Según FECON “Se comprende que hay una problemática que afecta habitantes de estas zonas que debe ser atendida por el Estado pero no a costa del patrimonio natural y mucho menos que se use la precariedad de sectores de la población como excusa para desplazarlos y hacer negocios con las tierras de todos para desarrollo de megaproyectos privados”
Quedaron sepultados, al menos por ahora, los planes para industrializar áreas protegidas, así como el megaturismo, el canal seco, la expansión de monocultivos y otros proyectos para repartirse el patrimonio natural del Estado que buscaba la Ley nº 9205 de 23 de diciembre de 2013 por medio de una acción interpuesta por FECON y El Sindicato de Trabajadores de MINAE del SITRAMINAE.
La acción declarada a lugar por la Sala Constitucional (ver texto), asegura que con la ley No.9205 se estaban titulando tierras que pertenecen al Parque Nacional Tortuguero, el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Barra del Colorado, la Zona Protectora de Tortuguero, el Humedal Nacional Cariari y El Refugio de Vida Silvestre Dr. Archie Carr.
La ley buscaba privatizar áreas silvestres protegidas para sacarlas del patrimonio del Estado y pasarlas a manos de particulares. Todo esto sin contar con los requisitos que se exigen por Ley para seguir este procedimiento.
Para poder retirar las áreas protegidas del dominio público se requiere de estudios que demuestren que el ambiente no se verá perjudicado. Sin embargo, en este caso no se realizaron los análisis correspondientes. Del expediente legislativo n° 17838, que corresponde a la ley cuestionada, se desprende la ausencia de este requisito (Ver advertencia).
El voto N° 2017 002375 de la Sala IV asegura: “Se declara con lugar la acción. En consecuencia, se anula la Ley N° 9205, de 23 de diciembre de 2013, Ley de Titulación en Inmueble Propiedad de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), declaratoria que alcanza también a la reforma de los artículos 1, inciso f), y 11, ambos de la Ley de Informaciones Posesorias, Ley N° 139, de 14 de julio de 1941, y sus reformas, operada por el artículo 17, de la legislación anulada. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la Ley anulada, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe”.
Aunque todavía está en redacción del voto completo, se pone en evidencia el incumpliendo del Estado costarricense con su obligación constitucional de proteger los bienes que sean de su propiedad, en beneficio de la colectividad.
Ley para efectos electorales. Como si fuera un acto de campaña electoral, rozando con el delito de beligerancia política, en plena etapa final de las elecciones de 2014, el 23 de diciembre, la presidenta firmó esta ley en que en pretendía resolver una problemática de miles de familias de seis cantones ubicados entre Moín de Limón y Cureña de San Carlos, en Alajuela.
Para el Presidente de FECON, Mauricio Álvarez “se trató de un acto de clientelismo político típico del Partido de Liberación Nacional, pues había un pronunciamiento muy claro de servicios técnicos de la Asamblea Legislativa advirtiendo de la inconstitucionalidad del proyecto, pero por razones de cálculos electorales de votos de 10 000 mil familias beneficiadas, fueron obviados los señalamientos del diputado José María Villalta y de los técnicos legislativos”.
Álvarez agregó que “en realidad como siempre el gobierno de turno usa a la gente para entregar títulos pero el interés es abrirle camino a otro megapuerto ligado al canal seco, la industrialización de Moín, marinas y avanzar con el megaturismo en la zona. Se comprende que hay una problemática que afecta habitantes de estas zonas que debe ser atendida por el Estado pero no a costa del patrimonio natural y mucho menos que se use la precariedad de sectores de la población como excusa para desplazarlos y hacer negocios con las tierras de todos para desarrollo de megaproyectos privados”.
FECON subraya que igual suerte correrán la Ley 9373 que pretenden suspender durante 24 meses demoliciones y desalojos a personas en zonas de Patrimonio Natural del Estado y zonas especiales que han seguido el mismo procedimiento a pesar de las mismas advertencias de los servicios técnicos (ver más).
Ante la adopción de una ley por parte del Parlamento Israelí, el pasado 6 de febrero, que legaliza de manera retroactiva, los asentamientos ilegales en Palestina, en particular en Cisjordania, son varias las organizaciones internacionales y los Estados que han levantado la voz expresando su repudio y rechazo a dicha iniciativa.
Breve recapitulativo y cifras sobre la cantidad de asentamientos israelíes en Palestina
En la actualidad, se estima a poco más de 590.000 la población de colonos israelíes y de sus familias ubicados en territorios palestinos. Paralelamente a la construcción de asentamientos ilegales, la demolición de casas habitadas por familias palestinas se ha mantenido: un informe de Naciones Unidas con fecha del 29 de diciembre del 2016 precisa que sólo para el año 2016 fueron más de 1000 casas de familias palestinas las destruidas por las autoridades de Israel: «A recently completed United Nations study indicates that during 2016, Israeli authorities demolished or seized 1,089 Palestinian-owned structures throughout the West Bank – including East Jerusalem – thus displacing 1,593 Palestinians and impacting the livelihoods of another 7,101» (véase nota oficial de Naciones Unidas).
