Etiqueta: libertad de expresión

UNA alerta vicios legales y constitucionales en subasta de frecuencias de radio y televisión abierta

Escrito en 04/12/2025. Publicado en Derechos.

La Universidad Nacional (UNA) emitió un pronunciamiento oficial en el que advierte a Costa Rica sobre los riesgos democráticos, sociales y constitucionales asociados al proceso de subasta de frecuencias de radio y televisión abierta impulsado por el Poder Ejecutivo y la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL). El acuerdo fue aprobado en la sesión ordinaria 43-2025 del Consejo Universitario (UNA-SCU-ACUE-429-2025).

Según la institución, el diseño actual de la subasta amenaza la pluralidad de voces, puede afectar el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión y el acceso a la información, y pondría en riesgo la continuidad de medios comunitarios, regionales, culturales y religiosos, que durante décadas han sido actores fundamentales en las comunidades rurales, costeras, fronterizas e indígenas del país.

La UNA subraya que el espectro radioeléctrico, como bien público estratégico, debe asignarse según criterios de interés social y no únicamente económicos, pues constituye un recurso esencial para el acceso equitativo a la comunicación, la cultura, la educación y la participación democrática.

Argumentos principales del pronunciamiento

1. El espectro radioeléctrico y su función social

El comunicado destaca que el espectro es esencial para medios como la televisión, la radio o el internet, y que su uso debe democratizarse para favorecer la transformación digital y el desarrollo social, económico, cultural y político. La concentración mediática afectaría directamente este objetivo.

2. Resolución del Tribunal Supremo de Elecciones

El TSE ordenó al Poder Ejecutivo abstenerse de modificar frecuencias durante el proceso electoral 2026, por considerar que ello podría afectar el acceso ciudadano a información político-electoral. Pese a ello, el Poder Ejecutivo y la Sutel continuaron impulsando cambios normativos y administrativos.

3. Vicios legales y medidas cautelares vigentes

La UNA recalca que la subasta se abrió pese a:

múltiples procesos contencioso-administrativos,
medidas cautelares dictadas por la Sala Constitucional,
órdenes vigentes de mantener el estatus actual hasta resolver el fondo de los casos.

4. Retroactividad normativa y afectación de derechos adquiridos

Los cambios normativos emitidos por el Poder Ejecutivo en 2024, a dos días del vencimiento de las concesiones, alteraron contratos que garantizaban prórrogas automáticas. La UNA sostiene que estas acciones violan:

artículo 34 constitucional (prohibición de retroactividad),
artículo 41 constitucional (seguridad jurídica).

5. Riesgo de monopolización

Los montos base fijados para participar en la subasta, que van desde $24.545 hasta $1.601.786, privilegian a unos pocos consorcios económicos y excluyen a medios pequeños. Esta situación, según la UNA, atenta contra el mandato constitucional que prohíbe los monopolios (art. 46).

6. Amenaza a la diversidad cultural y derechos fundamentales

La desaparición de emisoras comunitarias y culturales implicaría:

pérdida de patrimonio comunicacional,
debilitamiento de identidades locales,
afectación del acceso a la pluralidad informativa,
daño a derechos culturales y a la participación social.

La UNA recalca que la concentración mediática está reconocida por la jurisprudencia interamericana como un riesgo directo para la libertad de expresión.

7. Rol de la Universidad Nacional

La institución, comprometida con la probidad y la defensa de los recursos públicos, sostiene que no puede permanecer indiferente ante un proceso que:

modifica derechos contractuales sin aval legislativo,
erosiona principios constitucionales,
afecta la calidad democrática del país.

Petitorias del pronunciamiento

El Consejo Universitario acuerda:

Rechazar el proceso de subasta por vicios de legalidad y constitucionalidad.
Exigir a la SUTEL y al MICITT suspender la adjudicación hasta que se resuelvan las controversias constitucionales y se cumpla lo dispuesto por el TSE.
Solicitar al Poder Ejecutivo presentar ante la Asamblea Legislativa un marco regulatorio que:
- proteja medios comunitarios, culturales, regionales y religiosos,
- asegure pluralismo y diversidad,
- garantice acceso equitativo para pymes,
- preserve el patrimonio comunicacional histórico.
Pedir a la Asamblea Legislativa asumir competencia mediante ley expresa para regular el tema.
Exhortar a la Asamblea Legislativa a reconocer que la asignación de frecuencias no es un asunto únicamente técnico o económico, sino constitucional y democrático.
Hacer un llamado a la ciudadanía para informarse adecuadamente sobre el proceso y a las instituciones públicas para actuar con responsabilidad en defensa de la democracia y los derechos fundamentales.

