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Etiqueta: jornada 4×3

El reloj roto de la historia: crónica de una jornada en retroceso

Frank Ulloa Royo

Hay relojes que no marcan la hora, sino la vergüenza. Relojes que no avanzan, sino que giran hacia atrás, como si el tiempo fuera un capricho de los poderosos y no una conquista de los pueblos. En Costa Rica, ese reloj se rompió en 1920, cuando los trabajadores, tras huelgas y revueltas, lograron que el Estado reconociera su humanidad en forma de ley: ocho horas de trabajo, ni una más. Fue una victoria contra el agotamiento, contra la lógica colonial del cuerpo como recurso. El tiempo, por fin, era también territorio obrero.

Pero hoy, cien años después, los nuevos conquistadores—con corbata y logo corporativo—exigen doce horas de jornada. No con látigo, sino con decreto. No desde Sevilla, sino desde San José. El Estado nacional, que antes legislaba para proteger, ahora legisla para rendirse. Se invoca el desarrollo como antes se invocaba la evangelización. Se ofrece el cuerpo del trabajador como incentivo, como moneda de cambio. Y el reloj, ese viejo testigo de las luchas, empieza a girar hacia atrás, como si la historia fuera un error que conviene corregir.

El derecho laboral de Indias fue un campo de batalla entre la ley y la realidad, entre el discurso humanista y la práctica colonial. Las leyes proclamaban dignidad, pero legitimaban el despojo. Su legado es ambivalente: testimonio de una voluntad reformista y evidencia de su fracaso. Sin embargo, en medio de sus contradicciones, esta legislación dejó huellas profundas que aún resuenan en los sistemas jurídicos modernos.

Muchos de sus principios —aunque nacidos en contextos de dominación— anticiparon derechos que hoy consideramos fundamentales. La limitación de la jornada laboral, la protección de la maternidad, el reconocimiento del salario justo, la regulación de oficios peligrosos, la prohibición del trabajo infantil y la defensa de la salud en el trabajo fueron formulados como alternativas al trabajo forzoso y a la esclavitud. Estas propuestas, aunque incompletas y muchas veces incumplidas, constituyen los primeros esbozos de una ética laboral que buscaba humanizar la producción.

La legislación indiana, entonces, no puede ser leída únicamente como instrumento de control. También fue espacio de disputa, de reforma, de resistencia jurídica. En sus márgenes se gestaron debates sobre la humanidad del otro, sobre la legitimidad del poder, sobre el derecho al descanso, al cuerpo, al salario. Como señala Borrajo Dacruz (2003), “la historia del derecho del trabajo no comienza con la revolución industrial, sino con los primeros intentos de limitar el abuso en contextos coloniales”.

Lo irónico es que ni las Leyes de Indias, redactadas en pleno siglo XVI por una monarquía esclavista, se atrevieron a tanto. Felipe II, en su Instrucción de 1593, ordenaba que los obreros trabajaran ocho horas, repartidas para evitar el rigor del sol. ¡Felipe II, nada menos! El mismo que gobernaba sobre minas, encomiendas y amputaciones, reconocía que el cuerpo humano tenía límites. Hoy, en cambio, se pretende que el trabajador moderno—con más derechos, más ciencia, más Constitución—trabaje más que un indígena bajo el sol colonial. ¿Progreso? ¿Modernidad? No. Es el regreso al feudo, pero con Wi-Fi.

La ley que se propone no es una reforma: es una parodia. Una tragicomedia legislativa donde el Estado se disfraza de gestor, pero actúa como capataz. Se redactan protocolos, se celebran foros, se imprime el retroceso en papel membretado. Y mientras tanto, el reloj sigue girando hacia el abismo, marcando no las horas trabajadas, sino las horas perdidas. Perdidas en la historia, en la dignidad, en la memoria.

Porque legislar doce horas no es solo legislar tiempo: es legislar olvido. Es borrar la huelga de 1920, la Revolución del Sapoá, los sindicatos que entendieron que el cuerpo no es mercancía. Es decirle al trabajador: “Tu historia no importa. Tu cansancio no cuenta. Tu tiempo no es tuyo.”

Pero el reloj, aunque roto, recuerda. Y cada vuelta hacia atrás es también una señal de alarma. Porque hay memorias que no se archivan, cuerpos que no se rinden, y pueblos que saben que el tiempo no se negocia: se conquista.

Y mientras se redactan leyes para extender la jornada, se archivan las inspecciones, se recortan pensiones, se normaliza el despojo. El trabajador accidentado, incapacitado, descartado, se convierte en expediente. Se le quita el cuerpo, luego el trabajo, luego el nombre. Se le deja la espera. Se le deja la nada.

Hoy más que nunca, el movimiento de los que trabajan bajo una jornada debe levantar la voz y no permitir que las agujas del reloj retrocedan. No para pedir favores, sino para recordar conquistas. No para negociar retrocesos, sino para defender el tiempo como derecho. Porque si el reloj gira hacia atrás, que sea para recordar quiénes somos, de dónde venimos, y por qué luchamos.

Debemos rechazar con todas nuestras fuerzas el proyecto de jornada 4×3

El Proyecto de Ley de Jornadas 4×3 (Expediente 24.290) en Costa Rica, es nefasto para las personas trabajadoras, sus familias y para la sociedad costarricense. Propone jornadas laborales de hasta 12 horas diarias durante cuatro días, seguidas de tres días de descanso, principalmente para sectores con operaciones continuas.

Su objetivo se centra en incrementar la producción en detrimento de la salud de las personas trabajadoras. Incluso, este argumento es un engaño; contrario a lo que afirman los promotores, la productividad individual disminuye con jornadas extendidas debido a la fatiga y el agotamiento.

Los recargos salariales propuestos (17-25.5%) son insuficientes para compensar el desgaste y la pérdida de tiempo personal. Todo lo contrario, estamos ante la perdida de la conquista histórica de las 8 horas de trabajo y el pago de horas extras.

La “voluntariedad» que se les ofrece a las personas para someterse a estas jornadas y horarios es una mentira política ya que, en un contexto de desempleo y asimetría de poder, las personas trabajadoras se verían obligados a aceptar estas condiciones y con muchas más razón al encontrase Costa Rica entre los países con más desempleo en Centroamérica.

Los tiempos de traslado, las atenciones de las responsabilidades familiares (tiempo de calidad para la familia) y en general la conciliación vida – trabajo – familia, limitaría considerablemente el descanso adecuado y pueden llevar a fatiga crónica, estrés y agotamiento físico y mental, aumentando el riesgo de accidentes laborales y enfermedades graves, como infartos o accidentes cerebrovasculares, especialmente en jornadas de 55 horas o más a la semana, según la OIT y la OMS.