En una muy esperada – pero pocamente publicitada en medios de prensa – comparecencia de varias ONG israelíes realizada en octubre del 2016 ante los mismos miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (véase nota de What´s in Blue), la activista norteamericana-israelí Lara Friedman de la ONG Americans for Peace Now (APN), entidad aliada de la ONG israelí PeaceNow (véase sitio oficial) declaró lo siguiente:
«Twenty-three years ago, in 1993, Israel and the PLO signed the Declaration of Principles, also known as the Oslo Accords. Back then, the settler population in the West Bank, excluding East Jerusalem, was around 116,000. At the end of 2015, that number was nearly 390,000. Looking just at East Jerusalem, in 1993 the Jewish Israeli population was approximately 146,000. Today it is over 210,000. This population explosion could not have occurred without Israeli government support and encouragement, including, most obviously, the approval and construction of new housing. And that is exactly what happened. During this same period, 1993 to today, over 50,000 settlement units were built in the West Bank, and plus thousands more in East Jerusalem. What about settlement construction just under Prime Minister Netanyahu 2016 figures are still not complete, but looking at 2009 to 2015 – which included the so-called “moratorium” – more than 11,000 settlement units were established in the West Bank with the approval of Israeli authorities. And in 2015 alone, we are talking about almost 2000 new units in West Bank settlements» (véase texto de su alocución del 14 de octubre del 2016 en Nueva York).
Foto extraída de artículo de prensa de la BBC titulado «Israel approves settlement homes following Trump inauguration», 22 de enero del 2017.
Recientemente en Costa Rica (y al parecer por vez primera en la historia de la televisión costarricense) se transmitió una muy completa entrevista a S.E. Riyad Mansour, Embajador concurrente de Palestina ante Costa Rica y Representante Permanente de Palestina ante las Naciones Unidas, en la que se explica el objetivo político de estas colonizaciones decretadas cada cierto tiempo por las autoridades israelíes (véase la emisión Sobre la Mesa, Canal 15 UCR, agosto del 2016, disponible aquí, Minuto 13:21 a 30:39).
Un repudio generalizado
A la condena expresada por el nuevo Secretario General de Naciones Unidas ante la adopción de esta ley iniciando el mes de febrero del 2017 por parte de la Knesset (véase comunicado oficial de Naciones Unidas) y de la Unión Europea (Nota 1), hay que añadir las reacciones oficiales expresadas por Alemania, Bélgica (véase texto), Canadá (véase texto), Egipto, Francia, Rusia, Suecia (véase texto), Suiza (véase texto) y Turquía (véase texto), entre otros. Indonesia por su parte, optó por no autorizar el uso de su espacio aéreo al aeronave que llevaba al Primer Ministro israelí a Australia (véase nota de The Guardian y el mapa del inusual recorrido entre Singapur y Sidney efectuado, editado en esta nota del Washington Post). Notemos que Australia es de los pocos Estados que han considerado oportuno no condenar la adopción de esta ley (véase nota de ABC).
El comunicado oficial emitido por el jefe de la diplomacia gala del 7 de febrero del 2017 es particularmente categórico (véase texto). El pasado 14 de febrero, las autoridades alemanas suspendieron una reunión prevista con el Primer Ministro israelí en señal de repudio (ver nota de The Independent). España por su parte, inició el 2017 con un comunicado oficial condenando la decisión del Ejecutivo israelí de autorizar 6.000 nuevos asentamientos (Nota 2), al igual que Suecia, a cargo de la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas desde inicios del 2017 (véase comunicado oficial), entre muchos otros Estados.
Irlanda ha dejado entrever que reconocerá a Palestina prontamente como Estado, obligando Israel a recurrir a Estados Unidos para impedirlo (véase nota de Haaretz). Los Poderes Ejecutivos de Irlanda, así como los de Reino Unido, España, Francia y Bélgica mantienen una deuda con sus respectivos Poderes Legislativos, los cuales, en noviembre y diciembre del 2014, les solicitaron reconocer sin más preludios a Palestina como Estado. En el caso del Parlamento británico, la moción reunió 274 votos a favor y 12 en contra, mientras que en el caso de España, el resultado de la votación fue de 319 votos a favor, una abstención y dos en contra. El pasado 26 de febrero del 2017, 154 senadores y diputados franceses le recordaron al Presidente Francois Hollande el voto de noviembre del 2014 en París, y su compromiso de campaña con relación a dicho reconocimiento (véase nota de prensa). En su momento, tuvimos la oportunidad de analizar el alcance del reconocimiento de Palestina como Estado por parte de Suecia, acaecido en octubre del 2014 (véase nota publicada en el CURI).
Gráfico extraído del artículo de El Pais (España) sobre las diversas categorías de asentamientos ilegales israelíes en Cisjordania, titulado «Israel avanza en una ley que pone en peligro la solución de los dos Estados», edición del 6 de diciembre del 2016.
Las reacciones oficiales registradas en América Latina
En América Latina, esta ley israelí ha dado lugar a varias reacciones oficiales. Es por ejemplo el caso de los comunicados circulados por los aparatos diplomáticos de Argentina (Nota 3), de Brasil (Nota 4), de Chile (Nota 5) y de México (Nota 6). Es de notar que el comunicado mexicano fue el primero, y que es el único en referirse expresamente a una reciente resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas condenando de forma vehemente la política de colonización israelí en territorio palestino. En su momento, el Embajador de Israel en México calificó de «inusual» la nota emitida por la diplomacia mexicana, haciendo ver que era la única registrada (véase nota de El Heraldo).
