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Etiqueta: justicia social

Centroamérica ante la crisis climática: vulnerabilidad, conflictos y desafíos de integración

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

Introducción

Centroamérica se encuentra entre las regiones más vulnerables del mundo frente a la crisis climática, no por figurar entre las mayores emisoras de gases de efecto invernadero, sino por la convergencia de fragilidades ecológicas, desigualdades socioeconómicas y debilidades institucionales. Desde Guatemala hasta Panamá, incluyendo a Belice el istmo experimenta con creciente intensidad fenómenos como sequías prolongadas, huracanes más destructivos, inundaciones, pérdida de biodiversidad y estrés hídrico.

Este ensayo sostiene que la crisis climática en Centroamérica no puede entenderse únicamente como un problema ambiental, sino como una crisis sistémica, donde confluyen modelos de desarrollo extractivistas, patrones históricos de desigualdad y limitaciones en la coordinación regional.

1. Una región altamente vulnerable

Centroamérica aporta menos del 1% de las emisiones globales de CO₂, es decir, una fracción mínima del total mundial, lo que contrasta con su alta exposición a los impactos del cambio climático. Este dato resulta aún más significativo si se considera que, incluso al desagregar la región, ningún país centroamericano representa individualmente una proporción relevante dentro del total global.

Esta vulnerabilidad responde a varios factores, entre otros citamos los siguientes:

  • Ubicación geográfica entre dos océanos, lo que la expone a tormentas tropicales y huracanes.

  • Alta dependencia de la agricultura de subsistencia.

  • Limitada infraestructura de adaptación climática.

  • Altos niveles de pobreza y desigualdad.

Eventos recientes han evidenciado esta fragilidad: huracanes como Eta e Iota (2020) devastaron amplias zonas del istmo, mientras que sequías recurrentes afectan gravemente al llamado Corredor Seco centroamericano.

2. El Corredor Seco: epicentro de la crisis

El Corredor Seco -que atraviesa buena parte del istmo centroamericano- se ha convertido en uno de los espacios más críticos de la región.

Allí se concentran:

  • Sequías prolongadas

  • Pérdidas recurrentes de cosechas (maíz y frijol)

  • Inseguridad alimentaria crónica

  • Migraciones forzadas

La crisis climática intensifica fenómenos preexistentes de pobreza rural, generando lo que algunos analistas describen como una “tormenta perfecta” socioambiental.

3. Deforestación y degradación ambiental

Aunque la región mantiene importantes reservas de biodiversidad, la deforestación continúa siendo un problema grave. Las principales causas incluyen:

  • Expansión de la frontera agrícola (ganadería y monocultivos)

  • Tala ilegal

  • Proyectos extractivos

  • Urbanización desordenada

En términos generales, la región ha experimentado en las últimas décadas una pérdida sostenida de cobertura forestal, con algunas excepciones puntuales asociadas a políticas exitosas de conservación. La deforestación no solo reduce la capacidad de captura de carbono, sino que también altera los ciclos hidrológicos y aumenta la vulnerabilidad frente a sequías e inundaciones.

4. Matriz energética y contradicciones del desarrollo

Centroamérica presenta una matriz energética relativamente más limpia que otras regiones en desarrollo, especialmente por el peso de las energías renovables, en particular la hidroeléctrica, la geotérmica y la eólica.

Sin embargo, esta aparente ventaja oculta tensiones importantes:

  • Conflictos socioambientales asociados a proyectos energéticos

  • Persistencia de un modelo extractivista

  • Dependencia de combustibles fósiles en el transporte

Estas contradicciones evidencian los límites de una transición energética que no siempre incorpora criterios de justicia social y sostenibilidad territorial.

5. Conflictos socioambientales y resistencias

La crisis climática también se expresa en conflictos entre comunidades locales, Estados y empresas.

En diversos territorios del istmo han surgido disputas en torno a:

  • Proyectos mineros

  • Represas hidroeléctricas

  • Expansión agroindustrial

Comunidades indígenas y campesinas han articulado formas de resistencia que no solo defienden sus territorios, sino que proponen alternativas de relación con la naturaleza, más equilibradas y sostenibles. Estas luchas se inscriben en una dinámica más amplia latinoamericana, donde la defensa del territorio se convierte en una respuesta directa a la crisis ecológica.

6. ¿Hacia una integración regional más sólida?

La magnitud de la crisis plantea una pregunta clave ¿pueden los Estados centroamericanos enfrentar estos desafíos de manera aislada?

