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Etiqueta: justicia social

«No tengamos miedo de hablar”: Óscar Aguilar Bulgarelli vincula la doctrina social cristiana con la crítica a la “dictadura fascista”

Óscar Aguilar Bulgarelli reivindica principios de justicia social y advierte sobre riesgos para la libertad y la democracia. El historiador y analista político Óscar Aguilar Bulgarelli difundió un nuevo video en el que propone reflexionar sobre seis principios vinculados con los derechos humanos, el bien común, el papel del poder público, el destino universal de los bienes, la subsidiariedad y el trabajo.

Aguilar Bulgarelli invita a las personas a valorar si están de acuerdo con esos planteamientos.

Derechos humanos y dignidad

El primer principio presentado por el historiador afirma que los derechos humanos son inviolables porque son inherentes a la persona y a su dignidad. Por esa razón, señala, deben entenderse como universales e inviolables.

A partir de este punto, Aguilar Bulgarelli plantea que el reconocimiento de la dignidad humana debe constituir un fundamento esencial de la vida social y política.

El bien común frente al egoísmo

El segundo principio se refiere al bien común. El analista sostiene que este exige salir del pequeño mundo de los intereses propios y comprometerse, dentro de las posibilidades de cada persona, con el bienestar colectivo.

Según expone, no es suficiente buscar únicamente el progreso individual y asumir que ello beneficiará automáticamente al conjunto de la sociedad. Considera que desentenderse de las necesidades de las demás personas constituye una forma de egoísmo.

Para Aguilar Bulgarelli, el bien común y la promoción de la vida deben entenderse como valores no negociables.

El poder público y la protección de las personas más débiles

El tercer planteamiento se relaciona con el papel del poder público. Aguilar Bulgarelli sostiene que este tiene la tarea de armonizar con justicia los distintos intereses presentes en la sociedad y buscar un equilibrio entre los bienes particulares y los bienes colectivos.

Agrega que esa responsabilidad debe ejercerse sin dejar atrás a las personas más débiles.

Los bienes de la tierra y su destino universal

Otro de los principios expuestos señala que los bienes de la tierra han sido dados a toda la familia humana para sostener la vida de las generaciones presentes y futuras.

Aguilar Bulgarelli reconoce el derecho a la propiedad privada, pero afirma que este debe estar subordinado al destino universal de los bienes.

Desde esta perspectiva, plantea que toda persona tiene un derecho originario al uso de los recursos necesarios para la vida y que la propiedad no puede entenderse al margen de su función social.

Subsidiariedad, ciudadanía y solidaridad

El historiador también se refiere al principio de subsidiariedad. Explica que ni las personas ni las familias deben ser absorbidas por el Estado y que deben poder actuar libremente, en la medida de lo posible, sin causar daño al bien común.

A su juicio, este principio requiere un estilo de corresponsabilidad en el cual el Estado valore la iniciativa ciudadana y la sociedad civil sea capaz de generar vínculos y activar energías al servicio del bien común.

Aguilar Bulgarelli vincula esta idea directamente con la solidaridad.

El trabajo como expresión de dignidad

El último de los principios presentados se refiere al trabajo. El analista sostiene que este no debe verse como un simple instrumento, sino como una actividad que expresa y acrecienta la dignidad humana.

Advierte que esta preocupación cobra mayor importancia en el contexto de la Cuarta Revolución Industrial, debido a que la innovación suele utilizarse principalmente para reducir costos y aumentar beneficios.

Según afirma, esta dinámica ya está produciendo nuevas formas de precariedad y desigualdad en numerosos sectores.

Bienvenidos a la izquierda”

Después de exponer los seis principios, Aguilar Bulgarelli pregunta a las personas si están de acuerdo con ellos y, suponiendo una respuesta afirmativa, les dice: “bienvenidos a la izquierda”.

Inmediatamente aclara que los principios mencionados forman parte de lo que identifica como doctrina social cristiana y sostiene que, cuando ideas semejantes se expresan fuera de ese marco, algunas personas reaccionan calificándolas de comunistas.

El historiador critica lo que considera una falta de conocimiento sobre la tradición social cristiana y afirma que los principios de justicia social, trabajo, bien común, solidaridad y uso de los recursos naturales forman parte de esa doctrina.

Asimismo, cuestiona a quienes se definen como socialcristianos, pero, según su criterio, se han acercado a posiciones conservadoras o al “capitalismo salvaje”.

Una defensa de la libertad de pensamiento

Aguilar Bulgarelli sostiene que uno de los mayores peligros de la sociedad actual es tener miedo de decir las cosas.

Como ejemplo, relata que observó una publicación educativa para noveno año en la que el concepto de liderazgo aparecía acompañado por una fotografía del ministro Rodrigo Chaves.

El historiador cuestiona esa selección y afirma que existen otras figuras históricas nacionales que podrían haberse utilizado para representar el liderazgo.

A partir de ese ejemplo, advierte sobre lo que considera señales preocupantes para la democracia y califica la situación como propia de una “dictadura fascista”.

También critica lo que describe como restricciones para que el profesorado hable libremente y sostiene que algunos medios de difusión han ido cayendo bajo la influencia del poder político.

Justicia social, solidaridad y distribución de la riqueza

En la parte final de su intervención, Aguilar Bulgarelli reafirma que las ideas expuestas corresponden, según su lectura, a principios socialcristianos.

Menciona el derecho al trabajo, el bien común, la solidaridad y la obligación de superar el egoísmo para compartir los bienes disponibles.