La reciente resolución 2334 adoptada por el Consejo de Seguridad
Como se recordará, a finales del 2016, y por primera vez desde el año 1980, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pudo adoptar – gracias a la abstención de Estados Unidos – una resolución condenando enérgicamente los asentamientos israelíes en territorios palestinos: se trata de la resolución 2334 (2016) adoptada el 23 de diciembre del 2016. En un reciente análisis sobre las implicaciones jurídicas de la resolución 2334, se lee incluso que la ausencia de una «s» en los términos usados en este texto reviste particular relevancia de cara al futuro:
«What is also particularly striking is that Security Council resolution 2334 (2016), when addressing the legal status of the West Bank and East-Jerusalem, does not refer anymore to the occupied “Palestinian territories” in the plural but, like other organs of the United Nations beforehand, instead now also rather refers to the occupied “Palestinian territory” in the singular (“du territoire Palestinien” respectivly ‘le territoire palestinien” in the French text). This in turn presupposes that, while obviously not amounting to a recognition of a state, the Security Council hereby has taken the position that there exists at least a Palestinian entity with a defined ‘territory’ rather than merely some ‘Palestinian territories» (véase ZIMMERMANN A., «Security Council Resolution 2334 (2016) and its Legal Repercussions Revisited», EJIL Talk, 20/01/2017, disponible aquí).
Con ocasión de la presentación del borrador de esta histórica resolución, Israel y el entonces Presidente electo Donald Trump realizaron diversas gestiones diplomáticas para frenar a toda costa su votación, y aplazarla de unas pocas semanas, sin lograr mayor éxito (sobre estas y otras particularidades, véase nuestro breve análisis, BOEGLIN N., «La resolución 2334 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que condena colonización israelí: breve puesta en perspectiva», Eljurista, 11/01/2017, disponible aquí).
La particular vehemencia diplomática de México
El comunicado de México difiere sensiblemente del de Argentina, Brasil y Chile en cuanto a su contenido así como su extensión. En su comunicado, México procede a «reiterar» su preocupación: «México reitera que la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Oriental representa un obstáculo mayor al proceso de paz, el cual debe encontrar una solución integral fundada en la existencia de dos Estados, Israel y Palestina, económicamente viables, que convivan en paz y seguridad y con fronteras reconocidas internacionalmente». Es probable que el tono empleado por la diplomacia de México no sea del todo ajeno a las recientes tensiones ocasionadas por un desacertado «tweet» del Primer Ministro israelí apoyando la construcción de un muro entre Estados Unidos y México. Al respecto, remitimos a nuestra breve nota: BOEGLIN N., «Las “disculpas” de Israel a México por tweet del Primer Ministro de Israel apoyando muro entre México y EEUU: Breves apuntes», editada en Ius360, 15/02/2017, disponible aquí.
La usual discreción diplomática de Costa Rica
Fiel a la peculiar cautela para manifestarse ante la situación imperante en Palestina y los derechos de su pueblo (en particular cuando de asentamientos ilegales israelíes se trata) Costa Rica, al igual que Colombia y Panamá, se ha mantenido al momento sin expresar mayor preocupación con respecto a esta ley israelí. Esta misma actitud reservada se dejó entrever con ocasión de la última ofensiva militar israelí en Gaza en julio del 2014 (véase informes oficiales de una Comisión de Investigación creada en Naciones Unidas).
Un número especial de la Revista Al-Kubri de la Universidad Nacional (UNA) reseñó de forma sistemática las reacciones en América Latina ante las exacciones de Israel contra la población civil en Gaza, así como el carácter ambiguo y las «señales confusas» (p. 6) que se desprenden de las declaraciones oficiales dadas por las autoridades de Costa Rica en julio y agosto el 2014.
Esta ambigüedad a la vez recuerda otra acaecida en el 2011: pese a haber reconocido formalmente a Palestina como Estado en el 2008, las autoridades de Costa Rica se mostraron indecisas ante un posible voto en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en setiembre del 2011 sobre el reconocimiento de Palestina como Estado Miembro (ver nota de prensa del Semanario Universidad). Un pequeño detalle, publicado en La Nación (edición del 10 de setiembre del 2011), y que pasó posiblemente desapercibido para muchos, indicaba que: “Dos periodistas hacían preguntas a Laura Chinchilla en Cartago. Ella cedió cuatro minutos y no quiso contestar más sobre la posición del Gobierno en cuanto a un Estado palestino. El reportero de este diario insistió, pero un guardaespaldas lo tomó de los dos brazos y lo jaló para atrás. Ella se fue tranquila sin contestar”.
