestina pues el conjunto de organizaciones palestinas no han sabido o no han querido romper definitivamente con ella, y al hacer eso, implícitamente están reconociendo su supuesta “autoridad” y, lo que es peor, reconociendo de facto a quién está detrás de esa ANP que no es más que el propio ente sionista de Israel. El miedo por romper con ese engendro traicionero y todo lo que implica tiene estancada la lucha por la real liberación de Palestina desde hace años.
Si lo que se quiere es liberar Palestina, no tiene sentido intentar mantener vivas unas “instituciones” cuya única autoridad es la que le otorga el ocupante para sus propios intereses, y con las que por otra parte intencionadamente se pretende dar ante el mundo una apariencia irreal de institucionalidad palestina, y ahogar así ante la opinión pública mundial la propia justificación de la lucha de los palestinos por la liberación de su tierra.
Desde fechas recientes estamos asistiendo a un ejemplo claro de esta incongruencia, con todo lo que está ocurriendo alrededor de las anunciadas y canceladas elecciones palestinas y las diferentes posturas de las distintas organizaciones, para al final comprobarse que quien realmente decide sobre esas elecciones no es otro que el ente sionista de Israel.
Es absolutamente irreal plantearse que desde el interior de una administración colonial se puede alcanzar la liberación de tierra alguna. Todo lo contrario, participar de esas instituciones es reconocer la autoridad del ocupante y eternizar la ocupación.
Desgraciadamente parece que sólo una organización palestina, Yihad Islámica, ha sabido darse cuenta de la peligrosa trampa que implica querer participar en esas instituciones, y que la prioridad para los palestinos debe ser la lucha activa contra la ocupación y no competir por tener presencia en unas instituciones dependientes del propio ocupante.
Si los palestinos deben crear herramientas de coordinación o de representación, han de hacerlo por ellos mismos, crear las que sean necesarias ellos mismos y absolutamente al margen de la ocupación o sus patrocinadores, aunque tengan que ser clandestinas.
Pero más allá de de las incongruencias de las organizaciones palestinas, no podemos dejar de apuntar igualmente la división real existente entre los palestinos a los que lejos de poder considerar una unidad, tenemos que observar cuan distinta es su actitud frente a la ocupación entre los palestinos de las tierras ocupadas en 1948, los palestinos de Cisjordania y los palestinos de Gaza. Si los palestinos verdaderamente quieren la liberación de su tierra y no simplemente una administración tutelada por el ocupante, cosa que sinceramente hoy por hoy no está clara, deben actuar y sentirse como un único pueblo y no limitarse a ser meros espectadores de lo que les sucede a los otros, sin sentirse implicados ellos mismos mientras esa represión no les afecte directamente.
Pero la causa de Palestina, a diferencia de lo que ocurre con cualquier otro conflicto territorial en cualquier lugar del mundo, no es algo que implique únicamente a los palestinos, sino que incluso por encima de ellos es algo que incumbe al conjunto de los musulmanes del mundo, o al menos así debiera ser.
Si bien en las primeras décadas de la ocupación diferentes países árabes se opusieron a ella e incluso libraron varias guerras contra el ente sionista, lo cierto es que paralelamente podemos ver cómo importantes países musulmanes como Turquía e Irán desde un principio estuvieron junto al ente sionista de Israel. En el caso de Irán la situación cambió radicalmente desde el mismo momento del triunfo de la Revolución Islámica en 1979, pero en el de Turquía nada ha cambiado a pesar de que desde el año 2002 aquel país es gobernado por un partido “islamista”. Pero incluso entre aquellos estados árabes que en su día lucharon contra el ente sionista de Israel vimos claudicar primero a Egipto en 1979 y a después a Jordania en 1994, tras la propia claudicación de la OLP en 1993 como antes se mencionó, e incluso la Liga Árabe propuso en 2002 el reconocimiento del ente sionista bajo la justificación de la farsa de “los dos estados”. Recientemente una cascada de países árabes como Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán o Marruecos se sumaron a la traición, que ahora llaman “normalización”, en 2020, habiendo otros varios que, si bien no han reconocido oficialmente al ente sionista de Israel, sí de facto mantienen buenas relaciones con el ocupante de Palestina.
Pese a la actitud claudicante de buena parte de los gobiernos de los países islámicos, lo cierto es que según encuestas realizadas en estos países la opinión pública de los mismos es abrumadoramente contraria al reconocimiento del ente sionista y por tanto a la rendición frente al ocupante de la tierra palestina, pero realmente… ¿es la cuestión de Palestina una prioridad en la ummah islámica? Es evidente que no, y prueba de ello la tenemos en esos países que recientemente cayeron bajo la órbita sionista en los que pese a esa abrumadora oposición de sus poblaciones, nada absolutamente ha pasado realmente tras la decisión de sus gobiernos.
Pero igualmente, si miramos al resto de la ummah observamos que la cuestión de Palestina está muy lejos de ser una prioridad, bien sea porque desgraciadamente buena parte de sus territorios están sumidos en graves problemas inmediatos, bien sea por la propia desidia que provoca la situación de estancamiento originada tras la capitulación de Oslo.
Sin embargo, sí existe una llama latente en el corazón de esa ummah como lo demuestra su reacción espontánea de satisfacción y orgullo tras la derrota sionista en Líbano en 2006. Y esto a su vez demuestra que el camino para la liberación de la tierra palestina está muy lejos de ser el de las interminables “conversaciones diplomáticas” que no sirven más que para afianzar al ocupante, debilitar al ocupado y desinteresar al resto. No, no es el camino de los acérrimos amantes de “la diplomacia” el que la historia y el presente demuestran que ha derribado imperios y expulsado a ocupantes, no es ese camino el que reaviva la llama de rebeldía en los corazones de los oprimidos.
La liberación de Palestina requiere simplemente de un NO, de un NO absoluto al ente sionista por parte de todos, de palestinos y de los musulmanes del mundo. Un NO que nazca del corazón de cada uno de nosotros y ahogue incluso a aquellos gobiernos supuestamente islámicos que no quieran escuchar ese grito. Un NO a la verborrea anestesiante de la “diplomacia” manipulada. Un NO que los gobiernos de los países musulmanes debieran dar al ente sionista y a quienes lo patrocinan. Un NO que las organizaciones palestinas y los palestinos en general debieran dar a la claudicación, a Oslo, a las instituciones coloniales delegadas como la ANP y a todos quienes las apoyen.
Y un SÍ rotundo a la Resistencia, una Resistencia que debe implicarnos a todos y en la que podemos participar en nuestra vida cotidiana aunque solo sea siendo estrictos en la campaña de boicot al ente sionista y a sus colaboradores. Un SÍ a la Resistencia activa frente a un enemigo que en lo político no está acostumbrado más que a jugar con cartas marcadas. Un Sí a la Resistencia popular en Palestina que dé lugar a una nueva y definitiva Intifada. Un Sí, por supuesto, a la Resistencia militar que no de tregua al ocupante.
La causa de la liberación de la tierra palestina de un régimen ocupante impuesto, criminal, racista y genocida nos une cada último viernes de cada mes de Ramadán. Nuestra responsabilidad es hacer que esta conmemoración del Día del Quds no se restrinja a una mera fecha en el calendario, sino que sepamos asumirla y tenerla presente el resto de los días del año para que ese NO resuene en todo el mundo en todo momento y el régimen sionista termine colapsando. Insha Allah.
