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Etiqueta: libertad de expresión

Escenario peligroso

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

La deriva a la que se dirige Costa Rica en los próximos meses es tal vez la de mayor riesgo en toda su historia democrática.

La ecuación populismo + inseguridad + efectismo, podría terminar de dar la estocada a ese proyecto sociocultural que se viene clausurando desde hace varios años en que integración horizontal y consenso vertical aseguraron las reglas del juego social e institucional.

La reciente aprobación en segundo debate legislativo, del proyecto de instalación de una megacarcel en el país, plantea un cambio sin retorno hacia una peligrosa transformación en el procesamiento de las demandas sociales.

Este hecho pasó sin mucho análisis, quizá porque es tal la perplejidad y cansancio o tal vez porque se prefiere una respuesta de tal magnitud ante la incontenibilidad de la violencia que no cede. Prefiero pensar en la primera opción.

Un proyecto que le otorga 8.000 millones de su presupuesto ordinario para ofrecer una respuesta represiva al crimen organizado dice mucho de esa sociedad que somos y que ya no podemos obviar. Nos estamos acercando de forma alarmante a ese espejo que nos devolverá una imagen que nunca quisimos ver.

Hace algunas semanas, el valiente equipo periodístico de El Faro, proyecto de comunicación independiente y alternativo de El Salvador, sacó a la luz pública una investigación en la que obtuvieron información sobre lo que había pasado con ciudadanos comunes, detenidos y enviados a la cárcel modelo instalada por el gobierno de Nayib Bukele.

Según cuenta la publicación, las narraciones son atroces: asesinatos perpetrados a golpes por custodios; torturas elaboradas que implican colgar gente, colocarles ladrillos o usar gas lacrimógeno; abortos; enfermedades sin atención y hambre extrema. Todo esto narrado por 27 personas liberadas de este régimen carcelario, que no eran pandilleros y que vivieron en primera persona los horrores extremos a los que fueron sometidos en ese “modelo” al cual Costa Rica acude ahora alegre, rápida y peligrosamente.

Lo de El Faro es otra consideración que debe hacerse notar. Es de sobra conocido que la mayoría de su equipo periodístico tuvo que salir de El Salvador como consecuencia de su enfoque crítico en contra de las acciones gubernamentales.

En Costa Rica hemos estado observando que algunos periodistas empiezan a perder su empleo o son removidos como producto de sus opiniones y enfrentamientos con el poder ejecutivo: una peligrosa tendencia que podría anunciar los refrenos a la libertad de expresión, de la que tanto hemos hablado como reducto de un otrora sistema democrático robusto.

A la vuelta de la equina, dentro de poco, un proceso eleccionario anuncia una bizagra hacia una época de la cual podríamos no salir exitosamente como país. El tema securitario será sin duda la apuesta hacia la continuidad de quienes hoy nos gobiernan, utilizando la megacarcel como proyecto estrella al que estamos seguros la población apoyará luego de un hábil manejo comunicativo.

Seamos críticos y pongamos estos escenarios en perspectiva. Luego podría ser demasiado tarde.

Óscar Aguilar Bulgarelli: “Las pequeñas emisoras son bastiones de la democracia costarricense”

Escrito en . Publicado en Derechos.

El historiador y analista nacional Óscar Aguilar Bulgarelli se refirió al debate público generado en torno al manejo de las frecuencias de radio y televisión en Costa Rica, tras la decisión del Gobierno de abrir una licitación en medio del proceso electoral. Aguilar cuestionó tanto el momento político de esa decisión como los juicios generalizados hacia quienes poseen concesiones radiofónicas y televisivas, en particular hacia las emisoras pequeñas, regionales y comunitarias, que —dijo— han sostenido históricamente la libertad de expresión en el país.

Aguilar recordó que conoce de cerca la historia de la radiodifusión nacional. Señaló que su padre fue uno de los fundadores de la radio costarricense en 1947, que él mismo administró una pequeña empresa radial durante varios años en la década de 1980 y que fue fundador del SINART radio y televisión. “Por lo tanto, no hablo desde la improvisación; he vivido la radiodifusión desde dentro”, afirmó.

El historiador explicó que el derecho a utilizar una frecuencia es una concesión de un bien público y, como tal, debe pagarse de forma justa y proporcional. Comparó esta situación con las licencias o patentes que paga cualquier pequeño negocio en el país: “Así como una pulpería paga sus impuestos y una patente para operar, los medios deben pagar por el uso de la frecuencia”.

