Ir al contenido principal

Etiqueta: justicia

Feminicidio de Keyla Patricia Martínez, cronología de la impunidad

Escrito en . Publicado en Derechos.

El Colectivo de Solidaridad con el Pueblo de Honduras y la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU) comparte el siguiente caso:

Autoría: Ivonne G.B, y Roy M.H.

Los hechos

El día 6 de febrero de 2021, a las 11:45 pm, fue detenida Keyla Patricia Martínez en compañía del Dr. Edgar José Velásquez Orellana, por agentes de la policía de la Unidad Departamental No. 10 en la ciudad de La Esperanza, Intibucá, Honduras, por el delito de escándalo en la vía pública en estado de ebriedad e incumplimiento del toque de queda.

Tres horas después, el 7 de febrero a las 2:55 am, tres agentes policiales la llevaron en una patrulla al Hospital Dr. Enrique Aguilar Cerrato, de la misma ciudad. Tal como lo declaró el personal médico que la atendió en la sala de emergencias, Keyla llegó sin signos vitales y con evidencias de golpes y con lodo en la espalda. El personal sanitario notificó al fiscal de turno y a medicina forense para iniciar los procedimientos legales.

Ese mismo día, en horas de la mañana, el Sub comisionado Melvin Alvarenga, jefe de esa unidad policial, leyó un comunicado donde declara que “durante la ronda de supervisión de las celdas, los agentes descubrieron a Keyla, tratando de quitarse la vida, mediante asfixia por suspensión por lo que de inmediato fue trasladada al hospital, donde falleció”. Según la versión policial, Keyla usó su suéter para suicidarse. El día lunes 8 de febrero, autoridades del Hospital Enrique Aguilar Cerrato, emitieron un comunicado donde afirman que el cuerpo de Keyla llegó sin vida, contradiciendo la versión policial.

El 3 de marzo de 2021 el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, leyó los resultados preliminares de la autopsia donde se certifica que la muerte de Keyla fue por asfixia mecánica, la que es calificada como homicidio por estrangulamiento y sofocación respiratoria (nariz y boca). Según una fuente ligada a la investigación médico-legal el cuerpo presentaba golpes contundentes o traumas contusos provocados con objeto romo sin filo en la cabeza, cuello y boca. También detalló que por las lesiones que presentaba el cuerpo, habría sido sometida por varias personas que, ante la fuerza con que al parecer, la joven se defendió, la golpearon y la aplastaron contra el suelo. Reveló que los homicidas no solo rodearon su cuello con las manos, sino que, al mismo tiempo, le hicieron presión en la boca y nariz impidiéndole respirar, tal vez, con el afán de dominarla o impedir que gritara. La familia de Keyla, abrió el féretro durante el velatorio y pudieron observar que en las manos presentaba heridas como de arma cortopunzante, los dedos amoratados y con evidencias de fracturas, además de marcas y lesiones alrededor de sus muñecas, como si hubiera sido esposada. El Dictamen definitivo de la autopsia, seis meses después, aún no ha sido entregado.

Orden de captura para el policía de escala básica Jarol Perdomo sospechoso de homicidio

Después de escuchar el testimonio de los testigos, el día 16 de abril, el Juzgado Primero de Letras de Intibucá libró orden de captura contra el expolicía Jarol Perdomo. Se programa audiencia preliminar a cargo de la Jueza Lisien Night para el día 22 de abril de 2021 en los juzgados de la ciudad de La Esperanza, donde el sospechoso llegó fuertemente resguardado por aproximadamente 80 miembros de la Policía Nacional acompañados por 10 vehículos blindados y seis patrullas policiales.

DIAS 21 DE ABRIL, 2021 EVACUACIÓN DE PRUEBAS Revisión parcial de cinta editada de la cámara de seguridad de glorieta dentro de la Unidad

Policial No. 10

Esta cámara enfoca las celdas de los detenidos. Lo primero que se ve, es dos agentes de la policía, una mujer y un hombre, conduciendo a Keyla a la celda de mujeres. Como a la media hora se ve que llevan al Sr. Edgar Velásquez a la celda de hombres. Hay un lapso de tiempo en que se ve policías pasando frente a las celdas. A la una de la mañana aproximadamente, dos policías van a la celda de hombres y sacan al Sr. Edgar Velásquez, lo llevan a la guardia, presuntamente a tomarle la foto policial. Regresan con él unos minutos después y lo vuelven a meter a la celda de hombres.

Por un lapso de tiempo se ven policías que pasan frente a la celda. A la 1:31 de la madrugada se ve a Jarol Perdomo, encargado de las llaves de las celdas, que pasa frente a ellas, caminando despacio con el celular en la mano, como mensajeando, se acerca a la celda y luego se aleja. Después, regresa e ingresa a la celda en que está Keyla donde se queda alrededor de cinco o seis minutos, luego sale y camina en dirección a los dormitorios quedando fuera del alcance las cámaras. Regresa en unos minutos haciendo algunos gestos con las manos. Se sienta en el quicio de una puerta por aproximadamente 18 minutos, mientras sigue mensajeando con el celular. Luego se ve a otro policía que va caminando rápido, quién se detiene frente a la celda donde está Keyla y voltea a ver, se acerca más a la celda, sin entrar y luego sale corriendo y ve a Jarol Perdomo quien todavía está sentado en el quicio de la puerta. Se detiene junto a él y después de unos minutos se van y quedan fuera de foco, luego los dos regresan a la celda de Keyla, pero sólo Jarol Perdomo entra.

El policía se va en dirección a la guardia y vuelve con tres policías más. Los cuatro entran a la celda y luego salen con la cara agachada hacia el piso, sacando de la celda a Keyla, sosteniéndola boca abajo, cada uno de una extremidad, por unos minutos la ponen en el suelo y después la vuelven a levantar y caminan en dirección a donde se encuentran las oficinas policiales, los dormitorios de los oficiales y la guardia. No se vuelven a ver en el video.

DIAS 21 DE ABRIL EX POLICIA JAROL PERDOMO ES ACUSADO DE HOMICIDIO AGRAVADO

Desde el día anterior, el Expolicía Jarol Perdomo, fue enviado en detención preventiva, protegido en vehículo blindado, a la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (BATALLÓN COBRA), en Tegucigalpa, Francisco Morazán.

