Parlamento Cívico Ambiental de Costa Rica Lunes 17 de noviembre de 2025
ElParlamento Cívico Ambiental (PCA)hace un llamado urgente a la opinión pública nacional e internacional ante la creciente intimidación, acoso y vulneración de derechos contra las personas defensoras del ambiente en Costa Rica.
La regresión ambiental sin precedentes, evidenciada por recortes presupuestarios, debilitamiento técnico del MINAE y del SINAC, y la concentración de poder discrecional que desplaza los criterios científicos y debilita la participación ciudadana.
El uso creciente de procesos judiciales abusivosque buscan intimidar y agotar a quienes denuncian violaciones ambientales, configurando nuevas formas de censura y amenazas a la libertad de expresión.
Actos de violencia simbólica, como la reciente valla en Puntarenas declarando “non gratos” a dos ambientalistas, reflejo de un clima de intolerancia promovido por ciertos sectores que buscan deslegitimar la defensa ambiental.
Por esta razón, el PCA:
Reafirma queno puede existir democracia sin democracia ambiental.
Exige medidas inmediatas para proteger a las personas defensoras, en cumplimiento delAcuerdo de Escazúy las obligaciones internacionales del Estado costarricense.
Reitera su respaldo alproyecto de ley expediente 25.125, necesario para impedir que el sistema judicial sea utilizado como herramienta de intimidación.
Convoca a todos los sectores de la sociedad a rechazar cualquier forma de violencia simbólica, judicial o política contra quienes protegen los bienes comunes.
El PCA y sus organizaciones firmantes sostienen quedefender el ambiente no es delito, sino un deber ético y patriótico, con visión de un futuro digno para las nuevas generaciones. Costa Rica debe decidir si continúa siendo referente mundial de democracia verde o si permite que la censura, la intimidación y el miedo erosionen su legado.
Resultados de la III Encuesta Nacional sobre Libertad de Expresión y Confianza en Medios de Comunicación
Un estudio de la UCR revela transformaciones en el consumo informativo, así como una confianza matizada hacia los medios y el periodismo
Un nuevo estudio estadístico, elaborado por varias instancias de la UCR, revela el estado de la libertad de expresión en Costa Rica. Foto: Laura Rodríguez.
El Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi) y el Centro de Investigación en Comunicación (Cicom), en alianza con el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), todos de la Universidad de Costa Rica (UCR) presentaron los resultados de la III Encuesta Nacional sobre Libertad de Expresión y Confianza en Medios de Comunicación.
Esta investigación analiza las principales tendencias y desafíos en torno a la comunicación pública en el país.
Según los resultados, siete de cada diez personas consideran que la libertad de expresión está en riesgo en Costa Rica, el nivel más alto registrado desde que se realiza esta medición. La cifra representa un aumento de casi nueve puntos porcentuales respecto al año 2024 y confirma una tendencia de preocupación creciente en la ciudadanía.
Además, más de la mitad de las personas encuestadas percibe que existe censura en el país, y una proporción similar afirma que ha dejado de expresar sus opiniones en redes sociales por temor a sufrir consecuencias en su trabajo o en su vida cotidiana.
La encuesta, también revela cambios importantes en los hábitos informativos. Por primera vez, las redes sociales superan a la televisión como el medio más usado para informarse sobre la situación del país. No obstante, la televisión continúa siendo el medio preferido, lo que demuestra una coexistencia entre los formatos digitales y los tradicionales en el consumo informativo de la población costarricense.
Por tercer año consecutivo, aumenta la proporción de personas que confían en los medios de comunicación y en quienes ejercen el periodismo. El informe destaca que la desconfianza total hacia el oficio es mínima, y que la ciudadanía realiza evaluaciones diferenciadas, donde se reconoce que hay medios y periodistas más confiables que otros.
Por otro lado, las universidades públicas se consolidan nuevamente como los actores sociales más confiables para informar sobre temas nacionales. En contraste, las diputaciones y las personas influencers son las figuras en las que la población confía menos.
¿Por qué es importante medir la percepción ciudadana sobre el ejercicio del derecho a la libertad de expresión? La M. Sc. Giselle Boza Solano, coordinadora de Proledi-UCR, indicó que, en primer término, esta medición es necesaria para identificar barreras u obstáculos, sensibilizar a las autoridades públicas acerca de sus obligaciones como garantes, propiciar el diálogo y el debate sobre las condiciones de su ejercicio, y fortalecer dinámicas democráticas.