En los últimos días de su sesión anual en Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, máxima instancia de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, adoptó la resolución titulada «Human Rights situation in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and the obligation to ensure accountability and justice» (véase texto completo).
Se trata de un recordatorio anual de las distintas obligaciones que, en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, incumple impunemente Israel desde hace ya muchos años. Es así como se lee que el Consejo de Derechos Humanos
«4. Deplora la persistente falta de cooperación de Israel con los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos y otros mecanismos de las Naciones Unidas que intentan investigar las presuntas vulneraciones del derecho internacional en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y pide que se coopere plenamente con el Consejo de Derechos Humanos y todos sus procedimientos especiales, mecanismos pertinentes e investigaciones, así como con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos;
5. Exige a Israel, la Potencia ocupante, que ponga fin a todas las acciones ilegales en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, entre otras la construcción de asentamientos; la demolición de estructuras residenciales, incluidas las demoliciones punitivas de viviendas; el desalojo forzoso de habitantes palestinos y la revocación de los permisos de residencia de los palestinos que viven en Jerusalén Oriental mediante una serie de leyes discriminatorias; las excavaciones en lugares religiosos e históricos y sus alrededores; y todas las demás medidas unilaterales que tienen por objeto alterar el carácter, el estatus y la composición demográfica de todo el territorio, todas las cuales tienen, entre otras cosas, efectos graves y nocivos para los derechos humanos del pueblo palestino y las perspectivas de un arreglo justo y pacífico«.
Entre los párrafos añadidos a los usualmente reunidos en esta resolución, que se adopta cada año en Ginebra, se lee que para este 2021, el Consejo de Derechos Humanos:
«18. Exhorta a Israel, la Potencia ocupante, a que cumpla las obligaciones que le impone el derecho internacional respecto de la población ocupada protegida y garantice un acceso sin discriminación a las vacunas contra la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, entre otros medios en coordinación con el Gobierno del Estado de Palestina«.
Como se observará si se lee el texto completo, el Consejo de Derechos Humanos no hace sino externar su profunda preocupación por la situación imperante en el territorio palestino ocupado, exhortando a la potencia ocupante a cumplir sus obligaciones como tal y a investigar y sancionar a los responsables de exacciones cometidas contra la población civil palestina.
Imagen de bombardeos israelíes en Gaza extraída de nota de France24 titulada «Israël bombarde massivement Gaza, l’ONU appelle à éviter la guerre», edición del 20/07/2014
Una resolución objeto de un fuerte cabildeo israelí en su contra
Como es ya bastante usual, Israel (Estado que no integra este órgano de Naciones Unidas) desplegó intensas gestiones diplomáticas semanas antes de la votación, así como su incondicional aliado norteamericano (que tampoco lo es) en aras de intentar obtener un resultado favorable entre los 47 Estados que integran este Consejo. Pocamente divulgado en algunos medios internacionales, cabe recordar el hecho siguiente: el Presidente israelí realizó personalmente una gira en Austria, Alemania y Francia pocos días antes de la votación, como parte de la campaña oficial de Israel en contra de la justicia penal internacional de La Haya (véase cable de la agencia china de noticias Xinhua del 16/03/2021).
Como se recordará, en junio del 2018 Estados Unidos optó por retirarse del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas después de votarse una resolución de este órgano creando una comisión de investigación sobre las exacciones de todo tipo de las fuerzas de seguridad israelíes contra los manifestantes palestinos participando a la denominada «Gran Marcha del Retorno» (véase al respecto nuestra breve nota al respecto).Con 29 votos a favor, 14 abstenciones y dos votos en contra (Australia y Estados Unidos), Estados Unidos consideró que retirarse del Consejo de Derechos Humanos era lo más apropiado y oportuno: un gesto raramente observado, y saludado únicamente por Israel. El informe de esta comisión de investigación está disponible desde febrero del 2019 en este enlace oficial.
Los resultados de la votación en breve
Para este año 2021, la resolución titulada «Situación de los derechos humanos en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y obligación de garantizar la rendición de cuentas y la justicia» se adoptó con 32 votos a favor (incluyendo los de Francia y Alemania), 6 en contra (entre los cuales el de Austria) y 8 abstenciones.
Un Estado de Oriente Medio y miembro del Consejo de Derechos Humanos particularmente observado, Bahrein, optó por no participar en la votación (ausencia de su delegado en el momento de la votación, también denominado «No Show«): es el único Estado de los 47 en haber recurrido a esta peculiar técnica para el voto de esta resolución. Como se recordará, el 15 de setiembre del 2020, Bahrein e Israel anunciaron la firma, desde Washington, de un sorpresivo acuerdo sobre la normalización de sus relaciones oficiales.
En esta ocasión, Israel pudo únicamente contar con los votos de Austria, Bulgaria, Brasil, Camerún, Malawi y Togo (que votaron en contra del texto) según se desprende del registro de la votación (véase enlace) y que a continuación reproducimos:
Por parte de América Latina y el Caribe, con excepción de Brasil que votó en contra, los demás Estados de la región votaron a favor de la resolución (Argentina, Bolivia, Cuba, México, Uruguay y Venezuela), Bahamas optando por abstenerse (al igual que Filipinas, India, Islas Marshall, Nepal, Reino Unido, República Checa y Ucrania). Siempre con relación a América Latina, no está de más recordar que en octubre del 2020, resultaron electos por parte de América Latina, Bolivia, Cuba y México, en sustitución de Perú y Chile, con México logrando ser reelecto (véase nuestra breve nota al respecto); mientras que en octubre del 2019, resultaron electos Brasil (reelección) y Venezuela, al tiempo que Costa Rica intentó de manera sorpresiva postularse, sin lograrlo (véase nuestra breve nota al respecto).
Cabe señalar que en el 2020, un texto muy similar contó con 17 abstenciones, entre las cuales las de Alemania, Corea del Sur, Dinamarca, Italia, Japón, Países Bajos, Senegal y Uruguay: 8 Estados que optaron entre el 2020 y el 2021 por cambiar su posición y votar afirmativamente en favor del texto.
Justicia y rendición de cuenta en Palestina: un acento diferente en este 2021
A diferencia de otros años, esta votación acaecida este 23 de marzo del 2021 en el máximo órgano de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, resulta de mayor relevancia para Palestina y para las víctimas y las organizaciones palestinas que claman desde hace mucho tiempo por justicia ante las exacciones israelies cometidas en territorio palestino.
En efecto, el pasado 5 de febrero, la Sala Preliminar de la Corte Penal Internacional (CPI) decidió que la CPI es plenamente competente para examinar lo ocurrido y ello en todos los territorios palestinos, sin ningun tipo de excepción (véase al respecto nuestra breve nota titulada: «Corte Penal Internacional (CPI) / Palestina: ¿el fin de la impunidad para los autores de crímenes de guerra cometidos en Palestina?«, disponible en este enlace).
Un reciente foro con juristas de habla francesa (el profesor Eric David, de Bélgica y el magistrado galo Ghislain Poissonnier) auspiciado por la AURDIP (Association des Universitaires pour le Respect du Droit International en Palestine) detalló el alcance de esta histórica decisión que fue dada a conocer en La Haya el 5 de febrero del 2021 (véase programa y enlace del foro, realizado el 30/03/2021).
