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Etiqueta: IVM

Propuestas de reforma al IVM esconden medidas regresivas y no enfrentan el problema central de financiamiento, advierte análisis sindical

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Un documento elaborado por Juan Carlos Durán Castro, asesor sindical de ANEP-CCSS y secretario de Prensa y Propaganda de FECTSALUD, advierte que varias de las propuestas actualmente discutidas para reformar el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social contienen elementos regresivos, aumentan la inequidad y no abordan el problema estructural de financiamiento y cobertura del sistema.

El texto analiza las 20 propuestas incluidas en el documento oficial “Informe técnico: alternativas para la sostenibilidad del seguro de invalidez, vejez y muerte”, presentado ante la Junta Directiva de la CCSS el 4 de mayo de 2026. Según Durán Castro, aunque algunas iniciativas podrían tener validez para el debate democrático, muchas implican riesgos sociales y políticos relevantes.

Uno de los principales cuestionamientos del autor es que las propuestas no atacan el problema de la cobertura contributiva ni priorizan el cobro de la deuda estatal con el IVM, estimada en al menos 800 mil millones de colones. Señala que dicha deuda debería ocupar el primer lugar dentro de cualquier estrategia de sostenibilidad del régimen.

El documento también advierte sobre posibles escenarios políticos que podrían facilitar la aprobación de medidas regresivas, especialmente en un contexto de concentración de poder en la Junta Directiva de la CCSS y de eventuales reformas legislativas impulsadas a partir de 2027.

Entre las preocupaciones centrales expuestas se encuentra la eventual reducción de la tasa de reemplazo del IVM al 40%, complementada con un porcentaje incierto proveniente del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP). El autor sostiene que esta propuesta afectaría especialmente a personas cercanas a la jubilación y que la información pública sobre una tasa total de reemplazo del 60% no refleja adecuadamente las diferencias reales entre grupos etarios y trayectorias contributivas.

El análisis cuestiona además propuestas como:

  • trasladar parte del financiamiento del Banco Popular al IVM;

  • cobrar a personas pensionadas un 5% para financiar el seguro de salud;

  • aumentar de 300 a 360 las cuotas requeridas para pensionarse;

  • modificar los mecanismos de ajuste automático de las pensiones;

  • y ampliar las potestades de la Junta Directiva de la CCSS para adoptar cambios sin procesos amplios de consulta.

Según el documento, varias de estas medidas podrían aumentar la exclusión previsional, congelar pensiones mínimas o reducir los montos reales de jubilación para amplios sectores de la población trabajadora y pensionada.

Durán Castro organiza su análisis en cuatro grandes ejes: cobertura, suficiencia, sostenibilidad y aspectos administrativos. Además, plantea que cada propuesta debe evaluarse considerando su grado de regresividad social, su viabilidad política, sus efectos actuariales y el contexto nacional e internacional en que se discutirán las reformas.

El autor concluye que el debate sobre el IVM requiere información técnica robusta, escenarios financieros claros y una discusión nacional amplia que priorice los derechos humanos, la progresividad social y el fortalecimiento de la seguridad social pública.

Le invitamos a descargar desde SURCOS y leer el documento completo:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/05/APUNTES-ACTUALES-SOBRE-LAS-PROPUESTAS-DE-REFORMA-AL-REGIMEN-DE-INVALIDEZ-12-05-2026-VFR-1.pdf

Defensoría plantea a la CCSS ruta alternativa para fortalecer el IVM

Escrito en . Publicado en Trabajo.

  • Defensoría advierte que la tasa de reemplazo no debe ser inferior al 60%, rechaza medidas que reduzcan el monto neto de las pensiones y propone una reforma estructural con enfoque de derechos humanos, sostenibilidad social y responsabilidad institucional.

La Defensoría de los Habitantes manifestó su oposición a la propuesta que la sostenibilidad del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) se atienda mediante una reducción de la tasa de reemplazo, un aumento de cargas sobre las personas aseguradas o medidas que disminuyan el ingreso neto de las personas pensionadas.

La posición institucional parte de una premisa clara: la sostenibilidad financiera del IVM debe garantizarse sin debilitar el derecho humano a la seguridad social ni trasladar el costo principal del ajuste a las personas trabajadoras, futuras pensionadas y pensionadas. La Defensoría reconoce la existencia de presiones financieras, demográficas y laborales sobre el régimen; sin embargo, considera que la respuesta debe ser integral, progresiva, equitativa y técnicamente sustentada, no una reforma que tenga como eje los ajustes paramétricos.

