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Etiqueta: justicia

La historia de Carlos Andrés Pérez – I

Isabel Ducca D.

Las organizaciones sociales están reclamando justicia para el trabajador de Recope que fue la víctima de Michael Soto R. ministro de Seguridad, Alejandro Muñoz V. presidente ejecutivo de Recope y Carlos Alvarado Q. presidente de la República durante la huelga contra el Combo Fiscal en el 2018.

He aquí su historia y juzgue si merecía el calvario que lo han hecho padecer desde el 2018.

Como acusado de un sabotaje a Recope en Moín, llama la atención que, cuando lo detienen, se encontraba descalzo.

En la sentencia, se lee:

Cuando el saboteador es derribado, los funcionarios presentes logran verificar que se trata de un funcionario de Recope, de nombre Carlos Andrés Pérez Sánchez, y que usaba kimono de Recope y se encontraba descalzo.

¿A quién se le ocurre preparar un sabotaje y no amarrarse los zapatos debidamente por si tiene que emprender carrera?  O bien, no llevar unos zapatos adecuados para un sabotaje.

Ese día 11 de septiembre, Carlos Andrés había pensado no regresar a las instalaciones de Moín. Llevaba dos días sin pegar el ojo, pues desde el domingo había pasado las noches en vela. La huelga iniciaba el 10 de septiembre, pero los trabajadores de Recope en Moín habían comenzado los preparativos el domingo 9 en la noche. Al amanecer del día 10, ya estaba todo listo para la huelga contra el llamado Combo Fiscal. Aunque él se retiraba durante el día, a eso de las 8 o 9 horas, no descansaba, pues se sumía en las rutinas domésticas. Por esa razón, ese martes había pensado no regresar a Moín; durante el día, en su casa, no reponía el sueño y el cansancio. Sin embargo, como lo había hecho el día anterior, a eso de las 16 horas, emprendió el camino para acompañar durante la noche, por lo menos un rato, a los compañeros que se encontraban fuera de las instalaciones en Moín. ¡Sin sospechar siquiera lo que le depararía el destino! En este caso, el destino se apellidó Soto-Alvarado.

De camino, se encontró con una promoción de tenis en un supermercado. ¡Un regalo, una ganga! Un par de tenis a dos mil colones. Desechó los viejos zapatos, se acomodó los nuevos. Jamás imaginó que esa misma noche sus zapatos nuevos serían como aves migratorias, nunca los volvería a ver, cuando en medio de un parque industrial, un policía, que siempre había trabajado como chófer, le gritó: ¡Tírese al suelo o disparo! A su cerebro, como al de sus compañeros de vigilia, el impulso de la sobrevivencia solo los movió a correr. Pero solo él fue detenido.

Para poder comprender algunos hilos sueltos, o más bien perdidos, de esta historia, hay que aclarar algunos aspectos. El primero se refiere al entrenamiento recibido por los trabajadores cuando ingresan a laborar en las instalaciones de Moín. Como se trata de un parque industrial, se les capacita desde el primer día para una eventualidad riesgosa, para controlar emergencias. Los obreros deben actuar frente a cualquier posibilidad de peligro para las personas o las instalaciones. Les enseñan que quien esté más cerca de la emergencia debe combatirla; ya sea que la pueda detener o dar la voz de alarma.

Por otra parte, esa noche del 11 de septiembre, Carlos se encontró un ambiente más tenso. Había cierta preocupación entre los compañeros que se aglomeraban en las afueras de las instalaciones. Por una parte, la intimidación policial iba en aumento por la injustificada presencia de los antimotines, pues se trataba de un movimiento de protesta pacífica. Por otro lado, intermitentemente, percibían un olor a gas. Pero como el olor no era constante por la presencia del viento, se olvidaba hasta que volviera una vez más. Los trabajadores, que se mantenían en las afueras de la refinadora, sabían que se estaba haciendo una descarga de gas desde un barco. La descarga estaba siendo realizada por tres personas únicamente. La misma, en condiciones normales, requiere la coordinación de un equipo de entre quince y veinte personas, pues es una labor compleja; se necesita regular entre el muelle y el barco, también con los operarios de campo y los supervisores; lo estaban realizando sin las medidas de seguridad requeridas. La alerta era el olor a gas.

¡Tres personas ejecutando un proceso que requiere por lo menos quince!

Hay que agregar que dichos funcionarios no eran del plantel propiamente. No había personal adecuado desembarcando ese gas. Lo estaban llevando a cabo tres personas cuya función no es esa. Uno lo llevaron de San José, es un ingeniero químico; él tenía que revisar el gas y ver si cumplía con la calidad de lo comprado. Pusieron a otro ingeniero que trabajaba en el muelle. El tercer ingeniero era interino. (¡Al interino le dieron plaza en propiedad después de la huelga!)