PREGUNTAS SIN RESPUESTAS

El nivel de encubrimiento, engaño y manipulación de un corrupto sistema de judicial

  1. ¿QUIENES Y POR QUÉ LE QUITARON LA VIDA A KEYLA?
  2. Con quién se estaba mandando mensajes el ex policía Jarol Perdomo, minutos antes del homicidio de Keyla?
  3. ¿Por qué no presentaron en la audiencia preliminar el contenido del vaciado del celular del ex policía Jarol Perdomo? 
  4. Por qué solamente Jarol Perdomo está acusado de homicidio, cuando la autopsia revela, según una fuente ligada a la investigación médico-legal que por las observaciones de las lesiones que presentaba el cuerpo, los homicidas no solo rodearon el cuello de Keyla con las manos, sino que al mismo tiempo, le hicieron presión en la boca y nariz, impidiéndole respirar, cosa imposible de hacer si hubiera sido una sola persona la que cometió el homicidio?
  5. Porque el acusado de homicidio agravado en contra de Keyla, el ex- policía de escala básica Jarol Perdomo, tiene como defensa a uno de los bufetes legales más caros del país pagados por la Secretaría de Seguridad del Gobierno de Honduras, si ya no es miembro de la institución?
  6. Por qué no se ha acusado al Sub-Inspector Bryan Isaac Bánegas López (Encargado de turno de la unidad policial donde se cometió el homicidio de Keyla) por haber escrito un reporte falso, de la forma en que Keyla falleció, desmentido categóricamente por el reporte del hospital, por la cinta del video, por la declaración de un testigo protegido y por el dictamen de medicina forense?
  7. Por qué no se ha acusado a todos los policías que dieron falso testimonio, declarando que Keyla se suicidó, narrando hechos falsos, aún después de haber sido desmentidos categóricamente por el dictamen de medicina forense?
  8. ¿Por qué se lavó la celda antes de ser inspeccionada por el fiscal de turno?
  9. ¿Por qué el Fiscal de turno John César Mejía, no aseguró la escena del crimen en el momento en que fue notificado del mismo?
  10. ¿Por qué el Sr. Edgar Velásquez, el mismo día del crimen, contrató a un abogado para su defensa, cuando él era testigo, no acusado del crimen de Keyla?
  11. ¿Por qué el Sr. Edgar Velásquez no ha sido requerido judicialmente, acusado de falso testimonio en relación al crimen de Keyla, siendo que él mismo declaró a medios nacionales e internacionales que fue testigo del suicidio, versión que repitió ante la familia seis días después del homicidio y cuando ya Medicina Forense había dado a conocer el dictamen de Homicidio?
  12. ¿Por qué todo el sistema judicial de Honduras ha actuado con tanta negligencia en este caso?
  13. ¿Por qué las autoridades han manipulado y ocultado muchas de las pruebas?
  14. ¿Por qué editaron el video de la cámara de seguridad de la unidad policial, para presentarlo en la audiencia, cuando en el video original se ve a otros policías entrando en la celda?
  15. ¿A quién o quiénes están protegiendo?
  16. ¿Por qué la familia de Keyla está siendo vigilada, seguida y hostigada por parte de miembros de la Policía Nacional?

KEYLA PATRICIA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ – VIVE EXIGIMOS JUSTICIA Y CÁRCEL CONTRA SUS ASESINOS

Compartido con SURCOS por María Trejos Montero.

Ayuda a CEJIL a proteger a las defensoras y defensores de los Derechos Humanos

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS comparte la siguiente información:

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional le invita a conocer la página web en el que encontrará testimonios, sobre acciones que se han ejecutado para garantizar los derechos humanos de personas migrantes, asegurar la tierra para los grupos indígenas y  garantizar la justicia en América.

Por 30 años estre Centro ha trabajado para reducir la desigualdad, la discriminación y la violencia que atraviesa América mediante la democracia y protegiendo y promoviendo los derechos humanos, con el fin luchar contra la impunidad desenfrenada de la región.

También, se hace una invitación para realizar donaciones personales y compartir la publicaciones de CEJIL en redes sociales para que más personas puedan conocer y apoyar la causa. Gracias a esas donaciones, CEJIL ha logrado litigar más de 220 casos, ha hecho justicia a más 27.000 personas víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y ha impulsado políticas públicas que han cambiado la vida de más de 6 millones de personas.

Le invitamos a navegar y conocer más de estos esfuerzos dando click al siguiente enlace:

https://cejil.org/en/

Para realizar donaciones da click al siguiente enlace:

https://cejil.salsalabs.org/donate/index.html?eType=EmailBlastContent&eId=104717d4-6f9a-49c6-947e-2c727673889f

Organizaciones, colectivas y colectivos a nivel nacional e internacional hacemos un llamado de JUSTICIA para Keyla Martínez Rodríguez

Escrito en . Publicado en Derechos.

A 6 meses de impunidad de su asesinato bajo custodia de la Policía Nacional de Honduras

(Intibucá, La Esperanza)

El día 7 de febrero, 2021, fue asesinada la joven enfermera Keyla Martínez Rodríguez, mientras se encontraba bajo custodia en la posta policial N°10 (La Esperanza, Intibucá), tras haber sido detenida por agentes de la policía la noche del 6 de febrero del presente año

Tres días después del asesinato de Keyla, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) (10-02-2021) “condena la muerte violenta de Keyla Patricia Martínez y urge a las autoridades una investigación pronta exhaustiva e imparcial”. Además consideran “que los hechos podrían ser constitutivos de una ejecución extrajudicial y que, por lo tanto, la investigación deberá llevarse a cabo de acuerdo a lo dispuesto en el Protocolo de Minnesota sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas”. La representante de la OACNUDH, Isabel Albaladejo, destacó que “de acuerdo al Protocolo de Minnesota las investigaciones deben orientarse a identificar no solo los autores directos, sino también a todos los demás responsables de la muerte, incluidos los funcionarios de la cadena de mando que fueron cómplices en ella.” 

