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Etiqueta: legitimidad democrática

Participar en democracia en tiempos de amenaza al Estado social de derecho

Votar hoy en Costa Rica no es un trámite: es resistir.
El Estado social de derecho está bajo ataque del populismo y el autoritarismo.
Abstenerse es entregar el país.
La democracia se defiende en las urnas.

Roberto Salom Echeverría

La participación en elecciones libres es uno de los pilares fundamentales de toda democracia. Sin embargo, cuando el Estado social de derecho se encuentra en peligro y las conquistas sociales alcanzadas durante décadas están amenazadas, el deber de acudir a las urnas adquiere un significado aún más trascendente: no se trata solo de elegir autoridades, sino de defender un modelo de sociedad basado en derechos, equidad y libertades.

La convocatoria ciudadana y la limpieza del sufragio

En este contexto, todos los ciudadanos y ciudadanas están convocados a participar. El sufragio, como fundamento de legitimidad democrática, solo tiene sentido si se garantiza su limpieza, transparencia e imparcialidad. La pureza del voto no es únicamente un requisito técnico, sino la principal garantía de que la voluntad popular prevalezca.

A ello se suma la defensa de principios básicos como la libertad de expresión y la división de poderes, tal y como lo planteó Montesquieu, indispensables para mantener un equilibrio que evite la concentración autoritaria del poder.

La situación política en Costa Rica

La política costarricense de los últimos años se caracteriza por una gran volatilidad en la opinión pública y por la dispersión de la oferta electoral tras el colapso del bipartidismo tradicional. Este fenómeno ha generado tanto oportunidades como amenazas.

La ciudadanía se muestra fragmentada entre posiciones de estabilidad y volatilidad; entre la desideologización y las opciones políticas más definidas; entre la emocionalidad y la racionalidad en las decisiones. Por ello entiendo el debilitamiento de los partidos políticos dada la pérdida de los principios ideológicos que antes los cohesionaban. Conviven, además, la expectativa de un cambio incierto con la defensa de la institucionalidad democrática, el caudillismo con las propuestas orgánicas, la abstención con la participación, y el populismo con la demanda de más democracia.

La oferta electoral es inestable e incierta. Frente a los impulsos autoritarios y populistas que buscan ganar terreno, los partidos democráticos y progresistas aparecen dispersos y a la defensiva, sin un horizonte claro de articulación. Paralelamente, aumenta la desconfianza hacia las instituciones, que tienden a debilitarse y a perder credibilidad ante una ciudadanía golpeada por la polarización, la desigualdad y la inequidad.

Origen y contexto de la crisis

La problemática no puede entenderse únicamente desde lo local. Se relaciona también con los cambios globales tras la caída de la URSS y de los países socialistas de Europa del Este, que marcaron un viraje en la fe ciudadana hacia las instituciones del Estado social de derecho. El colapso de ese régimen representado por la URSS y de los países socialistas de Europa del Estele soltó las amarras al capitalismo, y a partir de entonces decayeron las políticas distributivas en las democracias capitalistas, dando paso cada vez más al neoliberalismo, que privilegió el mercado a costa del intervencionismo del Estado en la economía, como ente regulador de los excesos del libre mercado.

En este marco, se intensifica la amenaza de soluciones autoritarias frente a la necesidad de profundizar la democracia. Las conquistas sociales alcanzadas se ven cada vez más vulnerables, mientras surgen expresiones populistas que intentan capitalizar el descontento social.

El populismo, en su versión más agresiva, se presenta como un movimiento liderado por sectores de las clases altas y medias-altas que buscan manipular a los grupos más vulnerables. Su lógica se basa en la emocionalidad más que en la racionalidad, en el caudillismo por encima de la propuesta programática, y en discursos demagógicos que sustituyen las realizaciones concretas. Se trata, en esencia, de reemplazar unas élites por otras, sin otorgar concesiones reales a los sectores populares, e instaurar un régimen sin contrapesos, autocrático y autoritario.

A ello se suma el tema de la corrupción, entendida no solo como actos ilegales individuales, sino como el reflejo de un sistema de privilegios posicionales que profundiza la inequidad. Este fenómeno es la punta del iceberg de un deterioro mayor: la pérdida del sentido de comunidad democrática, que comenzó con la crisis del bipartidismo y que erosiona la confianza en la institucionalidad.

¿Qué hacer?

Ante este panorama, la pregunta central es cómo fortalecer la democracia costarricense.

Desde la sociedad civil, es fundamental organizar y estimular la participación ciudadana activa en defensa de la institucionalidad democrática. La democracia no puede reducirse al voto cada cuatro años; requiere vigilancia constante, acción colectiva y compromiso con el bien común.

Desde los partidos políticos democráticos y progresistas, se impone la tarea de promover la unidad de fuerzas para defender y ampliar los derechos alcanzados. La fragmentación debilita y abre espacio a las corrientes autoritarias; la unidad, en cambio, ofrece la posibilidad de construir alternativas creíbles y sostenibles.

Hacia una sociedad de derechos, el reto es avanzar en más democracia, más participación y más inclusión. En tiempos de amenaza, la respuesta no es menos democracia, sino todo lo contrario: más espacios de deliberación, de control ciudadano y de solidaridad social.

