Skip to main content

Etiqueta: junta directiva

Martha Rodríguez González responde acusación presidencial que culpa a los sindicatos de la existencia de listas de espera

Ante la situación de las condiciones que rodean a las listas de espera, Martha Rodríguez, representante sindical en la junta directiva de la CCSS, aborda cuatro aspectos críticos. La representante explica que la lista de espera es una preocupación de todos, pero que no es culpa de los sindicatos, al no gestionar ni cogestionar la institución, ni lo es tampoco de las personas usuarias.

Martha señala una declaración hecha en una sesión anterior en la que se mencionaba que hay suficientes especialistas disponibles en las instituciones, pero la preocupación aquí es que cuando, como continúa Martha, alguien va a un centro, le dicen que no tienen un especialista disponible para operar. Esto causa un problema con la lista de espera.

La representante sindical también reflexionó sobre la idea de que las personas en este caso están muriendo por culpa de la Junta Directiva, afirmando que están hablando de un delito, que están permitiendo la muerte de las personas al no gestionar adecuadamente la situación con las listas de espera. Pasar la responsabilidad a los directores de los centros simplemente sería pasar su responsabilidad a otros. Martha dejó muy claro que la Junta Directiva es responsable del problema no resuelto con las listas de espera.

Martha continúa diciendo que quiere entender por qué, en la sesión anterior, se dijo que se ha cumplido todo, que todo estaba bien, refiriéndose a la situación con las listas de espera, aun cuando la situación persiste.

Por último, Martha Rodríguez González manifestó que les faltan recursos financieros, humanos e infraestructura y encima tienen una gran deuda que les impide funcionar adecuadamente. Con este comentario final pidió que para la próxima sesión se trate este tema con más claridad y entendimiento para que puedan tener un mejor control de la situación.

Lucha por justicia en caso La Penca continúa 40 años después

COLPER – comunicado, 30 de mayo del 2024

Este 30 de mayo se realizó una reunión con la Fiscalía General de la República y un encuentro entre los sobrevivientes del atentado de La Penca y el Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El propósito fue darle continuidad al caso del que han sido parte de los esfuerzos de la Junta Directiva 2023 – 2024 del COLPER para traer justicia a este crimen cometido contra el periodismo costarricense el 30 de mayo de 1984.

Los hechos se incluyen dentro de un pronunciamiento público que la Junta Directiva emitió al cumplirse 40 años de este lamentable suceso en el que 7 personas perdieron la vida y 22 más tuvieron que continuar sus días enfrentando secuelas, tras la explosión de una bomba durante una conferencia de prensa convocada en La Penca, Nicaragua.

“Estamos muy agradecidos con la Junta Directiva del Colegio de Periodistas porque ellos siguen en la lucha por descifrar una verdad pues, al final de cuentas, todavía estamos en un crimen impune”, expresó José Rodolfo Ibarra, sobreviviente de La Penca y expresidente de Junta Directiva del Colper 2012 – 2013.

La denuncia ante la Comisión Interamericana la presentó el Colper desde el año 2005. El Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca, reconoció los retrasos procesales del sistema interamericano, ofreció trasladar el reclamo ante la entidad y analizar diversos escenarios para reivindicar a las víctimas.

Ni el Gobierno de Nicaragua ni el de Costa Rica se han hecho responsables, pese a las múltiples investigaciones legislativas y judiciales que se han realizado. El caso sigue abierto en la Fiscalía General de nuestro país y nunca prescribirá, pues desde el 2010 se declaró como crimen de lesa humanidad.

“El Colper acoge la frustración, el dolor y la impotencia de las víctimas. La junta directiva mantendrá abierto el canal con la Relatoría de Libertad de Expresión con el fin de encontrar una opción en la Comisión Interamericana que de tranquilidad y paz a nuestros queridos colegas”, finaliza el pronunciamiento de la Junta.