En un entorno caracterizado por altos niveles de violencia digital, es preciso identificar tendencias hacia la autocensura, la amplificación de la desinformación o la disminución de la confianza en los medios de comunicación, como factores contraproducentes para la deliberación pública.
“Partimos de que una ciudadanía bien informada y con amplias posibilidades de participación del diálogo social es esencial para la democracia. Comprender, además, las percepciones ciudadanas sobre el ejercicio de sus derechos humanos, permite promover un entorno más favorable desde la política pública o eventualmente desde la función normativa del Estado”, destacó Boza.
Este año, la encuesta también abordó el uso político de la pauta estatal y el acceso de la ciudadanía a la información pública.
Este tema cobró relevancia tras una sentencia de la Sala Constitucional, la misma determinó que varias instituciones públicas violaron indirectamente la libertad de expresión al retirar la publicidad a un canal por difundir un contenido satírico.
En ese contexto, el 74,8 % de la población se manifestó en desacuerdo con que la pauta estatal se utilice para premiar o castigar a los medios, según sus posiciones editoriales.
En cuanto al acceso a la información, el estudio destaca la entrada en vigencia de la Ley Marco de Acceso a la Información Pública, en noviembre de 2024. Sobre este tema, el 85,4 % de las personas encuestadas indicó no haber tenido dificultades recientes para obtener información de interés público, lo que sugiere una percepción mayoritariamente positiva respecto a este derecho.
Opinión sobre el presidente influye en la confianza hacia los medios
Finalmente, este año se analizaron algunos factores como la edad, el nivel educativo o la opinión sobre el presidente Rodrigo Chaves Robles para determinar si estos poseen alguna relación con la confianza hacia los medios, los hábitos informativos, y las percepciones sobre la libertad de expresión en el país.
Los resultados muestran que la valoración del mandatario está vinculada a diferentes posturas respecto a hábitos y percepciones, especialmente al comparar a quienes evalúan positivamente la gestión de su Gobierno con aquellos que la califican de manera neutral o negativa.
Quienes evalúan positivamente la gestión de Chaves Robles tienden a desconfiar más de los medios y del periodismo, mientras que quienes la valoran negativamente muestran mayor confianza en ellos.
Además, las personas que critican la gestión presidencial son también las que más reconocen haber limitado sus opiniones en redes sociales, por temor a posibles represalias en el trabajo o su vida cotidiana.
El estudio, también revela que la percepción sobre el estado de la libertad de expresión en el país está estrechamente vinculada con la opinión sobre el presidente: quienes lo apoyan son menos propensos a considerar que la libertad de expresión está en peligro o que el mandatario ha irrespetado el trabajo periodístico.
Ficha técnica de esta investigación
La III Encuesta Nacional sobre Libertad de Expresión y Confianza en Medios de Comunicación fue aplicada telefónicamente por el CIEP-UCR a 1 001 personas mayores de 18 años, entre el 25 y 29 de agosto y el 23 y 26 de septiembre de 2025. Esta encuesta cuenta con un margen de error de ±3 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95 %.
El estudio fue realizado por Giselle Boza, Oscar Mario Jiménez y Johanna Rodríguez, personas investigadoras del Proledi-UCR y del Cicom-UCR, y contó con el apoyo del economista Surayabi Ramírez Varas.
Geannina Sojo Comunicación, Proledi UCR
Edición Web: Otto Salas Murillo Periodista Oficina de Comunicación Institucional Área de cobertura: Ciencias Sociales y Educación
Miles de personas productoras agrícolas de todo el país nos movilizamos hacia Casa Presidencial de forma ordenada y pacífica para solicitarle al señor presidente de la república, Rodrigo Chaves Robles que no nos siga afectando con sus políticas y que en lugar de esto fortalezca la producción nacional y defiendan la soberanía alimentaria, así como el empleo de miles de familias rurales que dependen de esta actividad.
Desde la UNAG y el sector del agro nacional, indignados por el maltrato que recibió el humilde agricultor Roy Fallas Araya, miembro de nuestra organización, hacemos del conocimiento que los oficiales de fuerza pública quienes se presentaron armados a bloquear el paso, limitar el tránsito y la libertad de expresión afirmaron que accionaron conforme a las órdenes superiores para hacer uso de la fuerza y autoridad, que quedó evidenciado ante el arresto arbitrario del compañero Roy, a quien procesaron como si fuera un delincuente, no obstante, ha quedado demostrado en videos que el señor Fallas en ningún momento cometió delito alguno.
