De acuerdo con un comunicado de la Contraloría General de la República, una auditoría realizada tuvo como objetivo determinar si el proceso de cobro de las obligaciones del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) cumple razonablemente con el marco normativo y técnico aplicable.
El análisis consideró la revisión de las acciones ejecutadas por la CCSS desde el momento donde se factura la obligación, hasta la recepción de los recursos, en rubros que afectan tanto el Seguro de Salud como el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Para el periodo 2020-2023, los saldos que no se han cobrado o se han dejado de pagar, crecieron 106,6%, alcanzando un monto de ¢3,6 billones a finales de 2023, que en perspectiva, equivale a un 7,3% del PIB, aproximadamente, y casi un 30% del Presupuesto Nacional para ese año, lo cual afecta las finanzas institucionales y por ende su sostenibilidad.
Conclusiones de la auditoría
Se determinó que la CCSS incumple con todos los aspectos significativos del proceso de cobro de las obligaciones del Estado y su gobernanza, en los términos establecidos en los criterios de la presente auditoría:
La CCSS cobró el 44% de las obligaciones facturadas al Estado en el período 2020-2023 lo que significa que dejó de cobrar ¢1,62 billones del total del monto facturado (¢2,89 billones) en ese período, lo cual ha generado que el remanente se acumule en el tiempo y genere intereses moratorios (¢323.557,66 millones en ese periodo).
Existen conceptos por los cuales la CCSS no ha recibido recursos sobre las facturas emitidas en el periodo 2020-2023; entre ellos sobresale el caso por el concepto de “Asegurados por Cuenta del Estado”, sobre el cual la CCSS no ha recuperado los recursos facturados desde 2020 y cuyo monto asciende a ¢437.430,33 millones.
La CCSS no implementa el cobro administrativo en su totalidad de acuerdo con el procedimiento aplicable; no emite y notifica avisos de cobro, no eleva a los altos niveles los casos a cobro para valorar acuerdos de pago y omite la conformación del expediente; únicamente emite facturas y certifica las deudas como insumo del informe de deuda dirigido al Ministerio de Hacienda, que es remitido mensualmente a esa instancia.
No implementa el cobro judicial para todos los casos (únicamente se tiene un caso en proceso de cobro judicial iniciado en el 2023, que representa un 2.03% del total facturado en ese año). Tampoco remite facturas de los montos que debe cobrar mensualmente al Estado por el “Traspaso del primer nivel de atención” y únicamente lo suma al registro de la deuda acumulada por este concepto.
Ver página 18 del informe:
«Al Lic. Gustavo Picado Chacón en su calidad de gerente financiero o a quien en su lugar ocupe el cargo.
4.4. Actualizar e implementar el Procedimiento para la Gestión de las deudas del Estado con la CCSS para que se incluya lo siguiente: definición de roles y responsabilidades de las unidades que intervienen en determinar montos a facturar, el plazo del trámite de cobro, el momento de registro de la cuenta por cobrar, el momento de rige en la suma de intereses y las actividades de control que aseguren el cobro de las obligaciones del Estado por la vía administrativa, y de no recuperar los recursos proceder al cobro judicial, aplicable a todos los conceptos que la CCSS cobra al Estado. Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, deberá remitir al Área de Seguimiento para la Mejora Pública de la Contraloría General:
A más tardar al 30 de junio de 2025, una certificación que haga constar la actualización del procedimiento señalado.
A más tardar el 31 de octubre de 2025, una certificación que acredite su implementación».
Según la noticia que circula hoy en los diarios, el Gerente de Pensiones de la CCSS don Jaime Barrantes, denuncia que este año tuvieron que tomar 222 mil millones de cólones, ¡casi nada!, correspondientes a los intereses de la reserva de pensiones de la Caja, lo que incrementa la gravedad del régimen de pensiones a cargo de esa institución.
¿Y por qué tuvieron que llegar a esa decisión extrema para pagar las erogaciones de este año? Por una sencilla razón: el ministro de Hacienda no giró, ni un solo céntimo, de las obligaciones que tiene el gobierno con la Caja en este tema. Y de remache, el todo poderoso ministro desde su trono hacendario, también se retiró de la mesa de diálogo sobre pensiones, porque en ella se discutía un proyecto presentado por don Rodrigo Arias y no el que él y el gobierno del autócrata al que sirve como asustado cervatillo guanacasteco, habían presentado. Entonces hizo lo de los güilas malcriados y caprichosos… agarró la bola y se fue para donde Papi, y paró la mejenga, y no digo partido, porque con este gobierno del pichón de autócrata solo hay mejengas, todos contra todos.
Pero lo sucedido es muy grave, sin embargo, ojalá sirva para que acabe con el servilismo mental que todavía consume a muchos compatriotas que apoyan a este desgobierno; pues lo que han puesto en sumo peligro es su salud de hoy y su bienestar de mañana con su pensión. Todo porque el “DesChaves“ presidencial quiere privatizar la CCSS base fundamental del Estado Social de Derecho que también quieren destruir… despierte costarricense, ¿o morirá dormido?
Y Don NOgui, ¿donde dejó usted su conciencia social? No sé si en algún rincón de la cantina familiar allá en Tamarindo o como tasajo seco de cecina al estilo guanaco, en algún potrero de la pampa… pero la insensibilidad, pedantería, altanera e ignorancia de este ministro está matando la sociedad equilibrada y justa que caracterizó a Costa Rica, que si no era perfecta, era mucho mejor que los escombros que nos dejará el chavismo.
Rafael A. Ugalde Q. Periodista, abogado y notario Rodrigo Arias López. Actuario y matemático
Dedicado a todas las víctimas del reformismo costarricense, que nos enfermó generación tras generación, en especial a todos los asegurados, trabajadores/as y pensionados/as de nuestra Caja, que han sentido en carne propia como cercenaron sus derechos a salarios justos y jubilaciones dignas, por las políticas de la oligarquía criolla rapaz, con sus sartas de cuadrilleros convenciéndonos que todo se trata de pegar más parches.
Los veremos ahorita con cara de preocupados porque estamos perdiendo la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), herencia innegable de una institución revolucionaria para la época, visualizada entonces por los calderocomunistas y aquellas mentes humanistas que pusieron a la persona como eje central de la justicia social, pero son los mismos que callaron cuando descubrieron el millonario negocio de que es mejor “tratar” la enfermedad, en lugar de prevenirla. Identifíquelos: son los mismos que vieron “normal” obligar a los empleados y pensionados de la CCSS a “reajustar” sus ingresos con verdaderas garroteras internas que no daban abasto con los créditos urgentes. Ni dijeron nada cuando empezaron a tercerizar la producción de medicamentos y servicios de la entidad aseguradora, con el mismo cuento de ahora: es más barato.
En nuestras tres entregas anteriores desvelamos el plan capitalista de estos enterradores de ayer y hoy, de fortalecer a la CCSS en un negocio mercantil iniciado por el PLN en la década de 1970, continuado por el PUSC en 1990, el PAC en 2014 y el PPSD en 2022; en contraposición al derecho a la vida, la salud y a una vejez digna como seres humanos. Mostramos el nefasto impacto de esas políticas reaccionarias y reformistas sobre los servicios de salud de la CCSS, en particular en un aumento en las llamadas listas de la muerte, así como en el deterioro de las finanzas y reservas del régimen de pensiones (IVM). A este, presuntamente, cada año, le dan un “manazo” de ¢1 billón (nada que ver con Aldesa, La Trocha, Banco Nacional, Coopeservidores, el Cementazo, entre otros en etapa de investigación judicial, a vista y paciencia de Edmundo y todo el mundo). ¿Y ello cómo lo afecta a usted mujer trabajadora, trabajador estatal o de fábrica, estudiante o jubilado? Ahora bien: ¿Qué proponen estos reformistas frente a un inminente colapso? La gran solución propuesta es reducir aún más los beneficios ofrecidos por el IVM, aumentar sus contribuciones y las edades de retiro, frente a el envejecimiento de la población advertidos desde hace 40 años. No se deje engañar por los cuadrilleros de la oligarquía y sus voceros ahora “preocupadísimos”. Sus preocupaciones son falsas y productos de la politiquería de los partidos citados anteriormente. El plan es sencillísimo: Confundir a los asegurados y pensionados de la CCSS y enfrentarnos unos contra otros para que veamos oscuro el horizonte en relación con el futuro de la seguridad social y aceptemos las filas en los EBAIS, las listas de espera, la falta de especialistas etc., justificado todo con un datito por aquí, otro por allá, declaraciones oficiales, un parchecito aquí, esta promesa electoralista del candidato a diputado, haciendo que cambiemos derechos que nos corresponden desde hace décadas para revertir la situación y acabar con la enfermedad y el dolor ajeno como negocio de unos pocos; por lo tanto nada hay que agradecer por sus supuestos regalos (Ver Parte III). Nos corresponde realizar un inventario en nuestro barrio, en nuestro sindicato, asociación de mujeres, de estudiantes, etc., sobre qué niveles de articulación tenemos y empezar a darnos cuenta, que no solo está en crisis la Caja, sino todo el modelo reformista y que nos urge ampliar nuestra práctica democrática de abajo hacia arriba y no como nos quieren acostumbrar de arriba hacia abajo.
Lo anterior, si bien en nuestro país, la soberanía no radica en el pueblo, al tenor del artículo 2 de nuestra Constitución Política, cuando señala que “la soberanía reside exclusivamente en la Nación”, el 9 nos da asidero cuando nos dice en sus primeras líneas que todo gobierno de la República “es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable”. Esas seis condiciones, una vez cumplidas, las “…Ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial…” A nadie obligan a pensar como partido político, esta o aquella organización, ni prohíbe la búsqueda de la democracia participativa como forma de convivencia pacífica y democrática.
Por tanto, esta última entrega de los suscritos deja en sus manos, el daño ocasionado por años de reformismo a todos los trabajadores y trabajadoras, desempleados, pensionados, amas de casa, profesionales, campesinos, etc., sin ningún distingo religioso ni partidario que, aunque el camino no es fácil, el horizonte está clarito, siempre y cuando entendamos que el objetivo fundamental de estos cuatro esfuerzos nunca se apartó de un primer y segundo objetivo. Por un lado, entregar un camino para que construyamos, como sujetos activos en transformar sí lo queremos, sin farsas ni simuladas intermediaciones, para alcanzar un mejor futuro para nosotros, para nuestros hijos y para sus futuras generaciones, el segundo objetivo depende del primero: organizarse con articulación como obligación primigenia y perder el miedo por el debate de ideas, solo así distinguimos cuando estamos frente a nuevos o viejos lobos que se visten con piel de oveja.
El derecho a la vida y a la salud se materializan con la prevención de enfermedades y no esperar el tratamiento y el dolor como negocio, de tal manera que cuando haya necesidad de hospitalización o cirugías para quienes contribuyen y contribuyeron solidariamente con la Caja encuentren un internamiento inmediato, una operación quirúrgica oportuna y medicamentos de calidad. Mientras nuestra CCSS la tengan cabeza hacia abajo y sus pies apuntando a el cielo raso, el derecho humano a la vida es un eufemismo expresado en más de 4000 recursos de amparo tramitados por la Sala Constitucional. Habrá además salarios justos e ingresos suficientes -subsidios y pensiones- en caso de enfermedad, incapacidad temporal y permanente, vejez y muerte, como derechos fundamentales para toda la población, aún para aquellos sectores que defienden una especie de “secuestro” del Seguro Social desde sus posiciones privilegiadas, con las que procuran su eliminación, reduciendo sus capacidades, por afanes, como se ha dicho, meramente mercantiles.
La piedra en el zapato para lograr este objetivo está en el Estado, administrado en su totalidad bajo los gobiernos del PLN, el PUSC, el PAC y el PPND, porque como quedó demostrado desde hace décadas no giró a la CCSS los dineros ordenados por los artículos 2 de la Ley N° 5349 y el 9 de la Ley N° 7374, con la complicidad de las altas cúpulas de la Caja, incluyendo juntas directivas, gerentes y mandos medios.
Viene acotación a lo anterior porque por años y hasta nuestros días, nos hacen creer que hay un “socialismo democrático”, “sociedad inspirada” en las Encíclicas papales o las órdenes de los gerentes del Banco Mundial, capaz de desarrollar un “capitalismo bueno”, como resumió una vez un personaje de nuestra política, cuando prometió “un país de propietarios y no de proletarios”, sí empezábamos a vender hasta la forma de caminar a cambio de endeudarnos. Las oligarquías y sus burguesías no funcionan así.
Estas cúpulas dicen a todas las víctimas del reformismo que la opción es este o aquel parche y jamás replantearse la Caja con la inspiración de hace 83 años, produciendo sus medicamentos, promoviendo la prevención de la enfermedad, cada comunidad con su médico familiar, acceso a los mejores especialistas del continente que sientan devoción por la salud pública, tecnología de punta, etc., dado, según te argumentan, que no hay plata. Veamos los siguientes gráficos y no coma cuentos.
Gráfico N° 1. Gastos del gobierno central en millones de colones
En este Gráfico N° 1, observe que el gasto en transferencias, en donde están, entre otros, los aportes estatales a la CCSS, así como en “otros”, es prácticamente el mismo, desde el año 2019; en salarios el gasto es el mismo desde 2021, mientras que el gasto en pago de intereses crece como la espuma desde 2017. Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.
Gráfico N° 2. Gastos del gobierno central como porcentaje del PIB
En el Gráfico N° 2 vemos que desde 2013 se ha venido reduciendo el gasto en remuneraciones; a partir del año 2018 ya se atisba una baja en las transferencias. Todo esto en beneficio de los banqueros nacionales e internacionales, pasando el gasto en pago de intereses de un 2,5% sobre el PIB (Producto Interno Bruto) en 2013 a un 4,8% sobre el PIB en 2023. El gobierno de Chaves vino a ponerle la cereza al pastel, reduciendo el gasto social a un 6,1% sobre el PIB, promoviendo una política que nos regresará a los valores que teníamos en el año 2006.
Mientras tanto, el gasto en el pago de intereses ha crecido, en promedio, un 15,5% anual, desde el año 2013, el gasto en remuneraciones y transferencias ha aumentado solo un 4,8% anual. El PIB creció en promedio un 6,5% en el mismo período, véase el Gráfico N° 3. Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.
Gráfico N° 3. Tasas de variación del PIB y de gasto del gobierno central
En este gráfico tenemos que desde el 2006 a 2023 los gastos totales crecieron un 10,1% anual en promedio y el PIB creció un 8,7% anual en promedio, Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.
Gráfico N° 4. Ingresos del gobierno central en millones de colones
En este Gráfico N° 4 el lector observa como los ingresos, en cambio, han crecido en los últimos años, justo lo necesario para pagar a los banqueros, es decir a la oligarquía que nos gobierna desde hace décadas, gracias al IVA impuesto por sus diputados en la Asamblea Legislativa desde 2019. Igualmente, por el impuesto a los ingresos y utilidades que pagan los trabajadores y las empresas, aunque en última instancia, son los asalariados y los pensionados los sacrificados. Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.
Gráfico N° 5. Ingresos del gobierno central como porcentaje sobre el PIB
En este Gráfico N° 5 observemos como con el TLC de Oscar Arias Sánchez, Aduanas pasó de ser la principal fuente de ingresos en 2008, a convertirse en la tercera fuente en 2020 y 2023. En 2008 este rubro era el 4,9% del PIB y en 2023 fue 2,7% del PIB. La fuente principal de ingresos pasó a ser el impuesto a los ingresos y utilidades, que pasó de 4,3% sobre el PIB en 2008 a 5,3% en 2023, seguido del impuesto de ventas (IVA), que pasó de 2,7% a 3,0% del PIB en los mismos años, respectivamente. Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.
Gráfico N° 6. Tasas de variación de los ingresos del gobierno central
En el Gráfico N° 6 pueden verse las variaciones de los ingresos, en los cuales se evidencian los efectos del TLC (Tratado de Libre Comercio) y de la pandemia de Covid 19. Las altas variaciones de los “Otros” ingresos son el efecto de las transferencias a las que recurren los gobiernos para tratar de mitigar el faltante de recursos, evitando que la foto salga muy fea ante los organismos financieros internacionales. De 2006 a 2023 los ingresos crecieron en promedio un 9,6% anual. Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.
Gráfico N° 7. Déficit del Gobierno Central en millones de colones y % del PIB
El déficit del gobierno se financia básicamente con deuda, no porque vos y nosotros hayamos querido, como está resumido en la ilustración número 7. Allí, indicamos, que este faltante creció de ¢0,5 billones en 2009 (2,9% del PIB) a ¢2,9 billones en 2020 (8% del PIB), bajando a ¢1,1 billones en 2022 (2,5% del PIB), gracias al sacrificio a que nos han sometido, sin excepciones a la regla, quienes supuestamente nos han gobernado. Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.
Gráfico N° 8. Deuda del gobierno central como porcentaje del PIB
Hemos confeccionado este gráfico numerado como 8, con el fin que vos veas y analices, para que quienes hablen de “alianzas” electorales pegadas con saliva – porque hay ausencia de un proyecto de nuevo país, producto de soluciones al atolladero que nos dejaron-, convocatorias coyunturales, diálogos, etc., puedas confrontarlos con la deuda pública del gobierno central (no conocemos quienes son las familias los tenedores de sus bonos), que pasó de un 24% sobre el PIB en 2008, a un 61% sobre el PIB en 2023, acelerando su aumento en 2016, principalmente, con endeudamiento interno y, a partir de 2020, con deuda externa (Gráfico N° 8). Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda.
