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Etiqueta: justicia social

CSJMP-ANEP propone nueva metodología para fijar el salario mínimo en el sector privado

La Central Social Juanito Mora Porras – Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (CSJMP-ANEP) presentó ante el Consejo Nacional de Salarios (CNS) una propuesta para que el cálculo del salario mínimo del sector privado para el año 2026 se base en parámetros que garanticen una vida digna, y no únicamente en indicadores macroeconómicos como la inflación o el crecimiento del PIB.

En su carta, fechada el 15 de octubre de 2025, la organización sindical reiteró su preocupación por la metodología actual de fijación salarial, la cual —según expone— “perpetúa estados de vulnerabilidad y ha condenado sistemáticamente a la población al endeudamiento y al estancamiento en los quintiles más bajos del ingreso”.

Crítica al modelo actual y necesidad de reforma estructural

La CSJMP-ANEP señala que los mecanismos actuales del Consejo Nacional de Salarios no reflejan la realidad del costo de vida ni las condiciones de los hogares de menores ingresos, ya que los cálculos se sustentan en datos generales de la economía nacional que “nada dicen sobre el consumo real ni la calidad de vida de las familias trabajadoras”.

El documento agrega que, pese a que la inflación haya disminuido, no se traduce en mayor poder adquisitivo ni en una mejor capacidad de consumo, mientras que las políticas gubernamentales han reducido la inversión en educación, seguridad social y programas públicos.

Propuesta sindical: implementar la metodología Anker

Como alternativa, la CSJMP-ANEP propone que el Consejo Nacional de Salarios adopte la metodología Anker, desarrollada por Richard y Martha Anker a través del Anker Research Institute, organización que produce referencias internacionales sobre salario e ingreso digno.

“Debe ponerse en agenda la implementación de esta metodología, asumiendo que los datos que arroje el cálculo salarial sirvan de base para la fijación del salario mínimo del sector privado. A partir de ahí podrán desarrollarse acciones que acerquen al cumplimiento formal de garantizar ingresos que generen dignidad para las personas trabajadoras”, indica la carta.

La Central subraya que esta propuesta busca alinear la política salarial con los estándares internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y con la obligación constitucional del Estado costarricense de promover la justicia social y la vida digna.

Llamado al diálogo social y a la justicia económica

El documento concluye haciendo un llamado al diálogo tripartito entre trabajadores, empresarios y gobierno, con el fin de reducir la desigualdad y fortalecer el Estado social de derecho, articulando acciones conjuntas que impacten el acceso a bienes y servicios de la clase trabajadora.

“Creemos en una Costa Rica con servicios sociales públicos fortalecidos y con acciones que reduzcan las brechas sociales y fomenten la justicia social”, afirma el comunicado.

La propuesta está firmada por Albino Vargas Barrantes, en representación de la Central Social Juanito Mora Porras – ANEP.

El documento completo puede descargarse aquí:
Propuesta salarial 2026 – CSJMP-ANEP (PDF)

Foro Nacional de Vivienda denuncia uso político y clientelista de la política habitacional

El Foro Nacional de Vivienda, movimiento social con representación en todo el país e integrado por más de 36 liderazgos comunitarios, activistas y representantes de asentamientos y territorios que históricamente han defendido el derecho humano a una vivienda digna, denunció ante la ciudadanía, la Asamblea Legislativa y los poderes de la República las prácticas de manipulación política y uso clientelar de los programas de vivienda por parte del Gobierno de Rodrigo Chaves Robles y del partido Pueblo Soberano, en el marco de la actual coyuntura electoral.

En su comunicado, el Foro recordó que desde su creación se ha consolidado como un espacio de articulación social y política no partidaria, orientado a visibilizar las demandas de miles de familias en situación de exclusión, promoviendo el acceso equitativo y transparente a soluciones habitacionales a través de la institucionalidad pública. Sin embargo, advierte que en los últimos meses ha constatado acciones sistemáticas que atentan contra estos principios y contra la ética pública.

Denuncias principales

  1. Uso político del BANVHI y del MIVAH.
    El Foro señala la utilización del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANVHI) y del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) como instrumentos de coacción y clientelismo electoral, aprovechando la vulnerabilidad de las familias beneficiarias.
    Entre los casos mencionados figura el Proyecto de Vivienda Santa Cecilia, en La Cruz de Guanacaste, donde se habría identificado la intervención directa de candidatos a diputación del partido Pueblo Soberano, quienes convocaron a reuniones con beneficiarios durante actividades institucionales, buscando capitalizar electoralmente el acceso a la vivienda, derecho humano garantizado por el Estado y no un favor político.

  2. Instrumentalización de actos públicos.
    El Foro también denuncia la utilización de entregas de viviendas y visitas regionales de la ministra de Vivienda como actos proselitistas y de promoción política, lo que califica como abuso de poder y violación al principio de neutralidad del Estado.
    A ello se suma —indica el comunicado— la intención de la jerarca de eliminar el bono del artículo 59, herramienta histórica que permite a familias de escasos recursos acceder tanto al lote como a la construcción de su vivienda, medida que agravaría las condiciones de exclusión social.

Llamado a las instituciones

El Foro Nacional de Vivienda rechaza categóricamente la utilización del derecho a la vivienda como mecanismo de control político, coacción o chantaje electoral, y exige a la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, el Tribunal Supremo de Elecciones y la Asamblea Legislativa investigar de forma urgente y exhaustiva los hechos denunciados.

El movimiento enfatiza que la vivienda es un derecho humano, no un instrumento electoral, y hace un llamado a la transparencia, la justicia social y el respeto a la dignidad de las familias costarricenses.