Sostiene que el trabajo no debe convertirse en una fuente de explotación, sino en un medio para compartir la riqueza.

También afirma que la empresa privada es necesaria y fundamental, pero considera que no debe servir únicamente para enriquecer a unas pocas personas, sino para contribuir a una distribución más justa de la riqueza.

Críticas al rumbo económico y político

Aguilar Bulgarelli afirma que Costa Rica atraviesa una situación de caos y menciona como preocupación un posible aumento del IVA.

Cuestiona el discurso sobre la denominada “economía jaguar” y sostiene que no ha beneficiado a la mayoría de la población, sino a sectores que, según su criterio, se han enriquecido a costa de las personas con menores recursos.

El historiador concluye invitando a no temer que estas ideas sean calificadas como izquierdistas y afirma que no se trata de una adhesión ideológica, sino de una defensa de la justicia.

Su mensaje final es una advertencia:

Si perdemos la justicia, perdemos el país.”

Aguilar Bulgarelli cierra llamando a pensar, meditar y no dejarse engañar.

El Imperio espera la rendición; Cuba responde sin claudicar

José A. Amesty Rivera

Cada cierto tiempo, los voceros del poder imperial vuelven a lanzar la misma profecía, ahora sí cayó Cuba, ya sí se derrumba la Revolución, ahora sí llegó el final.

Lo dijeron cuando desapareció la Unión Soviética, lo repitieron durante los años más duros del Período Especial, lo anuncian con cada crisis económica, con cada apagón y con cada ola migratoria.

Y, sin embargo, aquí está Cuba, golpeada, asediada, castigada por carencias reales que afectan la vida cotidiana de millones de personas, pero de pie.

Esta es la verdad que incomoda a Washington y a sus operadores políticos y mediáticos; porque el problema nunca fue la democracia ni los derechos humanos, el problema fue siempre otro, que una pequeña isla del Caribe se atrevió a romper las cadenas de la dependencia, recuperó el control de su destino y desafió el dominio imperial a apenas noventa millas de la mayor potencia militar del planeta.

Desde 1959, EEUU no ha dejado de intentar doblegar a la Revolución Cubana con: invasiones, sabotajes, terrorismo, financiamiento de grupos desestabilizadores, campañas de desinformación, guerra económica y aislamiento diplomático, que forman parte de una misma estrategia histórica, rendir por hambre a un pueblo que decidió no obedecer.

Por esto el bloqueo no es una simple sanción económica, es una guerra prolongada contra una nación soberana, es una política deliberada de castigo colectivo diseñada para provocar desesperación, fractura social y rendición política. Ningún país latinoamericano aceptaría durante sesenta días lo que Cuba ha soportado durante más de seis décadas.

Quienes hoy intentan explicar la crisis cubana exclusivamente como resultado de un supuesto fracaso del socialismo, no buscan comprender la realidad, buscan construir un relato utilizable a los intereses de quienes jamás aceptaron la independencia de Cuba.

No existe análisis serio que pueda ignorar el peso brutal del bloqueo sobre la economía cubana; la imposibilidad de acceder libremente a mercados, créditos, tecnologías, inversiones y sistemas financieros internacionales, tiene consecuencias concretas sobre la producción, el transporte, la energía, la salud y la vida cotidiana del pueblo.

Pero sería igualmente irresponsable cerrar los ojos ante los problemas internos, precisamente porque defendemos la Revolución, tenemos la obligación política y moral de hablar con claridad. El bloqueo explica una parte decisiva de las dificultades, pero no todas.

Existen problemas estructurales que requieren respuestas urgentes, como que, persisten trabas burocráticas que frenan decisiones necesarias, existen insuficiencias productivas que afectan la capacidad de generar riqueza social, se perciben desgastes institucionales y mecanismos de participación popular, que necesitan fortalecerse para responder a los desafíos de una nueva etapa.

La crítica revolucionaria no es una concesión al enemigo, por el contrario, la crítica revolucionaria es una herramienta de defensa del propio proceso revolucionario.

Los pueblos que hicieron revoluciones no las hicieron para administrar inercias, ni para preservar estructuras inmóviles, las hicieron para transformar la realidad. Defender la Revolución significa tener el coraje de corregir errores, combatir privilegios, enfrentar deformaciones burocráticas y abrir nuevos caminos para la participación popular.

La peor amenaza para cualquier proyecto emancipador no es la discusión, es el inmovilismo. Las recientes conversaciones entre La Habana y Washington expresan las contradicciones del momento histórico.

En sectores del poder estadounidense existe una constatación imposible de ocultar, después de más de sesenta años de agresión, la Revolución Cubana no ha sido derrotada.

No lograron destruirla con invasiones, no lograron destruirla con atentados, no lograron destruirla mediante el aislamiento, no lograron destruirla mediante el bloqueo.

Pero también saben que el desgaste económico acumulado, puede generar condiciones favorables para impulsar una restauración capitalista gradual, presentada como modernización, apertura o normalización y aquí reside uno de los grandes peligros de la coyuntura actual, porque la historia latinoamericana ofrece demasiados ejemplos.

Los mismos grupos económicos que privatizaron empresas públicas, destruyeron derechos laborales, multiplicaron la desigualdad y entregaron recursos estratégicos a corporaciones extranjeras, son los que hoy aparecen como supuestos defensores de la libertad y el progreso.

Nuestra América ya conoce esta receta, la aplicaron bajo la supervisión del Fondo Monetario Internacional, la aplicaron en nombre de la eficiencia, la aplicaron prometiendo prosperidad.

