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Etiqueta: jornadas laborales

Rechazo a audiencias para la Conferencia Episcopal y la Alianza Evangélica en el debate de Jornadas Laborales

Publicado el . Publicado en Trabajo.

Diputada Rocío Alfaro Molina muestra el documento enviado por la Conferencia Episcopal de Costa Rica, donde se exponen las preocupaciones sobre las jornadas laborales de 12 horas.

En una reciente sesión de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la diputada Rocío Alfaro Molina presentó dos mociones para convocar en audiencia a la Conferencia Episcopal de Costa Rica y a la Federación Alianza Evangélica Costarricense.

Estas mociones buscaban incluir los criterios de estas organizaciones sobre el proyecto de ley que propone jornadas laborales de 12 horas diarias. Sin embargo, ambas mociones fueron rechazadas por la mayoría de los diputados presentes.

Detalles claves

  • Primera moción (30 de julio de 2024): Con 8 diputados presentes, la moción fue rechazada con 5 votos en contra y 3 a favor.
  • Segunda moción (6 de agosto de 2024): Con 8 diputados presentes, la moción fue nuevamente rechazada con 7 votos en contra y 1 a favor.

La diputada Rocío Alfaro Molina expresó su sorpresa ante la negativa, destacando que estas organizaciones representan a un amplio sector de la población costarricense. Alfaro Molina subrayó la importancia de sus opiniones en temas como la calidad de vida y las condiciones laborales, especialmente en relación con el impacto que las jornadas de 12 horas podrían tener en la familia.

Además, la diputada resaltó que la Conferencia Episcopal ya había enviado un documento que manifestaba su preocupación por las posibles afectaciones a la convivencia familiar y la falta de garantías para proteger a quienes no acepten estas jornadas laborales.

Para obtener más detalles sobre el debate, te invitamos a ver el video completo de la sesión. Puedes acceder al video a través del siguiente enlace: https://www.facebook.com/share/v/gvheJnSECYfiHQZJ/?mibextid=WC7FNe

El 4X3. ¿Por qué el PLN dejó de ser partido de respaldo de los trabajadores?

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José Joaquín Meléndez González

Los diputados del PLN que votaron recientemente por el proyecto denominado 4/3 deben de leer con atención el texto adjunto. Las palabras de Luis Alberto Monge referidas a las jornadas de 8 horas resultan elocuentes y claras. (Actas de la Constituyente 1949) La jornada de 8 horas:

“El Representante MONGE ALVAREZ de nuevo intervino en el debate para defender la tesis de la moción que ha presentado, junto con otros compañeros. Insistió en que principios, como el de la libre asociación, no admiten excepciones de ninguna clase. Está bien que en algunos regímenes totalitarios se atente contra ese principio, pero no en Costa Rica, país de extracción democrática. Luego pasó a referirse a la moción presentada por el señor Leiva, la cual es inaceptable desde todo punto de vista. Si Costa Rica va a seguir siendo -dijo- un país colonial, donde las empresas extranjeras pueden hacer lo que quieran, atentar contra los derechos de los trabajadores, lo mejor es acabar con la legislación social. Toda empresa extranjera que venga a trabajar al país es necesario que sepa que existe un mínimum de derechos esenciales de los trabajadores, que debe respetar y acatar estrictamente”. (MONGE, 172)

He aquí una de tantas razones que ayudan a entender por qué el partido dejó de ser un partido de respaldo e identificación de los trabajadores.

San José, 16 agosto 2023

Imagen: https://radios.ucr.ac.cr/2022/07/radio-u/jornada-laboral-4×3-que-podria-ocurrir-si-se-aprueba-esta-ley/

Jornadas laborales de 12 horas: la demagogia de Pilar Cisneros

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Luis Paulino Vargas Solís

En el programa radial de Amelia Rueda, el lunes 3 de julio, la diputada Pilar Cisneros afirmó que el proyecto llamado 4/3 o de jornadas laborales de 12 horas, es importantísimo, porque de ese proyecto dependen miles y miles de empleos, particularmente en las zonas costeras. No explicó sobre qué bases se apoyaba para lanzar una afirmación tan fuerte, pero el caso es que, con la ligereza que le es característica, así lo dijo.

Esta idea merece ser reflexionada críticamente.

Primero, recordemos en qué consiste esta propuesta de ley. Básicamente lo que se hace es establecer jornadas ampliadas de 12 horas, suprimiendo el pago de horas extras. Se han contemplado dentro del proyecto, otras ideas que apuntan en el mismo sentido, como las de permitir un manejo flexible de las jornadas laborales a lo largo del año, por ejemplo en el caso del turismo, de forma que se alarguen esas jornadas durante la temporada alta y se reduzca durante la temporada baja.

Esto último significa que los vaivenes del negocio son colocados sobre los hombros de las personas trabajadoras, y a costa de su presupuesto familiar. El riesgo normal del negocio, que, según la ideología propia del capitalismo, debe ser asumido por la empresa, puesto que es eso lo que presuntamente justifica la ganancia, es trasladado a los trabajadores y las trabajadoras.

Pero hay algo más en todo esto, que constituye el común denominador de esta propuesta de ley, en sus diversas facetas: su objetivo fundamental es reducir costos mediante la reducción de salarios.

Por lo tanto, lo que se busca es que las empresas costarricenses sean más competitivas, no mediante una mejor gerencia, una mayor eficiencia en el uso de los recursos, con base en mejoras tecnológicas y, en fin, con base en la elevación de la productividad, sino mediante el recorte salarial. O sea: bajar costos, no mejorando el funcionamiento de las empresas, sino reduciendo el costo de la mano de obra o fuerza de trabajo que emplean.

Recordando las afirmaciones tan contundentes lanzadas por Cisneros, la pregunta entonces es: ¿es esa la forma correcta de propiciar la creación de empleos? En particular, ¿lograremos de esa forma generar los miles y miles de empleos de que habla la diputada?

En principio, la respuesta es “depende”.

En primer lugar, depende de si son empresas que producen para el mercado nacional, o si están orientadas al mercado externo, o sea, la exportación de productos, el turismo, etc.

Para las empresas que producen para el mercado nacional, la respuesta es: muy posiblemente el efecto será negativo, por la sencilla razón de que, al deprimirse los ingresos salariales, se deprime la demanda de los hogares trabajadores y, por lo tanto, se restringe su consumo, en cuyo caso es posible que caigan las ventas de las empresas que producen para el mercado nacional, lo cual frenará el empleo que estas generen.