“¡Por una política de vivienda justa, transparente y libre de clientelismo!”, concluye el comunicado.

El documento completo puede descargarse en el siguiente enlace:
Comunicado del Foro Nacional de Vivienda (PDF)

Entre el Nobel, ruinas y semillas: la vida en tiempos convulsos

JoseSo – José Solano-Saborío

1973…. Hace 52 años se vio el máximo cinismo de la comisión noruega que otorga ese “premio”, Henry Kissinger, en el mismo año en el que planeó el Golpe contra Allende y ordenó su asesinato y el de miles de chilenos… ganó en ese año el “Nobel de la Paz”.

Le Duc Tho, contraparte vietnamita de la guerra que usaron de excusa, por lo menos tuvo la hidalguía de rechazar el premio conjunto con el que pretendieron disimular…. El Premio Nobel de la Guerra dado al asesino Kissinger… ¿O será más bien el Nobel al Poder?

El ciudadano común —ese que madruga, que sueña con un mejor futuro para sus hijos, que carga con esperanzas rotas y aun así insiste en levantarse— vive hoy bajo un cielo cargado de tormentas. Las guerras, sean en el Báltico o en el Medio Oriente nos recuerdan que la humanidad sigue atrapada en la vieja lógica de la pólvora. La amenaza de invasión gringa a Venezuela, con otras potencias jugando a la geopolítica en el Caribe, convierte a nuestra Latinoamérica en tablero de ajedrez de intereses ajenos, aunque seguimos siendo “un pueblo sin piernas, pero que camina…”, como nos dijo Residente.

La Paradoja de gente que ve esperanza falsa en Trump que se auto postula como pacificador global y hasta como Nobel de la Paz, militariza ciudades enteras y oprime a las minorías en su propio país. La paradoja es brutal: quien predica paz afuera, siembra miedo adentro.

En el sur, los jubilados argentinos se han convertido en símbolo de dignidad. Con pancartas y bastones, enfrentan la política económica ultra libertaria de Milei, que los condena a la precariedad mientras desprecia el legado cultural de figuras como Charly García y olvida las lecciones que dejó la dictadura de Videla. La represión contra ancianos que apenas reclaman lo mínimo es un eco doloroso de los años más oscuros de la historia argentina.

Ah… y Centroamérica, mientras, retrocede en sus avances democráticos. Gobiernos que concentran poder, voces críticas silenciadas, instituciones debilitadas: la región parece caminar en reversa hacia un déjà vu de caudillos y dictadores.

Acá, en Costa Rica, la democracia más estable de la región, el hartazgo del tico con partidos desgastados abre espacio a los cantos de sirena del populismo y la autocracia. El desencanto se convierte en terreno fértil para discursos que prometen soluciones fáciles, pero que esconden riesgos profundos para su Estado Social de Derecho.

Todo esto no son hechos fortuito ni espontáneos. Son síntomas de una humanidad que va, inexorablemente, hacia un cambio de era: la consolidación de nuevas élites globales, armadas con sus IA que disputan el poder con métodos cada vez más virulentos, mientras la gente común se siente atrapada en un tablero donde nunca mueve las piezas.

Sin embargo, incluso en medio de la tormenta, hay semillas de esperanza. La nueva generación —esa que marcha por el clima o se lanza en botes a enfrentar un genocidio en un mar de incertidumbre, que defiende la diversidad, que exige transparencia y que parece no teme cuestionar a los poderosos— tiene la oportunidad de superar nuestros errores. Nuestra tarea es no dejarles un terreno arrasado, sino al menos un espacio donde puedan construir.

Quizá nuestra generación retrocedió más su humanismo de lo que avanzó en tecnología. Pero si ellos logran dar un paso más allá, si se atreven a soñar donde nosotros nos resignamos, entonces habrá valido la pena resistir. Porque la historia no se mide solo en derrotas: también en la capacidad de cada generación de recomenzar la esperanza.

Yo, por el momento, con más pasado que futuro, solo quiero dar mis últimas luchas, por mi hija y los hijos de todos…

Foro sobre Economía Social y Solidaria marca un hito en el diálogo nacional

Comunicado

San José, 10 de octubre de 2025. La Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal celebra el éxito del Foro Economía Social y Solidaria “Impulso al desarrollo sostenible en la Costa Rica del Bicentenario”, realizado el 9 de octubre en el Auditorio de JUPEMA, el cual contó con la destacada participación de las candidaturas a la Presidencia de la República.

Durante el encuentro, las personas aspirantes a la presidencia nacional expusieron sus compromisos y propuestas sobre cómo impulsar desde sus eventuales gobiernos a un sector que integra a más de 27 mil organizaciones y a 1,6 millones de personas asociadas. Se abordaron temas cruciales como la generación de empleo digno, la inclusión social, la innovación y el fortalecimiento del marco legal e institucional que sustenta a la ESS en el país.

La masiva asistencia de delegados, representantes de organizaciones sociales y productivas, así como de diversos sectores de la sociedad civil, evidenció el interés nacional en fortalecer un modelo económico que, con base en la solidaridad y la justicia social, contribuye de manera directa al desarrollo sostenible de Costa Rica.

Compromiso de las candidaturas presidenciales

Como parte trascendental de este foro, las candidaturas presentes suscribieron el Compromiso por el fomento de la Economía Social Solidaria en Costa Rica, un acuerdo histórico que reconoce la relevancia del sector y establece acciones concretas para su fortalecimiento.

El documento firmado contempla, entre otros aspectos:

  • Respaldar e impulsar un proyecto de ley que será el marco jurídico para la Economía Social y Solidaria.