Y el resultado fue más pobreza, más dependencia, más exclusión y más concentración de la riqueza; por esto la salida para Cuba no puede ser el regreso al neoliberalismo.

La respuesta tampoco puede consistir en administrar indefinidamente las dificultades existentes, la respuesta debe surgir desde una profundización del proyecto revolucionario, como:

Más participación popular, más protagonismo de los trabajadores, más control social sobre la economía, más cooperativas, más capacidad productiva, más combate contra los privilegios burocráticos, más democracia socialista, más Revolución.

Porque la disyuntiva no es socialismo o mercado, la verdadera disyuntiva es soberanía o dependencia.

Quienes, desde Miami, o desde determinados centros de poder sueñan con convertir a Cuba en un paraíso para fondos de inversión, especuladores financieros y grandes cadenas transnacionales, no están pensando en el bienestar del pueblo cubano.

Están pensando en negocios, no buscan justicia social, buscan restaurar privilegios, no buscan soberanía, buscan subordinación, no buscan democracia popular, buscan recuperar espacios de dominación perdidos en 1959.

La izquierda latinoamericana tiene una responsabilidad histórica en este momento, ya que solidaridad no significa silencio, solidaridad tampoco significa repetir consignas mecánicamente.

La verdadera solidaridad consiste en defender sin vacilaciones el derecho del pueblo cubano a decidir su propio destino, frente a cualquier forma de injerencia imperial, al mismo tiempo que se promueve un debate revolucionario, capaz de fortalecer, renovar y proyectar hacia el futuro las conquistas alcanzadas.

Porque la batalla de Cuba nunca ha sido solamente una batalla cubana, es una batalla latinoamericana. Es una batalla de todos los pueblos que luchan por la independencia, la justicia social y la dignidad nacional.

Por eso Cuba sigue siendo un símbolo, no porque sea perfecta, no porque esté libre de errores o contradicciones, sino porque representa una verdad que el imperialismo jamás ha logrado destruir, como que los pueblos tienen derecho a construir su propio destino sin amos, sin tutelajes y sin imposiciones extranjeras. Mientras esta convicción siga viva, la Revolución seguirá siendo una posibilidad abierta.

La tarea de esta hora no es administrar la derrota, la tarea es impedir la restauración, la tarea es defender la soberanía, la tarea es abrir un nuevo ciclo de participación popular, transformación económica y ofensiva revolucionaria.

Porque Cuba no está vencida y porque los pueblos de Nuestra América todavía tienen cuentas pendientes con la historia.

Organizaciones internacionales llaman al gobierno de Honduras a cesar la represión y respetar los derechos humanos

El Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, junto con organizaciones del movimiento social, popular y sindical, así como defensoras y defensores de derechos humanos de distintos países, hizo público un pronunciamiento de solidaridad con el pueblo hondureño ante lo que califica como un preocupante incremento de la violencia institucional, la represión y la intimidación contra comunidades campesinas, ambientalistas, sectores estudiantiles y organizaciones magisteriales.

La declaración cuenta con el respaldo de más de 82 organizaciones e instancias internacionales y más de 50 personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos, la justicia social y la vida digna. En ella se hace un llamado urgente al gobierno encabezado por Nasry Asfura para que cese los mecanismos de represión y garantice el respeto pleno de los derechos humanos conforme a las normas nacionales e internacionales.

El documento señala que, desde la llegada del actual gobierno hondureño, se ha producido una profundización de prácticas represivas que recuerdan los periodos más difíciles vividos por ese país entre 2009 y 2022. Según el pronunciamiento, estas acciones han afectado especialmente a comunidades rurales, organizaciones campesinas, movimientos sociales y personas defensoras del ambiente, la tierra y los territorios.

Entre los hechos denunciados se encuentra la incursión ocurrida el 18 de mayo en la comunidad campesina de Rigores, en Trujillo, departamento de Colón. De acuerdo con la denuncia, personas con uniformes policiales habrían destruido viviendas, herramientas de trabajo y medios de transporte utilizados por niños y niñas para asistir a la escuela. Posteriormente, el 21 de mayo, la comunidad habría sido escenario de un ataque armado que dejó un saldo preliminar superior a 19 personas fallecidas.

El pronunciamiento también menciona hechos violentos ocurridos el mismo día en Corinto, Cortés, donde se registró un enfrentamiento armado que provocó la muerte de al menos cinco agentes policiales y tres civiles.

Las organizaciones firmantes sostienen que estos acontecimientos se desarrollan en un contexto de reformas legales de carácter punitivo y de políticas orientadas a la militarización, situación que, afirman, incrementa la vulnerabilidad de las comunidades rurales y de quienes defienden derechos humanos y ambientales.

En el ámbito educativo, el Observatorio denuncia acciones dirigidas a desconocer la representación legítima de la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH), organización que considera la instancia representativa del magisterio hondureño. Según el documento, estas medidas debilitan la libertad sindical y afectan al movimiento educativo, estudiantil y comunitario.

Asimismo, se expresa preocupación por el caso de Axel Medina, estudiante de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), quien perdió un ojo durante una protesta realizada en defensa del financiamiento de la educación superior pública.

Ante esta situación, las organizaciones internacionales exigen una investigación exhaustiva, independiente y transparente sobre los hechos ocurridos en la comunidad de Rigores, así como la identificación, captura y juzgamiento de todas las personas responsables, incluyendo eventuales estructuras vinculadas al crimen organizado o a la narcoviolencia.

El pronunciamiento demanda además el cese de la violencia institucional contra las comunidades campesinas, la reparación integral para las víctimas, garantías de no repetición y medidas urgentes de protección para las personas afectadas.

