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1° de febrero: Costa Rica ante el test de inteligencia cívica

Escrito en 27/01/2026. Publicado en Elecciones.

Sergio Mora Castro, geólogo

Elegir una sucesión tutelada mirando hacia otro lado, o apegarse a la democracia

La elección del 1° de febrero de 2026 no será una contienda más entre candidatos. Será, sin eufemismos, un examen de inteligencia colectiva, un test IQ cívico, una prueba severa de comprensión política. Medirá si los electores son capaces de identificar una amenaza real a la democracia, comprender sus causas y consecuencias, actuar inteligentemente o por el contrario ignorar las evidencias, mirar hacia otro lado y fallar en la prueba más básica de lucidez política.

No estará en juego únicamente la escogencia de un presidente sino algo más profundo y decisivo: saber si la ciudadanía distingue entre elegir con criterio propio, o aceptar dócilmente una sucesión tutelada y la gestación de una oligarquía autocrática. Ese día veremos si el país vota con conciencia o si se limita a un desfile inercial hacia las urnas que convalide la continuidad del poder sin someterlo a un escrutinio real.

Las preguntas centrales del examen no son ideológicas ni emocionales, son cognitivas: ¿reconocen los electores la amenaza de la perpetuación del chavismo-pilarismo en el poder? ¿Entienden que su continuidad, bajo apariencia de una sucesión electoral implica el deterioro de la alternancia, de los controles institucionales y del principio mismo de limitación del poder? Si no lo perciben o si deciden minimizarlo no solo estarán eligiendo mal, estarán demostrando incapacidad para visualizar el riesgo.

El test de inteligencia también demostrará la capacidad de distinguir entre popularidad momentánea y legitimidad democrática, pues votar no es un evento automático exento de análisis, ni se trata de ir al estadio a gritar por el equipo preferido, ni la reafirmación de una identidad tribal.

No debemos seguir siendo víctimas de la pereza mental. Cuando votar deja de ser un acto racional de discernimiento y se convierte en un reflejo condicionado la democracia queda hueca. Si la sociedad no distingue entre alternancia, autonomía, delfinazgo, oligarquía y subordinación, renuncia a sus derechos, no por falta de información sino por insuficiente educación cívica ¡Tenemos que pensar o se nos atrofiarán las neuronas!

Reprobar el test no será un accidente sino una acción consciente causada por negligencia intelectual. Si el electorado no percibe que el chavismo-pilarismo busca perpetuarse en el poder mediante una candidatura tutelada, demostrará que no comprende cómo se erosionan y mueren las democracias.

De nuevo y repetible hasta el cansancio: votar por una candidatura subordinada, acompañada de numerosos diputados, casi todos buscando el refugio de la inmunidad ante sus innumerables causas judiciales, con evidencias sobradas de incompetencia y buscando legislar en su beneficio, no es continuidad democrática, es rendición cívica. Es aceptar que el poder no se aparte ni se someta a límites reales, sino que se oculte y permanezca. Quien crea que esto “no será tan grave” o que “se podrá corregir después” no reconoce los patrones históricos. Las autocracias modernas no irrumpen con tanques sino con papeletas; no necesitan romper ni abolir las reglas, les basta con aprender a usarlas a su favor.

Aquí el examen es claro. Si el elector no identifica la lógica de la perpetuación del poder oligárquico es signo de que no comprende el problema. No se trata de simpatías o antipatías personales ni de ideologías, sino de comprender que un poder que controla la sucesión controla el sistema. El problema principal, aparte de si la candidata “es o no capaz”, es el peligro de que una tutela anule la alternancia, impida la renovación del poder y consolide una hegemonía autocrática. Como además aparece alineada y sumisa al presidente saliente el mensaje es inequívoco: el chavismo-pilarismo no se retira, se reproduce.

La imagen de subordinación política que rodea a Laura Fernández no es una invención propagandística. Resulta de evidencias reiteradas, gestos públicos de servilismo y ausencia total de diferencias programáticas. Quien no interprete esas señales como un intento de eternizar el poder demuestra complacencia o miopía política.