  • Vigorizar la institucionalidad que brinda apoyo a la ESS, dotando de recursos a la Dirección de Economía Social Solidaria del MTSS y formalizando la creación del Viceministerio de ESS.

  • Retomar el funcionamiento del Consejo Presidencial de Economía Social Solidaria como máxima instancia ejecutiva en esta materia.

  • Robustecer el Observatorio de ESS y avanzar en la creación de una cuenta satélite nacional con apoyo del Banco Central y el INEC.

  • Garantizar el acceso del sector a programas como FODEMIPYME y Sistema de Banca para el Desarrollo mediante un marco normativo más inclusivo.

  • Favorecer las compras públicas al sector, incorporando cláusulas sociales en los carteles de contratación y brindando asesoría especializada.

  • Fortalecer el rol del Banco Popular y de Desarrollo Comunal como la entidad financiera líder de la ESS, asegurando tanto el apoyo financiero como no financiero y resguardando su estabilidad y gobernanza democrática.

La firma de este compromiso representa un hito en el reconocimiento político e institucional de la economía social solidaria, enviando un mensaje claro a la ciudadanía sobre la importancia de construir un modelo económico más inclusivo, participativo y sostenible.

Con este foro y el acuerdo alcanzado, la ESS reafirma su papel estratégico en la Costa Rica del Bicentenario y abre una ruta concreta hacia la consolidación de políticas públicas que fortalezcan este sector como motor de desarrollo nacional.

Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal

¿Qué es la ATTBPDC?
El Conglomerado Financiero Banco Popular y de Desarrollo Comunal es propiedad de más de un 1,5 millón de personas trabajadoras en Costa Rica
. La Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (ATTBPDC) es la máxima instancia del Banco y está compuesta por 290 delegados y delegadas que son elegidas por los sectores comunal, artesanal, cooperativo tradicional, cooperativo de autogestión, sindical confederado, sindical no confederado, profesional, magisterio nacional, profesional y personas trabajadoras independientes. Su misión es procurar y promover el bienestar social y económico de los trabajadores y trabajadoras, Desde su creación en 1986, la ATTBPDC ha sido un pilar fundamental y su impacto contribuye en mejorar la calidad de vida de los costarricenses.

Sostenibilidad y sustentabilidad como conceptos complementarios en el desarrollo contemporáneo: Una propuesta (Énfasis en la participación ciudadana)

Alberto Salom Echeverría

Marco Conceptual

1. Introducción

En el debate contemporáneo sobre desarrollo, los conceptos de sostenibilidad y sustentabilidad ocupan un lugar central. Aunque a menudo son utilizados como sinónimos, existen matices semánticos y enfoques teóricos que permiten establecer distinciones relevantes entre ambos términos. Esta propuesta parte de la premisa de que, si bien dichos conceptos pueden ser diferenciados en su énfasis y alcance, deben ser entendidos como complementarios y no excluyentes, especialmente al momento de formular estrategias de desarrollo inclusivas, duraderas y contextualizadas. A esta distinción se suma una tercera dimensión esencial: la participación ciudadana como eje transversal y articulador del desarrollo.

2. Valor semántico de los conceptos

Las palabras no son neutras: encierran significados que orientan las políticas, definen prioridades y reflejan visiones del mundo. En este sentido, es útil revisar el valor semántico de sostenibilidad y sustentabilidad como parte de un análisis crítico del discurso sobre el desarrollo.

• El término sostenibilidad proviene del verbo sostener, asociado con la capacidad de mantener un equilibrio en el tiempo. En el contexto del desarrollo, se refiere comúnmente a la capacidad de una sociedad para crecer y evolucionar sin comprometer los recursos y derechos de futuras generaciones.

• Por otro lado, sustentabilidad, derivado de sustentar, connota apoyo, base o fundamento. Su uso en América Latina ha adquirido una connotación particular que enfatiza no solo la continuidad temporal del desarrollo, sino también la equidad social, la inclusión de los sectores históricamente marginados y la preservación del entorno local.

3. Marco teórico de la sostenibilidad

El concepto de desarrollo sostenible fue popularizado por el Informe Brundtland (ONU, 1987), que lo definió como “el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas”. Desde entonces, ha sido adoptado por organismos internacionales como la ONU, la Unión Europea y el Banco Mundial.

Este enfoque se articula en torno a tres pilares fundamentales:

1. Crecimiento económico: generación de riqueza y empleo.

2. Equidad social: mejora de la calidad de vida y reducción de desigualdades.

3. Protección ambiental: uso racional de los recursos naturales.

La sostenibilidad, desde esta óptica, es una estrategia de equilibrio estructural, que busca garantizar la estabilidad sistémica a largo plazo.

4. Enfoque crítico de la sustentabilidad

En América Latina y otros contextos del Sur Global, ha emergido una lectura crítica del desarrollo, que ha resignificado el término sustentabilidad.

Autores como Arturo Escobar, Enrique Leff y Boaventura de Sousa Santos han planteado que la sustentabilidad no puede limitarse a mantener un modelo económico viable, sino que debe implicar una transformación estructural basada en:

• Justicia ecológica y social.

• Respeto a la diversidad cultural y territorial.

• Participación ciudadana de comunidades locales.

• Autonomía en la gestión de recursos.

La sustentabilidad incorpora una ética del cuidado y un compromiso con la equidad intergeneracional e intrageneracional, particularmente en contextos históricamente afectados por la desigualdad, el extractivismo y la marginalización.

4 bis. La participación ciudadana como eje articulador del desarrollo sostenible y sustentable

Tanto la sostenibilidad como la sustentabilidad, en sus distintas aproximaciones, requieren de un componente esencial para su realización práctica: la participación de la ciudadanía en forma activa. Sin esta, cualquier modelo de desarrollo corre el riesgo de volverse tecnocrático, excluyente o desconectado de las realidades territoriales.