El pronunciamiento es suscrito por el Dr. Braulio Sánchez Ureña, presidente del Consejo Universitario de la UNA.

Silencio por dignidad: la otra cara de la autocensura

Escrito en 28/11/2025. Publicado en Lucha Cultural.

Glenm Gómez Álvarez
Sacerdote y Periodista

La Universidad de Costa Rica publicó un estudio titulado “Autopercepciones sobre libertad de expresión y desigualdades”, y sus resultados inquietan: más de la mitad de las personas siente que hoy hay censura o límites para hablar, y casi la mitad admite que ha preferido callar en redes por miedo a las consecuencias.

En el último caso, lo verdaderamente revelador no es el miedo. Es lo que lo provoca. La conversación pública —ese espacio donde la ciudadanía piensa en voz alta expresa desacuerdos, comparte preocupaciones y discute lo que afecta a la vida común— dejó de ser “conversación”. Opinar equivale a exponerse a un linchamiento exprés: burlas, etiquetas y la presión inmediata de tomar partido. Apenas formulamos una idea y ya alguien está listo para descalificar sin más. Ese ambiente no solo inhibe; también expulsa a quienes tienen criterio y no están dispuestos a malgastar sus fuerzas en peleas que se reducen a un pantano emocional.

Por eso me atrevo a decir que la autocensura, a veces, no es cobardía. Es una forma discreta —y perfectamente legítima— de protesta. Un modo de marcar distancia cuando el ambiente se volvió tóxico. No es rendirse; es decir “hasta aquí” sin necesidad de montar un drama.

En este sentido, el silencio puede, también, ser una forma de autocuidado: negarse a un desgaste inútil y reservar la palabra para quienes realmente sepan respetarla. Porque, seamos francos, mientras la discusión siga reducida a empujones, zancadillas y bofetadas dialécticas, muchos optarán por callar… no por temor, sino por dignidad. Es el límite que uno traza cuando el entorno dejó de permitir un intercambio decente. Y ahí conviene recordar una frase sencilla del papa Francisco: “Nada se gana con la violencia y tanto se pierde.” Tu furia no me arrastra; la calma es mi poder.

Este matiz es crucial. La autocensura que hoy observamos tiene un componente moral. Es un “no gracias” frente a la brutalidad del intercambio público. No es timidez: es salud emocional. No es silencio impuesto: es silencio elegido. Y en esa elección hay un reclamo implícito hacia quienes han vaciado los espacios de diálogo y los han convertido en arenas donde lo importante no es pensar, sino doblegar.

Por eso es posible entender la autocensura como un acto de resistencia. Ese silencio selectivo revela que todavía hay quienes saben que conversar es un acto profundamente humano, que exige respeto, escucha y un mínimo de sensatez compartida.

Paradójicamente, ese silencio termina diciendo más que mil publicaciones. Dice: “Así no”. Dice: “La conversación merece algo mejor”. Y ese decir, aunque parezca modesto, mantiene viva la esperanza de un espacio público más digno.

Entiendo que cada silencio deja más cancha libre a quienes imponen su hegemonía a gritos. Pero también sé que la energía personal es un bien finito. Prefiero dedicarla a espacios más dignos, donde aún sea posible pensar, construir y escuchar. Lo otro sería desperdiciarla.

Por eso me atrevo a afirmar que, en ciertos contextos, la autocensura no apaga la libertad de expresión; más bien la resguarda del ambiente que la degrada. A veces callar no es renunciar: es ejercer la forma más adulta de cordura.

La Iglesia Católica rechaza idea de concesión diferenciada para las emisoras religiosas y pide equidad para todas

Escrito en 26/11/2025. Publicado en Derechos.