Si son empresas que producen para el mercado externo, exportadoras o del turismo, debemos tener presente que el negocio de estas empresas depende de dos cosas: 1) que la demanda externa que esas empresas atienden sea dinámica y les permita vender mucho; 2) que puedan participar en los mercados internacionales de forma competitiva, o sea, con precios cómodos y buena calidad.

El proyecto de jornadas de 12 horas no afecta en nada el primero de estos puntos, o sea, a la demanda internacional no le hará ni cosquillas esa reforma.

Si puede afectar el segundo punto, el de la competitividad. En este caso, de lo que se trata, muy claramente, es de ganar competitividad, no mediante innovaciones tecnológicas, mejoras de la calidad, etc. sino exclusivamente bajando los salarios. O sea: reducir costos reduciendo la parte de los costos salariales y, por lo tanto, deteriorando las condiciones de vida de las familias trabajadoras.

El problema es que se les puede ir lo comido por lo servido, de forma que podrían terminar con un deterioro de la competitividad, no obstante la reducción de los salarios.

Hay dos factores que afectan directamente la competitividad empresarial:

  • Primero, las jornadas extendidas de 12 horas generan fatiga, y dañan la salud física y emocional de las personas.
  • Esas jornadas más largas, sin pago de extras y, por lo tanto, con reducción de los salarios, generan desmotivación y disgusto.
  • Claramente estos dos factores dañarán la competitividad de las empresas.

Todavía hay un tercer factor, de alcances más amplios y consecuencias a mediano y largo plazo: todo esto afecta negativamente lo que podemos llamar la reproducción de la mano de obra o reproducción de la fuerza de trabajo, es decir, afecta aquellas condiciones, que en gran parte se satisfacen en el ámbito doméstico y hogareño, que garantizan la salud física y la estabilidad emocional de las personas, y de lo cual depende, decisivamente, su buena disposición para el trabajo, así como su actitud frente al sistema político, la democracia y la sociedad en general.

La mejor forma de ilustra ese punto es en relación con las graves consecuencias que esto traería para las mujeres trabajadoras jefas de hogar, pero, en general, para todas las mujeres trabajadoras a cuya jornada de trabajo fuera de casa, se suma la jornada de trabajo no remunerado dentro de casa. La consecuencia es, o exclusión de las mujeres de los mercados labores o deterioro de las condiciones de reproducción de la mano de obra en el ámbito hogareño.

En su conjunto, lo que se hace es sembrar vientos para cosechar tempestades en términos de un orden social más inestable, violento e inseguro, con agravadas amenazas para la democracia. Todo lo cual es territorio minado, en el cual difícilmente los negocios privados podrán florecer.

El asunto, pues, es mucho más complejo y de consecuencias mucho más amplias e insatisfactorias de lo que sugiere el discurso hueco, manipulador y demagógico de la diputada Cisneros.

Peligra la institucionalidad democrática de Costa Rica – Reformas del gobierno neoliberal de Rodrigo Chaves

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Vladimir de la Cruz

El gobierno neoliberal de Rodrigo Chaves en Costa Rica ha arremetido violentamente contra la estructura del Estado Social de Derecho costarricense. Parte de sus ataques son el debilitamiento de ciertas instituciones claves y básicas de la cultura y vida democrática nacional. Ha reducido el presupuesto nacional del Ministerio de Cultura, ha afectado de manera parecida al Ministerio de Educación y mantiene un ataque sostenido contra los presupuestos de las universidades públicas.

A ello suma el congelamiento real de salarios y de pensiones, que están seriamente afectados desde hace tres años y su proyección es por un plazo igual, sin que se controle el aumento de precios en los artículos de mayor necesidad de las personas, sin que se congelen en paralelo los costos de los servicios públicos, provocando en la práctica que los salarios suban por escalera y los precios por ascensor, haciendo cada vez más costosa la vida.

La reducción de estos presupuestos, en parte, lo justifica diciendo que es para destinar más recursos a las fuerzas policiales y del Ministerio de Seguridad Pública del país, frente a una ola creciente de homicidios e inseguridad ciudadana. Lo que es verdaderamente peligroso es que el Presidente Chaves ha insinuado las posibilidades de gobernar por la fuerza, mostrando sus rasgos autoritarios e intimidatorios de gobernante, retratándose acompañado de oficiales policiales que parecieran más guardaespaldas de un jefe mafioso, por la forma y ostentación de su indumentaria y sus armas de combate. Costa Rica ha sido un país que enarbola su régimen democrático sobre la base de que no tiene Ejército, de que el país ha tenido históricamente más maestros que soldados, lo que ya no es prácticamente cierto. Los cuarteles tradicionales del Ejército han sido transformados en museos e instituciones culturales, pero el aparato de seguridad del Estado se ha fortalecido exponencialmente comparado con esos otros rubros culturales y educativos. Los cuerpos policiales que operan privadamente, en varios miles de policías, el Presidente ha insinuado la posibilidad de llamarlos a cooperar y colaborar en la lucha contra el crimen organizado que debe atender el Ministerio de Seguridad Pública. El Presidente mismo ha dicho que le habría gustado gobernar por decreto, con lenguaje engañoso de que defiende la democracia y que él no se convertiría nunca en un dictador.

Parte de esta táctica es el ataque constante al prestigio y al papel de la Corte Suprema de Justicia, como un poder independiente, que quizá él quisiera controlar, como lo hacen algunos gobernantes latinoamericanos. Ha planteado esto dentro del lamento de no poder convocar una Asamblea Nacional Constituyente donde se estructuren estos poderes públicos como él quisiera.

En sus ataques institucionales enfrenta constantemente también al Poder Legislativo, especialmente a los diputados que le cuestionan y a los de la única fracción parlamentaria, de 6 de 57 diputados, que son francamente opositores, advirtiendo todos los días que no tiende puentes, que no escucha ni solicita opinión, ni desea acuerdos con quienes, como esos diputados lo critican, desconociendo totalmente la práctica de un régimen democrático y de una institución, como el Poder Legislativo, que en sus funciones, además de hacer leyes tiene la del control político sobre el Gobernante y sobre toda la institucionalidad político administrativa.