Igualmente, respalda los llamados formulados por organizaciones de derechos humanos como ACI Participa, así como las gestiones dirigidas a organismos internacionales entre ellos la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), Front Line Defenders y Amnistía Internacional.

Las organizaciones también solicitan la apertura de un proceso de diálogo con la dirigencia de la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras, el respeto a los convenios internacionales sobre libertad sindical y negociación colectiva promovidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como atención a las demandas planteadas por el Frente de Reforma Universitaria (FRU) y el movimiento estudiantil hondureño.

El documento concluye con un llamado a detener las masacres y asesinatos selectivos, garantizar justicia para las víctimas de la represión, respetar al magisterio hondureño y al movimiento estudiantil, y defender los derechos humanos como una responsabilidad que trasciende fronteras.

Conversatorio «Equidad, desigualdad y justicia social: miradas desde el pasado y el presente»

La Escuela de Filosofía y TC-769 de la Universidad de Costa Rica y el Ministerio de Cultura y Juventud, mediante la Benemérita Biblioteca Nacional de Sinabi, se complacen en invitarle al conversatorio Equidad, desigualdad y justicia social: miradas desde el pasado y el presente con la participación de Geovanna Fallas, Arqueóloga y Natasha Alpízar, Antropóloga Social de la Universidad de Costa Rica.

La actividad será el lunes 15 de junio a las 10:00 a.m. en la Benemérita Biblioteca Nacional. También se transmitirá por el Facebook Biblioteca Nacional https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/

El trago amargo del FMI, la canasta básica y el pulso fiscal de 2026

Por: JoseSo (José Solano-Saborío) / Entre Verdades y Opiniones

La reciente alerta emitida por el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre las finanzas públicas de Costa Rica nos coloca, una vez más, frente al espejo de nuestras contradicciones estructurales. A pesar de exhibir un crecimiento impulsado por las zonas francas y una inflación controlada, el país enfrenta una erosión silenciosa pero agresiva en su recaudación fiscal. El Ministerio de Hacienda estima una brecha para este 2026 cercana a los 300.000 millones de colones.

Desde el punto de vista macroeconómico, este hueco no es producto del azar. Es, en buena medida, el efecto secundario de la apreciación sostenida del colón frente al dólar, lo cual ha comprimido las utilidades del sector exportador, turístico y financiero que transa en moneda extranjera, reduciendo drásticamente su aporte en el impuesto sobre la renta. A esto se suma una deuda pública que coquetea nuevamente con superar el 62% del PIB, un umbral crítico que restringe aún más el margen de maniobra bajo las normativas de la regla fiscal.

La receta que el FMI propone para sanear este faltante es conocida y profundamente ortodoxa: aumentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de la Canasta Básica Tributaria (CBT) del 1% actual a la tarifa general del 13%, gravar el salario escolar y eliminar exenciones históricas. Desde la teoría, ampliar la base impositiva aumenta el flujo de caja estatal; pero desde la economía política y social, gravar bienes de demanda inelástica como la alimentación básica es la medida más regresiva posible, pues castiga desproporcionadamente a los deciles de menores ingresos.

La contradicción en Zapote

La reacción del Poder Ejecutivo ante este escenario fue un ejercicio de equilibrismo político. En la reciente conferencia de prensa en Casa Presidencial, vimos a Rodrigo Chaves —ahora operando desde el Ministerio de Hacienda bajo la administración de Laura Fernández— enfrentarse al choque entre la realidad contable y la promesa electoral. El Ejecutivo debe presentar un «plan fiscal», pero intenta desligarse del costo político que implica acatar al FMI.

Decir, como sugirió el viceministerio, que la brecha se cubrirá a corto plazo mediante sistemas tecnológicos para combatir la evasión es, en el mejor de los casos, un optimismo desmedido y, en el peor, una cortina de humo. La tecnología aduanera y tributaria tiene rezagos de implementación y sus rendimientos no son inmediatos; mientras tanto, el déficit estructural exige liquidez hoy.

El debate en la oposición: Tres visiones, un mismo rechazo

El espectro político y técnico de oposición ha reaccionado con un justificado nivel de alarma, aunque partiendo de diagnósticos muy distintos:

  1. La visión progresista y estructural: Economistas como Leiner Vargas, Luis Paulino Vargas y la diputada Sofía Guillén coinciden en que la propuesta del FMI es un asalto a la equidad. Gravar con un 13% el arroz, los frijoles y el pan pulveriza el poder adquisitivo de hogares que ya destinan la mayor parte de su presupuesto a la subsistencia. Este sector señala que Costa Rica gasta cerca de un 5% de su PIB solo en el pago de intereses de la deuda. La salida, afirman, no está en exprimir a la base trabajadora, sino en una reforma tributaria progresiva (renta global, control de grandes capitales) y una renegociación agresiva de las condiciones de la deuda interna.
  2. El pragmatismo financiero: Analistas como Gerardo Corrales advierten que la caída en la recaudación es un síntoma de un modelo que está ahogando su propio aparato productivo mediante un tipo de cambio artificialmente apreciado. Para esta visión, imponer un 13% de IVA a la canasta básica en un entorno donde el sector productivo local pierde competitividad terminaría por deprimir el consumo interno, generando un efecto bumerán que estancaría la economía y, paradójicamente, reduciría aún más la recaudación a mediano plazo.
  3. La ortodoxia liberal: Figuras como Eliécer Feinzaig y Pedro Muñoz rechazan categóricamente nuevos impuestos, argumentando que el problema central de Costa Rica no es la falta de ingresos, sino la mala calidad y la ineficiencia del gasto público. Su propuesta es condicionar cualquier debate fiscal a una reducción severa del aparato estatal, la eliminación de monopolios y el recorte presupuestario de las instituciones públicas.

