Ir al contenido principal

Etiqueta: justicia social

Los consultorios jurídicos de la UCR deben reapropiarse de su función de justicia social y no ser solo un requisito académico

Escrito en . Publicado en Educación.

Walter Antillón

Es importante que recordemos, precisamente en este momento, cómo nacieron en nuestra Facultad los consultorios jurídicos, y con qué propósitos. Iremos entonces al siglo XX, a los finales de la década de los 60 y comienzos de la de los 70, tiempos de gran agitación social en los que los estudiantes y los profesores de la Universidad de Costa Rica coincidíamos en la idea de que nuestra Alma Mater debería participar mayormente en la sociedad civil, en procura de una mayor justicia social.

Esa idea tomó fuerza hasta el punto de inspirar una parte muy importante del contenido del Tercer Congreso Universitario que tuvo lugar entre 1972 y 1974; de donde proviene el actual artículo 3 del Estatuto:

La Universidad de Costa Rica debe contribuir con las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común, mediante una política dirigida a la consecución de una justicia social, de equidad, del desarrollo integral, de la libertad plena y de la total independencia de nuestro pueblo.

La Facultad de Derecho fue precursora de esa orientación, porque en 1971 había conseguido la promulgación de la Ley 4775, Ley de los Consultorios Jurídicos; la cual se había gestado durante la Decanatura de don Carlos José Gutiérrez, siendo el vicedecano don Eduardo Ortiz; y se logró en la Decanatura de don Eduardo, siendo vicedecano mi persona; su objetivo fundamental fue hacer posible la prestación de un servicio técnico-jurídico (la procuración en juicio, el notariado) por parte de la Universidad de Costa Rica, a favor de las personas de escasos recursos en el País.

En efecto, de acuerdo con la Ley 4775 y sus reformas, “obtener servicios gratuitos de abogacía y notariado en los consultorios jurídicos que ha establecido y establezca la Universidad de Costa Rica” es un derecho cívico de todas las personas que, dado el monto de sus ingresos, no estarían obligadas a presentar declaración para efectos del Impuesto sobre la Renta (Artículo 1º).

Según la ley, la función del consultorio jurídico es brindar servicios gratuitos de abogacía y notariado. Aunque lo presta la Universidad, se trata de un servicio social, no de un curso académico: los servicios sociales van hacia afuera, mientras que los cursos académicos van hacia adentro. Concebir la función del consultorio sólo como un curso/requisito para los estudiantes significa la amputación de su verdadera función y una violación del mandato de la Ley 4775.

Analizando jurídicamente las figuras, notamos que se trata, por un lado, de un derecho público subjetivo de ciertos ciudadanos (Jellinek) consagrado en una ley ordinaria: derecho a una prestación a cargo de la Universidad, representada por la unidad académica llamada Facultad de Derecho, que la cumple mediante los servicios que brindan sus estudiantes en el consultorio, bajo la guía y supervisión de los profesores a cargo.

Y por el otro lado tenemos la figura de un deber cívico de un estudiante de Derecho habilitado para el ejercicio forense; ergo, un deber cívico consistente principalmente en incoar y tramitar, dentro de un lapso determinado de tiempo, procesos y procedimientos ante los tribunales y otras instancias. Por lo demás, tal deber constituye una carga, o una condición indispensable (sin créditos) para la graduación del estudiante.

En su paso por el consultorio jurídico el estudiante se adiestra en el ejercicio de la profesión forense, pero, además, sirviendo a su pueblo, entra en contacto con sus dificultades, sus angustias y sus miserias.

Queda claro entonces que la Facultad de Derecho, como unidad académica perteneciente a la Universidad de Costa Rica, tiene el deber indeclinable de contribuir, a través del crecimiento cualitativo y cuantitativo de los consultorios jurídicos, a la consecución de cada vez más equidad y justicia social para el mayor número posible de los habitantes de nuestro territorio que carecen de medios económicos, a tenor del artículo 3º del Estatuto.

Así concebida la institución del consultorio, la ganancia para Costa Rica es por partida triple: gana y se enriquece la Universidad al prodigarse en la solución de los problemas de la gente; gana y se enriquece el estudiante que adquiere destrezas forenses y toma conciencia de la patria invisible; y gana y se enriquece, por supuesto, el beneficiario, porque ejercita un derecho cívico que la ley consagra a su favor, y recibe el servicio correspondiente.

Los profesores y los estudiantes de la Facultad deben luchar para que los Consultorios Jurídicos se reapropien de su verdadera naturaleza y su verdadera función, de acuerdo con la ley, haciendo realidad la dimensión de bien social y justicia social a la que aspira nuestra Alma Mater.

Por una democracia que se defiende y se transforma – Madre Tierra

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Pronunciamiento de la Organización Cívica Madre Tierra en defensa de la democracia, los valores republicanos, el respeto por las instituciones, la justicia social y la sostenibilidad del desarrollo

La Organización Cívica Madre Tierra, comprometida con la democracia, la justicia social, la sostenibilidad y los derechos ciudadanos, se pronuncia ante la coyuntura política de Costa Rica.

El país enfrenta una disyuntiva que trasciende el ciclo electoral: está en juego el tipo de democracia y de sociedad que queremos construir.

Defensa de la democracia y del Estado de derecho

Reafirmamos que ningún poder político puede estar por encima de la Constitución, el Estado de derecho, la separación de poderes y los derechos ciudadanos.

La democracia debe protegerse frente a cualquier intento de concentración del poder o debilitamiento institucional. Sin embargo, defenderla no implica aceptar como intocables sus formas actuales.

Una democracia sólida no solo resguarda sus logros, sino que también reconoce sus debilidades y se reforma para superarlos.

Escuchar y comprender el malestar ciudadano

El descontento social responde a desigualdades persistentes, pérdida de oportunidades, deterioro de servicios públicos y una creciente distancia entre las instituciones y la ciudadanía.

Este malestar no debe confundirse con intentos de debilitar la democracia. Quienes exigen cambios no son enemigos del sistema democrático.

Por el contrario, una democracia fuerte es aquella que escucha, responde y se transforma a partir de las demandas sociales.

Las instituciones pertenecen a la ciudadanía

Las instituciones no son propiedad de los gobiernos de turno, sino patrimonio de toda la sociedad.

Deben ser defendidas frente a intentos de captura o debilitamiento, pero también transformadas cuando dejan de responder a las necesidades del país.

El desafío no es conservarlas o eliminarlas, sino hacerlas más transparentes, eficientes, participativas y cercanas a la ciudadanía.

Es necesario reconocer que debe mejorarse la calidad y la eficiencia en la ejecución de las políticas institucionales.

No al regreso al pasado: una tercera vía democrática

Costa Rica no debe elegir entre el autoritarismo y la ineficiencia institucional.

Existe una tercera vía: una democracia renovada, socialmente justa, participativa, y ambientalmente sostenible, como está plasmado en nuestra Constitución.

Una democracia que garantice libertades, reduzca desigualdades, democratice el poder y haga efectivos los derechos en la vida cotidiana.