La Conferencia Episcopal de Costa Rica emitió un comunicado oficial en el que expone su posición frente a la propuesta del Poder Ejecutivo y del diputado Fabricio Alvarado para otorgar concesiones diferenciadas de radio y televisión a medios religiosos. La Iglesia reconoce las inquietudes surgidas en el contexto de la subasta de frecuencias, pero advierte sobre los riesgos para la equidad, la pluralidad y el uso democrático del espectro radioeléctrico, al tiempo que rechaza ataques infundados contra el arzobispo metropolitano. A continuación, se presenta el texto íntegro del pronunciamiento.

Conferencia Episcopal de Costa Rica

A la opinión pública

La Iglesia Católica en Costa Rica ha analizado con atención la propuesta del Poder Ejecutivo y del diputado Fabricio Alvarado de otorgar frecuencias de radio y televisión mediante concesiones diferenciadas para medios religiosos.

Comprendemos las inquietudes que motivan dicho planteamiento, especialmente en un contexto de subasta de frecuencias que ha resultado excluyente para muchas emisoras de menor escala.

No obstante, en coherencia con nuestro primer pronunciamiento sobre este tema, por respeto a la pluralidad de voces y sectores que conforman nuestra sociedad, la Iglesia considera que no es prudente ingresar en una lógica de prebendas especiales que pongan en riesgo la equidad en el acceso al espectro radioeléctrico. Un mecanismo de concesiones privilegiadas para medios de orientación religiosa podría abrir la puerta a decisiones arbitrarias y a un manejo desigual del bien público.

Creemos firmemente que el diálogo social debe sustentarse en la justicia y en la igualdad de condiciones, no en excepciones que fragmenten el espacio mediático. La comunicación pública —radio, televisión o prensa— es patrimonio de toda la ciudadanía, no solo de quienes profesan una fe o una doctrina.

Por ello, la Iglesia se mantendrá prudente: continuará promoviendo sus valores a través de los canales que ya posee y mediante los medios tradicionales de evangelización, sin reclamar privilegios especiales para acceder a frecuencias. Somos absolutamente respetuosos del ordenamiento jurídico del país y en particular de los procesos judiciales en marcha en este tema.

Al mismo tiempo, reiteramos nuestra disposición al diálogo respetuoso con todas las autoridades y con los demás sectores sociales interesados en garantizar un espectro plural, diverso y democrático.

Invitamos a los ciudadanos, a los medios de comunicación y a las autoridades a reflexionar con seriedad sobre el bien común por encima de cualquier interés particular. La fe vive de verdad y servicio, no de atajos institucionales; y la dignidad de la Iglesia no necesita depender de concesiones especiales, sino de la coherencia de su mensaje y del testimonio de su misión.

Con vehemencia, rechazamos cualquier señalamiento personal sin fundamento ni conocimiento sobre la organización y el servicio de nuestras emisoras de radio (Radio Fides – San José TV, Radio Santa Clara y Radio Sinaí). En concreto, refutamos el ataque contra el arzobispo metropolitano Mons. José Rafael Quirós.

Como Iglesia no entramos en descalificaciones personales. Nuestro deber es seguir acompañando y sirviendo al país con respeto y con la palabra que construye, no que divide. Seguiremos manifestando nuestras preocupaciones con claridad, pero siempre con la serenidad que exige nuestra misión.

+ Javier Román Arias
Obispo de Limón
Presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica
Presidencia

+ Bartolomé Buiguez Oller
Obispo de Alajuela
Secretario General de la Conferencia Episcopal de Costa Rica

Arquidiócesis de San José emite comunicado tras declaraciones del presidente Rodrigo Chaves

Escrito en 26/11/2025. Publicado en Derechos.

La Arquidiócesis de San José, por medio del arzobispo metropolitano, monseñor José Rafael Quirós Quirós, difundió un comunicado en el que reafirma la misión pastoral de la Iglesia basada en el respeto, la serenidad y la construcción del bien común. El pronunciamiento responde a recientes declaraciones del presidente de la República. La Iglesia enfatiza que no ingresará en confrontaciones personales y que continuará señalando, con respeto y firmeza, los temas de interés nacional, entre ellos el proceso de otorgamiento de frecuencias de radio y televisión.

