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Etiqueta: legitimidad

II Manifiesto del Movimiento Transparencia

El Movimiento Transparencia, como iniciativa de escritores (as), comprometidos con la excelencia y transparencia en el sistema de premiación de los máximos galardones culturales financiados con fondos públicos, manifiesta su firme oposición al proyecto de reforma parcial a la ley 9211 “Ley sobre Premios Nacionales de Cultura”, que el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) tiene actualmente en consulta, porque no viene a resolver los problemas de la legislación existente, sino a agravarlos, con iniciativas poco sustantivas, antojadizas e inconvenientes. Además, no aceptamos el procedimiento empleado en el proceso de elaboración de este proyecto, por las razones que señalamos a continuación:

  1. SOBRE EL PROCEDIMIENTO

NO SE HIZO UNA CONSULTA AMPLIA A LOS SECTORES Y GREMIOS CONCERNIDOS

El proyecto de reforma fue elaborado apresuradamente sin una consulta adecuada al sector cultural amplio, ignorando las voces y experiencias de quienes mejor conocen las necesidades del ámbito artístico nacional.

De este modo, el proyecto no responde a las denuncia y necesidades expresadas por el sector, y luego, ante el reclamo de los gremios y personas concernidos, se está sometiendo a una consulta que resulta:

  1. Un proceso apresurado: no se está dando el tiempo indispensable para una adecuada respuesta.

Expresamos nuestro categórico desacuerdo con el tiempo insuficiente otorgado para una consulta de tal envergadura. Apenas dos semanas para analizar una reforma que requiere de estudio profundo, reflexión seria y debate amplio dentro del sector cultural constituye una falta de respeto hacia la comunidad artística y cultural del país.

Una reforma de esta naturaleza, que impacta directamente el reconocimiento a la excelencia cultural de nuestra nación, amerita el tiempo adecuado para su análisis, considerando la seriedad y trascendencia que estos galardones representan para el patrimonio cultural costarricense.

  1. Una consulta que se reduce a la respuesta a cuestionarios insuficientes y poco profundos, sin espacios participativos de reflexión, que deberían organizarse en cada provincia.

Por lo tanto, consideramos indispensable:

– Que la consulta tenga un plazo lógico y suficiente de dos meses, del 22 de mayo al 22 de junio.

-Que se mejoren los instrumentos de la consulta y se convoque en cada provincia a los escritores (as) y grupos literarios organizados a una reflexión en las casas de la cultura, u otro espacio afín, donde se recojan propuestas.

2. SOBRE EL FONDO DE LA PROPUESTA

La propuesta de reforma del MCJ actualmente en consulta presenta graves deficiencias que nos obligan a rechazarla en su formulación actual, por cuanto:

  1. Representa un retroceso en lugar de una mejora al sistema actual, alejándose de los principios de excelencia que deben regir estos reconocimientos, los de más alto nivel del campo artístico en Costa Rica, pues propone nuevos premios poco motivados y procedimientos que no ofrecen la debida credibilidad y no solucionan la permisividad e imprecisiones de la ley vigente.

  2. Pretende reducir a la mitad el monto económico otorgado a cada premio, desvalorizando así el reconocimiento y afectando directamente a los galardonados.

  3. No soluciona los problemas relacionados con la designación, perfil y deberes de los jurados, así como las sanciones a su mal proceder, asunto central en el lamentable estado de cosas actual, lo que estaría perpetuando las debilidades del sistema actual y hasta aumentándolos.

  4. La propuesta establece unos mecanismos que podrían aumentar el amiguismo, el uso de influencias, la endogamia y otros serios desviaciones éticas del presente al convertir a los premiados en jurados, creando círculos cerrados que comprometen la objetividad del proceso.

  5. Sobre la conformación del jurado, se lee en el Articulo 8 que: “El jerarca ministerial nombrará un jurado en representación del Ministerio de Cultura y Juventud para cada una de las categorías a galardonar”. Consideramos que no es justificable ni conveniente la designación discrecional de un jurado de parte directamente de la cabeza del Ministerio, por el riesgo de politización de las decisiones de los jurados y, por ende, la posibilidad de censura a posiciones políticas contrarias a la línea de gobierno. Los jurados deben de ser entes colegiados, especializados y despolitizados, para así asegurar la libertad de expresión de los productos culturales, que históricamente se han caracterizado por ser un medio para la expresión, criticidad y denuncia de su entorno político, económico y sociocultural.

