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Etiqueta: justicia

UNA: Encuentro artístico con la Zona Sur

  • Creación en libertad

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Contar con la libertad de profundizar la investigación académica y la trasferencia tecnológica, cultivar las artes y las letras en su máxima expresión, analizar y criticar, con objetividad y racionalidad, es la base fundamental de la autonomía universitaria, la cual permite a la institución, incidir en la construcción de una sociedad más justa, solidaria y con mayor calidad de vida.

Con el objetivo de celebrar la autonomía universitaria y los beneficios que esta representa para el país, la Universidad Nacional (UNA) prepara una serie de encuentros artísticos con las comunidades que albergan sus sedes universitarias.

“La autonomía nos permite crear en libertad, este patrimonio nos dio una cultura de paz y es esencial mantenerla para crear científicamente y apoyar nuestro pensamiento crítico. Esa libertad también nos permite crear obras artísticas sin restricción, y eso se refleja en todos los campos universitarios”, explicó José Carlos Chinchilla, coordinador de la Comisión de Autonomía creada por el Consejo Universitario.

El coro de la Escuela de Música, los estudiantes del proyecto Teatro en el Campus de la Escuela de Arte Escénico, la Compañía de Cámara Danza UNA y UNA Danza Joven ambas de la Escuela de Danza, junto a grupos artísticos y culturales de las distintas sedes y representantes de las comunidades, serán los protagonistas de estos encuentros, donde la música, la danza, la actuación y el folclor, le darán vida y sentido a la autonomía universitaria.

¡Tome nota!

Encuentros artísticos con las comunidades:

Hora: 10 a.m.

  • Jueves 10 de agosto: Parque Central San Isidro del General, Pérez Zeledón.
  • Viernes 11 de agosto: Parque Central Ciudad Neily

Condición de un pueblo libre

Las universidades públicas de Costa Rica escribieron el manifiesto “Autonomía Universitaria: condición de un pueblo libre”, donde describe la autonomía como una responsabilidad social que les otorga independencia a las universidades, tanto del Estado, como de los diversos grupos de poder e intereses particulares, propiciando así el pensamiento crítico en la búsqueda de la verdad, fuertemente vinculado a la sociedad, con el fin de fortalecer la inclusión, la equidad y la justicia. Así mismo, la Universidad Nacional ha acogido la autonomía como uno de sus principios fundamentales (Artículo 4 del Estatuto Orgánico).

El Día de la Autonomía Universitaria se celebra cada 12 de abril.

 

*** Para mayor información comuníquese con Comunicación UNA (2277-3066 / 2237-5929).

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Enviado por UNA Comunicación.

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UCR alerta sobre graves riesgos del proyecto de ley 20.181 “Justicia pronta y cumplida”

Gabriela Mayorga López,

Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR

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Los expertos de la UCR hacen un llamado a los legisladores y a la ciudadanía en general para reconocer que son loables las iniciativas que tiendan a disminuir los tiempos de decisión definitiva de los casos penales, siempre que estos no afecten el mandado constitucional de una justicia “pronta” pero también “cumplida”. En la fotografia el Centro de Adulto Joven en San Rafael de Alajuela, durante una peña cultural de “Apoyo a la Población Penal Juvenil”, 2013. – foto Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

Sobre el proyecto de ley No. 20.181 “Justicia pronta y cumplida”, la Maestría de Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica (UCR) alerta sobre los graves efectos que la aprobación de este proyecto puede tener en la administración de justicia penal en Costa Rica, inclusive en detrimento de las víctimas que dice proteger.

En una declaración firmada por el decano de la Facultad de Derecho, el Dr. Alfredo Chirino Sánchez; el vicedecano Dr. Erick Gatgens Gómez; el profesor Dr. Carlos Tiffer Sotomayor; el Dr. Javier Llobet Rodríguez, la MSc. Rosaura Chinchilla Calderón, el Dr. Gustavo Chan Mora y el Dr. Álvaro Burgos Mata; se especifican los vacíos del proyecto entre ellos:

  1. Que funcionarios públicos acusados que tengan fuero de protección, que requiere ser levantado por la Asamblea Legislativa, quedarían impunes porque el trámite de levantamiento de su inmunidad es más extenso que el tiempo límite que propone el texto.
  2. El texto sigue una línea distinta a la regulada por la Corte IDH sobre el tema del plazo razonable para los procesos penales y que estos no pueden finalizar privilegiando criterios formalistas (vencimiento de plazos) por sobre el contenido.
  3. Que los plazos rígidos y cortos fijados para la “etapa preparatoria” no contempla plazos establecidos por otras leyes (como la que regula la intervención telefónica) que son superiores a los seis meses que propone el proyecto, por lo que se tendría que finalizar el proceso sin haberse concluido la investigación.
  4. El texto presenta graves deficiencias en el uso de conceptos jurídico-procesales respecto de temas esenciales, presenta contradicciones y vacíos, todo lo cual es susceptible de generar caos en la interpretación.
  5. La fijación de plazos perentorios para la etapa de debate puede atentar contra el principio de independencia judicial en la medida en que es el Tribunal el que debe valorar si acepta gestiones de partes que pueden darse fuera de los tiempos cortos que prevé el proyecto.

Los expertos de la UCR hacen un llamado a los legisladores y a la ciudadanía en general para reconocer que son loables las iniciativas que tiendan a disminuir los tiempos de decisión definitiva de los casos penales, siempre que estos no afecten el mandado constitucional de una justicia “pronta” pero también “cumplida”. Un modelo de proceso penal en un Estado Democrático de Derecho, debe dar respuesta al doble problema de la eficiencia y la garantía, buscando el punto de equilibrio entre ambos intereses.

Así, sobre los plazos en los que se desarrolla un proceso, se debe tomar en cuenta, para determinar su razonabilidad: la complejidad del asunto, la actividad procesal de los interesados (que es casuística) y la conducta de las autoridades judiciales y no debe perderse de vista el tema infraestructural, de la mayor litigiosidad (marcado por un aumento en el número de denuncias) y del incremento de delitos que se hace en la misma Asamblea Legislativa, que debe atenderse con los mismos recursos.

El proyecto de ley 20.181 fue presentado por el diputado Mario Redondo Poveda del Partido Alianza Demócrata Cristiana. Actualmente, está siendo analizado por la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Legislativa y públicamente ha sido apoyado por el fiscal general de la República licenciado Jorge Chavarría, el Presidente de la Sala Tercera, Dr. Carlos Chinchilla, el magistrado Celso Gamboa y el ministro de seguridad Gustavo Mata.

 

Información de www.ucr.ac.cr, compartida con SURCOS por Rosaura Chinchilla Calderón.

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Los Territorios Seguros no dejan de estar en actividad

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Esta semana estuvimos invitados al Congreso Internacional de Justicia Abierta, organizado por el Poder Judicial.

Ahí hicimos varios contactos internacionales y pudimos conocer los argumentos que maneja el Poder Ejecutivo y el Legislativo al respecto. Fue sumamente interesante.

Doña Zarella nos mostró su reconocimiento por la labor que desempeña la Ciudadanía que Construye Territorios Seguros.

Los Territorios Seguros de Los Veteranos de San Gerardo de La Rita, organizaron una actividad para festejar a los niños el domingo 4 de diciembre; contaron con el apoyo del comercio y de ciudadanía que se identifica con el proceso.

La señora alcaldesa ofreció su apoyo, sin embrago al final no se concretó.

También el Territorio Seguro Cocles, consecuente con su responsabilidad de darle un giro al Centro Educativo, se hicieron presentes a limpiar y chapear las áreas verdes, tarea que no había sido realizada por la Junta de Educación y la anterior directora que fue suspendida.

 

Texto e imágenes enviadas por Carlos Campos de Territorios Seguros.

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UCR: En tiempos de alta conflictividad social la familia se ve afectada

Trabajadora social argentina habló del tema en simposio

 

Andrea Marín Castro,

Periodista Oficina de Divulgación e Información

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La familia en sus distintas composiciones es una de las instituciones sociales que más se ve afectada por la conflictividad social (foto archivo ODI).

La conflictividad social y su efecto sobre las familias fue el tema que abordó la Mag. Lilliana Barg, durante su exposición como parte del I Simposio Familias y conflictividad social, las políticas sociales en la actualidad.

La trabajadora social argentina manifestó que en América Latina se está presentando un retroceso en relación con las políticas de inclusión que produjeron cambios positivos en la sociedad y por consiguiente en la familia. Según su opinión, este cambio de políticas se combina con otros mecanismos de ajuste como el aumento de tarifas de los servicios públicos, devaluación de la moneda e inflación, que tienen como consecuencia desempleo y deterioro de las condiciones laborales.

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La Mag. Lilliana Barg criticó el cambio en las políticas públicas, relacionadas al tema de la familia, que se están dando en algunos países de Latinoamérica pues en su opinión retornan proyectos neo conservadores que apuntan al asistencialismo en lugar de la inclusión social (foto Laura Rodríguez).