Frente Nacional de Lucha: “Ningún funcionario está por encima de la ley” – 15 de mayo de 2024

El Frente Nacional de Lucha emitió el siguiente comunicado el pasado 15 de mayo de 2024, en el que expresan lo siguiente: 

Doña Marta Esquivel Rodríguez, cumpla su deber «Velar por la ejecución de las decisiones tomadas por la Junta Directiva de la CCSS». NO siga poniendo en riesgo la salud de las y los cartagineses.

La población de Cartago ha manifestado reiteradamente su descontento con el injustificado retraso en el inicio de las obras del Nuevo Hospital para Cartago, debido a la desconfianza y escepticismo respecto del proceder de Doña Marta Esquivel Rodríguez, el pasado jueves 16 de mayo la población se hizo presente en el edificio Laureano Echandi, para fiscalizar el actuar de la Presidente Ejecutiva y la Junta Directiva de la CCSS, durante la sesión donde se dará la discusión y el dictamen definitivo sobre la aprobación de la construcción del nuevo Hospital de Cartago en el terreno del Guarco, y exigir que de una vez por todas se atiendan NO los caprichos políticos infundados sino lo que corresponde a la legalidad o a los criterios técnicos de los órganos competentes y calificados.

Aunque la mayoría de la Junta Directiva pareciera estar a favor de esta construcción, la profunda desconfianza se fundamenta en el característico e irracional accionar de la Presidenta Ejecutiva, que mediante ocurrencias sin sustento técnico o usando un discurso manipulador entorpece el urgente Hospital para Cartago, esperado por décadas.

Y es que la principal pregunta es ¿qué se requiere para que Marta Esquivel Rodríguez deje de entorpecer y retrasar la construcción del hospital de los Cartago? Pregunta difícil de responder, pues queda claro que ni el hacinamiento inhumano de pacientes y el del personal de salud, ni el calvario que viven los pacientes en una infraestructura colapsada, han sido razones suficientes, ni los cuestionamientos sobre la seguridad del hospital Maximiliano Peralta ni las conocidas y denunciadas limitaciones en los recursos e insumos decisivos para la buena evolución clínica de los pacientes o los pronunciamientos favorables sobre la viabilidad del terreno actual hacen que la señora Marta deje su obstinada confabulación contra la salud del pueblo cartaginés.

Han sido la demagogia, las explicaciones inverosímiles y los absurdos argumentos de los representantes del Ejecutivo y del oficialismo legislativo, los que pretenden infructuosamente desestimar cualquier criterio técnico que avale el terreno del Guarco, y apoyan cuanto planteamiento disparatado que surja del empirismo intentando que se desacredite el terreno actual.

Desde el Frente Nacional de Lucha hacemos un llamado vehemente a apoyar la lucha de nuestros compatriotas cartagineses, esta gesta que nace en Cartago, debe ser evocada y fortalecida a través de todos los costarricenses mediante una defensa de nuestro derecho a salud pública de calidad y con oportunidad y con eso defender la gloriosa conquista de los años 40, la Caja.

Asimismo exhortamos al pueblo costarricense a no permitir bajo ninguna circunstancia que prive la irracionalidad y la improvisación, aceptando un criterio negativo sobre esta construcción, pues esto daría pie a que se sigan dando resoluciones que respondan más a intereses políticos y mercantilistas sobre las necesidades de la mayoría. 

¡Debemos unir esfuerzos por el nuevo Hospital para Cartago, esta pelea debe darse y debe ganarse en favor de la salud pública de Costa Rica!

Guacimal elige junta directiva de la Asociación de Desarrollo Integral

Dany Villalobos

El pasado sábado 27 de abril, la asamblea de la comunidad eligió unánimemente a la nueva Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral de Guacimal para el periodo 2024-2026, que será presidida dos años más por la Lic. Dunia Sánchez, con Teodoro Villalobos como vicepresidente, Carlos José Badilla de secretario, José Villalobos tesorero, en Vocalías Sidey Murillo, Anais Loría y Cristian Solís, y con la fiscalía de Jackson Anchía.

En una emotiva reunión con 48 afiliados presentes, la comunidad reconoció el gran esfuerzo realizado por los miembros de la Junta 2022-2024 y el trabajo voluntario de muchas personas en la construcción e inauguración del nuevo redondel y campo ferial en las fiestas de marzo, entre otros importantes trabajos desarrollados por la Junta para el bienestar de la comunidad.

