José Luis Pacheco Murillo

¿Cuántos funcionarios públicos que han cometido actos de corrupción han sido juzgados y condenados? A lo largo de la historia la justicia pronta y cumplida que exige la Constitución Política se ha aplicado solamente contra los que al final resultan como los “chivos expiatorios”, los pobres a los que se les “pegan las pulgas” y que no tienen los medios económicos para hacerle frente a las acusaciones.

Casos tan donados como “la trocha”, en donde fueron miles de miles de millones de colones los que desaparecieron como por arte de magia y al final, los que tenían injerencia en contratos y manejos directos de dinero, tranquilos y sin novedad y otros pagaron los platos rotos.

Y se pueden seguir enumerando casos de casos en los que al final o prescriben o no se logra probar la comisión de los delitos y punto, aparece el santo protector de la delincuencia organizada y de la delincuencia de “cuello blanco”: SAN SE ACABÓ.

Y ante esa impunidad, los sectores que se supone deberían de ser insistentes en que se castigue a los responsables de esos robos, de esas apropiaciones, de esas estafas, de esos malos manejos, han distraído silencio o porque hay millones en publicidad o millones en contratos para “obras” o contratos de adjudicación de compras por parte del Estado.

Muchas cosas deben cambiar, especialmente en el Poder Judicial en donde la situación de nombramientos casi que de por vida de jueces y magistrados hacen que la justicia tenga como sus representantes a hombres y mujeres que están en una zona de confort que no les preocupa el sentido de responsabilidad social para con el orden y la limpieza de la delincuencia.

Dios quiera que casos como “cochinilla”, “diamante”, “Yamber”, “ALDESA”, y otros como el pago veloz y sin mucho análisis de 35 millones de dólares a la constructora OAS por no hacer nada y nadie dijo nada, puedan ser juzgados y se den las condenas contra quienes en realidad sean responsables de causar tanto daño a las finanzas y a la confianza del país.