Al respecto, resulta oportuno mecionar que este próximo 9 de abril vencerá el plazo otorgado por la CPI a Israel (así como a Palestina) para contestar la notificación enviada el pasado 9 de marzo a ambos Estados: como bien se sabe, el principio de complementaridad (Nota 1) obliga a la CPI a solicitar inicialmente al Estado incriminado el listado de investigaciones realizadas sobre los mismos hechos (de manera a no duplicar los esfuerzos de entidades nacionales preexistentes). En estos primeros días de abril, no pareciera tenerse mucha claridad sobre la estrategia de Israel (véase nota del Jerusalem Post del 1/04/2021 titulada «Israel has no planned approach, response to ICC, with 9 days to go» y este artículo de opinión publicado en Haaretz titulado «Israel and the ICC: Denial Isn’t Just a River in Egypt» en la misma fecha ). De contestar formalmente Israel a la CPI sobre las eventuales investigaciones internas realizadas en Israel con relación a los hechos que quiere investigar la CPI, legitimaría la decisión del pasado 5 de febrero (que oficialmente Israel considera oficialmente ilegítima, sesgada e incluso «antisemita» (Nota 2); y de no contestar a la CPI, habilitaría jurídicamente a los investigadores de la CPI a examinar ellos mismos todos los hechos, sin excepción de ningun tipo, objeto de la solicitud presentada por Palestina a la Fiscalía de la CPI.
Cabe también señalar que este 3 de abril del 2021, la CPI saludó el retiro de sanciones en su contra por parte de la nueva administración norteamericana (véase comunicado oficial de la CPI). Como bien se sabe, el único Estado en haber felicitado a Estados Unidos por esta insólita decisión tomada en junio del 2020 fue Israel (véase nota del Times of Israel del 11/06/2020): habíamos tenido la oportunidad de explicar que las justificaciones oficiales dadas por Estados Unidos al anunciar estas sanciones disimulaban otras, menos explícitas, relacionadas a Israel (Nota 3).
Votaciones anteriores en breve sobre justicia y rendición de cuentas en Palestina
En el año 2020, una resolución muy similar (véase texto integral en inglés) había sido adoptada por el Consejo de Derechos Humanos con 22 votos a favor (incluyendo el voto de Bahrein), 8 en contra (Austria, Australia, Brasil, Bulgaria, Islas Fidji, República Checa, Togo y Ucrania) y 17 abstenciones.
En 2019 (véase texto integral), el resultado obtenido fue de 23 votos a favor, 8 en contra y 15 abstenciones. Es de notar que en el 2019, Bahrein figuraba entre los Estados proponentes del proyecto de resolución.
En 2018, un texto similar (véase texto integral) obtuvo 27 votos a favor, 4 en contra (Australia, Estados Unidos, Togo y Reino Unido) y un total de 15 abstenciones.
A modo de conclusión
Más allá de la situación bastante peculiar para este 2021 de la delegación de Bahrein en Ginebra, y del súbito cambio de parecer de varios Estados partidarios de abstenerse el año pasado, la comparación de los resultados obtenidos desde el 2018 en la votación de esta resolución evidencia el siguiente dato: la marca registrada en este 2021 es la peor obtenida por la diplomacia israelí y la de su fiel aliado norteamericano en los últimos 4 años.
Lo cual viene a confirmar (nuevamente) el efecto contraproductivo que conllevan para Israel la tónica y la actitud adoptada por sus máximas autoridades en los últimos tiempos, consistiendo en desafiar abiertamente las bases del ordenamiento jurídico internacional.
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Notas:
Nota 1: El principio de complementariedad (también denominado «subsidiaredad«) de la CPI significa que únicamente examina asuntos que no hayan sido objeto de investigaciones por parte de las autoridades judiciales nacionales. O bien, cuando a través de supuestas «investigaciones«, se manifiesta claramente la renuencia del Estado a investigar y a sancionar debidamente a los responsables de los hechos incriminados. Véase al respecto: C.-TOUSSIGNANT M., «L’instrumentalisation du principe de complémentarité de la CPI: une question d’actualité» RQDI (Revue Québécoise de Droit International), 2012, pp.73-99. Texto integral del artículo disponible aquí.
Con relación al crimen de guerra que constituye la colonización ilegal a la cual ha procedido Israel desde muchos años y objeto de la solicitud hecha por Palestina a la CPI, se leyó recientemente por parte de especialistas franceses, que: «Le droit israélien considérant la colonisation comme légitime, aucune enquête nationale ne sera bien sûr menée sur les auteurs du crime de colonisation. Le bureau du procureur pourra donc enquêter sans délai sur ces faits, sans qu’Israël puisse lui opposer la règle de la « complémentarité », à savoir l’existence de procédures pénales menées dans un État contre les auteurs de crimes de guerre et qui peut faire obstacle à l’exercice de la compétence de la CPI, comme cela sera peut-être le cas dans les deux premiers types de crimes commis à Gaza» (véase PICHET E. & POISSONNIER G., «Colonisation des territoires palestiniens : quelles conséquences peut entraîner l’ouverture de l’enquête de la CPI ?«, The Conversation, edición del 17/03/2021, y disponible en este enlace).
Nota 2: Remitimos a nuestros estimables lectores a esta nota del Times of Israel, titulada «Netanyahu: An ICC investigation of Israel would be ‘pure anti-Semitism’ » (edición del 6/02/2021) y a este artículo de opinión publicado por el Presidente de Israel en Le Figaro (Francia), el pasado 18 de marzo del 2021, disponible en este enlace.
Nota 3: Véase al respecto nuestra breve nota: BOEGLIN N., «Sanciones de EEUU contra la Corte Penal Internacional (CPI): algunos apuntes sobre sus verdaderas motivaciones«, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), Sección Voz Experta, 24 de setiembre del 2020, y disponible aquí. Nos permitímos concluir en aquella oportunidad con la siguiente reflexión que a continuación reproducimos:
«En relación con estas recientes sanciones contra el personal de la CPI, resulta un tanto sorprendente que la Administración norteamericana se preste para semejante espectáculo ante los demás integrantes de la comunidad internacional, sin percatarse de que esta actitud de profunda hostilidad puede también estar influyendo en los jueces de la CPI para mostrarse aún más severos con Israel en su decisión preliminar (actualmente en preparación), relativa a la solicitud de investigación presentada en diciembre del 2019 por la fiscal de la CPI.»
(*) Esta nota fue escrita por Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica
Publicaba el sábado 13 de febrero la web del periódico mejicano Excelsior, un artículo firmado por Esther Shabot Askenazi, una de sus columnistas, bajo el título “¿Nuevo acuerdo con Irán? Las propuestas de Macron”.
En dicho artículo la autora hace un repaso más bien sesgado tanto de la actual situación de la República Islámica de Irán, devastada según ella por la crisis económica resultado de las sanciones y embargos estadounidenses y agravada por las consecuencias del COVID, como de la historia del popularmente denominado Acuerdo Nuclear, de nombre oficial Plan de Acción Integral Conjunto o JCPOA por sus siglas en inglés, para concluir con lo que sería el tema principal de su artículo que no es otro sino el ofrecimiento “mediador” del presidente francés Emmanuel Macron y su propuesta de incluir nuevos actores en las hipotéticas futuras conversaciones, como lo serían Arabia Saudí y el ente sionista de Israel.