Las desigualdades de las mujeres trabajadoras ya son, de por sí, muy considerables, con las jornada 4×3 se incrementarían esas desigualdades en mujeres jefas de hogar, al intensificar su «triple carga» de trabajo remunerado y no remunerado, y en jóvenes estudiantes que trabajan, comprometiendo su formación académica.

El trabajo respetuoso y digno es fundamental en toda sociedad democrática. Legalizar jornadas excesivas es un retroceso contundente de los avances históricos en la reducción de la jornada laboral a nivel internacional y las directrices de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Organización Internacional del Trabajo. Además, el uso de la «vía rápida» limita el debate democrático y el análisis profundo, sin estudios que demuestren la creación de empleos «decentes».

La propuesta 4×3 intensifica las horas diarias sin reducir la jornada semanal total, Debemos mantener la jornada que tenemos e incluso cambiarla para que las personas trabajen menos y compartan más tiempo con sus familias y estudien. Debemos trabajar para vivir y no vivir para trabajar.

El Proyecto de Ley de Jornadas 4×3 es un retroceso que compromete los derechos laborales, la salud pública, la vida y el quehacer cultural social en Costa Rica, sin ofrecer garantías reales y demostrables de los beneficios prometidos.

Desde la Asociación Costarricense de Derechos Humanos – ACODEHU, hacemos un llamado para que todas las personas habitantes manifiesten su rechazo a este nefasto proyecto, contrario a los derechos humanos de las personas, y a que nos movilicemos para detenerlo.

Los derechos humanos son nuestros, no son del patrón, tampoco deben responder a los intereses de la producción.

FECTSALUD denuncia alianzas oscuras y retrocesos en derechos laborales de cara al 2026

En esta producción informativa de FECTSALUD Costa Rica, Juan Carlos Durán Castro, secretario de Prensa y Propaganda de la organización, analiza las alianzas políticas, estrategias del gobierno y amenazas a los derechos laborales, centradas en el polémico proyecto de ley sobre la jornada 4×3.

Durán denuncia un “pacto oscuro” entre el Partido Liberación Nacional (PLN) y el gobierno, el cual, según sus palabras, debilita al candidato del PLN, Álvaro Ramos, e involucra acuerdos poco transparentes con sectores empresariales como UCCAEP y diputaciones oficialistas.

Pilar Cisneros también hizo sus «chapuzas» por el sector de UCAEP”, afirma Durán, cuestionando el argumento de que el salario mínimo afecta la competitividad del país. Según él, este discurso es falso y busca llevar el trabajo precario al trabajo esclavo, afectando directamente a la clase trabajadora.

También advierte que el gobierno habría ejercido presión sobre UCCAEP para impulsar la jornada 4×3, retirando y luego volviendo a convocar el proyecto de ley como táctica para negociar préstamos y continuar endeudando al país. A este accionar lo llama “la jugada del tonto”, en la que se involucra a Liberación Nacional como parte de una estrategia engañosa.

Finalmente, lanza un llamado a la población costarricense a reflexionar críticamente sobre estas acciones y discursos de cara a las elecciones de febrero de 2026, insistiendo en que no se trata de simples decisiones técnicas, sino de un modelo político que busca debilitar derechos laborales fundamentales.

Puede ver el video completo en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/share/v/16cCFSnNB8/

La Guarida de Zapote sigue sin verse, sin encontrarse. ¿Hacia dónde vamos?

Vladimir de la Cruz

La reelección continua presidencial funcionó en el pasado histórico costarricense. Se prohibió en 1949. Actualmente se permite alternativa luego de 8 años de haberla ejercido.

Es una práctica que sigue existiendo en la mayoría de los países, limitada a una elección adicional continua. En los sistemas parlamentarios se permite más. En los gobiernos autoritarios como los de Venezuela o Nicaragua se permite la reelección sin límite.

Los períodos presidenciales o de gobierno de 4 años resultan cortos para quienes lo ejercen, porque al iniciar su gobierno el presidente encuentra un Presupuesto Nacional en el que él no participó en su definición ni en la política que lo estructura, que fue aprobado en noviembre anterior a su ascenso presidencial, que solo puede administrar por el resto sus primeros meses de gobierno. A partir del inicio de su presidencia, en noviembre de sus primeros meses de gobierno, se aprueba el Presupuesto Nacional, para el siguiente año, a partir de enero, que es la primera propuesta del Presiente, con su visión, con sus compromisos de campaña electoral que puede trazar el camino que quiere darle a los principales ejes del desarrollo nacional.

Lo usual es que, en los primeros meses de gobierno, de mayo a julio, el presidente pueda presentar alguna modificación presupuestaria, pero no le permite modificar todas las partidas del Presupuesto Nacional.

Esta situación ha colaborado en mucho para los ciudadanos se desinflen de los gobiernos que inician, de sus partidos políticos gobernantes y obviamente de sus presidentes, porque no pueden percibir ni sentir reformas o políticas concretas asociadas al entusiasmo con el votaron por ese nuevo gobierno y ese presidente.

Esta situación era más grave hasta los gobiernos que terminaron en el 2022. Ese año, 2022, con el actual presidente Rodrigo Chaves Robles, empezó a funcionar la reforma constitucional con la que se invirtió las sesiones parlamentarias, que empezaban en mayo en Sesiones Ordinarias, que son las que los diputados y sus partidos tienen la iniciativa parlamentaria, mientras en las Sesiones Extraordinarias, es el presidente el que tiene la iniciativa de ley. En el período anterior al 2022 el presidente se obligaba a acatar el presupuesto nacional y cumplirlo como se había aprobado en noviembre anterior a su ascenso presidencial. Ahora no. En el 2022, el presidente Rodrigo Chaves inició con las Sesiones Extraordinarias Legislativas, pero no tenía nada preparado para impulsar como proyectos de su iniciativa, en correspondencia con lo que había hablado en su campaña electoral, que fue un discurso vacío de contenidos relacionados con el desarrollo nacional e institucional. Sus primeros días de gobierno fueron un desastre legislativo. De hecho la Asamblea Legislativa se paralizó uno días.

Antes del 2022 los problemas y dinámica política del país, de mayo a noviembre, obligaban a postergar o ignorar las promesas electorales, porque toda la gestión gubernamental se anclaba en el presupuesto aprobado en noviembre del 2021.

Es en el Presupuesto Nacional, que elabora el presidente con su gabinete, montado sobre la estructura existente de presupuestos nacionales que se presentan para su aprobación, para su siguiente año, donde el presidente puede trazar o fijar sus intenciones novedosas frente a lo que el gobierno quiere impulsar.

En los Presupuestos de noviembre del 2022, noviembre del 2023 y noviembre del 2024 no se destacó nada relevante en este sentido. Ha sido un gobierno sin nueva visión de país. Ha sido de continuismo, pero destruyendo lo que pueda del andamiaje institucional existente.