La respuesta parece ser negativa. La crisis climática exige:

  • Coordinación regional en políticas hídricas

  • Integración de sistemas energéticos

  • Estrategias conjuntas de adaptación

  • Fortalecimiento de instituciones regionales

Sin embargo, los avances en integración han sido limitados, debido a:

  • Fragmentación política

  • Asimetrías económicas

  • Debilidad institucional

Aun así, la crisis podría actuar como catalizador de nuevas formas de cooperación.

7. Nuevas narrativas colectivas

Más allá de las respuestas técnicas, la crisis climática plantea un desafío cultural y político: la necesidad de construir nuevas narrativas colectivas.

Esto implica:

  • Superar la idea de crecimiento ilimitado

  • Replantear la relación sociedad-naturaleza

  • Reconocer el valor de los saberes locales

  • Promover modelos de desarrollo sostenibles, sustentables y equitativos con la vida, la naturaleza y los ecosistemas

No se trata de un cambio automático derivado de la crisis, sino de un proceso que depende de la acción consciente de los actores sociales y políticos. Por lo pronto, especialmente los actores políticos, no se ven dispuestos a acometer un desarrollo como el descrito que, supere las inequidades, la corrupción, el autoritarismo y el modelo altamente consumista que caracteriza la región habitualmente.

Conclusión

Centroamérica enfrenta la crisis climática desde una posición de alta vulnerabilidad estructural, pero también con importantes potencialidades. La región combina riqueza ecológica, experiencias relevantes de conservación y una creciente conciencia social sobre los límites del modelo de desarrollo vigente.

El futuro dependerá de la capacidad de articular respuestas integrales que combinen:

  • justicia social,

  • sostenibilidad ambiental,

  • y cooperación regional.

La crisis climática no es únicamente una amenaza: también es una oportunidad para redefinir el rumbo histórico del istmo.

“La Caja es nuestra” convoca a manifestación este 1° de Mayo en defensa de la salud pública

En el marco del Día Internacional de las Personas Trabajadoras, el Movimiento Ciudadano “La Caja es Nuestra” convoca a una manifestación este viernes 1° de mayo de 2026 a las 9:00 a.m., con salida desde la Iglesia La Merced, en Avenida Segunda, en defensa del derecho a la salud y del carácter público de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La convocatoria llama a trabajadores, familias y personas pensionadas a unirse en defensa de una institución que consideran debe mantenerse autónoma, universal y solidaria, con servicios de calidad tanto técnica como humana.

Defensa del derecho a la salud

El mensaje central de la actividad plantea la necesidad de resguardar el sistema de seguridad social como un derecho fundamental, en un contexto en el que distintos sectores han manifestado preocupación por el rumbo de la CCSS.

El movimiento enfatiza que la movilización busca fortalecer la conciencia colectiva sobre la importancia de la salud pública, así como promover la participación ciudadana en su defensa.

Convocatoria abierta a la ciudadanía

La invitación es abierta y promueve la participación activa de la ciudadanía, incluyendo la posibilidad de llevar consignas propias. Asimismo, se sugiere a las personas participantes identificarse en la marcha buscando las sombrillas azules del movimiento como punto de encuentro.

Bajo el lema “La Caja es nuestra”, la actividad se suma a las tradicionales movilizaciones del 1° de mayo, integrando la defensa de la seguridad social dentro de las reivindicaciones históricas del movimiento laboral.

Datos de la convocatoria

  • Fecha: Viernes 1° de mayo de 2026
  • Hora: 9:00 a.m.
  • Lugar de salida: Iglesia La Merced, Avenida Segunda

Convoca: Movimiento Ciudadano “La Caja es Nuestra”

1 de Mayo por los derechos de la gente y la naturaleza – Una sola lucha por la justicia ambiental y la justicia social

  • La destrucción de ecosistemas y la crisis climática se profundizará en el nuevo gobierno
  • Más organización es indispensable para proteger la naturaleza y la vida

Desde hace años en Costa Rica se está afianzando un modelo autoritario de gobierno, se están reduciendo los espacios de participación, se siguen debilitando la salud, la educación, los derechos laborales y la seguridad social, se persigue a las personas que discrepan de la creciente concentración del poder, y los ecosistemas están sufriendo una embestida de destrucción como nunca.