Ciertamente el pasado 4 de febrero el presidente francés, recordemos que Francia es uno de los tres países europeos firmantes de dicho acuerdo junto con el Reino Unido y Alemania, dijo estar dispuesto a servir de mediador «honesto y comprometido» en un diálogo entre Estados Unidos y la República Islámica, para afirmar seguidamente que el diálogo con Irán sobre el acuerdo nuclear debería contar con los aliados occidentales en la región como Arabia Saudita y el ente sionista.
La autora del artículo considera en su conclusión la propuesta de Macron como muy interesante, y que valdría la pena que la nueva administración estadounidense explorara la idea lanzada por el presidente francés y tuviera muy en cuenta la opinión de saudíes e israelíes en cualquier futura negociación para garantizar que los intereses de esos regímenes quedaran salvaguardados.
La pregunta es ¿para quién es interesante la propuesta de Emmanuel Macron? Obvio que únicamente lo sería para el eje americano-sionista del que la troika europea son meros subalternos; en absoluto para la República islámica de Irán, ni tan siquiera para los que dentro de ella han apostado, y siguen apostando todo, en favor de ese acuerdo.
Si bien durante la campaña electoral el actual presidente de los EE.UU. hizo varias alusiones a su intención de devolver a los EE.UU. al seno del acuerdo del Plan de Acción Integral Conjunto abandonado por su predecesor en 2018, lo cierto es que desde su toma del poder no ha hecho más que ratificar las sanciones impuestas por Trump tras su abandono del acuerdo, pretendiendo además imponer condiciones a Irán para ese supuesto retorno de los EE.UU., que en sí representaría no regresar a lo ya firmado en 2015 después de años de conversaciones, sino que el teóricamente vigente acuerdo nuclear sea simplemente el punto de partida para otras “negociaciones” con las que recortar y maniatar aún más las capacidades de la República Islámica.
Si el acuerdo nuclear en su momento para muchos iraníes fue un trago amargo obligado a tomar en pro de una esperanza de alivio de la situación económica que sufría del país como consecuencia de las sanciones unilaterales impuestas especialmente desde la presidencia del “demócrata” Bill Clinton, lo cierto es que pronto se pudo comprobar, antes incluso del abandono estadounidense, que todo lo relacionado con los compromisos de los países occidentales hacia Irán dentro de ese acuerdo era puro papel mojado, por no haber cumplido estos jamás ninguna de sus obligaciones.
Nada hizo la Francia de Macron, ni los otros países europeos firmantes del acuerdo ratificado por la Resolución 2.231 del Consejo de Seguridad de la ONU, para salvar el pacto tras el abandono estadounidense, como hubieran podido hacer con la puesta en marcha del mecanismo Entidad con Cometido Especial (SPV, por sus siglas en inglés) y el mecanismo llamado Instrumento de Apoyo a Intercambios Comerciales (Instex, por sus siglas en inglés), con los cuales podría haberse avanzado en el desarrollo del JCPOA. Nada, salvo enredar e intentar ganar tiempo frente a la República Islámica con interminables conversaciones, al igual que hicieron durante la negociación del propio acuerdo y durante el corto periodo en el que este estuvo en teórico vigor, mientras al tiempo exigían que Irán cumpliera escrupulosamente con sus obligaciones, como así hizo y ha hecho hasta principios de este año 2021 cuando frente al continuo incumplimiento de los países occidentales desde que el acuerdo entró en vigor en enero de 2016, Irán comenzó a reducir de forma gradual y casi simbólica, a pesar del bombo dado en Occidente, sus compromisos con el acuerdo nuclear.
La postulación de Macron como negociador «honesto y comprometido» raya en lo cómico, habida cuenta la histórica animadversión de la República Francesa hacia la República Islámica de Irán, y los compromisos e intereses del régimen francés con sus homólogos árabes del Golfo Pérsico y por supuesto con el ente sionista, amén de lo ya mencionado respecto al comportamiento y la responsabilidad de Macron y su gobierno en la no implementación de los acuerdos plasmados en el Plan de Acción Integral Conjunto.
Más cómica aún es la pretensión de los EE.UU. y sus adláteres europeos de plantear una renegociación de lo ya pactado en el JCPOA para incluir en el hipotético nuevo acuerdo temas fundamentales para la seguridad de la República Islámica como son su capacidad de influencia regional y sobre todo el control de su industria militar, especialmente el programa misilístico de la misma.
Si el acuerdo nuclear fue un trago amargo a cambio de una esperanza que pronto se demostró falsa, y que no solo no fue capaz de eliminar las sanciones estadounidenses vigentes en 2015 sino que a 6 años vista desde la firma del acuerdo las mismas han sido considerablemente incrementadas con las lógicas consecuencias para la economía iraní y la vida de los iraníes, lo que ahora proponen los países occidentales firmantes del acuerdo, con el aliento del ente sionista y los regímenes monárquicos del Golfo, representaría un simple acta de rendición para la República Islámica que nadie en Irán, ni siquiera aquellos sectores más occidentalizados y que tanto siguen intentando vender las supuestas virtudes del JCPOA, podrá aceptar ni tan siquiera negociar.
De cierto que los EE.UU. y sus aliados europeos saben esto, luego esa vacía pretensión de renegociación del “acuerdo nuclear” solo puede perseguir dos cosas. Por una parte, prolongar la actual situación de presión máxima frente a Irán a la espera de que un colapso económico lleve a una inestabilidad social que ayude a su postergada intención desde hace 42 años de hacer claudicar a la República Islámica, culpando al tiempo a “la intransigencia iraní” de la situación creada ante la acomodada y acéfala opinión pública de sus países. Por otra parte, y en paralelo con lo anterior, intentar que la brecha entre los sectores prooccidental y revolucionario en el seno de la política iraní se ensanche al punto de un enfrentamiento tal que igualmente contribuya a la destrucción de la República Islámica de Irán tal como hoy la conocemos.
Sin embargo, la República Islámica, para desesperación de sus enemigos, viene demostrando en los últimos 42 años una capacidad de resiliencia como pocos países han hecho en la historia moderna. El mundo unipolar referenciado a los EE.UU., a su poder militar y a su economía está cambiando poco a poco, abriéndose nuevos horizontes en el oriente más colaborativos y menos impositivos, a los cuales seguramente la República Islámica sabrá mirar salvaguardando como hasta ahora su independencia.
Seguramente veremos pasar a Macron y a sus ambiciones neocoloniales, o mejor dicho, las ambiciones neocoloniales de la República Francesa (tan entrometida por ejemplo en la situación libia, siria o libanesa); veremos pasar a Biden al igual que vimos pasar a Trump y a todos sus antecesores desde hace 42 años, y seguramente veremos que la República Islámica de Irán seguirá en su lugar. Por tanto, mejor harían los EE.UU., Reino Unido, Francia y Alemania en aceptar que la realidad histórica no siempre es la que ellos trazan, en aceptar que las relaciones entre países deben alejarse de las imposiciones unilaterales y la rapiña. Y sobre todo, mejor harían los países que componen la Unión Europea en dejar de ser perros falderos de la política e intereses de otros países que falsamente los llaman aliados, y que solo los utilizan como peones carne de cañón de su propia política, lo que muchas veces, como en el caso que nos ocupa, representa una importante pérdida de capacidad de negocio para estos países a cambio de nada, ya que esto “del negocio” es lo único que en el fondo parece pretender unir a esta “comunidad económica”.