El presupuesto del próximo año, 2026, ya se está proyectando en las instancias técnicas, para ser presentando en los próximos meses ante la Asamblea Legislativa, para su trámite de aprobación, que sería el Presupuesto Nacional del 2026, con el que arrancará sus tareas y labores el gobierno que se elija en febrero o abril del 2026.

El presidente Chaves ha venido insistiendo en la necesidad de proyectar su gobierno, sus “políticas” y sus “directrices”, que solo él conoce para el próximo ejercicio presidencial. Ha insistido que para ello se necesita tener por lo menos 38 diputados, que es lo que él impulsa en sus arengas de los miércoles para poder, en el nuevo gobierno, o desde la Asamblea Legislativa con esa mayoría de diputados poder iniciar o realizar los cambios institucionales que cree son necesarios para el desarrollo futuro de Costa Rica.

Desde la primera experiencia que tuvimos, en mayo del 2022, cuando inició este gobierno, del Jaguar de Zapote, se produjo una desinflada. El Jaguar no ofreció nada a la Asamblea Legislativa, por lo que en esos días la Asamblea quedó entrabada en su funcionamiento. Sigue entrabada en la iniciativa presidencial. Lo hemos visto estos días cuando propone una vía rápida para la discusión del proyecto de ley de las jornadas esclavistas, y cuando inicia su discusión retira de la vía rápida ese proyecto, e introduce otro, relacionado con el préstamo de $500 millones del BIRF. Ojo, la introducción de este proyecto es la discusión ordinaria legislativa.

Este proyecto de aprobación de los $500 millones no puede tramitarse por la vía rápida que se había establecido específicamente para el proyecto de las jornadas esclavistas. Eso sería un fraude de ley en el procedimiento parlamentario, sería meter gato por liebre en la discusión parlamentaria.

El presidente al haber retirado el Proyecto de Ley de las Jornadas esclavistas de 12 horas diarias sacó ese proyecto de esa discusión y anuló la vía rápida que se habían aprobado de manera específica para la discusión de ese proyecto. Automáticamente, no significa que la vía rápida que se había aprobado funcionara para todos los proyectos que están en la discusión parlamentaria. La vía rápida, si se aprueba, se hace para el proyecto de ley particular y específico que se quiere acelerar en su aprobación mediante ese mecanismo legislativo de aprobación de proyectos de ley.

Los trastornos político-mentales del Jaguar pueden afectar su capacidad para funcionar en su vida política diaria de gobernante, mantener e impulsar relaciones políticas ilusorias, que le impiden proponer Proyectos de Ley que indiquen y proyecten el modelo ideal de país, y de nueva República, que quiere impulsar. Esto es ir al garete, a la deriva, sin control, ni dirección, prácticamente sin gobierno, dejándose ir por la acción del viento y corrientes de los otros actores políticos nacionales.

En sencillo, el pequeño gobierno, de la Ínsula de Barataria, de la Guarida de Zapote a lo tico, sigue sin verse, sin encontrarse.

El Jaguar de Zapote, por lo que leyó en inglés, en el foro mundial de Francia, parecía no saber leer o entender lo que leía. Si lee algo será libros de caballerías en los cuales puede imaginarse como el Caballero, en este caso el Jaguar, que ejerce su gobierno en su Ínsula.

El Jaguar no tiene posibilidad real de reelegirse en el 2026. En el 2034…si sigue en política activa. Para seguir en política activa solo si renuncia a la presidencia, el 31 de julio, y se presenta como candidato a diputado…, o eventualmente se espera al nuevo gobierno anhelando que algún partido jaguar gane las elecciones y lo nombre ministro, para tener alguna presencia pública.

En toda la gestión política administrativa que lleva el actual gobierno, y el Jaguar de Zapote, a pesar de sus rugidos, por más explosivos y profundos que parezcan, salidos forzadamente a través de su boca abierta, ¿hocico, por ser un jaguar?, como los hace, no se ha presentado un solo proyecto, uno solo, que refleje una visión de país, un modelo de país, una meta a la que se quiere llevar al país, que indique que avanzamos hacia una nueva república, hacia la cuarta o quinta república como a veces ilusoriamente, o con mente trastornada, dice el Jaguar que quiere construir.

En la teoría y práctica histórica vivimos la II República. El período histórico de la Segunda República inició el 8 de mayo de 1948. Todavía no hemos cerrado oficialmente ese período. No se ha establecido una tercera republica, ni una cuarta república. La Constitución Política que cubre esa Segunda República todavía está vigente, vivita y coleando.

Ha habido esfuerzos teóricos de ver que la II República está superada. Algunos políticos, incluso en campañas electorales hablaron de una III República. Hay quienes hablan de una IV República y hasta de una V República, sin hacer los balances históricos de esas etapas, que pueden definirse como II, III, IV o V República.

Generalmente, en la actualidad estas Repúblicas descansan también en nuevas constituciones políticas. En Costa Rica en diversos momentos el péndulo de la convocatoria de una Asamblea Constituyente se mueve en la dirección de convocarla, pero el temor y la incertidumbre alrededor de lo que puede salir lo frena. Para el mes de setiembre próximo el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica desarrollará un ciclo de jornadas de reflexión en torno a una nueva Asamblea Nacional Constituyente, que puede ser un buen insumo para preparar el ambiente hacia esa convocatoria nacional.

En la Historia de Costa Rica, después de 1821 tuvimos un Estado de Costa Rica, entre 1824 y 1838, cuando fuimos parte de la República Federal de Centroamérica, prolongado ese nombre hasta 1848, cuando el Dr. José María Castro firmó el 31 de agosto de 1848 el nombre aprobado por el Congreso el día anterior, de República de Costa Rica.

Cien años después en 1947, estaba terminando el gobierno de Teodoro Picado Michalski, 1944-1948 y había elecciones en las cuales el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, aspiraba a un nuevo período presidencial, a partir de 1948. Las elecciones fueron muy violentas y finalmente su resultado favorable a Otilio Ulate Blanco, fue anulado por el Congreso, lo que dio origen al levantamiento armado de José Figueres Ferrer, para garantizar ese triunfo.

De paso, Figueres y su grupo consideraban que los ocho años de gobiernos de Rafael Ángel Calderón Guardia, 1940-1944, y el de Teodoro Picado Michalski, 1944-1948, habían sido de gran corrupción, nepotismo y de fraudes, que habían acabado con el espíritu de la República, que hasta entonces se estaba viviendo. De allí surgió el planteamiento de Figueres de fundar la II República, considerando el centenario de la fundación de la República y la necesidad de fundar una nueva República, que el 8 de mayo, cuando asumió el gobierno transitorio de 1948-1949, llamó a la fundación de la Segunda República. Esta Segunda República la acompañó de una nueva Constitución Política, para lo cual llamó a elecciones de una Asamblea Nacional Constituyente que funcionó en el año 1949, promulgando la actual Constitución Política.