Otro episodio sobre un tema distinto, pero extremadamente revelador en cuanto a la lectura que algunos tienen en Costa Rica sobre la situación en Oriente Medio, lo constituye una carta colectiva suscrita en septiembre del 2015 por descendientes de inmigrantes árabes. Los firmantes respondían, indignados, a declaraciones del Jefe de Estado sobre las supuestas dificultades que enfrentarían refugiados sirios si llegasen a Costa Rica. La misiva indicaba que:
«Los abajo firmantes, descendientes todos de territorios que hasta 1945 formaron parte de la Gran Siria, es decir, los ticos descendientes de sirios, palestinos, libaneses o jordanos, nos sentimos ofendidos por lo inapropiado de los comentarios de un Presidente que se enorgullece del carácter multicultural y pluriétnico del país» (véase carta titulada «Carácter multicultural y pluriétnico de Costa Rica incluye lo árabe», publicada en el Semanario Universidad, 16/09/2015).
Nos permitimos traer este tema a colación, dado que puede ayudar a entender la singular lectura que tienen las autoridades de Costa Rica en torno a la situación en Oriente Medio. Se calcula en más de 250 los ciudadanos sirios que han encontrado refugio en Chile (véase nota de prensa), en más de 2000 en Brasil (véase nota de prensa), mientras que el Programa Pro Siria (véase sitio oficial) en Argentina fue ampliado a finales del 2016, entre muchas otras iniciativas estatales en América Latina en respuesta al drama humano en Siria (véase número de la precitada Revista Al-Kubri (UNA) titulado «Argentina solidaria con refugiados sirios», setiembre del 2016). Tierra de acogida legendaria a quiénes huyen de la violencia, Canadá alberga ya a más de 35.000 refugiados sirios (véase nota de prensa).
Conclusión
Más allá de esta peculiar percepción de las autoridades de Costa Rica, esta reciente ley israelí ha sido objeto de un rechazo generalizado por parte de diversos Estados y organizaciones internacionales. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, constituye una violación flagrante a la reciente resolución 2334 del Consejo de Seguridad, y a un sinnúmero de resoluciones similares. Desde el punto de vista político, evidencia nuevamente la actitud desafiante de Israel hacia el resto de la comunidad internacional, que viene a confirmar un reciente informe confidencial de la Unión Europea (UE) hecho público (véase nota de Le Monde del 24 de enero del 2017) (Nota 7).
En momentos en que la primera reunión de la dupla Donald Trump – Benjamin Netanyahu ha causado temores fundados e incertidumbre en diversos sectores de la comunidad internacional, debido al tono y al contenido de sus declaraciones, no cabe duda que Palestina espera ansiosa reacciones decididas frente a esta nueva arremetida israelí aprobada por la Knesset el pasado 6 de febrero.
— Notas–
Nota 1: En un comunicado de prensa de la Unión Europea se lee que:
«Federica Mogherini speaks to Palestinian President Mahmoud AbbasBruxelles, 09/02/2017 – 09:16 – UNIQUE ID: 170209_01 Press releases
Before leaving to Washington late on Wednesday, Federica Mogherini, High Representative for Foreign Affairs and Security Policy/Vice-President of the European Commission, had a phone call with the Palestinian President Mahmoud Abbas to discuss the recent developments regarding the Middle East peace process.
The High Representative informed the President about the discussions at the Foreign Affairs Council on Monday, stressing the consensus on the longstanding European Union’s policy on the Middle East peace process. The EU remains fully committed to work with the two parties and its international and regional partners on the two-state solution as the only way to end the conflict and move the peace process forward. The EU also expressed its opposition to the ‘Regularisation Law’ adopted by Israeli Knesset this week – settlements are illegal under international law and endanger the prospects for a peaceful solution of the conflict.
The High Representative and the President also discussed the EU-Palestinian relations and reconfirmed the commitment to further develop them.
Nota 2: El comunicado español del 2 de enero del 2017 se lee de la siguiente manera:
«COMUNICADO 036 Autorización de asentamientos en Cisjordania 01/02/2017
España condena la decisión del gobierno de Israel adoptada ayer de autorizar la construcción de tres mil viviendas para asentamientos en Cisjordania. Esta decisión contraria al derecho internacional, junto con otras dos muy recientes referidas a Cisjordania y a Jerusalén oriental y totalizando seis mil viviendas, señala una tendencia muy preocupante de las autoridades de Israel en relación con el proceso de paz, dificulta la reanudación de las conversaciones con la parte palestina y supone una amenaza para la viabilidad de la solución de dos estados, única capaz de resolver el conflicto de forma justa y definitiva».
Nota 3: El comunicado de Argentina con fecha del 10 de febrero se lee como sigue:
«Argentina lamenta la decisión del parlamento israelí sobre los asentamientos en Cisjordania
10 Febrero 2017 Información para la Prensa N°: 030/17
La Argentina observa con preocupación la aprobación por parte del Parlamento israelí de la Ley de Regularización, el pasado 6 de febrero, que legaliza la construcción de asentamientos en la Ribera Occidental ocupada.
La República Argentina se suma a la comunidad internacional, al considerar que esta Ley es contraria al Derecho Internacional, y a reiterados pronunciamientos de las Naciones Unidas, incluyendo del Consejo de Seguridad, y que, de ser implementada, obstaculizaría la posibilidad de lograr una paz justa y duradera, basada en la solución de dos Estados, conviviendo en paz y seguridad dentro de fronteras internacionalmente reconocidas.
Información para la prensa Nº 030/17″
Nota 4: El comunicado de Brasil, con fecha del 12/02/2017 se lee así:
«Nota 42 Asentamientos israelíes en Cisjordania
Brasil cree que la expansión territorial de los asentamientos israelíes en Cisjordania es un obstáculo a la paz. En este sentido, la legislación destinada a regularizar los asentamientos, recientemente aprobado por el Parlamento de Israel, no contribuye a la solución del conflicto.
Brasil ha recurrido sistemáticamente a las partes a que se abstengan de utilizar la violencia y promover actos de provocación que se desvían más lejos de la solución de dos estados.
Brasil apoya una solución de dos estados para el conflicto entre Israel y Palestina, que esté de acuerdo con el derecho a la libre determinación del pueblo palestino y las preocupaciones de seguridad de Israel.
Nota 5: El comunicado oficial de Chile se lee de la siguiente forma:
«Chile rechaza la expansión de los asentamientos en territorios palestinos
El gobierno de Chile expresa su profunda disconformidad con la aprobación de una ley por parte del Parlamento de Israel, que permite la expropiación de propiedad privada palestina en Cisjordania. Esta ley facilitaría la legalización de decenas de asentamientos y colonias construidas ilegalmente en territorio palestino.
Chile se une al rechazo de la comunidad internacional sobre la expansión de estos asentamientos, que representan un serio obstáculo a la posibilidad de alcanzar una paz duradera que se fundamente en la solución de dos Estados que convivan en paz y seguridad y con fronteras reconocidas internacionalmente.
Esta posición fue reafirmada por Chile en la reciente Conferencia de París sobre la Paz en Medio Oriente, a la cual concurrieron 70 países y 4 organizaciones internacionales».
Nota 6: El comunicado de México con fecha del 7 de febrero se lee de la siguiente manera:
«México lamenta la decisión del Parlamento de Israel de aprobar una ley que legaliza asentamientos construidos en propiedad privada palestina
Comunicado No. 046.- México reitera que la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Oriental representa un obstáculo mayor al proceso de paz, el cual debe encontrar una solución integral fundada en la existencia de dos Estados, Israel y Palestina.
El Gobierno de México, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), lamenta la decisión del Parlamento de Israel de adoptar una ley que pretende legalizar asentamientos israelíes construidos sin autorización oficial sobre propiedad privada palestina en Cisjordania.
México reitera que la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Oriental representa un obstáculo mayor al proceso de paz, el cual debe encontrar una solución integral fundada en la existencia de dos Estados, Israel y Palestina, económicamente viables, que convivan en paz y seguridad y con fronteras reconocidas internacionalmente.
El Gobierno de México hace un llamado al Gobierno de Israel a revertir esta decisión y a actuar de conformidad con las resoluciones pertinentes de la Organización de las Naciones Unidas, particularmente la resolución 2334 (2016) del Consejo de Seguridad.
México reafirma su apoyo a una solución justa, duradera e integral al conflicto israelí-palestino, y hace un llamado a las partes a comenzar negociaciones directas cuanto antes y sin precondiciones, con el apoyo de la comunidad internacional».
Nota 7: En el 2012, un informe confidencial de la Unión Europea sobre este tema se filtró a medios de prensa (véase nota de la BBC). De igual manera, en el 2009 un informe similar fue dado a conocer sobre la paulatina anexión ilegal de Jerusalén Oriental por parte de Israel (véase nota de prensa del 2009). Anterior a ello, en el 2005 se señalaba lo mismo sobre las políticas de colonización ilegal de Israel en un informe secreto de la UE filtrado a medios de prensa (véase nota de EUObserver). Esta secuencia de informes confidenciales filtrados arroja interesantes interrogantes. que no parecieran haber despertado mayor interés por parte de observadores y analistas.
(*) Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
La libertad de pensamiento, de conciencia, ideológica o de creencia –como quiera llamársela- es uno de los mayores logros de la civilización occidental en los últimos siglos. Ella y su consecuencia manifestada públicamente, la libertad de expresión, están entre lo más alto alcanzado por la civilización de Occidente en su afán de exaltar lo humano, como la meta necesaria para asegurar el desarrollo personal y social en toda su potencialidad.
La actual sociedad costarricense –multiétnica y pluricultural, según el artículo 1 recietemente reformado de nuestra Constitución Política- está ya demandando, desde diversos sectores, la obligación estatal de recoger mediante legislación nueva el cumplimiento efectivo de esas realidades sociales expresadas con tales conceptos.
Por lo mismo, cae como un balde de agua fría saber que los grupos religiosos instalados en la actual Asamblea Legislativa promueven un proyecto de ley “para la libertad religiosa y de culto”. El título no más ya es excluyente: por un lado, se da por un hecho que todo ciudadano necesariamente “pertenece” a alguna religión, dejando de lado no solo al creciente sector de los no creyentes (librepensadores, ateos, agnósticos, racionalistas, indiferentes, etc.), sino también al creciente sector de los que, dentro de las distintas creencias religiosas, viven su particular ateísmo “práctico” diario. Por otro lado, la agenda oculta (y ni tanto) es el afán de los líderes “cristianos” de colocarse en plano de igualdad con el catolicismo oficial, compartiendo con este todos los privilegios y beneficios posibles, como carga adicional para un Estado que ya no da para más. El proyecto pretende, además, crear más organismos y burocracia, recibiendo del Estado mucho más de lo que pueden las distintas sectas devolver a la sociedad. En suma: lo que se pretende paladinamente es convertir el actual Estado oficialmente católico en un Estado multiconfesional, otro adefesio jurídico, como el actual, monoconfesional, que haría de este país objeto de toda clase de chistes a escala mundial.
Urgente: lo que se necesita no es una ley como la propuesta, sino una más incluyente, general y objetiva. En tal sentido, los sectores progresistas debemos insistir con nuestros diputados para que se dediquen a preparar una ley general de libertad de conciencia y expresión que satisfaga a todos los sectores de la sociedad. El enfoque no es errado puesto que en punto a jerarquías, la libertad de religión es parte de algo más amplio, que es la libertad de conciencia. Y esta a su vez debe verse como algo íntimo, privado y propio de cada individuo; y que solo cuando se expresa públicamente adquiere su verdadera dimensión como libertad real. Para el creyente, esta libertad se manifiesta en su “culto” público. En tanto, el no creyente, al no tener nada parecido a un“culto”, lo único que requiere es libertad, justicia, respeto y aceptación por parte del Estado; y libre de la intervención en su vida pública y privada por parte de las organizaciones religiosas convertidas en poder político. Eso es paz social asegurada para todos.
En el presente siglo, todas las sociedades avanzadas se encaminan hacia el Estado laico, una figura jurídica en que el Estado es neutral en asuntos de conciencia. Costa Rica debe ir preparando el terreno para tan ineludible paso. Que no pase lo que ahora en Europa: la avalancha de inmigrantes, legales e ilegales, que llegan con otra cultura provista de un islamismo prepotente y excluyente. Fiel a su tradición como país de asilo y respetuoso de los derechos humanos, el nuestro debe recibir a todo grupo inmigrante con reglas muy claras: igual trato para todo grupo o individuo, cualesquiera sean sus creencias religiosas o filosóficas, en apego estricto a la separación obligada entre el Estado y las creencias de los ciudadanos dentro del marco de la ley. Tal es la esencia del Estado laico aquí propuesto.
“No basta filosóficamente con buscar la verdad, sino que hay que procurar filosóficamente realizarla para hacer la justicia y construir la libertad”… La justicia consiste en devolverle a cada uno su dignidad humana… La paz justa es la única alternativa a la violencia (Ignacio Ellacuría).
Queridísima conciencia: La dialéctica de la verdad histórica y la lucha por la dignidad de los pueblos es el camino de la justicia y la libertad.
La justicia no solo puede definirse con la lente de la ley, cuando la ley responde a los intereses económicos y políticos dominantes se transforma en el instrumento violento estructural contra la justicia social. La ley cuando se divorcia de la justicia es la forma jurídica que expresa el poder del capital que aplasta los derechos históricos de nuestros pueblos que se manifiestan en mayor grado en los indígenas, garífunas, familias campesinas y la clase trabajadora.
En este sentido la ley es la síntesis del racismo, clasismo y sexismo patriarcal que tiene su origen y reproducción histórica y estructural en el viejo y nuevo colonialismo, en la mundialización del capital trasnacional que utiliza a los operadores de la justicia legal: jueces, fiscales como integrantes de los cuerpos represivos: militares y policías que estigmatizan, persiguen y violan los derechos a los defensores(as) de la verdad, libertad y derechos humanos y ambientales.
Honduras es un país singular donde se ha concentrado el experimento geopolítico militar, donde la reorganización de la administración de la justicia tiene como eje fundamental la inteligencia que controla la información y vigila, controla y reprime mediante los aparatos: militares, policiales, académicos y fundamentalistas religiosos. Es el experimento que caracteriza a la “democracia encarcelada y a la seguridad embozada”.
El experimento no solo es de inteligencia (orejas y cámaras electrónicas); sino también de guerra psicológica, guerra mediática, guerra económica: desempleo masivo, cierre de empresas; fundamentalismo religioso, femicidio, asesinatos de la diversidad sexual, de abogados , periodistas, ambientalistas, campesinos e indígenas y defensoras (es) de los derechos humanos.
Es una guerra total contra el pueblo en una sociedad militarizada y ocupada no solo en el sentido castrense sino ideológico y político por la nación del Norte. Con El Salvador y Guatemala somos parte del “Plan de Prosperidad de los Estados Unidos de América”.
El asesinato de Berta Cáceres, dirigente del COPINH a igual que el golpe de Estado Militar no sólo son fenómenos locales sino están articulados al complejo militar económico transnacional del modelo extractivo minero, represas, agrocombustibles, transgénicos y megaproyectos turísticos. Por lo tanto este crimen simboliza un mensaje de terror del sistema para los que defienden los derechos el agua y de la Madre Tierra: si asesinaron a la mujer galardonada con el Premio Goldman, tenemos la capacidad de reprimir o matar a cualquier ser humano que se oponga a este monstruoso sistema.