Igual que los asociados, les deseamos muchos éxitos a la Junta electa en sus metas para este periodo, que contará con la colaboración y solidaridad de los vecinos para resolver los principales problemas comunales, recuperar y conservar las tradiciones y cuidar los espacios públicos del pueblo de Guacimal.

Defensoría revisará resultados del modelo de gestión de la CCSS

Emite recomendaciones a Junta Directiva para entrega de información

Como parte de la investigación que llevó a cabo la Defensoría de los Habitantes sobre el modelo de gobernanza de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) emitió una serie de recomendaciones a la Junta Directiva, en aras que facilite una serie de datos e información que permita hacer un análisis de resultados de gestión y su impacto en la población.

El informe establece la necesidad que se envíe a esta Defensoría un informe sobre el estado de avance del proceso de implementación del “Proyecto Estratégico para el Desarrollo, Implementación y Control del Sistema de Gestión de Gobierno Corporativo de la Junta Directiva de la CCSS”, al 28 de junio del 2024, que incluya, un detalle de la eliminación de deficiencias y distorsiones que se han venido creando a través de los años, con responsables en el proceso y rendición de cuentas a la sociedad civil.

También se requirió el estado de cumplimiento de la implementación del “Modelo de gestión para resultado a nivel institucional”, conforme con el Plan Estratégico Institucional para el periodo 2023-2033 y su articulación con la política institucional de gestión integral de riesgos.

Otro punto importante a destacar es la necesidad de disponer, en un mes, de los objetivos, metas, indicadores y acciones que permitan vincular la alineación del “Manual de Iniciativas y Portafolio de Proyectos (versión 2.0)” con el Plan Estratégico Institucional 2023, que identifique que la infraestructura requerida responde a esa visión de la CCSS eliminando brechas e inequidades, distribución de recursos, oferta de servicios, planificación del desarrollo de prestación de servicios e infraestructura de apoyo requerida.

Además, la Defensoría requiere que al 30 de abril se envíe el análisis técnico jurídico que permita determinar la conveniencia y/u oportunidad de la inclusión de una cláusula del contrato de Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017, en el marco de la responsabilidad del fiduciario de multas por incumplimiento de obligaciones. A ello, el avance del trabajo de la comisión interinstitucional en relación del proceso de conciliación con el monto que el Estado le adeuda a la CCSS y definir la ruta de los pagos.

Para la Defensoría es fundamental que la Caja ponga a disposición de la Defensoría el avance del diseño y desarrollo de un sistema de costos que permita cuantificar los montos de actividades e intervenciones con mayor precisión.

Se solicitó a la Junta Directiva que envíe un informe sobre la evaluación de los proyectos prioritarios recientemente anunciados, a saber, construcción y equipamiento del hospital Tony Facio; la construcción del nuevo hospital Manuel Mora Valverde; el fortalecimiento del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología y, la primera etapa del fortalecimiento del hospital de Guápiles, sus costos, estructura de financiamiento y la ruta crítica para su ejecución.

La Defensoría de los Habitantes recomendó conocer el cronograma de prioridades en materia de inversión hospitalaria, donde se incluya la línea de tiempo de ejecución de cada una de las prioridades establecidas, estrategias de construcción, costo de cada proyecto donde se incluya, entre otros construcción, equipamiento y recurso humano. De igual manera, el portafolio de inversiones actualizado donde se identifiquen el inicio de obras para los próximos 12, 24 y 36 meses.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Pronunciamiento acerca de la selección y el proceso de formación en los programas de especialización médica – Junta Directiva de ACANAMED

ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Acerca de la selección y el proceso de formación en los programas de especialización médica

La formación académica-práctica de un estudiante de posgrado en una especialidad médica clínica o quirúrgica, la provee un servicio hospitalario, tanto en sus actividades académicas (análisis y discusión de casos clínicos, revisiones bibliográficas, etc.) como prácticas; por otro lado, las universidades diseñan los programas académicos, los requisitos mínimos de horas de prácticas o procedimientos y contratan tutores que laboran dentro de dicho servicio, quienes deben supervisar dichas actividades, de forma que certifiquen el cabal cumplimiento de sus objetivos de aprendizaje. Es imprescindible señalar estas funciones y límites con la mayor precisión y uniformidad posible.