En una muy esperada decisión dada a conocer este 5 de febrero del 2021, la Sala de lo Preliminar de la Corte Penal Internacional (CPI) decidió que la CPI tiene plena jurisdicción para conocer de exacciones cometitas por Israel y ello, en todos los territorios palestinos, sin excepción de ningún tipo (véanse los comunicados de prensa de la CPI en inglés y en francés).
Por parte de la sociedad civil, son varias las organizaciones que expresaron su profunda satisfacción con esta decisión (véase, entre muchos otros textos, el comunicado de prensa de Human Rights Watch).
Esta Sala de la CPI estuvo integrada por tres miembros: una jueza (oriunda de Benín), y dos jueces (de Francia y de Hungría); y fue presidida por el juez húngaro, el cual optó por separarse del criterio de sus dos colegas.
La conclusiones a las que llega la Sala de la CPI en breve
En su larga sentencia (véase texto completo de 60 páginas), la Sala de la CPI concluye en su parte dispositiva que:
«- that Palestine is a State Party to the Statute; (…)
– by majority, Judge Kovács dissenting, that, as a consequence, Palestine qualifies as ‘[t]he State on the territory of which the conduct in question occurred’ for the purposes of article 12(2)(a) of the Statute; and (…)
– by majority, Judge Kovács dissenting, that the Court’s territorial jurisdiction in the Situation in Palestine extends to the territories occupied by Israel since 1967, namely Gaza and the West Bank, including East Jerusalem«.
Como se puede observar, dos jueces de los tres optaron por considerar que la justicia penal internacional es competente para examinar lo que ocurre en todos los territorios palestinos, incluyendo Gaza y Jerusalén Oriental: un escenario particularmente temido por Israel. Algunos de sus aliados (Alemania, Australia, Austria, Brasil, Hungría, República Checa y Uganda) intentaron en los amici curiae presentados en La Haya, convencer a la CPI de declararse incompetente y de limitar su competencia territorial, sin lograr mayores éxitos en su gestión.
Habíamos tenido la oportunidad de analizar el alcance de la demanda presentada por Palestina en el 2018, así como los intentos (desesperados) de Israel y de sus aliados para intentar evitar a toda costa que se concretara lo que se escuchó en La Haya este 5 de febrero del 2021 y que viene a confirmar en todos sus extremos la interpretación hecha por la Fiscalía de la misma CPI (véase nuestra breve nota titulada «Solicitud de investigación contra exacciones militares israelíes procede en todos los territorios palestinos, Gaza incluida. Fiscal de la Corte Penal Internacional«, publicada en el Portal de la UCR, sección Voz Experta, edición del 12/05/2020, y disponible en este enlace).
La actitud desafiante de Israel y de su incondicional aliado norteamericano ante la justicia penal internacional
Cabe recordar que cuando la Fiscalía de la CPI anunció que había procedido a iniciar formalmente una investigación en Palestina en diciembre del 2019, en Israel, el Primer Ministro y el Ministro de Defensa calificaron a la CPI como antisemita (véase nota del Jerusalem Post y este cable de la agencia Reuters), como parte de las gesticulaciones iracundas del aparato estatal israelí que ya no impresionan mayormente.
Hay que tener presente que Israel pudo beneficiar como nunca antes en la historia de un ocupante de la Casa Blanca (hasta enero del 2021) dispuesto a satisfacer cada una de sus pretensiones y de sus caprichos, tanto en el plano bilateral como multilateral: como parte del abanico de presiones ejercidas sobre la CPI, Estados Unidos adoptó de manera insólita sanciones contra el personal mismo de la CPI en junio del 2020, que tuvimos la oportunidad de analizar (véase nuestra breve nota titulada «A propósito de las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra el personal de la Corte Penal Internacional (CPI)» y disponible en este enlace).
Anteriormente, y como expresión de solidaridad absoluta con Israel, Estados Unidos optó por retirarse del Consejo de Derechos Humanos cuando este órgano de Naciones Unidas votó una resolución creando un mecanismo para investigar las exacciones israelíes contra los manifestantes palestinos que participaron a la denominada «Marcha del Retorno«, en junio del 2018 (véase al respecto nuestra breve nota titulada «El retiro de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos: breves apuntes» y disponible en este enlace).
Foto de la Embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas saliendo de la sala de sesiones del Consejo de Seguridad al iniciar su alocución el Embajador de Palestina, el 15 de mayo del 2018 en Nueva York. Foto extraída de nota de prensa titulada «EE.UU. se queda solo en la ONU» (La Vanguardia, edición del 16/5/2018).
Más allá de posturas, vociferaciones y de las amenazas puestas a ejecución por el aliado norteamericano, en julio del 2020 se filtró en la prensa israelí que las autoridades preparaban un lista secreta de cientos de integrantes de sus fuerzas de seguridad involucrados en actos susceptibles de calificar como crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad (véase nota de Haaretz del 16/07/2020 titulada «Israel drafts secret list of hundred of officials who may stand trial at Internacional Court» y esta otra nota publicada en la misma fecha en The Times of Israel).
A modo de conclusión
Esta sentencia del 5 de febrero del 2021 viene a finalizar un largo recorrido procesal desde la solicitud de investigación preliminar presentada en mayo del 2018 por Palestina (véase cronograma seguido en este documento oficial de Naciones Unidas) y abrir una nueva y decisiva etapa.
Con esta decisión, la justicia penal internacional ve despejado el camino para examinar todo lo observado, documentado y denunciado en el territorio palestino desde el mes de junio del 2014, y que tiene enlutadas a tantas familias en Palestina, esperando desde entonces por justicia y clamando por ella.
El hecho que una jurisdicción internacional como la CPI, por vez primera en la historia del derecho internacional público, se pronuncie sobre el estatuto de Palestina como Estado y acepte examinar lo que ocurre dentro de su territorio, confiere a esta decisión un alcance ya no solamente jurídico, sino altamente simbólico y esperanzador.
Este texto fue elaborado por Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR) Enviado a SURCOS por el autor.
En esta segunda quincena del mes de diciembre, se realiza la Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya: véase comunicado oficial de la CPI al respecto.
En la actualidad, son en total 123 los Estados Partes al Estatuto de Roma, tal y como se puede apreciar del estado oficial de firmas y ratificaciones (véase enlace oficial): en América Latina, faltan únicamente al llamado Cuba y Nicaragua, que tan siquiera han firmado este valioso instrumento internacional adoptado en 1998, que busca sancionar penalmente a personas responsables de actos considerados como los más graves por la comunidad internacional (crimen de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión).
En este año 2020, la CPI debió enfrentar la creciente hostilidad de Estados Unidos y de Israel, una situación raramente observada (Nota 1), la cual tiene como tela de fondo la investigación preliminar llevada por la Fiscal de la CPI sobre las exacciones israelíes en territorio palestino (Nota 2). En su último discurso como titular de la Fiscalía de la CPI ante la Asamblea de Estados Partes (véase texto completo), su autora señaló que:
«All here present have recognised the unacceptable nature of the measures taken by the United States (“US”) administration. I’m grateful to the ASP President and to all those who have spoken out on the matter, through joint statements, individual expressions of support, or otherwise supported the Court and me personally.
The measures do not only constitute an attack on the Court and the Rome Statute system but a direct political affront to States Parties and a dangerous precedent for a rules-based international system.
It is my sincere hope that the US reverses its aggressive policy of antagonism towards the Court. No one wins from such tactics. Until such time, it is crucial that States Parties remain vigilant and keep close tabs on the matter, especially as further escalation remains on the table«.
Con relación a América Latina, resulta oportuno indicar que la Fiscalía de la CPI tiene abiertas cuatro investigaciones preliminares: una en Bolivia, una en Colombia y dos en Venezuela (véase enlace oficial), mientras que la CPI registra actualmente veinte casos, todos contra dirigentes del continente africano (véase enlace oficial). Con relación a Costa Rica, es de notar que pese a lo oído en Costa Rica, no figura su nombre en la lista de los Estados citados por la CPI que le solicitaron colectivamente abrir una investigación en Venezuela a finales del año 2018 (véase enlace oficial).
Las elecciones del 2020 en breve
En una sesión siguiente a realizarse en Nueva York en este mismo mes de diciembre del 2020, se procederá a la escogencia de seis nuevos integrantes de la máxima instancia en materia de justicia penal internacional (véase comunicado oficial en español de la CPI que precisar perfil de candidatos propuestos y sistema de votación escogido), así como al nuevo titular de la Fiscalía de la CPI (véase enlace sobre proceso seguido).
Con relación a la elección de los futuros jueces, sobre la que versarán las siguientes líneas, los Estados Partes son llamados a postular a sus nacionales en dos listas (A y B) de candidatos, según su perfil profesional (véase arículo 36, párrafo 3) del Estatuto de Roma: la lista A se reserva para profesionales del derecho penal, que cuentan con «reconocida competencia en derecho y procedimiento penales y la necesaria experiencia en causas penales en calidad de magistrado, fiscal, abogado u otra función similar«; mientras que la lista B contempla a personas con «reconocida competencia en materias pertinentes de derecho internacional, tales como el derecho internacional humanitario y las normas de derechos humanos, así como gran experiencia en funciones jurídicas profesionales que tengan relación con la labor judicial de la Corte«.
En la actualidad, de 18 jueces, la CPI cuenta con tres provenientes de América Latina y el Caribe (dos mujeres y un hombre). Como en muchas otras instancias internacionales, la igualdad de género sigue siendo un desafío en el seno de la justicia penal internacional, si consideramos que en su composición actual de 18 integrantes, la CPI cuenta con seis mujeres (véase listado oficial).
Cabe señalar que de un total de 18 postulantes para las seis vacantes, los Estados de América Latina y el Caribe han presentado en total a siete candidatos. La distribución geográfica no debería permitir más que un puesto para este bloque regional. La poca coordinación de la región que evidencian estos números implica para cada aparato diplomático la realización de diversas gestiones diplomáticas y solicitudes de apoyos, en aras de intentar alcanzar la victoria de su postulado o postulada: se trata de la candidata de Brasil (lista A), del candidato de Colombia (lista B) del candidato de Costa Rica (lista B), del candidato de Ecuador (lista B), de la candidata de México (B), de la candidata de Trinidad y Tobago (A) y de la candidata del Uruguay (B). En algunos casos, se trata de reconocidas figuras y profesionales en su campo, en otros no tanto; en unos adicionales, las atractivas condiciones que ofrece la CPI (véase enlace oficial) y el hecho de beneficiar de un mandato de nueve años pueden, en parte, explicar su interés por integrarla.
Nótese que no siempre este bloque regional ha actuado de esta manera: en el 2014, la coordinación regional permitió que el único candidato de América Latina y el Caribe fuera el candidato de Brasil. Este último inició con 34 votos a favor en la primera ronda y terminó retirándose de la contienda después de la ronda número 11 con 14 votos (véase nota oficial sobre elecciones del 2014 con resultados de las 22 rondas registradas).
Con relación al candidato propuesto por Costa Rica (véase hoja de vida), su innegable experiencia como diplomático es un elemento a tomar en consideración. No obstante, considerando la gran cantidad de profesionales y de especialistas en derecho penal y en derechos humanos con los que se cuenta en Costa Rica, así como jueces penalistas con amplia experiencia, no se tiene claro si su postulación resultó de una terna o de algun concurso involucrando el criterio de gremios profesionales, especialistas, escuelas de derecho y de la judicatura penal. En esta nota de prensa, se señala que las máximas autoridades diplomáticas de Costa Rica consideraron oportuno – febrero del 2020 – conocer a los demás contendores antes de hacer público el anuncio de la candidatura oficial (véase nota de CRHoy del 16/02/2020).
América Latina, mujeres y justicia internacional
Es de notar desde ya que a diferencia de Colombia, Costa Rica y Ecuador, los departamentos de candidaturas de Brasil, México y Uruguay optaron para esta contienda del 2020 por postular a una mujer: un detalle de interés que muy probablemente explique, si nuestra intuición es la correcta, la ventaja de la que estos aparatos diplomáticos sabrán sacar provecho a la hora de intentar convencer a las demás 122 delegaciones. En el 2017, para seis vacantes, los Estados Partes escogieron a cinco mujeres entre las 12 postulaciones (véase resultado oficial de votaciones).
En la primera elección de jueces de la CPI realizada en el 2003, el candidato de Bolivia, René Blattmann fue escogido por un mandato de seis años (véase hoja de vida), con 57 votos obtenidos (véase nota de prensa); al tiempo que la jurista costarricense Elizabeth Odio Benito reunió a 60 votos de 85 posibles en la primera ronda, con un mandato que culminó en el 2012 (véase nota de prensa de 5/02/2003). Nótese que la misma jurista costarricense fue electa jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el mes de junio del 2015 (Nota 3).
En el caso de otros integrantes de América Latina que llegaron a ser electos jueces en el seno de la CPI desde el 2003, se pueden contabilizar:
– la jueza propuesta por Argentina, Silvia Fernádez de Gurmendi, quién fungió como jueza de la CPI en el período (2010-2018), habiendo ocupado con anterioridad funciones dentro de la CPI (véase hoja de vida);
– la jueza propuesta por República Dominicana Olga Venecia del C. Herrera Carbuccia (2012-2021) (véase hoja de vida);
– la jueza propuesta por Perú Luz del Carmen Ibáñez Carranza (2018-2027) (véase hoja de vida).
A modo de conclusión
Es de notar que la nacionalidad de un juez en la CPI obliga al Estado del que es oriundo a cierta reserva, en aras de permitir cierta rotación a nivel de la región o subregión. Ello puede explicar por ejemplo que Argentina no postulara ninguna candidatura para estas elecciones del 2020 y que Brasil y Uruguay sí lo hicieran. También puede explicar que el candidato postulado por Costa Rica en diciembre del 2011 no tuviera mayores posibilidades, teniendo la CPI hasta el 2012 a una jueza de nacionalidad costarricense (véase rondas 9 a 11 y los votos registrados en diciembre del 2011).
Cabe también precisar que algunos candidatos propuestos poseen un perfil de personas poco familiarizadas con la justicia penal internacional: por ejemplo, podemos citar el extraño caso del candidato de Colombia y su negativa evaluación por parte de un comité internacional adscrito a la CPI (véase informe, página 19). Tratándose de un latitud del continente que posee a reconocidos especialistas en materia penal y en materia de derechos humanos, el espectáculo brindado por Colombia merece mención: pese a la recomendación negativa, el candidato colombiano sigue en la contienda y será interesante apreciar el número de votos obtenidos por la diplomacia colombiana.
En la práctica, se observa también que muchas de las personas que llegaron a la CPI ejercieron anteriormente como jueces penales en su Estado de origen, o bien adquirieron experiencia internacional en materia penal en funciones dentro de la CPI antes de integrarla como jueces titulares.
Con relación a Costa Rica, formalmente se trata de la segunda postulación oficial que realiza de un candidato para la CPI, si consideramos que la primera se dió en diciembre del 2011 sin lograrse concretar. En efecto, en el 2003, fue Panamá (y no Costa Rica) el Estado que postuló a Elizabeth Odio Benito, quien fungió como jueza de la CPI hasta el 2012.
–Notas–
Nota 1: Véase al respecto nuestra breve nota BOEGLIN N., «Sanciones de EEUU contra la Corte Penal Internacional (CPI): breves apuntes sobre sus verdaderas motivaciones«, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), Sección Voz Experta, edición del 24/09/2020, disponible aquí.
Nota 2: Véase al respecto nuestra breve nota de junio del 2020, BOEGLIN N., «A propósito de las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra el personal de la Corte Penal Internacional (CPI)»), Derecho Internacional, edición del 13/06/2020, disponible aquí.
Nota 3: Véase al respecto nuestra breve nota, BOEGLIN N., «Elecciones en el marco de la Asamblea General de la OEA: un breve análisis«, DerechoaldDia, edición del 17/06/2015, disponible aquí.
Imagen: Elizabeth Odio Benito, jurista costarricense electa integrante de la CPI (2003-2012), acompañada por Bruno Stagno Ugarte, Presidente de la Asamblea de Estados Partes a la Corte Penal Internacional (2005-2008) y ex Canciller de Costa Rica (2006-2010). Foto extraída de nota de prensa, Prensa Libre, edición del 14/08/2009
Esta nota fue elaborada por Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Sin duda alguna, los evangélicos/as de EEUU y de muchos países del mundo occidental cristiano, deseaban (todavía lo desean) que Trump hubiese ganado las elecciones presidenciales.
Recordemos que el 44 por ciento de los votantes registrados en EEUU, son cristianos evangélicos blancos, por lo que tienen importante peso en las elecciones.
Según expresiones de los evangélicos/as, la victoria de Joe Biden fue adelantada por algunos medios de comunicación, inicialmente de EEUU, y replicada por medios del mundo, tras conocer los resultados electorales en Estados Claves norteamericanos, pero que esta supuesta victoria será revisada por los tribunales.
Luego que Trump haya calificado los comicios de fraude, comenzará a procesar su caso en los tribunales para asegurar que las leyes electorales se respeten, y que se establezca al ganador legítimo. Algo que, probablemente, obligue el recuento de los votos escrutados en más de un Estado.
Ahora, ¿Por qué los evangélicos/as protestantes de EEUU (y no evangélicos/as en general), estaban seguros del Triunfo de Trump y de allí su apoyo?
Los siguientes elementos, explicaciones y afirmaciones, dan respuesta a la pregunta anterior:
Más que en ningún otro país occidental, las posiciones de los políticos en Estados Unidos sobre la legalización del aborto, alinean los apoyos electorales. Uno de los principios fundamentales del movimiento evangélico estadounidense, es el compromiso con la vida. Es la idea de que cada ser humano dentro del vientre, y fuera de él también, lleva la imagen de Dios.
Los evangélicos/as, están convencidos que Donald Trump es un dique contra la debacle moral del país, a pesar de que el político/empresario éticamente, está, muy alejado de lo que consideran modelo de vida.
El evangelicalismo blanco considera a Trump el único capaz de restaurar el paraíso perdido en la Unión Americana.
Trump se presenta como el Salvador, que luego de una edad oscura, ahora debe brillar la irradiante luz de otras épocas. La retórica de Trump coincide con el imaginario evangélico blanco, sobre el pasado del país y los nubarrones del futuro, al dejar atrás la herencia de haber sido fundada como nación cristiana.
Igualmente, Donald Trump continúa presentándose como el único que puede salvar a los Estados Unidos de las amenazas políticas, económicas y culturales que se ciernen sobre la nación.
El profesor de Historia en la Universidad Messiah de Pennsylvania, autor del libro “Créeme: el camino evangélico a Donald Trump”, John Fea, afirma: “Por mucho tiempo los cristianos evangélicos blancos, se han comprometido en la vida pública, mediante una estrategia definida por la política del miedo; la búsqueda de poder político (al que llama wordly power, poder mundano), y anhelo nostálgico por un pasado nacional que, en primer lugar, tal vez nunca ha existido”.
Según los evangélicos/as, a Trump lo salva, consideran, que es defensor de la vida y hombre de fe.
Así mismo, los evangélicos/as afirman que la victoria electoral es de quien obtenga más votos electorales, y no necesariamente a quien coseche la mayor cantidad de votos populares. Así sucedió en 2016, cuando Hillary Clinton, obtuvo casi tres millones de votos más que Trump, pero la peculiar forma de dirimir la elección presidencial en Estados Unidos hizo posible que ganara Trump. En este sentido, lo cierto es que el ex vicepresidente aún no ha ganado nada. Al menos, de manera legal.
Explicándolo, de la siguiente manera: En primera instancia, tal y como está constituido el sistema electoral estadounidense (sufragio indirecto), el ganador de los comicios no es ratificado, sino hasta el mes de diciembre. En realidad, a quienes eligen los votantes, el día de las elecciones, es a un grupo de 538 ciudadanos llamados “los electores” del denominado Colegio Electoral. Esos 538 constituyen lo que se conoce como los “votos electorales”.
El presidente de los Estados Unidos, se elige de manera oficial en el mes de diciembre, en una asamblea formada por estos 538 electores. El día de las elecciones, en las papeletas, cada candidato a Presidente lleva adjunto el nombre de su vicepresidente y el partido político al que pertenece. Pero estos votos no eligen de momento al Presidente, sino que eligen en bloque a esos compromisarios que irán después al Colegio Electoral en diciembre.
Como hay 538 electores en total, un candidato necesita al menos 270, para ser elegido. Lo que se traduce en la mitad de esos 538, o sea 269 + 1 = 270 electores para ser elegido Presidente de los Estados Unidos.
Finalmente, es el día 6 de enero, cuando el Congreso se reúne para contar los votos electorales, y certificar al ganador de la elección. Oficialmente, es ese el momento de la verdad.
Serán, en última instancia, la Corte Suprema de Justicia y el Congreso los que determinarán si realmente el Señor Biden, ha sido electo el 46 presidente de los Estados Unidos o no.
Según opiniones de altas personalidades del mundo evangélico: “Trump ha hecho más por el movimiento evangélico que cualquier otro presidente, desde la época de Ronald Reagan”.
Pese a tantas polémicas en torno al Presidente Trump (incluidas acusaciones de infidelidades matrimoniales y conductas sexuales inapropiadas, que él niega), cerca de tres de cada cuatro evangélicos blancos en EE.UU. aprueban su gestión, según un sondeo del Centro de Investigación Pew.
A su vez, en el año 2018 Trump, firmó una orden ejecutiva, para facilitar la participación de grupos religiosos, en campañas políticas, sin perder sus beneficios impositivos y hace unos días emitió otra, para aumentar la influencia de estos grupos dentro del gobierno.
Los evangélicos/as afirman que un compromiso de Donald Trump con ellos, es ayudarnos a ponerle un fin a la persecución mundial contra los cristianos, y proteger la libre expresión religiosa.
Por otro lado, el evangélico es uno de los movimientos más pro reforma migratoria. Tenemos que buscar una forma para legalizar, a aquellos que están aquí que no están involucrados en actividades negativas, y según ellos Trump, los ayudará en esto.
Hay un dato interesante, es conocida la cercanía de los evangélicos en general, con el gobierno de Israel, en este sentido, se entiende que, legisladores israelíes de derecha, llegados a la ciudad, en 2017,se dirigieron a reunirse con prominentes evangélicos estadounidenses en la Gran Iglesia Bautista Nueva Esperanza en el centro de Washington, DC, y dieron una conferencia sobre la importancia de trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, y se mostraron esperanzados de que, el presidente electo Donald Trump cumpliría su promesa de hacer el traslado.
Hasta aquí, respondemos un poco a la pregunta planteada: ¿Por qué los evangélicos/as protestantes de EEUU (y no evangélicos/as en general), estaban seguros del Triunfo de Trump y de allí su apoyo?
Ahora, hay un elemento poco conocido, que raya en lo económico, que responde a esta pregunta, y es el Reseteo Económico y el Nuevo Orden Mundial, veamos:
Qué es el Reseteo Económico Mundial?
El Foro Económico Mundial, define el “Gran Reinicio” como: “un compromiso para crear de manera conjunta y urgente, las bases de nuestro sistema económico y social para un futuro más justo, más sostenible y resilente”. Se invitará a líderes mundiales de gobiernos, las empresas y la sociedad civil.
En otras palabras, no es más que las grandes élites económicas consideran que es el momento, para la gran reingeniería social, resetear la economía mundial post-COVID, y darle sentido la expresión “la nueva Normalidad”, que nos lleva a un Nuevo Orden Mundial (N.O.M) con nuevo dinero digital, eliminando el actual sistema monetario, y anunciando el fin de dinero en efectivo que utilizamos en la actualidad.
Es un tiempo, donde se van a perdonar las deudas de los ciudadanos, se van a implementar nuevos planes, y otros.
¿Qué es Resetear la Economía?
Bautizada The Great Reset (el Gran Reseteo), esta iniciativa intentará “reconstruir” el sistema económico y social global, para hacerlo más sostenible. Este cambio total es presentado como necesario a causa del derrumbe de la economía mundial, consecuencia a su vez del confinamiento general.
¿Qué es el Reseteo del Dólar?
El “Reseteo” del dólar de Trump, sería el décimo mayor reajuste de los últimos 100 años. Una y otra vez a lo largo de la historia estadounidense, un orden económico se estanca y necesita ser reseteado.
Hasta ahora entonces, Trump está detrás de este Reseteo y los evangélicos/as lo ven, como el anunciado “nuevos cielos y nueva tierra”. Claro, para los hermanos/as evangélicos/as, esto tiene su carga bíblica y profética. En cierta forma son ingenuos, algunos, y/o hay una gran cantidad de ellos, que buscan beneficiarse de este nuevo sistema, entendido como un Nuevo Orden Mundial.
Estamos en ese punto ahora, el Fondo Económico Mundial (WEF) ha previsto una cumbre para enero de 2021 en Davos, Suiza, con el tema el gran reinicio, donde debía (debe) estar Donald Trump.
Ahora, ¿de dónde provendrá el dinero para iniciar este Nuevo Orden Mundial y poder Resetear la Economía/Dólar ? ¿y Cuál es su base jurídica?
Hay un acuerdo llamado el Acuerdo de Nesara/Gesara:
El acuerdo mundial de Gesara (Ley de Seguridad Económica Global) fue firmado por 209 de 253 países del planeta. Los fondos de prosperidad de Nesara/Gesara tienen su origen durante los gobiernos del mítico presidente Kennedy en EE. UU. y Sukarno, presidente de Indonesia, años 60.
Nesara, es consecuencia de largos procesos judiciales, contra la banca, promovidos por militares jubilados y granjeros estadounidenses, por embargos fraudulentos, la Corte Suprema de EEUU (1993) falló a su favor reconociendo que había evidencia de fraudes y dictaminó que se requerían reformas sustanciales.
De ahí surge, la Ley Nacional de Reforma y Seguridad Económica (Nesara), que fue aprobada en el año 2000, en sesión secreta del Congreso de EEUU, y firmada por Bill Clinton antes de dejar su cargo; contendría medidas como: eliminación de la Reserva Federal de EEUU, abolición del Impuesto sobre la Renta, perdón de deudas, liberación de más de 6.000 patentes ocultas, entre otras.
Por su impacto mundial, se optó por globalizar Nesara, así que en 2014, coincidiendo con el Acuerdo Climático de París, 209 naciones firmaron el acuerdo Ley de Reforma y Seguridad Económica Global (Gesara), que debía implantarse en tres años. El acuerdo contempla: erradicar la fijación de precios, por las élites financieras de los valores de respaldo, que las monedas se basen en el verdadero valor del oro, más otros 40 minerales económicos críticos, así como el petróleo y reservas de gas natural licuado.
Cuando señalamos que Donald Trump está detrás del inicio de esta trama económica mundial, lo hacemos con estos señalamientos:
El pasado miércoles 22 de enero 2019, el presidente Trump y el Tesoro estadounidense firmaron el reinicio financiero mundial, y los bancos suizos recibieron autorización para introducir los códigos necesarios para la liberación de fondos. Además, un contacto en Europa, afirma haber intercambiado con total liquidez, y tenían plena liquidez con acceso a los fondos.
El presidente Trump regresó de Davos el miércoles 22 de enero, y se comunicó por teléfono con cinco países diferentes. El nuevo Tesoro de los Estados Unidos firmó el reseteo a las 4:30 de la tarde del miércoles 22 de enero y el presidente Trump firmó el reinicio financiero mundial a las 7 de la tarde del miércoles 22 de enero. Los Ancianos Chinos querían que esto pasara el viernes 24 de enero, porque querían volar de regreso el sábado para sus fiestas de año nuevo.
Igualmente trascendió que en esa misma fecha:
El presidente Trump celebró una cumbre monetaria internacional en su Casa Blanca de Invierno en Florida, situada en el histórico centro turístico de Mar-a-Lago.
Utilizando su poder, reunió a los líderes financieros más importantes del planeta.
Esto incluiría representantes de Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Italia, Francia, Reino Unido y del Fondo Monetario Internacional.
Todos están de acuerdo en revalorizar de forma conjunta, todas sus monedas contra el oro, hasta que el precio de esta materia prima alcance los US$ 10.000 la onza. El Consejo de la Reserva Federal convocará entonces una reunión especial de su junta y votará una nueva política y anunciará al mundo que el precio de la onza oro será de US$ 10.000.
El Sistema de Reserva Federal, hará que la onza de oro valga US$ 10.000, utilizando las reservas que el Tesoro tiene de este material en Fort Knox, y los principales comerciantes de esta materia prima realizarán operaciones de mercado abierto en oro.
En resumen, ya sabemos los intereses tanto “espirituales” como materiales, porque los hermanos/as evangélicos/as, y no evangélicos/as, deseaban (desean) tanto que Trump ganara las elecciones, de allí su apoyo incondicional, que olvida, no importa quién sea ni que represente, lo importante son los resultados. “El fin justifica los medios”, premisa nada cristiana ni mucho menos evangélica.