Así, vivimos desde 1948 el período histórico de la Segunda República. Este ciclo oficialmente no se ha cerrado. No se ha enterrado oficialmente la Segunda República.

Tampoco ha nacido una Tercera, ni una Cuarta República, que dé origen a una posible nueva República, como algunos la sueñan, ni se ha asociado esta nueva República a una Nueva Constitución.

Para ello se necesita una opiomanía constitucional nacional, que todos soñemos con una Nueva Constitución Política, como marco político institucional de esa Nueva República que es necesario refundar, con reelección o sin reelección continua de diputados y presidente, al menos por un período gubernativo

¿Estaremos preparados para esto? ¿O seguiremos en la improvisación de gobiernos jaguares o similares? ¿Zapote seguirá como guarida de jaguares o de otros animales políticos?

El proceso electoral en marcha sigue sin claras definiciones partidarias y de candidatos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Estaremos en capacidad de enfrentar este desafío histórico a partir del 2026, hacia una Nueva Costa Rica, hacia una nueva etapa histórica?

Compartido con SURCOS por el autor.

Las mujeres no están solas: llamamos a la alianza institucional

Enid Cruz Ramírez

En estos días, muchas organizaciones de mujeres, colectivos feministas y comunidades a lo largo del país estamos alzando la voz contra el proyecto de ley que pretende imponer jornadas laborales de 12 horas durante cuatro días (la llamada jornada 4×3), sin pago de horas extra y con impactos graves en la salud, la vida cotidiana y los derechos adquiridos por las personas trabajadoras, especialmente las mujeres.

Que la institucionalidad camine con nosotras

En Costa Rica, durante décadas se ha levantado un entramado institucional robusto en materia de igualdad y equidad de género: comisiones de género en instituciones públicas, redes interinstitucionales de atención y prevención a la violencia contra las mujeres, políticas públicas específicas como el Plan Nacional de Atención y Prevención de la Violencia (PLANOVI), Comisiones Municipales de la Mujer, y una Comisión Permanente de la Mujer en la Asamblea Legislativa.

Todas estas instancias existen, en teoría, para garantizar los derechos de las mujeres, prevenir las violencias estructurales y promover condiciones de vida dignas y equitativas.

Sin embargo, ante el actual debate sobre la propuesta legislativa para instaurar la jornada 4×3, una medida que implica trabajar 12 horas diarias durante cuatro días, sin reconocimiento de horas extra y con efectos negativos en la salud, la vida familiar, el tiempo de cuidado y la calidad de vida, el silencio institucional es ensordecedor.

El país ha invertido recursos humanos, económicos y políticos para crear un marco institucional que vele por la igualdad sustantiva. Pero la institucionalidad no puede ser solo ornamental ni técnica. Debe ser política. Debe alzar la voz cuando los derechos de las mujeres se ven amenazados por reformas regresivas que profundizan las desigualdades de género.

Cuando las mujeres luchan, las instituciones deben responder

Hoy no escribo solamente para denunciar la ausencia, sino para invitar a actuar. Este no es un llamado solo a la ministra o al INAMU, sino a todas las personas e instancias que alguna vez se han declarado aliadas de los derechos de las mujeres.

Es hora de pasar del discurso a la acción. De entender que la defensa de nuestros derechos no puede depender únicamente de las organizaciones sociales o del activismo de base: debe ser una responsabilidad compartida entre quienes habitamos las comunidades y quienes ocupan espacios institucionales.

La jornada 4×3 no es solo una propuesta técnica o económica. Es una amenaza que profundiza

desigualdades estructurales y precariza la vida, sobre todo de quienes históricamente han sostenido el país desde los márgenes: mujeres rurales, trabajadoras del sector informal, cuidadoras, migrantes, madres solas.

Si no logramos que el Estado escuche a estas voces, si no logramos que la institucionalidad responda, entonces estaremos fallando colectivamente.

Que el entramado institucional no le falle a las mujeres

Hoy hacemos un llamado firme y fraterno: necesitamos que cada comisión, cada red, cada oficina de género, cada voz con poder dentro del Estado se coloque del lado correcto de la historia. Que se sumen a esta defensa legítima, no desde la formalidad, sino desde la convicción.

Porque cuando los derechos de las mujeres están en riesgo, el silencio no es neutral: es cómplice.

Lo personal es político, y el trabajo también lo es.

¡Rechazamos la alianza política contra los derechos humanos de la clase trabajadora!

Comunicado de UNDECA

La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) condena enérgicamente la aprobación de la vía rápida al proyecto de ley que pretende imponer jornadas laborales de 12 horas en Costa Rica, una vergonzosa alianza de las fracciones del Partido Liberación Nacional (PLN), el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el Partido Liberal Progresista (PLP), Nueva República, varios diputados independientes, todos bajo la dirección del gobierno de Rodrigo Chaves.

Denunciamos este retroceso histórico como un golpe directo a los derechos humanos de la clase trabajadora costarricense. Esta intentona por extender las jornadas laborales, disfrazada de modernización y “voluntariedad”, representa una regresión de más de 100 años en las conquistas laborales que con sangre, sudor y lucha fueron conquistadas por el movimiento obrero nacional e internacional.

Este proyecto, además de inhumano, es inconstitucional y contrario a tratados internacionales en materia de derechos humanos laborales, como lo han señalado con contundencia destacados juristas y expertos laboralistas. Las supuestas reformas introducidas por el PLN son cosméticas, decorativas y un fraude legal, destinadas a lavar la cara del proyecto, sin eliminar su carácter profundamente regresivo y explotador.

Rechazamos el mito de la «voluntariedad» del trabajador. En una relación laboral existe una asimetría de poder, y lo que se disfraza de elección libre es en realidad una imposición del patrono. La supuesta consulta laboral planteada no garantiza ni transparencia, ni independencia, ni protección contra la coacción patronal. Se trata de un mecanismo fraudulento para imponer jornadas inhumanas bajo presión y amenaza de despido.

UNDECA denuncia que esta embestida legislativa es producto de la presión ejercida por los grandes intereses empresariales de UCCAEP, que han torcido la voluntad política de partidos que históricamente decían defender al pueblo. Hoy se delatan como fieles servidores del capital.

Advertimos al pueblo trabajador: esta no es una reforma laboral, es una agresión directa a nuestros derechos, nuestra salud, nuestras familias y nuestra dignidad, eliminando el pago de horas extra, modificando la jornadas diurna, mixta y nocturna.