¿Será necesario reiterar que las democracias sanas exigen liderazgos autónomos? La autonomía no se declama, se demuestra, y Fernández no ha ofrecido ni una sola prueba creíble de emancipación. Defender sin ambigüedades los contrapesos institucionales, señalar errores del gobierno actual y establecer límites claros frente al poder saliente, serían gestos mínimos de criterio político. Evadirlo no es prudencia, es confirmar la tutela. Es aquí en donde el test se vuelve crítico pues si no se visualiza que la ausencia de ruptura es evidencia de continuidad oligárquica, el análisis falló. El lenguaje evasivo, la confrontación sin límites institucionales y la reiteración del discurso presidencial no son casuales, son síntomas de subordinación, obediencia, servilismo y ausencia total de criterio propio. No es liderazgo, es vocería custodiada, herencia vigilada, sumisión.

El gesto decisivo nunca llegó. Decir con claridad que Rodrigo Chaves no tendría influencia en su eventual gobierno habría sido una señal de autonomía. Sucedió exactamente lo contrario. Fernández vociferó que el presidente saliente sería su ministro de la Presidencia, cuando menos su consejero y mentor, o mejor dicho el poder detrás de la silla presidencial de Zapote. Además, normalizó la idea de que la sucesión blindará jurídicamente al poder saliente. Si el elector no identifica esto como una amenaza directa no ha superado el umbral mínimo de comprensión política, por lo que no necesita ni merece la democracia.

Dado que según las encuestas se mantiene el apoyo a Chaves, poco importa si la candidata es buena o mala y si va o no a los debates. Fernández lidera esas encuestas, pero su ventaja es frágil. El elevado número de indecisos expresa apatía, fastidio y sobre todo desconfianza. El votante indeciso es clave, pero también será evaluado por el test, pues si confundiera popularidad con legitimidad, leyó mal la realidad. Debe admitirse que la oposición tiene responsabilidad por no haber amalgamado una estrategia convincente que la haga meritoria de ser una opción robusta. Los estigmas, reputaciones e imágenes del pasado político no logran borrarse del imaginario de la ciudadanía, frustrada por fracasos, incompetencia, corrupción, desprecio por las prioridades reales y decepciones acumuladas durante los últimos treinta años, al menos. En las últimas tres elecciones el llamado fue a votar en contra de Fabricio, Araya, Figueres y ahora Fernández. En otras palabras, el país se quedó sin liderazgos capaces de convencernos por sus propuestas y resultados. Mientras ese limbo perdure, Costa Rica continuará con rumbos equivocados.

Un triunfo eventual, sin ruptura previa, produciría un mandato débil y permanentemente cuestionado. Cada decisión se interpretaría como una orden girada. Normalizar el tutelaje garantizaría el delfinazgo, establecería un precedente devastador y aceptaría que el poder continúe sin control. Costa Rica perdería entonces una de sus fortalezas históricas: la supremacía de las instituciones sobre los caudillos. No advertir este riesgo es otra forma de reprobar el examen.

Advertencia: la abstención y el voto en blanco o nulo no son prueba de neutralidad ni de castigo al poder tutelado, más bien lo fortalece y facilita su perpetuidad. Quienes así actúen consolidarán al chavismo-pilarismo y demostrarán que no comprenden cómo debe funcionar el control democrático; no reconocen la amenaza que representa el continuismo tóxico y apoyarán el voto por la delfina, no por engaño sino por complicidad pasiva e incapacidad de análisis.

No hay margen para excusas. Una sociedad que no identifica una amenaza, cuando es visible desde cualquier ángulo, no necesita que le impongan la autocracia, la elige. Luego y como siempre, llegarán los lamentos tardíos, pero sin autoridad moral para quejarse… ¡A votar!, por cualquiera, pero por supuesto con dos o tres excepciones…