Reiteramos que este gobierno promovió la restricción y hostigamiento a la movilización desde tempranas horas de la mañana del día martes 11 de noviembre, las autoridades de tránsito limitaron la libertad a la protesta como derecho humano, en específico el recorrido de Cartago a Casa Presidencial, quienes respetaron las leyes de tránsito y acataron en todo momento las indicaciones de la autoridad.
La jornada nacional, convocada bajo el lema “Sí a la democracia no a la dictadura”, ¡“El campo costarricense se levanta!”, transcurrió de forma pacífica, tanto desde el sector agro como otras organizaciones sociales y productivas.
Entre las principales demandas del agro destacan:
Políticas de apoyo real al agro costarricense.
Precios justos y control frente a importaciones desleales.
Acceso a crédito, reestructuración de deudas y asistencia técnica.
No al areteo.
No al transpacífico
Apertura de un diálogo directo con el Gobierno.
José Oviedo presidente de la Unión Nacional de Agricultores (UNAG) y uno de los dirigentes de la marcha, manifestó que “el agro debe ser valorado y respetado y se mantendrán al pie de lucha pese a que el actual gobierno mantiene puertas cerradas, acciones que dañan también a los consumidores, pero, sobre todo un modelo de gobernar que atenta los valores democráticos del país.
La lucha sigue, las acciones también y más que después de esta marcha se están uniendo más sectores. Repudiamos el acto de parte del señor presidente el día de ayer, exigimos el debido proceso y justicia para Roy Fallas”, apuntó Oviedo.
Con este acuerdo, la UCR reitera su papel como centro de pensamiento que promueve el libre acceso a la información y al conocimiento en pro del interés público y la progresividad de los derechos. (Foto: Anel Kenjeekeva,OCI).
De manera unánime, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) reconoció al distinguido magistrado de la Sala Constitucional, Dr. Fernando Cruz Castro por sus aportes en materia de libertad de expresión, promoción de la pluralidad, la defensa de la autonomía universitaria, la libertad de cátedra y la democracia del país.
Para el Órgano Colegiado, la trayectoria y el conocimiento del Dr. Cruz han sido invaluables en la construcción de un marco teórico, normativo y jurisprudencial cuyo eje central es la defensa de la democracia, el cual ha impactado al país y el ámbito universitario. Asimismo, destacó su calificada participación en diversos espacios que fomentan el debate social desde una perspectiva que busca comprender la libertad de expresión como un derecho, y como una práctica sociohistórica sujeta a principios de responsabilidad, transparencia y control democrático.
El Consejo Universitario también reconoció en Fernando Cruz su posición clara y firme respecto a la importancia de asegurar la libertad de cátedra y la autonomía universitaria, elementos esenciales para evitar transgresiones a la Constitución Política de la República de Costa Rica y así garantizar un intercambio de ideas libre en el país
Adicionalmente, el acuerdo insta a la Administración a institucionalizar actividades conmemorativas al Día Nacional de la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información, que se celebra cada 1. ° de setiembre, como una forma de reforzar el compromiso de esta Casa de estudios con el pensamiento crítico e independiente.
Trayectoria
Fernando Cruz Castro es licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica y Doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. También cuenta con estudios de posgrado en Criminología, en el Instituto de Criminología de la misma universidad española.
Inició su carrera como agente de Faltas y Contravenciones de Alajuela en 1972, actuario, agente fiscal, fiscal general, juez general, juez superior y presidente del Tribunal de Casación Penal
Actualmente es profesor en el posgrado de Derecho Penal de la Universidad de Costa Rica; es magistrado desde el 14 de octubre de 2004 y fue presidente de la Corte Suprema de Justicia desde el 2018 hasta el año 2022.
“Construyamos una democracia libre de desinformación y odio”, es el llamado con el que diversas organizaciones y colectivos convocan a la presentación del Acuerdo Nacional contra la Desinformación y los Discursos de Odio, en el marco de las Elecciones Nacionales del 2026 en Costa Rica.
La actividad se realizará el viernes 31 de octubre de 2025, a las 10:00 a.m., en el Auditorio del Museo Nacional de Costa Rica (ingreso por el costado este, Bulevar Ricardo Jiménez).
Esta iniciativa es cocreada por organizaciones y colectivos, instancias académicas y sociales, comprometidas con promover un ambiente informativo transparente, responsable, plural y respetuoso de la dignidad humana, como aporte al fortalecimiento de la democracia costarricense.