En un régimen democrático, los gobernantes deben ser capaces de establecer políticas concertadas entre los diversos sectores sociales y políticos, en lugar de pretender imponer, en el ejercicio del gobierno, las políticas al resto de la sociedad, procurando siempre escuchar y comprender el malestar de los distintos sectores que forman parte de la sociedad civil.

En el ejercicio democrático del poder, debe ser un principio político fundamental, para los distintos poderes de la República, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, velar permanentemente por la accesibilidad de todos los sectores de la población, y principalmente de la ciudadanía, a la formulación y discusión de las políticas públicas, procurando en todo momento, acortar la distancia entre el gobierno y la ciudadanía.

Democracia, justicia social y sostenibilidad ambiental

La democracia no puede separarse de la justicia social ni de la protección del ambiente.

No es plenamente legítima si amplios sectores carecen de oportunidades o si se compromete el patrimonio natural de las futuras generaciones.

Defender la democracia es también defender el derecho a un futuro digno, equitativo y sostenible.

Una unidad democrática con visión de futuro

La unidad democrática no puede limitarse a la oposición al autoritarismo.

Debe responder a una pregunta fundamental: ¿qué país queremos construir?

La respuesta debe incluir más participación ciudadana, justicia social, transparencia, igualdad de oportunidades y protección ambiental.

La democracia debe ser un proyecto de futuro, no solo un mecanismo de contención.

Diálogo democrático y cohesión social

Las diferencias políticas no deben convertirse en enemistades sociales.

La democracia exige diálogo, respeto y construcción de acuerdos entre posiciones distintas.

Transformar las instituciones no es destruirlas; defenderlas no es inmovilizarlas.

Hacia una nueva democracia para Costa Rica

Costa Rica necesita avanzar hacia una democracia:

  • más participativa y representativa, como lo establece la Constitución
  • más transparente y cercana a la ciudadanía
  • más justa e igualitaria
  • más solidaria y sostenible
  • más respetuosa de los derechos humanos
  • más capaz de evitar la concentración del poder

No buscamos una democracia que solo resista, sino una que se renueve y se fortalezca.

Compromiso ciudadano

Hacemos un llamado a organizaciones sociales, académicas, sindicales, empresariales, políticas democráticas y ciudadanas a defender la democracia y transformarla.

La mejor forma de protegerla es hacerla más democrática.

Costa Rica no debe elegir entre el pasado y el autoritarismo

Debe construir una nueva democracia: más justa, más participativa y al servicio de la ciudadanía.

Comisión Coordinadora de Madre Tierra

Agosto de 2026

Carta Pastoral Profética IMWC – Que corra la justicia

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

“Que fluya el derecho como agua, y la justicia como arroyo inagotable”, Amós. 5:24, NVI.

A las iglesias cristianas, a otras expresiones de fe y al pueblo de Costa Rica

Ante la diatriba entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial costarricenses y ante la situación socioeconómica del país, la Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense volvemos a hablar. No hablamos para defender a uno al otro, o a un partido ni para atacar a otro, hablamos porque amamos a Costa Rica y porque creemos que la vida, la dignidad, la libertad, la justicia y la verdad son valores que debemos defender entre todos y todas.

El texto bíblico nos recuerda que Dios escucha el clamor de quienes sufren y exige justicia para quienes son olvidados, por esto, como Iglesia, no podemos ser indiferentes ante el dolor de nuestro pueblo: “Ay de los que llaman a lo malo bueno, y a lo bueno malo” (Isaías. 5:20, NVI).

Gobernar es servir, ganar una elección no significa tener permiso para hacer cualquier cosa y ningún presidente/a, diputado, partido o grupo es dueño de Costa Rica. Costa Rica somos todos/as. Por esto pedimos a quienes gobiernan: ejerzan el poder con humildad, respeten la Constitución, las leyes y las instituciones, escuchen también a quienes piensan diferente. El poder necesita límites y vigilancia, porque todo poder humano puede equivocarse y puede abusar.

Las instituciones pueden equivocarse y deben rendir cuentas, pero cuando una institución falla, no debemos destruirla, debemos corregirla, investigarla y mejorarla dentro de la ley; hoy una institución puede proteger a unos y mañana proteger a otros. ¿Quién vigila al que tiene el poder? La respuesta debe ser clara, la ley, las instituciones democráticas y un pueblo consciente y participativo. Defender la democracia no significa defender privilegios, significa defender aquello que permite que nadie esté por encima de la ley.

Mirémonos también debemos nosotros mismos, como Iglesias. La Iglesia no fue llamada a ser brazo de ningún partido ni a convertir a un gobernante en un “ungido” de Dios, porque el Señor no pertenece a ningún partido y solo Jesús es el ungido y nos enseñó cómo ser humanos y humanas. Podemos votar diferente y seguir siendo hermanos, podemos pensar diferente y seguir amándonos. Ningún pastor/a debe controlar la conciencia política de sus miembros, ningún político debe ocupar el lugar que solamente pertenece a Cristo. La Iglesia debe ser libre para reconocer lo bueno y denunciar lo malo, venga de donde venga.

Los profetas bíblicos no preguntaban primero quién estaba en el poder, preguntaban, ¿Dónde está la justicia? Amós denunció a quienes se enriquecían mientras el pobre sufría; Isaías denunció la corrupción y la opresión; Miqueas recordó que Dios pide practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con Él. Por esto también nosotros preguntamos: ¿Hay justicia cuando gobiernan los nuestros? ¿Hay justicia cuando gobiernan los otros? ¿Denunciamos la corrupción, aunque la cometa alguien cercano? La verdadera voz profética no protege intereses, protege la vida y defiende la dignidad humana.

Por otro lado, no pongamos nuestra esperanza en un presidente/a, un partido, una figura pública o un líder religioso, ya que los gobiernos pasan, los partidos pasan, los presidentes/as pasan, en cambio, Dios permanece. Nuestra esperanza no está en los palacios ni en los partidos, nuestra esperanza está en Dios. Por esto podemos reconocer los aciertos de un gobierno y señalar sus errores, podemos apoyar una buena decisión sin convertir a nadie en ídolo.

A su vez, no podemos ignorar la violencia, el narcotráfico, el sicariato, el crimen organizado, la corrupción; nuestros barrios sufren y muchas familias viven con miedo, queremos seguridad, calles tranquilas, que nuestros hijos/as puedan vivir sin miedo y con esperanza, porque los adultos y adultas construimos juntos una sociedad justa.

La seguridad no puede construirse destruyendo la libertad, ni debilitando el Estado de derecho; necesitamos policías honestos, fiscales y jueces independientes, instituciones limpias y comunidades con oportunidades. El narcotráfico no solo busca armas y dinero, también busca comprar silencios, conciencias y poder, por esto debemos combatirlo con justicia, educación, prevención, oportunidades, inteligencia y honestidad pública. Es imprescindible saber que, detrás de cada cifra hay una persona. Hay familias que no llegan a fin de mes, trabajadores con salarios insuficientes, personas sin empleo, jóvenes sin oportunidades, personas esperando atención médica y comunidades que viven abandonadas.