Comunicado (texto íntegro)

COMUNICADO DE PRENSA

Ante las recientes declaraciones del señor presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, Monseñor José Rafael Quirós Quirós, arzobispo metropolitano de San José, desea expresar:

“La Iglesia no entra en la lógica de las descalificaciones personales.
Nuestra misión pastoral exige respeto, prudencia y serenidad. La palabra que ofrecemos busca construir, jamás dividir. Por ello, no responderemos en el plano personal, pues creemos firmemente que el país necesita diálogo responsable y altura en el debate público.

Seguiremos manifestando nuestras preocupaciones con transparencia y sentido de servicio.

En asuntos de interés nacional —como el proceso de otorgamiento de frecuencias de radio y televisión— continuaremos señalando, con respeto y firmeza, aquello que consideramos importante para la pluralidad, la libertad de expresión y el bien común. Lo haremos siempre desde nuestra vocación de acompañar al pueblo costarricense.”

La Arquidiócesis reitera su compromiso con la paz social, el respeto institucional y la construcción de una convivencia democrática en la que todas las voces puedan ser escuchadas.”

Arquidiócesis de San José
San José, Costa Rica
26 de noviembre de 2025

Ciudadanas presentan recurso de amparo contra la subasta de frecuencias de radio y televisión

Escrito en 25/11/2025. Publicado en Derechos.

Las ciudadanas Rocío Ramírez Varela y Sonia Sandí Zúñiga presentaron un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, y la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Pabla Bogantes Zamora, debido a las condiciones establecidas para la subasta del canon por el uso del espectro radioeléctrico para radio AM/FM y televisión abierta. Según las recurrentes, estas reglas vulneran derechos fundamentales, favorecen la concentración mediática, amenazan el pluralismo informativo y ponen en riesgo la continuidad de medios regionales, comunitarios, culturales y religiosos.

La acción se presentó en defensa de los derechos propios de las firmantes y “de la ciudadanía costarricense en general”.

La subasta y sus efectos: argumentos del recurso

El recurso explica que, mediante instrucción del Poder Ejecutivo del 26 de junio de 2024, la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) abrió un proceso para subastar las frecuencias de radio y televisión, estableciendo como fecha límite para presentar ofertas el 21 de noviembre de 2025.

Los segmentos incluidos en la subasta son:

Radio AM: 525 kHz – 1705 kHz
Radio FM: 88 MHz – 108 MHz
Televisión: 174 MHz – 216 MHz y 470 MHz – 608 MHz

Las recurrentes consideran que los montos base fijados para la subasta resultan desproporcionados y excluyentes, pues:

Las frecuencias de radio FM nacional inician en $193 051 y pueden duplicarse según el ancho de banda.
Las frecuencias de televisión nacional oscilan desde $157 629 hasta $1 601 786.

Esto, exponen, crea un escenario en el que solo grandes grupos económicos pueden participar, mientras que los medios pequeños y comunitarios quedan fuera. Como consecuencia directa, varios medios han advertido que no podrán seguir operando, lo cual afectaría la diversidad informativa, la producción cultural y el acceso ciudadano a contenidos relevantes.

Además, el recurso alerta sobre peligros democráticos asociados a esta dinámica:

Riesgo de acaparamiento del espectro por conglomerados económicos o personas vinculadas a actividades ilícitas.
Concentración mediática que restringiría las voces regionales, alternativas o con otras perspectivas.
Posibilidad de que solo grupos o personas afines al gobierno accedan a las licencias, obstaculizando la diversidad ideológica y el debate público plural.

Las recurrentes retoman incluso la preocupación expresada por la Conferencia Episcopal al señalar que “las frecuencias de radio y televisión no se pueden decidir solamente por dinero”, recordando que el espectro radioeléctrico es un bien público y que de él depende la libertad de expresión en su dimensión social.

Derechos fundamentales que se alegan como vulnerados

El recurso detalla que las medidas adoptadas lesionan varios derechos constitucionales:

Libertad de expresión y comunicación
Derecho a la información, individual y colectiva
Derecho al trabajo de las personas empleadas en los medios que están en riesgo de cierre
Principio de legalidad y proporcionalidad en la actuación administrativa

Asimismo, se reconoce que el espectro radioeléctrico es un bien público cuyo acceso debe garantizar condiciones equitativas y no discriminatorias.