En la Caja Costarricense de Seguro Social ha sido práctica habitual, a través de su Centro de Desarrollo Estratégico e Información de Salud de la Seguridad Social (CENDEISSS), que, dentro de un mismo servicio, convivan estudiantes de grado procedentes de distintas universidades, con sus respectivos programas y sus respectivos tutores. En el caso de los programas de especialización médica -al igual que en los grado-, debe haber concordancia en los objetivos de aprendizaje, en las horas de formación teórica y práctica, así como en la metodología de evaluación, para garantizar que la formación profesional sea de calidad y similar en todos los profesionales médicos cursando la misma especialidad, independiente de la universidad a la que pertenezca el estudiante médico; es decir, los programas deben ser equiparables, porque será en un mismo servicio hospitalario en donde todos los estudiantes de postgrado matriculados en distintas universidades los llevarán a cabo. Un ente centralizado debe estandarizar y regular estos programas.

Cada universidad debe contar con docentes contratados específicamente para supervisar el cumplimiento del programa y responsabilizarse por la asesoría de sus estudiantes de postgrado. Por otro lado, los médicos asistentes del servicio deben orientar y asesorar al estudiante de postgrado, en lo relacionado a sus responsabilidades, inherentes a las necesidades del servicio, independientemente del tutor asignado o de la universidad de donde provenga; no es admisible que cada médico en formación cumpla metas y tenga una carga trabajo señalado por su universidad ni por un tutor, ajeno a la dinámica del servicio. Cada servicio debe tener sus prácticas protocolizadas, de forma que el estudiante de postgrado se familiarice y aprenda la normativa y los procedimientos del servicio.

La Caja Costarricense de Seguro Social debe establecer el número de plazas disponibles para los estudiantes de postgrado en sus distintos servicios médicos, según sus posibilidades logísticas y sus necesidades regionales. Los centros médicos privados que reciban estudiantes de postgrado, deben certificar, ante la misma entidad reguladora, que están en condiciones de cumplir con los objetivos estipulados en los programas universitarios de especialización, equiparables a nivel nacional.

Los postulantes deben rendir un examen único nacional para ser elegibles para un programa de postgrado en una especialidad médica. Este examen podrá ser ejecutado por un proveedor con experiencia en este tipo de evaluaciones, que usualmente comprenden un número elevado de postulantes. Según el puntaje obtenido, cada estudiante podrá elegir la especialidad y la sede docente hasta que se completen los cupos, cuyo número se debe conocer con antelación. Este examen debe ser administrado y supervisado por una comisión intersectorial en la cual participe El Consejo Nacional de Rectores, el Consejo Nacional de la Educación Superior y la Caja Costarricense de Seguro Social, asesorado por entidades que tengan experiencia previa en esta evaluación, como es la Universidad de Costa Rica u otras instituciones, por ejemplo, extranjeras. Posteriormente, el postulante será evaluado en el servicio elegido, en la cual se valoren sus “habilidades blandas”, su disposición para el trabajo, su afinidad con el perfil de la especialidad y su actitud ética.

Junta Directiva, Academia Nacional de Medicina 22 de marzo de 2024

Compartido con SURCOS por ACANAMED.

Jefa de la Secretaría de la Junta Directiva de la CCSS se mantiene sufriendo acoso laboral

Después de ser suspendida de su cargo y reubicada en el Hospital Calderón Guardia sin justificación ni respaldo legal alguno, Carolina Arguedas Vargas, quien ostentaba el cargo de Jefa de la Secretaría de la Junta Directiva de la CCSS, se enfrenta diariamente a las consecuencias del acoso laboral propiciado por Marta Esquivel, Presidenta Ejecutiva de la institución.