El veredicto: Competencia ineludible del Gobierno Central

A la luz de estas posturas, es fundamental trazar una línea de responsabilidad política. Yo, en lo personal, pienso que la oposición tiene razón en una cosa, sin importar si analizamos esto desde el liberalismo económico, el conservadurismo o el progresismo democrático de izquierda: NO SE DEBE CARGAR A LA CLASE MEDIA Y BAJA, como se ha hecho siempre, la ineficiencia del Poder Ejecutivo en este periodo y el anterior.

Porque, aunque tratarán de culpar a los otros poderes de la República —como acostumbran a hacer en sus discursos Rodrigo Chaves y ahora la presidenta Laura Fernández—, la formulación de la política fiscal y el manejo de las finanzas son competencia directa, exclusiva e ineludible del Gobierno Central chavista. Trasladar la factura de la impericia gubernamental al plato de comida de las y los costarricenses no es «responsabilidad fiscal», es una abdicación de la justicia social.

El país requiere soluciones estructurales, sí, pero estas deben surgir de gravar la riqueza y dinamizar la producción, no de encarecer el costo de sobrevivir en uno de los países más caros de la región.

Convergencia Ética y Humanista para una Tercera República

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

El verdadero progreso nace siempre de un corazón abierto al otro, de una inteligencia dispuesta a escuchar, de una voluntad que busca más lo que une que lo que separa.
Papa León XIV, Encíclica Magnifica Humanitas

La llamada Tercera República, de la que venía hablando desde hace rato la Asociación de Empleados Públicos (ANEP), en la persona de su dirigente Albino Vargas, y ahora el nuevo gobierno, en la persona de la presidenta Laura Fernández, es una necesidad exigida por un país donde se han venido socavando los pilares fundamentales que lo han sostenido hasta ahora: salud, educación, infraestructura y energía. Pero que también ha dado muestras, a través de su historia republicana, que ha tenido la inteligencia política para abrirse nuevos y mejores horizontes cuando las circunstancias lo han exigido.

Un proyecto de una Tercera República no debe ser una consigna política para atraer clientela electoral. Es asumir el desafío de reconstruir los nuevos cimientos políticos, económicos, sociales y culturales del país, para consolidar la Costa Rica democrática de la justicia social, la paz y la sostenibilidad. Implica, principalmente, concertar voluntades, más allá de los intereses partidarios e ideológicos. Para ello, se requiere, ante todo, de una verdadera convergencia ética y humanista como la que unió a un comunista, un socialcristiano y un líder católico de gran sensibilidad social, para crear los cimientos sociales de la Segunda República.

La agenda para avanzar hacia una Tercera República, que incluye una nueva visión de país, exige una estrategia política para el desarrollo económico sostenible, la profundización de una democracia participativa y el bienestar social, que se tiene que construir desde el diálogo y la concertación. La llamada Segunda República, producto de una concertación que recuperó y profundizó la reforma social de los años 1940, no fue una consigna político-electoral y no obedeció a cálculos ideológico-partidistas; fue el resultado del ejercicio de la sabiduría política de un liderazgo que se sentó a dialogar y a trabajar por el país. Un liderazgo que supo leer los signos de su tiempo y se abocó, con profundo sentido patriótico y visión de largo plazo, a construir una legislación e institucionalidad que garantizaran bienestar y prosperidad para las mayorías.

Actualizar aquella valiosa iniciativa, atendiendo a los signos de los nuevos tiempos, requiere una sabiduría política similar. Una capacidad de escucha para conjuntar las mejores ideas y propuestas, abriendo el corazón al otro, como señala el papa León XIV. En aspectos fundamentales, como el energético entre otros, la salida no es seguir acicateando el pulso político entre fracciones en la Asamblea Legislativa, tampoco convocar a un referéndum cuando no se logra el consenso necesario. Por esa vía continuamos con la vieja política que profundiza la polarización y el distanciamiento, un clima que calienta los ánimos y que necesitamos superar cuanto antes, si es que pretendemos avanzar al ritmo que exigen las actuales circunstancias.

El pueblo eligió a una fracción mayoritaria del partido gobernante, pero con un contrapeso que no le permite aprobar los proyectos que requieren 38 votos, sin la debida negociación con la oposición. Por lo tanto, en esos y en todos los proyectos, se requiere construir consensos máximos antes de llevarlos al plenario a votación. Y en este sentido, tiene que prevalecer la buena voluntad política para concertar tanto por parte del gobierno como de la oposición. Sin ese espíritu y talante políticos continuaremos profundizando la polarización y, con ello, postergando los cambios profundos que demanda el país.

El pueblo apostó por el cambio una vez más. Cifra sus esperanzas, hasta ahora frustradas, en la construcción de una posible Tercera República. Sin embargo, no dio un cheque en blanco al gobierno para que impusiera su agenda, tampoco a la oposición. Invitó a ambos a sentarse reposadamente a solucionar los álgidos problemas del país por la vía del diálogo y el entendimiento. En este sentido, actúo con sensatez e inteligencia política. Las fuerzas políticas deberían valorar el mensaje que la ciudadanía les está enviando. Una oportunidad para conjuntar esfuerzos y abrir horizontes más esperanzadores. Queda por verse quiénes realmente están apostando por el bien común del país y quiénes solo por sus intereses de mantenerse en el poder o acceder al mismo.