La Gerencia de Pensiones de la CCSS remitió a la Junta Directiva el informe técnico “Alternativas de fortalecimiento para la sostenibilidad del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte en el contexto del Sistema Nacional de Pensiones”, en el cual se identifican 20 propuestas organizadas en tres categorías: diez cuantificables, cinco estructurales y cinco administrativas. Entre ellas se incluyen el ajuste de la tasa de reemplazo básica, la contribución de las personas pensionadas al Seguro de Salud, el aumento de 300 a 360 cuotas como requisito para pensión ordinaria, medidas de financiamiento alternativo, fortalecimiento de la gobernanza, diversificación de inversiones y creación de una Mesa Técnica Nacional de Pensiones.

Frente a esas propuestas, la Defensoría sostiene que cualquier reforma debe preservar una tasa de reemplazo suficiente. En particular, la Institución considera que la tasa de reemplazo integral no debe ser menor al 75% (IVM + ROPC), y que este umbral debe analizarse no solo en términos brutos, sino también en función del ingreso neto efectivamente recibido por la persona pensionada. Por ello, advierte que una eventual contribución al Seguro de Salud tendría un impacto directo sobre el monto final de la pensión, pues reduciría la tasa de reemplazo neta en aproximadamente cinco puntos porcentuales, afectando de manera especial a quienes dependen casi exclusivamente del IVM para cubrir sus necesidades básicas.

La Defensoría también expresa preocupación ante propuestas que impliquen elevar el número de cuotas requeridas sin un diseño proporcional y diferenciado. En un mercado laboral caracterizado por informalidad, trayectorias contributivas fragmentadas, brechas de género y dificultades de inserción laboral formal, aumentar requisitos sin medidas compensatorias podría excluir a personas que han cotizado durante años, pero que no logran completar las condiciones exigidas para acceder a una pensión ordinaria.

En consecuencia, la Defensoría plantea que debe valorarse una pensión proporcional a lo cotizado, de forma que las personas aseguradas que no alcancen la totalidad de cuotas requeridas no queden completamente desprotegidas. Esta alternativa permitiría reconocer el esfuerzo contributivo acumulado, fortalecer la legitimidad del sistema y evitar que la reforma genere nuevas formas de exclusión en la vejez.

“La sostenibilidad del IVM no debe construirse debilitando la suficiencia de las pensiones. Una reforma legítima protege el derecho a la seguridad social, amplía la base contributiva, mejora el cobro, fortalece la gobernanza y garantiza que las cargas se distribuyan con justicia. La Defensoría no acompaña medidas que reduzcan la protección efectiva de las personas pensionadas ni de quienes están próximas a pensionarse”, señaló.

La Defensoría de los Habitantes planteó estas objeciones en las diferentes reuniones del Equipo Técnico que acompañó a la Gerencia de Pensiones en la elaboración de la propuesta a la Junta Directiva de la CCSS; por tal motivo remitirá una posición técnica con alternativas centrales para atender la situación del IVM desde una perspectiva de derechos humanos y sostenibilidad social.

Entre los aspectos que aborda el documento técnico, que remitirá la Defensoría, se plantea que el problema del IVM no puede analizarse aisladamente de la informalidad laboral, las brechas de género, la baja densidad contributiva, las deudas con la seguridad social, las debilidades de cobro y la necesidad de mejorar la gestión institucional. Por ello, propone una ruta integral basada en ampliación de cobertura, formalización laboral, recuperación de obligaciones, transparencia, financiamiento solidario y mejor administración de las reservas.

La Defensoría considera que la discusión nacional sobre el IVM debe partir de información actuarial actualizada, análisis de sensibilidad, valoración de impactos por género, edad, ingreso, ocupación y condición laboral, así como de una deliberación pública transparente. La Defensoría advierte que adoptar medidas regresivas sin agotar alternativas menos gravosas podría debilitar la confianza ciudadana, incentivar la informalidad y afectar la legitimidad del sistema.

La Defensoría reiteró que el IVM constituye el principal régimen contributivo de pensiones del país y que su fortalecimiento es indispensable para proteger la vejez, la invalidez y la sobrevivencia. Sin embargo, insistió en que la sostenibilidad financiera debe armonizarse con la suficiencia de las prestaciones, el principio de solidaridad y la obligación del Estado de garantizar progresivamente el derecho a la seguridad social.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Movimiento “La Caja es Nuestra” lanza campaña permanente de denuncia y alerta sobre propuestas en la CCSS

Escrito en . Publicado en Salud.