La naturaleza es víctima de la expansión de monocultivos, minería, deforestación, uso ilimitado de venenos, turismo de enclave sin ningún beneficio duradero para las comunidades expulsadas, y otras formas de explotación, que impactan directa y negativamente en los territorios y las comunidades, ya que destruyen mares, bosques, suelos, aire y reducen la diversidad genética, debilitan los sistemas locales de protección, conservación y uso de semillas y debilitan los saberes vinculados a la tierra y la soberanía alimentaria. Ese es un modelo económico y social que destruye ecosistemas para fortalecer el libre comercio que únicamente beneficia a empresas transnacionales y sus socios locales.

La administración Chaves inició y terminó con innumerables acciones violentas e irresponsables contra los ecosistemas y las personas que los protegen, y no tenemos ningún indicio de que esto vaya a cambiar con el “continuismo”. Todo indica que el nuevo gobierno nos alejará más del cumplimiento de las leyes que protegen a la naturaleza y que nos distanciará más de una posible transición energética justa, solidaria y equitativa. En resumen, la destrucción de ecosistemas y la crisis climática se profundizarán.

Ante ese panorama, FECON considera que las redes de trabajo entre organizaciones de todo tipo y desde las comunidades y los territorios, es indispensable para protegernos colectivamente y proteger los ecosistemas y los derechos que nos quedan. Por eso, esperamos fortalecer todas las vías posibles de acción colectiva y solidaria con las poblaciones históricamente más atacadas como los pueblos campesinos e indígenas, las mujeres, los sindicatos y otros gremios. Es urgente unirnos con muchísimas comunidades del país que enfrentan todo tipo de amenazas cuando cuidan sus territorios, ríos, agua, cultivos, culturas, turismo, negocios, comercio y otras formas de economías locales para sobrevivir y evitar su expulsión y desaparición.

La protección de los ecosistemas y la Tierra no es posible sin la protección de los derechos humanos, culturales, económicos, sociales y de la vida misma, y por eso nos sumamos a todas las voces que condenan enérgicamente las acciones del gobierno de Costa Rica en favor del genocidio que mantiene el Estado sionista de Israel y rechazamos la firma de un tratado de libre comercio con ese país. Asimismo, rechazamos el trato inhumano y la criminalización de las personas migrantes que ejecuta el gobierno de Estados Unidos con el apoyo indigno de Costa Rica.

Este 1 de Mayo, “Día Internacional del trabajo”, es el día para unificarnos con toda la gente que trabaja para tener una vida digna y feliz. Es el día para fortalecernos, movilizarnos, indignarnos, organizarnos, resistir, ejercer derechos y sostener la esperanza activa que nace con la gente que cuida la naturaleza, la vida y nuestro planeta.

FRENASS convoca a marchar este 1° de mayo: “La Caja no se vende, la Caja se defiende”

El Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS) llamó a la ciudadanía a movilizarse este 1° de mayo, Día Internacional de las Personas Trabajadoras, en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y de las conquistas históricas del sistema público de seguridad social. La convocatoria está programada para las 9:00 a.m. en el Parque de La Merced, en San José.

Con la consigna “La Caja no se vende, la Caja se defiende”, la organización sostiene que cada primero de mayo existen razones vigentes para salir a las calles a proteger derechos laborales, servicios públicos y garantías sociales construidas por décadas de lucha popular.

FRENASS ha mantenido una participación constante en debates nacionales vinculados al financiamiento, fortalecimiento institucional y autonomía de la CCSS. En pronunciamientos anteriores, el movimiento ha advertido sobre riesgos de privatización, debilitamiento presupuestario, tercerización de servicios y decisiones que podrían afectar la cobertura universal de salud y pensiones.

Defensa de la seguridad social

Para la organización, la Caja representa uno de los pilares más importantes del modelo solidario costarricense, al garantizar atención médica, pensiones y protección social para amplios sectores de la población.

El llamado de este año enlaza la conmemoración del Día Internacional de las Personas Trabajadoras con la defensa del sistema de seguridad social pública, en un contexto marcado por discusiones sobre sostenibilidad financiera, listas de espera, condiciones laborales del personal y rumbo institucional.

Jornada del 1° de Mayo

La movilización propuesta por FRENASS invita a personas trabajadoras, pensionadas, sindicatos, organizaciones sociales y ciudadanía en general a participar en una jornada de reivindicación social y defensa de lo público.

El mensaje difundido por la organización resume su convocatoria con una consigna central: proteger la Caja como patrimonio social del país y mantener viva la lucha por la seguridad social universal.

Datos de la convocatoria

  • Fecha: 1° de mayo de 2026

  • Hora: 9:00 a.m.