Entre los trabajadores en huelga, se suscitaba una gran inquietud. ¡Estaban descargando gas sin las medidas de seguridad! A esa angustia, se le sumaron otras. La Refinadora Costarricense de Petróleo cuenta con un equipo de bomberos industriales (SASR Salud, Ambiente y Seguridad Recope), quienes deben dar la primera respuesta en caso de peligro. Ellos laboran 24 horas diarias, es la seguridad industrial; ese grupo da permisos, supervisa los alrededores y es el encargado de cualquier incendio. Ese grupo especial de bomberos fue retirado por la fuerza pública cuando esta tomó las instalaciones de Moín.

Además, de esa situación tan irregular, se le suma otra. El sindicato negocia siempre que se presenta una situación de huelga, la permanencia de dos trabajadores en ciertos puestos para supervisar ciertas zonas como las calderas, por ejemplo; estas no se pueden apagar, porque se enfría el asfalto. Aunque no se esté trasegando combustible, es necesario vigilar ciertos puntos clave. Durante la huelga del 2018, la administración no permitió el control de ciertos puestos. Esta vez, la policía sacó a esos trabajadores el día lunes. Se incumplió ese acuerdo durante este movimiento.

¡La Fuerza Pública tenía el control de todo el plantel!

Continuará.

Las citas son de: Chinchilla, R., García, A. y Rojas, G. (2019). Resolución: 2019-0319 Expediente: 18-000244-1130-PE (7) TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL, Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea.

 

Compartido con SURCOS por la autora.

Bolivia: 15 años para Jeanine Añez y la apertura de otros procesos ordinarios

Personas en la puerta del Juzgado en la ciudad de La Paz, pidiendo justicia.

*Galo Amusquivar

Un Gobierno de Facto carece de dos elementos esenciales para la democracia, la legalidad y la legitimidad, porque él o la cabecilla que se autoproclama Presidenta o Presidente, incumple con lo establecido en la Constitución Política del Estado (voto directo, delegado y/o sucesión constitucional); y al no contar con ningún respaldo social, utiliza la fuerza, la violencia, la persecución política, la justicia y el encarcelamiento indebido, para perpetuarse en el poder.

Las autoridades investidas constitucionalmente, tienen por misión, garantizar la eficacia de los derechos humanos de todas las personas, requisito que no fue cumplido con la asunción de Jeanine Añez; puesto que su conducta estuvo orientada a desconocer y quebrantar las determinaciones del ámbito jurisdiccional y administrativo, sus acciones no estuvieron enmarcadas en derecho, fueron decisiones de hecho y fueron pura expresión de la arbitrariedad, la discrecionalidad, la ilegalidad y el abuso de poder.

Con la sentencia condenatoria de 15 años, por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes en el juicio del caso «Golpe II», en contra de Jeanine Añez, marcaremos un hito histórico desde Bolivia para el mundo, que a partir de la sentencia, si alguna persona desea autoproclamarse Presidenta o Presidente de un Estado democrático, tendrá que pensarlo dos veces.

Pero me pregunto: ¿Es la única responsable?, obviamente que no, se necesita llevar a Juicio Ordinario a Carlos D. Mesa (Presidente del Partido Político, Comunidad Ciudadana) Luis Fernando Camacho (actual gobernador para el Departamento de Santa Cruz y Presidente de la Agrupación Política, CREEMOS), Samuel Doria Medina (ex aspirante a la Vicepresidencia de Jeanine Añez, por la agrupación Política, JUNTOS), Jorge Quiroga (ex Vicepresidente del dictador fallecido, Hugo Banzer Suarez), Oscar Ortiz (ex candidato a la Presidencia por la Coalición “Bolivia Dijo No”), Ricardo Paz (asesor de Carlos D. Mesa), Waldo Albarracín (ex Rector y candidato a la Alcaldía por la Ciudad de La Paz), Aurelio Pesoa (obispo), Giovani Arana (monseñor) y León de la Torre (ex Embajador de la Unión Europea) y a todos los que directa o indirectamente, apoyaron y motivaron las renuncias coercitivas y las acciones violentas que suscitaron en quema de casas, 38 asesinatos, miles de heridos y detenidos arbitrariamente.

Así mismo, quedará demostrado que el Juicio Ordinario, avanzó con mayor celeridad, que las acusaciones de Juicios de Responsabilidades, motivados por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Se escribirá en las páginas de la historia que la promotora de enjuiciar a Jeanine Añez, por su asunción inconstitucional, fue Lidia Paty, y no así algunos que quieren llevarse el trofeo a último minuto, aprovechando los megáfonos, los parlantes y los micrófonos para salir a la palestra pública.

A partir de esta Sentencia, tenemos un largo camino por recorrer. Debemos consolidar y procesar, hasta su sentencia por la vía ordinaria a Jeanine Añez por los asesinatos de Sacaba, Senkata y el Pedregal; y aperturar nuevos procesos por todas las actuaciones ilegales e irregulares mediante Juicios Ordinarios, sin el otorgamiento de ningún tipo de privilegio.

Esta Sentencia devolverá, parte de lo robado durante mucho tiempo, “JUSTICIA DEL PUEBLO, PARA EL PUEBLO”.

*Galo Amusquivar es analista de la situación y la realidad boliviana.

La Organización Carmen Lyra le invita a dar su criterio sobre el concepto Dignidad

En el Foro Confluencia Solidaria, la Organización Carmen Lyra le invita a dar su criterio sobre el siguiente concepto de Dignidad.

“Hola! Iniciamos este foro con la siguiente intervención:

La dignidad es el valor de cada persona, un valor que no es monetario, ni material, ya que no puede ser intercambiable o transferido, sino que es intrínseco e inexpropiable, la dignidad es el derecho que posee cada ser humano de ser respetado tanto individual como socialmente. No se puede renunciar a la dignidad, como no se puede vivir sin agua. La dignidad es un elemento base para la humanidad.
Hoy enfrentamos un modelo económico que impone ideas y formas donde la dignidad humana parece no tener lugar, enfrentamos tiempos en los que se despoja nuestra dignidad a través del avance permanente en la destrucción de la naturaleza y de las instituciones que han desarrollado a la sociedad costarricense.
Defendemos una vida digna donde nadie esté por encima de nadie, indistintamente de su tipo de religión, de su condición económica, sus ideales políticos o su orientación sexual. Una vida donde se respeten los plenos derechos a la libertad y la autonomía de poder decidir, donde se respete la cosmovisión de las personas y los pueblos.
Consideramos que es fundamental resguardar los recursos naturales que aún están protegidos y se deben de buscar las formas para poder mejorar todos los espacios que se han degradado; rescatar nuestro entorno es rescatarnos a nosotros mismos, ya que solo tenemos un planeta. Y no es justo que mientras algunas pocas personas acceden a un ambiente limpio en medio de fortalezas amuralladas, una gran mayoría vive sumida en contaminación permanente de los ríos, valles, montañas y playas.
Sostenemos que no existe una vida digna sino existe la justicia en los diferentes espacios de nuestro territorio, no puede existir una vida digna mientras unos pocos ganan millones, no pagan impuestos y viven tranquilos; mientras por otro lado una gran mayoría de personas apenas subsiste con unos cuantos colones.
Vivir con dignidad es tener acceso a una vivienda, a una alimentación saludable, a una educación de calidad, a tiempo de ocio y a un servicio de salud, sin importar la condición social, económica o geográfica que se tenga.
Hoy mientras hay más de medio millón de personas en el país sin el acceso a un salario mínimo, recalcamos la necesidad de que dicha condición no justifica que las personas no tengan acceso a una vida digna.

¿Está de acuerdo con esta definición de Dignidad?

¿Qué otros elementos podrían sumarse a este texto para contar con una Vida Digna?”

Puede enviar sus comentarios con su nombre al correo foro@confluenciasolidaria.org

LA ESPADA APARECE CUANDO LA JUSTICIA LLEGA TARDE

Carlos Campos Rojas
30 de mayo de 2022

Así lo leí hace varios días, la frase es contundente por sí misma y por lo que representa en nuestro país en estos momentos.

Lo vengo diciendo y documentando hace ya tiempo: la institucionalidad ha venido cayendo en un profundo descrédito, no importándoles a quienes están al frente de ella, en llevarse en banda institutos fundamentales de la República, como por ejemplo el sufragio, la justicia, la transparencia, la paz, la educación, el trabajo, la honradez, la legitimidad.