La justicia no consiste solamente en buenos números económicos. La justicia significa que las personas puedan vivir con dignidad y desde la perspectiva del Evangelio, debemos preguntarnos: ¿Quién está quedando atrás?, ahí debemos mirar, debemos servir, encontrar también el rostro de Cristo. Como Iglesia, no podemos quedarnos solamente dentro de los templos, debemos estar en los barrios, en las comunidades, junto al trabajador/a, al migrante, al joven, a la persona enferma, a quien sufre adicciones, a quien está privado de libertad y a toda persona que ha perdido la esperanza.

No podemos pedirle a un joven que rechace el narcotráfico si no le ofrecemos oportunidades; necesitamos educación, empleo, deporte, arte, tecnología, salud integral y espacios seguros. Nuestros jóvenes no son el problema, son parte de la solución y de la esperanza de Costa Rica.

Como cristianos/as también debemos revisar nuestras palabras. No podemos hablar del amor de Cristo y pasar la semana insultando al que piensa diferente, predicar la verdad y compartir mentiras en las redes, hablar de reconciliación y alegrarnos cuando al otro le va mal. La mentira no se convierte en verdad porque la comparta un cristiano; el odio tampoco se vuelve santo porque lleve un versículo bíblico. Que el testimonio cristiano también esté presente en las redes sociales, en nuestras casas y en nuestras iglesias, que nuestras palabras den vida y no muerte. No tengamos miedo, no vendamos nuestras conciencias, nuestros púlpitos, no cambiemos la verdad por favores del poder o la justicia por votos.

Si el Gobierno hace bien, reconozcámoslo, si se equivoca, digámoslo. Si la oposición hace bien, reconócelo y dilo. Si un empresario actúa con justicia, reconócelo, pero si explota al trabajador, denúncialo. Si una institución protege al pueblo, defiéndela, si alguien abusa del poder, señálalo. Esto es ser una Iglesia libre, profética, esto es poder decir, “Así dice el Señor”.

Pueblo de Costa Rica, no entregues tu conciencia a un político, a un partido, a un pastor/a, a un medio de comunicación ni a un influencer; más bien, piensa, pregunta, investiga, escucha, medita y ora. Podemos estar en desacuerdo sin convertirnos en enemigos. El verdadero enemigo es todo aquello que destruye la vida, la verdad, la justicia, la dignidad y la esperanza.

¡Cuidemos Costa Rica! Costa Rica no es perfecta, pero tenemos una historia y unas libertades que debemos cuidar: no tenemos ejército, tenemos elecciones periódicas, instituciones, libertad de expresión, libertad religiosa y la posibilidad de protestar, participar y exigir cuentas; no destruyamos todo porque estamos enojados con quienes hoy ocupan una institución. Las personas pasan y las instituciones permanecen. Entonces, defendamos la democracia, la libertad, la justicia, la dignidad humana.

¡Que corra la Justicia!: que el Gobierno y el Estado, gobiernen con humildad; que la Asamblea legisle pensando en el bien común, que la justicia sea independiente, que las instituciones rindan cuentas, que los medios busquen la verdad, que los empresarios actúen con responsabilidad, que los trabajadores/as sean respetados, que los pobres sean escuchados, que nuestros jóvenes tengan oportunidades, que la corrupción sea investigada, que los criminales sean juzgados, que nadie esté por encima de la ley, y que ningún poder humano ocupe el lugar que solamente pertenece a Dios.

No hablamos porque hayamos perdido la esperanza, hablamos porque todavía tenemos esperanza. Esperanza en Dios, en nuestro pueblo, en nuestros jóvenes, en quienes trabajan honradamente, en quienes todavía quieren dialogar. La paz no nace del silencio, nace de la justicia. La democracia no se cuida sola, hay que defenderla. La libertad no se conserva sola, hay que ejercerla responsablemente. La justicia no llega sola, hay que construirla juntos y juntas.

Como Iglesia Metodista Wesleyana queremos ser una Iglesia que no se venda, que no manipule, que no odie y que no tenga miedo. Una Iglesia que escuche al pueblo, que acompañe al que sufre, que defienda al débil, que denuncie la injusticia, que reconozca el bien, que anuncie esperanza. Una Iglesia que, cuando haya miedo, diga, no tengan miedo, cuando haya división, busquemos la reconciliación, cuando haya pobreza, no están solos, y cuando haya injusticia, QUE CORRA LA JUSTICIA. Nuestra esperanza está en Dios.

Por esto, como Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense, afirmamos: no nos callaremos ante la injusticia, no odiaremos al que piensa diferente, no venderemos nuestra conciencia, no pondremos a ningún político en el lugar de Cristo, no olvidaremos a los pobres y a quienes sufren, y no dejaremos de buscar la justicia.

“Que fluya el derecho como agua, y la justicia como arroyo inagotable”. Amós. 5:24, NVI.

Costa Rica, agosto de 2026

No se trata de defender el pasado, sino de construir una nueva democracia

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Roberto Salom E.

Costa Rica vive una coyuntura política que obliga a quienes defendemos la democracia a precisar qué es exactamente lo que estamos defendiendo y, sobre todo, para qué queremos defenderla.

No tengo dudas sobre la gravedad de la amenaza que representa el autoritarismo. Tampoco tengo dudas sobre la necesidad de que los sectores democráticos sean capaces de articular una respuesta común frente a cualquier intento de concentrar el poder, debilitar los contrapesos institucionales o someter las instituciones de la República a la voluntad de un liderazgo político.

Pero precisamente por eso considero necesario hacer una distinción fundamental:

La contradicción principal no es con los sectores sociales que apoyan al chavismo. La contradicción principal es con el proyecto autoritario que amenaza nuestra institucionalidad democrática.

No son la misma cosa.

El malestar social tiene razones

Quienes han dado su apoyo al chavismo forman parte de la sociedad costarricense. No son un cuerpo extraño ni pueden ser considerados, por definición, enemigos de la democracia.

Muchos expresan un malestar real frente a una institucionalidad que durante años ha sido incapaz de responder a problemas que afectan a amplios sectores de la población.

La desigualdad, la pérdida de oportunidades, el deterioro de condiciones de vida, la distancia entre instituciones y ciudadanía, y la frustración frente a los partidos tradicionales no surgieron de la nada.

Son problemas acumulados durante décadas.

Y los sectores políticos que han gobernado el país tienen responsabilidades ineludibles en esa situación.

Pero aquí es necesario introducir una precisión: las instituciones no son responsables por sí mismas de su funcionamiento histórico. Las instituciones son, en buena medida, como el edificio; quienes las conducen, las orientan y toman las decisiones dentro de ellas son los actores que ejercen el poder.

Por eso, cuando hablamos de las deficiencias del Estado y de las instituciones, no deberíamos atribuirlas indistintamente a los funcionarios públicos ni a la burocracia. El problema fundamental está en quiénes han conducido políticamente el Estado, cuáles han sido sus prioridades y qué intereses han orientado sus decisiones.

Durante décadas, distintas élites gobernantes han dirigido las instituciones de la República sin emprender las transformaciones necesarias para hacer del Estado un instrumento más eficaz de igualdad, solidaridad, justicia social y ampliación de derechos.