Llamamos a la movilización social, sindical y popular en defensa de la jornada de 8 horas, una conquista irrenunciable de la clase trabajadora, protegida por la Constitución Política, el Código de Trabajo y convenios internacionales de la OIT.

¡Ningún retroceso! ¡La jornada de 8 horas no se toca!
¡No al fraude laboral disfrazado de voluntariedad!
¡Sí a la dignidad, la salud y los derechos humanos del pueblo trabajador!

San José, Costa Rica
27 de junio de 2025

UNDECA – Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social
Por la defensa de la salud, la dignidad y los derechos de la clase trabajadora.

Carta a la Asamblea Legislativa y a las candidaturas presidenciales para que rechacen jornada de 12 horas – para firmar

SURCOS comparte la siguiente propuesta para firmar:

ACCEDER – Carta pública: nos oponemos a trabajar más horas al día por menos salario

Se aprobó la vía rápida a las jornadas extenuantes de 12 horas sin pago de horas extra.

Firmá esta carta para exigir a la Asamblea Legislativa y a las candidaturas presidenciales que rechacen el proyecto 24.290, que impone jornadas laborales extenuantes, sin pago de horas extra y pone en riesgo la salud, los derechos laborales y la vida digna de miles de personas trabajadoras en Costa Rica, especialmente mujeres y personas en condiciones de vulnerabilidad. Para firmar:

https://forms.gle/tHy6MV4nAnYqXxS6A

¿Qué es lo que realmente se quiere con la nueva jornada de trabajo de 12 horas si ya existe su autorización?

Vladimir de la Cruz

La jornada de 12 horas existe constitucional y legalmente en Costa Rica. No hay necesidad de estar impulsando un proyecto de Ley que establezca de manera precisa una jornada ordinaria de 12 horas diarias, como se pretende en la Asamblea Legislativa.

En el mundo, la jornada de ocho horas diarias se logró, como resultado de la lucha de los trabajadores europeos y estadounidenses a finales del siglo XIX.

Las huelgas generales que agitaron los Estados Unidos en la década de 1880-1890 establecieron, por las huelgas realizadas en 1886, especialmente en la ciudad de Chicago el reconocimiento y establecimiento de esa jornada para el 80% de los trabajadores que se habían movilizado en esas luchas.

En 1888 el movimiento obrero de los Estados Unidos se aprestó a continuar esa lucha el 1 de mayo de 1890 para asegurar la jornada de ocho horas en todos los Estados Unidos.

El 1 de mayo de cada año se discutía, en asambleas directas entre trabajadores y patronos, los contratos de trabajo y las condiciones de trabajo del año siguiente. Por ello, la huelgas para que el 1 de mayo de 1886 y de 1890 se negociara los contratos de trabajo, en estado de huelga, con la consigna de las ocho horas como jornada diaria de trabajo.

En 1889 dos congresos obreros de trabajadores socialistas en Francia se sumaron a la convocatoria de las huelgas y luchas que se realizarían en 1890. El Congreso de trabajadores reunido en la Sala Petrelle acordó, además, declarar y establecer el 1 de mayo de cada año, como un día internacional de lucha de los trabajadores, donde cada año, ese día, se pudiera hacer un balance de las luchas realizadas y trazar una agenda de nuevas luchas para el año venidero. Ese es el significado que tiene el 1 de mayo como día internacional de los trabajadores.

Desde entonces se realiza y celebra el 1 de mayo como Día Internacional de Lucha de los Trabajadores, en el cual se reivindican derechos laborales y sociales, se defiende como parte de las demandas la jornada de ocho horas, se lucha por alza de salarios, como elementos centrales de las movilizaciones obreras y de los trabajadores, junto a la defensa de los derechos de organización sindical, de huelga y de negociación colectiva.

En Costa Rica la lucha internacional de la jornada de ocho horas de 1886 fue seguida por la prensa diaria que se publicaba, dando detallada información de las luchas que se iban haciendo.

La Encíclica papal Rerum Novarum de 1891 recogió estas luchas y la Iglesia Católica se pronunció a favor de la jornada de ocho horas, del derecho de organización sindical, del derecho de huelga y del derecho a un justo salario. El Obispo de Costa Rica Bernardo Augusto Thiel, en 1893, recogiendo los lineamientos de la Encíclica, en su Carta Pastoral No. 30, se pronunció en igual sentido.

A principios del siglo XX los intelectuales Joaquín García Monge, Omar Dengo, José María Zeledón Brenes, autor de la Letra del Himno Nacional, Carmen Lyra, entre otros, fundadores del Centro de Estudios Sociales Germinal, impulsaron la gestación de la Confederación General de Trabajadores, en 1913, y en mayo de ese mismo año, convocaron a la celebración del primer Primero de Mayo, como día internacional de lucha de los trabajadores en Costa Rica. Desde entonces se ha celebrado y realizado esa fecha, y se han organizado marchas de trabajadores. Excepcionalmente, en pocos años no se celebró en la calle.

En 1918 trabajadores de la madera, ebanistas y carpinteros realizaron luchas para obtener la jornada de ocho horas de trabajo.

La Organización Internacional del Trabajo, fundada en 1919, al terminar la I Guerra Mundial, hoy organismo parte de las Naciones Unidas, estableció en su Primer Convenio, en 1919, la jornada de trabajo como un derecho universal de los trabajadores, ratificado por Costa Rica el 1 de marzo de 1982.

En 1920, huelgas en el sector de Obras Públicas, lograron en febrero la jornada de trabajo de ocho horas con un reconocimiento al derecho de huelga y de organización sindical. Resultado de esa lucha, se impulsaron huelgas ese año en diferentes sectores de la producción y de la economía y, en diciembre, el gobierno hizo el decreto estableciendo la jornada de ocho horas de trabajo en todo el país. La jornada no se cumplió plenamente y en el programa del Partido Reformista, en 1923, como en el del Partido Comunista, de 1931, se clamó por el cumplimiento de esa jornada.

En la década de 1940-1950, durante el gobierno del Dr. Rafael Angel Calderón Guardia, 1940-1944, en el contexto de la crisis internacional provocada por la II Guerra Mundial, se aprobó la Reforma a la Constitución Política de 1871, para introducir en ella, el capítulo de las Garantías Sociales, y el Código de Trabajo, también aprobado ese año.

En las Garantías Sociales como en el Código de Trabajo se estableció la jornada de ocho horas de trabajo, como jornada máxima diaria, con posibilidad de extenderla por un máximo de cuatro horas diarias, reconociendo en esas jornadas extraordinarias un sobrepago de un 50% adicional al valor de cada hora ordinaria. De manera que, por ejemplo, si una hora de trabajo se paga a 1000 colones, para un total de 8000 colones al día, por cada una de las horas extraordinarias se pagaría a 1500 colones cada una, para un total de 6000 colones adicionales a la jornada ordinaria, obteniéndose un salario completo de 14000 colones por día.