La corrupción y la impunidad toman fuerza en nuestro país a raíz del autoritarismo -propio del sistema de representatividad a que nos han sometido los sectores dominantes-: la cultura del sometimiento, de pedir, de la subordinación y la sumisión, ha fortalecido el comportamiento de masa, abandonando aquel pueblo viril del que habla y nos enaltece nuestro Himno Nacional, a mantenerse en la ignorancia. De eso se han encargado quienes manipularon nuestro sistema educativo para llevar nuestras últimas generaciones a crecer sin raíces históricas para ser presa fácil del clientelismo político y el asistencialismo. La línea que ahora nos divide del totalitarismo es muy tenue. Esa corrupción se ha apoyado en el miedo y la ignorancia, que han naturalizado en la población, contando diariamente con la prensa mediática y la academia. Esto les ha permitido legitimar la inmoralidad como forma de administrar el país, sin importarles las consecuencias, solo sus intereses y los de sus amistades, sin que se debatan en problemas de género.

He sido claro que los tres poderes que se mencionan en la Constitución Política no son poderes, son simplemente Órganos Superiores de Administración; y se deben a la persona ciudadana, porque están a su servicio. El único dueño del poder y que debe ejercerlo diariamente, es la persona ciudadana, El Soberano, establecido así constitucionalmente.

“Eso dice la Constitución, pero la ley dice otra cosa”, nos señalan a menudo, especialmente desde la institucionalidad, como si la ley naciera por sí sola, sin considerar siquiera nuestra Carta Magna, así de irresponsable se ha vuelto el sistema.

Entendamos esto: la ley se promueve en la Asamblea Legislativa, pero se legitima en la Corte Suprema de Justicia y lo que se deriva de ella. Son los Magistrados de la República, los que validan las leyes, a través de ficciones jurídicas que varían según el día y los humores que los mueven. Los procedimientos para definir la integración de la Corte, son uno de los eventos más llenos de interés estratégico de los partidos políticos, y eso facilita una connivencia incesante.

Para ejemplos: las pensiones de lujo, los procesos de elección de magistrados y su reelección continua, la ley del referéndum, la imposibilidad de discutir y poner en marcha el referéndum revocatorio para quitar presidentes/diputados/representantes de gobiernos locales cuando no cumplen con su responsabilidad; el voto de la Sala Constitucional para permitirle a Arias su reelección; los procedimientos irregulares para escoger y definir los magistrados suplentes de la Sala Constitucional; Magistrados que hace rato debieron irse, languidecen cuidando feudos; los desvaríos recientes de la vicepresidente de la Corte; la forma de designar a quien ocupa la Fiscalía General… y podemos seguir.

Al final, la ley se legitima, pero es inmoral, porque se imponen formas oscuras para establecer su justicia, dejando de ser hace tiempo, pronta y cumplida.

Así, la Corte Suprema de Justicia, ha venido perdiendo su decoro, debido a eso en julio del 2018 fui partícipe directo en organizar con la ciudadanía y el apoyo de gremios judiciales, una marcha para expulsar al entonces Presidente de la Corte y algunos magistrados por sus niveles de corrupción. El Soberano demostrando su responsabilidad y poder constitucional. La experiencia no les sirvió para poner sus barbas en remojo, sino que lo aprovecharon para mejorar las formas de mantener sus oscuros feudos. Se equivocaron, no somos flor de un día.

Hoy el Ministerio Público (la Fiscalía General de la República), ausente y desentendido de ser garante de su labor persecutoria, busca justificar su inacción en todo el país con argumentos falaces. De este modo y amparados en el autoritarismo, rehúyen su responsabilidad constitucional de rendir cuentas a la ciudadanía, alegando como si fuese cierto, que su jefe es la Corte Suprema: es la Fiscalía General quien debe perseguir a los corruptos, no importa el rango jerárquico que tenga quien sea, pero la reelección está a las puertas y es mejor no hacer olas.

El remate en este chiste de mal gusto, es que de todo esto, el gran ganador es el narcotráfico. He sostenido que para que exista, se requieren tres actores: un político que le abra las puertas de par en par, un juez que no lo meta a la cárcel y un banquero que le guarde el dinero. Para vencer el narcotráfico solo se necesita actuar sobre alguno de ellos, hasta el momento el instrumento de que dispone la República, es la Fiscalía, la cual justifica sus desaciertos de manera lamentable.

Nuestra Patria todavía puede salvarse, no podemos repetir la situación de otros países, donde el narcotráfico tiene que hacerse presente a imponer orden y justicia, porque el Estado no fue capaz de cumplir su cometido.

Cuando vemos estos desaciertos en el establecimiento de los procesos de cumplimiento de la justicia, sabiendo que a lo interno hay funcionarios decentes y honorables, pareciera que hay una mano que mece la cuna, que pretende hacernos creer que está imbuida de poder, que maneja los hilos, pero lo más seguro es que solo sea un muñeco como “Chuky” aquel personaje de la saga icónica de terror.