  6. Preocupa especialmente que se disminuya la presencia de la academia en la participación de jurados, cuando precisamente son los académicos quienes poseen la preparación más sólida para evaluar el mérito cultural. Por el contrario, la ley debe excluir la presencia de jurados sin formación específica en el campo en el que va a evaluar y nunca un desarrollo profesional menor al de los evaluados.

  7. Asimismo, la reforma transforma el premio de gestión cultural hacia un enfoque neoliberal economicista inapropiado, distorsionando la naturaleza de este reconocimiento.

  8. Sorprendentemente, la propuesta no exige respaldo editorial para los participantes, lo que afecta gravemente la calidad de las obras presentadas, y promueve la mediocridad y daría lugar a formas cuestionables de autoría. Al establecer únicamente el ISBN como requisito mínimo, se rebajan los estándares de excelencia que deben caracterizar estos galardones nacionales. Por otro lado, no se resuelve la ambigüedad en la ley que da paso a portillos en los cuales se presente la misma obra por parte de una misma persona en varios años, pues al hablarse de “Primeras ediciones” no se establece el carácter de “inédito” de una obra.

NUESTRO ORIGEN Y PROPÓSITO

La conformación del Movimiento Transparencia surge tras la presentación de un recurso de nulidad por parte del abogado y escritor José María Zonta, quien denunció múltiples irregularidades en el proceso de premiación correspondiente al año 2024-2025. Este recurso, acompañado por un procedimiento administrativo ante el Ministerio de Cultura, pretende abrir un debate profundo sobre los mecanismos actuales de evaluación y la necesidad imperiosa de cerrar portillos legales que permiten el tráfico de influencias, la complicidad, la permisividad e intereses personales.

Exigimos una reforma integral al sistema de premiación que garantice transparencia, justicia y mérito como únicos criterios de evaluación.

NUESTRA PROPUESTA CONSTRUCTIVA

Anunciamos nuestro compromiso de elaborar un nuevo proyecto de ley que será analizado de manera pausada, seria y exhaustiva entre el sector cultural. Este proyecto tendrá como objetivo fundamental mejorar la transparencia, la justicia y el buen manejo de los Premios Nacionales de Cultura, garantizando que estos galardones reflejen verdaderamente la excelencia artística y cultural de nuestro país.

CONVOCATORIA AL DIÁLOGO

En los próximos días daremos a conocer las fechas de reuniones virtuales y presenciales para profundizar en este tema y concretar una propuesta sólida y consensuada.

Llamamos a los demás sectores representados en los Premios Nacionales a manifestarse.

Invitamos cordialmente al Ministerio de Cultura y Juventud a acompañar esta discusión encabezada por parte representativa del propio sector cultural, en un espíritu de colaboración y búsqueda del bien común y de la superación cultural del país.

Paralelamente, consideramos vital para las metas propuestas, desarrollar conversaciones activas con diferentes diputaciones, que permitan la articulación específica entre el sector cultural de todo el país y el poder legislativo en esta materia, para lograr una transformación real y duradera del sistema de los Premios Nacionales costarricenses.

Siendo un diálogo en que este grupo reivindica y denuncia actos y procedimientos, con afán correctivo, esperamos del MCJ:

Que no se produzcan represalias directas o indirectas hacia el movimiento o sus miembros.

NUESTRO LLAMADO

Hacemos un llamado a toda la comunidad cultural, artística e intelectual del país a sumarse a este movimiento por la transparencia. Los Premios Nacionales de Cultura deben ser un reflejo fidedigno de la excelencia artística y no el resultado de influencias ajenas al mérito.

La cultura costarricense merece un sistema de premiación digno, transparente y justo.


Movimiento Transparencia
Iniciativa Ciudadana por la Transparencia en los Premios Nacionales de Cultura

San José, 22 de mayo de 2025

Movimiento de escritores y escritoras clama por reforma urgente en los Premios Nacionales de Literatura Aquileo J. Echeverría

  • El Movimiento Transparencia, integrado por un grupo representativo de autores y autoras, plantea cambios a la ley para cerrar portillos a intereses y conflictos en la premiación literaria más importante del país

Con el objetivo de restituir la ética, la transparencia y la legitimidad de los Premios Nacionales de Cultura, un grupo de quince escritores y escritoras ha conformado el Movimiento Transparencia, una iniciativa ciudadana que exige una reforma integral al sistema de premiación de estos galardones financiados con fondos públicos.