Respaldamos dicha solicitud interpuesta por la OACNUDH al instar a las autoridades a “desarrollar sin dilación y por todos los medios legales disponibles una investigación pronta, exhaustiva, diligente e imparcial orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, enjuiciamiento y eventual castigo para todos los autores de los hechos, así como la reparación de las víctimas y sus familiares”.

Reconocemos como un paso positivo que se haya dictado auto de formal procesamiento contra el oficial Jarol Perdomo (23-05-2021), como uno de los responsables de este “femicidio agravado” (calificación dada por el Poder Judicial). El delito cometido es homicidio agravado.

Tomando en cuenta postulados del Protocolo Latinoamericano para la Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género, siendo responsables de este feminicidio funcionarios públicos, reiteramos la necesidad de que el estado hondureño adopte medidas efectivas para detener esta ola de feminicidios, agudizada en el contexto de la pandemia COVID19; incluyendo “la depuración de los entes involucrados y sanciones disciplinarias o judiciales para los funcionarios que obstaculicen investigaciones o se comporten de manera negligente en relación con su deber de investigar a los posibles responsables”, según lo establecido por dicho Protocolo.

Con la convicción de que este asesinato es una clara violación a los Derechos Humanos de las mujeres, solicitamos a la CIDH instar al gobierno de Honduras para que tome en cuenta las recomendaciones emitidas por la OACNUDH (10-02-2021) reconociendo su esfuerzo por el respeto a los Derechos Humanos.

A 6 meses de impunidad, una vez más reiteramos nuestro repudio contra el asesinato de la joven enfermera Keyla Martínez Rodríguez a manos de la Policía Nacional de Honduras. A la vez, exigimos al gobierno encabezado por Juan Orlando Hernández (JOH) que detenga todas las acciones de hostigamiento, intimidación y amenazas contra familiares de Keyla, por parte de entidades oficiales y extraoficiales.

Firmas responsables:

ACODEHU y Colectivo de Solidaridad con el Pueblo de Honduras

Se invita a llenar el siguiente formulario: https://forms.gle/Zc4ZYku9VmGuZfYV8

Informe de agresiones y violaciones a los Derechos Humanos contra los Pueblos Originarios de la zona sur de Costa Rica, enero-diciembre de 2020”

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Coordinadora de Lucha Sur Sur nos comparte el: “Informe de agresiones y violaciones a los Derechos Humanos contra los Pueblos Originarios de la zona sur de Costa Rica, enero-diciembre de 2020”.

Este informe fue presentado el pasado jueves 1 de julio del 2021, Puede descargar el informe en formato PDF así como ver el video.

Informe-Hechos-de-ViolenciaDescarga

El documento completo del informe y también se puede descargar en el siguiente enlace: https://bit.ly/2SNuZEW

El informe es de libre de descarga, difusión y reproducción. Agradecemos la difusión de este informe que responde a esfuerzos colectivos de muchas personas, comunidades y organizaciones.

La lucha continúa.

¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!

– Coordinadora de Lucha Sur Sur

Compartido con SURCOS por Daniela Calvo.

El Contubernio en lo Público y lo Privado: La Corrupción Legalizada

Escrito en . Publicado en Derechos.

Todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Tito. 1: 15-16.

La Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense IMWC, fiel a sus principios de honestidad, justicia, valores positivos y ética social liberadora; fiel a nuestra confesión de fe contemporánea, creemos que nuestra fe debe manifestarse en el servicio impulsado por el amor, siguiendo el ejemplo de Jesucristo; y fiel a nuestra declaración de nuestro interés social, creemos que el libre modo de vida democrático, gobernado por principios cristianos, trae a la humanidad, una sociedad en la cual sea preservada la libertad, establecida la justicia y alcanzada en la hermandad; asistimos a un capitulo vergonzoso en la vida sociopolítica de Costa Rica.

Nos despertamos recientemente, ante la noticia de sobornos en contratos de obras públicas, donde se pagaron precios abusivos y excesivos, por medio del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI). Hay un daño económico al país y a los ciudadanos que aportan con sus impuestos, al desviarse 78 millones de colones y un hurto de 600 millones de dólares.

Conocimos que las autoridades judiciales, procedieron a arrestar a los indiciados en la felonía, ya que contaban con pruebas para seguirles un juicio, con su consecuente prisión preventiva.

Lo insólito e increíble es que, a los pocos días del escándalo de corrupción, fueron puestos en libertad algunos acusados; la empresaria Mélida Solís de la empresa Constructora Hernán Solís S.R. Ltda. (H Solís), por más de cuatro décadas, ha sido la encargada del liderazgo, en conjunto con su esposo Roberto Acosta. Y la Constructora Meco S.A, empresa multilatina con operaciones permanentes en Costa Rica, Panamá, Colombia, Nicaragua y El Salvador, dedicada a obras de infraestructura.

Las fianzas se fijaron en 3 y 5 millones de dólares para las empresas aludidas.

De inmediato, la opinión pública, sindicatos, partidos políticos, iglesias, y otros, denuncian la actitud irresponsable, por decir algo, de la administración del Poder Judicial costarricense.

¿De dónde viene esta vergonzosa forma de actuar? Recordemos que, para cubrir el hueco financiero, producto del despilfarro y de una corrupción acumulada en los últimos 50 años de desgobiernos, quienes han estado sometidos al verdadero poder económico, han desvalijado nuestra Patria, así como han endeudado a toda la sociedad en unos, $40 mil millones que pagarán nuestros hijos y nietos, en condiciones de total esclavitud.

Deuda Eterna de las elites que pagaremos con Proyectos de Ley que implican la imposición de más impuestos, robo de impuestos, alza de precios en bienes y servicios, congelamiento de salarios y pensiones en los próximos 10-20 años y más.

*Los Partidos Políticos Tradicionales y Emergentes:

Son partidos que se han corrompido y solo les interesa alcanzar el poder por cualquier medio para administrar a su antojo y repartirse entre sus acólitos, empresarios y políticos, el Presupuesto Ordinario de la República, que para este año 2021 ronda los 6,59 billones de colones.