Para asumir el desafío que significa construir una Tercera República hay que atender al llamado del papa para ejercitar la voluntad que une y emular a los gestores de la Segunda República, quienes supieron legar a las generaciones venideras una patria más justa y prospera, buscando convergencias desde una plataforma de profundo contenido ético y humanista.

 

 

“Magnífica Humanitas”: la peor pesadilla para la presidenta

Frank Ulloa Royo

“La humanidad no necesita guerras justas, sino justicia que evite las guerras.” — Magnifica Humanitas

Recordando la Encíclica Rerum Novarum de su antecesor León XIII este 25 de mayo el papa nos da una encíclica social para el siglo de la inteligencia artificial recordándonos la importancia del valor humano y la vida social en común con protección social. Parece que la “Iglesia viva” ahora pasará a ser parte de la oposición de “izquierda” en un país que sueña con parecerse a un enorme cuartel.

L a encíclica Magnifica Humanitas irrumpe como un espejo incómodo. No habla de eficiencia ni de control, sino de humanidad. Recuerda que los ídolos del poder no son los de toda la humanidad y que ningún Estado puede renovarse descartando vidas, ni se puede gobernar organizando el odio. Entonces, la peor noticia para la presidenta no proviene de la guerra en Irán o de los obreros organizados que ahuyentan las inversiones con sus huelgas, ni de estudiantes y maestros en las calles tratando de evitar la privatización del ICE, sino de una voz que la desarma: el Papa advierte que los datos no son armas, que los pobres no son desechos y que la tecnología, sin ética, se convierte en verdugo. Sus gritos de “comunistas” no pueden ocultar la realidad de las listas de espera que pone en peligro miles de vidas, ni el desempleo y otros indicadores de miseria que llevan a una juventud al buscar el camino del narcotráfico, incluida la población con discapacidad que solo allí encuentra empleo.

Este papa gringo, al igual que el ídolo de la presidenta del “país confiable” nos recuerda que Gobernar con desprecio y administrar el descarte desde la disposición de los bienes comunes es negar la justicia social que evita las guerras. Ofender a los que piensan diferente y etiquetarlos, o no pagar la deuda con la seguridad social, solo para volver a las tácticas de la guerra fría o exacerbar odios, aunque resulte atractivo por sus resultados estadísticos o estimule inversionistas extranjeros nunca es un camino solidario.

Las cárceles más grandes no fundan una nueva ética. La justicia no se mide en barrotes ni en estadísticas de represión, sino en la capacidad de sostener la vida y abrir caminos de reconciliación y convivencia. Un país que mide su éxito en más represión y cuerpos encerrados y no en vidas reconciliadas se convierte en administrador del miedo. Por eso, defender la autonomía del Poder Judicial es indispensable: la justicia lenta no puede justificar la represión como alternativa. Frente al modelo de terror punitivo, el papa y los movimientos sociales proponen otro camino: la justicia restaurativa. No se trata de negar la responsabilidad, sino de transformar el castigo en oportunidad de reparación. La comunidad se convierte en espacio de solidaridad y reconciliación, donde la víctima recupera voz y el infractor encuentra la posibilidad de reintegrarse. Sin justicia social no es posible tener eficacia en la lucha contra el narcotráfico. Sin protección social ningún ejercito puede gobernar impunemente, no se equivoquen porque la reacción puede llevar a una guerra social como la que han vivido otros países.

En un país que sueña con militarizarse sin derechos al estilo Bukele, Magnifica Humanitas suena como un mensaje pasado de moda. Pero quizá lo verdaderamente moderno sea recordar que la paz no se impone: se construye con protección social. Y que la dignidad humana, incluso tras las rejas, sigue siendo el único fundamento posible de la justicia. Que la protección social no es un sucedáneo y que el terror y la represión no cura enfermedades.

El socialismo democrático de Manuel Mora y la República costarricense contemporánea

Alejandro Guevara Arroyo

Siguiendo patrones discursivos visibles en diversos movimientos contemporáneos de la derecha radical y la reacción conservadora, el actual gobierno chavista de Costa Rica ha decidido asociar a la oposición política con categorías como comunismo, socialismo, pobreza u opresión. En su boca, tales movimientos aparecerían como expresiones de incompetencia y perversidad tan evidentes que incluso resultaría difícil justificar su pertenencia legítima a la comunidad política.

Estas imputaciones fuerzan a todo el arco progresista costarricense a posicionarse frente a dichos epítetos y alusiones. La historia política nacional, afortunadamente, contiene suficiente densidad simbólica e intelectual como para responder a esos embates narrativos. Para ello, conviene volver sobre las ideas que dieron origen a muchas de las políticas e instituciones que hicieron posible el bienestar social de nuestros antepasados. Ese legado todavía sobrevive en la sociedad costarricense actual, aunque cada vez con mayores signos de desgaste, fragmentación y desigualdad.

Podría apelarse, para ello, al “socialismo democrático” defendido históricamente por el liberacionista José Figueres Ferrer o al socialcristianismo popular impulsado por Rafael Ángel Calderón Guardia. Pero quizá no exista una figura más fértil en símbolos políticos y anticipaciones democráticas que la de Manuel Mora Valverde, dirigente comunista y representante de la mejor de las tradiciones del socialismo democrático costarricense.