Esto no significa desconocer los avances de la institucionalidad costarricense ni negar el valor de sus conquistas democráticas. Significa reconocer que una institución puede ser formalmente democrática y, al mismo tiempo, funcionar de manera insuficiente frente a las necesidades de la sociedad.

Por eso sería un error pensar que para enfrentar al chavismo basta con denunciarlo. También hay que comprender las condiciones que hicieron posible su crecimiento y asumir la responsabilidad histórica de quienes, teniendo durante años la conducción del Estado, no supieron o no quisieron transformarlo en la dirección que la sociedad demandaba.

Pero comprender no es justificar.

Reconocer el malestar social no implica aceptar un proyecto político que pretende instrumentalizarlo para debilitar la democracia.

Defender la democracia no es defender el statu quo

Defender la institucionalidad democrática frente al autoritarismo no puede convertirse en una defensa acrítica de la institucionalidad existente.

Nuestra democracia tiene fortalezas que debemos preservar. Pero también tiene déficits que debemos reconocer y corregir.

Y aquí debemos evitar una confusión: defender las instituciones no significa defender necesariamente la manera en que han sido conducidas por las élites gobernantes que han tenido su control político.

Las instituciones son patrimonio de la sociedad, no propiedad de quienes circunstancialmente las gobiernan.

Una democracia madura debe ser capaz de defender sus instituciones frente a quienes quieren destruirlas y, al mismo tiempo, transformarlas cuando han dejado de responder adecuadamente a las necesidades de la ciudadanía.

Algunas instituciones pueden tener grietas y requerir reparaciones. Otras pueden necesitar transformaciones más profundas. Pero esa tarea no consiste simplemente en cambiar estructuras administrativas. Implica preguntarnos quién conduce el Estado, para qué lo conduce y al servicio de qué proyecto de sociedad lo hace.

No se puede exigir a la ciudadanía que defienda instituciones que percibe como distantes o ineficaces, mientras se bloquea cualquier discusión sobre su transformación.

La democracia no es solo elecciones periódicas

Es también participación, representación, derechos, igualdad de oportunidades, justicia social, transparencia y capacidad de respuesta del Estado.

Cuando esas dimensiones se debilitan, la democracia pierde legitimidad.

Y cuando pierde legitimidad, el autoritarismo avanza.

Por eso, defensa y transformación no son opuestos.

No hay defensa posible de la democracia sin su transformación.

La unidad democrática es necesaria, pero no suficiente

La convergencia de los sectores democráticos frente al chavismo es un hecho político relevante.

La articulación entre partidos y sectores sociales muestra una preocupación que trasciende lo partidario.

Esa unidad es necesaria.

Frente a una deriva autoritaria, las fuerzas democráticas deben encontrar puntos de coincidencia y construir una respuesta común.

Pero hay un riesgo evidente.

Una unidad basada solo en el rechazo al adversario puede ser útil para ganar una elección, pero insuficiente para gobernar y, sobre todo, para transformar el país.

La pregunta decisiva es otra:

¿Qué país queremos construir juntos?

Y esa pregunta obliga a ir más allá de la defensa abstracta de las instituciones. Obliga a preguntarnos qué transformaciones necesitan esas instituciones y qué fuerzas sociales y políticas estarán dispuestas a llevarlas adelante.

Porque no basta con cambiar a quienes ocupan temporalmente los cargos de gobierno si se mantienen intactas las relaciones de poder, las prioridades y las formas de conducción del Estado que han producido buena parte del malestar que hoy alimenta la reacción social.

Si la respuesta es simplemente volver al pasado, habremos entendido muy poco de lo que está ocurriendo.

No se trata de volver atrás

El chavismo no surgió en el vacío.

Surgió en una sociedad marcada por frustraciones acumuladas, desigualdades persistentes y una creciente desconexión entre ciudadanía e instituciones.

Por eso no basta con derrotarlo electoralmente.

Tampoco basta con restaurar el orden anterior.

El desafío es mayor: construir algo mejor.

Necesitamos una nueva democracia

Una democracia que preserve libertades y Estado de derecho, pero que sea más participativa.

Una democracia con contrapesos institucionales, pero también con mayor capacidad de respuesta social.

Una democracia que no se limite a derechos formales, sino que enfrente las desigualdades estructurales.

Una democracia que transforme las instituciones cuando estas ya no respondan adecuadamente a las necesidades de la sociedad.

Una democracia capaz de impedir que el Estado sea utilizado por élites gobernantes —sean las tradicionales o las que hoy pretenden sustituirlas— como instrumento de concentración del poder.

Una democracia que recupere la confianza ciudadana.

En síntesis: una democracia que combine libertad política con justicia social y que haga del Estado un instrumento efectivo para construir una sociedad más igualitaria, solidaria y equitativa.

No convertir al ciudadano en enemigo

Existe una tentación peligrosa en toda polarización: convertir al adversario político en enemigo social.

Eso sería un error histórico.

Si queremos una alternativa democrática duradera, debemos ser capaces de hablar también con quienes hoy apoyan al chavismo.

No para aceptar el autoritarismo.

No para renunciar a nuestras convicciones.

Sino para demostrar que existe una alternativa democrática y transformadora.

Que no es necesario elegir entre abandono social y autoritarismo.

Que se pueden exigir cambios profundos sin renunciar a las libertades.

Que se puede demandar justicia social sin destruir la institucionalidad.

Que se puede cuestionar a las élites gobernantes sin entregar el poder a un liderazgo sin controles.

Y que transformar las instituciones no significa destruirlas, del mismo modo que defenderlas no significa conservarlas intactas.

Esa es una tarea central del campo democrático.

La verdadera disputa

La política costarricense no se reduce a chavismo contra antichavismo.

La verdadera disputa es entre autoritarismo y democracia.

Pero tampoco se reduce a defender la democracia existente.

La verdadera alternativa es entre un proyecto de concentración del poder y un proyecto democrático capaz de transformar el país.

Y esa transformación supone algo más que sustituir a unos gobernantes por otros.

Supone modificar las formas en que se ejerce el poder, las prioridades con que se conduce el Estado y la relación entre las instituciones y la ciudadanía.

Las instituciones son el edificio; la política y las élites gobernantes determinan, en buena medida, cómo se habita, para quién funciona y hacia dónde se orienta.

Por eso, el problema no es simplemente si debemos conservar o destruir las instituciones.

El verdadero desafío es democratizarlas, fortalecerlas y ponerlas al servicio de una sociedad más justa.

Si la democracia se limita a defender lo existente, no podrá convocar a quienes están insatisfechos con lo existente.

La democracia debe volver a ser una promesa de futuro.

De mayor participación.

De mayor igualdad.

De mejores instituciones.

De mayor justicia social.

De más ciudadanía y menos concentración del poder.

Una decisión histórica

Costa Rica no está solo ante una elección.

Está ante una decisión histórica.

O la democracia se limita a resistir, o se atreve a renovarse.

O se convierte en defensa del pasado, o en construcción del futuro.

O se limita a proteger las instituciones tal como han sido conducidas hasta ahora, o asume el desafío de transformarlas para que respondan mejor a las necesidades de la sociedad.