  • Lugar: Parque de La Merced

  • Convoca: Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS)

Iglesia Luterana cuestiona acuerdo para recibir personas deportadas desde Estados Unidos y exige transparencia al Gobierno

La Iglesia Luterana Costarricense (ILCO) manifestó su preocupación por el “Memorando de Entendimiento no vinculante” suscrito entre los gobiernos de Costa Rica y Estados Unidos para recibir personas deportadas por autoridades estadounidenses. En un pronunciamiento público, la organización religiosa advirtió sobre posibles afectaciones a los derechos humanos de personas migrantes y refugiadas, cuestionó la falta de información pública sobre el acuerdo y pidió al Estado costarricense honrar su tradición histórica de acogida y respeto a la dignidad humana.

La ILCO recordó que desde hace 35 años acompaña a personas migrantes y refugiadas que llegan al país por razones políticas o económicas, y que durante los últimos siete años ha desarrollado esa labor mediante el Albergue Bet Lehem, espacio que atiende personas de diversas edades, religiones, orientaciones sexuales, estados civiles e ideologías. Según el documento, esa experiencia directa les permite pronunciarse con fundamento ético y humanitario sobre la situación actual.

Críticas al acuerdo con Estados Unidos

El pronunciamiento expresa preocupación por lo que describe como políticas xenófobas y persecutorias hacia personas migrantes en Estados Unidos, particularmente durante la administración de Donald Trump. La Iglesia Luterana sostiene que Costa Rica no debe convertirse en cómplice de cadenas de injusticia derivadas de mecanismos de persecución, detención y deportación incompatibles con la dignidad humana.

Asimismo, recuerda que en una experiencia anterior de recepción de personas deportadas se habrían producido amenazas y violaciones a derechos fundamentales, incluyendo aislamiento “bajo custodia” en condiciones contrarias a la tradición costarricense de refugio y protección humanitaria.

Solicitud de información pública

Ante la posibilidad de que el acuerdo continúe aplicándose, la ILCO solicitó al Gobierno brindar información clara, transparente y veraz sobre varios aspectos:

  • El texto completo del Memorando de Entendimiento entre Costa Rica y Estados Unidos.

  • Los alcances de la llamada “condición migratoria temporal”, incluyendo plazos, mecanismos legales y protocolos de atención.

  • Garantías plenas de respeto a los derechos humanos de las personas trasladadas al país.

  • Libertad de movilización, acceso a alimentación y atención médica.

  • Garantía de no ser enviadas a ningún país, incluido el suyo de origen, contra su voluntad.

Llamado ético y humanitario

La organización afirmó que continuará articulada con redes y organizaciones que trabajan con personas migrantes y refugiadas, y se sumó al reclamo de iglesias y colectivos de Estados Unidos que exigen el fin de la persecución migratoria. También exhortó al Gobierno costarricense a actuar conforme a los principios de dignidad humana y derechos humanos.

El pronunciamiento concluye con una cita bíblica del libro de Isaías: “No volverás la espalda a tu hermano…”, reafirmando el carácter pastoral y solidario de su posición.

FONAMAFROCR pide nueva conducción en Japdeva basada en diálogo, respeto y desarrollo para Limón

El Foro Nacional de las Mujeres Afrodescendientes de Costa Rica (FONAMAFRO-CR) emitió un pronunciamiento público sobre la situación que enfrenta la provincia de Limón y la gestión de Japdeva. La organización señala que la región necesita una nueva etapa de liderazgo institucional centrada en el respeto, la escucha activa, el diálogo social y resultados concretos para las comunidades. Además, afirma que no respalda la continuidad de la actual jerarquía institucional y solicita que futuras decisiones prioricen perfiles con capacidad técnica, sensibilidad social y compromiso real con el desarrollo inclusivo de Limón.

SURCOS comparte el pronunciamiento:

Foro Nacional de las Mujeres Afrodescendientes de Costa Rica (FONAMAFRO-CR)
Puerto Limón, Caribe Costa Rica
15 de abril de 2026

Pronunciamiento público de FONAMAFROCR

Por una conducción institucional con enfoque de desarrollo, respeto y diálogo para Limón

El Foro Nacional de las Mujeres Afrodescendientes de Costa Rica (FONAMAFROCR), en el marco de su compromiso con la equidad, la justicia social y el fortalecimiento de liderazgos inclusivos, se pronuncia ante la situación actual que enfrenta la provincia de Limón y la institución Japdeva vinculada a su desarrollo.