Debemos ser conscientes que los impuestos de cada persona, especialmente los de las mujeres y jóvenes vulnerables, que dejan de lado sus necesidades básicas, son para pagar los salarios de quienes tienen en sus manos fortalecer la credibilidad en la institución de la justicia, por eso tienen una responsabilidad que cumplir.

Debemos convocarlos a que nos rindan cuentas, haciendo prevalecer la transparencia, el respeto a la ciudadanía, retomando la paz, demostrando que su espada no tiene espacio en esta República Participativa que nuestra Constitución Política nos manda a construir responsablemente.

La dignidad nacional, la fortaleza de la ciudadanía debe dar el paso al frente, sin miedo, con la responsabilidad constitucional de El Soberano. Nos acompañarán las personas funcionarias públicas decentes, las mujeres y jóvenes que no se someten, pues seremos suficientes para extirpar a quienes usurparon el poder que no les pertenece.

Debemos tomar en cuenta que no se rendirán fácilmente, pero les demostraremos que, si no hay justicia, no será su espada la que prevalecerá.

 

Imagen tomada de la publicación del autor en Facebook.

La justicia en Costa Rica: factores que la determinan

El pasado viernes 13 de abril de 2022, Alternativas organizó un espacio en vivo mediante su perfil de Facebook para entablar una mesa redonda sobre diferentes perspectivas que pueden compartirse con respecto al estado de la justicia en Costa Rica, su sociedad y sus instituciones. Desde Alternativas se recalca la importancia en estos espacios ya que son un mecanismo importante para posicionar al pueblo como parte activa del gobierno a través de la información, el empoderamiento y la articulación consciente de los grupos sociales. 

La persona encargada de iniciar este conversatorio fue Eugenia Salazar Aguilar, una abogada pensionada especialista en derechos humanos y derechos de las mujeres. Ella destaca que la justicia es una responsabilidad del Estado y esta debe posicionarse desde una óptica humanista donde prime el desarrollo humano y el respeto de los derechos humanos. 

Salazar Aguirre también señala que el acceso a la justicia para todos y todas es un indicador importante de que existe una ciudadanía efectiva dentro del país. Asimismo, se destaca que la justicia no solo debe observarse dentro de las instituciones tradicionales correspondientes al ordenamiento del Poder Judicial, sino que hay impacto dentro de la sociedad civil. 

Desde la óptica de doña Eugenia, es necesario que la totalidad de los y las costarricenses trabajen en conjunto para realmente alcanzar mejoras importantes en la impartición equitativa de justicia dentro de las fronteras nacionales; especialmente se debe mejorar en temas de derechos humanos, acoso laboral, acoso sexual, estereotipos y garantizar la representación en procesos de defensa ante actos violentos. 

Para continuar con el intercambio se contó con la participación de Jorge Coronado Marroquín quien es Sociólogo de la Universidad de Costa Rica, con estudios en Ciencias Políticas y economía política. Este participante hace énfasis en que la justicia, especialmente la enfocada en las dinámicas económicas, Costa Rica ha empezado un retroceso importante desde la década de los noventa tras la implementación de los Programas de Ajuste Estructural [PAEs].

De igual forma, Coronado Marroquín destaca como la distribución de la riqueza en el país es sumamente desigual ya que el quintil más adinerado se apropia de un 52% del ingreso nacional. Este fenómeno, según su perspectiva, es producido a partir de la configuración de poder que establecieron las élites económicas costarricenses quienes incluso salen fortalecidos tras coyunturas complejas como la de la pandemia por COVID-19 en comparación con otros sectores del Estado. 

Coronado Marroquín enfatiza que mientras Costa Rica posea un mercado laboral, ente encargado de distribuir la riqueza, insuficiente y carente de regulación poco se puede hablar de justicia ya que esta desigualdad puede afectar el acceso a derechos como la salud, educación o recreo. Este participante cierra su intervención mencionando que Costa Rica se aleja poco a poco de la justicia debido a la influencia de un bloque económico del poder neoliberal hegemónico que excluye a sectores de nuestra sociedad civil, por lo que la articulación de movimientos sociales es central. 

Seguidamente, el abogado y criminólogo David Corrales Molina inicia su participación haciendo un recuento histórico de las múltiples definiciones que se han realizado alrededor del término justicia por diferentes autores. Indica que es necesario señalar qué es justicia ya que la polisemia del término puede llevar a que las personas consideren a diferentes aspectos como justos o no. 