La unidad democrática no puede ser solo un muro de contención.

Debe ser un punto de partida.

Porque lo que está en juego no es únicamente quién gobierna hoy, sino quién conducirá el Estado, con qué proyecto y para construir qué tipo de sociedad.

Y esa es la verdadera responsabilidad de este momento:

defender la democracia no para conservarla intacta, sino para hacerla más profunda, más justa y más fuerte de lo que ha sido hasta ahora.

Agosto de 2026.

 

.

«No tengamos miedo de hablar”: Óscar Aguilar Bulgarelli vincula la doctrina social cristiana con la crítica a la “dictadura fascista”

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Óscar Aguilar Bulgarelli reivindica principios de justicia social y advierte sobre riesgos para la libertad y la democracia. El historiador y analista político Óscar Aguilar Bulgarelli difundió un nuevo video en el que propone reflexionar sobre seis principios vinculados con los derechos humanos, el bien común, el papel del poder público, el destino universal de los bienes, la subsidiariedad y el trabajo.

Aguilar Bulgarelli invita a las personas a valorar si están de acuerdo con esos planteamientos.

Derechos humanos y dignidad

El primer principio presentado por el historiador afirma que los derechos humanos son inviolables porque son inherentes a la persona y a su dignidad. Por esa razón, señala, deben entenderse como universales e inviolables.

A partir de este punto, Aguilar Bulgarelli plantea que el reconocimiento de la dignidad humana debe constituir un fundamento esencial de la vida social y política.

El bien común frente al egoísmo

El segundo principio se refiere al bien común. El analista sostiene que este exige salir del pequeño mundo de los intereses propios y comprometerse, dentro de las posibilidades de cada persona, con el bienestar colectivo.

Según expone, no es suficiente buscar únicamente el progreso individual y asumir que ello beneficiará automáticamente al conjunto de la sociedad. Considera que desentenderse de las necesidades de las demás personas constituye una forma de egoísmo.

Para Aguilar Bulgarelli, el bien común y la promoción de la vida deben entenderse como valores no negociables.

El poder público y la protección de las personas más débiles

El tercer planteamiento se relaciona con el papel del poder público. Aguilar Bulgarelli sostiene que este tiene la tarea de armonizar con justicia los distintos intereses presentes en la sociedad y buscar un equilibrio entre los bienes particulares y los bienes colectivos.

Agrega que esa responsabilidad debe ejercerse sin dejar atrás a las personas más débiles.

Los bienes de la tierra y su destino universal

Otro de los principios expuestos señala que los bienes de la tierra han sido dados a toda la familia humana para sostener la vida de las generaciones presentes y futuras.

Aguilar Bulgarelli reconoce el derecho a la propiedad privada, pero afirma que este debe estar subordinado al destino universal de los bienes.

Desde esta perspectiva, plantea que toda persona tiene un derecho originario al uso de los recursos necesarios para la vida y que la propiedad no puede entenderse al margen de su función social.

Subsidiariedad, ciudadanía y solidaridad

El historiador también se refiere al principio de subsidiariedad. Explica que ni las personas ni las familias deben ser absorbidas por el Estado y que deben poder actuar libremente, en la medida de lo posible, sin causar daño al bien común.

A su juicio, este principio requiere un estilo de corresponsabilidad en el cual el Estado valore la iniciativa ciudadana y la sociedad civil sea capaz de generar vínculos y activar energías al servicio del bien común.

Aguilar Bulgarelli vincula esta idea directamente con la solidaridad.

El trabajo como expresión de dignidad

El último de los principios presentados se refiere al trabajo. El analista sostiene que este no debe verse como un simple instrumento, sino como una actividad que expresa y acrecienta la dignidad humana.

Advierte que esta preocupación cobra mayor importancia en el contexto de la Cuarta Revolución Industrial, debido a que la innovación suele utilizarse principalmente para reducir costos y aumentar beneficios.

Según afirma, esta dinámica ya está produciendo nuevas formas de precariedad y desigualdad en numerosos sectores.

“Bienvenidos a la izquierda”

Después de exponer los seis principios, Aguilar Bulgarelli pregunta a las personas si están de acuerdo con ellos y, suponiendo una respuesta afirmativa, les dice: “bienvenidos a la izquierda”.

Inmediatamente aclara que los principios mencionados forman parte de lo que identifica como doctrina social cristiana y sostiene que, cuando ideas semejantes se expresan fuera de ese marco, algunas personas reaccionan calificándolas de comunistas.

El historiador critica lo que considera una falta de conocimiento sobre la tradición social cristiana y afirma que los principios de justicia social, trabajo, bien común, solidaridad y uso de los recursos naturales forman parte de esa doctrina.

Asimismo, cuestiona a quienes se definen como socialcristianos, pero, según su criterio, se han acercado a posiciones conservadoras o al “capitalismo salvaje”.

Una defensa de la libertad de pensamiento

Aguilar Bulgarelli sostiene que uno de los mayores peligros de la sociedad actual es tener miedo de decir las cosas.

Como ejemplo, relata que observó una publicación educativa para noveno año en la que el concepto de liderazgo aparecía acompañado por una fotografía del ministro Rodrigo Chaves.

El historiador cuestiona esa selección y afirma que existen otras figuras históricas nacionales que podrían haberse utilizado para representar el liderazgo.

A partir de ese ejemplo, advierte sobre lo que considera señales preocupantes para la democracia y califica la situación como propia de una “dictadura fascista”.

También critica lo que describe como restricciones para que el profesorado hable libremente y sostiene que algunos medios de difusión han ido cayendo bajo la influencia del poder político.

Justicia social, solidaridad y distribución de la riqueza

En la parte final de su intervención, Aguilar Bulgarelli reafirma que las ideas expuestas corresponden, según su lectura, a principios socialcristianos.

Menciona el derecho al trabajo, el bien común, la solidaridad y la obligación de superar el egoísmo para compartir los bienes disponibles.

Sostiene que el trabajo no debe convertirse en una fuente de explotación, sino en un medio para compartir la riqueza.

También afirma que la empresa privada es necesaria y fundamental, pero considera que no debe servir únicamente para enriquecer a unas pocas personas, sino para contribuir a una distribución más justa de la riqueza.

Críticas al rumbo económico y político

Aguilar Bulgarelli afirma que Costa Rica atraviesa una situación de caos y menciona como preocupación un posible aumento del IVA.

Cuestiona el discurso sobre la denominada “economía jaguar” y sostiene que no ha beneficiado a la mayoría de la población, sino a sectores que, según su criterio, se han enriquecido a costa de las personas con menores recursos.

El historiador concluye invitando a no temer que estas ideas sean calificadas como izquierdistas y afirma que no se trata de una adhesión ideológica, sino de una defensa de la justicia.

Su mensaje final es una advertencia:

“Si perdemos la justicia, perdemos el país.”

Aguilar Bulgarelli cierra llamando a pensar, meditar y no dejarse engañar.