Vargas, tras su separación el 9 de marzo del 2023, fue trasladada al Hospital Calderón Guardia, donde no se le ha asignado ningún tipo de función hasta la fecha. Al llegar al hospital no se le asignó una oficina y con el tiempo la relegaron a una pequeña oficina compartida con quien se encarga de los registros de bebés.

A pesar de la ayuda que Vargas brinda al director del Calderón Guardia con diversas tareas, la falta de funciones que le asignan debido a la denuncia que esta impuso está revictimizando a la funcionaria. Juan Carlos Durán Castro, asesor sindical de ANEP, comenta sobre el hostigamiento que sufre Vargas al ser puesta en una esquina donde le quitaron todas sus funciones. ANEP apoya el proceso de la ex Jefa de la Secretaría de la Junta Directiva de la CCSS desde la parte jurídica y política, buscando consolidar todos los argumentos por el hostigamiento que recibe Vargas. 

Compartimos el video:

Información compartida con SURCOS por ANEP.

Martha Rodríguez González de la Junta Directiva de la CCSS detalla el proceso político en su contra y de otros directores

A la opinión pública y a los trabajadores y trabajadoras que represento en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, quiero informar  lo que ha venido ocurriendo con el juicio político instaurado contra tres directores en este momento, porque los otros habían renunciado a la institución por las grandes presiones contra ellos. Quiero contarles que el proceso sigue en estos días, mañana y pasado, pero que es un proceso espurio y mentiroso a partir de una denuncia  verbal de la presidenta ejecutiva, por habernos apartado los directores que votamos un ajuste salarial, que firmó el presidente de la república cuando era ministro de hacienda, Nos están instaurando este juicio político con el objetivo de separarnos de la institución.

Esos siete mil colones, que están muy lejos de lo que debe lam presidencia ejecutiva, se le pagaron a los trabajadores de la caja y se le pagaron a muchas otras instituciones y adicionalmente ahora el gobierno reconoce que es una deuda que debe pagar, pero esa fue la excusa para montarnos a nosotros un juicio político; juicio político donde no hemos tenido derecho realmente a un procedimiento transparente, que quiera averiguar la verdad real de los hechos, no les interesa la verdad real de los hechos, lo único que quieren es destituirnos. vamos a atender esas convalecencias, porque cada uno de los directores la está atendiendo por aparte, parte de la estrategia del órgano director. Lo más importante es que podemos demostrar que es un mecanismo espurio para llevar adelante un juicio político, porque la misma sala constitucional en el voto 32552024 del nueve de febrero del año 2024, esta reconociendo en ese voto que se violento el acceso al expediente que tengo como imputada, yo durante tres días no pude revisar el expediente administrativo y esa ha sido la tónica, la sala constitucional sólo reconoce lo que nos ha venido ocurriendo como directores en la caja costarricense del seguro social.

Nosotros seguiremos defendiendo a esta institución contra viento y marea, porque lo que estamos haciendo en la junta directiva es defender los intereses de los ciudadanos, porque la caja no le pertenece al gobierno Chaves Robles, la caja es suya, es mía, es de todos los ciudadanos.

Compartimos el video:

ANEP revela fallas en decisiones del Centro Nacional de la Música por insumos erróneos

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) expresa su preocupación por la toma de decisiones basadas en información incompleta, alterada e incluso falsa. En la última reunión, se presentó una minuta de la Comisión Técnica sobre la programación de la Orquesta Sinfónica Nacional para 2024, específicamente el V Concierto de Temporada Oficial los días 28 y 30 de junio. Sin embargo, se señala que no existió un acuerdo real de la Comisión Técnica para este concierto, y se proporciona la información correcta y aprobada.

Además, se destaca que la minuta presentada indujo a error a la Junta Directiva al afirmar falsamente un acuerdo y hacer creer que fue firmada por la Comisión Técnica, cuando en realidad no lo fue. Se señala que en este concierto se excluyen a 4 solistas costarricenses y al joven compositor Alejandro Acuña, ganador del concurso de Jóvenes Compositores de 2023.