Gráfico N° 9. Gasto del gobierno central en intereses por la deuda, % del PIB
El proyecto de nuestra oligarquía y burguesías internas, robustecido en 2008 con el TLC del PLN, vitaminado por el PAC en 2014 y fortificado por el PPSD en 2022 -sin dejar de mencionar a los flamantes partidos de “oposición” caracterizados por una amplia gama también de reaccionarismo y reformismo, ya no saben cómo complacer la denominada Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). A todos consta como recientemente la OCDE comparó el gasto en pago de intereses de la deuda del gobierno central de Costa Rica, con el de la misma organización OCDE, así como con el de algunos países de América Latina. Por ejemplo, en 2022, indicó, que el gasto en pago de intereses de la deuda supera el 5% del PIB en Costa Rica, mientras que en otros países de América Latina es la mitad y en la OCDE un tercio de esa cifra (Analice, no lo vea solamente, el Gráfico N° 9 para evitar que nos den gato por liebre). Fuente: Resumen-Ejecutivo. Notas: CRI: Costa Rica; ALC: Chile, Colombia, México y Brasil.
Para la OCDE se debe reducir aún más el gasto y controlar la evasión fiscal. Señala que los “ingresos tributarios, que representan el 23% del PIB, se ven disminuidos por los altos niveles de evasión fiscal, bases impositivas estrechas y una multiplicidad de gastos fiscales. El sistema tributario apenas reduce la desigualdad de ingresos.” (Ver Resumen-Ejecutivo).
Para que no crean las promesas reformistas de que con el aumento de los impuestos iban a combatir la evasión fiscal, recordemos que en 2013 la evasión y elusión fiscal rondaba el 8,22% del PIB (Ver OCDE-2017) y para el año 2022 aumentó a un 10,2% sobre el PIB, según declaraciones de las autoridades de Hacienda (Ver SemanarioU). Por lo tanto, con solo un poco de aritmética, entonces la cifra de evasión y elusión anual rondaría los ¢5 billones en 2024. ¿Cuántas escuelas, hospitales del primer mundo, casas para trabajadores/as, colegios, centros de alta tecnología para aplicación de nuestros pequeños y medianos productores etc., podríamos construir con esa platilla?
Entonces, volviendo a lo inducido en nuestra CCSS, en el corto plazo, las clases populares dejan perder la institución o ya dejamos de comer cuentos, obligando de una vez por todas a recaudar parte de ese dinero evadido y eludido y con esos recursos frescos, sacar a la Caja de la politiquería barata, dotándole, por un lado, fondos directos, independientemente de a quienes pongan como presidente y diputados los dueños del capital. Esto tendría que incluir financiamiento para el gasto del seguro de salud de los asegurados por cuenta del Estado, según ordena el artículo 2 de la Ley N° 5349. Por otro lado, poco se logra con lo anterior, sí dejamos por fuera, el financiamiento del gasto o inversión en la atención primaria de la salud, a que obligaron asumir a la Caja con la imposición de los artículos 7 y 8 de la Ley N° 7374. Esto no solo dotará de financiamiento al llamado SEM, sino que le dará sostenibilidad al IVM, pues se dejarían de usar sus fondos para fines de dudosa autorización.
Mientras los asegurados actuales y futuros, así como los jubilados o pronto a pensionarse, no tengamos claro estas dos luchas a muy corto plazo, frente a toda fuente de los problemas de la CCSS, marginando estas dos cuestiones de fondo (son solo dos), todo llamamiento a manifestarnos, a qué defendamos la Caja, así en abstracto, diálogos por la seguridad social, solemnes comisiones en la Asamblea Legislativa, marcadas en el pasado por aires circenses de vez en cuando, etc., tememos que nuestros oligarcas y nuestra burguesía impondrán la medicina privada y la salud como negocio y nuestro seguro social será convertido en un cascarón desnaturalizado y vacío.
Recordemos que el 9 de octubre de 2024, representantes de la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS), se reunieron con funcionarios de la Defensoría de los Habitantes para solicitar apoyo del órgano defensor para la presentación de proyectos de leyes encaminados a ayudar a resolver lo que en el párrafo anterior denominamos problema a resolver en el corto plazo, así como pedirle su intervención para reducir las llamadas listas de la muerte, presionando a la CCSS para la contratación de al menos 2 mil médicos, la mitad en el primer nivel de atención y el resto en los otros dos niveles.
Tengamos presentes que toda recuperación de derechos no cae del cielo y es producto de niveles de conciencia alcanzados y expresados al unísono en determinados momentos históricos por los trabajadores, los estudiantes, los campesinos, los desempleados, etc.
Es cuando comprendemos que toda riqueza de unos pocos tiene el mismo origen de la pobreza en las mayorías. Los primeros vienen acumulando abundancia de poder desde hace más de 500 años, porque el imperialismo europeo basó su bienestar material porque saqueó inmisericordemente a América y África. Luego cede esta práctica a las trece colonias del Norte que no detiene el saqueo hasta nuestros días, siendo en ambos casos sus riquezas proporcionalmente a la pobreza en que dejan a los saqueados.
Mientras no tengamos claro este postulado a la hora de explicar la llamada acumulación originaria en nuestras naciones, cualquier “alianza” política luce pegada con saliva, es pasajera y hasta falsa, porque carece del cemento solido aportado por los trabajadores, trabajadoras, obreros, estudiantes, campesinos, etc., en plena unidad aglutinados conscientemente en qué solo son ellos quienes tienen capacidad plena para producir lo que nos comemos, sin el visto bueno del extranjero, son ellos, únicamente ellos, quienes deciden la convivencia y las relaciones con todos los pueblos del mundo, sin sumisión alguna ni exclusiones odiosas. Son estas mujeres y hombres costarricenses unidos, y no alianzas electoralistas, quienes tienen el poder de definir cómo vamos a crear biotecnología médica para aplicarla gratuitamente en nuestra CCSS, qué uso vamos a dar a la tecnología qué vamos a crear para beneficiar el pequeño y mediano productor, a nuestros estudiantes de toda la educación pública, a ese pequeño y mediano empresario, primer productor de empleo en nuestro país. ¿Cuántas viviendas vamos a crear este año? ¿Cuántas represas nos toca levantar para que dentro de cinco años todos tengamos electricidad y agua potable, gracias al talento de nuestros profesionales y obreros?
¿Tan inalcanzable es eso? La respuesta es suya; nosotros terminamos estas cuatro entregas, porque durante meses sentimos que el silencio equivale a complicidad y deshonestidad y, teníamos entonces, nos dictaba nuestra conciencia, la obligación ética y moral de entregar humildemente nuestro esfuerzo a quienes por décadas han quitado sus voz y avasallado su salario, su derecho a un empleo decoroso, a su jubilación, sus citas en el Seguro, su derecho a la prevención de la enfermedad, a vivienda digna, a producir lo que nos comemos, a qué no vengan a decirnos quiénes son nuestros amigos, etc.
Contexto: Este proceso responde a la solicitud realizada por la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social en el oficio ACSS-007-2024, que planteó inquietudes sobre el reajuste de las pensiones ordinarias del Régimen No Contributivo (RNC), bajo la Ley N.º 5662 y Ley N.º 8769. Se presentaron varias preguntas y solicitudes relacionadas con el monto de la pensión, la falta de ajuste en el año 2024, y la entrega de información médica sobre las causas de invalidez para los beneficiarios.
Primera respuesta: Solicitud de reajuste de pensión La Auditoría solicitó el reajuste del monto de las pensiones del Régimen No Contributivo, aumentando de ¢82.000 a ¢102.500. En respuesta, se indicó que, aunque la Ley N.º 5662 reformada por la Ley N.º 8783 establece la protección para las personas en situación de pobreza extrema que no califican para otros regímenes, el financiamiento del RNC depende principalmente del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), administrado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Se aclaró que la disponibilidad presupuestaria constituye el límite máximo para la gestión de las pensiones. La Junta Directiva de la CCSS, en conjunto con los estudios técnicos correspondientes, tiene la facultad de decidir sobre la variación en el monto de la pensión, siempre que haya suficiente financiamiento y que se cumpla con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026 y las normativas de la Contraloría General de la República.
Por lo tanto, debido a la planificación presupuestaria, en 2024 no está previsto un incremento en el monto de las pensiones ordinarias y, por el momento, tampoco se ha considerado un aumento para el año 2025.
Segunda respuesta: Solicitud de ajuste de pensiones conforme a la Ley N.º 7125 La Auditoría también solicitó que se realizará el ajuste de las pensiones bajo la Ley N.º 7125 a partir del 1.º de enero de 2024. Se explicó que, debido a la situación financiera del Régimen y a los recursos aprobados, no fue posible hacer el ajuste en la fecha solicitada. Sin embargo, una vez que se recibieron recursos adicionales, se emitieron las instrucciones para realizar el ajuste correspondiente, el cual se aplicará en la planilla de septiembre de 2024, incluyendo el pago retroactivo.