Fundamento jurídico destacado

Las recurrentes sustentan el amparo en:

Artículo 48 de la Constitución Política, que regula el recurso de amparo como tutela inmediata de derechos fundamentales.
Ley de la Jurisdicción Constitucional, artículos 25 y siguientes.
Jurisprudencia de la Sala Constitucional que protege la libertad de expresión y la pluralidad informativa frente a actos administrativos que puedan restringirla.

Petitorias dirigidas a la Sala Constitucional

En la parte final del recurso, Ramírez y Sandí solicitan:

Admitir el recurso de amparo.
Suspender de inmediato los efectos del acto administrativo que dispuso la subasta con las condiciones actuales.
Restablecer los derechos fundamentales lesionados, lo cual incluye garantizar la continuidad de las transmisiones de los medios afectados y proteger el derecho al trabajo de sus empleados.
Condenar a las autoridades recurridas al pago de costas, daños y perjuicios.

Quiénes presentan el recurso

Rocío Ramírez Varela, oficinista, vecina de Hatillo
Sonia Sandí Zúñiga, abogada, vecina de Tres Ríos

Ambas actúan en representación propia y “de la ciudadanía en general”.

La responsabilidad social de los medios y la urgencia de un criterio humano y social sobre las frecuencias de Radio y Televisión

Escrito en 24/11/2025. Publicado en Derechos.

Conferencia Episcopal de Costa Rica

Como obispos, no pretendemos intervenir en disputas técnicas ni económicas. Pero sí tenemos el deber pastoral de iluminar, desde la ética cristiana, aquellas decisiones públicas que pueden afectar el tejido social, la libertad de expresión y el acceso de los ciudadanos a una comunicación verdaderamente plural. La discusión actual sobre la subasta de las frecuencias de radio y televisión no es un asunto menor. No hablamos simplemente de un bien comercial, sino de un recurso público que sostiene la vida democrática del país.

La doctrina social de la Iglesia enseña que los bienes comunes deben administrarse de modo que beneficien al conjunto de la sociedad y no únicamente a quienes tienen mayor capacidad económica. Cuando un Estado decide asignar frecuencias solo bajo criterios de recaudación o competencia financiera, corre el riesgo de reducir la comunicación a un mercado, olvidando su dimensión social, cultural y espiritual. Un país no puede permitirse que las frecuencias queden determinadas exclusivamente por la lógica del capital.

Por eso creemos que es necesario repensar el criterio de subasta. No se trata de oponerse por principio a los mecanismos modernos de administración pública, sino de recordar que la comunicación tiene un valor que no cabe en una planilla contable. La asignación de frecuencias debería considerar también la trayectoria de servicio, la contribución al bien común, el impacto educativo, la promoción de valores, la representación de comunidades locales y minoritarias, y la preservación de espacios que no responden al lucro, sino a la misión.

La radio y la televisión católica —como otras comunitarias, culturales o de servicio público— no existe para competir con nadie. Existe para servir. Su aporte no se mide por ingresos, sino por la cantidad de conciencia que despierta, por el acompañamiento espiritual que brinda, por la palabra de consuelo que ofrece, por el alivio que llega a quienes viven solos, enfermos o en zonas rurales. ¿Debe extinguirse ese servicio simplemente porque otro actor puede pagar más por una frecuencia? Sería una victoria económica pero una derrota moral para el país.

Del mismo modo, reconocemos y valoramos el aporte de los medios no confesionales, sean nacionales, comunitarios, culturales, educativos o independientes. Ellos también cumplen una misión social insustituible: dar voz a quienes no la tienen, acompañar procesos locales, fortalecer la identidad cultural y abrir espacios de diálogo ciudadano. La pluralidad comunicativa se sostiene en la diversidad de proyectos que, desde distintas convicciones y perspectivas, enriquecen la vida democrática. Defender su existencia es defender la posibilidad de que Costa Rica escuche todas sus voces, no solo las que provienen del poder económico.

La libertad de expresión no se protege solo evitando la censura; también se protege garantizando condiciones para que existan voces diversas. Una sociedad donde sobreviven únicamente los medios con más recursos económicos es una sociedad que escucha menos, que aprende menos, que dialoga menos.