La conformación del movimiento surge tras la presentación de una gestión de nulidad por parte del abogado y escritor José María Zonta, quien denunció múltiples irregularidades en el proceso de premiación correspondiente al año 2024. Este recurso, acompañado por un procedimiento administrativo ante el Ministerio de Cultura, pretende abrir un debate profundo sobre los mecanismos actuales de evaluación y la necesidad de cerrar portillos legales que permiten el tráfico de influencias e intereses personales.

“Es urgente replantear los criterios que dan legitimidad a los premios literarios. No se trata solo de corregir errores, sino de garantizar que el país cuente con mecanismos justos, verificables y éticamente sostenibles”, señala Leda García, vocera del Movimiento.

Una de las irregularidades señaladas en el recurso es la doble postulación de la novela Donde nadie, del autor Carlos Villalobos. Esta obra fue inscrita en dos años consecutivos con diferentes sellos editoriales —Diario Jaén (España) en 2023 y Uruk Editores (Costa Rica) en 2024—, pero ambas versiones comparten el mismo contenido y título, figurando incluso como “primera edición”. Esta duplicidad pone en entredicho la transparencia del proceso.

También se ha denunciado la existencia de conflictos de interés entre jurados y autores premiados, lo cual vulnera la imparcialidad del fallo. Casos como el de los vínculos entre Dorde Cuvardic y Carlos Villalobos, o entre Laura Gómez y Edmundo Retana, ilustran cómo las relaciones personales pueden interferir en decisiones que deberían ser estrictamente profesionales.

Otra de las preocupaciones se refiere a la editorial “Oro Viejo Ediciones”, responsable de publicar la obra El incendio del ser, también galardonada. Según registros oficiales, esta editorial aparece como disuelta, no cuenta con presencia en línea, ni oficina física, ni consejo editorial, ni catálogo actualizado.

El Movimiento también denuncia la filtración anticipada de los resultados del certamen. Semanas antes del anuncio oficial ya circulaban los nombres de los ganadores, lo cual pone en duda la integridad del proceso. “No hay premio justo si la confidencialidad se rompe de forma tan flagrante”, asegura García. “Esto debilita la confianza pública en el galardón”.

A esto se suma la preocupación por la idoneidad del jurado en la categoría de dramaturgia. Ningún integrante del jurado contaba con formación ni experiencia en esta disciplina, a pesar de que el reglamento establece requisitos específicos para cada categoría.

En busca de reformas

Como parte de su propuesta, el Movimiento Transparencia clama por una serie de acciones urgentes para restablecer la ética en el certamen. Consideran imprescindible la publicación de un reglamento claro, público y accesible para todas las personas participantes, de modo que se eliminen las ambigüedades que hoy permiten irregularidades. Además, proponen que toda persona que postule una obra firme una declaración jurada que establezca con claridad las responsabilidades legales ante la autenticidad y originalidad de su propuesta.

Asimismo, el Movimiento plantea la necesidad de establecer filtros de postulación rigurosos. Para ello, se pide que al cierre de cada edición del certamen se habilite el acceso público a los registros oficiales: actas, videos, deliberaciones y justificaciones de los fallos deben ser consultables por la ciudadanía.

Además, el Movimiento considera ineludible que las personas miembros del jurado sean seleccionadas con criterios estrictos de idoneidad profesional, trayectoria académica o literaria, y con especialización demostrable para todas las categorías. “Hay que hacer cambios de raíz porque estos premios destinan millones de colones que son fondos públicos, o sea, de todos los costarricenses, y merecen transparencia”, finaliza García.

El Movimiento Transparencia está conformado por las personas escritoras Leda García, Paola Valverde, Rebeca Bolaños, Nidia Marina González, Andrés Briceño, Laura Vásquez, Guillermo Acuña, Anacristina Rossi, Dennis Ávila, Carlos Calero, Paul Benavides, Claire De Mezerville, Shirley Campbell, Leonardo Cruz y Cristian Alfredo Solera.

Se comparte el manifiesto completo donde se detallan todas las denuncias, argumentos legales y propuestas para una reforma estructural de los Premios Nacionales de Cultura en Costa Rica.