A propósito del 1° de febrero:
Anatomía de una catástrofe en el día del castigo
De:
La peste
; Alber Camus
«Por favor contésteme con franqueza, ¿está usted absolutamente convencido de que es una peste?”
«Usted está enfocando el problema erróneamente. No es una cuestión del término que uso, sino del tiempo.»
Esto marcó el fin del primer período, el de las señales confusas, y el inicio del siguiente, más complicado, en el que la perplejidad de los primeros días se encaminó gradualmente hacia el pánico […] Los pobladores dijeron que nunca hubieran creído posible que nuestro pequeño pueblo fuera escogido como escenario de tan grotesco suceso. Pero se equivocaron y esa forma de ver obviamente estuvo entre las causas […] La gente se fue poniendo nerviosa y por supuesto, corrió todo tipo de rumores salvajes. El Prefecto me dijo: «Tome pronta acción si así lo desea, pero no atraiga la atención». Él, personalmente, estaba convencido de que era falsa alarma […] Fue luego del golpe que la reflexión seria comenzó, muy tarde […] Estaba anocheciendo, pero el pueblo, tan ruidoso a esta hora, estaba extrañamente acallado […]Una imagen del rojo incandescente de las hogueras se reflejó en el oscuro mar adormecido; antorchas batallantes y centelleantes aleteaban en la oscuridad; el humo fétido y espeso se levantaba hacia el cielo. Todo sucedió dentro del límite de las posibilidades. […] Nuestro folclórico pueblo, como cualquier otro, se envolvió en sí mismo; nadie creía en catástrofes. Una catástrofe no es algo hecho a la medida del humano; nos convencemos, a nosotros mismos, de que no es más que un mero lodo de la mente, un mal sueño que pasará. Pero no siempre sucede así, y de un mal sueño a otro es la gente la que muere porque no toman precauciones. Y fue, en el medio de gritos rodando contra la pared de la terraza, en ondas masivas que crecieron en volumen y duración, que las cataratas de fuego colorido cayeron, cada vez más gruesas, a través de la oscuridad. Por eso se resolvió compilar esta crónica, para aportar testimonios en favor de las personas golpeadas por la peste, de manera que alguna memoria de la injusticia e injuria cometida contra ellas pueda perdurar y para señalar lo que aprendimos en un tiempo de catástrofe, pues no hay peor cosa para temer de los hombres que su desprecio y negligencia.

«La Peste» de Albert Camus, describe escenas de cuando la ciudad de Orán, Argelia, recibió la peste bubónica, a finales del siglo XIX e inicio del XX, pero la gente ni sus funcionarios públicos lograban tomar decisiones correctas ni oportunas; había mucha confusión y se ignoraron los signos premonitorios; al final todo fue caos. Camus tomó este suceso como metáfora para describir la aparición y ascenso del nazismo, y la ocupación alemana de Francia durante la Segunda Guerra Mundial: Expansión silenciosa del mal, negación de la amenaza, adaptación progresiva de la población al totalitarismo, indiferencia, acostumbrarse a convivir con lo inaceptable, renunciar a la responsabilidad individual, etc. El final es inquietante: el bacilo nunca desaparece del todo… Da para meditar…

Originalmente publicado en Delfino.cr: https://delfino.cr/2026/01/1-de-febrero-costa-rica-ante-el-test-de-inteligencia-cvica y compartido con SURCOS por el autor.

Cuando el poder se confunde con la verdad: una defensa cívica del Tribunal Supremo de Elecciones

Escrito en 08/11/2025. Publicado en Análisis.

Por MSc. Rodrigo Campos Hernández

En los últimos días, el debate público costarricense ha girado en torno a las tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Elecciones. Las declaraciones del presidente de la República, al acusar a los magistrados del TSE de “amenazar la democracia” y “violar la Constitución”, no solo reavivan un conflicto político, sino que ponen a prueba la madurez institucional del país.

Más allá del intercambio retórico, lo que está en juego es el principio republicano de separación de poderes y la confianza ciudadana en el árbitro electoral que ha garantizado, por más de siete décadas, la estabilidad democrática costarricense.

El propósito de este texto no es alimentar la confrontación, sino invitar a una reflexión cívica y pedagógica sobre el significado profundo del respeto institucional, los límites del poder y la responsabilidad ciudadana de resguardar el equilibrio constitucional. Para ello, propongo un análisis desde tres lecturas complementarias: una jurídico-institucional, otra política discursiva y finalmente cívico-pedagógica. Quienes puedan leer esta reflexión pueden intervenir en el debate.

Lectura jurídico-institucional: el TSE como pilar de la democracia constitucional

La Constitución Política de Costa Rica, en su artículo 99, confiere al Tribunal Supremo de Elecciones la potestad exclusiva y vinculante de organizar, dirigir y vigilar los actos relativos al sufragio. Este diseño no es accidental: responde al propósito histórico de proteger la pureza del proceso electoral frente a las presiones políticas.

Cuando el presidente de la República acusa a los magistrados electorales de “violar la Constitución”, incurre en una inversión del orden constitucional. No es el Ejecutivo quien interpreta ni juzga la legalidad de las actuaciones de un órgano autónomo, sino el Derecho —a través de los mecanismos institucionales previstos— quien determina los límites de cada poder.

Como advertía Norberto Bobbio, “la democracia se mide no por la fuerza de la mayoría, sino por los límites que la Constitución impone al poder” (El futuro de la democracia, 1984). El TSE encarna precisamente esa frontera: el lugar donde la soberanía popular se traduce en legalidad y donde ningún presidente puede situarse por encima de la norma.

Lectura política y discursiva: la erosión simbólica de la institucionalidad

Más allá de las declaraciones, el peligro radica en la estrategia discursiva que busca debilitar la confianza ciudadana en las instituciones arbitrales. Cuando un presidente acusa al árbitro de “amenazar la democracia”, introduce en la esfera pública una lógica de sospecha que reemplaza el debate racional por la deslegitimación emocional.

Este tipo de narrativa, propia del populismo contemporáneo, pretende sustituir la pluralidad institucional por la voz personal del líder. Habermas advertía que la legitimidad democrática depende de “la circulación de razones en el espacio público” y no de “la imposición de verdades desde el poder” (Facticidad y validez, 1992).

El discurso presidencial, al presentarse como intérprete moral del orden constitucional, desplaza la deliberación jurídica hacia el terreno de la fe política. Y en ese desplazamiento, la democracia se empobrece.

Lectura cívico-pedagógica: recuperar el sentido de la crítica democrática

La defensa del TSE no debe entenderse como un acto de complacencia institucional, sino como una tarea cívica de protección del equilibrio democrático. Las instituciones no son infalibles, pero su crítica debe provenir del respeto, el conocimiento y los cauces legales, no de la descalificación pública desde el poder.

En una democracia madura, los límites al poder no son obstáculos, sino garantías. Luigi Ferrajoli recuerda que “sin límites, el poder deja de ser democrático y se convierte en mera dominación” (Derecho y razón, 1995).

Por eso, frente a los ataques verbales y las descalificaciones, lo que corresponde no es replicar con fanatismo, sino educar políticamente: recordar que los árbitros electorales no gobiernan, pero hacen posible que gobernemos en libertad.

La independencia del Tribunal Supremo de Elecciones es, en última instancia, una expresión de la soberanía ciudadana, no de un privilegio burocrático. Defenderla es defender la posibilidad misma de elegir, disentir y decidir sin miedo.

Costa Rica ha preservado por más de siete décadas una cultura democrática basada en la confianza en sus instituciones. Esa confianza no puede ser patrimonio de un gobierno ni rehén de un discurso.

El respeto al TSE no es reverencia: es conciencia cívica. Cuando el poder se confunde con la verdad, el deber ciudadano es recordar que la verdad constitucional no tiene dueño.

Participar en democracia en tiempos de amenaza al Estado social de derecho

Escrito en 19/08/2025. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Votar hoy en Costa Rica no es un trámite: es resistir.
El Estado social de derecho está bajo ataque del populismo y el autoritarismo.
Abstenerse es entregar el país.
La democracia se defiende en las urnas.

Roberto Salom Echeverría

La participación en elecciones libres es uno de los pilares fundamentales de toda democracia. Sin embargo, cuando el Estado social de derecho se encuentra en peligro y las conquistas sociales alcanzadas durante décadas están amenazadas, el deber de acudir a las urnas adquiere un significado aún más trascendente: no se trata solo de elegir autoridades, sino de defender un modelo de sociedad basado en derechos, equidad y libertades.

La convocatoria ciudadana y la limpieza del sufragio

En este contexto, todos los ciudadanos y ciudadanas están convocados a participar. El sufragio, como fundamento de legitimidad democrática, solo tiene sentido si se garantiza su limpieza, transparencia e imparcialidad. La pureza del voto no es únicamente un requisito técnico, sino la principal garantía de que la voluntad popular prevalezca.

A ello se suma la defensa de principios básicos como la libertad de expresión y la división de poderes, tal y como lo planteó Montesquieu, indispensables para mantener un equilibrio que evite la concentración autoritaria del poder.

La situación política en Costa Rica

La política costarricense de los últimos años se caracteriza por una gran volatilidad en la opinión pública y por la dispersión de la oferta electoral tras el colapso del bipartidismo tradicional. Este fenómeno ha generado tanto oportunidades como amenazas.

La ciudadanía se muestra fragmentada entre posiciones de estabilidad y volatilidad; entre la desideologización y las opciones políticas más definidas; entre la emocionalidad y la racionalidad en las decisiones. Por ello entiendo el debilitamiento de los partidos políticos dada la pérdida de los principios ideológicos que antes los cohesionaban. Conviven, además, la expectativa de un cambio incierto con la defensa de la institucionalidad democrática, el caudillismo con las propuestas orgánicas, la abstención con la participación, y el populismo con la demanda de más democracia.

La oferta electoral es inestable e incierta. Frente a los impulsos autoritarios y populistas que buscan ganar terreno, los partidos democráticos y progresistas aparecen dispersos y a la defensiva, sin un horizonte claro de articulación. Paralelamente, aumenta la desconfianza hacia las instituciones, que tienden a debilitarse y a perder credibilidad ante una ciudadanía golpeada por la polarización, la desigualdad y la inequidad.

Origen y contexto de la crisis

La problemática no puede entenderse únicamente desde lo local. Se relaciona también con los cambios globales tras la caída de la URSS y de los países socialistas de Europa del Este, que marcaron un viraje en la fe ciudadana hacia las instituciones del Estado social de derecho. El colapso de ese régimen representado por la URSS y de los países socialistas de Europa del Estele soltó las amarras al capitalismo, y a partir de entonces decayeron las políticas distributivas en las democracias capitalistas, dando paso cada vez más al neoliberalismo, que privilegió el mercado a costa del intervencionismo del Estado en la economía, como ente regulador de los excesos del libre mercado.

En este marco, se intensifica la amenaza de soluciones autoritarias frente a la necesidad de profundizar la democracia. Las conquistas sociales alcanzadas se ven cada vez más vulnerables, mientras surgen expresiones populistas que intentan capitalizar el descontento social.

El populismo, en su versión más agresiva, se presenta como un movimiento liderado por sectores de las clases altas y medias-altas que buscan manipular a los grupos más vulnerables. Su lógica se basa en la emocionalidad más que en la racionalidad, en el caudillismo por encima de la propuesta programática, y en discursos demagógicos que sustituyen las realizaciones concretas. Se trata, en esencia, de reemplazar unas élites por otras, sin otorgar concesiones reales a los sectores populares, e instaurar un régimen sin contrapesos, autocrático y autoritario.

A ello se suma el tema de la corrupción, entendida no solo como actos ilegales individuales, sino como el reflejo de un sistema de privilegios posicionales que profundiza la inequidad. Este fenómeno es la punta del iceberg de un deterioro mayor: la pérdida del sentido de comunidad democrática, que comenzó con la crisis del bipartidismo y que erosiona la confianza en la institucionalidad.

¿Qué hacer?

Ante este panorama, la pregunta central es cómo fortalecer la democracia costarricense.

• Desde la sociedad civil, es fundamental organizar y estimular la participación ciudadana activa en defensa de la institucionalidad democrática. La democracia no puede reducirse al voto cada cuatro años; requiere vigilancia constante, acción colectiva y compromiso con el bien común.

• Desde los partidos políticos democráticos y progresistas, se impone la tarea de promover la unidad de fuerzas para defender y ampliar los derechos alcanzados. La fragmentación debilita y abre espacio a las corrientes autoritarias; la unidad, en cambio, ofrece la posibilidad de construir alternativas creíbles y sostenibles.

• Hacia una sociedad de derechos, el reto es avanzar en más democracia, más participación y más inclusión. En tiempos de amenaza, la respuesta no es menos democracia, sino todo lo contrario: más espacios de deliberación, de control ciudadano y de solidaridad social.

Conclusión

Costa Rica enfrenta hoy un momento de definiciones. La participación electoral y el fortalecimiento del Estado social de derecho son la mejor defensa frente a las amenazas autoritarias y populistas. La democracia costarricense, aunque frágil y tensionada, tiene en la ciudadanía organizada y en las fuerzas democráticas su mayor esperanza de continuidad y renovación

Nota del autor:
Este artículo fue elaborado a partir de mi intervención en un panel organizado por el Programa Alternativas, que produce el colectivo Reflexión Acción y es dirigido por el filósofo Luis Ángel Salazar Oses. La emisión del 15 de agosto de 2025 en la cual participé fue moderada por el teólogo Mainier Barboza.

“¿Sin propósito de enmienda?” UCR presenta libro sobre la crisis de la democracia

Escrito en 11/06/2025. Publicado en Aportes para el desarrollo.

La Universidad de Costa Rica (UCR), a través de la Facultad de Ciencias Sociales, el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) y la Editorial UCR, invita a la comunidad al público a la presentación del libro “¿Sin propósito de enmienda? El vaciado de la legitimidad democrática”, escrito por el Dr. Manuel Solís Avendaño. Esta obra plantea una reflexión crítica sobre los desafíos que enfrenta la legitimidad de los sistemas democráticos contemporáneos.