Convocan:
ACCESA, Centro de Investigación en Comunicación (CICOM-UCR), Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP-UCR), Escuela de Ciencias Políticas (ECP-UCR), IDdeco Observatorio de Violencia Política contra las Mujeres, Mujeres por Costa Rica, La Red por Costa Rica, PROLEDI, Punto y Aparte, IPLEX, Voces Nuestras, ONDA UNED, Jóvenes por Costa Rica (JxCR), UCR electoral
Testigos de honor:
Defensoría de los Habitantes, Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), FLACSO, Programa Estado de la Nación, Programa Estado de la Nación PNUD
El Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica trae a discusión la política de miedo que circula en el país bajo una nota que invita al debate. Han pasado casi dos décadas del “memorándum del miedo”, durante este tiempo la política costarricense se ha tornado en una actividad donde se gobierna desde la manipulación emocional y las amenazas. Aquello que en un principio comenzó como una nueva estrategia durante la campaña del Tratado de Libre Comercio (TLC), se transformó en sistema estructurado para ejercer el poder articulado, el control de discurso, el silencio a la crítica y la promoción de lealtades subordinadas al miedo.
Actualmente, esa forma estructural de ejercer el poder se reproduce nuevamente en ámbitos municipales, en los conflictos con las universidades y mediante el flujo de información difundido en redes sociales, donde el miedo comienza a desplazar al debate público.
El control de los medios digitales ahora es un objetivo claro. La lógica de la política de miedo se ha modernizado con los años y en el presente marcado por la digitalización y los flujos de información que circulan en las redes sociales, la imposición del miedo en los medios tradicionales de antaño como la prensa escrita, la radio y televisión ya no es suficiente. El poder político del miedo se extiende por medio de troles y algoritmos a través las redes sociales. Los espacios de conversación pública están saturados con desinformación y polarización y burlas. El miedo migró a los espacios digitales u se transformó en un nuevo instrumento político.
Es de carácter urgente recuperar la libertad de palabra y la participación ciudadana en contraposición al control político y a la «pedagogía del miedo” que normaliza la desconfianza y desgasta los bienes comunes.
El miedo dejó de ser una táctica: es un sistema que erosiona la confianza y debilita los bienes comunes.
La deriva a la que se dirige Costa Rica en los próximos meses es tal vez la de mayor riesgo en toda su historia democrática.
La ecuación populismo + inseguridad + efectismo, podría terminar de dar la estocada a ese proyecto sociocultural que se viene clausurando desde hace varios años en que integración horizontal y consenso vertical aseguraron las reglas del juego social e institucional.
La reciente aprobación en segundo debate legislativo, del proyecto de instalación de una megacarcel en el país, plantea un cambio sin retorno hacia una peligrosa transformación en el procesamiento de las demandas sociales.
Este hecho pasó sin mucho análisis, quizá porque es tal la perplejidad y cansancio o tal vez porque se prefiere una respuesta de tal magnitud ante la incontenibilidad de la violencia que no cede. Prefiero pensar en la primera opción.
Un proyecto que le otorga 8.000 millones de su presupuesto ordinario para ofrecer una respuesta represiva al crimen organizado dice mucho de esa sociedad que somos y que ya no podemos obviar. Nos estamos acercando de forma alarmante a ese espejo que nos devolverá una imagen que nunca quisimos ver.
Hace algunas semanas, el valiente equipo periodístico de El Faro, proyecto de comunicación independiente y alternativo de El Salvador, sacó a la luz pública una investigación en la que obtuvieron información sobre lo que había pasado con ciudadanos comunes, detenidos y enviados a la cárcel modelo instalada por el gobierno de Nayib Bukele.
Según cuenta la publicación, las narraciones son atroces: asesinatos perpetrados a golpes por custodios; torturas elaboradas que implican colgar gente, colocarles ladrillos o usar gas lacrimógeno; abortos; enfermedades sin atención y hambre extrema. Todo esto narrado por 27 personas liberadas de este régimen carcelario, que no eran pandilleros y que vivieron en primera persona los horrores extremos a los que fueron sometidos en ese “modelo” al cual Costa Rica acude ahora alegre, rápida y peligrosamente.
Lo de El Faro es otra consideración que debe hacerse notar. Es de sobra conocido que la mayoría de su equipo periodístico tuvo que salir de El Salvador como consecuencia de su enfoque crítico en contra de las acciones gubernamentales.