En sus ataques a diputados ha acudido al expediente del ataque personal, íntimo, que linda con aspectos que parecieran obtenidos por los aparatos de seguridad nacional, y de espionaje, del gobierno, policía adscrita a la Presidencia de la República, lo que evidencia violación elemental de derechos humanos y del derecho a la privacidad. Es la forma como ha venido minando poco a poco la seguridad pública ciudadana, y estableciendo un régimen de terror reverencial institucionalizado en sus mesas de prensa de todos los miércoles. Recientemente atacó a una destacada periodista, de mucha tradición nacional, seria, que en respuesta a sus ataques prepara una acusación al Presidente Chaves ante la Corte Suprema de Justicia. La periodista Vilma Ibarra ha recibido el apoyo del Colegio de Periodistas, de diputados, de una llamada de atención elegante que le hizo el Presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez al Presidente de la República, y de distintas personalidades nacionales.

El ataque feroz contra el Estado Social de Derecho lo conduce hacia la reforma de las jornadas laborales, de carácter constitucional, de 48 horas semanales en tiempos de ocho horas diarias. La jornada de ocho horas en Costa Rica se estableció en diciembre de 1920. Se llevó a la Constitución Política de 1871, mediante las Reformas aprobadas como Capítulo de Garantías Sociales, en 1943, año y misma fecha que se aprobó también el Código de Trabajo. En la Constitución Política de 1949, vigente en este momento, se mantuvo y amplió esa Reforma Social, que ha sido uno de los pilares de la estabilidad política y social del país. En lugar de jornadas de ocho horas diarias quiere establece jornadas de 12 horas diarias por 4 días a la semana, para el total de las 48 horas semanales establecidas en la Constitución Política. En la propuesta real del Presidente el régimen de las 12 horas viola una serie de derechos sociales, relacionados con pago de jornadas extras, con disminución de derechos de pago de cesantía, de salario escolar, de aguinaldos, y de futuras pensiones entre otros. Violando con ello Derechos Humanos, Convenios internacionales, rebajándose ante los países de la OCDE, a la que pertenece Costa Rida como uno de los países con jornadas de trabajo más altas, cuando en Europa, y en otras partes del mundo, la tendencia es ir hacia la jornada de 35 y 36 horas semanales, y menores de las ocho horas diarias.

Parte de esas reformas sociales vigentes, surgidas a principios de la década de 1940, fueron la creación de la Universidad de Costa Rica, que es uno de los blancos preferidos de tiro del Presidente Chaves, y la Caja Costarricense del Seguro Social, una institución emblemática del país, también pilar de la democracia política y social que se disfruta como parte de la estabilidad social y política que Costa Rica exhibe internacionalmente., que permite por sus alcances nacionales que los costarricenses tengan un alto nivel de expectativa de vida, superior a los 80 años, con algunas regiones, zonas azules las llaman, donde los ciudadanos pasan con regularidad los cien años.

Quedan recursos a la población costarricense frente a estas políticas laborales que se quieren imponer. Están los recursos de inconstitucionalidad que puede poner la misma Asamblea Legislativa, como consulta obligada que haga ante la Sala Constitucional de la República y la que pueden hacer un pequeño grupo de diputados. Si la ley se llegare a aprobar, igualmente cualquier ciudadano, uno solo, podría acudir ante la Sala Constitucional, demandando su inconstitucionalidad. Del mismo modo se puede llevar esta ley a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sede en Costa Rica, para que también se pronuncie. Y, como un instrumento más de lucha ciudadana en defensa del Estado Social de Derecho del país se puede convocar a un Referéndum Revocatorio de esta ley, de esta jornada que establece el trabajo esclavo al estilo del siglo XIX. En los próximos días se definen estos caminos a seguir.

 

Artículo publicado en la revista MEER.com el 23 de junio del 2023 y compartido con SURCOS por el autor.

La seguridad ciudadana no puede esperar

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Vladimir de la Cruz

El Presidente de la República, en la convocatoria de las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, que son de su iniciativa, impulsó, mediante una maniobra tramposa, un acuerdo legislativo para que la totalidad de los diputados funcionaran como Comisión en las sesiones plenarias, para discutir dos proyectos de ley, de su interés y de un grupo de esclavistas modernos que lo rodean, relacionados con la seguridad ciudadana y con la reforma al régimen de trabajo en Costa Rica, estableciendo jornadas de trabajo de 12 horas diarias.
Que el Plenario Legislativo pueda operar como Comisión está reglado y se puede hacer. La trampa está en la velocidad con que quiso se tramitaran esos proyectos, en quince días, de manera que la totalidad de los diputados trabajara una hora y media en la mañana y otra hora y media en la tarde en cada uno de esos Proyectos de Ley, condicionando los proyectos para que se vean en conjunto, de esa forma, o no se atiendan.
La discusión así planteada es una burla a la discusión parlamentaria y a la atención que los diputados deben poner en la discusión, análisis o debate de los proyectos de ley. Ese método es para distraer y debilitar las discusiones de los diputados y para imponer una aprobación legislativa dando órdenes de aprobación de esas leyes a los diputados, como si fueran una manada de borregos legislativos, diputados que se someten dócil y pusilánimemente a voluntades ajenas, del gobierno o de sus propios partidos.
Con motivo de que el Proyecto de Ley de jornadas de trabajo de 12 horas diarias ha provocado dudas en algunos diputados de los partidos, especialmente de Liberación Nacional y la oposición de los diputados del Frente Amplio, no ha encontrado el suficiente apoyo para ese trámite rápido, el Presidente ha decidido retirar ambos proyectos de la agenda legislativa.
Retirarlos, por ahora no significa nada en la práctica, porque no se han devuelto al trámite normal de las comisiones legislativas. Los ha dejado latentes para introducirlos cuando les quiebre los brazos a los diputados bajo “presión pública”, que es lo que quiere originar. Simplemente, el Presidente los ha sacado del trámite de discusión chantajeando a los diputados en la disyuntiva de que si no se discute el proyecto de jornadas de trabajo de 12 horas diarias, no se discute el de seguridad ciudadana.
Con esto el Presidente ha evidenciado que ninguno de los Proyectos tiene la importancia que él mismo les ha dado. De hecho, el Proyecto de seguridad no tiene significado para él. Si lo tuviera, lo impulsaría para su trámite sin importarle que se apruebe el de jornadas de 12 horas o cualquier otro proyecto.
Al Presidente no le interesa la seguridad ciudadana porque la inseguridad es parte de su negocio gubernativo, y de aquellos grupos que viven de la provocación de esa inseguridad. La inseguridad sirve para negocios, discursos y para fortalecer su imagen de autoridad, de hombre fuerte que quiere enfrentar esa inseguridad y advertir el establecimiento de un estado de excepción cómo ya lanzó la noticia provocando y analizando las reacciones que ello tendría.
Es un chantaje vulgar el que hace el Presidente sobre los diputados tratando de exhibirlos en que no quieren discutir y aprobar la legislación de seguridad, porque no quieren discutir al mismo tiempo el proyecto de las 12 horas diarias de trabajo. Son cosas diferentes. El de mayor importancia es el de seguridad, no el de las nuevas jornadas de trabajo.
Para el Presidente en nada alteraría que se discutiera primero y de manera exclusiva, en todo el tiempo legislativo, el proyecto de seguridad ciudadana, y después se hiciera lo mismo con el de la jornada diaria de 12 horas.
Si el Presidente quisiera realmente ponerse una prenda que lo distinga, en su solapa, debe apretar el acelerador en el Proyecto de Ley sobre la seguridad ciudadana. Se le va a agradecer y reconocer.
La seguridad ciudadana no puede esperar.

