Las almas de los jóvenes deben ser movidas por fuerzas espirituales. Los gastados resortes de la autoridad que emana de la fuerza no se avienen con lo que reclama el sentimiento y el concepto moderno de las universidades. El chasquido del látigo sólo puede rubricar el silencio de los inconscientes o de los cobardes. La única actitud silenciosa, que cabe en un instituto de Ciencia es la del que escucha una verdad o la del que experimenta para crearla o comprobarla.
Manifiesto Liminar, Reforma Universitaria de Córdoba (1918).
La Sección de Filosofía de la Sede de Occidente manifiesta a la comunidad universitaria y nacional:
1) Se ha hecho público un nuevo ataque contra las universidades estatales, la comunidad universitaria y la institucionalidad nacional.
2) El presupuesto de las universidades para el año 2020 ya había sido acordado según lo dispuesto en el artículo 85 de la Constitución Política; pese a ello, unilateralmente y sin tener potestad para hacerlo, la Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar calificó 70 mil millones de colones de ese fondo como “transferencia de capital”, con lo que impide que esa cantidad pueda ser utilizada para gastos corrientes. Con tal proceder, la Ministra irrespeta el artículo 84 de la Constitución que confiere al Alma Mater independencia para el desempeño de sus funciones, y el 85 que explícitamente señala que el FEES debe ser incluido en “la partida” y no en las partidas que defina la Ministra de turno a su libre antojo y con fines dudosos.
En las negociaciones de 2020, las universidades se habían comprometido con un monto de 70 mil millones en inversiones de capital. Así fue presupuestado con creces por las universidades estatales. Pero este monto se calculaba sobre la base del conjunto de los presupuestos totales, no sobre la base de los recursos del FEES.
3) La Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar con un movimiento que parece “técnico”, concreta un acto tendencioso al colocar 70 000 millones de colones como “gastos de capital”, lo que significa que ese dinero no podrá ser utilizado para gastos corrientes, por ejemplo: becas, contratación de docentes, proyectos de investigación y acción social, sino que solo se podrían utilizar en infraestructura y equipamiento, lo que, al ser imposible, de antemano se sabe que terminaría constituyendo un remanente que luego sería sancionado.
4) Por tanto, si se realizara esta nefasta medida el resultado sería completamente absurdo, pues se exigiría realizar una súper inversión en infraestructura y equipamiento que no es posible y, como ya se señaló, aspectos sustantivos para la marcha institucional quedarían descubiertos. El Ministerio de Hacienda estaría obligando a las universidades a construir “ciudades fantasma”: ciudades universitarias con carísimos edificios y equipos, pero sin estudiantes, profesores, sin transferencia de beneficios a la comunidad. Es evidente que la Ministra de Hacienda se extralimita en sus funciones y actúa en ámbitos que no son de su competencia. Todo esto, además irrespetando de manera flagrante y deliberada lo establecido en la Constitución.
5) Las universidades, como casas de servicio educativo que son, invierten tramos muy importantes de los recursos del FEES en salarios. En casos como el de la UNED, la mayoría de estos recursos deben ser invertidos en salarios, pero en el caso de la UCR la relación salarios/inversión muestra una sanidad superior al promedio para instituciones de esta naturaleza. La absurda disposición del Ministerio de Hacienda implicaría en concreto que universidades públicas enteras no puedan funcionar en el año 2020.
6) Aunque, prima facie, parezca un “comportamiento absurdo”, no lo es en realidad. Sin duda, esta estrategia técnica es un acto de mala fe, según fue indicado, realizado con conciencia, y absolutamente coherente con las políticas de austeridad y restricción que viene implementando Hacienda: empezando por el plan fiscal, continuando con la regla fiscal y siguiendo con las amnistías tributarias y los “olvidos” de los paraísos fiscales, en contraposición con el pago puntual y a toda costa de los extremos de la deuda pública que más convienen. Por lo anterior, es el momento para que el pueblo y la ciudadanía costarricense demanden una auditoría integral de esta deuda pública, tanto interna como externa, porque podría estar siendo el pueblo, su salud y su educación vulnerados en beneficio de intereses ajenos y exógenos.
7) En el caso de la UCR, las autoridades universitarias calculan que el monto “no utilizable” para gasto corriente sería de 39 900 millones de colones, eso equivale al 84, 9% del monto que la UCR invierte en Sedes Regionales y el 137% de lo que la UCR invierte en becas. En los hechos, conlleva un cierre técnico para muchas sedes, recintos y departamentos de la UCR y un retroceso en toda la línea en cuanto a los procesos de regionalización y en la pretendida desinterinización del trabajo universitario.