Corrales Molina continúa mencionando que la justicia en Costa Rica se ve principalmente desde una perspectiva punitiva, lo cual es necesario reformar y empezar a introducir una concepción que perciba a la justicia como un instrumento de desarrollo humano importante. De igual manera, señala que la justicia debe observarse en 4 agencias principales las cuales son la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, los cuerpos policiales y la sociedad; estas cuatro dimensiones se encuentran profundamente relacionadas por lo que deben analizarse conjuntamente. 

Para culminar su participación, Corrales Molina indica que la justicia no debe ser simplemente lo que la sociedad desea ya que se abre la posibilidad de que se actúe en bajo lógicas vengativas; en este sentido, la primacía del Estado de Derecho y valores esenciales como igualdad, equidad, respeto y libertad son vitales para alcanzar una reforma estructural en la justicia costarricense y la conservación de la paz social. 

Como participante final de este campo de diálogo se contó con la presencia de José Manuel Arroyo Gutiérrez quien inicial señalando que la aspiración de un entorno justo ha sido una característica definitoria del pueblo costarricense; no obstante, el contexto actual complejiza este objetivo y es necesario tener acceso a información pertinente en orden de conservar nuestros derechos. 

Arroyo Gutiérrez aporta que, si bien el derecho tiene limitaciones importantes, es el principal instrumento que nos permitirá establecer una Costa Rica más justa a partir de la defensa de los derechos fundamentales; sin embargo, este impacto puede potenciarse si la democracia adquiere un papel más participativo en entornos que no se vinculan exclusivamente a los fenómenos electorales. 

Este participante también aporta a la discusión el hecho de que la narrativa de justicia social ha tomado un lugar secundario en las prioridades de las autoridades en orden de favorecer intereses económicos por lo que se presencia una perversión de la democracia al politizar la justicia y judicializar la política. Este contexto genera una coyuntura deprimente para el historial de justicia del país y el respeto de los derechos humanos, lo que traerá conflictos serios y evidentes en el futuro.

Si desea ahondar en las intervenciones dadas en este conservatorio por parte de estos exponentes, le inventamos a seguir el siguiente enlace que lo llevará a un vídeo de este programa de Alternativas donde podrá escuchar todo el intercambio de ideas: https://www.facebook.com/AlternativasGrecia/videos/551079019740014 

 

Compartido con SURCOS por Alternativa.

Nota sobre Consejo Iríria Sat Kök

SURCOS comparte la siguiente información:

El pasado sábado 21 de mayo el Consejo Iríria Sat Kök, organización propia del Pueblo Bribri de Yabami Di (Cabagra), participó en una reunión con la magistrada Damaris Vargas de la Subcomisión de Acceso a la Justicia para los Pueblos Indígenas del Poder Judicial, para lograr un real acceso a la justicia.

¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!

Para más información ingresar al enlace: https://www.facebook.com/112372567940780/posts/159470999897603/

Programa Alternativas: La justicia en Costa Rica: Factores que la determinan

Se le invita al programa elaborado por el Colectivo Reflexión-Acción Alternativas titulado “La justicia en Costa Rica: Factores que la determinan”. 

Durante el programa, se contará con la colaboración de los profesionales: Eugenia Salazar Aguilar, abogada activista en derechos humanos; David Corrales Molina, abogado-criminólogo y profesor universitario en ULICORI; José Manuel Arroyo Gutiérrez, Magister ex magistrado, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia y profesor catedrático de la UCR y a Jorge Coronado Marroquín, sociólogo activista social con especialidad en economía, política, estudios de ciencias políticas y asesor de organizaciones sindicales de CR y América Latina.

El programa tendrá lugar este próximo 13 de mayo a las 18:00 (-6 UTC) y se transmitirá por la página de Facebook de Alternativas, en la Radio 16.

¡Pedimos justicia para el luchador Orlando Barrantes!

SURCOS comparte la siguiente información:

Solo pedimos justicia para Orlando Barrantes, quien lleva más 22 años de ser perseguido por la Fiscalía, teniendo una tercera parte de su vida, defendiéndose de un delito que no cometió, (ya está demostrado que ni siquiera estaba en el lugar de los hechos). Es el más vivo ejemplo de que en Costa Rica, la justicia no es pronta, y mucho menos cumplida…

Durante todo este calvario, ha tenido que enfrentar 7 juicios y el próximo 22 de setiembre del 2022 tendrá que sentarse de nuevo en el banquillo, como cualquier delincuente, en el octavo debate; todo un récord mundial, que bien podrá la Fiscalía inscribirlo en el Libro de los Récord Guinnes.