La justicia “legal” con injusticia social se refleja en la detención arbitraria del educador mexicano y defensor de los derechos humanos Gustavo Castro; quien al ser testigo y objeto de atentado de asesinato es convertido en forma ilegal e ilegítima en victima de tortura psicológica y tratos crueles inhumanos y degradantes violando la Constitución de Honduras y el derecho internacional. El objetivo es silenciar a los que tienen la vocación humanista de educar a nuestros pueblos sobre el derecho al agua y a la Madre Tierra.
Nuestra historia es representativa de la sevicia del poder; la verdad sobre los responsables de los desaparecidos, el asesinato de la dirigente campesina Margarita Murillo y más de un centenar de dirigentes campesinos ni ha sido develada porque en la practica la ley en Honduras sirve en su mayor dimensión para ocultar la verdad y favorecer la impunidad.
Según el Informe Honduras 2015 del sociólogo y defensor de los derechos humanos Roberto Briceño: “La policía y los organismos de seguridad y justicia por omisión o por acción fomentan la impunidad principal factor de incremento de la violencia y los actos criminales en el país. Los informes acerca de la frecuencia de hechos criminales coinciden en que entre el 90 y 96 por ciento de los hechos no se investigan. La policía omite investigar las causas de los hechos culpando con estigmas a las víctimas con los cliché de ‘pelea de territorios’, ‘pleito entre maras’ o capturando a cualquier acusado para justificar su aparente función eficiente”.
En cuanto a los crímenes contra los dirigentes del COPINH: Tomas García que antecede al asesinato de Berta Cáceres y posterior al mismo de Nelson García; así como la persecución contra dirigentes campesinos del Aguan, del Valle de Sula y del Occidente del país son indicadores de la impunidad e injusticia social.
Según el jurista y epistemólogo Allan Norrie la dialéctica de la totalidad social amenaza la lógica analítica jurídica. Las categorías legales están separadas del contexto y de los valores morales.
Por consiguiente en Honduras las categorías de la formalidad legal son hechos técnicos despojados de la ética. Los aspectos sociales del crimen, los políticos e históricos y de corrupción del sistema son llevados a la rigidez arquitectónica y congelada de la ley para deformar la realidad y culpar a los y las que están en contra del sistema hegemónico multinacional articulado a las oligarquía locales.
La responsabilidad de los intelectuales y de los movimientos sociales es luchar por la justicia social al servicio de la vida, los derechos humanos y de la Madre Tierra.
Lo único que tenemos es la conciencia histórica social de la verdad, la justicia y la libertad frente al neoliberalismo imperial del capital mundializado.
Hagamos concreta esta realidad mediante la solidaridad nacional e internacional con los pueblos indígenas, garífunas, las familias campesinas, pobladoras de Honduras y demandemos la libertad del mexicano Gustavo Castro que está detenido arbitrariamente en Honduras.
La Comisión de Vicerrectores de Investigación del Consejo Nacional de Rectores (Universidad de Costa Rica, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Universidad Nacional de Costa Rica, Universidad Nacional Estatal a Distancia, Universidad Técnica Nacional), está organizando el foro sobre el proyecto de “Ley para la Restricción de la Liberación al Ambiente de Organismos Vivos Modificados”, el cual se llevará a cabo el próximo lunes 19 de octubre del 2015 de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. en el Centro de Transferencia Tecnológica (CETT), instalaciones de FUNDATEC-Zapote.
Objetivo del foro
En la Comisión Permanente Especial de la Asamblea Legislativa de Costa Rica se encuentra en estudio el proyecto “Ley para la restricción de la liberación al ambiente de organismos vivos modificados” expediente 19.477, el cual propone como objetivo, que se declare una moratoria nacional por quince años sobre la liberación al ambiente de organismos vivos modificados, también conocidos como transgénicos u organismos genéticamente modificados (OGM).
El proyecto indica que el fin de la ley es prevenir los posibles riesgos que la liberación de estos organismos pudiera ocasionar a la salud humana o al medio ambiente y a la diversidad biológica o a la sanidad animal, vegetal y acuícola. El proyecto excluye de la moratoria los OGM destinados a la investigación en espacios confinados, los de uso farmacéutico y veterinario y los OGM o sus derivados, importados para la alimentación humana o animal, o su procesamiento; los cuales estarán sujetos al análisis de riesgos.
Entre otros puntos, el proyecto también indica que todo material genético que ingrese al territorio nacional debe acreditar su condición de no ser un organismo genéticamente modificado.
Este proyecto de Ley ha generado amplias discusiones en diferentes sectores de la población, incluyendo las universidades que forman parte del CONARE donde se han manifestado posiciones divergentes entre Consejos Universitarios y Asambleas de Escuela.
Con la organización de este foro, la Comisión de Vicerrectores de Investigación del Consejo Nacional de Rectores, busca crear un espacio de discusión académica que contribuya a la información de la ciudadanía y proporcione argumentos para que las señoras y los señores diputados dicten un acto fundamentado en la ciencia.
En el foro participará un panelista escogido por cada una de las universidades del
CONARE y se contará además con la participación de un experto internacional en el área de bioseguridad.
Comité organizador:
Jorge Warner, Universidad de Costa Rica (jorge.warner@ucr.ac.cr)
Elizabeth Arnáez Serrano, Instituto Tecnológico de Costa Rica (earnaez@itcr.ac.cr)
Kinndle Blanco, Universidad Nacional de Costa Rica (kinndle.blanco.pena@una.cr)
Fiorella Donato, Universidad Nacional Estatal a Distancia (fdonato@uned.ac.cr)
Andrea Barrantes, Universidad Técnica Nacional (abarrantesa@utn.ac.cr)
Para conocer el cronograma de actividades del foro, ingrese en el siguiente enlace:
Favor confirmar la asistencia a más tardar el jueves 15 de octubre, con la Mag. Sharlín Sánchez al correo electrónico ssanchez@conare.ac.cr ó al teléfono 2519-5744
*Imagen con fines ilustrativos.
Información enviada a SURCOS Digital por Isabel Ducca Durán.
El día 11 de diciembre de 2013, el Poder Ejecutivo convocó a sesiones extraordinarias el expediente No. 17742, Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, con el propósito de que se apruebe un texto sustitutivo y no el proyecto presentado mediante el mecanismo de iniciativa popular, desconociendo la voluntad de las más de 170.000 personas que firmaron y apoyaron este proyecto.
Al ser convocado, el texto se tendría que votar el próximo lunes 16 de diciembre, sin que la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa lo haya estudiado en forma seria a pesar de tener el proyecto de iniciativa popular en agenda durante casi cuatro años. Durante este tiempo tampoco había sido convocado por el Poder Ejecutivo para que pudiera avanzar en su trámite.
Exigimos a la Comisión Permanente de Ambiente y al Plenario de la Asamblea Legislativa que _si se dictamina y aprueba un texto, este tiene que ser el presentado por iniciativa popular_ o en su defecto que el mismo sea la base para cualquier discusión y búsqueda de consensos.
Hacemos un llamado a los diferentes sectores de la sociedad a movilizarse para defender el agua como un bien vital, además del mecanismo de la iniciativa popular. A los candidatos a la Presidencia de la República los instamos a pronunciarse al respecto, ya que es un tema estratégico para el futuro del país que requiere en estos momentos conocer sus valoraciones.
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó el jueves 12 de septiembre el proyecto de Ley de “bullying” elaborado por la diputada Mara Brawer (Frente para la Victoria) para enfrentar y prevenir el acoso u hostigamiento escolar.
El bullying se refiere a las diferentes formas de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. La ley contempla que el Ministerio de Educación promueva políticas públicas para las instituciones educativas y equipos docentes a fin de darles herramientas y capacitación para la prevención.
El proyecto, había tenido modificaciones durante su debate en el Senado y por eso volvió a la Cámara de Diputados para su aprobación final.
Al respecto, César Cigliutti, presidente de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), expresó: “El bullying o el acoso lo sufrimos todas las personas de nuestra comunidad Gay, Lésbica, Travesti, Transexual, Bisexual e Intersexual (GLTTBI). Con la aprobación de esta ley tenemos ahora un marco jurídico para seguir trabajando con nuestra campaña “MÁS INCLUSIÓN SIN BULLYNG”. Sabemos que las campañas deben ser, además de sostenidas en el tiempo, focalizadas a las diferentes problemáticas de la discriminación escolar y a cada una de ellas hay que darle una atención inclusiva y especial. Desde la CHA contribuiremos con los mensajes para enfrentar el bullying por orientación sexual, identidad y expresión de género porque es lo que estamos haciendo actualmente con nuestra campaña.
Según el diario Clarín, el Ministerio de Educación ya está trabajando en una guía para los docentes, una iniciativa bien recibida en la comunidad educativa, ya que muchos dicen que no saben qué hacer ante un caso de violencia.
En cuanto a las sanciones, el texto apunta que deben ser educativas, graduales y progresivas. Y si como medida extrema se expulsa al alumno, las autoridades de la escuela tienen que buscarle otro establecimiento donde estudiar, porque debe quedar garantizado “el derecho a la educación”. De acuerdo con la autora del proyecto, Mara Brawer, las sanciones pueden ser variadas, como un apercibimiento o dejar al chico sin un día de actividades aunque con tarea, pero cada escuela deberá definir la sanción a aplicar en cada caso.
Desde la CHA también señalaron “que es necesario plantear nuevos escenarios de diálogo al interior de las aulas, para garantizar no solo la libre expresión de las identidades de género y las orientaciones sexuales, sino el derecho mismo a una educación integral, inclusiva y solidaria con el otro”.
En Costa Rica como en muchas otras partes del mundo, muchos animales (sobre todo perros y gatos), son envenenados, asesinados, golpeados sin razón o hasta por placer, abandonados luego de tener un hogar la mayor parte de su vida, y mueren atropellados, algunos son vio lados, explotados como máquinas para tener crías y abandonados a su suerte o eutanasiados cuando ‘ya no sirven como negocio’.
Esto debe parar, y pedimos su firma para con ella y la de muchos otros, tratar de llegar a nuestro gobierno y que esta Ley sea finalmente aprobada, llevamos mucho tiempo esperando y durante esta espera ya muchos animales han muerto en manos criminales. Ayúdanos con tu firma, todos los animalistas de Costa Rica se lo agradecemos al mundo entero que nos apoye en esta noble causa.