El movimiento ciudadano “La Caja es Nuestra” anunció el inicio de una campaña permanente de denuncia sobre el proceso de debilitamiento de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), con el objetivo de vigilar y visibilizar decisiones que, según señalan, afectan el carácter solidario y universal de la institución.

La iniciativa contempla la difusión de cápsulas informativas tres veces por semana, que serán distribuidas por WhatsApp y otros medios, con el fin de que la ciudadanía las comparta y contribuya a fortalecer una red de información y acción en defensa de la seguridad social.

Como parte de esta campaña, el movimiento denuncia que la Junta Directiva de la CCSS estaría valorando medidas para que las personas pensionadas del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) deban aportar un 5% de su pensión para financiar su seguro de salud, lo que consideran una afectación directa a este sector.

Desde el movimiento se hace un llamado a construir un proceso organizativo de base local, que permita no solo resistir medidas que perciben como regresivas, sino también impulsar propuestas para el fortalecimiento y mejora continua de la institución.

Antecedentes y contexto

En los últimos años, la CCSS ha sido escenario de debates intensos en torno a la sostenibilidad financiera de sus regímenes, especialmente el IVM, así como sobre reformas que han generado preocupación en distintos sectores sociales, sindicales y académicos.

Entre los temas recurrentes se encuentran propuestas de ajuste que incluyen cambios en edades de retiro, montos de pensiones y esquemas de contribución, lo que ha motivado pronunciamientos y movilizaciones en defensa del modelo solidario de la seguridad social.

Diversas organizaciones han advertido sobre el riesgo de transformaciones que podrían debilitar el carácter público, universal y solidario de la Caja, mientras que autoridades han planteado la necesidad de reformas para garantizar su sostenibilidad a largo plazo.

En este contexto, la campaña de “La Caja es Nuestra” busca incidir en la opinión pública y promover la participación ciudadana informada, con el fin de resguardar una de las instituciones centrales del Estado social de derecho.

Actuario solicita información a la CCSS y cuestiona calidad de datos del régimen de pensiones IVM

Escrito en . Publicado en Derechos.

Un oficio remitido por el actuario matemático Rodrigo Arias López a la Gerencia de Pensiones y a la Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) plantea cuestionamientos sobre la calidad y consistencia de la información entregada sobre el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), en un contexto en el que se discuten posibles reformas a este sistema.

La solicitud se produce en momentos en que distintos sectores han señalado la intención de impulsar nuevas modificaciones al IVM, incluyendo eventuales cambios en la edad de retiro, ajustes en los montos de pensión y otras medidas que impactarían a la población asegurada y pensionada, como poner a cotizar a las personas pensionados, esto, “habiendo transcurrido tan solo dos años de la última reforma que hizo sin escuchar a los sectores sociales”. En ese marco, el actuario solicita información depurada de la planilla de pensiones de IVM de diciembre de 2025 y conforme a la normativa vigente, así como la intervención de la Auditoría Interna ante posibles inconsistencias detectadas en los datos suministrados.

A continuación, el texto íntegro del oficio:

RAL-002-2026
1° de mayo de 2026

Señor Jaime Barrantes Espinoza, Gerente
Gerencia de Pensiones de la CCSS
Señor Olger Sánchez Carrillo, Auditor Interno
Auditoría Interna de la CCSS

Asunto: Solicitud de información de interés público e investigación

Estimados señores:

De conformidad con el artículo 30 de la Constitución Política, el artículo 7 de la Ley 8422, la Ley de Regulación del Derecho de Petición y los artículos 5 y 7 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, solicito lo siguiente.

Considerando

Primero. Con mi oficio RAL-001-2026 de fecha 27 de marzo de 2026 solicité la planilla de pensionados del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) con corte al 31 de diciembre de 2025.