Participación y sostenibilidad

Desde el enfoque institucional, la sostenibilidad requiere mecanismos de gobernanza participativa para que las decisiones de largo plazo respondan a las necesidades reales de la población. La Agenda 2030, por ejemplo, destaca que los ODS deben ser alcanzados con la implicación de todos los actores: gobiernos, sector privado, academia y, fundamentalmente, la ciudadanía enfatizando en este caso en los sectores populares tradicionalmente excluidos. Han de buscarse con denuedo mecanismos de organización y capacitación para involucrarlos en las tareas del desarrollo.

Participación y sustentabilidad

En el enfoque más crítico y transformador de la sustentabilidad, la participación adquiere un carácter aún más central. Se entiende no solo como consulta o validación, sino como cogestión, empoderamiento y ejercicio de poder colectivo. La sustentabilidad implica que las comunidades tengan capacidad real para decidir sobre el uso de sus recursos, sus territorios y su futuro.

Tipos y niveles de participación

Es importante distinguir entre participación simbólica o consultiva y participación sustantiva, en la cual los actores sociales inciden efectivamente en el diseño, implementación y evaluación de políticas. Esta última requiere:

• Transparencia en la gestión pública.

• Acceso equitativo a la información.

• Espacios institucionalizados de diálogo y deliberación.

• Mecanismos de control ciudadano y rendición de cuentas.

Implicaciones en el contexto latinoamericano

En América Latina, la participación ciudadana ha sido clave para impulsar agendas ambientales y sociales alternativas, desde asambleas territoriales hasta presupuestos participativos. En países como Costa Rica, donde existe un cierto grado de organización civil y ambientalismo activo, profundizar la participación es esencial para garantizar que las estrategias de desarrollo no solo sean técnicamente viables, sino también socialmente legítimas y ecológicamente justas.

5. Implicaciones prácticas en América Latina

En la región latinoamericana, los términos se han aplicado de forma diferenciada según contextos institucionales y culturales:

• Sostenible es más usado en el ámbito internacional y tecnocrático, en planes nacionales y en la adopción de los ODS.

• Sustentable aparece con mayor frecuencia en el discurso académico, comunitario y ambientalista, con un enfoque más crítico y territorial.

Lejos de ser términos contrapuestos, pueden entenderse como dos niveles complementarios:

• Lo sostenible como estructura de largo plazo que garantiza viabilidad.

• Lo sustentable como proceso transformador que garantiza equidad y arraigo social/ecológico.

• Y la participación ciudadana como el vínculo que articula ambos enfoques y permite su legitimidad democrática.

6. Aplicación sugerida al caso costarricense

Costa Rica había conseguido importantes avances en la incorporación de ambos enfoques:

• A nivel institucional, había adoptado formalmente los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y había empezado a establecer mecanismos de gobernanza para su implementación. Sin embargo, en estos últimos tres años y medio, merced al populismo y autoritarismo del gobierno, tales iniciativas se detuvieron y se vieron reemplazadas por decretos verticales, mediante los que se buscó manipular a sectores populares con poses demagógicas y gritos estentóreos.

• A nivel local y comunitario, diversas iniciativas se habían impulsado por medio de prácticas sustentables, como la agroecología, la conservación comunitaria, el turismo rural y la gestión participativa de los recursos naturales.

• A través de programas como la Red Cantones Promotores de los ODS y el Pacto Nacional por los ODS, el país ha de generar experiencias de gobernanza compartida, que, a partir de lo que se había logrado, deben ser ampliadas y profundizadas mediante el fortalecimiento de la participación ciudadana.

Esta dualidad puede ser aprovechada para diseñar nuevas políticas públicas que integren lo estructural con lo local, lo económico con lo ecológico, y lo técnico con lo ético.

7. Conclusión

Distinguir entre sostenibilidad y sustentabilidad no implica contraponer modelos, sino enriquecer el análisis del desarrollo desde múltiples dimensiones. Mientras la sostenibilidad se enfoca en la viabilidad estructural y temporal de los sistemas sociales y ecológicos, la sustentabilidad aporta una mirada ética, inclusiva y transformadora, orientada por la justicia ambiental y social.

La participación ciudadana, en este marco, constituye el puente necesario para que ambos enfoques se traduzcan en procesos reales, democráticos y enraizados en los territorios, garantizando legitimidad, corresponsabilidad y capacidad de transformación.

Historias de un caminante – Solidaridad con Palestina

Edison Valverde Araya

Recibo una llamada de la compañera Narcissa Carrera, quien me invita a ir a la Embajada de Colombia, a un acto de solidaridad con Palestina, junto con Marta Eugenia Mora Corrales, ambas amigas y mujeres luchadoras por la justicia, la solidaridad y el Buen Vivir de su cantón Desamparados, la Patria Grande y la Humanidad.

Fuimos recibidos por el señor Embajador, hubo presentación de todas las personas presentes y se leyeron mensajes de varias organizaciones dirigidos al señor Gustavo Petro, presidente de Colombia, en apoyo por su discurso y acción en la ONU y en las calles de Nueva York.

El dilema del 57%: más allá del voto útil y el voto castigo

JoseSo (José Solano-Saborío)

La cifra es elocuente y define la coyuntura: el 57% de la ciudadanía costarricense se declara sin partido o candidato definido (CIEP-UCR). Este no es un dato de apatía, sino el síntoma de una profunda desilusión y una crisis de representatividad. Para este electorado pivotal, la elección de febrero no es una simple contienda entre partidos, sino un complejo plebiscito sobre el rumbo del país, donde la disyuntiva parece reducirse a un oficialismo percibido como populista y autocratizante y una oposición fragmentada que ofrece cambio, pero con rostros múltiples y a veces contradictorios.