Los Grandes Empresarios:

Los grandes empresarios, acólitos y donadores del dinero para esos partidos políticos corruptos, gestores de clientelismo político, tráfico de influencias y lobby empresarial, se aseguran, por medio de estos gobiernos, drenar los recursos del Estado a sus arcas por medio de contratos lesivos y abusivos como el caso “cochinilla”.

Las Entidades Públicas:

Los partidos políticos en el Gobierno en alianza con los empresarios se aseguran de nombrar en los puestos claves de las entidades públicas, a sus servidores y que, por lo visto, han logrado meter mano en el nombramiento de uno que otro juez o jueza en la Corte Suprema de Justica que les garanticen fianzas moderadas, lo que implica cierta inmunidad o que estén dispuestos a retrasar el proceso para que se dicte sobreseimiento por falta de pruebas.

Las Leyes de Contratación Administrativa y de Concesión de Obra Pública:

Precisamente estas leyes han sido impulsadas y aprobadas por las bancadas de estos partidos políticos, para satisfacer los intereses de los grandes empresarios. Son leyes corruptas que aseguran los intereses de los grandes empresarios y no los del País. *Hernán Chaves Herrera.

Mientras tanto, el pueblo cae en la trampa cuando también se corrompe buscando subterfugios para sobrevivir. Se cae en la trampa cuando sus generaciones más jóvenes se hunden en las adicciones, desviando el dinero del pan nuestro de cada día para enriquecer al traficante, al vendedor de adicciones legales e ilegales, cuando roba a su vecino para mantener su adicción, cuando decide vivir del sicariato. El pueblo cae en la trampa cuando decide “robar unas picaritas y se seca en la cárcel” porque no tiene quién le pague la fianza o lo defienda en los Tribunales.

La Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense IMWC, deplora, condena y denuncia, esta corrupción que se está convirtiendo en endémica, práctica que va en contra de los seres humanos más desfavorecidos y en contra de los Derechos Humanos.

*Ante semejante desesperanza provocada por el desamor de los corruptos y corruptores tenemos que decir: Aceptamos que la energía para sanar el mundo puede obtenerse a través del amor, porque es la única fuerza que no tiene límites y no puede ser controlado. Si queremos salvar el mundo y cada ser sintiente que en él habita, el amor es la única respuesta.

Es la única y la última respuesta. Comprobaremos que el amor todo lo vence, todo lo trasciende, todo lo puede, porque el amor es la quintaesencia de la vida. *Albert Einstein.

“el que rehúsa ganancias fraudulentas, el que se sacude la palma de la mano para no aceptar soborno, el que se tapa las orejas para no oír hablar de sangre, y cierra sus ojos para no ver el mal. Ese morará en las alturas, subirá a refugiarse en la fortaleza de las peñas, se le dará su pan y tendrá el agua segura”. Isaias.33: 15-16.

Equipo General de Coordinación Pastoral EGECOPA, de la Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense IMWC

Compartido con SURCOS por José A. Amesty R.

¡Berta no murió, se multiplicó!

Escrito en . Publicado en Derechos.

“Quienes mueren por la vida no pueden llamarse muertos”, frase que Víctor Jara plasmó con sus manos, corazón y cuerdas y hoy retrotraemos como pueblos hermanos en homenaje a Berta Cáceres. Nos unimos a estos corazones llenos de rabia convertida en alegría frente la declaración de DAVID CASTILLO COMO CULPABLE y CO-AUTOR del ASESINATO de BERTA CÁCERES el 2 de mayo de 2016. Victoria de los pueblos indígenas y del mundo como un primer paso en la búsqueda de verdadera justicia para Berta y tantas mujeres y hombres que han sido víctimas de los grupos de poder por la defensa del agua, de la tierra y de cada elemento de la madre Tierra. A la vez, necesitamos destacar que hoy se cumplen 12 años de haber sido vilmente asesinado el joven Isis Obed Murillo por defender a su pueblo (Julio 2009).

La condena será oficializada el próximo 3 de agosto donde puede ser sentenciado entre 20 a 25 años de cárcel. Necesitamos tener presente que a pesar del fallo aún quedan en libertad una parte importante de los autores intelectuales, siendo David Castillo es exdirectivo de la empresa hidroeléctrica Empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA). Nos referimos a la familia Atala, una de las más poderosas y con intereses económicos claros en el proyecto energético DESA ubicado en una parte de los ríos sagrados del Pueblo Lenca.

El fallo de hoy deja abierto el caso, por lo que exigimos justo y necesario que los integrantes de esta familia Atala sean puestos a disposición del poder judicial hondureño para que finalmente Berta, su familia y los pueblos del mundo podamos ver que su asesinato no quedó en la impunidad ni se resolvió con justicia a medias.

Ratificamos la falta de voluntad de la institucionalidad hondureña, por lo que tenemos la certeza que sin presión nacional e internacional este fallo no se hubiera dictado, donde COPINH, junto al movimiento social y popular hondureño, han jugado un papel fundamental durante todo el proceso.

Saludamos con un abrazo fraterno y solidario a compañeras de diversas organizaciones y colectivas que desde hace tres meses montaron el Campamento Feminista ¡Viva Berta!, frente a la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa, quienes dejaron tareas y diversas responsabilidades colocando en primer lugar la lucha por justicia impidiendo que sus voces sean silenciadas e invisibilizadas.

FAMILIA ATALA DEBE SER PROCESADA JUDICIALMENTE
EXIGIMOS QUE EL 3 DE AGOSTO SE CONCRETE VERDADERA JUSTICIA PARA BERTA
¡NI PERDÓN NI OLVIDO!

 

Compartido con SURCOS por María Trejos Montero.

Informe de agresiones y violaciones a los derechos humanos contra los Pueblos Originarios de la Zona Sur de Costa Rica, enero – diciembre de 2020

Escrito en . Publicado en Derechos.