El récord incluye testigos falsos, sicarios, sentencias mal redactadas, pruebas manoseadas por sus acusadores, errores judiciales y, por supuesto, uno de los procesos más caros de la historia nacional. Ni el caso por el crimen de Parmenio Medina lo puede igualar. Solo los salarios de los fiscales de estos 22 años, jueces, asistentes, custodios y demás gastos de este proceso, se podrían haber financiado los bonos de docenas de viviendas de bien social.

Este caso es toda una vergüenza para el sistema judicial costarricense. Jamás a ningún narcotraficante, violador, o asesino la Fiscalía lo había perseguido con tanta saña, con tanta furia para lograr una condena.

A Barrantes se le esposó, se le paseó en una perrera, se le privó de sus medicamentos, se le privó de su libertad en los peores calabozos, por el simple hecho de ser un luchador social. Por eso quedará para los historiadores investigar, quién o quiénes son los mueven los hilos en la Fiscalía General de la República de Costa Rica y su política de persecución penal.

Barrantes, adulto mayor de 69 años, es un reconocido líder social, desde su juventud ha dedicado toda su vida a defender a los más humildes. Por eso solicitamos al Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica con sede en Guápiles, dictar, al inicio de este debate, la prescripción de la causa, el sobreseimiento definitivo o en el último caso la absolutoria por certeza de nuestro compañero, para que pueda demandar al Estado y a sus acusadores; quienes no les tembló la mano para mentir a la justicia.

Nosotros, dirigentes de todo el país, del Bloque de Vivienda, solicitamos a todos los amantes de la paz, la libertad, la democracia y la justicia, firmar esta petición para que el Tribunal Penal de Guápiles haga valer la consigna de la Corte Suprema de Justicia que expresa que “la justicia debe de ser pronta y cumplida”.

Solo pedimos justicia para nuestro compañero Orlando Barrantes Cartín.

Para firmar: https://chng.it/G9y6SJRw

Mujeres de nuestra historia: 45 años de la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo

1977 – 30 de abril – 2022

Entre 1976-1983, Argentina fue azotada por una dictadura. El golpe de Estado se dio cuando la Junta Militar (compuesta por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea) derrocó al gobierno constitucional peronista. Se instaló una dictadura autodenominada “proceso de reorganización nacional” en el país. Esta se apoyó en un sistema basado en asesinatos selectivos, atentados, secuestros y torturas.

Mujeres, madres y abuelas del país presenciaron con horror como sus familiares desaparecían. Estas mujeres se pronunciaron en rechazo a la dictadura, y exigían el regreso de sus hijos, hijas, y seres queridos desaparecidos. Su estrategia más prolífica fue ocupar la Plaza de Mayo, en Buenos Aires, originando de ahí su nombre. Empezaron a reunirse en 1977, todos los jueves, y marchaban alrededor de la pirámide al centro de la plaza portando fotos de sus desaparecidos. Salir a las calles a protestar, por la verdad sobre sus hijas e hijos, contra un gobierno capaz de atentar contra sus ciudadanos, fue un acto de profunda valentía.

El segundo símbolo de su lucha fue un pañuelo blanco. Este surgió en 1980, en una marcha hacia la Basílica de Luján, donde utilizaron un pañuelo bordado con el nombre del hijo o hija ausente. Este gesto operó tanto para visibilizarlas como luchadoras, cuanto para habilitar a otras personas a aportar algún dato sobre el paradero de los desaparecidos.

En los años represivos del régimen, cuando desaparecían diariamente cientos de personas, cuando se desarrollaban asesinatos, exilios y con las cárceles llenas de presos políticos; este grupo de mujeres originó un contrapoder. Fue todo un sistema luchador donde era posible recoger pruebas y destinos de sus familiares en los márgenes de la justicia argentina. Su búsqueda ya no fue solo por la verdad, sino también por la justicia.

Pese a la represión que sufrieron, ser madres de desaparecidos transformó su identidad y configuró su pensamiento y su práctica política. Las Madres de Plaza de Mayo enfrentaron una lucha sin descanso contra el régimen militar y le dieron voz a todos los desaparecidos, voces silenciadas por la injusticia. Se volvieron parte de una lucha social que sirvió de inspiración para muchos otros.

En este video se conmemora a estas militantes incansables, que enfrentaron a la dictadura cívico militar. Fueron un ejemplo de lucha en todo el mundo. Mujeres comprometidas con los derechos humanos, la memoria, la verdad y la justicia. 