Ante este escenario, el votante indeciso debe tomar una decisión que trasciende el candidato individual. Se trata de elegir una estrategia de país, sopesando tres dimensiones críticas: la preservación de la democracia liberal, la consecución de la justicia social y la modernización del Estado Social de Derecho para hacerlo viable en el siglo XXI.

El oficialismo: ¿Continuidad o consolidación de un riesgo?

La opción oficialista se presenta como la defensora de la integridad y la transparencia, “único mal que nos aleja de convertirnos en una potencia regional”, aunque se tenga que sacrificar la justicia social y los logros del Estado Social de Derecho. Su argumento se centra en culpar a las instituciones sociales que califica como “corruptas e ineficientes” e “instrumentos de la élite”, por lo que hay que eliminarlas, algo así como la versión tica del “Estado Profundo” del QAnon de los gringos.

Que atractivo tiene el chavismo que ofrecer al 57% de indecisos o “sin partido”.

Pros para el votante indeciso: Ofrece una aparente estabilidad y continuidad en políticas macroeconómicas como la reducción de la deuda pública. Apela a la “modernización” de un modelo que, en el pasado, dio prosperidad al país, pero que fue corrompido. Para quien prioriza evitar un shock económico sobre una regresión en derechos sociales, puede parecer atractivo.

Contras fundamentales: El gran riesgo radica en la deriva autocrática. Las constantes pugnas con otros poderes del Estado, la retórica confrontativa y las prácticas que erosionan los controles y equilibrios democráticos son una alerta máxima. Un voto por el oficialismo puede interpretarse como un aval a este estilo de gestión, que podría consolidar un modelo de concentración de poder incompatible con la democracia costarricense histórica. Además, en el caso de los partidos más viejos o tradicionales, su discurso a menudo se muestra resistente a las reformas modernizadoras pero progresivas urgentes que el país necesita en materia fiscal, de empleo y de eficiencia estatal.

La oposición fragmentada: oportunidad y desconfianza

La oferta opositora es plural, pero su fragmentación es a la vez su fortaleza y su mayor debilidad. Una parte de nuevas opciones política y coaliciones representan la alternativa de cambio, pero sin una visión unificada, ni convincente hasta ahora.

Pros para el votante indeciso: Encarna la posibilidad de restaurar los equilibrios democráticos y frenar la concentración de poder que pretende consolidar el chavismo. Diversos sectores opositores proponen agendas de modernización del Estado, atracción de inversión y generación de empleo, abordando problemas económicos críticos que afectan la calidad de vida. Un voto por la oposición es, en esencia, un voto por la alternancia y la renovación del sistema.

Contras fundamentales: La falta de unidad genera incertidumbre. ¿Un gobierno de coalición por un posible consenso para la eventual segunda ronda? ¿Será viable o será ingobernable? Existe el temor fundado de que, una vez en el poder, las facciones opositoras repitan viejas prácticas clientelistas o impulsen reformas sin los consensos necesarios, generando conflictividad social. Para el votante que valora la justicia social, el desafío es discernir si la “modernización” propuesta no será un eufemismo para desmantelar conquistas sociales.

Estrategias de voto: ¿El voto útil o quebrar el voto?

Aquí es donde la decisión del 57% se vuelve táctica.

El voto útil: Consiste en apoyar al candidato opositor con mayores posibilidades de derrotar al oficialismo en una eventual segunda ronda, aunque no sea la opción preferida. Es una estrategia pragmática cuyo objetivo principal es garantizar el cambio de gobierno y la defensa del sistema democrático.

Pro: Maximiza la probabilidad de evitar la reelección del oficialismo. Es una respuesta contundente a la polarización.

Contra: Sacrifica la expresión de una preferencia ideológica más afinada. Puede perpetuar un sistema bipartidista de facto y desincentivar la oferta de propuestas más innovadoras y específicas.

Quebrar el voto (o voto estratégico distinto): Implica votar por una opción opositora que, aunque no lidere las encuestas, represente mejor los valores e intereses del votante (por ejemplo, una opción más centrada en la modernización tecnocrática o, por el contrario, en una justicia social renovada). La esperanza es que una buena votación para estas opciones fuerce al eventual ganador opositor a incorporar sus agendas en un gobierno de coalición y consensos.

Pro: Fortalece la democracia al mostrar el peso real de distintas corrientes de opinión. Envía un mensaje claro sobre las prioridades de la ciudadanía (medio ambiente, transparencia, economía social solidaria, etc.).

Contra: Es un riesgo calculado. Si el voto opositor se fragmenta demasiado, podría facilitar el paso a la segunda ronda del oficialismo, frustrando el objetivo común de cambio.

Un voto por la gobernabilidad democrática futura

El ciudadano del 57% no debe sentirse presionado a elegir entre democracia y justicia social. Esa es una falsa disyuntiva. La verdadera elección es cómo construir una gobernabilidad que garantice ambas.

La pregunta clave es: ¿Qué escenario ofrece más posibilidades de reconstruir un pacto social que modernice el Estado Social de Derecho sin destruirlo?

Un voto por el oficialismo, en la percepción mayoritaria, parece condenar al país a otros cuatro años de polarización y estancamiento en las reformas urgentes, con el riesgo latente de una mayor erosión democrática y concentración del poder e, incluso, la venta o desmantelamiento del ICE, la Banca Estatal, el INS y demás ‘joyas de la abuela’.