El Imperio espera la rendición; Cuba responde sin claudicar

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

José A. Amesty Rivera

Cada cierto tiempo, los voceros del poder imperial vuelven a lanzar la misma profecía, ahora sí cayó Cuba, ya sí se derrumba la Revolución, ahora sí llegó el final.

Lo dijeron cuando desapareció la Unión Soviética, lo repitieron durante los años más duros del Período Especial, lo anuncian con cada crisis económica, con cada apagón y con cada ola migratoria.

Y, sin embargo, aquí está Cuba, golpeada, asediada, castigada por carencias reales que afectan la vida cotidiana de millones de personas, pero de pie.

Esta es la verdad que incomoda a Washington y a sus operadores políticos y mediáticos; porque el problema nunca fue la democracia ni los derechos humanos, el problema fue siempre otro, que una pequeña isla del Caribe se atrevió a romper las cadenas de la dependencia, recuperó el control de su destino y desafió el dominio imperial a apenas noventa millas de la mayor potencia militar del planeta.

Desde 1959, EEUU no ha dejado de intentar doblegar a la Revolución Cubana con: invasiones, sabotajes, terrorismo, financiamiento de grupos desestabilizadores, campañas de desinformación, guerra económica y aislamiento diplomático, que forman parte de una misma estrategia histórica, rendir por hambre a un pueblo que decidió no obedecer.

Por esto el bloqueo no es una simple sanción económica, es una guerra prolongada contra una nación soberana, es una política deliberada de castigo colectivo diseñada para provocar desesperación, fractura social y rendición política. Ningún país latinoamericano aceptaría durante sesenta días lo que Cuba ha soportado durante más de seis décadas.

Quienes hoy intentan explicar la crisis cubana exclusivamente como resultado de un supuesto fracaso del socialismo, no buscan comprender la realidad, buscan construir un relato utilizable a los intereses de quienes jamás aceptaron la independencia de Cuba.

No existe análisis serio que pueda ignorar el peso brutal del bloqueo sobre la economía cubana; la imposibilidad de acceder libremente a mercados, créditos, tecnologías, inversiones y sistemas financieros internacionales, tiene consecuencias concretas sobre la producción, el transporte, la energía, la salud y la vida cotidiana del pueblo.

Pero sería igualmente irresponsable cerrar los ojos ante los problemas internos, precisamente porque defendemos la Revolución, tenemos la obligación política y moral de hablar con claridad. El bloqueo explica una parte decisiva de las dificultades, pero no todas.

Existen problemas estructurales que requieren respuestas urgentes, como que, persisten trabas burocráticas que frenan decisiones necesarias, existen insuficiencias productivas que afectan la capacidad de generar riqueza social, se perciben desgastes institucionales y mecanismos de participación popular, que necesitan fortalecerse para responder a los desafíos de una nueva etapa.

La crítica revolucionaria no es una concesión al enemigo, por el contrario, la crítica revolucionaria es una herramienta de defensa del propio proceso revolucionario.

Los pueblos que hicieron revoluciones no las hicieron para administrar inercias, ni para preservar estructuras inmóviles, las hicieron para transformar la realidad. Defender la Revolución significa tener el coraje de corregir errores, combatir privilegios, enfrentar deformaciones burocráticas y abrir nuevos caminos para la participación popular.

La peor amenaza para cualquier proyecto emancipador no es la discusión, es el inmovilismo. Las recientes conversaciones entre La Habana y Washington expresan las contradicciones del momento histórico.

En sectores del poder estadounidense existe una constatación imposible de ocultar, después de más de sesenta años de agresión, la Revolución Cubana no ha sido derrotada.

No lograron destruirla con invasiones, no lograron destruirla con atentados, no lograron destruirla mediante el aislamiento, no lograron destruirla mediante el bloqueo.

Pero también saben que el desgaste económico acumulado, puede generar condiciones favorables para impulsar una restauración capitalista gradual, presentada como modernización, apertura o normalización y aquí reside uno de los grandes peligros de la coyuntura actual, porque la historia latinoamericana ofrece demasiados ejemplos.

Los mismos grupos económicos que privatizaron empresas públicas, destruyeron derechos laborales, multiplicaron la desigualdad y entregaron recursos estratégicos a corporaciones extranjeras, son los que hoy aparecen como supuestos defensores de la libertad y el progreso.

Nuestra América ya conoce esta receta, la aplicaron bajo la supervisión del Fondo Monetario Internacional, la aplicaron en nombre de la eficiencia, la aplicaron prometiendo prosperidad.

Y el resultado fue más pobreza, más dependencia, más exclusión y más concentración de la riqueza; por esto la salida para Cuba no puede ser el regreso al neoliberalismo.

La respuesta tampoco puede consistir en administrar indefinidamente las dificultades existentes, la respuesta debe surgir desde una profundización del proyecto revolucionario, como:

Más participación popular, más protagonismo de los trabajadores, más control social sobre la economía, más cooperativas, más capacidad productiva, más combate contra los privilegios burocráticos, más democracia socialista, más Revolución.

Porque la disyuntiva no es socialismo o mercado, la verdadera disyuntiva es soberanía o dependencia.

Quienes, desde Miami, o desde determinados centros de poder sueñan con convertir a Cuba en un paraíso para fondos de inversión, especuladores financieros y grandes cadenas transnacionales, no están pensando en el bienestar del pueblo cubano.

Están pensando en negocios, no buscan justicia social, buscan restaurar privilegios, no buscan soberanía, buscan subordinación, no buscan democracia popular, buscan recuperar espacios de dominación perdidos en 1959.

La izquierda latinoamericana tiene una responsabilidad histórica en este momento, ya que solidaridad no significa silencio, solidaridad tampoco significa repetir consignas mecánicamente.

La verdadera solidaridad consiste en defender sin vacilaciones el derecho del pueblo cubano a decidir su propio destino, frente a cualquier forma de injerencia imperial, al mismo tiempo que se promueve un debate revolucionario, capaz de fortalecer, renovar y proyectar hacia el futuro las conquistas alcanzadas.

Porque la batalla de Cuba nunca ha sido solamente una batalla cubana, es una batalla latinoamericana. Es una batalla de todos los pueblos que luchan por la independencia, la justicia social y la dignidad nacional.

Por eso Cuba sigue siendo un símbolo, no porque sea perfecta, no porque esté libre de errores o contradicciones, sino porque representa una verdad que el imperialismo jamás ha logrado destruir, como que los pueblos tienen derecho a construir su propio destino sin amos, sin tutelajes y sin imposiciones extranjeras. Mientras esta convicción siga viva, la Revolución seguirá siendo una posibilidad abierta.

La tarea de esta hora no es administrar la derrota, la tarea es impedir la restauración, la tarea es defender la soberanía, la tarea es abrir un nuevo ciclo de participación popular, transformación económica y ofensiva revolucionaria.

Porque Cuba no está vencida y porque los pueblos de Nuestra América todavía tienen cuentas pendientes con la historia.

Organizaciones internacionales llaman al gobierno de Honduras a cesar la represión y respetar los derechos humanos

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

El Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, junto con organizaciones del movimiento social, popular y sindical, así como defensoras y defensores de derechos humanos de distintos países, hizo público un pronunciamiento de solidaridad con el pueblo hondureño ante lo que califica como un preocupante incremento de la violencia institucional, la represión y la intimidación contra comunidades campesinas, ambientalistas, sectores estudiantiles y organizaciones magisteriales.