En aquellos días del Gobierno de Calderón Guardia, 1940-1944, existió hasta 1945, el Centro de Estudios para los Problemas Nacionales, que reunía a los jóvenes, intelectuales y otras personalidades que se identificaban con la Social Democracia. De ellos, Otto Fallas Monge, Rodrigo Madrigal Nieto, Abel Castro Hidalgo, Luis Alberto Monge Álvarez, Mario Rodríguez Rodríguez y Rodrigo Odio González redactaron un Proyecto de Código de Trabajo, que fue presentado, tiempo después, a la Junta de Gobierno Fundadora de la II República, en cuyo artículo 158 establecieron que la jornada ordinaria de trabajo no podría ser mayor de ocho horas diarias, y en el artículo 162 establecieron que la jornada extraordinaria sumada a la ordinaria no podía exceder las doce horas al día. En el artículo 160 señalaron claramente que la jornada extraordinaria debía ser pagada con un 50% adicional al valor de la jornada ordinaria. Este Proyecto de Código no se aprobó. Se mantuvo el de 1943, que reguló en los términos ya dichos, que se llevó a la Constitución Política, en su artículo 58, la jornada de 8 horas ordinaria y la extraordinaria de 4 horas, reconociendo y obligando el pago del 50% adicional por cada hora de trabajo extraordinario. Se señaló claramente, en su artículo 59, “todo sin perjuicio de las excepciones muy calificadas que el legislador establezca”, que no tienen nada que ver con este régimen de jornadas laborales. Las excepciones están establecidas en la misma Constitución y el Código de Trabajo, que tienen que ver con regulaciones de trabajo de mujeres, de niños, en condiciones insalubres y peligrosas, entre otras.

Esta es la legislación vigente en el país. Es la legislación que debe cumplirse y respetarse en Costa Rica

Desde entonces este régimen de jornadas se aplica en Costa Rica. Puede haber empresas y patronos que no las cumplan, lo que queda para los Tribunales de Justicia en la materia laboral resolver si así se denuncia, o ante el Ministerio de Trabajo si ante ese Ministerio así se evidencia y denuncia. Aún así, toda empresa que quiera operar en el país, nacional o extranjera, y todo patrón nacional o extranjero, sabe esta obligación laboral al iniciar sus actividades empresariales, productivas o patronales.

Si vienen empresas extranjeras al país se ven obligadas a cumplir estos extremos de la legislación constitucional y laboral costarricense. Todas las que han venido así lo han hecho. Cuando se pide información para venir a invertir al país así también se les da a conocer. A ninguna empresa, empresario o inversionista se le puede ofrecer algo que en materia laboral no existe en el país. Los que vienen e invierten acatan y se someten a estas disposiciones laborales, de la misma manera como lo hacen los costarricenses que invierten y desarrollan empresas en el extranjero, que tienen que adaptarse y cumplir las leyes de esos países.

Las transformaciones de la economía mundial que repercuten en el país no alteran sistemas de trabajo y de jornadas existentes. En Costa Rida hay empresas y actividades económicas que trabajan de manera continua las 24 horas. Esto es permitido y es real su existencia. En ellas trabajan tres turnos de trabajadores de 8 horas, o bien dos turnos de 12 horas de trabajadores, si así lo pactan y si así se les reconoce el pago extraordinario. Esto no es ilegal ni inconstitucional.

¿Por qué entonces quieren modificar la jornada tope de ocho horas diarias, para extenderla a una jornada tope de 12 horas diarias, eliminando el carácter de las cuatro horas extraordinarias, sobre las ocho ordinarias? Simplemente, para no pagar el 50 % adicional que se debe pagar por esas horas extraordinarias. Simplemente, para ahorrarle al patrono, al empresarios, al inversionista, nacional o extranjeros, ese pago. Simplemente, equivale a aumentarle la ganancia y su riqueza a ese empresario, inversionista o patrono, y a la vez reducirle el salario o ingreso al trabajador, con las repercusiones que esto tiene al aguinaldo, que también se verá disminuido, y a la pensión futura que también se le disminuirá, más gravemente si también se aprueba la extensión de los años de retiro laboral, a los 70 años, como se quiere hacer en paralelo con esta reforma al régimen de la jornada de trabajo de 8 horas.

Lo que se quiere es llevar a la población del país a situaciones de pauperización cada vez más agudas, con menos capacidad de consumo, por falta de ingresos o salario débiles y bajos. Es provocar mayor desempleo y trabajo informal. Es provocar una mano de obra más barata, en amplia lucha de clases y sectores de clase, pujando por emplearse al más bajo salario. Es el empobrecimiento general del país lo que se impulsa con este proyecto de la ley esclavista que quieren imponer los diputados chavistas del gobierno, los de Fabricio Alvarado y su partido Nueva República, los de la Unidad Social Cristiana, algunos de Liberación Nacional en comparsa con otros independientes.

Valientemente están impulsando este Proyecto de Ley esclavista en un año electoral. Ya veremos con qué canto de sirena lo harán y engatusarán a los ciudadanos con este proyecto de ley de las 12 horas de trabajo diario, pagadas a menor valor o precio.

Como la jornada de 12 horas existe constitucional y legalmente en Costa Rica, pagando extras, no hay necesidad de imponer una jornada que no reconozca este pago extra.

Compartido con SURCOS por el autor.

La jornada de 12 horas no se justifica, ni es necesaria

Vladimir de la Cruz

Cuando se invita a empresas y a empresarios extranjeros a invertir en Costa Rica, los organismos especializados en la atracción de capitales y de la llamada Inversión Extranjera Directa, les informan del entorno jurídico que van a tener, relacionada con impuestos, exoneración de impuestos, ventajas fiscales, seguridad jurídica existente en el país, capacidad intelectual nacional de personas preparadas para las nuevas tecnologías y ciencias informáticas, así como de otras ventajas nacionales para esas empresas y empresarios.

Una información valiosa que se les suministra es el cumplimiento de la legislación nacional de trabajo, el régimen jurídico que lo regula y las obligaciones que se tienen con los trabajadores, relacionadas con jornadas, salarios, libertades de asociación laboral.

Así operan, y están obligadas a hacerlo, la Asociación de empresas de Zonas Francas de Costa Rica, la Cámara de Comercio, la Cámara de Industrias, la Unión de cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial, la Cámara de Exportadores de Costa Rica, la Cámara de Comercio Exterior, y la Cámara de Comercio Norteamericana Costarricense.