En Costa Rica hemos estado observando que algunos periodistas empiezan a perder su empleo o son removidos como producto de sus opiniones y enfrentamientos con el poder ejecutivo: una peligrosa tendencia que podría anunciar los refrenos a la libertad de expresión, de la que tanto hemos hablado como reducto de un otrora sistema democrático robusto.
A la vuelta de la equina, dentro de poco, un proceso eleccionario anuncia una bizagra hacia una época de la cual podríamos no salir exitosamente como país. El tema securitario será sin duda la apuesta hacia la continuidad de quienes hoy nos gobiernan, utilizando la megacarcel como proyecto estrella al que estamos seguros la población apoyará luego de un hábil manejo comunicativo.
Seamos críticos y pongamos estos escenarios en perspectiva. Luego podría ser demasiado tarde.
El historiador y analista nacional Óscar Aguilar Bulgarelli se refirió al debate público generado en torno al manejo de las frecuencias de radio y televisión en Costa Rica, tras la decisión del Gobierno de abrir una licitación en medio del proceso electoral. Aguilar cuestionó tanto el momento político de esa decisión como los juicios generalizados hacia quienes poseen concesiones radiofónicas y televisivas, en particular hacia las emisoras pequeñas, regionales y comunitarias, que —dijo— han sostenido históricamente la libertad de expresión en el país.
Aguilar recordó que conoce de cerca la historia de la radiodifusión nacional. Señaló que su padre fue uno de los fundadores de la radio costarricense en 1947, que él mismo administró una pequeña empresa radial durante varios años en la década de 1980 y que fue fundador del SINART radio y televisión. “Por lo tanto, no hablo desde la improvisación; he vivido la radiodifusión desde dentro”, afirmó.
El historiador explicó que el derecho a utilizar una frecuencia es una concesión de un bien público y, como tal, debe pagarse de forma justa y proporcional. Comparó esta situación con las licencias o patentes que paga cualquier pequeño negocio en el país: “Así como una pulpería paga sus impuestos y una patente para operar, los medios deben pagar por el uso de la frecuencia”.
Sin embargo, Aguilar subrayó que debe existir proporcionalidad. “No es lo mismo una gran cadena con presencia internacional que una emisora pequeña que apenas logra cubrir sus gastos”, dijo. Recordó que la legislación sobre radiodifusión tiene más de setenta años de antigüedad y que, a lo largo del tiempo, se ha modificado para favorecer a grandes consorcios mediáticos, mientras las emisoras pequeñas han quedado rezagadas y sin protección adecuada.
“Hay grandes empresas que han hecho fortunas con la pauta publicitaria y que pagan muy poco por sus frecuencias. Eso es injusto y debe corregirse”, expresó. Pero advirtió que sería igualmente injusto imponer los mismos cobros a las emisoras locales o comunitarias, muchas de las cuales sobreviven con presupuestos mínimos y sostienen su programación gracias al esfuerzo voluntario o al trabajo de sus comunidades.
Aguilar recordó que esas pequeñas estaciones “han sido bastiones en el sustento de la democracia costarricense”, pues han permitido la difusión libre de ideas y opiniones, incluso cuando los grandes medios concentran poder económico y mediático. “Mientras los grandes medios han sido manipuladores de la opinión pública, las pequeñas emisoras han luchado por décadas por la libertad de información y de pensamiento. Solo por eso hay que protegerlas”, señaló.
Advirtió que eliminar o debilitar a esas radios locales, por desconocimiento o conveniencia política, pondría en riesgo el pluralismo informativo y la salud democrática del país. “Siempre a los poderes concentrados, a quienes sueñan con establecer dictaduras políticas, les interesa manejar los medios. Y una forma de hacerlo es provocar que los medios libres desaparezcan, para luego controlar a los pocos que queden”, afirmó.
El analista concluyó su exposición reiterando que no defiende a los grandes grupos mediáticos, sino a las radios y televisoras pequeñas que han mantenido viva la comunicación libre y el pensamiento independiente. “Solo por eso hay que protegerlas. No pueden desaparecer, porque son parte del corazón democrático de Costa Rica”, afirmó.
Ante el creciente uso de demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP) para intimidar y silenciar a quienes ejercen su derecho a denunciar afectaciones ambientales, el Parlamento Cívico Ambiental y diversos sectores de la sociedad civil expresan su firme respaldo al proyecto de ley expediente 25.125, que reforma el artículo 86.1 del Código Procesal Civil. El Parlamento aprobó este viernes 22 de agosto un Acuerdo Positivo respecto a este proyecto mediante resolución 025-2025 que se comunicará a las y los diputados de la Asamblea Legislativa. Asimismo, lanzó el MANIFIESTO EN DEFENSA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DEL AMBIENTE en apoyo a la iniciativa.