Segundo. Con el oficio GP-DAP-0xx-2026 (Sic) del 21 de abril del 2026 suscrito por el Ing. Ubaldo Carrillo Cubillo, director de la Dirección de Administración de Pensiones, me suministraron un archivo en formato Excel con 394.828 registros o pensiones y las variables solicitadas; no obstante, una vez revisado se encontró lo siguiente:

A) A pesar de que todas las pensiones entregadas tienen fecha de vigencia anterior al 1° de enero de 2026, aparecen 114.501 pensiones de beneficiarios y 155.654 pensiones de causantes con un monto de pensión igual a ₡162.295,5 el cual, según su oficio GP-0607-2026 del 09 de marzo de 2026, corresponde al monto de la pensión mínima que se canceló en el mes de febrero de 2026. En ese oficio usted informa que el monto de la pensión mínima de IVM vigente en diciembre de 2025 fue ₡159.692. Esto nos indica que posiblemente todos los montos de las pensiones de beneficiarios y de causantes que me entregaron con el oficio GP-DAP-0xx-2026, no corresponden a los montos vigentes al 31 de diciembre de 2025. En otras palabras, que el archivo entregado no corresponde a la planilla del 31 de diciembre de 2025, contrario a lo solicitado en mi oficio DAL-001-2026.

B) En adición, en el archivo aparecen 4.244 pensiones de beneficiarios que tienen un monto de pensión igual a cero, de las cuales 2.948 son de invalidez y vejez, que deberían tener una pensión igual al monto de pensión del causante y los 1.296 restantes son por muerte. Esto nos crea dudas sobre la calidad de la información; en particular, si los montos de pensión de los causantes y beneficiarios están correctos o tienen errores.

C) Las pensiones del riesgo de muerte se agruparon según el ID del causante, se sumaron las pensiones de los beneficiarios del causante y el resultado se dividió por el monto de la pensión del causante, a lo cual se le llamó la participación del núcleo familiar. Como el beneficio mínimo que concede el Reglamento de IVM es un 20% del monto de la pensión del causante, cuando un causante tiene 5 o más beneficiarios, la participación del núcleo familiar no puede ser menos del 100%, si son cuatro beneficiarios, la participación no puede ser inferior al 80% y así sucesivamente. Por otro lado, si solo hay un beneficiario, la participación no puede ser superior al 70%. Se encontraron 78 núcleos familiares cuya participación es inferior a la indicada por el Reglamento de IVM; 2.050 viudas(os) que son beneficiarios únicos con más de un 70% de participación y 17 núcleos familiares con más de un 100% de participación. También se encontraron bastantes casos de viudez, que siendo beneficiarios únicos están recibiendo menos de los porcentajes indicados en el reglamento según su edad (50% para menos de 50 años, 60% de 50 a 59 años y 70% de 60 años o más). Esto quiere decir que los datos de los montos de las pensiones del causante y/o del beneficiario del archivo entregado están incorrectos o que no se está respetando lo ordenado en el artículo 27 del Reglamento de IVM.

D) Finalmente, se determinó que en el riesgo de muerte la fecha de nacimiento y el sexo de los causantes (que están ya fallecidos), coinciden con la fecha de nacimiento y el sexo de los beneficiarios (que están vivos), lo que significa con una alta probabilidad que no me entregaron la fecha de nacimiento ni el sexo de los causantes (fallecidos), sino que repitieron los datos de los beneficiarios.

Petición

Primero. Solicito al Sr. Jaime Barrantes Espinoza, Gerente de Pensiones, la entrega de la planilla de IVM con corte al 31 de diciembre de 2026 conforme a lo solicitado en mi oficio DAL-001-2026 del 27 de marzo de 2026, con la depuración de la información correspondiente, según lo indicado en las consideraciones de este oficio.

Segundo. Pido al Sr. Olger Sánchez Carrillo, Auditor interno de la CCSS, que investigue la calidad de la información que entregan las jefaturas de la CCSS y que almacenan en los sistemas de información de IVM, que revise que se esté cumpliendo con lo ordenado en el artículo 27 del Reglamento de IVM y tome las medidas pertinentes; no es la primera vez que lo solicito.

Atentamente,
Rodrigo Arias López

En la nota el actuario Arias López consigna su dirección de correo-e para que se le envíe toda la información solicitada.

Respuesta de la CCSS confirma reajuste de pensión mínima del IVM y señala ausencia de estudios sobre pérdida de valor del RNC

Escrito en . Publicado en Trabajo.

La Gerencia de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) respondió a una consulta presentada por la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social, en la que se solicitaba información sobre el reajuste de la pensión mínima del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y sobre la situación del Régimen No Contributivo (RNC).