Reconocemos las legítimas preocupaciones expresadas por diversos sectores sociales, laborales y comunitarios de la provincia, en relación con el clima institucional, la gestión y las condiciones necesarias para impulsar el desarrollo integral de Limón.

Desde FONAMAFROCR, manifestamos con claridad que la provincia requiere una nueva etapa en la conducción institucional, en Japdeva, basada en el respeto, la escucha activa, el diálogo social y la capacidad efectiva de generar resultados en beneficio de las comunidades de la región Huetar Caribe.

En ese sentido, no respaldamos la continuidad de la actual jerarquía institucional, considerando que el contexto actual demanda un liderazgo distinto: con visión de desarrollo territorial, sensibilidad social, capacidad de articulación y un trato digno hacia las personas trabajadoras y las comunidades.

Este posicionamiento no responde a intereses personales, sino a la necesidad de garantizar condiciones institucionales que favorezcan la confianza, la paz laboral y el avance de procesos de desarrollo inclusivo y sostenible.

Asimismo, recordamos que Costa Rica ha asumido compromisos internacionales como el Convenio 169 de la OIT, cuyos principios —particularmente en materia de participación, consulta y respeto a las comunidades— deben orientar toda acción pública en territorios con alta diversidad cultural y social como Limón.

Desde esta perspectiva, reiteramos que el desarrollo no puede construirse sin:

❖ Participación efectiva de las comunidades.
❖ Liderazgos empáticos y respetuosos.
❖ Ambientes laborales libres de violencia, hostigamiento o prácticas que deterioran la dignidad humana.
❖ Procesos transparentes y orientados a resultados concretos para la población.

Hacemos un llamado respetuoso a las autoridades nacionales para que, en la toma de decisiones sobre la conducción institucional, se prioricen perfiles con capacidad técnica, liderazgo humano, visión estratégica y compromiso real con el desarrollo de la provincia de Limón.

FONAMAFROCR reafirma su disposición de contribuir a los procesos de diálogo y construcción de propuestas que permitan avanzar hacia una institucionalidad más cercana, inclusiva y efectiva.

Limón merece un liderazgo que una, escuche y construya.

Atentamente,

Hellen Simmons Wilson
Coordinadora General
FONAMAFROCR

Crisis institucional en JAPDEVA: organizaciones de Limón exigen un nuevo liderazgo para el Caribe

Pronunciamiento público

Por la dignidad, la paz laboral, la unidad de Limón y una nueva etapa para el Caribe: No a la continuidad de Susy Wing.

Las organizaciones firmantes —FETRAL, UNIA, Asociación Bloque de Vivienda de Limón, representantes del sector turismo, líderes de barras y diversos sectores sociales y comunitarios de la provincia— nos dirigimos al país, a las autoridades nacionales y al próximo gobierno de la República para expresar, de manera responsable, unitaria y respetuosa, nuestra profunda preocupación por la situación que atraviesa actualmente JAPDEVA y por las consecuencias que esa realidad está generando en la provincia de Limón.

Este pronunciamiento nace del compromiso con nuestra provincia, con su gente, con sus trabajadores y con la necesidad urgente de abrir caminos de desarrollo, estabilidad y unidad. Lo hacemos porque creemos que Limón merece ser escuchado y porque consideramos que el momento actual exige decisiones sensatas, firmes y coherentes con las necesidades reales de la población limonense.

En ese marco, manifestamos con absoluta claridad que no respaldamos la continuidad de la señora Susy Wing Ching como Presidenta Ejecutiva de JAPDEVA, por considerar que su permanencia en el cargo profundizaría una crisis institucional, laboral y social que hoy afecta a la provincia y que, lejos de contribuir al fortalecimiento de la institución, ha generado un desgaste cada vez más visible en distintos sectores.

Nuestra posición no responde a intereses personales ni a un ánimo de confrontación. Responde a una valoración seria de lo que Limón necesita en este momento. La provincia no requiere más tensiones, más imposiciones ni más divisiones. Limón necesita liderazgo, capacidad de diálogo, visión estratégica, sensibilidad social y una conducción que permita recuperar la confianza en una institución que históricamente ha debido ser motor de desarrollo para la región.

Las preocupaciones que hoy expresamos no son aisladas ni menores. Se relacionan con un conjunto de hechos y situaciones que han deteriorado el ambiente institucional y el vínculo entre JAPDEVA, las comunidades y las personas trabajadoras. Entre ellos, preocupa profundamente el clima de tensión, temor e incertidumbre que se ha instalado dentro de la institución, afectando no solo la paz laboral, sino también la capacidad de construir soluciones desde el respeto y el entendimiento.