El pasado 1 de julio del 2021 se llevó a cabo la presentación del «Informe de agresiones y violaciones a los derechos humanos contra los Pueblos Originarios de la zona sur de Costa Rica, enero – diciembre de 2020» de la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS). En donde se contó con la participación de:

  • Lesner Figueroa, Clan Tuadiwák. Consejo Ditsö Iríria Ajkönúk Wakpa, Autogobierno de Salitre.
  • Doris Rios Rios, Recuperadora de Sa Keirö Kaska, Territorio Cabécar de China Kichá.
  • Robert Morales Villafuerte, Recuperador de Crun Shurin, Territorio Brörán de Térraba.
  • Nery Chaves García, Asociación Voces Nuestras / Coordinadora de Lucha Sur Sur.
  • Xinia Zúñiga, Investigadora Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo CICDE-UNED.
  • Gustavo Oreamuno Vignet, Asociación de Iniciativas Populares Ditsö / Coordinadora de Lucha Sur Sur.

Compartimos el vídeo completo del informe:

Además, comunican que el documento del informe será publicado el día 05 de julio del 2021. El cual, se encontrará libre de reproducción, bajo el principio de respeto a la autoría de la información. Esta publicación será informada por la Coordinadora de Lucha Sur Sur.

Se agradece la difusión de este informe que responde a esfuerzos colectivos de muchas personas, comunidades y organizaciones. La lucha continua.

¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!
Coordinadora de Lucha Sur Sur
Facebook de la CLSS: https://www.facebook.com/CoordinadoraLuchaSurSur

La lucha por la defensa de la tierra del pueblo Bribri de Salitre

Escrito en . Publicado en Derechos.

Pronunciamiento conjunto de 4 pueblos indígenas

La lucha por la defensa de la tierra del pueblo Bribri de Salitre

La defensa de la Tierra nace como un deber ante la omisión e inoperancia del Estado de no cumplir la Ley 6172. Aproximadamente 30 años después de que se promulgara la Ley indígena de 1977, el Estado continua sin realizar ninguna acción para devolverle las tierras usurpadas dentro de los Territorios por personas no indígenas. Ante ello, los Pueblos Indígenas decidimos recuperar nuestras tierras por vías de hecho, utilizando medios no violentos y que además están en el marco de la legalidad.

Esto dio como resultado el inicio de un gran movimiento de recuperación de tierras en el 2010, movimiento que nace también gracias a que las personas indígenas recurrimos a las autoridades del Estado sin recibir ninguna respuesta. Si el Estado hubiera cumplido la Ley desde su promulgación no había violencia de parte de la población no indígena desinformada y tampoco existirían conflictos en nuestros Territorios.

Todo esto sucede con complacencia de las autoridades estatales. Al 2021, tras muchas acciones del Pueblo Bribri de Salitre, ha habido mucha violencia Alcanzando un pico fuerte con el asesinato de nuestro líder Sergio Rojas del Clan Uniwak. La ley indígena en clara y justa al establecer que aquellos no indígenas que demuestren tener algún derecho, debe ser indemnizado y quienes no, deben ser desalojados.

Esto es una RESPONSABILIDAD DEL ESTADO NO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. Por lo cual, es incomprensible la violencia a la que desde hace 10 años y atizada en el 2021 está siendo sometido el Pueblo Bribri de Salitre por parte de no indígenas usurpadores y el Estado

  1. NUESTRA ORGANIZACIÓN POLÍTICA, SOCIAL TERRITORIAL Y DE DERECHO CONSUETUDINARIO:

La organización social del Pueblo Bribri es MATRILINEAL, Es decir, todas las personas nacidas de madres Bribris son Bribris Solo las madres heredan el clan. Esto es así desde la creación de nuestro Pueblo hecha por Sibo. Por tanto, constituye uno de los derechos consuetudinarios más importantes de nuestro Pueblo.

Hoy en día mayoritariamente hay 10 clanes en Salitre: Uniwak, Dadiwak, Tubdiwak, Kachauwak, Búbulwak, Tubolwak, Kölkiwak, Yeyewak, Diawak, Suladiwak. Estas personas son las herederas de las tierras, defensoras de Iriria-nuestra tierra sagrada como Pueblo Bribri-, defensoras de nuestras (os) ancestros (os). Todos estos derechos están protegidos, además, por los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales.

Consejo Ditsó Iriria Ajkónuk Wakpa del territorio indígena Bribri de Salitre

Territorio Indígena Iriria Bribri sá Ka, “conocido como Cabagra”

Consejo de Mayores (as) Iriria Jtechō Wakpa

El consejo de Mayoras y Mayores Iriria Jtechō Wakpa, es una organización originaria que se rige por prácticas consuetudinarias, cultura, costumbres ancestrales del territorio Iriria bribri sá kà (Cabagra)

Los principios:

  • Preservar, salvaguardar y controlar la soberanía territorial.
  • Mantener, conservar y fortalecer la cultura, costumbres y prácticas ancestrales, Luchar contra todo tipo de discriminación y hacer valer nuestros derechos en todo momento.
  • Defender el territorio y todo lo que en él se encuentre
  • Respeto entre las personas con la madre tierra.
  • Promover la justicia dentro de las comunidades. Defender la madre tierra, nuestro agro y nuestros bienes.
  • Promover la igualdad entre hombres y mujeres para un buen vivir.
  • Actuar con justicia y el buen ejemplo.
  • Aplicar nuestra autonomía y hacerla respetar.
  • Buscar la paz social entre hermanas y hermanos originarios.

Dicha lista de nuestros clanes mantiene el legado de la línea matrilineal de manera que Conforma un padrón vigente en los tiempos actuales en este Territorio Bribri

  1. Dariwak: dueño de todas las aves
  2. Úniwak: dueño de las vasijan
  3. Tubolwak: dueño de los tubérculos
  4. Diwowak dueño del sol
  5. Kölkiwak dueño de las mosquitas amarillas
  6. Bubulwak: dueño de los colmenares
  7. Sulariwak dueño de las palmas de coco
  8. Tuáriwak dueño del pájaro barranquero
  9. Úsekölr mulrē: dueño de los felinos

Por lo tanto, es una ejecución de las prácticas consuetudinarias de la organización autóctono de dicho territorio ancestrales el tipo de ordenamiento es a través del Consejo de Mayoras/es que viene desde los tiempos de la creación del universo. Ante la inoperancia de las entidades y Estado, Gobierno de Costa Rica, en el cumplimiento de los derechos de las poblaciones indígenas donde incrementa la discriminación y el racismo en contra de la población indígena por medio de los tribunales y fiscalías, al igual que defensores, defensoras públicos, del cantón de Buenos Aires de Puntarenas, se decide recuperar las áreas de tierra que están siendo usurpado por la vía de hecho, sin violencia pasivamente y haciendo un debido proceso a los que corresponde                      

Organización originaria indígena ejecutando la gobernabilidad territorial con Autonomía y entidad

Territorio Indígena Bröran de Térraba

Consejo de Mayores Bröran

El Consejo de Mayores Bröran es un orden ancestral propio de nuestra cultura, quienes cumplen la función de gobierno interno del Territorio de Térraba. Parte del trabajo de este respetado grupo de líderes, es el compromiso con el proceso de mejora continua del territorio, brindando soluciones a necesidades y problemas que viven los Bröran.