Tercera respuesta: Solicitud de datos de invalidez del RNC/PCP Se pidió el suministro de un archivo en formato Excel con información detallada sobre las pensiones del RNC por invalidez, incluyendo variables como número de caso, número de identificación, fecha de nacimiento, fecha de vigencia y la causa de invalidez. En respuesta, se proporcionó un archivo adjunto (Anexo 1), limitado por la privacidad de los datos de carácter médico.
Cuarta respuesta: Solicitud de lista de enfermedades equiparables a PCP, autismo y mielomeningocele La Auditoría solicitó una lista de enfermedades o condiciones equiparables en severidad a la Parálisis Cerebral Profunda (PCP), autismo y mielomeningocele, de acuerdo con dictámenes emitidos por la Comisión Calificadora del Estado de Invalidez. El Dr. Henry Jiménez Naranjo, director de la Dirección de Calificación de la Invalidez, emitió una respuesta indicando que el sistema integrado de pensiones clasifica a los usuarios de la Ley N.º 8769 bajo la categoría de condiciones equiparables a PCP.
El Dr. Jiménez mencionó que las condiciones equiparables en severidad incluyen alteraciones genéticas, síndromes neurológicos con procesos degenerativos, retardo mental severo con trastorno conductual de difícil manejo, entre otras. Estas condiciones requieren de cuidados permanentes y suelen estar bajo el cuidado de familiares, lo que les impide realizar actividades laborales remuneradas. La evaluación médica de cada caso es realizada por el personal médico de la Dirección de Calificación de la Invalidez y la Comisión Calificadora.
Para complementar la respuesta, se adjuntó un documento titulado «Guías para la Evaluación de Invalidez y Discapacidad» (Anexo 2), aprobado por la Junta Directiva de la CCSS en sesión N.º 9031, el 9 de mayo de 2019, el cual detalla las patologías equiparables a la Parálisis Cerebral Profunda.
En conclusión la CCSS respondió a las consultas planteadas por la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social en relación con el ajuste de las pensiones del Régimen No Contributivo y proporcionó la información solicitada, en la medida que fue posible, dadas las limitaciones de presupuesto y los aspectos médicos confidenciales. Se reiteró que no habrá aumentos en las pensiones ordinarias durante el año 2024, y que se aplicará el ajuste de la Ley N.º 7125 en septiembre de 2024.
En el PDF adjunto se puede ver el oficio de referencia.
Dedicado a quienes hace 83 años lucharon por que las mujeres parieran dignamente y vieran crecer alegres a sus retoños, sin lepra, tuberculosis, tosferina y sarampión a la sombra de nuestra CCSS.
Otro déficit al menos de ¢74,6 billones en el Seguro de Invalidez y Muerte (IVM) se suma a los faltantes en las polémicas contabilidades de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), atentando contra el futuro y el bienestar de más de 3 millones de trabajadores registrados en IVM según datos publicados por la Superintendencia de Pensiones (Supen) y la CCSS.
Mencionamos en nuestra primera entrega el viejillo cascarrabias que decía cómo la historia ocurre dos veces, “la primera, como tragedia, y la segunda, como farsa”. La tragedia la abordamos en nuestra segunda entrega; pero la dejamos abierta para la meditación seria, cuando demostramos que la deuda estatal con la CCSS supera los ¢20 billones, sin mencionar cuánto más (Ver La-tragedia).
Conociendo con precisión la enfermedad del paciente y sus causas, se puede no solo emitir criterio sobre su cura, sino también descubrir y combatir la farsa elaborada por los mismos que han venido “barrenando” este paciente, a vista y paciencia, con pocas excepciones a la regla, desde los medios de comunicación, partidos políticos, politiqueros de oficio y otros especímenes. Cualquier costarricenses con alguna sensibilidad aún en la piel, con el más mínimo pellizquito, verá a muchos de ellos campantes en sus puestos, aplaudidos por los voceros autorizados por nuestra oligarquía, mientras otros no han dejado de rondar la institución en sus planes para la privatización de esta querida entidad nacional. ¿Cuál es, entonces, la farsa?
En nuestra segunda entrega se hizo un apretado recorrido por la administración Calderón Fournier, los cambios en la Ley 7374 y como hubo una segunda “barrenada” – la primera ocurrió desde la administración Monge-, pues nunca dieron a la CCSS los fondos ordenados por dicha normativa. Este tercer esfuerzo, sometido a la consideración de todos nuestros trabajadores y trabajadoras, estudiantes, campesinos, profesionales e intelectuales honestos, sin importar afiliación partidarista, edad o sexo, se centra sobre cómo las sociedades proclives a el “reformismo” facilitaron el asalto continental a los fondos de pensiones y el serio peligro en que está el IVM y su pensión digna.
En relación con nuestro IVM, Jaime Barrantes, gerente de pensiones de la Caja, explicó una vez “que la mezcla entre el rápido proceso de envejecimiento de la población, aunado a la reducción de la natalidad, tienen como efecto una baja en el incremento en la afiliación de cotizantes y su eventual desequilibrio futuro”, según La Nación del 16 de setiembre de 2024, periódico que de paso es importante recordar que desde sus inicios combatió la seguridad social con los tres pilares de financiamiento (patronos, trabajadores y Estado), aunque hoy, pareciera interesado en la defensa de la Caja.
Barrantes por la fuente citada consideró que “para revertir tal escenario, el estudio planteó la necesidad de elevar la cotización obrero-patronal y estatal del 11,16% al 13,66%, en el 2038. También que los jubilados asuman el pago del seguro de salud para recibir atención médica, pues actualmente lo subsidia el fondo”. Menciona que: “El estudio se tomará como el documento base para la nueva discusión y se llevará al Comité Inter participativo, creado por la Superintendencia de Pensiones (Supen), para fortalecer el Sistema Nacional de Pensiones.” (Destacados no son del original). Además “que el IVM tendría que dar como mínimo un 45%” en lugar del 60% que da hoy.
Es menester recordar a los trabajadores la táctica utilizada por nuestras oligarquías regionales para hacer cambios en los sistemas de pensiones en todos los países con el modelo “reformista”. Entre 1981 y 2008, 11 países latinoamericanos implementaron reformas estructurales de pensiones, cambiando total o parcialmente los sistemas de prestación definida, reparto y administración pública («sistema público») a contribución definida, capitalización individual y administración privada («sistema privado»).
Las reformas estructurales adoptaron tres modelos en los años de implementación que siguen: a) sustitutivo, que cerró el sistema público y lo reemplazó por completo por el privado (Chile, 1981; Bolivia y México, 1997; El Salvador, 1998; República Dominicana, 2003); b) mixto, que mantuvo el sistema público como un pilar y agregó un segundo pilar privado (Argentina, 1994; Uruguay, 1996; Costa Rica, 2001; Panamá, 2008); y c) paralelo, que mantuvo el sistema público y agregó el sistema privado, ambos compitiendo entre sí (Perú, 1993; Colombia, 1994). Los trabajadores y trabajadoras que quieran ahondar sobre el tema pueden consultar “La privatización de las pensiones en América Latina”, revista Nueva Sociedad 291 / Enero – Febrero 2021 (Reformas).
Afirmamos que los gobiernos de orientación “reformista” facilitaron este golpe del “capitalismo salvaje” a todos los sistemas de pensiones por una sencilla razón de índole política – filosófica: toda “reforma”, por grande o pequeña que sea, implicará siempre un cambio en el poder controlado por la clase dominante para que el sistema siga funcionando; mientras que toda revolución social “transforma” el poder.
Volviendo a nuestro país hemos de decir que el más reciente estudio actuarial del IVM indica que este seguro tiene un déficit en reservas de ¢74,6 billones usando una tasa de interés real de un 4%. Este estudio podría presentar algún presunto grado de “maquillaje”, tomando en cuenta ejemplares anteriores. En un documental denominado “La Caja de Pandora” y divulgado ampliamente en redes sociales (Pandora), el Máster Luis Guillermo López Vargas -revisor del estudio actuarial-, prometió entonces a los costarricense estar tranquilos porque el IVM era sostenible.
Una prueba de que existe una especie de “castigo” para nuestros viejitos pensionados, sin importar sí son varones o mujeres, luego de entregar toda su juventud para las generaciones venideras, es Wilson Brown, de 78 años, quien se crio en el Barrio El Carmen, Puntarenas y dejó su juventud en fábricas como operario, trabajó la mayor parte de su vida en fábricas como operario en textilerías. Recibía una pensión mínima del IVM de ₡153.192 ajustada recientemente a ₡156.000 mensuales.
Wilson Brown: Recibo 153 mil colones y hay que estirarlos hasta ver cuánto dura la vejez. Actualmente en IVM hay 174.000 personas pensionadas que reciben el monto de la pensión mínima o menos (F. Tomada de SemanarioU).
Contrasta lo anterior con la publicación de “Delfino” del 24 de setiembre de 2024, según la cual: “Supen pide tomar medidas ante inviabilidad que tendrá en un mediano plazo el IVM” y que “desde Supen recordaron que los recientes estudios actuariales “refuerzan la inviabilidad que tendrá en un mediano plazo”, alertando que eso se suma a que la población adulta mayor (PAM) se cuadruplicará entre el 2020 y el 2060, pasando de 476 mil a 1,7 millones de personas.
Si por la víspera sacamos el día, no es de extrañar que Supen trate de “pelear” para aumentar los aportes a el llamado Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), haciendo más “flaquito” el IVM, al estilo de Pinochet en Chile, donde para endulzar a la gente, quien fuera su ministro, Sebastián Piñera, prometió el 80% del salario promedio como beneficio jubilatorio. Los trabajadores creyeron una vez más, y hoy solo tienen seguro, como promedio general, menos del 30% (Ver Tasa-reemplazo y USS). “Engordar” el ROP también podría ser una propuesta para aumentar los recursos de Supen, ya que el artículo 174 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores dice que el presupuesto de Supen “será financiado en un cincuenta por ciento (50%) mediante contribuciones obligatorias de los sujetos fiscalizados”. ¡En guerra avisada mueren pocos soldados!
Recordemos que Rocío Aguilar Montoya, actual superintendente de pensiones, estuvo como ministra de hacienda, cuando no trasladaron a la CCSS los fondos ordenados por el artículo 9 de la Ley 7374. Igual sucedió con anteriores y sucesivos ministros de hacienda.
Regresando a las causas de la enfermedad del IVM, mostraremos los daños del barrenador incluyendo, no solo los ocasionados a los fondos ordenados por la Ley N° 7374, sino también a los regulados por la Ley Universalización del Seguro de Enfermedad y Maternidad N° 5349 y la Ley de Protección al Trabajador N° 7982, entre otras. Para esto recurrimos a los datos que se enviaron en una denuncia interpuesta ante la Auditoría Interna de la CCSS en el año 2023. En el oficio N° RAL-005-2023 dirigido a Olger Sánchez Carrillo, auditor interno de la CCSS, se describe el método utilizado para coger fondos del IVM y usarlos para cancelar las obligaciones que, no le cobran a los gobiernos o estos no le pagan a la Caja. (Ver Oficio).
El oficio RAL-005-2023 tiene acuse de recibo N° AI-0118-2023 de fecha 10 de marzo de 2023 firmado por Ronny Villalobos Hidalgo, jefe de Subárea de Denuncias y Apoyo Legal de la Auditoría Interna de la CCSS. En el documento consta que del IVM sacaron, solo en el año 2022, aproximadamente ¢1 billón, equivalente –solo para que tengamos una noción de la cantidad de dinero- a un 8% de los salarios; lo cual presuntamente no es un problema solo del año 2022. En todo caso, correspondería a la fiscalía general, a cargo de Carlo Diaz, ceñido en el llamado caso barrenador, examinar si sacar dinero de un lado y depositarlo contablemente en otro, configura un hecho o indicio de conducta dolosa o culpable.
En ocasión de esta investigación paraSURCOS y estimar el valor actual de estos dineros que el Estado debió trasladar a la CCSS para financiar gastos del seguro de salud, se solicitó a la Gerencia de Pensiones los datos de la cuenta individual, con corte al 30 de junio de 2024, la cual contiene los salarios anuales cotizados al IVM desde 1976. Aplicando a estos salarios la tasa de traslado de esos dineros hacia otra área y agregando los correspondientes intereses, tenemos que el monto dejado de percibir por la CCSS porque el Estado no lo aportó, está entre los ¢43 billones y los ¢53 billones al momento de cerrarse esta tercera entrega a los trabajadores. Con este monto se conseguiría casi equilibrar el IVM como régimen de capitalización colectiva, conforme lo ordena la Ley de creación de la Caja N° 17. Así que no coma cuento cuando escuche a los “salvadores” de la Caja hablar de aumentar las cuotas, la edad para pensionarse, emigrar a un sistema mixto, etc. Ya conoce las causas.
Fuente: Elaboración para la revista SURCOS por parte de los autores de esta entrega sobre la base de datos suministrados por la Gerencia de Pensiones de la CCSS, oficio arriba citado, entre otras fuentes.
Entonces, los ¢4 billones de deuda estatal que muestra el oficialismo de la CCSS, así como el lloriqueo del gobierno de turno, de politiqueros de oficio, diputados, apólogos, sabiondos de smoking y hasta de algunos medios de comunicación, ahora con ropajes a favor de la Caja, es la farsa que nos toca vivir a todos los trabajadores y trabajadoras, tras la tragedia impuesta por décadas.
Tragedias que generalmente vienen precedidas por la confusión de los pueblos a los que buscan primero borrar su historia, y luego despojándolos de su dignidad y decoro para que todo sea convertido en frivolidad e individualismo. Por eso un apóstol de mayorías dijo en algún momento de su vida: «Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres. Esos son los que se rebelan con fuerza terrible contra los que les roban a los pueblos su libertad, que es robarles a los hombres su decoro».
Por lo demás, es falsa la argumentación para debilitar el IVM que creció la expectativa de vida del costarricense o los jóvenes disminuyeron la tasa de natalidad (en un país inseguro y entre los más caros de la región, entre otros) o nuestros viejitos reventaron como abejones de mayo sin avisar; por lo tanto, lo poquito que hay de nuestra institucionalidad manda a repartir conforme alcance la cobija.
Hace 40 años La Revista Médica del Hospital Nacional de Niños publicó un estudio del Dr. Luis Rosero que daba cuenta de la reducción dramática de la fecundidad y natalidad, el aumento de la esperanza de vida y de la proporción de adultos mayores, con proyecciones hasta el año 2100. Sí, como lo está leyendo, hace cuatro décadas. (Ver Cuadro 3 de Rosero). El resumen del artículo dice lo siguiente: “Se describe la transición demográfica de Costa Rica, iniciada probablemente en la segunda mitad del siglo XIX. En la primera fase de la transición, el crecimiento de la población se hizo cada vez más rápido, merced a la disminución de la mortalidad. Alrededor de 1960, Costa Rica entró en la segunda fase de la transición, cuando se inició un gran descenso de la natalidad. Una de las consecuencias de los cambios demográficos, es el envejecimiento de la población. Se muestran las perspectivas reales e hipotéticas del envejecimiento demográfico de Costa Rica, y se concluye que éste es prácticamente inevitable en el futuro.”
Como parte de la ofensiva contra los fondos de los trabajadores latinoamericanos desde la década de los ochentas, miles de chilenos siguen defendiendo sus pensiones. Foto tomada de la revista Nueva Sociedad.
Estudios similares, antes y después de 1985, advertían del fenómeno que hoy aprovechan para golpear el IVM y no hacerlo aparecer como parte de un injusto modelo, cada vez más ceñido contra los más débiles y expuestos a más vulnerabilidad como castigo por ser viejos y no ser agente activo del consumo desmesurado. Para estas cúpulas, a la hora de reducir todo a individualismo y al costo-beneficio dentro del mercado, quienes alguna vez contribuyeron con la democracia, la libertad, la igualdad etc., resultan ahora una carga. Sin pretender agotar el tema, el actual modelo llamado “globalización”, nos dejó como regalo la sarta de “neoliberales” en la región, quienes tuvieron siempre como meta aprovechar el “Estado”, no destruyéndolo porque entonces se comerían entre ellos por su avaricia y salvajismo, sino dejándole algunas competencias que garanticen a todos ellos su pleno servicio.
A partir del análisis de su idea de hombre, sociedad, mercado, Estado, política y democracia, podemos concluir que el neoliberalismo es un gigantesco discurso de defensa de la propiedad privada y del sistema capitalista, que contiene profundas raíces autoritarias. Es la forma moderna en que se intenta legitimar las desigualdades sociales. Un llamado a la pasividad y a la sumisión, paradójicamente, a nombre de la libertad. Para una más rica discusión, a fin de cohesionar y articular el movimiento popular, de mujeres, estudiantiles y sindicales, puede analizarse y discutirse el ensayo “El neoliberalismo: Principios Generales”, escrito por Oscar Vargas del Carpio Ribert, Revista Temas Sociales, número 21, La Paz, 2000 (El-neoliberalismo).
Este autor concluía entonces en una sentencia poco halagüeña para quienes creen que los gusanos barrenadores abandonarán fácilmente la Caja, que la salvación del IVM es cuestión de votar por este o aquel candidato o quitar este parche por aquí y pegarlo allá en aquel lado. Son los trabajadores quienes transforman a los trabajadores. Por eso el ensayista nos decía: “La incidencia en temáticas no-económicas (el neoliberalismo) ha tenido la intención de desvirtuar algunas perspectivas que lo consideran simplemente como un modelo económico. A partir del análisis de su idea de hombre, sociedad, mercado, Estado, política y democracia, podemos concluir que el neoliberalismo es un gigantesco discurso de defensa de la propiedad privada y del sistema capitalista, que contiene profundas raíces autoritarias. Es la forma moderna en que se intenta legitimar las desigualdades sociales. Un llamado a la pasividad y a la sumisión, paradójicamente, a nombre de la libertad”.
–Solicita que se reajuste el monto de la pensión mínima de IVM de ¢153.191,74 a ¢155.995,13 a partir de enero de 2024 y de forma retroactiva
–Además, solicita que se reajusten en general los montos de las pensiones del IVM en un 3,09% de manera retroactiva a partir de julio de 2024
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), solicitó por medio de una carta dirigida a la Gerencia de Pensiones del Régimen de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense del Seguros Social (CCSS), un reajuste por costo de vida a las pensiones, además de un pago retroactivo por perdida de valor adquisitivo de las mismas.
En la carta enviada el martes 5 de agosto, se solicita que se reajuste el monto de la pensión mínima de IVM de ¢153.191,74 a ¢155.995,13 a partir de enero de 2024 y que se cancelen las diferencias retroactivas a todos los pensionados que la reciben, en caso de que la CCSS no lo haya hecho.
La solicitud de la ANEP tiene fundamento en que, hasta el año 2018 la CCSS realizaba reajustes de las pensiones por pérdida de valor adquisitivo cada seis meses; sin embargo, de manera unilateral e inconsulta, las autoridades de la CCSS dejaron de aplicar dicha práctica a partir de dicho año, a pesar de que dicha decisión violenta los artículos 1 y 2 de la Ley N° 7935 “Ley Integral para la Persona Adulta Mayor”, el principio de progresividad de los derechos humanos (https://www.corteidh.or.cr/tablas/r37023.pdf) consagrado en el artículo 26 de la “Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)” y el principio de suficiencia recomendado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en “R202 – Recomendación sobre los pisos de protección social, 2012 (núm. 202)”(https://normlex.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:3065524).
Desde la ANEP, se cuestiona que, la CCSS no hizo el reajuste de 1,44% a los montos de las pensiones que correspondía aplicar el 31 de diciembre de 2018, sino que hizo un reajuste tardío de 2,01% en mayo de 2019. A partir de esa fecha, la CCSS dejó de hacer reajustes por costo de vida a los montos de las pensiones durante más de dos años. Fue hasta en junio de 2021 y diciembre de 2021 que la CCSS volvió a realizar dos reajustes por costo de vida; sin embargo, luego de su aplicación quedó una pérdida de valor adquisitivo de un 2,89% en los montos de las pensiones.
Así mismo, en la carta se indica que, “en junio de 2022, la CCSS dejó de realizar un reajuste de un 7,35% por pérdida de poder adquisitivo de los montos de las pensiones, lo que acumuló una pérdida de valor adquisitivo de un 10,45% en los montos de las pensiones. Pasaron casi dos años sin que la CCSS recuperara el valor adquisitivo de las pensiones; fue hasta finales del año 2023 que hizo un reajuste tardío e insuficiente de un 5,99%, quedando una pérdida de poder adquisitivo sin recuperar de un 2,88% así como la pérdida no reconocida de pagos retroactivos de dicho reajuste, desde junio de 2022 hasta setiembre de 2023.”
A la fecha actual, la CCSS no ha realizado ningún reajuste por costo de vida, a pesar de que a julio de 2022 la pérdida de valor adquisitivo de los montos de las pensiones es de un 3,09%, como puede verse en el Cuadro N° 1.
Otro de los argumentos del sindicato para las solicitudes a la Gerencia de Pensiones, es que, en enero de 2024, el salario mínimo de un obrero no calificado tuvo un reajuste de un 1,83% con respecto al salario mínimo del año anterior, estableciéndolo en ¢358.609,50 mensuales (https://www.mtss.go.cr/prensa/comunicados/2023/octubre/cp_039_2023.html).
De conformidad con el artículo 29 del Reglamento de IVM esto significa que, a partir de enero de 2024, la CCSS debió reajustar el monto de la pensión mínima en esa misma cantidad, es decir, un 1,83%. Esto se debe a que la Base Mínima Contributiva (BMC) es el 87 % del salario mínimo, lo cual determina una BMC de ¢311.990 a partir de enero de 2024, con lo cual, a partir de enero de 2024 el monto de la pensión mínima debió aumentarse de ¢153.191,74 a ¢155.995,13; es decir, un reajuste de ¢2.803,40 mensuales. “Esto si es que la CCSS no sale con otro domingo siete, para dejar de hacer dicho reajuste”, indica la carta.
La ANEP, también está solicitando, el suministro del monto de la base mínima contributiva de IVM y del monto de la pensión mínima de IVM vigentes en los meses de diciembre de 2023 a julio de 2024.
Cuadro N° 1. Pérdida de valor de los montos de las pensiones de IVM
Fuente: Elaboración propia usando datos de la CCSS y del IPC publicando por el BCCR.
Hasta hace unos años (más de dos para ser justos) los pensionados de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), sabían, en enero y julio se ajustaban las pensiones al costo de la vida.
Hoy nadie conoce con certeza cuándo San Juan bajará el dedo para ayudarles en sus tribulaciones.
Si los pensionados del IVM y futuros jubilados, compartimos esta información, comenzamos a presionar a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Somos más de 330.000 (trescientos treinta mil personas) o alzamos la voz, o aceptamos la situación con el silencio cómplice.
La deuda del Estado costarricense con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) es un tema que debe preocuparnos a todos, sin excepción. A febrero de este año la deuda ascendía a 3.7 billones de colones (según datos oficiales de la Caja, aunque el ministerio de Hacienda no avala esta cifra). De este monto, un 80% corresponde al Seguro de Salud, un 18% al IVM (más de 660 mil millones de colones) y el 2% restante a otras obligaciones establecidas por ley. El lunes 17 de junio la prensa nacional informa sobre una “carta de entendimiento” firmada entre el gerente de pensiones de la Caja y el ministro de Hacienda para conciliar la deuda del IVM. Esta no es la deuda mayor, pero sería un avance si se cristaliza en un acuerdo que finalmente se respete.
En los últimos años este monto ha crecido de manera descontrolada, aumentando en un 20.74% solo entre febrero de 2023 y febrero de 2024. Otro dato impactante: entre mayo de 2022 y noviembre de 2023 (Administración Chaves Robles) esta deuda creció un 35.5% (cerca de 1 billón de colones más).
No hay que profundizar mucho para darse cuenta de que esta deuda afecta de múltiples maneras a la sociedad costarricense, por ejemplo, en la infraestructura y el equipamiento de los centros de salud en todos los niveles (EBAIS, clínicas, hospitales), en la atención a pacientes y en las interminables listas de espera, entre otras. La solución integral no se vislumbra en el horizonte, pero sería un buen comienzo si se lograra parar en seco este crecimiento y garantizar la estabilidad y robustez financiera de la institución más querida de los costarricenses.
¿Cómo ha surgido esta deuda gigantesca?
Desde la fundación de la CCSS a inicios de los años cuarenta del siglo pasado, el Estado asumió un compromiso subsidiario y solidario con el financiamiento de la seguridad social de nuestro país, formando parte de lo que se ha denominado el esquema de contribución tripartita: empleador, trabajador y Estado.
En los años setenta, nació el aseguramiento voluntario del trabajador independiente, convertido como obligatorio en el 2005, producto de una disposición contenida en la Ley de Protección al Trabajador (LPT). En esta figura, el Estado se comprometió a complementar el aporte del trabajador independiente, dada la ausencia de un patrono. Esta lógica se extendió luego a los asegurados voluntarios, personas que no ejercen una actividad laboral como tal, pero desean inscribirse en los seguros sociales administrados por la CCSS.
Si bien es cierto que parte de la deuda del Estado se explica por el incumplimiento en el pago total de estas obligaciones por concepto de contribuciones sociales, han sido las coberturas de poblaciones altamente vulnerables y sin capacidad contributiva, cuyo financiamiento recae en el Estado, los rubros que acumulan los montos adeudados más significativos. En este sentido, destacan las obligaciones asociadas a la protección de las personas y familias en condición de pobreza básica o pobreza extrema, a través del programa Asegurados por Cuenta del Estado; los menores de edad cubiertos por el Código de Niñez y Adolescencia; y múltiples grupos incluidos en diversas leyes especiales, cuya situación de riesgo social, imponen un aseguramiento con cargo al Estado.
Así mismo, con el traslado a la CCSS -a mediados de la década de los años noventa- de los programas y servicios que otorgaba el Ministerio de Salud, nació una nueva obligación, constituida por el financiamiento del Primer Nivel de Atención por parte del Estado, situación ratificada en 2019 en una sentencia judicial en firme que se encuentra en fase de ejecución, y podría implicar un monto adicional de la deuda actual por casi 6 billones de colones.
De forma adicional, la deuda del Estado con la CCSS incluye otros rubros menores, tales como, montos no pagados por concepto de la Ley de Paternidad Responsable, Ley de Control del Tabaco, Fecundación In Vitro (FIV) y un contrato con la OPS para la aprobación de los Indicadores de Desembolso del Préstamo con el Banco Mundial, suscrito en abril de 2016.
En todos estos casos, la continuada “morosidad” del Estado afecta los distintos servicios que la Caja debe suministrar a la población y cuya responsabilidad está plasmada en el párrafo tercero del Artículo 177 de la Constitución Política.
Fuente: CCSS, Gerencia Financiera
¿Cómo afecta esta deuda a los asegurados y al personal médico y administrativo?
La afectación a los pacientes es evidente:
Respuesta insuficiente en el Primer Nivel de Atención: Existe una brecha de más de 350 EBAIS en todo el territorio nacional, que no se ha podido cerrar por el incumplimiento del Estado de sus obligaciones, limitando la oferta de citas médicas en estos centros, y generando largas filas en los servicios de emergencia de las clínicas y hospitales de la CCSS.
Listas de espera prolongadas e interminables: La deuda redunda en largas demoras para recibir atención médica oportuna. Los pacientes esperan más tiempo para consultas, cirugías o tratamientos, lo que afecta su salud y calidad de vida y, en ocasiones, su vida misma.
Acceso limitado a servicios: La falta de recursos limita la disponibilidad de ciertos servicios médicos, como pruebas diagnósticas o medicamentos, especialmente si estos últimos son de alto costo.
Calidad de atención comprometida: La infraestructura deficiente y la falta de insumos afectan la calidad de la atención brindada.
Aumento de los gastos privados en salud. Cuando la Caja no da soluciones a tiempo, a los asegurados no les queda más remedio que cubrir con sus propios recursos el pago por medicamentos, tratamientos y cirugías.
Pero también afecta al personal médico y administrativo:
Sobrecarga laboral: El personal médico enfrenta una mayor carga de trabajo debido a la alta demanda y la escasez de recursos. Esto impacta en su salud física y emocional y repercute en el trato a los asegurados.
Salarios y condiciones laborales: La deuda dificulta el pago de salarios y beneficios “competitivos” al personal especializado y los hace migrar al sector privado.
Recursos limitados: La falta de inversión en infraestructura y equipos afecta la capacidad del personal para brindar una atención óptima.
¿Es esta deuda factible de pagar en el corto plazo por parte del Estado costarricense?
La factibilidad de pagar esta deuda es un tema complejo y multifacético. Algunos factores por considerar son:
La capacidad económica: El Estado debe evaluar su capacidad para generar ingresos y asignar recursos sin estrujar demasiado al sector privado.
Las prioridades presupuestarias: La deuda compite con otras necesidades, como educación, seguridad, infraestructura y servicios sociales. El Estado debe equilibrar estas prioridades al asignar sus recursos.
La voluntad de pago. El actual gobierno, embarcado en una cruzada fiscalista, ha mostrado particular reticencia a reconocer la deuda y a hacer las amortizaciones correspondientes.
En definitiva, la posibilidad de pagar la deuda estatal con la Caja es inviable en el corto plazo, ya que representa cerca de un 7% del Producto Interno Bruto, una cifra cercana a la totalidad de los impuestos que el Estado recauda en un año. Pero por esta misma razón no se debe seguir postergando una salida negociada de mediano y largo plazos.
¿Qué estrategias se han considerado para abordar la deuda del Estado con la CCSS?
En los últimos años se han considerado diversas estrategias para abordar la deuda con la Caja, las más importantes han sido:
Que el Estado realice aportes excepcionales periódicos a la deuda, que han sido muy limitados.
Negociaciones bilaterales Caja – Ministerio de Hacienda para establecer un plan de pagos a mediano y largo plazo, pero sin resultados tangibles hasta ahora.
También se ha propuesto que un porcentaje de los préstamos para inversión que contrae el Gobierno (deuda externa) se dedique a amortizar parte de la deuda con la CCSS, pero esta opción ha contado con la férrea oposición del actual ministro de Hacienda.
¿Qué opciones de pago graduales por parte del Estado pueden considerarse?
El Estado costarricense puede y debe considerar varias opciones de pago gradual pero constante para abordar la deuda con la Caja, entre otras:
Convenios de pago: Establecer acuerdos formales con la CCSS para pagar la deuda en cuotas preestablecidas a lo largo del tiempo. Esto permite una distribución más manejable de los pagos.
Reestructuración de la deuda: Negociar plazos más largos o tasas de interés de morosidad más bajas para facilitar el pago gradual.
Asignación presupuestaria específica: Destinar una parte del presupuesto estatal anual directamente al pago de la deuda con la CCSS.
Fondos específicos: Crear un fondo específico para la deuda con aportes regulares del Estado.
Cualquiera que sea la opción o el abanico de opciones, la primera medida debería ser detener de manera inmediata el crecimiento de la deuda (más allá de los intereses acumulados), de manera que el Estado empiece a cumplir con sus obligaciones legales y constitucionales con la Caja.
Como vemos, el problema pasa por una necesaria e ineludible negociación y un dialogo transparente que, increíblemente, no se ha podido llevar a cabo. En estas condiciones la presión de la ciudadanía se vuelve insustituible.
P.D. Agradezco los valiosos comentarios a un primer borrador de este artículo por parte de un funcionario anónimo de la CCSS.
El texto que sigue es una traducción del resumen ejecutivo del último informe de asistencia técnica que el FMI realizó sobre la propuesta de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) de crear en Costa Rica una “Pensión Básica Universal”. El título original del informe es: “Costa Rica: Technical Assistance Report-Universal Basic Pension: Objectives and Constraints” y se puede obtener en la siguiente dirección: Costa Rica: Technical Assistance Report-Universal Basic Pension: Objectives and Constraints (imf.org).
SURCOS no pretende suscribir la posición del FMI, pero considera de gran importancia dar a conocer este informe, ya que levanta importantes críticas a la propuesta de la SUPEN, aunque esta entidad las haya minimizado. La traducción fue realizada por el Dr. Henry Mora Jiménez.
“Costa Rica: Informe de Asistencia Técnica: objetivos y limitaciones de la Pensión Básica Universal”.
17 de mayo, 2024.
Resumen
A solicitud del Ministerio de Hacienda, una misión del Fondo Monetario Internacional visitó San José. El objetivo de la misión fue evaluar la propuesta de una pensión básica universal y estimar su impacto fiscal y de bienestar en el presupuesto, en los planes de pensiones y en los ingresos de las personas adultas mayores en situación de pobreza. Costa Rica está entrando en una transición demográfica que hará que las tasas de dependencia de las personas mayores empeoren significativamente en los próximos 20 años.
La sostenibilidad financiera a largo plazo del régimen general de pensiones de la seguridad social (IVM) es motivo de preocupación, a pesar de las diversas reformas introducidas en las últimas tres décadas se espera que las reservas del régimen se agoten a mediados de la década de 2030. La propuesta del Gobierno [SUPEN] pretende abordar la sostenibilidad financiera, la adecuación de la cobertura y de los niveles de prestaciones, así como la equidad distributiva mediante la introducción de una pensión básica universal.
El equipo del FMI considera que es poco probable que la propuesta cumpla plenamente con los objetivos declarados. La propuesta empeorará la sostenibilidad financiera del régimen de pensiones de la seguridad social y creará necesidades de financiación adicionales. Esto se traducirá en un agotamiento acelerado de las reservas de IVM y, una vez que se agoten las reservas, requerirá ajustes significativos en los parámetros de IVM o mayores transferencias gubernamentales. La seguridad de los ingresos en la vejez puede abordarse de manera más eficaz, con efectos secundarios fiscales menos pronunciados, mejorando la cobertura y el cumplimiento de la gestión del riesgo de jubilación y ampliando el alcance del plan de pensiones sociales.
Los principales instrumentos para alcanzar estos objetivos son: a) la modificación de las normas que socavan el cumplimiento del registro y la declaración de salarios en los regímenes contributivos, b) la mejora de la coordinación entre los organismos de recaudación de impuestos y de las cotizaciones, c) la modificación de las normas que rigen el derecho a las pensiones sociales no contributivas y d) la garantía de que la pensión social no contributiva [RNC] esté adecuadamente financiada.
Resumen Ejecutivo
Costa Rica está entrando en una transición demográfica que verá empeorar significativamente las tasas de dependencia de la vejez en los próximos 20 años. El gasto en pensiones públicas y otros gastos gubernamentales determinados por la demografía, incluida la atención médica, ejercerán una creciente presión sobre las finanzas públicas. La población en edad de trabajar, que disminuye tanto en proporción de la población total como en términos de su número, solo podrá mantener el crecimiento económico si la productividad laboral compensa los cambios demográficos.