Hace algunos años, cuando fui Embajador en Venezuela traje al país grupos empresariales venezolanos, en una ocasión 56 empresarios, que se reunieron con sectores empresariales nacionales con la intención de comprar productos nacionales y de realizar inversiones en el país. En todas las sesiones que pude participar de esos encuentros pude aquilatar y valorar el papel de los empresarios nacionales informándoles a los venezolanos de los aspectos legales que debían cumplir y someterse, entre ellos la legislación laboral y social. Siempre que he puesto ese ejemplo de relación he destacado la responsabilidad de los empresarios, en esas cámaras, de hacer valer esa legislación. La realidad puede ser otra, pero fui testigo de que se les informaba de sus obligaciones., especialmente en el campo laboral y social.

Desde principios del siglo XX se viene intentando introducir en el país la jornada de trabajo de 12 horas diarias, por cuatro días a la semana, lo que se ha llamado popularmente la ley de la jornada 4-3, que garantiza el cumplimiento de la jornada de 48 horas a la semana, que jurídicamente se establece en seis jornadas de ocho horas cada una.

Con el criterio de concentrar en cuatro días las 48 horas se trata de vender a los trabajadores actuales y futuros, una ventaja de darles tres días de descanso. Teóricamente así parece. La realidad se impondrá brutalmente sobre los trabajadores y las personas que así se contraten.

Las nuevas jornadas de 12 horas de trabajo serán devastadoras físicamente para los trabajadores, agotadoras, productoras de mayor estrés físico y mental, de tensión física y emocional, de mayor frustración, de estrés agudo y prolongado, de mayor desgaste nervioso y generador de furias y enojos, generador de dolores de cabeza, tensiones musculares, problemas digestivos, de alteración de los estados de sueño, de mayor irritabilidad y dificultad para concentrarse en el trabajo y en las relaciones familiares. La violencia doméstica y familiar probablemente se incremente.

Para empezar un trabajador o trabajadora, para incorporarse a una jornada de 12 horas, debe prepararse en su hogar por lo menos dos horas antes de desplazarse a su sitio de trabajo, para prepararse personalmente, desayunar y trasladarse al sitio de trabajo. Al finalizar las doce horas de trabajo, igualmente tendrá de disponer de otras dos horas para regresar al hogar, habiendo de esa manera dispuesto en el día, entre 14 y 16 horas fuera del hogar.

Con las actuales jornadas de ocho horas de trabajo se producen al año más de 110.000 (ciento diez mil accidentes de trabajo) atendidos por el Instituto Nacional de Seguros y el Hospital del Trauma, con altos porcentuales de muerte y de incapacidades parciales y totales. Con 12 horas de trabajo sin ninguna duda esta situación se va a incrementar.

A nivel familiar se realizará un desgaste de las relaciones de pareja, de los esposos, de los padres y madres con sus hijos. Se debilitará la relación de colaboración entre ellos.

No hay condiciones nacionales de cuido para los niños en edad preescolar, de primera infancia, y de la atención escolar que deben brindar los padres. El sistema educativo está totalmente debilitado en términos generales y sin capacidad alguna de proteger a la infancia nacional en las condiciones de trabajos de sus padres de 12 horas o más fuera de sus hogares.

Las empresas carecen de la condiciones de facilitarles cuido y educación a los niños, mientras sus padres trabajan en ellas. Ni siquiera, en el proyecto de ley de estas doce horas se contempla esta posibilidad, y la garantizar el transporte seguro y acorde al salario real del trabajador al centro de trabajo y de retorno a su casa.

Salarialmente va a producirse un impacto muy grande en los trabajadores. De conformidad a la legislación nacional cuando se trabajan más de ocho horas, lo que se permite, hay que pagar un sobre sueldo de un 50% por cada hora de trabajo adicional. Así, si un trabajador, por ejemplo, gana 100 colones por hora, en la hora extra debe ganar 150 colones, o si gana 1000 colones debe ganar 1500 colones. Este plus salarial se pierde. Todas las 12 horas se van a pagar con un salario común por hora, y las horas extras adicionales que deberían pagarse con el 50% de más, van a pagarse, en el salario integrado por menos del 15%.

Aquí, con esta jornada de trabajo de 12 horas, que es como las que se aplicaban en el siglo XIX y parte del siglo XX, de tipo esclavista, se va a producir una rebaja real del salario de los trabajadores, produciéndole una ganancia al empleador, al empresario o a la empresa.

De acuerdo con la legislación nacional todo incremento en el salario, tipo pago de horas extras, se reconoce en el pago de aguinaldo en el mes de diciembre. Con el régimen de jornadas de 12 horas no se va a pagar ningún incremento en el aguinaldo. Se recibirá un salario igual al que se ganará mensualmente, lo

De acuerdo con la legislación nacional todo incremento en el salario, también repercute en el reconocimiento final al momento de pensionarse una persona, que se le hace un recuento de todos sus ingresos, por más de 30 años de trabajo o por tener la edad de retiro legalmente establecida. Con ese recuento se le establece una pensión correspondiente a un porcentaje de los salarios ganados, que generalmente es un 40% menos del salario que se recibió. En este momento también hay un proyecto de ley que quiere aumentar la edad de retiro, a más de 65 años y hasta los 70 años de edad, debido a la longevidad de los costarricenses estimada en 82 años para las mujeres y 78 para los hombres.

Brutalmente, el ROP lo están reformando para que el ahorro “voluntario” de los trabajadores se le pueda pagar en tractos hasta la edad de 110 años, como si toda la gente de Costa Rica pudiera vivir como doña Marita Camacho de Orlich, nuestra Primera Dama que goza felizmente de esa edad.

En otro orden de cosas, en la discusión que ha tenido este Proyecto de Ley en la Asamblea Legislativa, los diputados defensores de los empresarios esclavistas, que quieren implantar la jornada de trabajo de 12, no han podido demostrar, que realmente sea una necesidad esa jornada para establecerla de manera nacional. No han podido señalar una sola empresa que pida esa jornada. No han podido demostrar que empresas que quieran instalarse en Costa Rica pidan o exijan esa jornada esclavista.

Las empresas extranjeras en general están obligadas a cumplir la leyes laborales, en las mismas condiciones que se cumplen en sus países de origen. Las empresas estadounidenses están obligadas en ese sentido a cumplir las jornadas de ley nacional y las de su país, que también son de 8 horas diarias.

En este momento asesores de Donald Trump están proponiendo establecer la jornada de 60 horas semanales, a razón de 12 horas diarias. Por ahora es solo una propuesta y un discurso. En Europa, al contrario, en países de la OCDE, organización a la cual pertenecemos, se está orientando la jornada semanal a 35 y 36 horas sin disminuir salarios, con jornadas diarias de seis horas. En algunos países que tienen la jornada de 48 horas semanales están proponiendo reducirla a 40 horas, y en algunos de estos países proponen jornadas de 10 horas diarias por cuatro días a la semana, que es otra cosa y otro aspecto laboral que también se discute.