Dicho Consejo de Mayores es abierto a dialogar y escuchar con su pueblo, así como instituciones del Gobierno y ONG’s. Sin embargo, su mayor compromiso es la lucha por el respeto y cumplimiento de la LEY Indígena 6172 y el Convenio 169 de la OIT sobre los Pueblos indígenas y Tribales. Para esto, en Térraba se creó una base de datos en la cual están presente 12 apellidos pertenecientes a los troncos genealógicos Bröran, los cuales son: Cabrera, Nájera, Rivera, Ortiz, Sibar, Uva, Segura, Gutiérrez, Navas, Gómez, Salazar y Granda. Esta herramienta más el tronco genealógico le permite al Consejo de Mayores determinar si una persona es Brörán o no y así poder respaldar ante los conflictos que se viven en el territorio.

La posesión de tierra por parte de terratenientes dentro del territorio indígena ha sido uno de los mayores conflictos que reflejan el irrespeto e incumplimiento del Estado Costarricense sobre los derechos de los pueblos originarios. Por lo tanto, las recuperaciones de las tierras por vía de hecho, han sido el grito de sublevación ante la opresión y silencio, ya que los Bröran sienten el deber de cuidar y proteger la Madre Tierra, con la cual tienen un vínculo cultural muy fuerte. Dentro de la cosmovisión indígena, la tierra es nuestra primera madre, la tierra es vida. Es por eso que las recuperaciones de hecho surgen por un sentido del deber, de amor y respeto por nuestra Madre Tierra. Por lo tanto, las tierras recuperadas son para usarlas de forma responsable con el medio ambiente y preservarlas para las futuras generaciones.

Cabe destacar que el Territorio Indígena de Térraba, está en su mayoría en manos de personas no indígenas, siendo explotado sin conciencia ambiental. Lo que genera la incógnita de: ¿cómo se puede hablar de autonomía y derechos si las tierras no las poseen los Bröran?

Cabe destacar que el Territorio Indígena de Térraba, está en su mayoría en manos de personas no indígenas, siendo explotado sin conciencia ambiental. Lo que genera la incógnita de: ¿cómo se puede hablar de autonomía y derechos si las tierras no las poseen los Bröran?

PRONUNCIAMIENTO DEL PUEBLO CABECAR DE CHINA KICHA:

LA LUCHA POR LA DEFENSA DE LA TIERRA DEL PUEBLO CABECAR DE CHINA KICHA

Ante las violencias estructurales promovidas por el Estado costarricense, así como políticas de despojo, exclusión y discriminación el Pueblo Cabécar de China Kichá inició proceso de defensa y recuperación de tierras-territorios en 2018 Acción que responde a un Estado colonial que ha intentado borrarnos de la historia. Prueba de ello, es el Decreto Ejecutivo 13570 de 1982. Por medio de ese decreto, el Estado derogó la existencia de China Kichá sin ninguna consulta a nuestro Pueblo. Este decreto provocó el desplazamiento forzado de muchos y muchas de nuestras compañeras; el Estado intentó borrarnos y quitarnos nuestras tierras-territorios. Tras procesos organizativos y de defensa, el Territorio Cabecar de China Kichá volvió a restablecerse en 2001

Luego del 2001, la discriminación en nuestra contra aumentó y durante 20 largos años fuimos excluidos de trabajos en nuestro Territorio. Como si eso fuera poco, nuestras familias fueron arrinconadas a espacios pequeños, donde era imposible trabajar la tierra y multiplicar nuestra cultura y, en general, nuestra existencia.

Así, en 2018 iniciamos las recuperaciones de tierras-territorios. Entendiéndolas como procesos en los que las tierras regresan a las manos del Pueblo Cabécar y éste es el responsable del cuido, la regeneración y resguardo de la vida que crece en esos terrenos Al día de hoy, tenemos cinco recuperaciones resguardadas por el Pueblo Cabécar de China Kichá: Kelpego (en 2018), Kono Jú (en 2019). Sa Keirō Kanka, Si Ka Duwé Senaglo y Yuwi Senaglo (en 2020). Con estas recuperaciones logramos regresar al 60% de nuestro Territorio.

A este avance por vías de hecho -pero legales, según la Ley indígena de 1977-, el Pueblo Cabécar ha sido sujeto de múltiples violencias y amenazas en nuestra contra Todas, acciones alimentadas por el racismo, la desinformación y la negligencia estatal. Finalmente, es al Estado a donde deben dirigirse las personas que creen tener algún derecho sobre nuestras tierras. A esas personas les exigimos que nos dejen en paz y tranquilidad pues, como Pueblo peleamos por nuestros derechos ancestrales.

¿QUIENES FORMAN PARTE DEL PUEBLO CABÉCAR?

Nuestra organización como Pueblo en de carácter ancestral y espiritual. Es decir, nuestra resistencia no se puede separar de nuestra cosmovisión y cosmogonía. Por ello, insistimos en aclarar quiénes son las personas que SI PERTENECEN AL PUEBLO CABECAR: son todas aquellas personas que cuenten con un CLAN, para ello deben ser hijas o hijos de una mujer Cabécar. LAS MUJERES CABECARES SON LAS ÚNICAS QUE PUEDEN TRASLADAR EL CLAN A OTRAS PERSONAS. Asl, nuestro Pueblo en MATRILINEAL

Actualmente, nuestra organización se encuentra en la investigación de los clanes presentes en nuestro Territorio, A la fecha identificamos a los clanes: Kibeirowak (Clan de la culebra) y Ulabluwak que fue traído desde la creación de la madre tierra por Sibo. Las personas que pertenecen a estos clanes y por ende al Pueblo Cabecar son quienes tienen derecho incuestionable a las tierras en China Kichá y además son las principales defensoras de nuestra madre tierra. A quién le debemos la vida y nuestra existencia como Pueblo Cabécar.