Los Indicadores básicos del mercado laboral y del sistema de pensiones son favorables en la comparación regional. La tasa de participación de la fuerza laboral y la formalidad del empleo son relativamente altas, con un 60 y 72 por ciento, respectivamente. Los esquemas de pensiones públicas operan con reservas y tanto la estructura del sistema de pensiones como sus parámetros operativos están en gran medida en línea con las mejores prácticas.
Aunque la elegibilidad para la pensión está lejos de ser universal, la pobreza en los ancianos es baja. Entre los ancianos, el 27 por ciento cae por debajo de la línea de pobreza, y el 47 por ciento de ellos no recibe ninguna forma de pensión (ya sea social o contributiva), mientras que este porcentaje aumenta al 71 por ciento entre los ancianos no pobres. La brecha de cobertura de la pensión y la pobreza en la vejez son problemas diferentes que requieren soluciones distintas.
La sostenibilidad financiera a largo plazo del esquema general de seguridad social de pensiones (IVM) es motivo de preocupación. Como resultado de diversas reformas en las últimas tres décadas, la sostenibilidad financiera del IVM ha mejorado de manera tangible. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, las reservas del esquema se agotarán a mediados de la década de 2030. Más allá de este punto, el esquema se financiará completamente mediante el sistema de reparto, lo que requerirá subsidios presupuestarios continuos o cambios paramétricos.
La propuesta [de la SUPEN] tiene la intención de abordar los problemas anteriores (sostenibilidad financiera, cobertura adecuada, equidad distributiva) a través de la introducción de una pensión básica universal (Pensión Básica Universal – PBU). La PBU sería un beneficio plano totalmente financiado (pre-financiado) condicionado por la edad y la residencia. La introducción muy gradual de la propuesta está impulsada por la intención del gobierno [la SUPEN] de hacer que la PBU esté completamente financiada y acumular suficientes reservas antes de la implementación completa del programa.
La propuesta de una PBU, en su forma actual, es poco probable que cumpla completamente con sus objetivos declarados. La propuesta empeorará la sostenibilidad financiera del esquema de pensiones de la seguridad social (Invalidez, Vejez y Muerte – IVM) y creará necesidades adicionales de financiamiento. Esto se traducirá en un agotamiento acelerado de las reservas del IVM y, después de que las reservas se agoten, requerirá ajustes significativos a los parámetros del IVM o transferencias gubernamentales más altas. Esto último implicará recortes en el gasto público en áreas distintas de las pensiones, impuestos más altos o deuda pública adicional. Además, la propuesta solo abordará la pobreza en la vejez y, debido a la universalidad de la PBU, lo hará a costa de transferencias a los deciles de ingresos superiores que serán aún más altas que hoy en día.
La seguridad del ingreso en la vejez podría abordarse de manera más efectiva, con efectos fiscales menos pronunciados, mediante la mejora de la cobertura y el cumplimiento en el IVM y la ampliación del alcance del esquema de la pensión de la seguridad social. La brecha de cobertura de la pensión está, en gran medida, impulsada por las reglas de elegibilidad, la financiación insuficiente de la pensión social [RNC] y las prácticas ineficaces de administración de ingresos. Las opciones para cerrar la brecha de cobertura incluyen mejorar la administración de ingresos aprovechando la excelente tecnología de la información y la infraestructura de la administración pública, revisar las reglas de elegibilidad para la pensión social y ajustar adecuadamente las asignaciones presupuestarias de los programas de transferencia social a los objetivos de política social, de modo que los solicitantes elegibles (incluidas las personas mayores sin pensión contributiva) no terminen en listas de espera.
Recomendaciones
Resumen de las principales recomendaciones de la misión
La misión recomienda abordar la cobertura y la pobreza en la vejez. Los principales instrumentos para lograr estos objetivos son: (a) modificar las reglas que socavan el cumplimiento de las normativas de registro y el reporte de salarios en los esquemas contributivos, (b) mejorar la coordinación y los esfuerzos de aplicación entre la autoridad tributaria y la Caja, (c) modificar las regulaciones que rigen la elegibilidad para las pensiones sociales no contributivas y (d) garantizar que la pensión social no contributiva esté adecuadamente financiada. Para cerrar la brecha de cobertura, en lugar de una pensión básica universal, considerar medidas destinadas a ampliar la cobertura en los esquemas existentes: IVM, el esquema de pensión social (Régimen de Pensiones No Contributivas – RNC) y los esquemas de segundo pilar:
Ampliar la cobertura del RNC:
Modificar las reglas del RNC para que más de un anciano pueda ser elegible para una pensión social no contributiva por hogar.
Comprometerse a aumentar las asignaciones de recursos al RNC para eliminar la lista de espera entre las personas cuya elegibilidad ya ha sido establecida.
Aumentar la cobertura en los esquemas contributivos:
Mejorar el intercambio de información entre el departamento de impuestos [Tributación] y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Considerar la recopilación de declaraciones de impuestos sobre salarios e ingresos de todos los empleados y trabajadores independientes, independientemente de los niveles de ingresos, e introducir una conciliación regular de los registros fiscales y de contribuciones.
Hacer obligatoria la participación en el segundo pilar para los trabajadores independientes o, como mínimo, considerar la inscripción automática.
Reducir aún más el pago retroactivo de las personas trabajadoras independientes que se registran en la CCSS después de inscribirse en el departamento de impuestos [Tributación].
Mejorar la equidad del sistema de pensiones:
Revisar el historial de contribuciones mínimas en el IVM, pero mantenerlo como condición para ser elegible para una pensión mínima contributiva. El sistema actual va en contra del cumplimiento entre los trabajadores con perspectivas de empleo precarias e introduce una redistribución perversa tanto dentro del sistema de pensiones como entre los contribuyentes dentro y fuera del sistema.
Considerar la eliminación gradual de las contribuciones estatales a los esquemas del primer pilar y reemplazarlas con un subsidio igual al costo anual real del complemento de la pensión contributiva mínima. Confiar más en las contribuciones del empleador y del empleado para reducir la redistribución de ingresos desde las personas que no se benefician del sistema de pensiones a aquellas que sí lo hacen.
En caso de que el gobierno desee seguir adelante con la propuesta de PBU, considerar lo siguiente:
Aumentar la edad de elegibilidad en relación con la edad normal de jubilación para las personas sin beneficios contributivos, a cambio de introducir el nuevo esquema más rápido o a un costo menor. Para diferenciar suficientemente entre las personas con pensiones contributivas basadas en bajos ingresos y las personas con historiales de contribución cortos o nulos, hacer que la edad de elegibilidad para PBU sea, por ejemplo, 5 años mayor que la edad de jubilación aplicable en el IVM.
Operar la PBU como un esquema financiado mediante impuestos sin pre-financiamiento. El pre-financiamiento de las futuras obligaciones de la PBU retrasa su aplicabilidad universal, mientras es poco probable que las reservas creen recursos adicionales en comparación con la financiación mediante impuestos para las obligaciones futuras.
Aclarar el estado de los significativos atrasos en las contribuciones adeudadas a la CCSS. El compromiso del gobierno de financiar la PBU (o ampliar la cobertura del RNC) es cuestionable a la luz de sus atrasos de larga data con el IVM. Los atrasos también empeoran la posición financiera del IVM y aceleran el agotamiento de sus reservas.
Considerar la reasignación de los poderes de formulación de políticas y regulación de la CCSS al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La actual división de los poderes regulatorios limita la capacidad del gobierno para perseguir sus objetivos de política y puede crear posibles problemas legales-constitucionales.
En un mensaje, Albino Vargas, ha revelado información crucial para todos aquellos trabajadores que, tras cumplir con todos los requisitos, se encontraron con cambios sorpresivos en las reglas del juego por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), viéndose privados de su derecho a la pensión.
La indignación radica en la modificación inesperada del proceso de pensiones del régimen IVM-CCSS, afectando a numerosos trabajadores. Albino Vargas, destaca que la CCSS cambió las reglas del juego de manera abrupta, arrebatando el derecho a la pensión a personas que pensaban que cumplían con todos los requisitos.
La ANEP ha decidido abrir un litigio internacional en respuesta a lo que considera una violación de los derechos humanos de estas personas afectadas por la decisión de la CCSS. Es importante destacar que estos dos grupos mencionados en el video, conformados por 613 y 123 personas respectivamente, aceptaron ser parte activa del litigio, representando a muchos más que se vieron afectados por esta situación.
El líder sindical expresa la preocupación y la indignación de aquellos que, habiendo seguido todos los procedimientos establecidos, se vieron privados de un derecho fundamental de manera arbitraria. La ANEP, en su papel de defensora de los intereses de sus afiliados, busca justicia y reparación a través de instancias internacionales.
El litigio actualmente se encuentra en la comisión de derechos humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, Suiza.
En el video adjunto se puede visualizar lo acontecido.