Hoy, frente al avance de discursos autoritarios y formas cada vez más agresivas de polarización política, resulta pertinente volver sobre sus ideas. En ellas aparece una concepción profundamente democrática y republicana de la vida pública, orientada por una noción sustantiva de justicia social y por la convicción de que la libertad pierde contenido cuando amplios sectores de la población viven sometidos a relaciones de dependencia material y exclusión.

Para comprenderlo, conviene recuperar algunos pasajes en los que Mora expuso sus concepciones constitucionales, democráticas y sociales. En ellos aparece la defensa del sistema político democrático como una construcción no acabada. No es casual, por ejemplo, que ya en la década de 1930 Manuel Mora defendiera públicamente desde el Congreso el reconocimiento del sufragio femenino. Pero, además, Mora entendía la democracia como un régimen de ampliación de capacidades humanas, de integración popular y de limitación de las distintas formas de dominación oligárquica y arbitrariedad económica. La democracia, desde esta perspectiva, no consiste únicamente en votar periódicamente (aunque sí es un componente esencial de ella). Reside también en impedir que el poder económico convierta a grandes sectores sociales en poblaciones subordinadas, sometidas o descartables.

Veamos algunas de las líneas maestras que identificó como centrales para su movimiento político:

1.) “No somos enemigos del régimen democrático. Por el contrario, lo sostendremos y lo defenderemos en la medida de nuestras posibilidades y nos empeñaremos por fortalecerlo cada vez más dándole contenido económico. Creemos sinceramente que cualquier movimiento político-social que se desenvuelva con honradez en Costa Rica y que pretendiera ir más allá del auténtico régimen democrático, estaría en este momento fuera de nuestra realidad”.

2.) “Nos oponemos resueltamente al trasplante a nuestro país de fórmulas que no calcen en nuestra realidad económica, social y política. Declaramos que los problemas de nuestro país deben resolverse a la luz de un estudio concienzudo y serio de nuestras características nacionales”.

3.) “No tenemos como entidad social credo religioso ni antirreligioso. Los propósitos de persecución a la religión católica que se nos atribuyen son completamente falsos. La lucha social ha tenido el carácter de lucha anticlerical en otros países, porque en ellos el clero ha sido y es terrateniente. Pero en Costa Rica, donde no lo es, ninguna lucha tiene que librar el Partido Comunista contra los señores sacerdotes”.

4.) “No somos enemigos de las grandes y nobles tradiciones nacionales. Antes bien, las respetamos y nos sentimos más ligados a ellas que muchos de los que nos atacan bajo los estandartes de un falso patriotismo”.

5.) “No somos enemigos de la pequeña propiedad, sino de la propiedad que se forma, precisamente, mediante la eliminación de la primera y mediante el robo en sus diferentes aspectos. Con respecto a esa gran propiedad nunca hemos pensado tampoco que pueda suprimirse en tanto el capitalismo se mantenga en los Estados Unidos. Pero sí creemos que puede limitarse y reglamentarse en beneficio del pueblo”.

6.) “No somos enemigos de la familia, sino, por el contrario, creemos que la familia debe dotarse de elementos económicos que le den verdadero sentido humano. Creemos que la miseria es la gran desintegradora de hogares”.

7.) “Somos enemigos decididos del crimen y del terror como sistema de lucha social. Creemos únicamente en la acción de las masas preparadas y organizadas, como medio eficaz de combate”.

No debe sorprender, entonces, que Mora Valverde apelara directamente a las consignas centrales de la Revolución francesa y las interpretara como una promesa democrática todavía inconclusa en Costa Rica:

Pero yo pregunto, ¿la libertad, la igualdad, la fraternidad son realidades tangibles dentro de [estas] sociedades liberales? Indiscutiblemente que no. […] ¿Por qué? Porque ninguna conquista social puede ser efectiva si carece de contenido económico. (…) En una sociedad de riqueza desequilibrada, de privilegios y compadrazgos, la libertad en el amplio sentido de la palabra es cierta para los que tienen dinero y no lo es para los que carecen de él. (…) Todo esto quiere decir que, mientras los postulados de la democracia liberal no tengan contenido económico, esos postulados serán esqueleto sin vida”. [Entiendo, por ello, que] “el socialismo es igual al liberalismo más la democracia económica”.

La libertad política requiere, por tanto, bases materiales comunes de dignidad para toda la ciudadanía. Requiere educación y salud pública, derechos laborales efectivos, instituciones sociales fuertes y límites democráticos al poder económico concentrado. Sin comunidad política, sin solidaridad social y sin límites al poder oligárquico, la democracia termina vaciándose desde dentro.

En Mora Valverde parecen converger dos tradiciones políticas distintas pero complementarias: por un lado, el ideal republicano de una ciudadanía libre de dominación arbitraria; por otro, la convicción socialista de que la igualdad material constituye una condición necesaria para que esa libertad sea efectivamente ejercida y disfrutada por las mayorías.

Muy lejos de la violencia política o de experiencias autoritarias extravagantes, las ideas que Mora Valverde anticipa en estos pasajes revelan una concepción profundamente costarricense de transformación democrática: popular, institucional y republicana.

De todo ello parece desprenderse que la mejor tradición del socialismo costarricense no constituye una anomalía antidemocrática, como frecuentemente sostienen los discursos de la nueva derecha criolla. En cambio, es una de las corrientes que más tempranamente intentó ampliar la promesa social, popular y republicana de la democracia costarricense. Parte importante de ese legado institucional y político todavía está presente en la Costa Rica contemporánea..