¡América Latina posee jornadas laborales por encima de lo recomendado por OIT!

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La Organización Internacional de Trabajo recomienda 40 horas por semana para evitar accidentes laborales y problemas de salud, sin embargo, América Latina no sigue esta recomendación y posee jornadas de 48 horas semanales. Entre los países con más horas laborales están México con 2.128 horas anuales, Costa Rica con 2073 horas anuales y Colombia con 1964 horas anuales, encima de la media de 1716, mientras países ricos como Alemania están por debajo del promedio con 1349 horas anuales, esto refleja que trabajar tantas horas no aporta desarrollo económico a un país. 

Por esta razón, Chile junto Ecuador promovieron la reducción de la jornada laboral, aprobando la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales.

 

Información compartida con SURCOS por Ciska Raventos.

Imagen ilustrativa.

La suerte está echada

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Foto: Gerardo Iglesias.

Fin de la democracia y de los derechos laborales

Costa Rica no se queda atrás respecto a la desigualdad, la militarización y la xenofobia que avanzan por el conjunto del continente.

Frank Ulloa Royo

16 | 06 | 2022

El modelo político electoral carece de mecanismos de participación igualitaria y son los grupos económicos los que al fin definen los candidatos.

Pero fueron los votantes de los sectores medios, los empleados públicos y los sectores marginados y de las zonas rurales atrasadas quienes buscaron una alternativa radical, pero con soluciones orientadas por los grupos de poder tradicionales.

Es un modelo mágico que encarna los deseos más íntimos de la vieja y nueva oligarquía.

Por otra parte, el auge de la violencia nos lleva a buscar respuestas violentas y justifican la militarización del país, el ingreso de flotas armadas extranjeras y la formación militar de los guardias civiles, sin que se pase por un tamiz los valores que allí se les imparten.

En lo laboral las cúpulas empresariales tienen sus propios sistemas de seguridad, de listas negras, de supervisión ideológica de los trabajadores, controlan servicios estratégicos del Estado, alientan la organización militar paralela y justifican la explotación de los migrantes porque supuestamente los nacionales no quieren trabajar.

Múltiples empresas de paramilitares ofrecen sus servicios de inteligencia y protección armada, autorizadas por el Estado.

Más restricciones a los sindicatos

La preocupación principal de los sindicatos fue mantener sus cuotas de negociación con el Estado y acercarse a los candidatos ganadores. Pocos plantean una oposición ideológica a las ideas dominantes.

Más grave aún, la situación política actual es un importante caldo de cultivo del fascismo en su nueva versión, al recoger importantes valores generados desde la segunda mitad del siglo XX, especialmente con la derrota política del movimiento sindical en 1948.

Parece ser que la prohibición del sindicalismo en el sector privado se ha visto fortalecida. Nuevas leyes restrictivas de derechos son la ruta escogida por los sectores dominantes.

A esto se une un sistema judicial bajo sospecha de corrupción y de estar influenciado por los dirigentes políticos y las cámaras empresariales.

Van además por la reducción salarial mediante la inflación acelerada y el establecimiento de jornadas de 12 horas sin pago de horas extra y por la eliminación de los regímenes particulares de pensiones en función de crear un régimen de libre despido.

Todo en nombre de la patria y la lucha contra la corrupción. Alea acta est: la suerte está echada.

 

Fuente: http://www.rel-uita.org/costa-rica/la-suerte-esta-echada/

“Gobierno paralelo” hunde a miles de costarricenses

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Por Rafael A. Ugalde Quirós*

A menos de un año de las elecciones generales en Costa Rica, el llamado “gobierno corporativo” hunde a miles de trabajadores costarricenses en la pobreza y la desigualdad social, viendo ellos como la pequeña nación centroamericana de 51 mil kilómetros cuadrados irremediablemente, se “colombianiza” por la corrupción y narcotráfico en los más altos niveles de la sociedad, mientras intencionalmente va cambiando el Estado Social de Derecho hacia otro donde los poderes de la república formalmente existen pero sus competencias cada vez son más difusas por la colaboración que deben dar para consolidar así el ambicioso “proyecto” país.

 Con un 60% de los votos en segunda ronda para el presidente Carlos Alvarado en 2018, proveniente del Partido Acción Ciudadana (PAC) – una incisión de partidarios que se consideraban marginados del “socialdemócrata” Liberación Nacional (PLN)- los costarricenses hicieron gala de su buena fe y creyeron en un redireccionamiento de la política exterior , la seguridad ciudadana, la cleptocracia y la economía doméstica controlada, esta última, como es sabido, por al menos un centenar de familias encargadas de las finanzas, los bancos y el gran comercio. Los votantes vieron entonces la oportunidad de “castigar” al cerrado bloque bipartidista constituido por “socialcristianos” y “liberacionistas”, fortalecido sobre manera a partir de la administración de Luis Alberto Monge (1982-1986), cuando este gobierno apostó por el Primer Ajuste Estructural de la Economía (PAE I) exigido por el Banco Mundial.

Es así que a menos de 10 meses de realizarse las elecciones generales – están previstas para el 6 de febrero de 2022- la reputación del mandatario no es la mejor: sus detractores lo vincularon con supuestos viajes de descanso pagado por empresarios allegados a su gobierno, de priorizar la economía por encima de la salud de los trabajadores, de no dejar pasar la crisis de la pandemia para echar al suelo conquistas laborales y de recolectar “información” personal de más de un millón de ticos, sin que los ciudadanos conocieran estas andanzas, entre otras. La Fiscalía General de la República dice que va a investigar hasta las últimas consecuencias al gobernante y a un cercano grupo suyo por este asunto de la recolección de información de más de un millón de personas que, primero se entregó a una empresa privada para su “custodia” y luego, dicen ya está en el lugar correspondiente por ley: el Ministerio de trabajo. Su popularidad tampoco es la mejor, pues una encuesta centroamericana de opinión otorgó a Alvarado el último lugar en el istmo (Agencia Prensa Latina, citando a la encuestadora CID Gallup 4/3/2021).

La matriz mediática presenta además al gobernante como “alumno” aventajado en cuanto a las peores causas enarboladas por Washington, sí se trata de los gobiernos constitucionales de Daniel Ortega y Nicolás Maduro, en Nicaragua y Venezuela, respectivamente. Respalda al “grupo de Lima” y a la desprestigiada Organización de Estados Americanos (OEA), cuando se trata de reconocer al “gobernante fantasía” y su “banda” – no controlan en Venezuela una cuadra- encargados de saquear los activos de los venezolanos en el extranjero. Sí bien es cierto el gobierno de Alvarado terminará su administración en 2022, desde ya tiene asegurado un lugar en el colectivo de miles de trabajadores costarricenses, sobre todo a partir de sus gestiones para alcanzar un préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por $ 1.778 millones, que a decir de sus detractores, no necesita el país y, en cambio, compromete seriamente el futuro del movimiento sindical, el empleo público y las cuatro universidades públicas para citar algunos de los “daños colaterales” . El decir de estos grupos es que “embarga” la nación centroamericana por varias generaciones, así como toda clase de recursos e instituciones. Las universidades públicas en la mira desde hace tiempo por el “proyecto país” (Súmese el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) o la Refinadora Costarricense de Petróleo) sobreviven frente a unas 60 casas de estudios superiores privadas encargadas de llenar de sus profesionales los tres poderes de la república. Las autoridades universitarias les han costado entrar en razón en el sentido que para muchos de los tecnócratas formados en ellas la educación ya es un gasto ensanchador del llamado déficit fiscal y no una inversión y un derecho a la instrucción, sobre todo de aquellos más arrinconados por el sistema de producción. El dirigente del Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (SINDEU), Trino Barrantes, en un reciente llamado a la unidad para la defensa del “Estado Social de Derecho”, la coordinación de “acciones” y “la lucha contra el neoliberalismo”, calificó de “guerra despiadada desde los tres poderes de la República” la coyuntura que viven los costarricenses.

En otra proclama en ocasión del 1 de mayo dada a conocer por la revista Surcos los trabajadores acusaron a las élites económicas y políticas del PLN, de los Partidos Unidad Socialcristiana, del PAC, Restauración Nacional y Nueva República, de “precarizar” las deterioradas condiciones laborales y salariales, al reducirse las jornadas laborales, suspenderse los contratos de trabajo y congelando salarios. En el documento proclama del movimiento sindical “por el derecho a la vida, al trabajo, a salarios; se oponen al acuerdo con el FMI y las exigencias que el mismo contiene con siete proyectos legislativos simulados, porque deteriora servicios públicos esenciales, empobrecen, y golpe las instituciones estatales.

Recuérdese que mediante una Cadena de radio y televisión a principio de octubre de 2020 Alvarado, y quien fue presidente de la Asamblea Legislativa Eduardo Cruickshank, convocaron a una mesa de diálogo multisectorial a fin de buscar acuerdos para atender la situación fiscal y la crisis económica del país. Cerca de 70 organizaciones entre sindicatos, federaciones estudiantiles de las universidades públicas, Alianza Cristiana, Movimiento solidarista, municipalidades, Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, entre otras , junto a Cámaras y federaciones empresariales fueron llamadas al “dialogo” por Costa Rica (fuentes: https://delfino.cr/2020/10/quienes-representaran-a-cuales-sectores-en-la-mesa-de-dialogo-multisectorial y https://www.larepublica.net/noticia/estado-de-la-nacion-cancela-dialogo-multisectorial-porque-no-se-dieron-las-condiciones-necesarias).Sin embargo, ahora algunos “lideres” sindicales que tuvieron expectativas con dicho dialogo, sienten ya los efectos de aquel promovido “acercamiento”; no obstando lo anterior para reconocer que, por encima de las críticas que ahora quieren hacer al jefe de estado, es un hecho que el presidente Alvarado, sí “tiene quien le escriba”, pues en algunos medios de comunicación ha recibido apoyo para su frase favorita dicha por televisión: “trabajar, trabajar”. Estas loas provienen principalmente de miembros de cámaras y federaciones empresariales, algunos cuyos líderes son, a la vez, parte o defensores del poderoso “gobierno corporativo” (Ver: https://elearningccpa.or.cr/producto/presupuesto-publico-contratacion-administrativa-17-05-2021/?id_producto=undefined).

SOROS Y LA “TERCERA VIA”

El “esfuerzo” sostenido por casi 12 años, en cuanto a la posibilidad de una “tercera vía” de gobernanza sin “capitalismo salvaje” y menos algún asomo de “socialismo”, tiene en Costa Rica “magistrales” alumnos que, a lo mejor, el magnate George Soros conoce y ni siquiera imaginó cuando confeccionó sus mantras para el campo de los recursos naturales y dar su lógica creíble a la ideología de género, entre otros. Desde los gobiernos de la expresidenta Laura Chinchilla (2010-2014); el exmandatario Luis Guillermo Solís (2014-2018); así como del actual (2018-2022), la nueva gobernanza está complementada por grandes empresas cuyos esfuerzos van dirigidos a fortalecer las relaciones de los accionistas, propietarios e inversionistas con el Estado, cada vez más disminuido. De esta manera, el llamado “estado corporativo”, adecúa el marco legal, financiero y económico a la “democracia”, “la paz social” y el “desarrollo” del país.

Empero, la discusión sobre cómo organizar a los asalariados y articular sus demandas, más allá del interés del empresariado para que disputen, en un primer momento el poder, lo controlen luego, y posteriormente, sea distribuido entre los sujetos activos de la producción de riqueza, sigue siendo una tarea pendiente entre los líderes de los asalariados. La evidencia más a mano es la desmovilización de los trabajadores promovidos por este sistema de “gobernanza paralelo” en estos últimos años; además de que muchas cabezas de la llamada gente “progresista” o la denominada “izquierda”, han perdido la perspectiva de lucha en pro del derecho a tener patria independiente, justa y digna, presentando como “conquista”, por ejemplo, ver izada la bandera del movimiento LGTBIQ en las afueras de la casa presidencial, como sinónimo de “igualdad” e “inclusión” social, cuando los prejuicios sociales, económicos y religiosos siguen evidentes a lo largo y ancho del país contra estas minorías; o la lucha por mejores salarios para las mujeres, como forma de combatir “el patriarcado”, olvidando la necesidad urgente de enderezar la lucha conjunta de hombres y mujeres contra las estructuras económicas que cada día nos despojan de esa patria cuyas sabanas corrimos siendo niños y a la cual tenemos derechos a vivir con dignidad como personas por el simple hecho de haber nacido vivos.