Sin embargo, Aguilar subrayó que debe existir proporcionalidad. “No es lo mismo una gran cadena con presencia internacional que una emisora pequeña que apenas logra cubrir sus gastos”, dijo. Recordó que la legislación sobre radiodifusión tiene más de setenta años de antigüedad y que, a lo largo del tiempo, se ha modificado para favorecer a grandes consorcios mediáticos, mientras las emisoras pequeñas han quedado rezagadas y sin protección adecuada.

“Hay grandes empresas que han hecho fortunas con la pauta publicitaria y que pagan muy poco por sus frecuencias. Eso es injusto y debe corregirse”, expresó. Pero advirtió que sería igualmente injusto imponer los mismos cobros a las emisoras locales o comunitarias, muchas de las cuales sobreviven con presupuestos mínimos y sostienen su programación gracias al esfuerzo voluntario o al trabajo de sus comunidades.

Aguilar recordó que esas pequeñas estaciones “han sido bastiones en el sustento de la democracia costarricense”, pues han permitido la difusión libre de ideas y opiniones, incluso cuando los grandes medios concentran poder económico y mediático. “Mientras los grandes medios han sido manipuladores de la opinión pública, las pequeñas emisoras han luchado por décadas por la libertad de información y de pensamiento. Solo por eso hay que protegerlas”, señaló.

Advirtió que eliminar o debilitar a esas radios locales, por desconocimiento o conveniencia política, pondría en riesgo el pluralismo informativo y la salud democrática del país. “Siempre a los poderes concentrados, a quienes sueñan con establecer dictaduras políticas, les interesa manejar los medios. Y una forma de hacerlo es provocar que los medios libres desaparezcan, para luego controlar a los pocos que queden”, afirmó.

El analista concluyó su exposición reiterando que no defiende a los grandes grupos mediáticos, sino a las radios y televisoras pequeñas que han mantenido viva la comunicación libre y el pensamiento independiente. “Solo por eso hay que protegerlas. No pueden desaparecer, porque son parte del corazón democrático de Costa Rica”, afirmó.

Organizaciones y ciudadanía respaldan proyecto de ley para proteger la libertad de expresión y a las personas defensoras del ambiente

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Comunicado

San José, 28 de agosto de 2025

Ante el creciente uso de demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP) para intimidar y silenciar a quienes ejercen su derecho a denunciar afectaciones ambientales, el Parlamento Cívico Ambiental y diversos sectores de la sociedad civil expresan su firme respaldo al proyecto de ley expediente 25.125, que reforma el artículo 86.1 del Código Procesal Civil. El Parlamento aprobó este viernes 22 de agosto un Acuerdo Positivo respecto a este proyecto mediante resolución 025-2025 que se comunicará a las y los diputados de la Asamblea Legislativa. Asimismo, lanzó el MANIFIESTO EN DEFENSA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DEL AMBIENTE en apoyo a la iniciativa.

La iniciativa, conocida como “Ley para evitar acciones coercitivas en el ejercicio de la libertad de expresión”, busca impedir que se impongan embargos preventivos contra personas cuya única “falta” sea participar en decisiones que afectan el ambiente o expresar públicamente su opinión sobre asuntos de interés público. Esta reforma no elimina el derecho legítimo a reclamar daños, pero garantiza que no se utilicen medidas cautelares como represalia antes de que exista una sentencia firme.

El impulso a este proyecto responde a casos recientes, como el embargo solicitado contra un creador de contenido que denunció posibles delitos ambientales asociados al proyecto Bahía Papagayo. Este tipo de acciones judiciales generan un efecto inhibitorio que amenaza la libertad de expresión y la participación ciudadana, principios fundamentales de la democracia costarricense.

El Parlamento Cívico Ambiental subraya que la aprobación de este proyecto es coherente con los compromisos internacionales asumidos por Costa Rica, incluyendo la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, así como con la necesidad urgente de avanzar en la implementación del Acuerdo de Escazú.

“Proteger a quienes defienden el ambiente es proteger la democracia. No podemos permitir que se utilice el sistema judicial como un arma para acallar la voz ciudadana”, señaló el Parlamento en un pronunciamiento oficial.

Llamado a la acción

El Parlamento Cívico Ambiental llama a diputadas, diputados, instituciones y ciudadanía a respaldar activamente la aprobación del expediente 25.125 y a trabajar por un marco legal e institucional que brinde verdadera seguridad jurídica a las personas defensoras del ambiente y promueva la libertad de expresión sin temor a represalias.

Manifiesto para descargar.

La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo hace un llamado al cese de persecuciones contra liderazgos sociales en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, expresa su más profunda preocupación y rechazo ante el reciente aumento en la persecución y hostigamiento contra diversos liderazgos sociales en nuestro país.

En las últimas semanas hemos sido testigos del incremento en las acciones que atentan contra la libertad de expresión, el derecho a la participación ciudadana y el rol fundamental de las personas defensoras de los derechos humanos y ambientales, en especial, destacamos los siguientes casos:

La destitución de la señora Martha Rodríguez, representante de las personas trabajadoras en la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), acción promovida desde el Poder Ejecutivo. Esta decisión constituye, una vez más, un grave precedente que vulnera la autonomía de la CCSS y un profundo debilitamiento de los espacios democráticos de representación social.

La persecución contra liderazgos ambientalistas, específicamente los casos de Juan Bautista y Javier Adelfang, activistas digitales que han denunciado la crisis ambiental que atraviesa nuestro país y en específico Playa Panamá, quienes actualmente atraviesan un embargo interpuesto por una empresa hotelera, la cual, ha emprendido acciones judiciales en su contra, en represalia por sus publicaciones en defensa del ecosistema de Playa Panamá

La violencia territorial sobre los territorios indígenas, en específico el caso de la Comunidad Térraba Bröran en el Pacífico Sur, contra el compañero Pablo Sibar y la persecución que vive a raíz de la defensa del derecho a tierra en su territorio indígena, el cual ha sido llevado a la CIDH.

Estas acciones no son aisladas, forman parte de una tendencia de criminalización y hostigamiento contra ambientalistas, líderes indígenas, sindicalistas, lideresas feministas y otros actores sociales que alzan la voz y fortalecen y promueven nuestra democracia participativa.

Históricamente, se ha reconocido a Costa Rica a nivel internacional por la protección de los derechos humanos, su democracia y su institucionalidad. Sin embargo, estas acciones reiteradas y cada vez más comunes en nuestra sociedad socava nuestro legado histórico y abre la puerta a un modelo de gobierno autoritario, contrario al diálogo social.

Por esto, desde la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo exigimos el cese inmediato de cualquier forma de persecución, intimidación y hostigamiento contra liderazgos sociales, además, realizamos un llamado a promover las vías del diálogo social y la democracia participativa, siempre en defensa del bienestar colectivo y la justicia social.

Reiteramos nuestro compromiso de continuar articulando esfuerzos entre sectores sociales y productivos para defender la democracia participativa, la justicia social y el fortalecimiento del Estado Social de Derecho.

¡Defender a quienes defienden es defender la democracia!

Los periodistas no deben morir por su trabajo

Escrito en . Publicado en Derechos.

Pronunciamiento del COLPER

En México, casi dos periodistas mueren al mes, ya van 8 en lo que va del año. En Honduras han muerto dos y en toda América Latina suman 15, según cifras de Reporteros sin Fronteras y la Relatoría para Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos.

En el mundo, en 2024 murieron 124 periodistas según el Comité para la Protección de Periodistas, y el 70% se atribuyen a Israel por la guerra en Gaza. La Organización de Naciones Unidas estima en 242 la cifra de periodistas palestinos asesinados desde el inicio de la guerra el 7 de octubre de 2023. El pasado domingo 10 de agosto murieron 6 comunicadores, 5 de ellos de Al Jazeera, el primer canal de televisión del mundo árabe y uno de los más importantes del mundo.

¡Los periodistas no deben morir por causa de su trabajo!

El Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica se une al llamado de urgencia para frenar la violencia, la destrucción y las muertes civiles en la guerra en Gaza y nos enfocamos, por nuestra naturaleza, en la muerte de periodistas.

Los países y las organizaciones multilaterales son los llamados a detener estas espirales de ataques a la libertad de prensa en el mundo. El Comité para la Protección de Periodistas asegura que hoy es el momento más peligroso para ejercer el periodismo. ¡Esta aseveración no podemos aceptarla en silencio!

Sin periodismo y periodistas independientes, acabamos con la democracia, y sin democracia quedamos en manos de autócratas que nunca velarán por el bienestar individual y común.

El miedo no puede ser opción

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Un artículo de reciente publicación titulado “Hablo porque no sé hasta cuándo podré hacerlo” de Eduardo Alvarado, plantea una premisa impensable en un país como Costa Rica hasta hace unos años.

Habla, y sí que lo hace, de la necesidad de contrarrestar la desinformación y la laxitud de contenidos disparados en redes sociales frente a la batalla cultural instalada contra medios de comunicación que han sido colocados en el discurso oficial como “los enemigos del pueblo”.