Un voto por la oposición, a pesar de su desorden, abre la puerta a la incertidumbre, pero también a la oportunidad. La responsabilidad del 57% no termina el primer domingo de febrero. Su verdadero poder será exigir, vigilar y participar para que, cualquiera que sea el resultado, el próximo gobierno entienda que su mandato no es imponer una ideología, sino facilitar un diálogo nacional que reconcilie la justicia social con un Estado eficiente, la sólida con una economía pujante. El voto no es el fin, es el primer acto de una ciudadanía que despierta para reclamar su futuro.

Sin hablar de seguridad pública, seguridad alimentaria y el agro, la recesión turística, por ahora me voy prometiendo hablar de esto y qué oferta hacen los movimientos políticos, en la próxima.

Saludos desde el este.

La deuda a la CCSS es un crimen social del neoliberalismo

El Partido Vanguardia Popular (PVP) denuncia con firmeza la política neoliberal que alienta el abandono institucional de los sectores sociales más desprotegidos de nuestro país. El reciente recorte presupuestario anunciado por el Gobierno, que deja a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) sin recursos suficientes para pagar las pensiones no contributivas, es un crimen social inadmisible.

I. Lo que está ocurriendo

Para el año 2026, el Gobierno asignará ¢163 mil millones al Régimen No Contributivo de la CCSS, lo que supone un recorte de ¢29.413 millones con respecto al presupuesto de 2025.

Específicamente, las pensiones para adultos mayores pasarán de ¢102 mil millones en 2025 a tan solo ¢71 mil millones en 2026.

Se proyecta un déficit superior a los ¢60 mil millones para poder cumplir obligaciones ya existentes, lo que hace que no haya dinero suficiente ni para pagar lo que actualmente se adeuda, ni para otorgar nuevas pensiones que el Plan Nacional de Desarrollo estipula (unas 5.000 pensiones nuevas).

Además, el Estado planea cubrir solo el 55 % de lo que debe transferir a la CCSS en el concepto del Seguro de Salud, generando un faltante de más de ¢400 mil millones adicionales.

II. Nuestra condena

El Partido Vanguardia Popular considera que:

Este recorte presupuestario es responsabilidad directa de un modelo neoliberal que prioriza los intereses financieros por encima de los derechos sociales fundamentales. Es inconcebible que en un país con los niveles de desigualdad e injusticia que vivimos, se recorten recursos que garantizan la dignidad y la subsistencia de quienes más lo necesitan.

El abandono de la CCSS, en temas de pensiones, salud, pensiones no contributivas, falta de especialistas, infraestructuras sanitarias y personal, constituye una violación del deber del Estado de garantizar el bienestar y la protección social. El recorte anunciado intensifica la crisis de acceso a servicios esenciales.

La multimillonaria deuda del Estado con la CCSS, que incluye obligaciones pendientes en salud, IVM, pensiones no contributivas y obligaciones legales, agrava la situación y pone en riesgo la salud pública, las vidas de miles de personas adultas mayores, con discapacidad o de bajos ingresos, así como la estabilidad institucional de nuestra Caja.

La corrupción y los escándalos recientes, particularmente el Caso Barrenador y el ERP-SAP, deben investigarse con rigor. No basta con mencionar estos casos, hay vidas humanas que pagan el costo del desvío de recursos y la ineficiencia, cuando se deberían invertir esos fondos en salud, pensiones, servicios básicos, personal y especialistas.

III. Demandas del PVP

Exigimos al Gobierno y a la Asamblea Legislativa que actúen con urgencia:

Restablecer el presupuesto necesario para que la CCSS pueda cumplir con el pago completo de las pensiones no contributivas para adultos mayores, sin recortes arbitrarios.

Garantizar los recursos para la atención de salud, para el Seguro de Salud, para el IVM, para personal, especialistas e infraestructura sanitaria adecuados.

Saldar la deuda pendiente que mantiene el Estado con la CCSS, como un acto de responsabilidad con quienes más lo necesitan.

Apertura inmediata de investigaciones independientes con transparencia plena sobre los casos de corrupción (Caso Barrenador, ERP-SAP, otros), y sanción efectiva para quienes resulten responsables.

Implementar políticas económicas y fiscales progresivas que redistribuyan equitativamente la riqueza, en lugar de recortar derechos sociales esenciales.

IV. Nuestro compromiso

El PVP reafirma su compromiso con la justicia social, la solidaridad, y la defensa de los derechos humanos. No permitamos que el neoliberalismo siga relegando al olvido a las personas más vulnerables. Estaremos vigilantes, movilizándonos y proponiendo alternativas que garanticen que todos los costarricenses tengan acceso a una vida digna, con salud, pensiones, vivienda, educación y bienestar.

Este gobierno tiene la responsabilidad política, moral y legal de responder ya. Ninguna persona debe quedar sin pensión, sin atención médica, sin dignidad, ni sin esperanza.

Llamamos a la ciudadanía a defender la salud pública, la CCSS, como pilares fundamentales para la salud y la vida de nuestro pueblo. Organización y lucha es la única alternativa contra este despojo.

Partido Vanguardia Popular

23 de setiembre 2025

«Su batalla cultural y la nuestra» de Fernando Buen Abad

Henry Mora Jiménez

La disputa por los significados

Hasta hace algunos días pude leer el artículo “Su batalla cultural y la nuestra”, del filósofo mexicano Fernando Buen Abad (publicado a inicios de julio pasado en LaRedH). Creo que la propuesta de Buen Abad merece al menos un comentario de nuestra parte.

¿De qué hablamos cuando hablamos de «Batalla Cultural»?