Por eso hacemos un llamado respetuoso y firme: no reduzcamos las frecuencias al mejor postor. Pensemos un modelo que reconozca la dimensión humana y social de la comunicación. El país ganará más asegurando pluralidad que maximizando ingresos.

Cuidar las frecuencias no es cuidar a una institución. Es cuidar el derecho de nuestro pueblo a una palabra libre, diversa, responsable y profundamente humana.

† Javier Román Arias
Obispo de Limón
Presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica

Presentación del informe “Democracia en riesgo: percepciones, amenazas y respuestas ante la desinformación”

Escrito en 20/11/2025. Publicado en Aportes para el desarrollo, Portada.

El próximo miércoles 26 de noviembre, a las 9:00 a.m., se presentará el informe “Democracia en riesgo: percepciones, amenazas y respuestas ante la desinformación” en la Sala de Prensa -3 de la Asamblea Legislativa. La actividad es organizada por el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI-UCR), con el respaldo institucional de la Universidad de Costa Rica, la Asamblea Legislativa, y diversas organizaciones aliadas nacionales e internacionales.

El estudio analiza cómo las personas en Costa Rica perciben y experimentan la circulación de contenidos falsos en redes sociales, los riesgos que esto representa para el sistema democrático y las respuestas institucionales y sociales necesarias para enfrentar la desinformación. El informe se desarrolla en un contexto de creciente impacto de mensajes engañosos sobre la opinión pública, la confianza ciudadana y los procesos electorales.

La presentación ofrecerá un panorama actualizado sobre:

patrones de exposición a la desinformación,
niveles de confianza en las instituciones,
efectos emocionales y cognitivos provocados por contenidos falsos,
respuestas ciudadanas y estatales,
y recomendaciones para fortalecer una cultura democrática basada en información verificada.

Las personas interesadas en asistir pueden confirmar su participación en el siguiente formulario de inscripción:
🔗 https://ucr.cr/r/Rporx

UCR invita a capacitación sobre libertad de expresión y acceso a la información pública dirigida a candidaturas nacionales

Escrito en 20/11/2025. Publicado en Elecciones.

El Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI) de la Universidad de Costa Rica (UCR) convoca a una capacitación dirigida a personas candidatas a diputaciones y a la Presidencia de la República, como parte del proyecto UCR Electoral 2026 y la campaña #OjoconlaDesinformación.

La jornada se realizará el lunes 24 de noviembre de 2025, de 9:00 a.m. a 12:00 m.d., en el Auditorio de EDUCON, en la Ciudad de la Investigación de la UCR.

La sesión estará a cargo de la MSc. Giselle Boza Solano, especialista en libertad de expresión y acceso a la información pública, y abordará temas centrales para el ejercicio democrático durante el proceso electoral.

Temas que se desarrollarán

Alcances y garantías del derecho a la libertad de expresión.
Libertad de expresión en periodos electorales.
Retos en entornos digitales: incitación al odio y desinformación.
Marco jurídico del derecho de acceso a la información pública.
Jurisprudencia reciente relacionada con transparencia y acceso a datos públicos.

La actividad busca ofrecer herramientas jurídicas y conceptuales a quienes aspiran a cargos de elección popular, promoviendo mayor claridad sobre la importancia de garantizar el acceso a información pública y el ejercicio responsable de la libertad de expresión.

Las personas interesadas deben confirmar su participación mediante el formulario disponible en el siguiente enlace:
👉 https://ucr.cr/r/QVzoy

Consejo Universitario solicita suspender licitación de uso y explotación del espectro radioeléctrico

Escrito en 20/11/2025. Publicado en Derechos.

La Universidad de Costa Rica queda en la mejor disposición de colaborar con el criterio de personas expertas en la materia. (Foto: Cortesía Semanario Universidad)

María del Mar Izaguirre Cedeño, Periodista

El Consejo Universitario (CU) de la Universidad de Costa Rica acordó, en la sesión de este martes 18 de noviembre, instar al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) y a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) a suspender de forma precautoria la licitación para el uso y explotación del espectro radioeléctrico destinado a la radiodifusión y a la televisión abierta.