De esta .manera, quienes por acción u omisión defienden las tesis de Soros en cuanto a familia, ambiente, recursos naturales o trabajo, lograron muchas veces elevar a tema nacional sí, es mejor o peor un “estado laico” , sí la extracción de minerales a cielo abierto va contra el “desarrollo sostenible”, etc.; por encima de por qué en Costa Rica el sindicalismo es inexistente en el sector privado, sí es posible un sindicalismo en pleno siglo XXI que entierre egos y derribe feudos, o sí este país cumple con el artículo 23.1 de la Convención Universal de Derechos Humanos. Esta norma ordena que el trabajo es un derecho garantizado a la persona, pero el gobierno corporativo interpreta que la disposición se refiere a escoger libremente el trabajo. O hasta dónde, haberse sometido a la tesis de la fundación Soros, en cuanto debe reducirse la población en las economías periféricas, ya afectó a toda la sociedad costarricenses. La cantidad de adultos mayores ha crecido un 60% solo en los últimos 12 años y para estar más que claros, para el año 2045, seremos más adultos mayores que jóvenes (Fuente: https://www.google.com/search?q=costa+rica+envejece&rlz=1C1UUXU_esCR944CR944&oq=costa+rica+envejece&aqs=chrome..69i57.9867j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8).

El “gobierno corporativo” puede ufanarse que el valor agregado en el sector de servicios es de un 73 % del valor total de Costa Rica, seguido por la industria y la construcción (21 %) y el sector primario (5 %). El proceso de apertura al comercio internacional y la atracción de inversión extranjera directa, que comenzó desde las décadas de los ochenta, diversificaron la producción del país, impulsando las exportaciones y mejorando la utilización de la fuerza laboral (Fuente: El Panorama del gobierno corporativo; en https://www.oecd-ilibrary.org/sites/380130cf-es/index.html?itemId=/content/component/380130cf-es). Además debemos alegrarnos que los ticos con anemia menores de dos años son apenas el 18%, el desempleo nacional es de 23,2%, según la encuesta Continúa de Empleo (ECE), cuyo porcentaje de desocupados nunca antes se había visto, cuya fuente asegura es culpa de la pandemia de la COVID 19. O con el creciente deterioro de las escuelas usadas por la gente impedida de recurrir a la boyante educación privada. Según la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, no se justifica el abandono en que están los centros de educación pública, porque “el Estado es responsable de asegurar las condiciones que permitan la plena realización de los derechos del niño y en particular, el derecho a una educación de calidad. (Fuente: Sobre anémicos en La Nación 16/ago 2019 y https://www.elmundo.cr/costa-rica/defensoria-mal-estado-de-centros-educativos-debe-ser-prioritario-para-el-mep/).

NACE UN MANTRA: “SIN FMI NOS VAMOS AL CARAJO”

El desempleo, la falta de vivienda, los elevados precios de los servicios y los alimentos, el congelamiento de salarios y la exclusión social – Costa Rica está entre los cinco primeros países latinoamericanos con más mayor inequidad – entre otros, estaban antes de la aparición de la pandemia de COVID 19. El sicariato y los “ajustes” de cuenta, al mejor estilo de Colombia, nunca necesitaron de un maldito virus para extenderse. Con o sin vacunas están presentes en la vida del costarricense. Y no hay un plan integrado que ataque las raíces socioeconómicas del problema. Las noticias sobre narcotráfico suelen ser aquí las compañeras inseparables durante el almuerzo o la cena. Solo en febrero de 2021 la Policía Antidrogas confirmó que evitó la “exportación” de 2.5 toneladas de cocaína; que saldría por el puerto de Limón. Según la agencia de noticias Reuter -9 ene de 2021- Costa Rica cerró el 2020 con la mayor cantidad de cocaína y marihuana incautadas en su historia, al decomisar 71,2 toneladas de droga, explicando que el récord se logró por un aumento de la producción en Colombia y mayores capacidades policiales en casa.

En este contexto cobró relevancia que un influyente diputado del PLN, exsecretario general de esa organización y presidente de la comisión legislativa sobre narcotráfico, Gustavo Viales, renunciara a los dos últimos cargos, tras ser vinculado por la policía con una investigación a un cartel dedicado al trasiego de cocaína y legitimación de capitales. (Fuente:ELPaís.cr; 13/4/2021; http://www.elpais.cr/2021/04/13/diputado-viales-del-pln-renuncia-a-inmunidad-por-caso-de-narcotrafico-en-region-sur/). El ha negado toda vinculación hecha por la policía, así como de unos parientes cercanos, haciendo ver su disposición a someterse a la investigación. Según la Fiscalía de la República la banda había infiltrado la policía del Organismo de Investigación Judicial (OIJ); trasegarían una tonelada de cocaína cada dos meses. En 1985 durante la administración del PLN, encabezada por expresidente Monge, fue detenido en Costa Rica el “inversionista” y narcotraficante mexicano, Rafael “Caro” Quintero, supuestamente con una lista de “contactos”. Fue devuelto a México en tiempo récord y la libreta donde, según la prensa, aparecían direcciones y ubicaciones de esos contactos se perdió misteriosamente.

No todo, empero, está perdido en cuanto al derecho de tener un mejor país y lo provisorio del asunto. Para el presidente Alvarado la situación socioeconómica de su país encontrará una solución con el préstamo de $ 1776 millones provenientes del Fondo Monetario Internacional (FMI), pero como “no hay chocolate sin cacao”, para acceder al empréstito deberá reformarse todo el sector estatal, congelar planillas y salarios, así como reducir fondos a importantes instituciones públicas (transferencias suena más elegante). De esta manera, la gobernanza paralela – está inspirada en el gobierno de los empresarios brasileños desde 1995-, prácticamente se consolidará definitivamente, pues quedan pocos activos estatales que vender o dar en concesión.