La declaración cuenta con el respaldo de más de 82 organizaciones e instancias internacionales y más de 50 personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos, la justicia social y la vida digna. En ella se hace un llamado urgente al gobierno encabezado por Nasry Asfura para que cese los mecanismos de represión y garantice el respeto pleno de los derechos humanos conforme a las normas nacionales e internacionales.

El documento señala que, desde la llegada del actual gobierno hondureño, se ha producido una profundización de prácticas represivas que recuerdan los periodos más difíciles vividos por ese país entre 2009 y 2022. Según el pronunciamiento, estas acciones han afectado especialmente a comunidades rurales, organizaciones campesinas, movimientos sociales y personas defensoras del ambiente, la tierra y los territorios.

Entre los hechos denunciados se encuentra la incursión ocurrida el 18 de mayo en la comunidad campesina de Rigores, en Trujillo, departamento de Colón. De acuerdo con la denuncia, personas con uniformes policiales habrían destruido viviendas, herramientas de trabajo y medios de transporte utilizados por niños y niñas para asistir a la escuela. Posteriormente, el 21 de mayo, la comunidad habría sido escenario de un ataque armado que dejó un saldo preliminar superior a 19 personas fallecidas.

El pronunciamiento también menciona hechos violentos ocurridos el mismo día en Corinto, Cortés, donde se registró un enfrentamiento armado que provocó la muerte de al menos cinco agentes policiales y tres civiles.

Las organizaciones firmantes sostienen que estos acontecimientos se desarrollan en un contexto de reformas legales de carácter punitivo y de políticas orientadas a la militarización, situación que, afirman, incrementa la vulnerabilidad de las comunidades rurales y de quienes defienden derechos humanos y ambientales.

En el ámbito educativo, el Observatorio denuncia acciones dirigidas a desconocer la representación legítima de la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH), organización que considera la instancia representativa del magisterio hondureño. Según el documento, estas medidas debilitan la libertad sindical y afectan al movimiento educativo, estudiantil y comunitario.

Asimismo, se expresa preocupación por el caso de Axel Medina, estudiante de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), quien perdió un ojo durante una protesta realizada en defensa del financiamiento de la educación superior pública.

Ante esta situación, las organizaciones internacionales exigen una investigación exhaustiva, independiente y transparente sobre los hechos ocurridos en la comunidad de Rigores, así como la identificación, captura y juzgamiento de todas las personas responsables, incluyendo eventuales estructuras vinculadas al crimen organizado o a la narcoviolencia.

El pronunciamiento demanda además el cese de la violencia institucional contra las comunidades campesinas, la reparación integral para las víctimas, garantías de no repetición y medidas urgentes de protección para las personas afectadas.

Igualmente, respalda los llamados formulados por organizaciones de derechos humanos como ACI Participa, así como las gestiones dirigidas a organismos internacionales entre ellos la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), Front Line Defenders y Amnistía Internacional.

Las organizaciones también solicitan la apertura de un proceso de diálogo con la dirigencia de la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras, el respeto a los convenios internacionales sobre libertad sindical y negociación colectiva promovidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como atención a las demandas planteadas por el Frente de Reforma Universitaria (FRU) y el movimiento estudiantil hondureño.

El documento concluye con un llamado a detener las masacres y asesinatos selectivos, garantizar justicia para las víctimas de la represión, respetar al magisterio hondureño y al movimiento estudiantil, y defender los derechos humanos como una responsabilidad que trasciende fronteras.

Conversatorio «Equidad, desigualdad y justicia social: miradas desde el pasado y el presente»

Escrito en . Publicado en Cultura.

La Escuela de Filosofía y TC-769 de la Universidad de Costa Rica y el Ministerio de Cultura y Juventud, mediante la Benemérita Biblioteca Nacional de Sinabi, se complacen en invitarle al conversatorio Equidad, desigualdad y justicia social: miradas desde el pasado y el presente con la participación de Geovanna Fallas, Arqueóloga y Natasha Alpízar, Antropóloga Social de la Universidad de Costa Rica.

La actividad será el lunes 15 de junio a las 10:00 a.m. en la Benemérita Biblioteca Nacional. También se transmitirá por el Facebook Biblioteca Nacional https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/

El trago amargo del FMI, la canasta básica y el pulso fiscal de 2026

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por: JoseSo (José Solano-Saborío) / Entre Verdades y Opiniones

La reciente alerta emitida por el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre las finanzas públicas de Costa Rica nos coloca, una vez más, frente al espejo de nuestras contradicciones estructurales. A pesar de exhibir un crecimiento impulsado por las zonas francas y una inflación controlada, el país enfrenta una erosión silenciosa pero agresiva en su recaudación fiscal. El Ministerio de Hacienda estima una brecha para este 2026 cercana a los 300.000 millones de colones.

Desde el punto de vista macroeconómico, este hueco no es producto del azar. Es, en buena medida, el efecto secundario de la apreciación sostenida del colón frente al dólar, lo cual ha comprimido las utilidades del sector exportador, turístico y financiero que transa en moneda extranjera, reduciendo drásticamente su aporte en el impuesto sobre la renta. A esto se suma una deuda pública que coquetea nuevamente con superar el 62% del PIB, un umbral crítico que restringe aún más el margen de maniobra bajo las normativas de la regla fiscal.

La receta que el FMI propone para sanear este faltante es conocida y profundamente ortodoxa: aumentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de la Canasta Básica Tributaria (CBT) del 1% actual a la tarifa general del 13%, gravar el salario escolar y eliminar exenciones históricas. Desde la teoría, ampliar la base impositiva aumenta el flujo de caja estatal; pero desde la economía política y social, gravar bienes de demanda inelástica como la alimentación básica es la medida más regresiva posible, pues castiga desproporcionadamente a los deciles de menores ingresos.

La contradicción en Zapote

La reacción del Poder Ejecutivo ante este escenario fue un ejercicio de equilibrismo político. En la reciente conferencia de prensa en Casa Presidencial, vimos a Rodrigo Chaves —ahora operando desde el Ministerio de Hacienda bajo la administración de Laura Fernández— enfrentarse al choque entre la realidad contable y la promesa electoral. El Ejecutivo debe presentar un «plan fiscal», pero intenta desligarse del costo político que implica acatar al FMI.

Decir, como sugirió el viceministerio, que la brecha se cubrirá a corto plazo mediante sistemas tecnológicos para combatir la evasión es, en el mejor de los casos, un optimismo desmedido y, en el peor, una cortina de humo. La tecnología aduanera y tributaria tiene rezagos de implementación y sus rendimientos no son inmediatos; mientras tanto, el déficit estructural exige liquidez hoy.