ANEP alega que se obstruyó o se aplazó la presentación de documentos de soporte a la temporada que habrían revelado inconsistencias entre la presentación del Director General Suplente y lo aprobado por la Comisión Técnica. También se menciona que se ocultó la información conciliada en el Ministerio de Trabajo, donde se acordó que la programación artística de 2024 estaría a cargo de la Comisión Técnica.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) solicita urgentemente una audiencia con la Junta Directiva en diciembre para abordar estas irregularidades y evitar recurrir a otras instancias legales. La ANEP espera que la Junta Directiva revise la información proporcionada y tome decisiones informadas y acordes con la legislación costarricense.

Enlace de Facebook con la denuncia completa:  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0FwRBJmMsGq3hfP4okxcZN2cj8hiuTF69EqgvpvqTkz4v5jPwfynUUuUGEYDatnhWl&id=100057055766841&mibextid=kFxxJD

Información compartida con SURCOS por Walter Antillón Montealegre.

Acuerdo de junta directiva de la CCSS para la declaratoria de exclusivos/excluyentes y concurrentes es ilegal, inmoral y antihumano

Apuntes acerca del ilegal, inmoral y antihumano acuerdo de Junta Directiva de la CCSS para la declaratoria de exclusivos/excluyentes y concurrentes en la CCSS y su conexidad con la Ley Marco de Empleo Público (LMEP) y su pernicioso y regresivo salario global.

Juan Carlos Durán Castro

Agosto 2023

El informe de la » comisión» de Junta Directiva de la Caja que sirve de base para el acuerdo que permite partir la familia laboral de la Caja en dos, resulta ser un acto que retrata el estilo en que el Poder Ejecutivo interpreta y pone en práctica su conceptualización autoritaria y antijurídica sobre la estructura del ordenamiento normativo del país.

Debe el lector más humilde entender como punto de partida, que el legado de la Constitución Política de 1949, distribuyó el poder del Estado para evitar estilos y formas peligrosas contra la costumbre democrática del país. Es esa lógica democrática la que se encuentra representada en la forma en que el Constituyente organizó el mundo del trabajo dentro del aparato estatal para evitar prácticas autoritarias de corte dictatorial, debiendo ser esta distribución de cuotas de poder el otro elemento básico a ubicar por parte del lector, puesto que la ley marco de empleo público (LMEP), va en el sentido contrario y tiene como uno de sus objetivos estrella concentrar peligrosamente el poder del manejo del mundo laboral del sector público en MIDEPLAN.

Es ese legado democrático con sus virtudes y defectos, el que está en un predicado altamente riesgoso, pues sus componentes democráticos han venido siendo dinamitados a la luz de la consolidación político-jurídica de corte regresivo y anti-laboral de lo que denominamos la triada perniciosa de leyes *9635, 9808 y 10.159, auspiciadas y promovidas por los viejos y nuevos partidos políticos a cargo del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, cuyo mundo feliz se terminará de concretar si logran aprobar la traída y llevada ley 4/3.

Vale entonces apuntar, que el futuro inmediato de esta ley 4/3, será determinado por la Sala Constitucional, espacio del cual no esperamos mucho, pero de repente podría volver a darnos una sorpresa inesperada, si es que se anima a salirse de posibles pactos políticos oscuros que suelen ocurrir en temas tan controversiales. Ante este panorama de incertidumbre política y jurídica debe quedar claro que el debate legal no acaba en esta instancia judicial de alcance nacional, pues si la Sala termina apuntalando aún más la contrarreforma laboral, se abre sin duda el escenario de la denuncia en el plano internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Ahora bien, descrito ese contexto general, vale la pena hacer una relación de como esa práctica de la Junta Directiva de la Caja, resulta ser una réplica del estilo funcional del Presidente Chaves Robles, que algunos ya califican de autoritario y dictatorial, ya que tomar acuerdos violentando tres criterios técnicos internos de esa institución, debe permitirle a propios y a extraños visualizar formas inmorales y posiblemente ilegales, que desnudan cómo una Junta Directiva de la Caja, presuntamente espuria, tramitó y acordó separar de forma antijurídica la familia laboral de la Caja en dos mundos laborales a contrapelo de la mismísima Constitución Política.