Estamos claros que el origen de algunos de esos medios está basado en la confluencia de intereses económicos y políticos y que durante muchos años han construido una agenda que impulsa su proyecto, su enfoque y su visión de mundo.

Pero este hecho no puede llevarnos a aprobar los feroces ataques que sistemáticamente ha sostenido el poder ejecutivo actual contra cierta prensa, que claramente le ha señalado sus yerros y equivocaciones, que no han sido pocas.

Habla Alvarado, y sí que lo hace, en un artículo en el peridodico La Nación, de la forma como los núcleos duros de opinión llevaron a Kamala Harris a la derrota frente a Donald Trump; refiere un estudio de opinión que plantea que 6 de cada 10 personas temen hablar del gobierno de Nayib Bukele en El Salvador.

Esto último no es una ficción. Me ocurrió con una querida amiga artista plástica y poeta salvadoreña a la que cité en una columna y que luego me solicitara eliminar esa referencia, pues temía represalias del gobierno salvadoreño sobre sus opiniones.

En Costa Rica aún marcamos el paso de la libertad de opinión y de expresión. Sin embargo, los límites han venido creciendo a pasos agigantados. Urge hablar, como lo hizo Alvarado en su columna. Urge defender el espacio público del intercambio y la reflexión.

Cualquier otra cosa nos habrá llevado irremediablemente a un lugar del cual no podremos salir intactos. No permitamos que el miedo se instale como opción.

Inédita, inusual y desproporcionada demanda contra defensor ambiental

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

  • Especialistas en derecho ambiental y de libertad de expresión advierten que esta demanda es excesiva, desproporcionada y contraproducente.

  • Acción legal busca callar las críticas y es un típico caso de “SLAPP”.

Enjoy hotel & Resort S.A. fue noticia gracias a una demanda contra Juan Bautista Alfaro Rojas, conocido en redes sociales como @juambacaminando, a quien le aplicaron una medida cautelar “urgentísima de embargo preventivo”. La empresa enumera hechos en los que supuestamente el influencer ha “ha generado un daño grave a la reputación de Enjoy Hotels”. Por lo que el Tribunal Colegiado de Primera Instancia Civil de Pérez Zeledón dictó embargo preventivo contra las cuentas bancarias, salarios, tarjetas de crédito y bienes inmuebles de Alfaro Rojas.

Para Bloque Verde, la empresa ya perdió ante la opinión pública y la sociedad. Ha quedado en evidencia por qué ciertos grupos empresariales, irresponsables, hicieron campaña contra el Acuerdo de Escazú. No dudamos que, en este momento, muchas personas empresarias que tenían inversiones con este grupo, o que estaban interesadas en invertir, no quieran verse envueltas en esta polémica, teniendo que lidiar con el repudio social que se está generando.

Hacemos un llamado a movilizar la opinión pública para rechazar este intento de silenciar la protesta ambiental. Invitamos a manifestarse por todas las vías posibles y a no permanecer indiferentes. Hay distintas formas de apoyar: existe una petición en línea y una colecta solidaria para que este defensor ambiental y su familia sientan el respaldo que caracteriza a la mayoría del país.

Es un caso inédito y la reacción de la sociedad costarricense también lo será. Desde el principio se han visto numerosos mensajes de apoyo a Juan Bautista Alfaro Rojas y reproches para la empresa hotelera.

El experto en derecho ambiental y docente de la Universidad de Costa Rica el Msc. Álvaro Sagot nos recuerda que: “esto se conoce internacionalmente como una SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation), es decir, una demanda estratégica para frenar la participación pública. Su fin no es demostrar la falsedad de lo dicho, sino castigar a quienes se atreven a hablar.”

Sagot además recordó que esta situaciones no son nuevas, forman parte de estrategias ya ensayadas en toda América Latina contra activistas y personas defensoras. En Costa Rica ya hemos pasado por casos similares en el año 2013 cuando la empresa minera Crucitas demandó al profesor Nicolás Boeglin y Jorge Lobo por manifestarse en contra de la explotación de oro a cielo abierto en la zona de Cutris de San Carlos. Ver apartado final sobre antecedentes.

En la misma línea, el doctor por la Universidad de París y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica Rodolfo Brenes Vargas, especialista en derecho penal y libertad de expresión, se refiere a este sonado caso: “si bien la libertad de expresión tiene límites y las personas físicas y jurídicas pueden demandar cuando han sido afectadas en sus derechos, considero que en este caso estamos ante un exceso y ante una decisión que implica riesgos importantes para la empresa hotelera.”