Fuente de los pasajes: Merino del Río, José. Manuel Mora y la democracia costarricense: viaje al interior del Partido Comunista. Heredia, Costa Rica: Editorial Fundación UNA, 1996, 49-57,

https://www.teletica.com/65-aniversario/manuel-mora-un-lider-dedicado-a-la-justicia-social_385839

Concejo Municipal de Montes de Oca reitera oposición al proyecto de apertura del mercado eléctrico

El pasado lunes 25 de mayo del 2026, el Concejo Municipal de Montes de Oca aprobó la reiteración de un acuerdo adoptado originalmente en el año 2024, mediante el cual manifiesta nuevamente su oposición al proyecto de ley de apertura y “armonización” del mercado eléctrico nacional actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa y reafirma su apoyo al modelo eléctrico solidario de Costa Rica.

Mediante este acuerdo, el Concejo Municipal solicita respetuosamente a las señoras diputadas y señores diputados de la Asamblea Legislativa de Costa Rica archivar dicha iniciativa legislativa, al considerar que representa una amenaza para el modelo eléctrico solidario, público y ambientalmente sostenible que históricamente ha caracterizado a Costa Rica.

El acuerdo reafirma el respaldo del gobierno local de Montes de Oca al sistema eléctrico nacional construido sobre principios de solidaridad, universalidad, planificación pública y acceso equitativo a la energía, modelo que ha permitido al país alcanzar altos niveles de cobertura eléctrica y una matriz predominantemente renovable.

Asimismo, el Concejo Municipal expresa su preocupación por los posibles impactos sociales, ambientales y económicos derivados de la fragmentación y liberalización del sistema eléctrico nacional, incluyendo riesgos para la protección de los recursos hídricos, el aumento de desigualdades territoriales y el debilitamiento del papel estratégico de las instituciones públicas del sector.

El gobierno local de Montes de Oca hace un llamado a fortalecer, modernizar y defender el sistema eléctrico costarricense desde una visión de interés público, sostenibilidad ambiental y justicia social, y no desde esquemas de mercantilización que puedan comprometer la soberanía energética del país.

Finalmente, el Concejo Municipal reitera su compromiso con la defensa de los servicios públicos esenciales, la transición energética justa y la protección del patrimonio ambiental y social de Costa Rica.

Información para SURCOS de M.Sc. Jorge Mora Portuguez, regidor, Municipalidad de Montes de Oca.

Sobre la política exterior de Costa Rica y la subordinación a intereses ajenos

Manifiesto del Instituto Sindical de Formación Política

El Instituto Sindical de Formación Política, en ejercicio de su compromiso con la defensa de la soberanía nacional, la justicia social y la dignidad de los pueblos, declara lo siguiente:

1. Costa Rica y su tradición pacifista

Costa Rica abolió su ejército en 1948, convirtiéndose en referente mundial de paz y desarme. Sin embargo, en los últimos años, nuestra política exterior ha mostrado una peligrosa contradicción: se han firmado propuestas de interacción militar continental que responden a la agenda de la llamada “Gran Norteamérica”, debilitando la esencia de nuestra tradición pacifista y democrática.

2. Subordinación a la política exterior de Estados Unidos

La política exterior costarricense se ha alineado de manera acrítica con los intereses de Estados Unidos, incluso en situaciones que la mayoría de países del mundo han condenado:

  • La tragedia humanitaria en Gaza, frente a la cual Costa Rica no ha matizado ni denunciado las violaciones de derechos humanos.
  • El bloqueo económico contra Cuba, rechazado año tras año por la Asamblea General de la ONU, pero aún respaldado por nuestro gobierno.
  • La guerra contra Irán, donde Costa Rica guardó silencio ante el bombardeo de escuelas e instalaciones civiles, y más bien expresó apoyo al gobierno de Donald Trump.

3. La herencia de la “república bananera”

Los trabajadores bananeros costarricenses, en sus huelgas históricas contra la United Fruit Company, llamaban “cipayos” a los capataces que se sometían a los dictados de la transnacional. Hoy, esa memoria nos interpela: seguimos comportándonos como una república bananera, subordinando nuestra política exterior a intereses ajenos, en detrimento de nuestra soberanía y de los derechos de nuestro pueblo.

4. Consecuencias económicas y sociales

Las decisiones temerarias de apoyar aventuras militares han derivado en crisis geopolíticas y energéticas, con efectos inflacionarios que golpean directamente a los trabajadores y consumidores costarricenses. El alza de los combustibles es prueba tangible de cómo la subordinación política se traduce en sufrimiento económico para la ciudadanía.

5. Responsabilidad de los gobernantes

Mandatarios como Rodrigo Chaves y Javier Milei, actuando como acólitos de Trump y Netanyahu, fueron de los pocos en el mundo en respaldar acciones irresponsables que hoy nos afectan a todos. La política exterior no puede ser un espacio de improvisación ni de servilismo, sino de defensa firme de los intereses nacionales y de los principios de paz que nos distinguen.

DECLARACIÓN FINAL

Costa Rica debe recuperar una política exterior independiente, soberana y solidaria, que:

  • Defienda los derechos humanos en todo contexto, sin selectividad ni subordinación.
  • Rechace bloqueos y agresiones contrarias al derecho internacional.
  • Honre nuestra tradición pacifista y de abolición del ejército.
  • Ponga en el centro los intereses de los trabajadores y de la ciudadanía, no los dictados de potencias extranjeras.

El Instituto Sindical de Formación Política llama a la reflexión crítica y a la acción organizada para que Costa Rica deje de comportarse como una república bananera y recupere su voz propia en el concierto de las naciones.

San José, mayo de 2026 Instituto Sindical de Formación Política