A ello se suman denuncias públicas por presunto acoso laboral, maltrato y persecución. Más allá del curso que estas denuncias deban seguir en las instancias correspondientes, lo cierto es que su sola existencia ya refleja un grave deterioro en la convivencia institucional y una seria afectación a la dignidad de las personas trabajadoras. Ninguna institución puede fortalecerse sobre el miedo, el conflicto o la desconfianza.

También existe un creciente malestar en sectores comunitarios y sociales por un estilo de conducción percibido como confrontativo, impositivo y poco abierto al diálogo. Limón no necesita una presidencia ejecutiva que profundice la distancia entre la institucionalidad y la ciudadanía. Lo que la provincia reclama es una figura capaz de escuchar, convocar, negociar y construir puentes. JAPDEVA no puede seguir siendo vista como una institución alejada de las comunidades, cuando precisamente su razón de ser está vinculada al desarrollo y al bienestar de la provincia.

A esto se añade un elemento sumamente grave: la falta de capacidad de ejecución de recursos que son vitales para el desarrollo regional. Resulta alarmante que, de más de 101 millones de dólares disponibles para el desarrollo de la provincia en el 2024, apenas se haya ejecutado un 2,67%, dejando sin materializar oportunidades que pudieron traducirse en inversión, empleo, infraestructura, bienestar comunitario y esperanza para miles de familias limonenses. Esta realidad no puede normalizarse ni minimizarse. Para una provincia con tantas necesidades y desafíos, no ejecutar recursos de esa magnitud representa una falla severa de gestión y una pérdida inaceptable para Limón.

Igualmente preocupan los señalamientos relacionados con irrespeto a resoluciones judiciales y vulneración de derechos laborales, situaciones que debilitan la seguridad jurídica, afectan la confianza en la institucionalidad pública y agravan la conflictividad social. Una conducción institucional sólida debe estar marcada por el respeto al ordenamiento jurídico, a los derechos de las personas trabajadoras y a los principios mínimos de convivencia democrática.

El daño de esta situación no se limita a JAPDEVA como institución. Su impacto se extiende a toda la provincia. Limón enfrenta enormes retos sociales, económicos, laborales y de infraestructura. En ese contexto, JAPDEVA debería ser una herramienta de articulación, una plataforma para el desarrollo y una fuente de esperanza para las comunidades. Sin embargo, hoy la percepción en muchos sectores es la contraria: una institución atrapada en el conflicto, distante de la gente y sin capacidad suficiente para responder a las expectativas de la provincia.

Por eso queremos enfatizar algo fundamental: Limón necesita una nueva etapa. Necesita una conducción que una en lugar de dividir, que escuche en lugar de imponer, que ejecute en lugar de postergar, y que comprenda que el desarrollo de la provincia no puede construirse de espaldas a las comunidades ni en confrontación con los trabajadores.

Las organizaciones que hoy suscribimos este pronunciamiento representamos distintos sectores sociales, comunitarios y laborales, pero coincidimos en una misma convicción: Limón requiere liderazgo positivo, capacidad de articulación y una institucionalidad que vuelva a tener legitimidad ante la ciudadanía. Queremos una JAPDEVA fuerte, cercana, eficiente y comprometida con el desarrollo integral de la provincia. Queremos una institución que convoque a los distintos actores y que ayude a construir consensos para sacar a Limón adelante.

Nuestro llamado al próximo gobierno de la República es firme, pero respetuoso. Consideramos que mantener esta continuidad sería una decisión equivocada para la provincia y para la propia institución. Por ello, solicitamos que no se mantenga a la señora Susy Wing Ching al frente de JAPDEVA y que, en su lugar, se valore una nueva conducción con capacidad técnica, liderazgo humano, visión estratégica, respeto por las comunidades y compromiso real con las personas trabajadoras.

La provincia de Limón necesita señales claras de escucha, de rectificación y de voluntad para construir una nueva relación entre la institucionalidad y el pueblo limonense. No pedimos confrontación. Pedimos sensatez. No pedimos privilegios. Pedimos respeto. No pedimos imposiciones. Pedimos un liderazgo capaz de unir voluntades y de abrir una etapa distinta para JAPDEVA y para la provincia.

Hoy más que nunca, Limón necesita paz laboral, instituciones sólidas, comunidades escuchadas y desarrollo con justicia social. Ese es el sentido de este pronunciamiento. Ese es el llamado que hacemos. Y esa es la responsabilidad histórica que hoy corresponde asumir.