De acuerdo con el oficio GP-0607-2026, firmado por el gerente de pensiones Jaime Barrantes Espinoza y fechado el 9 de marzo de 2026, la pensión mínima del IVM pasó de ₡159.692, monto vigente en diciembre de 2025 y enero de 2026, a ₡162.295, lo que representa un reajuste del 1,63%.

La institución indicó que este incremento se aplicó conforme al Reglamento del Seguro de IVM y que se pagó en la planilla de febrero de 2026, incluyendo el retroactivo correspondiente al mes de enero.

Según la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social, este ajuste constituye un dato relevante porque, hasta el momento, no había sido informado por medios de comunicación, pese a su impacto para las personas pensionadas que reciben el monto mínimo.

Régimen No Contributivo: no existen estudios recientes sobre pérdida de valor de la pensión

Uno de los aspectos señalados en la respuesta de la Gerencia de Pensiones es que no se han realizado estudios sobre la pérdida del poder adquisitivo del monto básico del Régimen No Contributivo en los últimos años.

Esto responde a consultas realizadas por la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social, que había solicitado conocer los estudios técnicos relacionados con la pérdida de valor real de esta pensión, la cual no ha sido reajustada durante varios años.

En su respuesta, la Gerencia de Pensiones explica que la política presupuestaria del RNC ha priorizado ampliar la cobertura antes que aumentar el monto de las pensiones, debido a la cantidad de personas adultas mayores en condición de pobreza que carecen de protección social.

Más de 30 mil solicitudes de pensión pendientes

El documento también señala que actualmente existen más de 30 mil solicitudes de pensión del Régimen No Contributivo que ya han sido valoradas, pero no se han otorgado debido a falta de financiamiento.

Según se explica, el financiamiento del RNC proviene principalmente de transferencias del Gobierno Central, el FODESAF y la Junta de Protección Social, y las limitaciones presupuestarias han obligado a priorizar la ampliación de cobertura para nuevas personas beneficiarias.

El Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026 establece como meta incorporar 20 mil nuevas pensiones del RNC durante el período, lo que implica alrededor de 5 mil nuevas pensiones por año, además de las que se reasignan anualmente por cancelaciones o fallecimientos.

Pendiente nuevo estudio sobre revalorización de pensiones del IVM

En relación con la solicitud de la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social sobre un nuevo reajuste de las pensiones del IVM, la Gerencia de Pensiones informó que ya existe un estudio actuarial que analiza la revalorización de los montos para el período comprendido entre octubre de 2023 y junio de 2025.

Asimismo, indicó que se está a la espera de un nuevo estudio técnico que analizará la posibilidad de revalorizar las pensiones del IVM para el período comprendido entre octubre de 2023 y diciembre de 2025.

Seguimiento ciudadano al tema

La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social ha venido dando seguimiento a este tema mediante diversas gestiones ante la Junta Directiva de la CCSS y la Gerencia de Pensiones, solicitando información sobre la situación de los montos de pensiones y los estudios técnicos que fundamentan su actualización.

El análisis de esta respuesta institucional forma parte de ese proceso de seguimiento ciudadano a las políticas públicas relacionadas con el sistema de pensiones y la protección social.

Junta Directiva CCSS traslada a “mando medio” nueva petición sobre reajuste de pensiones y fija plazo de 10 días para responder

Escrito en . Publicado en Trabajo.

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) remitió nuevamente a la Gerencia de Pensiones —es decir, a “mando medio”— la petición de la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social sobre el reajuste de las pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) y del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), otorgando un plazo máximo de 10 días para responder.

El nuevo oficio, identificado como SJD-0360-2026, con fecha 24 de febrero de 2026, dispone el traslado del documento ACSS-002-2026 para su “debida atención dentro del ámbito de sus competencias”.

En dicho oficio, la Secretaría de la Junta Directiva señala que, aunque mediante el oficio SJD-1413-2025 se solicitó a la Gerencia de Pensiones un criterio técnico a más tardar el 9 de enero de 2026, “a la fecha no se ha recibido respuesta al respecto”.

Por ello, se instruye que la petición presentada por la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social sea atendida y comunicada en un plazo máximo de 10 días posteriores a la notificación.

Contexto: la solicitud de reajuste

La gestión original de la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social, contenida en el oficio ACSS-003-2025 del 16 de diciembre de 2025, solicitó a la Junta Directiva:

  • Reajustar el monto básico de la pensión del RNC de ¢82.000 a ¢89.626 a partir del 1° de enero de 2026.