La actividad se llevará a cabo el miércoles 25 de junio de 2025 a las 5:00 pm, en la Sala de Audiovisuales de la Biblioteca Eugenio Fonseca Tortós, ubicada en la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR. El autor del libro, Manuel Solís Avendaño, es un académico reconocido por sus investigaciones en temas de derecho constitucional, teoría política y democracia.

El evento contará con los comentarios del Dr. Rotsay Rosales Valladares, profesor de la Escuela de Ciencia Política de la UCR. Además de la moderación por la Dra. Adriana Sánchez Lovell, quien facilitará el intercambio entre el autor, el comentarista y el público asistente.

Esta presentación no solo constituye un espacio académico para la divulgación de una nueva publicación, sino que también se convierte en un foro para la crítica constructiva y el diálogo ciudadano, esenciales en una sociedad democrática que busca fortalecer sus valores y mecanismos de representación.

UNDECA, BUSSCO y el Movimiento Sindical Unido rechazan antidemocrático reglamento a Ley de Empleo Público

Escrito en 14/02/2023. Publicado en Trabajo.

Los representantes sindicales, con la participación del secretario general de UNDECA, Luis Chavarría, entregaron un fundamentado documento con la posición unánime del movimiento sindical, respecto a la consulta pública del Proyecto de Reglamento a la Ley Marco de Empleo Público.

En síntesis, las organizaciones deploraron y advirtieron que al igual que con la Ley de Empleo Público, el proyecto de reglamento se tramita de manera atropellada y antidemocrática, presionado por la OCDE y el FMI, manifestando su oposición por los siguientes motivos:

1.- Falta de legitimidad democrática de la reglamentación de la Ley Marco de Empleo Público: una anodina consulta, sin participación democrática y diálogo social, a días de la vigencia de la ley, para cumplir un formalismo, de mero trámite.

2.- Deficiencias, inconsistencias y omisiones en la implementación y reglamentación de la Ley Marco de Empleo Público: la falta de claridad conceptual, criterios metodológicos y técnicos, reflejo de la incapacidad de Mideplan; causa incerteza administrativa y jurídica. (Informe CGR- DFOE-FIP-RF-00002-2022)

3.- La Ley y el Reglamento de la Ley Marco de Empleo Público: un caballo de Troya: con el pretexto de la crisis fiscal se extralimitaron en la ley y el ejercicio del poder reglamentario, reconfigurando la institucionalidad y vaciando de contenido la autonomía atribuida a la Caja Costarricense de Seguro Social, universidades públicas y municipalidades, a contrapelo de la Constitución Política.

4.- El núcleo duro de la ley y su reglamento: la gobernanza total y totalitaria de MIDEPLAN: todas las instituciones descentralizadas y el Poder Judicial quedan sometidas a esa “tutela” política, desde el reclutamiento, selección, promoción, concursos, formación, evaluación y disciplinamiento salarial.

5.- El producto estrella: el salario único global: el más misterioso y sombrío del proyecto, que genera grandes dudas acerca de las condiciones y derechos laborales en que quedarán los funcionarios.

6.- La política extrema de devaluación de los salarios: la continuidad de la política de reducción de los salarios reales y empobrecimiento de la clase trabajadora del sector público.

7.- El proyecto de reglamento omitió realizar el control de convencionalidad: esa gravísima infracción violenta la libertad sindical, el derecho a asociación, negociación colectiva y huelga recogidos en la Opinión Consultiva OC-27-21, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los convenios 87, 98, 151 y 154 de OIT y los artículos 2 y 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

8.- El proyecto de reglamento omitió el Informe Técnico de OIT acerca de la Ley Marco de Empleo Público: los cuestionamientos, observaciones y recomendaciones fueron ignoradas.

A merced de esta legislación regresiva, fiscalista e incompatible con los principios del Estado Social y Democrático se profundizará en nuestro país la desigualdad social, el desempleo, la precarización de las condiciones de trabajo y el congelamiento de los salarios.

¡UNDECA alerta y llama a la clase trabajadora a defender la CCSS, la institucionalidad pública y los legítimos derechos de las y los trabajadores públicos.!

San José, 14 de febrero de 2023.

SURCOS comparte el documento enviado a la ministra de Planificación:

Posicion-Sindicatos-Movimiento-Sindical-con-Recibido Descarga