Por Limón, por su dignidad, por sus trabajadores, por sus comunidades y por su futuro, reiteramos que no respaldamos la continuidad de la actual Presidenta Ejecutiva de JAPDEVA SUSY WING C.

Firman:

Lic. Antonio Wells M.
Coordinador FETRAL

Lic. Winston Norman S.
Presidente UNIA

Lic. Danilo Powell P
Asoc. Bloque Vivienda Limón

Delroy Lewis Jones
Sector Turismo

Yahaira Rojas
Comisión de la Vertiente Atlántica

Diversos sectores sociales y comunitarios de la provincia

Carta advierte que proyecto sobre pensión mínima “intocable” debilitaría la protección total de las jubilaciones

Una carta dirigida a la Defensoría de los Habitantes plantea una crítica de fondo al proyecto de ley expediente N.° 24.940, denominado “Ley para Adoptar una Pensión Mínima Intocable”, al considerar que, lejos de fortalecer los derechos de las personas pensionadas, abre un portillo para que sus ingresos puedan ser afectados por acreedores.

El documento, firmado por Francisco Guevara Matarrita, expresa preocupación por el enfoque del proyecto impulsado con participación de la Defensoría, señalando que el debate no es meramente técnico, sino estructural: se trata de definir si Costa Rica mantendrá la inembargabilidad total de las pensiones como principio jurídico o si avanzará hacia un modelo que permita su afectación parcial.

Según el análisis expuesto, la iniciativa sustituye el principio de indisponibilidad de las pensiones —históricamente protegido en la legislación— por un esquema de disponibilidad parcial regulada. En este modelo, aunque se establece un monto mínimo protegido, el resto de la pensión quedaría expuesto a posibles embargos o afectaciones, lo que implicaría un cambio sustantivo en su naturaleza jurídica.

El documento advierte que este giro representa una transformación profunda del sistema de protección social, ya que la discusión dejaría de centrarse en si la pensión puede ser tocada o no, para pasar a determinar cuánto puede afectarse sin generar rechazo social. Este desplazamiento, se afirma, debilita la barrera que históricamente ha protegido estos ingresos.

La carta también cuestiona la coincidencia entre este proyecto legislativo y recientes criterios de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, que, según el autor, apuntan hacia una reinterpretación del régimen de inembargabilidad, acercándolo a una lógica de mínimo vital similar a la del salario, en lugar de mantener su carácter de protección plena.

En este sentido, se recuerda que el artículo 984 del Código Civil establece que las pensiones, jubilaciones y beneficios sociales no pueden ser embargados por acreedores, dado su carácter alimentario y su función de garantizar la subsistencia de personas que, en muchos casos, no cuentan con otras fuentes de ingreso.

El autor señala que presentar esta norma como una disposición obsoleta resulta incorrecto, ya que su contenido fue reafirmado mediante reformas posteriores, lo que evidencia una decisión legislativa consciente de mantener ese nivel de protección.

Asimismo, se advierte que trasladar a las pensiones la lógica del salario mínimo inembargable implica mezclar regímenes jurídicos distintos, lo que podría abrir la puerta a interpretaciones que reduzcan la protección de estos ingresos en la práctica.

El documento reconoce la existencia de situaciones problemáticas relacionadas con rebajos excesivos o condiciones económicas difíciles para personas pensionadas, pero sostiene que la solución no debe consistir en debilitar la inembargabilidad, sino en reforzar los mecanismos de control frente a abusos y garantizar condiciones dignas de vida.

Finalmente, la carta hace un llamado a la Defensoría de los Habitantes para que revise su posición respecto al proyecto y se coloque claramente del lado de la protección integral de las pensiones, entendidas como un elemento fundamental de la dignidad en la vejez.


SURCOS le invita a leer el documento completo en el siguiente enlace:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/04/2026-04-14-Defensoria-de-los-Habitantes-Exp-N.°-24.940-Ley-para-Adoptar-una-Pension-Minima-Intocable-1.pdf

SiUNED plantea devolución total del ROP como un derecho de las personas trabajadoras

El Sindicato Unitario de la Universidad Estatal a Distancia (SIUNED) presentó un análisis sobre el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), en el que sostiene que la entrega total de los fondos a las personas pensionadas constituye un derecho vinculado a la propiedad individual y a la justicia laboral.