  • Revaluar al menos un 1% todos los montos de pensiones del IVM.

  • Reajustar la pensión mínima del IVM de ¢159.692,22 a ¢162.295,20.

La Auditoría Ciudadana fundamentó su solicitud en la pérdida de valor adquisitivo acumulada, señalando que las pensiones del RNC no se revalúan desde mayo de 2019 y que las pensiones del IVM presentan pérdida acumulada desde julio de 2020.

Respuesta previa de la Gerencia de Pensiones

En respuesta al oficio SJD-1413-2025, la Gerencia de Pensiones emitió el oficio GP-0029-2026, en el que indicó que el RNC depende de recursos presupuestarios girados por el Estado y que “hasta el momento el Estado no ha girado recursos presupuestarios para poder efectuar aumentos”.

En cuanto al IVM, señaló que cualquier revalorización requiere un estudio actuarial de la Dirección Actuarial y Económica y que, hasta contar con dicho estudio, es “imposible desde el punto de vista normativo y técnico” efectuar un aumento.

Respecto al monto mínimo del IVM, indicó que se aplicará el ajuste automático conforme al artículo 29 del Reglamento del Seguro de IVM.

Nueva petición de información

Ante lo anterior, la Auditoría Ciudadana remitió el oficio ACSS-002-2026, solicitando información específica, entre ella:

  • El monto concreto del reajuste que tendrá la pensión mínima de IVM y la fecha de pago.

  • Los oficios enviados al Gobierno solicitando presupuesto para el RNC y los estudios técnicos sobre la pérdida de valor adquisitivo.

  • Que la Junta Directiva exija a sus mandos medios la realización del estudio técnico para un nuevo reajuste del IVM.

La discusión se mantiene en el marco del derecho de petición y acceso a información pública, así como del debate sobre la sostenibilidad y suficiencia de las pensiones en un contexto de inflación acumulada y pérdida de poder adquisitivo.

La remisión del nuevo oficio SJD-0360-2026 reabre el plazo administrativo y coloca nuevamente en la Gerencia de Pensiones la responsabilidad de atender formalmente la solicitud planteada.

Auditoría Ciudadana atenta a situación de pensiones – CCSS confirma recepción del trámite

Escrito en . Publicado en Trabajo.

La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) informó que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) acusó recibo oficial de la documentación presentada en el marco de la solicitud ACSS-001-2026, relacionada con el reajuste de las pensiones del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y del Régimen No Contributivo (RNC).

El acuse de recibo fue enviado el viernes 30 de enero de 2026 desde la cuenta institucional de Correspondencia de la CCSS, en el cual se indica que la documentación remitida será asignada a la unidad destinataria para el análisis de los requisitos de admisibilidad, y que, de ser necesario, se solicitará la subsanación correspondiente. La CCSS también aclara que dicha dirección de correo es de uso exclusivo para la recepción de documentos de unidades que la reconocen como medio oficial.

La gestión ACSS-001-2026 da seguimiento a una solicitud previa presentada el 18 de diciembre de 2025 ante la Junta Directiva de la CCSS y la Gerencia de Pensiones, en la que la Auditoría Ciudadana solicitó un criterio técnico y fundamentado sobre el reajuste de los montos de las pensiones del IVM y del RNC. Según consta en el documento, la Junta Directiva trasladó la solicitud a la Gerencia de Pensiones, fijando como plazo máximo el 9 de enero de 2026 para emitir respuesta; sin embargo, al cierre de enero no se había comunicado resolución alguna.

Ante el vencimiento del plazo, la Auditoría Ciudadana solicitó formalmente copia digital del criterio técnico emitido por la Gerencia de Pensiones y de lo acordado por la Junta Directiva, como parte de su labor de control ciudadano y vigilancia del derecho a la seguridad social, especialmente en un contexto de creciente preocupación por el poder adquisitivo de las pensiones y el cumplimiento de las obligaciones institucionales.

La ACSS ha venido desarrollando diversas acciones públicas orientadas a la defensa del sistema solidario de pensiones, entre ellas solicitudes de información, análisis técnicos, pronunciamientos públicos y llamados a la transparencia institucional, con el objetivo de garantizar que las decisiones sobre pensiones se adopten con criterios técnicos claros, información oportuna y respeto a los derechos de las personas pensionadas, particularmente de quienes dependen del régimen no contributivo.