“Aunque el embargo preventivo está previsto en la ley y cualquiera tiene derecho a pedirlo, es una medida que tiene un severo impacto en la persona demandada, por lo que obviamente tiene un efecto intimidatorio, analizado como tal en la jurisprudencia internacional sobre derechos humanos” (…) “pese a ser legal o usual, no quiere decir que en todos los casos sea estrictamente necesaria y proporcional. Sobre todo, cuando en medio está en juego un derecho humano, como la libertad de expresión”, resaltó Brenes Vargas.

En su jurisprudencia sobre libertad de expresión el abogado citó un fallo de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos (en el caso Fontevecchia y d’Amico vs. Argentina) ha señalado que «el temor a una sanción civil desproporcionada puede ser a todas luces tan o más intimidante e inhibidor para el ejercicio de la libertad de expresión que una sanción penal, en tanto tiene la potencialidad de comprometer la vida personal y familiar de quien denuncia las medidas civiles (como en este caso)».

Adicional a lo anterior se sabe que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido «que las expresiones críticas e incluso ofensivas gozan de la protección del derecho a la libertad de expresión, y que en virtud de la necesidad de la máxima posibilidad de información y el pleno ejercicio del derecho a la expresión existe un margen legítimo para la inexactitud en la información que se difunde.

En este sentido, Brenes Vargas dijo que: “el derecho a la información abarca toda la información, inclusive aquella que denominamos «errónea», siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos (…) la divulgación de información errónea de buena fe, es inevitable en una sociedad democrática, libre y pluralista, por lo que de imponerse una exigencia de verdad absoluta para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, especialmente en relación con temas de interés público como los abusos de poder y la corrupción, se afectaría la esencia misma del derecho (…)».(Informe de Fondo No. 148/19 CASO 12.971 del 28 septiembre del 2019 de la Comisión Interamericana de Derechos).

Urge el Acuerdo de Escazú. Este caso de Juan Bautista nos recuerda la deuda que tiene Costa Rica en materia de derechos de las personas defensoras de la naturaleza. El Acuerdo de Escazú, negociado en nuestro país, establece la obligación internacional de los Estados de proteger a las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales, lo que incluye su libertad de expresión.

El artículo 9 del Acuerdo de Escazú obliga a los Estados a tomar «medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir en el ejercicio de los derechos contemplados en el presente Acuerdo.»

“Es sabido que los delitos contra el honor son regularmente usados por los políticos y personas poderosas para atacar a la prensa y a los periodistas cuando son objeto de críticas incómodas o indeseables.” ejemplificó el Dr. Brenes Vargas.

Riesgos para la reputación de la empresa: Ambos especialistas opinan que, al emprender estas acciones legales, la empresa hotelera asume “riesgos importantes” para su reputación.

En esta misma línea Brenes señaló que: “puede ser percibida como una empresa que quiere aprovechar su poder económico para aplastar la crítica, en un tema muy sensible para los costarricenses como el ambiental… la discusión surge en un contexto mediático donde se denuncian los efectos indeseables de la gentrificación en las playas nacionales.”

Sobre la futura resolución del caso Brenes termina señalando que “cuando se trata de asuntos de interés público, la libertad de expresión tiende a prevalecer y a superponerse a otros derechos… considero que estamos ante un exceso que era absolutamente innecesario, de donde se ha derivado un riesgo reputacional indeseable para la empresa demandante.”

Antecedentes. Este tipo de demandas no son nuevas. En los últimos años han sido parte de un proceso de criminalización sistemática que puede representarse como un ciclo de violencia socioambiental. Aunque no necesariamente lineal, este ciclo muestra una evolución que comienza con la intolerancia y se traduce en el desprestigio y la descalificación de las personas ambientalistas. Esto busca generar una estigmatización que sirva para justificar la intimidación, la violencia o la persecución legal. Cuando estas estrategias no logran su objetivo, se pasa a acciones directas: acoso, amenazas, daños a bienes y, finalmente, agresiones personales, todo con el fin de desmovilizar las luchas socioambientales (Álvarez Mora, Casas Mora, & Pomareda García, 2020).

Según el libro 30 años de criminalización en Costa Rica, se han documentado múltiples demandas de este tipo: siete contra activistas individuales, diez demandas colectivas y dos contra medios de comunicación. En ninguno de estos 19 casos se logró una condena contra las personas acusadas, ni se logró detener la organización o movilización de las comunidades. Además, en ningún caso anterior se había solicitado un embargo preventivo como medida cautelar.