El documento señala que, tras 25 años de vigencia de la Ley de Protección al Trabajador (Ley 7983), el sistema enfrenta una encrucijada en la que la tutela estatal ha derivado en restricciones que limitan la libre disposición de los recursos acumulados por las personas cotizantes.

Desde esta perspectiva, SiUNED argumenta que el ROP debe entenderse como una cuenta individual, donde cada persona trabajadora es titular plena del capital acumulado, por lo que cualquier interpretación que lo trate como un fondo colectivo carece de sustento jurídico y económico.

El análisis se fundamenta en varios principios. En primer lugar, el derecho constitucional a la propiedad, que reconoce la facultad de disponer libremente del patrimonio una vez cumplida la condición de retiro laboral. Asimismo, se plantea que los aportes al ROP constituyen salario diferido, es decir, recursos generados por la persona trabajadora que han sido postergados para su uso en la etapa de jubilación.

El documento también cuestiona el modelo de comisiones aplicado por las operadoras de pensiones, al considerar que estas no guardan relación con el esfuerzo de gestión y terminan erosionando el ahorro acumulado, especialmente en un contexto de crecimiento del capital por interés compuesto.

Otro de los elementos centrales es que, al tratarse de un régimen de cuentas individualizadas, el retiro total de los fondos por parte de una persona no afecta a otras afiliadas, lo que, según el sindicato, desmonta el argumento del “riesgo sistémico” utilizado por sectores que se oponen a la devolución completa.

En su desarrollo, SiUNED plantea que el acceso pleno al ROP debe ser entendido también como un derecho humano, vinculado a la dignidad de la población adulta mayor. El modelo actual de rentas mensuales es cuestionado por generar ingresos considerados insuficientes para cubrir necesidades básicas, pese a que las personas hayan acumulado montos significativos durante su vida laboral.

Asimismo, se argumenta que permitir el retiro total podría contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas pensionadas, por ejemplo, mediante la cancelación de deudas con altas tasas de interés o la inversión en necesidades prioritarias como salud o vivienda.

En cuanto al debate público, el documento cuestiona las advertencias sobre posibles efectos inflacionarios de la devolución del ROP. Según el análisis, dichas proyecciones parten de supuestos erróneos, como la idea de que todas las personas retirarían sus fondos simultáneamente, cuando estimaciones citadas indican que solo una parte lo haría.

Además, se sostiene que la liberación de estos recursos sería gradual y comparable a otros flujos económicos como el aguinaldo o la cesantía, sin generar presiones inflacionarias significativas.

El documento concluye que la entrega total del ROP es una decisión que depende de la voluntad política y del reconocimiento del derecho de las personas pensionadas a disponer de sus recursos. En ese sentido, plantea que permitir esta opción no elimina otros mecanismos como la renta mensual, sino que amplía la libertad de elección y obliga a las operadoras a mejorar su eficiencia.

¿Por qué hoy más que nunca debemos defender los derechos humanos?

Instituto Sindical de Formación Política

Hoy los derechos humanos están bajo ataque directo. No es un discurso exagerado: es la realidad que viven millones de personas en el mundo.

Gobiernos que se presentan como democráticos persiguen la libertad de prensa, silencian voces críticas y manipulan la información. Se castiga al periodista, se intimida al que denuncia y se premia al que calla.

El derecho internacional es ignorado cuando no conviene. Las grandes potencias actúan con impunidad, mientras los países más pequeños guardan silencio o se subordinan.

Las mujeres siguen siendo víctimas de discriminación, violencia y exclusión. Mucho discurso, pocos cambios reales.

Mientras tanto, los derechos de la clase trabajadora son debilitados: salarios injustos, precarización del empleo, persecución sindical y abandono de las condiciones laborales dignas. Se gobierna para el capital, no para el pueblo.

En nuestra región, la situación es aún más preocupante. Gobiernos como los de El Salvador y Costa Rica han claudicado frente a políticas antiinmigrantes impulsadas por los Estados Unidos. Se criminaliza a quienes migran por necesidad, se les trata como enemigos, y se abandona toda noción de solidaridad.

Se violan garantías individuales, se debilita la soberanía y se instala una peligrosa lógica: mano dura contra los débiles y sumisión frente a los poderosos.

Por eso, hoy más que nunca, defender los derechos humanos es una tarea urgente. No es un tema lejano: es la defensa de la dignidad, del trabajo, de la justicia y de la democracia real.

Cuando un derecho se pierde, lo pierde todo el pueblo.

Y cuando el pueblo pierde, ganan los mismos de siempre.