El Órgano Colegiado fundamenta su petición en la “amenaza a la democracia sustantiva” y el potencial riesgo a la libertad de prensa y la diversidad cultural que representan los requisitos que contiene la Licitación Mayor n.° 2025LY-000003-SUTEL. De acuerdo con lo analizado los requisitos son desproporcionados y podría conducir a un “cierre técnico” de medios existentes, ya que se promovería la concentración de medios en pocas manos y se facilitaría el uso de dineros ilícitos en el proceso.

El acuerdo unánime del Consejo Universitario surge tras analizar las preocupaciones expresadas por múltiples sectores, nacionales e internacionales, respecto a los efectos adversos que tendría la subasta de frecuencias.

Según el Órgano Colegiado, el proceso licitatorio actual podría contravenir el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, específicamente la cláusula que prohíbe restringir la libertad de expresión por vías indirectas, como el abuso del control de frecuencias radioeléctricas.

Adicionalmente, el Consejo Universitario alerta que la reasignación de frecuencias podría entrar en contradicción con el desarrollo progresivo de los derechos económicos sociales y culturales, tal como lo establecen tratados internacionales como el Protocolo de San Salvador y el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales.

En virtud de estas preocupaciones, el plenario acordó, además, designar a los siguientes miembros para que hagan la entrega formal del acuerdo a las autoridades correspondientes: Lic. William Méndez Garita, Dra. Ilka Treminio Sánchez, M. Sc. Esperanza Tasies Castro, Sr. Fernán Orlich Rojas y Srta. Isela Chacón Navarro.

PCA alerta sobre escalada de intimidación contra defensores ambientales en Costa Rica

Escrito en 18/11/2025. Publicado en Madre Tierra.

Comunicado

Parlamento Cívico Ambiental de Costa Rica
Lunes 17 de noviembre de 2025

El Parlamento Cívico Ambiental (PCA) hace un llamado urgente a la opinión pública nacional e internacional ante la creciente intimidación, acoso y vulneración de derechos contra las personas defensoras del ambiente en Costa Rica.

Hoy difundimos el “Manifiesto condenando la intimidación contra los defensores del ambiente en Costa Rica – noviembre 2025”, respaldado por 38 organizaciones. Este documento alerta sobre el deterioro de la DEMOCRACIA y en particular de la democracia ambiental y el debilitamiento sistemático de la institucionalidad encargada de proteger el patrimonio natural de los costarricenses.

El manifiesto denuncia:

La regresión ambiental sin precedentes, evidenciada por recortes presupuestarios, debilitamiento técnico del MINAE y del SINAC, y la concentración de poder discrecional que desplaza los criterios científicos y debilita la participación ciudadana.

El uso creciente de procesos judiciales abusivos que buscan intimidar y agotar a quienes denuncian violaciones ambientales, configurando nuevas formas de censura y amenazas a la libertad de expresión.

Actos de violencia simbólica, como la reciente valla en Puntarenas declarando “non gratos” a dos ambientalistas, reflejo de un clima de intolerancia promovido por ciertos sectores que buscan deslegitimar la defensa ambiental.

Por esta razón, el PCA:

Reafirma que no puede existir democracia sin democracia ambiental.

Exige medidas inmediatas para proteger a las personas defensoras, en cumplimiento del Acuerdo de Escazú y las obligaciones internacionales del Estado costarricense.

Reitera su respaldo al proyecto de ley expediente 25.125, necesario para impedir que el sistema judicial sea utilizado como herramienta de intimidación.

Convoca a todos los sectores de la sociedad a rechazar cualquier forma de violencia simbólica, judicial o política contra quienes protegen los bienes comunes.

El PCA y sus organizaciones firmantes sostienen que defender el ambiente no es delito, sino un deber ético y patriótico, con visión de un futuro digno para las nuevas generaciones. Costa Rica debe decidir si continúa siendo referente mundial de democracia verde o si permite que la censura, la intimidación y el miedo erosionen su legado.

Etiqueta: libertad de expresión

Glenm Gómez ÁlvarezSacerdote y Periodista

María del Mar Izaguirre Cedeño, Periodista

Glenm Gómez Álvarez
Sacerdote y Periodista