El debate en la oposición: Tres visiones, un mismo rechazo

El espectro político y técnico de oposición ha reaccionado con un justificado nivel de alarma, aunque partiendo de diagnósticos muy distintos:

  1. La visión progresista y estructural: Economistas como Leiner Vargas, Luis Paulino Vargas y la diputada Sofía Guillén coinciden en que la propuesta del FMI es un asalto a la equidad. Gravar con un 13% el arroz, los frijoles y el pan pulveriza el poder adquisitivo de hogares que ya destinan la mayor parte de su presupuesto a la subsistencia. Este sector señala que Costa Rica gasta cerca de un 5% de su PIB solo en el pago de intereses de la deuda. La salida, afirman, no está en exprimir a la base trabajadora, sino en una reforma tributaria progresiva (renta global, control de grandes capitales) y una renegociación agresiva de las condiciones de la deuda interna.
  2. El pragmatismo financiero: Analistas como Gerardo Corrales advierten que la caída en la recaudación es un síntoma de un modelo que está ahogando su propio aparato productivo mediante un tipo de cambio artificialmente apreciado. Para esta visión, imponer un 13% de IVA a la canasta básica en un entorno donde el sector productivo local pierde competitividad terminaría por deprimir el consumo interno, generando un efecto bumerán que estancaría la economía y, paradójicamente, reduciría aún más la recaudación a mediano plazo.
  3. La ortodoxia liberal: Figuras como Eliécer Feinzaig y Pedro Muñoz rechazan categóricamente nuevos impuestos, argumentando que el problema central de Costa Rica no es la falta de ingresos, sino la mala calidad y la ineficiencia del gasto público. Su propuesta es condicionar cualquier debate fiscal a una reducción severa del aparato estatal, la eliminación de monopolios y el recorte presupuestario de las instituciones públicas.

El veredicto: Competencia ineludible del Gobierno Central

A la luz de estas posturas, es fundamental trazar una línea de responsabilidad política. Yo, en lo personal, pienso que la oposición tiene razón en una cosa, sin importar si analizamos esto desde el liberalismo económico, el conservadurismo o el progresismo democrático de izquierda: NO SE DEBE CARGAR A LA CLASE MEDIA Y BAJA, como se ha hecho siempre, la ineficiencia del Poder Ejecutivo en este periodo y el anterior.

Porque, aunque tratarán de culpar a los otros poderes de la República —como acostumbran a hacer en sus discursos Rodrigo Chaves y ahora la presidenta Laura Fernández—, la formulación de la política fiscal y el manejo de las finanzas son competencia directa, exclusiva e ineludible del Gobierno Central chavista. Trasladar la factura de la impericia gubernamental al plato de comida de las y los costarricenses no es «responsabilidad fiscal», es una abdicación de la justicia social.

El país requiere soluciones estructurales, sí, pero estas deben surgir de gravar la riqueza y dinamizar la producción, no de encarecer el costo de sobrevivir en uno de los países más caros de la región.

Convergencia Ética y Humanista para una Tercera República

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

El verdadero progreso nace siempre de un corazón abierto al otro, de una inteligencia dispuesta a escuchar, de una voluntad que busca más lo que une que lo que separa.
Papa León XIV, Encíclica Magnifica Humanitas

La llamada Tercera República, de la que venía hablando desde hace rato la Asociación de Empleados Públicos (ANEP), en la persona de su dirigente Albino Vargas, y ahora el nuevo gobierno, en la persona de la presidenta Laura Fernández, es una necesidad exigida por un país donde se han venido socavando los pilares fundamentales que lo han sostenido hasta ahora: salud, educación, infraestructura y energía. Pero que también ha dado muestras, a través de su historia republicana, que ha tenido la inteligencia política para abrirse nuevos y mejores horizontes cuando las circunstancias lo han exigido.

Un proyecto de una Tercera República no debe ser una consigna política para atraer clientela electoral. Es asumir el desafío de reconstruir los nuevos cimientos políticos, económicos, sociales y culturales del país, para consolidar la Costa Rica democrática de la justicia social, la paz y la sostenibilidad. Implica, principalmente, concertar voluntades, más allá de los intereses partidarios e ideológicos. Para ello, se requiere, ante todo, de una verdadera convergencia ética y humanista como la que unió a un comunista, un socialcristiano y un líder católico de gran sensibilidad social, para crear los cimientos sociales de la Segunda República.

La agenda para avanzar hacia una Tercera República, que incluye una nueva visión de país, exige una estrategia política para el desarrollo económico sostenible, la profundización de una democracia participativa y el bienestar social, que se tiene que construir desde el diálogo y la concertación. La llamada Segunda República, producto de una concertación que recuperó y profundizó la reforma social de los años 1940, no fue una consigna político-electoral y no obedeció a cálculos ideológico-partidistas; fue el resultado del ejercicio de la sabiduría política de un liderazgo que se sentó a dialogar y a trabajar por el país. Un liderazgo que supo leer los signos de su tiempo y se abocó, con profundo sentido patriótico y visión de largo plazo, a construir una legislación e institucionalidad que garantizaran bienestar y prosperidad para las mayorías.

Actualizar aquella valiosa iniciativa, atendiendo a los signos de los nuevos tiempos, requiere una sabiduría política similar. Una capacidad de escucha para conjuntar las mejores ideas y propuestas, abriendo el corazón al otro, como señala el papa León XIV. En aspectos fundamentales, como el energético entre otros, la salida no es seguir acicateando el pulso político entre fracciones en la Asamblea Legislativa, tampoco convocar a un referéndum cuando no se logra el consenso necesario. Por esa vía continuamos con la vieja política que profundiza la polarización y el distanciamiento, un clima que calienta los ánimos y que necesitamos superar cuanto antes, si es que pretendemos avanzar al ritmo que exigen las actuales circunstancias.

El pueblo eligió a una fracción mayoritaria del partido gobernante, pero con un contrapeso que no le permite aprobar los proyectos que requieren 38 votos, sin la debida negociación con la oposición. Por lo tanto, en esos y en todos los proyectos, se requiere construir consensos máximos antes de llevarlos al plenario a votación. Y en este sentido, tiene que prevalecer la buena voluntad política para concertar tanto por parte del gobierno como de la oposición. Sin ese espíritu y talante políticos continuaremos profundizando la polarización y, con ello, postergando los cambios profundos que demanda el país.

El pueblo apostó por el cambio una vez más. Cifra sus esperanzas, hasta ahora frustradas, en la construcción de una posible Tercera República. Sin embargo, no dio un cheque en blanco al gobierno para que impusiera su agenda, tampoco a la oposición. Invitó a ambos a sentarse reposadamente a solucionar los álgidos problemas del país por la vía del diálogo y el entendimiento. En este sentido, actúo con sensatez e inteligencia política. Las fuerzas políticas deberían valorar el mensaje que la ciudadanía les está enviando. Una oportunidad para conjuntar esfuerzos y abrir horizontes más esperanzadores. Queda por verse quiénes realmente están apostando por el bien común del país y quiénes solo por sus intereses de mantenerse en el poder o acceder al mismo.

Para asumir el desafío que significa construir una Tercera República hay que atender al llamado del papa para ejercitar la voluntad que une y emular a los gestores de la Segunda República, quienes supieron legar a las generaciones venideras una patria más justa y prospera, buscando convergencias desde una plataforma de profundo contenido ético y humanista.