Durante un reciente discurso dado en la región del pacífico costarricense, en tono coloquial y para destacar la trascendencia del empréstito, Alvarado aseguró que necesitan la reforma del sector público a fin de reducir el faltante fiscal, porque sin el FMI “todo se va al carajo”.

Fuente: Semanario Universidad del 13/4/2021.

El déficit fiscal se origina, según la versión oficial, porque se destina el 1.56% de la producción nacional al pago de la deuda, siendo la mayor carga (83,82% de ella) para los llamados acreedores internos (Fuente: Diario Extra 17/4/2021). Para el Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas, el faltante fiscal es provocado por los tenedores de bonos de la deuda interna, la evasión de impuestos, la corrupción, el contrabando y las repetidas amnistías tributarias dadas en los distintos gobiernos, cada vez que así exigen el empresariado.

Vargas apunta a que los distintos gobiernos han “satanizado” a los empleados públicos como los responsables de la crisis fiscal cuando hay elevadísimos salarios en el sector estatal para altos burócratas afines al proyecto neoliberal, además de millones de colones que se pagan en “asesorías” a los amigos del gobierno. Es del criterio que quienes tienen bonos de deuda interna y especulan con esos valores, hacen que cada costarricense nazca embargado, pues llega a este mundo con una deudilla equivalente a $ 9.917. Por su parte, el Semanario UNIVERSIDAD se quejó recientemente porque nadie conoce a estos “tenedores de deuda interna”, pues están blindados por el principio de “confidencialidad”, según los altos tribunales del país.

Este periódico dio a conocer que 25 grandes contribuyentes del control unificado del Ministerio de Hacienda entre 2017 y 201|9 estuvieron, inexplicablemente, ausentes del Registro Único de Contribuyentes, según una investigación realizada por la Contralaría General de la república (Fuente: https://semanariouniversidad.com/pais/fifco-britt-h-solis-farmaceutica-y-pineras-fueron-grandes-contribuyentes-que-quedaron-fuera-del-foco-de-hacienda-en-algunos-anos/). El informe asegura que todas esas firmas registraron volúmenes de importaciones por ₡ 370.936 millones e impuestos aduaneros por ₡ 51.078 millones, equivalente en dólares estadounidense a unos $ 604 234 millones y 83 millones.

¡Sí, amigo, Cid Campeador, cosas veredes¡

* Periodista, abogado y notario por la U.C.R.

Covid-19 Costa Rica: 15 riesgos financieros sobre la sostenibilidad del Seguro de Salud y Pensiones

Publicado el . Publicado en Sin categoría.

Aportes para el análisis y la construcción de propuestas a favor de los más pobres y vulnerables

Juan Carlos Durán Castro
Secretario de Seguridad Social
Confederación de Trabajadores Rerum Novarum
Noviembre 2020

7 riesgos observados en el Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) producto de la pandemia por Covid -19

  1. Que el Estado Costarricense no honre la deuda que mantiene con la CCSS, por los diferentes conceptos, la cual al 31/08/2020 asciende a la suma de ¢1,925,384,361,988.38 (Un billón novecientos veinticinco mil trescientos ochenta y cuatro millones trescientos sesenta y unos mil novecientos ochenta y ocho colones con treinta y ocho céntimos). De los cuales el 84.44% corresponde al SEM (¢1,625,778,004,171.57) y el 15.56% al Seguro de Pensiones (¢299.606.357.816.81).
  2. Caída en los ingresos, por la dependencia financiera que mantienen ambos seguros de la contribución tripartita sobre las cuotas obrero patronales y el Estado como tal, como consecuencia de un incremento en la tasa de desempleo, reducción de los salarios, y reducción de las jornadas laborales; sí como un aumento en el empleo informal.
  3. Que no exista un control adecuado sobre las partidas que son disparadores del gasto, tales como: “Tiempo Extraordinario”, “Guardias Médicas” y “Sueldo Personal Sustituto”, en el rubro “Consumo de Materiales y Suministros”, los incrementos en los “Medicamentos”,“Productos Químicos”, “Instrumental ACC. Materiales Médicos Quirúrgicos Odontológicos” y los “Instrum. Médico y Laboratorio”, partidas que presentan crecimientos muy superiores al crecimiento de los Ingresos Totales, son partidas a las cuales se debe prestar una mayor atención, para mitigar los efectos de la pandemia Covid-19.
  4. Ineficientes controles sobre las partidas de “Subsidios por Enfermedad” y “Subsidios Enfermedad Empleados CCSS”, provocando que los recursos no sean utilizados con eficiencia y racionalidad, en razón de que presentan crecimientos que son superiores al crecimiento de los ingresos del año 2019, lo cual eventualmente podría provocar un desequilibrio financiero de los ingresos y egresos y la afectación de las finanzas del Seguro de Salud.
  5. Inadecuados controles en la determinación de los recursos producto de la reducción de la base mínima contributiva de marzo, abril y mayo, año 2020 de los patronos, trabajadores independientes y asegurados voluntarios, medidas que fueron implementadas para mitigar la crisis nacional por el coronavirus y que fueron ampliadas posteriormente al 31 julio 2020, en donde el Gobierno de Costa Rica, se comprometió a realizar las cancelaciones de las sumas acordadas, correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo año 2020, por un monto de ¢33 000 millones y al 31 de julio 2020 un monto aproximado de ¢8 500 millones; además considerar la nueva reducción del mes de agosto 2020, y las que se puedan presentar en el futuro. Deuda, que según el presupuesto del Gobierno es un monto de ¢42 833,80 millones.
  6. Inexistencia de controles sobre el modelo de creación temporal de plazas y al esquema de sustitución de plazas mediante la homologación del mismo código presupuestario (modalidad conocida como duplicación de plazas), modalidad de nombramientos que ha sido utilizada por la institución (excepcionalmente) para afrontar proyectos de carácter especial1, así como, más recientemente, a partir de abril de este año para atender la emergencia que ha ocasionado la pandemia de la enfermedad del COVID-19.
  7. Que los recursos financieros no sean suficientes para abastecer el Fondo de Contingencia para atender la emergencia por COVID-19; por lo cual se ha solicitado a la administración activa hacer un uso racional de este Fondo y que las acciones que se ejecuten contribuyan a garantizar una ejecución eficiente, austera y transparente del presupuesto, con el fin de minimizar los riesgos que puedan afectar el patrimonio institucional.

8 riesgos observados en el seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) producto de la pandemia por COVID-19

1- Al 30 de junio de 2020, el gasto en pensiones mantenía un crecimiento mayor que los ingresos por contribuciones del fondo, lo cual tiene un importante efecto sobre su sostenibilidad, situación que en este año 2020, se ha venido a acentuar con motivo de la pandemia.