Fuente: Álvarez Mora, M., Casas Mora, A., & Pomareda García, F. (Comp.). (2020). Una memoria que se transforma en lucha: 30 años de criminalización del movimiento ecologista en Costa Rica. Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza (FECON). https://semanariouniversidad.com/wp-content/uploads/2020/12/Libro-30-anos-de-Criminalizacion.pdf

Más de 900 periodistas en Latinoamérica han sido forzados al exilio, revela investigación internacional

Escrito en . Publicado en Derechos.

El Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI) de la Universidad de Costa Rica, la Cátedra UNESCO de la Universidad Diego Portales de Chile y la organización no gubernamental Fundamedios, dedicada a la defensa de la libertad de expresión, elaboraron el informe Voces Desplazadas: Radiografía del exilio periodístico latinoamericano.

El estudio revela que entre 2018 y 2024, al menos 913 periodistas de 15 países latinoamericanos se vieron forzados a exiliarse debido a la represión, la persecución y el cierre de espacios cívicos en sus países. Además, advierte que el desplazamiento forzado por persecución, censura y amenazas se ha convertido en una grave alerta para la libertad de expresión y la democracia en la región.

Venezuela, Nicaragua y Cuba concentran el 92% de las salidas estimadas de periodistas, aunque también se identifican contextos hostiles en Guatemala, Ecuador, Haití, México, Colombia y El Salvador, donde la criminalización del ejercicio periodístico o la violencia del crimen organizado vulneran a quienes trabajan en medios de comunicación.

Los principales destinos de acogida para estas personas desplazadas son Costa Rica, Estados Unidos, España, Chile, Argentina, Colombia y México, elegidos principalmente por las redes de apoyo disponibles y las posibilidades de regularización migratoria.

El informe destaca que la mayoría de los desplazamientos ocurren de forma abrupta y sin planificación, lo que profundiza situaciones de vulnerabilidad. Las personas desplazadas enfrentan precariedad económica, violencia, discriminación, problemas de salud física y mental, y dificultades para acceder a derechos básicos como salud, vivienda y empleo.

En muchos casos, las personas se ven obligadas a abandonar la práctica profesional, lo que produce vacíos y desiertos informativos que afectan directamente la libertad de prensa y el derecho ciudadano a estar informado.

“Que más de 900 periodistas hayan sido desplazados forzosamente por defender la libertad de expresión es un ataque directo a la democracia y un llamado urgente a los gobiernos para que actúen sin demora”, expresó Óscar Mario Jiménez, coordinador del equipo investigador desde Costa Rica.

Por su parte, Dagmar Thiel, directora de Fundamedios en EE. UU., advirtió que “el periodismo se ha transformado en una actividad de alto riesgo, pues los y las periodistas ponen en juego su integridad física y su propia vida para ejercer un buen periodismo en Latinoamérica”.

Desde Chile, Alejandra Matus, directora de la Cátedra UNESCO en Comunicación y Participación Ciudadana de la Universidad Diego Portales, subrayó: “El periodismo florece y fructifica en contextos de respeto a las normas democráticas y a uno de sus principios fundantes: la libertad de expresión. Cuando las y los periodistas son perseguidos y forzados al destierro, no solo se silencian sus voces, sino que se dañan los derechos de las comunidades a las que esos profesionales servían”.

Justicia para las petroleras, castigo para los pueblos: el peligroso precedente contra Greenpeace y el pueblo sioux

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

El fallo judicial que condena a Greenpeace a pagar más de 660 millones de dólares a la empresa Energy Transfer (ET) por supuestamente haber instigado las protestas contra el oleoducto Dakota Access (ver mapa 1) es un ataque directo a la libertad de expresión y a la defensa del medioambiente. Más que una sentencia aislada, este caso forma parte de una estrategia sistemática para criminalizar la protesta social y debilitar la resistencia indígena frente al avance de las industrias extractivas.

La demanda contra Greenpeace ha sido denunciada como un caso de SLAPP (Demandas Estratégicas contra la Participación Pública) o demanda mordaza, un mecanismo legal utilizado por corporaciones y actores poderosos para asfixiar financieramente a sus opositores mediante litigios costosos y prolongados. Su propósito no es necesariamente ganar en tribunales, sino generar miedo, censurar la disidencia y desgastar a quienes denuncian injusticias.