Ante este contexto, aumenta la conflictividad social y las familias no están exentas de esta situación.

“En este escenario de temor y conflicto las familias se construyen y reconstruyen, sufren los embates del modelo de sociedad que altera sus vidas, avasalla sus derechos especialmente los sectores medios y pobres, se producen nuevos agrupamientos que modifican el espacio social”, explicó Barg.

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La Ministra de Justicia y Paz, Cecilia Sánchez manifestó que se debe trabajar por atender las causas de la violencia y aumentar la inversión en políticas públicas preventivas que recurran a otro tipo de sanciones diferentes al encarcelamiento (foto Laura Rodríguez).

La familia está en medio de la sociedad, es parte de ella y se puede encontrar a la sociedad misma al mirar a la familia. La violencia, el temor, las relaciones de poder son cuestiones que circulan tanto en la sociedad como en la familia, y más en momentos de alta conflictividad social.

Y ¿qué pasa con las familias en estos momentos? Pues que hay consecuencias importantes especialmente en aquellas que se encuentran en condición de pobreza. Por lo tanto, para los profesionales en Trabajo Social se vuelve fundamental establecer estrategias de intervención que comprendan que la labor del especialista debe reforzar todos aquellos recursos con los que cuentan los integrantes de la familia para lograr salir de la situación en la que se encuentran.

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En el acto de inauguración también participaron la Licda. Damaris González de la jefatura nacional de Trabajo Social del Ministerio de Justicia; la Mag. Roxana Mesén del Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial; la Mag. Carmen María Castillo, directora de la Escuela de Trabajo Social; y la Licda. Verónica Castro de la oficina de atención y protección a la víctima del delito (foto Laura Rodríguez).

En el marco de una política social que puede universalizar derechos, la intervención profesional puede darse en un marco de prácticas alternativas, promover y reconocer la importancia de la reducción de la inequidad y un mayor ejercicio de derechos.

“Un factor clave en los diagnósticos familiares es indagar percepciones y representaciones de los integrantes del grupo, la explicación y comprensión de sus estrategias de reproducción, cómo circula el poder en la familia, cuáles son las distintas posiciones en el campo familiar, cuál es el estado de lucha por los distintos capitales, qué disposiciones existen para actuar, moverse, hablar. Esto permite evaluar sus altos y cuáles son los intercambios de movimientos de posición que pueden darse dentro del círculo familiar”, recalcó.

Esta fue la charla inaugural del I Simposio Familias y conflictividad social, las políticas sociales en la actualidad, que organizó el Programa Pridena junto al núcleo de administración de la justicia de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica (UCR). En la actividad participaron profesionales de trabajo social y otras áreas que laboran en el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial y la UCR.

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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Abogados y criminólogos de la UCR analizan la justicia en las prisiones

Elizabeth Rojas Arias,

Periodista Oficina de Divulgación e Información

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El Coloquio Castigar e integrar desafío de la justicia en las prisiones se realiza este lunes 3 y martes 4 de octubre en el auditorio del Tribunal Supremo de Elecciones en San José.

La Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica realiza durante la presente semana el Coloquio: Castigar e integrar: los desafíos de la justicia en las prisiones, con la participación de especialistas en derecho, sociología, ciencias políticas y criminología, tanto académicos como autoridades nacionales e invitados internacionales.

El tema se desarrollará este lunes 3 de octubre y martes 4 de octubre en una conferencia y dos meses redondas abiertas a todo público en el auditorio Francisco Sáenz Meza, del Tribunal Supremo de Elecciones, en San José, a partir de las 5 de la tarde.

Este lunes la moderadora será la Ministra de Justicia M.Sc. Cecilia Sánchez quien presentó la conferencia del Dr. Adelino Braz, director del Instituto Francés para América Central, quien diserta sobre Los 40 años después de vigilar y castigar actualidad de la reflexión de Michel Foucault sobre las cárceles.

Posteriormente habrá una mesa redonda sobre el tema: La cárcel y el juez: ¿justicia restaurativa o lógica punitiva? con la participación del decano de la Facultad de Derecho de la UCR Dr. Alfredo Chirino, el M.Sc. Norberto Garay, juez del Tribunal penal de Heredia y el Dr. Roy Murillo, juez de Ejecución de la pena.