Puede descargarlo como PDF desde este enlace: El silencio de los Aquileos

Para leer el manifiesto en línea siga este enlace: https://wp.me/p6rfbZ-vCy

Después hablamos

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

El politólogo ecuatoriano César Ulloa Tapia elabora una detallada radiografía sobre el perfil de los populismos en América Latina.

Señala, entre otros rasgos, la fabricación de una continua polarización en sus discursos y un permanente ataque a las instituciones y algunas libertades, como por ejemplo la de prensa. Según el científico social, se estructura sobre una buena base de apoyo y legitimidad popular, que le permite funcionar con un margen amplio, pese a que sus decisiones parecieran ilógicas y sin ningún sustento técnico, político o analítico.

Ulloa Tapia compartió algunas de estas apreciaciones en la conferencia inaugural del I Ciclo lectivo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional hace algunas semanas.

En ellas profundizó en ciertos contextos de la región latinoamericana, pero fue inevitable no pensar en que algunas de estas características ya se encuentran instaladas en la sociedad costarricense.

Los peligros para la democracia son muchos, en tanto los populismos devienen en formas verticales del ejercicio del poder.

La creencia, muy difundida, de que a la ingobernabilidad se la combate con mano dura, un comandante en jefe, alguien que deje caer su puño sobre las irregularidades, tiene en Costa Rica un considerable caldo de cultivo.

Un reciente estudio de opinión presentado por el Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional respaldó con sus resultados esa percepción. Señala la persistencia hacia actitudes autoritarias por parte de la población costarricense consultada, ubicada porcentualmente arriba del 60%.

En Costa Rica, esta idea ha venido sedimentándose a lo largo del tiempo y señala la distancia entre la confianza al sistema democrático y su capacidad para responder a las demandas sociales, respuesta que entonces se traslada a la consolidación de una figura autoritaria en sus prácticas y sus discursos. Alguien que pueda corregir el rumbo de las cosas a mano dura.

La performance de una persona con estas características señala un comportamiento plenipotenciario, que no admite cuestionamientos y aparece como garante de una pasivo agresividad que no importa mostrar en público. De hecho, la amenaza solapada y la imposición aparecen como conductas normalizadas que no admiten contrarios o cuestionamientos.

Por razones de espacio en esta columna dejaré por aquí el análisis, que muy pronto estaré retomando, trazando un diálogo más extenso con el excelente análisis propuesto por Ulloa Tapia en su disertación.

Para usar cierto lenguaje coloquial, tan llevado y traído en los últimos días, dejaremos pendiente esta discusión para su ampliación en posteriores reflexiones.

Después hablamos”.

Severo congelamiento y recortes por los próximos 12 años sin un solo aumento por costo de vida

SURCOS comparte 

– Empleo público nunca ha sido responsable del déficit fiscal: hay una fijación ideológica y de odio contra la clase trabajadora estatal.

En el informe documento de trabajo para la discusión, emitido por el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan), ya en poder de la ANEP, se explica la “estimación de escenarios de empleo público: del salario compuesto al salario global…”; escenarios que plantean hasta 12 años de continuos de una “política salarial” para el empleo público en brutal reversión, al punto de que ni siquiera habría consideraciones de reajuste por costo de vida.

El citado documento se ha preparado para valoración en el seno legislativo, a fin de introducir al expediente legislativo 21.336, Ley marco de empleo público, cambios de último minuto para la propuesta que está el Gobierno por plantearle, en próximas horas, al Fondo Monetario Internacional (FMI); siguiendo la línea ideológica de culpabilizar al empleo público del déficit fiscal, a fin de estrangular el sector estatal al máximo, con brutal empobrecimiento de lo que quede de su población trabajadora asalariada.

ANEP denuncia que, ante el abrumador rechazo popular a la siempre considerada aspiración gubernamental de imponerle impuestos a la población, están pretendiendo que sea el empleo público el principal “gancho” para amarrar el eventual préstamo con el FMI, de 1.750 millones de dólares; poniendo en la pira del ajuste fiscal el futuro de 330 mil familias trabajadoras asalariadas estatales.

ANEP reafirma su rechazo total a ese expediente legislativo Ley marco de empleo público, No. 21.336, completamente inconstitucional y que lleva implícito derogatorias de valores fundamentales de la actual carta magna del país, establecida el 7 de noviembre de 1949; denunciando esta monstruosa propuesta de congelamiento y de reversión salariales hasta por los próximos 12 años.