Conclusión

Costa Rica enfrenta hoy un momento de definiciones. La participación electoral y el fortalecimiento del Estado social de derecho son la mejor defensa frente a las amenazas autoritarias y populistas. La democracia costarricense, aunque frágil y tensionada, tiene en la ciudadanía organizada y en las fuerzas democráticas su mayor esperanza de continuidad y renovación

Nota del autor:
Este artículo fue elaborado a partir de mi intervención en un panel organizado por el Programa Alternativas, que produce el colectivo Reflexión Acción y es dirigido por el filósofo Luis Ángel Salazar Oses. La emisión del 15 de agosto de 2025 en la cual participé fue moderada por el teólogo Mainier Barboza.

“¿Sin propósito de enmienda?” UCR presenta libro sobre la crisis de la democracia

La Universidad de Costa Rica (UCR), a través de la Facultad de Ciencias Sociales, el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) y la Editorial UCR, invita a la comunidad al público a la presentación del libro “¿Sin propósito de enmienda? El vaciado de la legitimidad democrática”, escrito por el Dr. Manuel Solís Avendaño. Esta obra plantea una reflexión crítica sobre los desafíos que enfrenta la legitimidad de los sistemas democráticos contemporáneos.

La actividad se llevará a cabo el miércoles 25 de junio de 2025 a las 5:00 pm, en la Sala de Audiovisuales de la Biblioteca Eugenio Fonseca Tortós, ubicada en la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR. El autor del libro, Manuel Solís Avendaño, es un académico reconocido por sus investigaciones en temas de derecho constitucional, teoría política y democracia.

El evento contará con los comentarios del Dr. Rotsay Rosales Valladares, profesor de la Escuela de Ciencia Política de la UCR. Además de la moderación por la Dra. Adriana Sánchez Lovell, quien facilitará el intercambio entre el autor, el comentarista y el público asistente.

Esta presentación no solo constituye un espacio académico para la divulgación de una nueva publicación, sino que también se convierte en un foro para la crítica constructiva y el diálogo ciudadano, esenciales en una sociedad democrática que busca fortalecer sus valores y mecanismos de representación.

UNDECA, BUSSCO y el Movimiento Sindical Unido rechazan antidemocrático reglamento a Ley de Empleo Público

Los representantes sindicales, con la participación del secretario general de UNDECA, Luis Chavarría, entregaron un fundamentado documento con la posición unánime del movimiento sindical, respecto a la consulta pública del Proyecto de Reglamento a la Ley Marco de Empleo Público.

En síntesis, las organizaciones deploraron y advirtieron que al igual que con la Ley de Empleo Público, el proyecto de reglamento se tramita de manera atropellada y antidemocrática, presionado por la OCDE y el FMI, manifestando su oposición por los siguientes motivos:

1.- Falta de legitimidad democrática de la reglamentación de la Ley Marco de Empleo Público: una anodina consulta, sin participación democrática y diálogo social, a días de la vigencia de la ley, para cumplir un formalismo, de mero trámite.

2.- Deficiencias, inconsistencias y omisiones en la implementación y reglamentación de la Ley Marco de Empleo Público: la falta de claridad conceptual, criterios metodológicos y técnicos, reflejo de la incapacidad de Mideplan; causa incerteza administrativa y jurídica. (Informe CGR- DFOE-FIP-RF-00002-2022)

3.- La Ley y el Reglamento de la Ley Marco de Empleo Público: un caballo de Troya: con el pretexto de la crisis fiscal se extralimitaron en la ley y el ejercicio del poder reglamentario, reconfigurando la institucionalidad y vaciando de contenido la autonomía atribuida a la Caja Costarricense de Seguro Social, universidades públicas y municipalidades, a contrapelo de la Constitución Política.

4.- El núcleo duro de la ley y su reglamento: la gobernanza total y totalitaria de MIDEPLAN:  todas las instituciones descentralizadas y el Poder Judicial quedan sometidas a esa “tutela” política, desde el reclutamiento, selección, promoción, concursos, formación, evaluación y disciplinamiento salarial.

5.- El producto estrella: el salario único global: el más misterioso y sombrío del proyecto, que genera grandes dudas acerca de las condiciones y derechos laborales en que quedarán los funcionarios.  

6.- La política extrema de devaluación de los salarios: la continuidad de la política de reducción de los salarios reales y empobrecimiento de la clase trabajadora del sector público.

7.- El proyecto de reglamento omitió realizar el control de convencionalidad: esa gravísima infracción violenta la libertad sindical, el derecho a asociación, negociación colectiva y huelga recogidos en la Opinión Consultiva OC-27-21, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los convenios 87, 98, 151 y 154 de OIT y los artículos 2 y 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

8.- El proyecto de reglamento omitió el Informe Técnico de OIT acerca de la Ley Marco de Empleo Público: los cuestionamientos, observaciones y recomendaciones fueron ignoradas.

A merced de esta legislación regresiva, fiscalista e incompatible con los principios del Estado Social y Democrático se profundizará en nuestro país la desigualdad social, el desempleo, la precarización de las condiciones de trabajo y el congelamiento de los salarios.

¡UNDECA alerta y llama a la clase trabajadora a defender la CCSS, la institucionalidad pública y los legítimos derechos de las y los trabajadores públicos.!

San José, 14 de febrero de 2023.

SURCOS comparte el documento enviado a la ministra de Planificación: