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Pronunciamiento de la Organización Cívica Madre Tierra

En defensa de la independencia del Poder Judicial, la separación de poderes y el derecho a una justicia pronta y cumplida

La Organización Cívica Madre Tierra, en defensa de la democracia, los valores republicanos, el respeto por las instituciones, la justicia social y la sostenibilidad, manifiesta su profunda preocupación ante las decisiones y planteamientos del Poder Ejecutivo relacionados con el presupuesto del Poder Judicial.

Consideramos que esta situación no puede reducirse a una controversia contable ni a una disputa coyuntural entre instituciones. Lo que está en juego es un principio esencial de nuestra democracia: la independencia de los poderes de la República y el derecho de todas las personas a una justicia pronta, cumplida e independiente.

1. La separación de poderes es un principio democrático fundamental

La democracia costarricense se sustenta en la separación y el equilibrio de los poderes de la República. Ningún poder está por encima de los demás ni puede utilizar sus atribuciones para condicionar indebidamente el funcionamiento de otro.

El Poder Judicial tiene una función constitucional propia: administrar justicia con independencia de las presiones políticas, económicas o partidarias.

Por ello, las decisiones relacionadas con sus recursos deben analizarse no solo desde criterios de austeridad, eficiencia y control del gasto público, sino también desde la obligación de preservar las condiciones que hacen posible su independencia.

2. El mandato constitucional sobre el financiamiento judicial debe respetarse

Madre Tierra considera indispensable que exista claridad jurídica sobre el alcance de la disposición constitucional que establece para el Poder Judicial un presupuesto “no menor del seis por ciento” de los ingresos ordinarios.

La expresión “no menor” no puede convertirse en un mecanismo para reducir discrecionalmente los recursos necesarios para el cumplimiento de las funciones constitucionales del Poder Judicial.

Cualquier interpretación de esta disposición debe atender tanto a su literalidad como a su finalidad: garantizar las condiciones materiales indispensables para que la administración de justicia pueda funcionar con independencia y eficacia.

3. Controlar los recursos públicos no significa subordinar a otro poder

La fiscalización de los recursos públicos es legítima y necesaria. Todas las instituciones del Estado deben estar sometidas a criterios de transparencia, eficiencia, rendición de cuentas y control.

Sin embargo, el control presupuestario no debe transformarse en un instrumento de presión política.

Nos preocupa, por ello, cualquier mecanismo mediante el cual recursos constitucionalmente destinados al Poder Judicial puedan ser reducidos, congelados o condicionados posteriormente a autorizaciones políticas que comprometan su capacidad de funcionamiento.

Fiscalizar no significa subordinar.

El ejercicio de las competencias presupuestarias debe respetar los límites que establece la Constitución y preservar el equilibrio entre los poderes de la República.

4. La legislación financiera debe interpretarse dentro del marco constitucional

Las normas de administración financiera, control y fiscalización son instrumentos indispensables para garantizar el uso responsable de los recursos públicos.

Pero ninguna norma de rango legal puede interpretarse de manera que desconozca las garantías constitucionales relativas a la independencia de los poderes.

Por ello, Madre Tierra considera necesario que cualquier decisión relacionada con el presupuesto judicial esté sustentada en criterios jurídicos públicos, verificables y constitucionalmente consistentes, y no en interpretaciones cambiantes determinadas por la coyuntura política.

5. Defender la independencia judicial no significa defender el statu quo

Madre Tierra no plantea una defensa corporativa del Poder Judicial.

Las instituciones públicas deben ser evaluadas, fiscalizadas y reformadas cuando sea necesario. El Poder Judicial debe mejorar su eficiencia, transparencia, gestión y capacidad de respuesta ante las necesidades de la ciudadanía.

Pero reformar una institución no es lo mismo que debilitar las condiciones materiales que le permiten cumplir su función constitucional.

Costa Rica necesita un Poder Judicial más eficaz, transparente y accesible, no uno financieramente vulnerable frente a decisiones coyunturales del poder político.

6. La ciudadanía es la principal afectada

Las consecuencias de un debilitamiento de la administración de justicia no recaen únicamente sobre jueces, fiscales o funcionarios judiciales.

Afectan a las personas que esperan una sentencia, a las víctimas que buscan justicia, a quienes necesitan resolver conflictos, a quienes defienden sus derechos y, en general, a toda persona que requiere tribunales independientes frente al poder político o económico.

Una justicia debilitada significa una ciudadanía más vulnerable.

7. Más democracia significa también más controles al poder

Costa Rica atraviesa un período de profundas tensiones institucionales y de creciente cuestionamiento ciudadano.

La respuesta a ese malestar debe incluir reformas que hagan al Estado más eficiente, combatan la corrupción, reduzcan desigualdades, mejoren los servicios públicos y recuperen la confianza de la ciudadanía.

Pero esa transformación debe realizarse fortaleciendo el Estado de derecho y los contrapesos democráticos, no debilitándolos.

Defender las instituciones no significa impedir las reformas.

Exigir rendición de cuentas no significa aceptar la subordinación de un poder a otro.

Defender la independencia judicial no significa defender el statu quo.

Nuestra posición
La Organización Cívica Madre Tierra:

1. Reafirma su defensa de la separación e independencia de los poderes de la República.

2. Exige el respeto de las disposiciones constitucionales relativas al financiamiento del Poder Judicial.

3. Solicita transparencia y fundamentación jurídica pública en las decisiones relacionadas con la asignación, reducción, congelamiento o ejecución de los recursos destinados al Poder Judicial.

4. Rechaza cualquier utilización del presupuesto público como mecanismo de presión o debilitamiento de la independencia institucional.

5. Defiende el derecho de todas las personas a una justicia pronta, cumplida e independiente.

6. Reconoce la necesidad de reformar y mejorar el Poder Judicial mediante procesos democráticos, transparentes y respetuosos de su independencia constitucional.

7. Hace un llamado a la Asamblea Legislativa, a la Contraloría General de la República, al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo para que esta controversia sea resuelta dentro del marco constitucional y mediante el diálogo institucional, evitando que el conflicto entre poderes termine perjudicando a la ciudadanía.

Una democracia que limita el poder

Costa Rica no necesita poderes que se impongan unos sobre otros. Necesita instituciones fuertes, independientes, responsables y capaces de responder a las necesidades de la población.

La democracia no consiste únicamente en elegir gobernantes. También supone limitar el poder, garantizar derechos y preservar instituciones capaces de ejercer sus competencias con independencia, incluso cuando sus decisiones resulten incómodas para quienes gobiernan.

Para Madre Tierra, la independencia judicial constituye una condición esencial de esa democracia.

Defenderla es defender los derechos de todas las personas costarricenses.

Organización Cívica Madre Tierra

En defensa de la democracia, los valores republicanos, el respeto por las instituciones, la justicia social y la sostenibilidad.