Referencias:

  • D´Antonio, D. C. (2006). Las Madres de Plaza de Mayo y la apertura de un camino
  • de resistencias. Argentina, última dictadura Militar 1976-1983. Revista Nuestra América n°2, 40, 29-40.
  • Zarco, A. (2011). Maternalismo, identidad colectiva y participación política: las Madres de Plaza de Mayo. Revista Punto Género, 1, 229-247.
  • Zubillaga, P. (2019). Orígenes y consolidación de la Asociación Madres de Plaza de Mayo de Mar del Plata. Estrategias locales y construcción política-identitaria (1976-1989). [Tesis para optar por el grado de Magister en Historia y Memoria]. Universidad Nacional de La Plata, Argentina.

Taller Socio-Teológico 2022: “Defensoras de derechos humanos en el contexto socio-político latinoamericano: cuando los derechos, la salud y la religión se alían”

SURCOS comparte:

El Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI), CONVOCA a personas defensoras de derechos humanos, activas en movimientos sociales, organizaciones sociales y comunidades eclesiales de América Latina al Taller Socio-Teológico 2022: “Defensoras de Derechos humanos en el contexto socio-político latinoamericano: Cuando los derechos, la salud y la religión se alían”, el cual tendrá lugar del 18 de abril al 15 de julio. 

El taller se desarrollará de manera virtual, y mediante el uso de un aula en línea que permita semanalmente el intercambio y la construcción colectiva del conocimiento no solo a través de los encuentros sincrónicos sino también a través de diferentes actividades asincrónicas; siguiendo la apuesta epistémica institucional.

El taller tiene una duración de 13 semanas, dentro de las cuales tendremos 8 sesiones sincrónicas y 5 sesiones asincrónicas que establecerán un espacio de diálogos plurales y construcción colectiva de conocimientos para el encuentro de diversos actores populares de América Latina y el Caribe, propiciando el diálogo entre ciencias sociales y teología, para fortalecer el trabajo de la defensa de los DDHH en nuestros pueblos latinoamericanos.
 
Metodología
 A través de una pluralidad de enfoques y metodologías, se busca integrar el pensamiento crítico y las experiencias de cada participante mediante el aprendizaje participativo, en torno al análisis y la toma de conciencia de las distintas dimensiones del contexto de las personas defensoras de DDHH, haciendo un especial énfasis a las dimensiones de derechos, salud y religión. 

Para crear el espacio de análisis e intercambio de conocimientos se contará con foros, encuentros virtuales, mapeo de experiencias, intercambio de archivos y bibliografía, construcción colectiva de propuestas, etc. 

Durante el proceso del taller, las personas participantes seleccionarán una experiencia desde su organización, comunidad o colectivo, la cual se hará presente en el mapeo de experiencias. A lo largo del taller, se espera que se desarrolle una bitácora/informe sobre cómo los elementos teóricos y las discusiones colectivas en el taller enriquecen, cuestionan e impulsan esas experiencias.
Sesiones y horario

El taller está comprendido por 6 módulos temáticos, tomándose así 2 semanas por módulo para profundizar y discutir en amplitud cada temática. Los días lunes de cada semana encontrará en el aula virtual las actividades de dicha semana, teniendo algunas de ellas un encuentro virtual sincrónico de 2 horas, en las siguientes fechas:

  • Jueves 21 de abril,
  • Jueves 28 de abril
  • Jueves 5 de mayo
  • Jueves 19 de mayo
  • Jueves 2 de junio
  • Jueves 16 de junio, 
  • Jueves 30 de junio
  • Jueves 14 de julio

Y en el siguiente horario

País/Región

Hora

Centroamérica

 15:00

Ecuador, México, Perú, Colombia y Panamá

 16:00

Venezuela, Cuba, República Dominicana, Chile y Bolivia

 17:00

Argentina y Brasil

 18:00

  
Política de participación

  • Contar con experiencia en procesos eclesiales, sociales, de militancia, activismo político o compromiso comunitario, la cual desea poner a dialogar en un espacio colectivo desde los aportes de las teologías de la liberación y diversos enfoques de pensamiento crítico y desde la educación popular.
  • Compromiso para participar de manera semanal de las diferentes actividades tanto sincrónicas como asincrónicas
  • Compromiso para crear como producto final del taller una propuesta colectiva en donde se señalan puntos estratégicos para continuar y fortalecer la lucha social, tomando en cuenta las temáticas dialogadas a lo largo del taller y las experiencias de las personas participantes
  • Tener un dispositivo digital con acceso a internet
  • Para realizar la postulación, se debe ingresar y llenar en el siguiente enlace: https://forms.gle/e55V5CPpsNZuCGzy6

Para cualquier información puede comunicarse al correo comunicacion@deicr.org