2- De acuerdo con los resultados a junio 2020, la situación económica y de desempleo que atraviesa el país estaría provocando que los ingresos por cuotas particulares sean similares a los del 2019, es decir, no existiría crecimiento.

3- La principal afectación se encuentra en el sector privado y en el grupo de trabajadores independientes y asegurados voluntarios. Lo anterior, también producto de las medidas que se han tomado por parte de la Caja para disminuir los efectos en el empleo, como fue lo acordado por la Junta Directiva en el artículo 21 de la sesión 9087, acuerdo primero, del 19 de marzo de 2020, respecto a la reducción de la Base Mínima Contributiva (BMC) a un 25% para la facturación de las planillas patronales, aportes de trabajadores independientes y trabajadores del sector público que reportan jornada parcial en la facturación de marzo, abril, y mayo del presente año. Esta medida a su vez se ha extendido para los meses de junio, julio, agosto, aunque en el caso de los trabajadores independientes y asegurados voluntarios la BMC se redujo en estos últimos meses a un 75%.

4- La reserva del RIVM sigue creciendo, aunque por los efectos de la pandemia los recursos que se puedan capitalizar este año posiblemente serán inferiores, lo cual eventualmente va a repercutir de igual forma en el 2021 mientras se vuelve a reactivar la economía y con la expectativa de que se encuentre un tratamiento efectivo contra el Covid-19.

5- La cartera de préstamos hipotecarios se ha visto influenciada por la pandemia y su colocación ha sido baja y posiblemente podría pensarse en un escenario de aumento en las tasas de morosidad producto de la contracción de la economía y el congelamiento y pérdida del poder adquisitivo real de los salarios en le sector privado, como en el sector público.

6- En relación con el gasto en pensiones, de acuerdo con los resultados parciales a junio 2020, se va a mantener la tendencia de crecimiento de los últimos años, lo cual, con el impacto en los ingresos del fondo por la pandemia, va a requerir que se utilicen mayor cantidad de los intereses generados por la reserva.

7- Las estimaciones elaboradas por la Dirección Actuarial y Económica en el estudio “Proyección mensual de la masa salarial y cantidad de trabajadores cotizantes del Seguro de Salud ante el COVID-19. Abril-diciembre 2020”, señalan que el uso de intereses para el 2020 rondaría los ¢90.000 millones, cifra muy superior al dato de los últimos dos años, lo que incidiría en el incremento de las reservas del fondo.

8- De acuerdo con los resultados reflejados en los estados financieros y en el presupuesto del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte al 31 de diciembre de 2019, el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte continua en una situación frágil con respecto a los períodos de sostenibilidad proyectados en las valuaciones actuariales, lo anterior, debido a que no se han efectuado reformas al sistema. Asimismo, la crisis por la pandemia del Covid-19, va a afectar de igual forma la sostenibilidad del fondo, la cual es muy posible que siga generando efectos negativos en el 2021 y posiblemente los momentos críticos evidenciados desde la perspectiva de las autoridades institucionales posiblemente se adelanten, lo cual infiere una mayor presión al debate sobre las reformas, pero de igual forma coloca de relieve la necesidad de abordar el tema de pensiones, como el de salud desde una mirada integral que pasa por el debate fiscal nacional.

Flexibilizar los mercados laborales y reducir las jornadas es un error

Publicado el . Publicado en Trabajo.

“Flexibilizar los mercados laborales y reducir las jornadas es un error porque no todos los empresarios están afectados por la pandemia del Covid-19”. Así lo considera el presidente de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, Lenin Hernández Navas, quien reaccionó al pedido de los empresarios.

Para el representante sindical no se debe generalizar las medidas sino canalizar de acuerdo con las necesidades de cada empresa.

Además, urgió la necesidad de reactivar a Japdeva para que sea una alternativa para muchos desempleados, “porque una vez más se confirma que APM Terminals fue error, al punto que los mismos empresarios están solicitando una reducción en los costos de las tarifas”.

El sector empresarial ha hecho una serie de demandas al poder ejecutivo con respecto a acciones económicas precisas para enfrentar la ola de desempleo que se avecina a raíz de la pandemia. Esta es la posición del presidente de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum sobre esas solicitudes que hacen los empresarios”:

“Sentimos que el mensaje que envía el sindicato de los empresarios está muy distorsionado en relación con la realidad nacional, ¿a que nos referimos? Número uno, a que seguir utilizando medidas que vienen a flexibilizar los derechos laborales es un error, porque no se puede generalizar a todos los empresarios o todos los sectores como si atravesaran de la misma forma una crisis, porque eso es un retroceso a los derechos y garantías laborales. Sin embargo, en aquellos lugares o sectores donde se evidencia que necesariamente se necesita de ese apoyo del Estado, no solamente en materia legal, sino también en materia económica, pues la idea es dar esa ayuda. Recordemos que tenemos 500 millones de dólares de banca de desarrollo que están estancados, que en este momento el sector agrario hay que apoyarlo más que nunca para darle esa seguridad alimentaria a todos los costarricenses y para eso necesitamos que el sector financiero colabore y no por el contrario, que algunos empresarios vean un negocio con la importación de productos como ya se ha dado en el pasado. Aquí estamos hablando de un antes y un después del COVID-19, en donde los tratados de libre comercio están pendiendo de un hilo porque todas las naciones en este momento tienen que velar por la seguridad de sus ciudadanos. En ese sentido, queda relegado totalmente los acuerdos bilaterales, y sentimos nosotros que en esa misma línea, sería importante para la reactivación económica que Japdeva empiece a operar de nuevo, sobre todo en una provincia tan vulnerable como es la de Limón, en donde ha venido desempleo antes de la pandemia y que en este momento todos los costarricenses, incluso los mismos empresarios, se dan cuenta que APM Terminals fue un gran error, un negocio para unos pocos, pero que está afectando definitivamente la productividad del sector empresarial; entonces aquí es donde hacemos un llamado respetuoso pero vehemente, al Poder Ejecutivo para que dicte esas políticas públicas que vengan a beneficiar a la colectividad costarricense en medio de una pandemia, en medio de una crisis sanitaria, económica y social que requiere medidas extraordinarias y que no sólo unos pocos quieran beneficiarse de esta crisis”.

 

Imagen ilustrativa.

Enviado a SURCOS por Auxiliadora Zúñiga.

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