El actual sistema productivo moderno, de alta tecnología especialmente, impone en algunos trabajos y empresas sistemas constantes de trabajo, de manera que las empresas o fábricas deben trabajar las 24 horas continuas, sin parar. Eso es normal que así suceda. Las empresas han adaptado sus sistemas de contratación laboral para realizar tres turnos de trabajo de ocho horas cada uno. Con esto mantienen en funcionamiento sus sistemas de producción, con tras grupos de trabajadores. Si se establece la jornada de 12 horas la realidad va a provocar que una parte de esos trabajadores se quede sin trabajo, un turno de trabajo puede desaparecer totalmente.

No es cierto que con las jornadas de 12 horas de trabajo vaya a aumentar el empleo. Los datos empleo y desempleo son claros en el sentido de que está disminuyendo el empleo. ¿Por qué va a aumentar con las jornadas de 12 horas? No hay nada que así demuestre. Ni hay en el país una sola empresa que pueda hacer esta demostración.

La esencia de todo el proyecto de ley de las jornadas esclavistas de 12 horas es reducir la mano de obra, reducir sus salarios reales e incrementar las ganancias de las empresas y sus empresarios.

El presidente de la República está empeñado en que se apruebe la jornada de trabajo de 12 horas diarias de la manera más rápida posible, ojalá sin discusión alguna. En su trabajo internacional en países de sistemas políticos no democráticos, o poco democráticos, se acostumbró a proyectos que le tocaba impulsar que imponían o se realizaban bajo esas condiciones de trabajo esclavista.

Este Proyecto de Ley debe detenerse en la Asamblea Legislativa. Los sindicatos, las universidades, las iglesias, las organizaciones no gubernamentales que velan por los derechos humanos, los padres de familia deben pronunciarse y movilizarse contra la ley esclavista. La Iglesia Católica ya ha llamado la atención en este asunto. Se ha opuesto a la jornada de trabajo de 12 horas, siguiendo la tradición de la Justicia Social Cristiana desarrollada desde 1891, a partir de la Encíclica Rerum Novarum.

Al menos debe producirse un gran debate nacional, en términos de un debate parlamentario que no se someta al llamado trámite rápido, que es la forma vulgar de imponer esta Ley.

Cuando se discutía el Contrato de la ALCOA a finales e 1969 e inicios de 1970, el entonces diputado Rodrigo Carazo Odio, opuesto con otros diputados a ese Proyecto de Ley, no decía a los dirigentes estudiantiles que estábamos en la lucha contra la ALCOA, que a los diputados a favor de ALCOA les habían pagado más de 100.000 dólares. Por eso había en las marchas letreros que preguntaban: “¿Diputados, how much?”. Estaremos en una situación como esta ante la ley esclavista de las jornadas de las 12 horas diarias. “¿Diputados, how much?”

Compartido con SURCOS por el autor.

Las Sombras de la esclavitud moderna

Frank Ulloa Royo

Costa Rica duerme, pero las sombras de la esclavitud no. Caminan por las paredes y las veredas, arrastran sus pies gastados sobre las angostas calles, sobre plantaciones, sobre fábricas, aparecen como sombras de albañiles sobre rascacielos que cambian el paisaje del viejo San José. No tienen rostro, solo cicatrices y algunas las señales del látigo y la horca. No tienen nombre, solo números. La historia les cerró el libro, dijo que la esclavitud era cosa del ayer, pero nunca atascó la puerta. Siguen aquí las sombras. Hoy una nueva ley pretende normalizar la jornada de doce a catorce horas, si agregamos el tiempo de traslado al hogar.

En la oscuridad del siglo XVIII, los esclavos africanos llegaban en barcos de madera, con grilletes oxidados mordiendo sus tobillos y con el temor de que eran traídos para ser comidos, pero despertando como esclavos en las plantaciones. Los traían para hacer crecer la caña, para tejer las redes del comercio, para servir mesas que nunca serían suyas. Pensaron que algún día serían libres, pero la libertad en Costa Rica se dio como el truco de un prestidigitador: ilusoria, rápida, fugaz. Se acabó la esclavitud en los papeles, pero no en las manos de quienes seguían trabajando hasta que su piel se confundía con la tierra.

Las sombras de la esclavitud se ocultaron en la servidumbre del siglo XIX, las mujeres que desgarraban su piel en el agua helada y retorcida, lavando ropas ajenas. Sus dedos se hinchaban hasta no sentir, sus espaldas se doblaban hasta perder la forma humana. Cuando la fatiga las consumía, sus cuerpos caían en las aguas turbias, disolviéndose en el tiempo. Nadie las nombraba. Nadie las lloraba. La esclavitud había cambiado de rostro, pero su hambre de vida seguía intacta.

Luego vinieron las leyes contra la vagancia. Costa Rica quería crecer y necesitaba obreros sumisos, hombres que trabajaran sin alzar la mirada. La pobreza no era un accidente, era un crimen y los niños y niñas eran entregados al patrón para ser educados en el trabajo. Quien no trabajara lo suficiente sería castigado, encerrado, expulsado de la sociedad. El látigo del capataz se convirtió en el bolígrafo del legislador, y la servidumbre encontró nuevos nombres: “desarrollo”, “productividad”, “progreso.”

Siglos después, las sombras miran hacia Singapur, donde las trabajadoras domésticas viven en casas que no son suyas, sirven comidas que nunca probarán, limpian habitaciones donde jamás dormirán. Llegan desde Indonesia, Filipinas, Myanmar. Sus nombres desaparecen cuando cruzan la frontera, sus identidades se diluyen en contratos de trabajo que las atan como esclavas modernas. No pueden salir sin permiso. No pueden descansar. Son piezas descartables en una economía que las consume y expulsa cuando ya no sirven.

Y ahora, en Costa Rica, se escuchan susurros en las oficinas gubernamentales: “Jornadas de 12 horas, como en Singapur, como en las grandes economías.” Los empresarios celebran, los políticos aplauden, algunos sindicatos alzan su voz, los gremios callan y el presidente dice que trabajar más es la respuesta al atraso del país. La historia se retuerce en su tumba. Los Mártires de Chicago observan desde el olvido, sus gargantas están todavía abiertas por la horca que les estranguló y aun las leyes les niegan el descanso.

Las sombras de la esclavitud ríen en la casa del patrón, caminan por las calles húmedas, sufren en silencio. No se fueron nunca. La esclavitud cambió de piel, pero sigue esperando nuevos cuerpos. Y cada vez que los trabajadores bajan la cabeza, que aceptan el cansancio de las largas jornadas como destino, las cadenas invisibles se cierran un poco más, y las carlancas les impiden caminar. La pregunta no es ¿si la esclavitud volverá? ¡La pregunta correcta es: ¿si alguna vez se fue?