El término «Batalla Cultural» se ha vuelto central en el discurso de políticos, medios de comunicación y redes sociales a nivel global. Originalmente, es un concepto que las derechas y los sectores conservadores utilizan para describir su lucha contra lo que ellos llaman una «hegemonía progresista» o «dictadura progre» que, según alegan, domina espacios como la educación, los medios, el arte y las leyes. Afirman estar resistiendo para defender «valores tradicionales» como la familia, la patria y la libertad, que sienten amenazados. El artículo analiza esta estrategia no como una defensa genuina, sino como una poderosa ofensiva ideológica para mantener el control sobre los significados que estructuran nuestra sociedad.

El análisis de la «Batalla Cultural» de la derecha y la propuesta de respuesta

Fernando Buen Abad explica que, desde un punto de vista de izquierdas, esta «batalla» es en realidad una disputa por el poder simbólico: es una guerra por controlar el significado de las palabras, las narrativas y las emociones que dan forma a nuestro sentido común.

¿Cómo funciona la estrategia de la derecha?

Se presentan como «rebeldes»: Aunque suelen detentar el poder económico y político, se pintan a sí mismos como víctimas de una élite cultural progresista dominante. Esto es una inversión del concepto de «hegemonía cultural» de Gramsci.

Usan palabras cargadas y emocionales: Emplean significantes como «libertad», «adoctrinamiento», «ideología de género» o «marxismo cultural» de manera flexible. Estos términos no tienen un significado fijo, sino que se llenan de contenido emocional (miedo, indignación, nostalgia) para movilizar a la gente. Por ejemplo, «libertad» puede significar para ellos libertad de mercado o de no pagar impuestos, no la libertad social o la libertad de expresión.

Construyen un «enemigo»: Crean la figura de un «Otro» negativo (la feminista, el migrante, el maestro «adoctrinador», el «comunista») que funciona como una amenaza unificadora para su base.

Dominan las redes sociales: Su batalla se libra eficazmente en plataformas como TikTok, YouTube y con memes. No apelan a la razón con datos, sino a la afectividad y las emociones con relatos simples, gestos e imágenes virales, ganando terreno especialmente entre audiencias jóvenes.

La propuesta: Nuestra batalla cultural
Frente a esto, Buen Abad argumenta que la izquierda no puede limitarse a denunciar hechos o defender instituciones. Debe aprender a disputar el sentido. Esto significa:

– Producir símbolos, relatos y prácticas alternativas y emancipadoras.

– Romper las asociaciones de ideas que impone la derecha (ejemplo: feminismo = destrucción de la familia).

– Apropiarse de los lenguajes populares y generar contra-narrativas deseables, no solo verdaderas.

– Entender que la política es, también, una lucha por los significados que organizan la vida social.

La importancia de este análisis para entender la realidad de Costa Rica

Este tipo de análisis es también de enorme importancia para Costa Rica porque nos permite decodificar la política actual más allá de la superficie. El país no es ajeno a esta «batalla cultural» global. Discusiones intensas y polarizadas sobre la educación sexual, el lenguaje inclusivo, el papel de la religión, las instituciones, la identidad nacional (Tercera república) o la figura de los sindicatos son reflejo de esta misma disputa por el sentido común.

Entender que detrás de eslóganes emocionales y campañas en redes hay una estrategia semiótica organizada para resemantizar conceptos como «familia», “liderazgo” o «libertad», nos ayuda como ciudadanos a:

No caer en polarizaciones simplistas: Permite analizar críticamente los mensajes, identificando los intereses reales que hay detrás de un discurso que se vende como «rebelde» o «antisistema».

Comprender la raíz de los conflictos: Muchas tensiones sociales no son solo sobre leyes o economía, sino sobre qué valores y significados queremos que definan nuestra sociedad.

Exigir una disputa de ideas más robusta: Empuja a quienes defienden propuestas progresistas, de justicia social o de emancipación humana a comunicarlas mejor, con narrativas potentes y emocionalmente resonantes que conecten con la gente, yendo más allá de los informes técnicos y las declaraciones académicas.

En esencia, este marco analítico nos da herramientas para ser ciudadanos más críticos de la información que nos ahoga y participantes más conscientes en la vida democrática costarricense, reconociendo que la lucha por el poder pasa, inevitablemente, por la lucha por el significado de las palabras con las que entendemos el mundo.

Género, poder y democracia en la academia

III Congreso Universitario “Universidad y Sociedad”. Fuente: AUROL ¡Los académicos no deben voltear la mirada!

Rosaura CHinchilla-Calderón
Rosaura.chinchilla@ucr.ac.cr
Docente a.i. en la Facultad de Derecho

Nuestro país transita un campo minado: se ha erosionado el pacto social que nos sostuvo y se dinamitan pilares como la autonomía universitaria. El regateo de recursos del FEES, las leyes de empleo público y la desvalorización de la educación superior son síntomas de un desgaste estructural que también se refleja en la propia comunidad universitaria. El mundo tampoco ofrece un respiro. Autoritarismos renovados, neofascismos, guerras y genocidios ignominiosos asedian democracias frágiles y penetran los espacios académicos. En ese marco, los derechos se negocian a la baja y retroceden. Mientras tanto, en casa, los feudos internos de poder impiden acciones de avance.

Congresos con deuda pendiente

La UCR, aunque fue el primer centro educativo superior moderno y formalmente laico del país —al suceder a la pontificia Universidad de Santo Tomás que, además de Letras y Derecho contaba con Facultad de Teología— absorbió parte de las unidades académicas de aquella y las unió a otras nuevas, pero sin generar una unificación integradora. De allí que el quehacer universitario se fuera ajustando mediante la reflexión intra-orgánica por medio de los congresos universitarios los cuales se convirtieron en espacios de autocrítica y reforma. A esta fecha suman siete y un octavo está en curso. Algunos marcaron hitos, como el tercero (1971-72), que transformó la estructura académica. Solo en el quinto (1990) se instauró una comisión para reflexionar sobre “la (sic) mujer universitaria”.