Seguiremos insistiendo, una y mil veces más, que la solución integral al grave problema fiscal del país pasa, al menos, por lo siguiente: a) reestructuración-reingeniería de la deuda y del abusivo pago de intereses de la misma; b) el conocimiento legislativo del informe de Los papeles de Panamá, emitido en el período parlamentario constitucional anterior al actual; c) establecimiento de un impuesto solidario a las mega-fortunas, como lo han planteado los mismísimos Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial; d) establecimiento de la renta mundial y del impuesto a las zonas francas; e) transformación estructural-institucional del Ministerio de Hacienda; f) una ley especial para regular los salarios en la alta cúpula política tecnocrático-gerencial del Estado, entre otras.

Categóricamente, rechazamos cualquier aumento de impuestos, por mínimo que sea, a las capas medias y a las clases populares de nuestra sociedad; reforzando nuestra posición de que el país no ocupa del FMI para afrontar el desafío actual que presentan las finanzas públicas del país. A la vez, somos del criterio de que dado el nivel de agresión que está sufriendo el pueblo costarricense, apelar a la Democracia de La Calle para su autodefensa, sigue teniendo toda legitimidad.

San José, jueves 10 de diciembre de 2020.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Convicciones democráticas y enconos políticos

José Luis Callaci

 

Debido a que algunas personas, incluyendo gente que aprecio y respeto, han cuestionado lo que califican como una irreverencia de mi parte hacia la figura de un Presidente que fue escogido democráticamente en las urnas electorales, quiero aclarar más y enfatizar al mismo tiempo lo que he afirmado y seguiré afirmando sobre el actual Presidente argentino.

No merece mi respeto quien en debate público y a pocos días de las elecciones negó, de manera categórica y explícita, tomar medidas drásticas al asumir su gobierno, para luego de manera descarnada y descarada las aplicó en los primeros meses de su mandato. Es esto una gran burla al electorado y una grave estafa a la propia democracia. Suficiente para cuestionar la legitimidad de un gobierno.

Surgen muchas preguntas que tendrán que encontrar respuestas. Entre ellas sobresale la siguiente: ¿Cuántos votos generó entre los indecisos ese engaño que pudieron definir los resultados? Si no es posible cuantificar algo así es válido presumir que tuvo un efecto beneficioso para el entonces candidato. Y eso es también una forma de fraude electoral. Así que para este ciudadano le sobran las razones para no respetar a quien hoy ostenta esa investidura y para considerar valederos los argumentos que exigen la renuncia o destitución de las actuales autoridades de gobierno. Y agrego lo siguiente: Ignoro las verdaderas razones de ese reclamo a mi persona, las expuestas no las considero ni válidas ni suficientes y desearía descartar que las calificaciones que me endosan de ser muy severo, áspero y riguroso se asientan en consideraciones de benevolencia, blandura, tolerancia o clemencia para con alguien que carece de esos atributos o cualidades que natura otorga o no otorga. En todo caso aprovecho para recalcar que cuando nos referimos a personas que ostentan responsabilidades políticas importantes como la de presidente de un país esos posibles atenuantes no son de recibo.

En caso de ponerse en duda las convicciones democráticas de quien suscribe estas líneas, deseo agregar que no ahora sino siempre he defendido el diálogo, el debate y la confrontación como reglas que deben ser aceptadas en una democracia. Reglas que por cierto nunca han sido asumidas y menos respetadas por representantes de esa oposición recalcitrante que hizo gala de un asombroso y violento encono político contra el gobierno de la Presidente Cristina Fernández de Kirchner. Un sector que si bien es minoritario en la sociedad argentina posee un gran poder económico que le sirvió ´para manipular a una parte del electorado, auxiliada por baterías mediáticas a su servicio, en un país que carece de ese pluralismo informativo tan imprescindible para la pervivencia de la propia democracia. No fueron suficientes las advertencias de que si esta clase de gente llegara al poder político, esta vez por la vía constitucional (antes lo hicieron valiéndose de Golpes de Estado) las consecuencias para la sociedad argentina serían catastróficas. Se volvería a un pasado al que muy pocos desean regresar. Lo estamos viviendo, pero ¿hasta cuándo? La respuesta a esta última pregunta la tendrán que dar los propios ciudadanos

 

*Imagen del autor tomada de Informa-tico.

Enviado a SURCOS Digital por el autor.

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