8) Subrayamos, sin pretender ser alarmistas, que un direccionamiento, forzado y unilateral, del uso de los recursos universitarios es un golpe mortal a la autonomía universitaria: esta quedaría reducida, cuando mucho, a una autonomía en los contenidos programáticos. Vale aclarar que tal autonomía, respetada por casi 80 años por la mayoría de nuestros políticos, ha permitido a estos centros de enseñanza responder oportuna y solidariamente ante las necesidades ciudadanas, a tal punto que, pese a los injustos ataques, carentes de fundamento y orquestados contra ellas, las universidades públicas siguen siendo el principal referente de confianza y credibilidad ante la población nacional.
9) No es la primera vez que la autonomía universitaria es afectada por este gobierno. En 2018 el Ministerio de Seguridad la había violentado, así como la libertad de expresión, cuando persiguió manifestantes hasta el campus y agredió a estudiantes, periodistas y la infraestructura. No hubo ninguna disculpa, ni ninguna sanción fue realizada por el gobierno. La violación del espacio físico de la Universidad solo fue un prólogo para la violación de su autonomía de la institucionalidad nacional. La violación de la autonomía universitaria es un paso que augura más ataques y restricciones a las libertades civiles y democráticas, así como a otros aspectos de la institucionalidad nacional. El gobierno de Carlos Alvarado se ha adentrado en un camino, transitado por otros países de América Latina, donde el neoliberalismo y al autoritarismo radicalizan la crispación y el enfrentamiento social, relegando a segundo orden la paz y el bienestar humano.
10) Consideramos de gran importancia que este manifiesto u otros similares sean discutidos en las aulas con los estudiantes, así como en cualquier actividad institucional, tanto de docencia, como de investigación y de acción o extensión social que así lo permitan y que, en complemento, los distintos departamentos y escuelas, facultades, centros e institutos de la universidad estatal, se manifiesten contra este ataque, anteponiendo, como debe ser, los principios y propósitos institucionales.
11) Solicitamos a las autoridades universitarias, especialmente a los directores de sedes y recintos que desarrollen de una estrategia de proximidad y convencimiento con los diputados locales; asimismo, que organicen debates en el seno de la comunidad universitaria para impedir que el presupuesto nacional sea aprobado tal como lo pretende el Ministerio de Hacienda. Recuérdese que la Asamblea Legislativa, según el artículo 85 de la Constitución, tiene la competencia de corregir este yerro causante de diferendo y, con ello, no solo proteger a la universidad estatal costarricense, sino restituir el orden constitucional infringido nuevamente por el Ejecutivo y tutelar la institucionalidad democrática.
12) Solicitamos al Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, que instruya a la Ministra de Hacienda Rocío Aguilar, para que, sin tener que llegar al extremo señalado en el numeral anterior, modifique el presupuesto nacional con tal que los presupuestos del sistema universitario respeten lo dispuesto en la Constitución Política y el acuerdo previo tomado. Es lo que corresponde en procesos de negociación nobles y humanos, en una democracia y en un estado de derecho como el costarricense.
13) Hacemos un llamado a las comunidades universitarias del CONARE y a todas sus autoridades a organizar un amplio debate sobre este tema incluyendo a las comunidades, pues ellas serán profundamente afectadas por este recorte solapado. Tiene especial responsabilidad el CONARE como cuerpo coordinador del sistema universitario estatal y por eso exigimos de su parte un papel beligerante y estratégico.
14) Igualmente, demandamos a las rectorías afectadas con esta arbitrariedad, que de inmediato organicen las acciones que correspondan en defensa de las instituciones, tomando las acciones de hecho y derecho que fueran necesarias.
15) Hacemos también un llamado a las federaciones estudiantiles y a los estudiantes en general, que son sin duda el corazón y la columna vertebral del sistema universitario estatal costarricense, para que no permitan que se les arrebate el futuro y, por su medio, el de la Nación. Que se informen, se organicen y participen orgánicamente en la defensa de la educación superior estatal y de los derechos derivados.
16) Mostramos nuestra total disposición, moral y política, para sumarnos en la estrategia por la defensa de la universidad estatal costarricense y, consecuentemente, de la institucionalidad democrática consagrada constitucionalmente, en procura de una sociedad justa, dignificante, respetuosa y equitativa.
Acuerdo unánime tomado en la Ciudad Universitaria Carlos Monge Alfaro en Sede de Occidente, de la Universidad de Costa Rica, Alajuela, a las 10 horas del día 15 del mes de octubre del 2019.
Imagen ilustrativa.
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