Este martes 4 de octubre la mesa redonda será sobre La cárcel y el detenido y en ella participarán la Dra. Claudia Palma, profesora de la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica; la licenciada Vanessa Beltrán profesora de la Escuela de Ciencias Políticas e investigadora del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP).

También participan la M.Sc. Marcia Aguiluz, directora del Programa del Centro por la justicia y el derecho internacional (Cejil), y el M.Sc. Alexis Sánchez, del Instituto Nacional de Criminología. En esta ocasión el moderador es el M.Sc. José Manuel Arroyo, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia.

Este coloquio es organizado por la Facultad de Derecho, el Instituto Francés para América Central y la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa de la Universidad de Costa Rica.

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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4 de julio: Justicia a la sublevación de pueblos indígenas

4 de julio de 1710

 

En esta fecha, hace 305 años, es ejecutado el líder de la resistencia indígena Pablo Presbere.

Con esta acción, el Gobernador y Capitán General de Costa Rica, Lorenzo Antonio de Granda y Balbín, quiso establecer justicia a la sublevación de pueblos indígenas de Talamanca ocurrida en 1709, en la cual murieron varios misioneros y los miembros de la escolta que los acompañaba.

La sublevación indígena fue feroz, y además de acabar con la vida de los invasores, destruyó algunas edificaciones que habían construido, entre ellos, algunos templos.

Pocos años más tarde, en una visita que realizó el Obispo Benito Garret y Arloví, levantó un informe sobre las verdaderas causas de la sublevación de Presbere y el miserable trato a que eran sometidas las comunidades aborígenes por los invasores.

Aseguraba el informe que los indios era maltratados cruelmente, tanto por las autoridades militares como por los misioneros con el fin de saciar su codicia.

«Azotábaseles hasta causarles la muerte por pérdida de sangre, si no entregaban el fruto de un trabajo excesivo que se les imponía.»

Señalaba el Obispo en su informe:»…no son tiernos discípulos a quienes se enseña la ley de Dios, sino infelices esclavos que con sus sudores sangrientos sirven a la codicia y al interés».

 

Fuente: Francisco Montero Barrantes. Elementos de Historia de Costa Rica.

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Convocatoria a reunión para acción de justicia por asesinato de Berta Cáceres

Desde el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras y desde la familia de Berta Cáceres se está convocando para el próximo 15 de junio, a una acción a nivel internacional frente a las embajadas de Honduras para exigir justicia por el asesinato de la compañera Berta Cáceres.

Con el fin de organizar dicha manifestación, es que se realizará este martes 31 de mayo a las 6:00 pm en el Centro de Amigos para la Paz, una reunión para coordinar la acción de solidaridad por justicia con Berta Cáceres y con el COPINH.

Se adjunta video de la mayor Pascualita Vásquez del COPINH convocando a esta petición de justicia:

https://www.youtube.com/watch?v=4SA2Y8LyDas&feature=youtu.be

 

Enviado a SURCOS Digital por Radio 8 de Octubre-Costa Rica.

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Audiencia sobre la situación en el Bajo Ajuán

#CIDHAudiencias. Berta Zúñiga Cáceres, la hija de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres, asesinada el 3 de marzo de 2016, entrega una flor a la delegación del Estado de Honduras durante la audiencia sobre la situación en el Bajo Aguán.

Audiencia sobre la situacion en el Bajo Ajuan

“Mi mami era una lideresa constantemente amenazada por sostener sus convicciones en defensa de los derechos de los pueblos indígenas de Honduras, la defensa de nuestro territorio ancestral y nuestros bienes comunes de la naturaleza”, dijo ante los Comisionados y las Comisionadas y ante la delegación del Estado. “Le dispararon en el pecho tratando de detener su latido, pero su latido se encuentra en todo el pueblo lenca, en nosotros sus hijas e hijo, y en todas las personas que soñamos y luchamos por un mundo lejos de la injusticia. Su asesinato es reflejo de la preocupante y grave situación de violencia, amenazas y hostigamiento que enfrentan quienes alzan la voz y defienden derechos humanos en Honduras”.

Dijo que a más de un mes del asesinato de su madre, “el Estado hondureño no ha dado respuesta efectiva a nuestro reclamo de verdad y justicia. Por el contrario, nos ha excluido de las investigaciones, determinando el expediente investigativo en secretividad y limitando totalmente nuestra participación como coadyuvantes del proceso”.

*Para ver la audiencia completa ingrese en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=XiUQCqUT7gY

Centro de Amigos para la Paz

Información enviada a SURCOS Digital por Marcela Zamora Cruz.

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