Colonialismo y racismo en la narrativa judicial

Más allá de la criminalización de Greenpeace, lo verdaderamente alarmante es el discurso implícito en este fallo: el pueblo sioux de Standing Rock es presentado como un actor secundario, carente de agencia propia y fácilmente manipulable por organizaciones externas. Esta narrativa colonial y racista se enmarca en una larga tradición de despojo y deslegitimación de las luchas indígenas, donde las comunidades que defienden sus territorios son vistas como obstáculos al «progreso» y no como sujetos políticos con derechos y autonomía.

En este caso, las protestas de Standing Rock, que denunciaban la construcción de un oleoducto sobre tierras sagradas y la amenaza a su suministro de agua, fueron presentadas como un «pequeño problema local» explotado por Greenpeace para sus propios fines. Este enfoque niega la legitimidad de la resistencia sioux y refuerza la idea de que las poblaciones indígenas solo actúan cuando son influenciadas por terceros, una visión que se remonta a la época colonial y que persiste en los tribunales y en los discursos empresariales.

Un precedente peligroso para los movimientos sociales

La sentencia contra Greenpeace no solo pone en riesgo la existencia de la organización, sino que envía un mensaje claro a activistas y comunidades en resistencia: cualquier forma de apoyo, visibilización o solidaridad con luchas ambientales e indígenas puede ser castigada con el peso completo del sistema legal y económico.

Este caso se suma a una creciente ola de criminalización de los movimientos ambientalistas y de defensa del territorio en todo el mundo. Desde América Latina hasta Norteamérica, activistas han sido perseguidos, encarcelados e incluso asesinados por desafiar los intereses de las grandes corporaciones extractivas. En muchos casos, los Estados no solo fallan en proteger a estos defensores, sino que se convierten en cómplices al reprimirlos y facilitar el avance de proyectos destructivos.

Frente a este escenario, la respuesta no puede ser la resignación. La lucha del pueblo sioux de Standing Rock fue y sigue siendo un ejemplo de resistencia ante el despojo, y su alianza con grupos ambientalistas y otros movimientos sociales demuestra que la solidaridad es una herramienta poderosa. Sin embargo, es urgente fortalecer los mecanismos de protección para activistas y comunidades, así como denunciar el uso de las leyes para silenciar la protesta.

Si la defensa del agua, la tierra y la vida se convierte en un delito, entonces el verdadero crimen es el modelo económico que pone el beneficio privado por encima del bienestar colectivo. ¿Permitiremos que la justicia siga siendo un instrumento de los poderosos, o exigiremos que responda a las luchas de quienes defienden el planeta?

¿Qué es el oleoducto Dakota Access?

El oleoducto Dakota Access (DAPL, por sus siglas en inglés) es un proyecto de infraestructura energética de aproximadamente 1,886 km de longitud, construido para transportar hasta 570,000 barriles de petróleo al día desde los yacimientos de Bakken, en Dakota del Norte, hasta Illinois, EE.UU.

El oleoducto ha sido altamente controversial porque atraviesa tierras cercanas a la reserva sioux de Standing Rock, poniendo en riesgo el acceso al agua potable y afectando sitios sagrados. A pesar de la resistencia indígena y ambientalista, la obra se completó con el respaldo del gobierno de Donald Trump en 2017, tras haber sido bloqueada temporalmente por la administración de Barack Obama en 2016.

¿Qué es una demanda SLAPP o demanda mordaza?

Una demanda SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) es una demanda judicial utilizada como herramienta de intimidación y censura contra personas o grupos que ejercen su derecho a la libre expresión, especialmente en asuntos de interés público. Su objetivo no es ganar el caso, sino desgastar y silenciar a los demandados mediante procesos legales costosos y prolongados.

Características de una demanda SLAPP:

  • Suele dirigirse contra periodistas, activistas, organizaciones civiles o ciudadanos que denuncian corrupción, abusos o problemáticas sociales.

  • Implica cargos legales infundados o exagerados, como difamación o daño a la reputación.

  • Busca desmotivar la participación pública al generar miedo y costos económicos elevados.

Consecuencias y riesgos:

  • Limita la libertad de expresión y el acceso a la información.

  • Puede tener un efecto disuasorio, desalentando la denuncia de irregularidades.

  • Afecta la democracia al restringir la participación ciudadana en el debate público.

¿Cómo enfrentar una demanda SLAPP?

  • Buscar asesoramiento legal especializado.

  • Hacer visible el caso en medios y redes sociales para generar apoyo público.

  • Impulsar legislación contra el abuso de demandas SLAPP.

Estas demandas son un problema creciente en diversas partes del mundo, por lo que es fundamental conocerlas y denunciarlas para proteger el derecho a la libre expresión y la participación ciudadana.