La iniciativa, conocida como “Ley para evitar acciones coercitivas en el ejercicio de la libertad de expresión”, busca impedir que se impongan embargos preventivos contra personas cuya única “falta” sea participar en decisiones que afectan el ambiente o expresar públicamente su opinión sobre asuntos de interés público. Esta reforma no elimina el derecho legítimo a reclamar daños, pero garantiza que no se utilicen medidas cautelares como represalia antes de que exista una sentencia firme.
El impulso a este proyecto responde a casos recientes, como el embargo solicitado contra un creador de contenido que denunció posibles delitos ambientales asociados al proyecto Bahía Papagayo. Este tipo de acciones judiciales generan un efecto inhibitorio que amenaza la libertad de expresión y la participación ciudadana, principios fundamentales de la democracia costarricense.
El Parlamento Cívico Ambiental subraya que la aprobación de este proyecto es coherente con los compromisos internacionales asumidos por Costa Rica, incluyendo la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, así como con la necesidad urgente de avanzar en la implementación del Acuerdo de Escazú.
“Proteger a quienes defienden el ambiente es proteger la democracia. No podemos permitir que se utilice el sistema judicial como un arma para acallar la voz ciudadana”, señaló el Parlamento en un pronunciamiento oficial.
Llamado a la acción
El Parlamento Cívico Ambiental llama a diputadas, diputados, instituciones y ciudadanía a respaldar activamente la aprobación del expediente 25.125 y a trabajar por un marco legal e institucional que brinde verdadera seguridad jurídica a las personas defensoras del ambiente y promueva la libertad de expresión sin temor a represalias.
La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, expresa su más profunda preocupación y rechazo ante el reciente aumento en la persecución y hostigamiento contra diversos liderazgos sociales en nuestro país.
En las últimas semanas hemos sido testigos del incremento en las acciones que atentan contra la libertad de expresión, el derecho a la participación ciudadana y el rol fundamental de las personas defensoras de los derechos humanos y ambientales, en especial, destacamos los siguientes casos:
La destitución de la señora Martha Rodríguez, representante de las personas trabajadoras en la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), acción promovida desde el Poder Ejecutivo. Esta decisión constituye, una vez más, un grave precedente que vulnera la autonomía de la CCSS y un profundo debilitamiento de los espacios democráticos de representación social.
La persecución contra liderazgos ambientalistas, específicamente los casos de Juan Bautista y Javier Adelfang, activistas digitales que han denunciado la crisis ambiental que atraviesa nuestro país y en específico Playa Panamá, quienes actualmente atraviesan un embargo interpuesto por una empresa hotelera, la cual, ha emprendido acciones judiciales en su contra, en represalia por sus publicaciones en defensa del ecosistema de Playa Panamá
La violencia territorial sobre los territorios indígenas, en específico el caso de la Comunidad Térraba Bröran en el Pacífico Sur, contra el compañero Pablo Sibar y la persecución que vive a raíz de la defensa del derecho a tierra en su territorio indígena, el cual ha sido llevado a la CIDH.
Estas acciones no son aisladas, forman parte de una tendencia de criminalización y hostigamiento contra ambientalistas, líderes indígenas, sindicalistas, lideresas feministas y otros actores sociales que alzan la voz y fortalecen y promueven nuestra democracia participativa.
Históricamente, se ha reconocido a Costa Rica a nivel internacional por la protección de los derechos humanos, su democracia y su institucionalidad. Sin embargo, estas acciones reiteradas y cada vez más comunes en nuestra sociedad socava nuestro legado histórico y abre la puerta a un modelo de gobierno autoritario, contrario al diálogo social.
Por esto, desde la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo exigimos el cese inmediato de cualquier forma de persecución, intimidación y hostigamiento contra liderazgos sociales, además, realizamos un llamado a promover las vías del diálogo social y la democracia participativa, siempre en defensa del bienestar colectivo y la justicia social.
Reiteramos nuestro compromiso de continuar articulando esfuerzos entre sectores sociales y productivos para defender la democracia participativa, la justicia social y el fortalecimiento del Estado Social de Derecho.
¡Defender a quienes defienden es defender la democracia!