Democracia universitaria: el ángulo olvidado

El VIII Congreso se desarrolla bajo el lema: “La construcción de la Universidad del futuro en respuesta a las necesidades nacionales y globales”. Una consigna esperanzadora que quedará en palabras si no se aprovecha la coyuntura para afrontar la deuda histórica con la democratización universitaria tanto externa —para llevar aún más oportunidades educativas de calidad a diversas zonas del país— como con la interna a fin de disminuir las brechas que hoy caracterizan el quehacer universitario. Entre estas se encuentran distorsiones como

  1. el desigual peso de las voces en la deliberación interna según se provenga del sector académico, administrativo o estudiantil;

  2. las desigualdades entre el personal académico de la sede central frente a las sedes regionales;

  3. la infravaloración del personal en condición de interinazgo frente al adscrito a régimen académico.

Sin embargo, la brecha más persistente es la de género, a la que se suman condicionantes interseccionales que generan nuevas estratificaciones. Mujeres interinas, en sedes regionales, indígenas, afrodescendientes o con alguna condición de discapacidad, para citar solo algunos casos, estarán en el vértice de las discriminaciones. Aunque es vital reflexionar sobre todas las formas de democratización universitaria, me centraré en esta última.

Androcratemia”

Designaremos, caprichosamente, como “androcratemia” el estado patológico de una comunidad de saberes en donde el poder masculino se naturaliza, reproduce y legitima como si fuera parte de su funcionamiento vital. El término une las raíces griegas “andrós” (hombre, varón), “Kratos” (poder, dominio) y “-emia” (sufijo de patologías sistémicas, como en anemia o septicemia, y morfonema final de la palabra “academia”). Y este es, precisamente, el estado de las cosas en la UCR.

Baste mencionar que el sexismo en nuestra academia está tan naturalizado que en más de 80 años de historia solo ha habido una rectora propietaria; la cantidad de profesoras eméritas y catedráticas es escandalosamente menor respecto de sus pares varones; los salones y plazas llevan nombres masculinos; cientos de docentes sostienen el quehacer interno con sus interinazgos perennes y la composición de las Asambleas de Facultad, Consejos Científicos de Institutos de Investigación y de paneles académicos convocados sigue siendo mayoritaria o exclusivamente masculina.

Pese a ello, los acuerdos formales adoptados por las instancias administrativas y de gobierno de la UCR sobre la discriminación contra las mujeres universitarias han sido pocos, recientes y no exentos de resistencia. No fue sino hasta 2020 en que el Consejo Universitario (CU) aprobó el proyecto Mujeres en la bibliografía para: “1. Exhortar a la comunidad universitaria a desarrollar procesos reflexivos que permitan identificar las desigualdades de género presentes en la academia, para así tomar medidas concretas, a fin de erradicar las inequidades existentes…” También se comprometió a incluir la perspectiva de género en el trabajo cotidiano de la Universidad y a elaborar diagnósticos anuales sobre el estado interno de la igualdad de género. Más recientemente se han creado iniciativas como PUBLICARE para estimular la producción académica de mujeres y su ascenso en régimen académico; surgió la Unidad de género de la UCR y la Red de Mujeres en Ciencias, Ingenierías y Humanidades. Sin embargo, fueron las denuncias públicas las que propiciaron la depuración de la tramitología asociada a procesos por acoso sexual en la docencia y no se ha dado el paso principal: implementar acciones afirmativas que garanticen la igualdad en la academia.

Paridad de género: una obligación, no una opción

El VIII Congreso tanto como las actuales autoridades universitarias no deberían evadir más la cuestión. Se requieren reformas estatutarias que garanticen la paridad en órganos de decisión y que implementen medidas afirmativas claras: concursos y becas exclusivas para mujeres, criterios diferenciados de admisión para poblaciones históricamente marginadas (como ya aprobó el CU algunas) y políticas de contratación que eliminen carteles diseñados a la medida de unos, no pocas veces cercanos a centros decisorios.

Quien objete estas medidas bajo el argumento de “discriminación inversa” desconoce que tratados internacionales como la CEDAW o la Convención de Belém do Pará, ambos ratificados por Costa Rica, obligan al Estado —y, por ende, a la universidad pública— a aplicarlas. Estos tratados están por encima de la Constitución Política y de la autonomía universitaria la cual nunca puede usarse para justificar retrocesos sino para potenciar posiciones humanistas y nada puede recibir mejor ese calificativo que disminuir brechas entre seres humanos. Las acciones afirmativas no son concesiones, sino compromisos éticos y jurídicamente vinculantes.

La paridad de género como justicia democrática

El Estatuto Orgánico de la UCR establece que su misión es contribuir a la justicia social y al bien común. Hoy, esa misión exige que la universidad asuma con seriedad la paridad y la perspectiva interseccional de género.

No basta con sumar algunos nombres de mujeres a listas o fotos institucionales. Se trata de transformar las estructuras que las excluyen, de abrir espacios de poder real y de garantizar que la academia costarricense deje de reproducir las mismas desigualdades que critica.

El VIII Congreso Universitario o reafirma una universidad que se moderniza en el vacío, sin democratizarse, o inaugura un camino donde las mujeres universitarias dejan de ser satélites de focos de poder y para ser concebidas como parte esencial de la academia, en igualdad de condiciones que sus pares hombres.