Repasemos brevemente:

En el caso específico de los acuerdos de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro social, que definen lo relativo del tema de exclusivos/ excluyentes y concurrentes, podemos resumir los siguientes elementos ilegales, inmorales y anti técnicos, para describir las características de un órgano colegiado políticamente controlado por el Poder Ejecutivo y que funciona posiblemente de forma ilegal desde la separación ilegítima de los representantes laborales que la Sala Constitucional ordeno reintegra.

Este colegio superior de la Caja, que ha osado tomar acuerdos en principio ilegales y que hemos ya denunciado ante la Contraloría General de la República y la Fiscalía, pero que más allá de eso construye narrativas maliciosas con rasgos de complot pernicioso que dañan la imagen de una de las instituciones estandarte de la institucionalidad patria, merecen nuestra atención.

Esto es así, porque dicho órgano supremo, ha llegado a tal punto de maldad, que por sus actos anti-laborales en contra de los derechos humanos de su propia familia laboral, ha provocado que desde sus propias entrañas trabajadores y trabajadoras hayan optado por presentar la primera demanda en sede del Tribunal Contencioso Administrativo en su contra el pasado viernes 18 de agosto 2023.

Escrito que describe con meridiana lucidez el camino oscuro de un acuerdo antijurídico, anti-laboral y antihumano, que en su petitoria central, solicita a la autoridad competente declarar la nulidad absoluta de los acuerdos accesorios y el acuerdo principal que dinamita en dos la familia laboral de la Caja, pues ha de tenerse claridad que los mismos presentan las características básicas de un perjuicio inminente.

Perjuicio que no dudamos está ya en desarrollo dentro de la Caja por casos que hemos conocido, pero que se terminará de consolidar, cuando en una acción de personal o documento similar se establezca con puntos y comas el criminal impacto en el salario, mismo que no tendrá distinción alguna, pues tornará en precarios todos los salarios de la Caja sin discriminación alguna y peor aún los condenará a un congelamiento por un lapso promedio de unos 19 años, según los estudios de expertos de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Así las cosas, vale hacer un repaso simple de los argumentos centrales de la demanda que anotamos supra, veamos:

1- La Junta Directiva de la Caja omite presuntamente de forma ilegal los tres criterios técnicos emitidos internamente por la Dirección de Administración y Gestión de Personal (DAGP), la Dirección de Servicios Administrativos y la Dirección Jurídica, lo cual sin duda alguna podría ser un acto antijurídico, pero sobre todo cargado de la soberbia autoritaria que deriva del Presidente y es replicada en la Caja por Doña Marta Eugenia Esquivel Rodríguez y su clan de súbditos sumisos, hoy día demandados por la ANEP y otros grupos socio-sindicales.

2- Esa misma Junta Directiva acuerda conformar una «comisión» de su propio seno (Ver artículo 25º de la sesión N° 9348 del 22 de junio de 2023), a todas luces archi-parcializada y con baja o nula experticia conformada por: Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Presidenta Ejecutiva, Roberto Quirós Coronado, representante de la Unión Nacional de Cámaras Empresariales (UCCAEP) y el señor Marco Tulio Escobedo Aguilar, representante por parte del Poder Ejecutivo, «Comisión» que curiosamente en un plazo de 10 días emite » un informe», a todas luces ultra débil en lo técnico y posiblemente con pocas o ningunas deliberaciones de Junta, pero que termina siendo el acuerdo principal que adquiere firmeza en un tiempo récord y caracteriza posiblemente la antítesis de lo jurídico.

3- Ese presunto pseudo informe de la » comisión» de Junta Directiva, aparte de que parece no tener ninguna rigurosidad técnica fue elaborado, presentado y votado en Junta Directiva por dos miembros que en principio entendemos no tenían capacidad jurídica para ejecutar tal acto administrativo injusto e ilegal, puesto que la Sala Constitucional, ya había ordenado previamente el reintegro de pleno derecho de dos de los miembros separados ilegalmente por el Poder Ejecutivo, actuación que denota la presunta nulidad absoluta del acuerdo ahora ya impugnado en sede judicial.