Línea de tiempo reciente – Gestiones de la ACSS sobre reajuste de pensiones

18 de diciembre de 2025
La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) presenta ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), específicamente ante la Junta Directiva y la Gerencia de Pensiones, una solicitud formal de información relacionada con el reajuste de las pensiones del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y del Régimen No Contributivo (RNC), solicitando criterio técnico y fundamentos utilizados para la toma de decisiones.

Diciembre de 2025
La Junta Directiva de la CCSS traslada la solicitud a la Gerencia de Pensiones, estableciendo como fecha límite el 9 de enero de 2026 para emitir el criterio técnico correspondiente.

9 de enero de 2026
Vence el plazo establecido por la Junta Directiva para responder a la solicitud de la ACSS, sin que se haya comunicado respuesta pública ni notificación formal a la organización ciudadana.

Enero de 2026 (posterior al vencimiento del plazo)
Ante la ausencia de respuesta, la ACSS presenta una nueva gestión (ACSS-001-2026) solicitando copia digital del criterio técnico emitido por la Gerencia de Pensiones y de lo acordado por la Junta Directiva, como parte de su labor de control ciudadano y vigilancia del derecho a la seguridad social.

30 de enero de 2026
La CCSS envía acuse de recibo oficial de la documentación presentada por la ACSS, indicando que la solicitud será asignada a la unidad destinataria para el análisis de los requisitos de admisibilidad y que, de ser necesario, se solicitará la subsanación correspondiente.

 

SIFREHN: mayoría del personal de la CCSS no tiene capacidad resolutiva y hay una megaburocracia administrativa

Escrito en . Publicado en Salud.

Durante un reciente coloquio del Sindicato Frente Hospitalario Nacional y Afines (SIFREHN), el médico Alfredo Ramírez Montero expuso una serie de datos que, según indicó, permiten comprender mejor la profundidad de la crisis que atraviesa la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), tanto en la prestación de servicios como en su situación financiera.

De acuerdo con información oficial de la Auditoría Interna de la CCSS, correspondiente a la planilla de diciembre del año anterior, la institución cuenta con 63.650 funcionarios. Sin embargo, solo una octava parte de ese total tendría capacidad resolutiva directa para atender los problemas médico-asistenciales de la población.

Según los datos presentados, únicamente 2.870 médicos generales y 3.900 médicos especialistas tienen capacidad directa para resolver listas de espera, atención de emergencias y consultas médicas. A este grupo se suman aproximadamente 660 odontólogos y 345 psicólogos, así como profesionales en microbiología, farmacia y enfermería, para un total cercano a 15.000 profesionales en ciencias médicas.

A estos se añaden cerca de 30.000 funcionarios que desempeñan labores esenciales de apoyo, como auxiliares de enfermería, asistentes de pacientes, personal de nutrición, misceláneos y técnicos, quienes —según se señaló— sostienen gran parte de la atención directa a pacientes hospitalizados y en condiciones críticas.

No obstante, el resto del personal, alrededor de 33.000 funcionarios, corresponde al núcleo administrativo, lo que, según Ramírez Montero, evidencia que la CCSS cuenta actualmente con más personal administrativo que personal operativo asistencial, convirtiéndose en una “megaburocracia administrativa” que no contribuye a mejorar la atención médica.

El expositor recordó que entre los años 2006 y 2007 se contrataron aproximadamente 11.000 funcionarios adicionales, sin que ello generara mejoras en la prestación de los servicios, situación que posteriormente fue confirmada por estudios de la Organización Panamericana de la Salud.

En materia financiera, se señaló que el Estado cubre apenas cerca del 66 % del costo real de la atención en salud brindada a personas en condición de pobreza, lo que, según se indicó, violenta disposiciones legales vigentes. Asimismo, se afirmó que el Estado paga menos del 4 % del costo real del primer nivel de atención en salud, hoy a cargo de los EBAIS, cuyo costo anual supera los 700.000 millones de colones, mientras que la CCSS cobra apenas unos 25.000 millones, monto que además no es cancelado.

Otro punto crítico señalado fue el traslado anual de recursos del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) hacia el Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM), estimado en alrededor de un billón de colones por año, lo que habría provocado el severo debilitamiento del fondo de reserva del IVM. Dicho fondo, que debería rondar los 55 billones de colones, cuenta actualmente con apenas 3,5 billones.