Referencias:

Agencia EFE. (2025, 19 de marzo). Greenpeace deberá pagar más de 660 millones de dólares a la empresa Energy Transfer. Swissinfo. Recuperado de https://www.swissinfo.ch/spa/greenpeace-deber%C3%A1-pagar-m%C3%A1s-de-660-millones-de-d%C3%B3lares-a-la-empresa-energy-transfer/89036958

Elbein, S. (2016, 17 de noviembre). EE.UU.: la estrategia sioux y la determinante decisión sobre el oleoducto Dakota Access. Mongabay. Recuperado de https://es.mongabay.com/2016/11/ee-uu-la-estrategia-siux-la-determinante-decision-oleoducto-dakota-access/

EntrePueblos. (s.f.). Protesta y resistencia Sioux a oleoducto en Dakota del Norte. Recuperado el [fecha de acceso], de https://www.entrepueblos.org/news/ddhh-extractivismo-5/

Hoy aplaudimos a los Chinaokes… Pero sin olvidar

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por José Luis Amador

José Luis Amador.

Soy uno de los cientos de miles de costarricenses que cada vez en mayor número, nos manifestamos en contra del gobierno de Rodrigo Chaves por su incapacidad para enfrentar los problemas nacionales y por sus enormes vacíos y abandono en salud, educación, seguridad y otros servicios fundamentales para la población. Y encima de esto el engaño que está haciendo al pueblo, llenándolo de odio y trasladando la culpa de su ineficiencia a otros actores.

Es por eso por lo que nos ha parecido de gran importancia la utilización de los Chinaokes de Teletica, para denunciar estas enormes falencias del gobierno en servicios, como el funcionamiento de acueductos, Ebais, deficiencia en seguridad y contención del narcotráfico, bajonazo en los programas de lucha contra la pobreza, inequidad social y otros.

Los ciudadanos hace rato venimos haciendo denuncias sobre estos temas. Pero la visibilización masiva de los Chinaokes, utilizando una emisora de alto rating como Teletica Canal 7, es determinante porque la incidencia de las manifestaciones de los ciudadanos a nivel individual es muy pequeña con respecto al impacto masivo que puede tener un medio de la magnitud de Teletica sobre la teleaudiencia.

No en vano, es que este medio es tan frontalmente adversado por el aprendiz de autócrata que ocupa la silla presidencial en Zapote. Él sabe que debe tener a la gente lejos de Teletica y La Nación. Es por eso por lo que las estigmatiza como “prensa canalla” promoviendo entre los miembros de su capilla que no se expongan a la información de los medios.

La “gran prensa” Teletica, La Nación, Extra, Universidad, entre otros, a los que sumamos varios periódicos electrónicos, tienen la capacidad de confrontar sus voces con el ejecutivo convirtiéndose en un cuarto poder político.

Esa es la razón por la que consideramos a la prensa, como una poderosa y necesaria herramienta y esa es la razón, por la que defendemos la libertad de prensa.

No obstante, pese a que somos defensores de los medios y de la libertad de expresión y de prensa, no se nos olvida que Teletica y La Nación, utilizando ese enorme poder, han sido tantas veces en el pasado, herramienta de los sectores más conservadores y retrógrados del país, actuando muchas veces en contra de los intereses de los trabajadores.

Siempre a favor de los empresarios, siempre a favor de las transnacionales, tantas veces en detrimento de las entidades estatales de servicio público, látigo de opinión que ha servido para fustigar los intereses y las luchas de los trabajadores.

Hoy coinciden con nosotros, los ciudadanos sin poder, y lo celebramos, sinceramente. En esta coyuntura histórica es necesario enfrentar democráticamente al tiranuelo de Zapote, que sueña con vulnerar la Constitución y convertirse en un nuevo Bukele. En este momento tenemos que estar juntos y ojalá pudiéramos estar juntos por mucho tiempo, construyendo un país más democrático igualitario y armonioso.

Pero que sepan los grandes medios que no olvidamos cuál ha sido su papel en el pasado y hacemos un llamado a los trabajadores y a los sectores populares, a no olvidar.

Por lo pronto, sigamos desenmascarando y denunciando el doble discurso del gobierno Chaves Robles, donde se achacan las culpas a otros, pero se desatienden permanentemente los servicios sociales en seguridad, lucha contra el narcotráfico, fortalecimiento de la CCSS, y otros servicios, afectando con ello a los sectores más necesitados y vulnerables del país.

Bien por los Chinaokes.

Los aplaudimos, pero sin olvidar.