¿Es suficiente indignarse con la Cochinilla?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Alberto Morales Bejarano

Pienso que estaríamos de acuerdo en que no, sin embargo nuestra historia nos confirma con significativas excepciones como ejemplo la Guerra contra los filibusteros, que tenemos memoria flaca o domesticada y en menos que el gallo cante tres veces todo se habrá desinflado. Más aún si la eliminatoria inicia y Keylor Navas se digna venir a jugar con la selección.

Como pueblo regularmente educado, en donde el 52 % de los adolescentes no terminan secundaria y de estos solo el 19 % accede a la educación universitaria, pienso que la natural malicia indígena costarricense, la de Mora y Cañas, podrá ser la que den un vuelco al estado actual de las cosas.

Quisiera pensar eso, sin ser un bucólico cuento porque a veces reaccionamos.

Es de tal magnitud el descaro empresarial y la complicidad institucional, para un entrenado que era un secreto a voces pero que hasta ahora se tienen pruebas y testimonios, que verifican lo obvio, que una reacción de peso es justificable.

Cuando todo esto se contrapone a nuestros niveles de desempleo, de pobreza y de desigualdad y cuando escuchamos historias de personas reales, de verdad, sufriendo porque están pasando hambre y viven el día a día con la zozobra de si tendrán comida para el día siguiente y vuelve a pasar que no. No podemos indignarnos solamente, es la hora de que esto tiene que cambiar. Una revolución armada? indeseable por su costo pero factible; un escoger en las elecciones al menos malo? lo más probable; un populista que nos llene los oídos de lo que queremos oír? está de camino; una manifestación ciudadana multitudinaria que exija cambios reales? lo mínimo necesario pero no suficiente, para enfrentar y parar este despeñadero.

Como costarricense quisiera no olvidar ni el más mínimo detalle de la Cochinilla y mientras tengamos este sistema patético de elección de diputados y de solo representación a través de los partidos, de que hasta donde llegue, poder al menos ejercer mi derecho al voto pretendiendo el mejor cambio posible, que espero no sea votar por el menos malo. Sin embargo este esquema está en vías de agotarse y ojalá de extinción.

Quisiera poder plantearme escenarios alternativos, pero es el tal el embudo que nos ha llevado la clase político-empresarial, particularmente en los últimos treinta años, que cualquier reacción desesperada está a la vuelta de la esquina.

 

Imagen de cabecera tomada de Semanario Universidad.

Aportes al pensamiento jurídico costarricense VII

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Formación.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Les comparto en esta ocasión mi presentación del ensayo del doctor Marco Feoli Villalobos.

         El ensayo del Dr. Marco Feoli Villalobos, ex Ministro de Justicia y funcionario judicial, nos ofrece uno de los mejor logrados análisis críticos e integrales de la reforma procesal penal realizada en Costa Rica entre 1996 (año de la promulgación del nuevo Código) y 1998 (año de su entrada en vigencia).

         Se trata de una mirada al bosque dos décadas después y con impecable objetividad científica, para ver en perspectiva los logros y fracasos, los aciertos y fallas, las promesas cumplidas e incumplidas y, en fin, las luces y las sombras de una reforma legislativa que fue un intento por superar las herencias procesales del siglo XIX (régimen predominantemente inquisitorial, escrito, semi-secreto, no contradictorio), para afincarse en el siglo XXI (régimen predominantemente acusatorio, oral, público y adversarial).

         El autor hizo bien en contextualizar, de entrada, el momento histórico de la reforma. Una América Latina en transición, que simultáneamente salía de la larga noche de las dictaduras militares, buscaba alcanzar regímenes democráticos y estados de derecho y, a la vez, conocía de propuestas modelo para transformaciones normativas y de los aparatos de justicia, no sólo constitucionales, como era evidentemente necesario, sino también cambios profundos en los sistemas penales, -sustantivos y procesales-, acordes con las nuevas condiciones políticas.

          Si bien Costa Rica se había conservado dentro de su formal estabilidad democrática, ciertos sectores dirigentes, sobre todo dentro del propio Poder Judicial, también se hicieron eco de los impulsos reformistas en materia procesal penal, tanto por las disfunciones y anacronismos del régimen imperante (Código de Procedimientos Penales de 1973), como por los desafíos urgentes de modernizar y hacer más eficiente el régimen de juzgamiento en materia penal.

         A lo dicho por el autor sobre el marco general latinoamericano, sólo agregaría que en el caso nuestro, las últimas décadas del siglo pasado y las primeras de éste, están marcadas de manera cuasi-violenta por un abrupto abandono del Estado Benefactor que disfrutamos entre 1940 y 1980, hacia un modelo de libre mercado que no termina de mostrar sus virtudes y, al contrario, ha ensanchado las brechas de inequidad y ha conocido el aumento exponencial de la violencia social y delictiva, a causa de múltiples factores de naturaleza más bien sociológica, que no tienen directamente que ver con las leyes vigentes, sus reformas y sus contrarreformas. Estoy convencido – al igual que don Marco- de que el Código Procesal de 1996, tiene un diseño regido por los principios básicos del Estado Constitucional de Derecho y las convenciones y tratados internacionales en la materia, pero la mayoría de las sucesivas reformas experimentadas en estos veinte años –ahora señalo bajo mi responsabilidad-, evidencian una clara tendencia a querer resolver con represión penal las tensiones, asimetrías y conflictividades sociales de la época. Este fenómeno no es exclusivamente legislativo sino también jurisprudencial, que alcanza algunas resoluciones de la Sala Constitucional y muchas de la Sala Tercera (Penal) de los últimos años.