Finalmente, se indicó que en los últimos años se habrían dejado de cobrar al Estado aproximadamente 1,6 billones de colones de deuda con la CCSS, profundizando el desfinanciamiento institucional.

Ante este panorama, Ramírez Montero afirmó que la crisis en la atención médica, las listas de espera y la sobrecarga del personal asistencial no deben normalizarse, y llamó a las altas autoridades del país, en particular a la Asamblea Legislativa de Costa Rica, a asumir su responsabilidad en la defensa del financiamiento y la función social de la seguridad social costarricense.

📺 Puede ver el video con la exposición en el siguiente enlace:

https://m.youtube.com/watch?v=8eLBNpSBRQ4

Un chantaje inaceptable con las pensiones

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Martín Rodríguez Espinoza

La propuesta de Laura Fernández de vender el Banco de Costa Rica (BCR) y el Banco Internacional de Costa Rica (BICSA) para supuestamente fortalecer el régimen de pensiones IVM es una aberración y constituye un chantaje político inaceptable.

Esta iniciativa se presenta como una «solución» para inyectar fondos al IVM, pero en realidad encubre un problema creado por el propio Estado, la deuda multimillonaria que el gobierno ha acumulado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y particularmente con el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Por ley, el Estado debe financiar parte de este régimen, y el incumplimiento de esa obligación legal es lo que ha estrangulado las finanzas del IVM (el Estado adeuda unos ¢689.000 millones a este fondo). Mientras tanto, los recursos que no se aportan a la Caja terminan destinados a otros fines, enriqueciendo a sectores cercanos al poder. En lugar de asumir su responsabilidad y pagar lo adeudado, se pretende sacrificar dos instituciones bancarias públicas para tapar “el hueco” fabricado por ellos, lo cual es inadmisible.

Es alarmante que, en vez de procurar saldar esa deuda, se recurra a vender bancos públicos. Vender el BCR y BICSA no solo significaría perder activos del Estado; también sienta un precedente peligroso de privatizar el patrimonio público para resolver un problema que el propio gobierno creó.

Llamar a esta maniobra «oxigenar el IVM» es engañoso, en realidad, se está condicionando la estabilidad del sistema de pensiones a la entrega de nuestras instituciones bancarias en bandeja de plata a intereses privados, vinculados a su campaña. Eso equivale a un chantaje, se hace creer a la ciudadanía que solo vendiendo el patrimonio público se podrán salvar sus pensiones. Nada más lejos de la verdad y falso. Terminarían vendiendo los bancos públicos y aumentando la edad y el monto mensual para pensionarse, además, por supuesto, reduciendo el monto de la pensión.

Lo que realmente salvará al IVM es que el Estado cumpla con su obligación legal de financiarlo, la clase trabajadora aporta y se lo reducen de su salario mes a mes, los patronos aportan, pero el gobierno de turno, de este y gobiernos anteriores, no quieren aportar. Es el Estado quien debe honrar su deuda con la CCSS y el IVM, en vez de trasladar la carga al país mediante privatizaciones encubiertas.

Por todo lo anterior, esta propuesta de Laura Fernández es inaceptable y debe ser condenada. No podemos permitir que, bajo pretextos falsos, se desmantele la institucionalidad pública en beneficio de unos pocos. El país necesita soluciones responsables, fortalecer la CCSS y el IVM con los recursos que por ley les corresponde al gobierno de turno, en lugar de malvender nuestros bancos a cambio de promesas vacías.

Promesas falsas, superficiales y reprochables, de eso está lleno el “programa de gobierno” de la oficialista Laura Fernández, ¿Por qué no dice nada de la Evasión y Elusión Fiscal, del contrabando, de los odiosos privilegios arancelarios de los grandes importadores y exportadores, de la falta de vivienda, de los campesinos sin tierra, de los agricultores arruinados y en quiebra, de la pobreza y la miseria en la viven miles de familias costarricenses, de los niños y jóvenes que abandonan las aulas, los colegios y que no tienen acceso a las universidades pero son presa de las bandas narcotraficantes que financian campañas electorales?

Las cárceles con las que sueña, señora Laura, tendrían sentido si las propone para encerrar a los contrabandistas, evasores, elusores al Fisco, y a los narcos que financian candidatos.

Su “programa de gobierno”, señora Laura Fernández, no sirve ni para papel higiénico.

Despertemos costarricenses, exijamos compromiso con el bien común y digamos no a los chantajes con el futuro de nuestras pensiones.