4- Siguiendo esa misma ruta de la posible ilegalidad, parece ser que al momento de dar FIRMEZA al “informe” de la » comisión» de Junta Directiva de la Caja sobre el tema de exclusivos/excluyentes – concurrentes, se tuvo según parece la osadía de presentar ante el órgano superior de la Caja, solo una hoja o una parte del acta de la sesión precedente en la que se «discutió» el tema de agenda en análisis. Este acto de ser así, aparte de romper con la tradición histórica de presentar el acta completa para su aprobación, deviene en una posible, pero enorme ilegalidad que profundiza la nulidad absoluta del acuerdo de Junta Directiva de la CCSS en el tema en análisis.

5- Debe quedar claro para toda la familia laboral de la Caja, que el acuerdo posiblemente ilegal que comentamos sobre exclusivos/excluyentes- recurrentes, NO EXIME, a nadie ( entiéndase bien, a nadie), del conocido y pernicioso SALARIO GLOBAL y su ruta ilegal e inconstitucional de congelamiento salarial indefinido, que guarda relación directa con la camisa de fuerza llamada regla fiscal y cuyo enfoque de precarización salarial, dichosamente ya ha sido cuestionado por la Procuraduría General de la República que se ha referido a la inconstitucionalidad de este congelamiento indefinido, indicando en criterio ofrecido en el marco de la acción de inconstitucionalidad que se tramita bajo expediente 23- 004885-0007-CO y que ha provocado que de forma oportuna la fracción del Frente Amplio presentará el proyecto de ley denominado “Ley para eliminar el congelamiento por plazo indefinido de los salarios de las personas del sector público”, bajo el expediente 23877.

Decimos con total claridad, que nadie se llame a engaño, la Caja podría aplicar en coordinación con MIDEPLAN o por cuenta propia la visión malévola y perniciosa de la regresividad salarial tanto para exclusivos/excluyentes- concurrentes, como para interinos o en propiedad, es decir, desde nuestra modesta lectura no debemos caer en la trampa de que nos dividan como clase trabajadora bajo la utilización de esas dos mentiras descritas u otras distintas construidas con narrativas engañosas, somos una sola familia laboral y como tal debemos interiorizar y planificar de forma inteligente la lucha en distintos espacios, lo cual incorpora la salida obligatoria a la calle en un plazo muy corto.

6- Como una última reflexión, debemos poner meridiana atención a las características del segmento laboral que la Junta Directiva de la Caja acordó posiblemente de forma ilegal calificar de concurrentes. Esto porque se trata de perfiles laborales estratégicos para la conducción estructural de la Caja y a partir de ahí debemos sacar diferentes conclusiones más allá del debate legal y técnico.

¿Será que el Gobierno desea manejar a su antojo puestos para insertar cuadros afines ideológicamente para tomar control de la Caja y de paso desplazar a fichas de otras banderas políticas históricas? ¿Será está una parte incorporada en la estrategia malévola de privatización de servicios? ¿Será que la precarización laboral y salarial en la Caja aspira a generar un grado tal de desmotivación interno y externo que genere mayor deterioro en los servicios y una migración hacia el sector privado, como un mecanismo de golpear más la imagen institucional y promover igualmente la privatización?

Dicho lo anterior, vale la pena reafirmar que no debemos de perder la brújula en el sentido de que la defensa de nuestra estabilidad laboral y salarial pasa necesariamente por entender que debemos salir a la calle muy pronto a luchar por la autonomía constitucional de la Caja, ( aunque esto suene muy abstracto); su modelo de financiamiento actual o futuro, su misión, su visión y sus principios, garantizando además que esta jornada patriótica de lucha aspire a la mejora de los servicios de salud públicos, humanizados y modernizados, pero sobre todo accesibles a un pueblo que cada día ( aunque digan lo contrario), lo empobrecen más.