         Considero, abordando otro aspecto, que esta obra tiene la virtud de no eludir los debates ideológicos de fondo. Están explícitos temas esenciales que Feoli expone y sobre los cuales toma posición respecto cada uno de ellos: la función social del proceso y el derecho penal; el binomio libertad/punición y sus necesarios equilibrios; los derechos fundamentales como “fin” y al mismo tiempo “límite” del ius puniendi; la necesidad de aplicar cumplidamente las libertades y garantías procesales como presupuestos esenciales del estado de derecho; el rol, culturalmente instalado, del carácter punitivista de fiscales y jueces; y, por supuesto, la cuestión humanista que significa concebir al procesado y al condenado como parte integral de un “nosotros”, frente a una concepción que lo ubica como “el otro”, merecedor de exclusión y hasta expulsión de la comunidad.

         Es digno de destacarse también que las cuestiones medulares de este ensayo se desarrollan, como ya dije, con el lente de la objetividad científica. En lo fundamental se trata de una evaluación, a partir de identificarse las principales promesas o expectativas que motivaron la reforma procesal del 96, contrastándolas con su devenir, en la práctica, durante estas dos décadas. Metodológicamente se trata cada tópico elegido a partir de entrevistas a protagonistas y expertos en la materia. Lo anterior se respalda, además, con una amplia bibliografía y una sólida ilustración de gráficos y tablas, diseñadas y construidas bajo responsabilidad del autor, con los datos suficientes para dar consistencia y coherencia a la investigación realizada.

         Es en ese contraste entre lo prometido inicialmente y la realidad operativa del sistema procesal penal conforme pasaron los años, que se pueden rescatar, conforme el criterio del Dr. Feoli, importantes logros, sobre todo en diseño: consolidación de principios constitucionales y convencionales en el ordenamiento jurídico costarricense; perfeccionamiento del sistema predominantemente acusatorio, con una relevante redefinición de roles del fiscal (investiga y acusa), el juez (garante de legalidad y potestad decisoria), el defensor (sin grandes transformaciones en su función); y el surgimiento de la víctima como actora de importancia en tanto titular de derechos con acceso directo a la justicia. En el ámbito institucional se reconoce también el fortalecimiento de Ministerio Público, y yo agregaría que de igual manera, del Organismo de Investigación Judicial y el importante vínculo entre ambas entidades mediante la dirección funcional. Al lado de estos logros, también se reconocen fracasos, sobre todo en los ámbitos de la efectividad y operatividad del sistema: empeoramiento en la duración de los procesos; altos costos económicos de la justicia; inversiones cuantiosas en tecnología, equipamiento y aumento de personal que no trajeron mejores rendimientos; medidas alternativas a la prisión que se han aplicado en porcentajes insignificantes; y gran deuda pendiente de una legislación específica en materia de ejecución penal para adultos.

         Tal ha sido la cantidad y calidad de reformas parciales experimentadas por esta legislación procesal, que el autor habla, con razón y un tanto de ironía, de “un modelo para desarmar”. Y es que en efecto, aunque el autor no la menciona, recién promulgado el Código se impulsó la reforma para poner orden en materia de prescripciones, dado el caos interpretativo que habían generado los textos originales. Asimismo, pocos años después, si bien no a través de reforma de ley, sino de instrucciones administrativas, -lo cual fue polémico en sí mismo- se quiso impulsar y re-fortalecer la oralidad en varios puntos y momentos procesales, dado que la cultura escritural seguía oponiendo férreas resistencias al cambio. Fueron igualmente transformaciones por la vía de reformas parciales la que tuvo que ver con el empoderamiento, aún mayor, de la víctima en el proceso, el diseño de un procedimiento expedito para delitos cometidos en flagrancia, así como las restricciones al uso de medidas alternativas a la prisión y el elenco de beneficios penitenciarios. El panorama más relevante se completa con el cambio en el régimen impugnaticio que introdujo el recurso de apelación de la sentencia y reinstaló una casación de corte clásico, que ha recibido importantes críticas por su carácter cerrado con un altísimo porcentaje de rechazos por inadmisibilidad ad portas.

         Finalmente, el autor aprovecha esta evaluación general para llamar la atención sobre la problemática del sistema penitenciario. La reforma procesal coincidió con un fenómeno de agudización de la violencia delictiva en el país que terminó impactando, como nunca antes, al sistema carcelario, elevando la tasa de prisionización a más del triple y ocasionando los niveles de hacinamiento carcelario más graves de la historia. Aunque el Dr. Feoli es claro en declarar que sería injusto e inexacto responsabilizar al nuevo ordenamiento procesal penal de esas consecuencias en sede penitenciaria, sí apunta a que el Código del 96 no resolvió por sí, ni tampoco se impulsó una legislación independiente que solventara la vieja deuda que el sistema penal costarricense tiene con una legislación moderna y eficiente en materia de ejecución penal para la población adulta. Es esta la falencia más señalada, por tener que ver con el principio de legalidad y su obligado tratamiento teniendo en cuenta que se trata de la regulación y afectación de derechos fundamentales de personas condenadas. Con todo, el autor no deja de albergas esperanza de que más temprano que tarde, mediante la tramitación del expediente legislativo # 21.800, pueda finalmente el país contar con la legislación adecuada, superándose la enorme contradicción de que, dentro de un supuesto estado de derecho, tengamos una regulación de materia tan delicada, fundamentalmente a través de decretos del Poder Ejecutivo.

         En mi opinión, la preocupación que teníamos los principales responsables de la reforma procesal penal del 96-98, en cuanto a que más que un cambio jurídico-normativo, un nuevo régimen procesal penal implicaba una transformación cultural, es un desafío que sigue tan vigente como el primer día. Habrá que volver los ojos, más que a nuevas y renovadas modificaciones normativas, a la formación de nuestros jueces y juezas, a su preparación en las destrezas y conocimientos básicos, para alcanzar el mínimo funcional necesario de los sujetos procesales en un moderno estado constitucional de derecho.

José Manuel Arroyo Gutiérrez
Ex magistrado y Profesor Catedrático de la Universidad de Costa Rica.
Sabanilla de Montes de Oca, 22 de setiembre de 2020.

Nota de la edición:

Puede ver otras piezas de esta serie siguiendo este enlace:
https://surcosdigital.com/?s=Aportes%2Bal%2Bpensamiento%2Bjur%C3%ADdico%2Bcostarricense