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Etiqueta: libertad de expresión

Candidaturas y ciudadanía firman Acuerdo Nacional contra la desinformación y los discursos de odio en el marco electoral

Antes de las elecciones generales de febrero de 2026, un grupo amplio de organizaciones académicas, sociales, medios de comunicación y colectivos ciudadanos impulsó el Acuerdo Nacional contra la Desinformación y los Discursos de Odio, una iniciativa orientada a fortalecer un debate público informado, respetuoso y transparente durante el proceso electoral. Esta plataforma, articulada a través del sitio Ojo con la Desinformación, busca contrarrestar la proliferación de noticias falsas y la polarización que puede debilitar la legitimidad y calidad de la deliberación democrática en tiempos electorales.

El acuerdo, surgido del trabajo colaborativo entre múltiples actores —incluyendo entidades como la Asociación Centro Ciudadano de Estudios para una Sociedad Abierta (ACCESA), el Centro de Investigación en Comunicación (CICOM), la Escuela de Ciencias Políticas (ECP-UCR), el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos (CIEP-UCR), el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI-UCR), así como colectivos como Jóvenes por Costa Rica, Mujeres por Costa Rica y Voces Nuestras— plantea principios básicos para combatir la desinformación e impulsar una cultura de paz en el contexto electoral.

Entre los compromisos asumidos por los firmantes destacan:

  • el respeto al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) como autoridad electoral y garante del proceso democrático;

  • la verificación responsable de la información antes de compartirla;

  • la corrección oportuna de errores informativos;

  • y el rechazo a toda forma de discurso de odio y retórica violenta, incluidas aquellas generadas o amplificadas mediante herramientas tecnológicas o perfiles no verificados .

El Acuerdo también incorpora el compromiso de promover una participación política consciente, libre de manipulaciones informativas y basada en hechos verificados. Para asegurar el cumplimiento, se conformó un Equipo Ciudadano de Seguimiento —integrado por organizaciones como Voces Nuestras, Mujeres por Costa Rica, IDdeco CR, Punto y Aparte y CICOM-UCR— que emitirá informes públicos, impulsará buenas prácticas informativas y fomentará la educación cívica en torno a la verificación de datos y el respeto en el discurso público.

Esta iniciativa representa un esfuerzo colectivo para enfrentar las preocupaciones expresadas por la ciudadanía y diversas instituciones sobre el impacto de la desinformación y la polarización en la calidad del debate electoral, y reafirma que defender la verdad es defender la democracia.

📌 Puede visitar la página de Ojo con la Desinformación para ampliar la información, ver las candidaturas firmantes, acceder al documento completo y conocer cómo apoyar el Acuerdo Nacional:

https://ojoconladesinformacion.org/2026/01/28/comunicado/

¡Por la libertad de expresión y la protección del activismo en Costa Rica!

Servicio de Paz y Justicia Costa Rica

El pasado 13 de enero de 2026, fue de conocimiento público el señalamiento contra Stella Chinchilla Mora por presuntamente motivar un atentado contra el presidente de turno de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles.

Desde el Servicio de Paz y Justicia SERPAJ-CR, expresamos nuestro rechazo y profunda preocupación ante lo que consideramos un uso desproporcionado del aparato estatal para silenciar voces críticas.

Stella es una comunicadora social, activista por DDHH, vicepresidenta del Centro de Amigos para la Paz ─ CAP, a quién conocemos y extendemos nuestra solidaridad ante esta situación. Stella es conocida no sólo por Movimientos Sociales costarricenses e internacionales, sino también por sectores de poder por su activismo con su “cámara callejera” que ha denunciado e informado en múltiples ocasiones. Solo en su canal de YouTube, desde el 2009, Stella acumula más 1300 videos sumando más de medio millón de vistas.

La impronta activista de Stella es fácilmente verificable. La trayectoria documentada de Stella es testimonio de un compromiso ético con la denuncia social y la transparencia informativa. Su «cámara callejera» no es un arma, es una herramienta de visibilización ciudadana.

Denunciamos que la acusación contra Stella es un mecanismo simbólico de amenaza para quienes adversan al actual Gobierno. El show derivado de este hecho es una cortina de humo que pretende implantar en la colectividad un “enemigo” y así encuadrar al Gobierno actual como un “mártir” que requiere a toda costa la defensa de la ciudadanía y al mismo tiempo justificar la violación a Derechos Humanos.

La acusación contra Stella no es un hecho aislado, es una narrativa que, mediante la amenaza, busca instalar el miedo en quienes ejercen su derecho a la disidencia. Estas acciones pretenden la polarización, paralizar conciencias críticas y convertir al activismo en un supuesto peligro para la seguridad nacional. Cuando se utiliza el discurso público para señalar a activistas como «enemigos», directamente se alienta una escalada de hostilidad que afecta la convivencia democrática.

Desde SERPAJ-CR denunciamos que la guerra y la amenaza son dos de las más graves expresiones de violencia individual y colectiva. Tanto la guerra como la amenaza buscan (y en muchos casos logran) paralizar la conciencia, polarizar, amedrentar, aterrorizar, destruir, desestabilizar.

Las acciones contra Stella impactan, exacerban y envalentonan a quienes ciegamente siguen al actual gobierno, su candidata presidencial y adeptos. Alinean y nublan conciencias que se movilizan precipitadamente y generan una escalada violenta contra toda persona que manifieste críticas.

La criminalización al activismo es un mecanismo de control social y político que opera contra Movimientos Sociales, opositores o personas comunes que no coinciden con el discurso y Agendas del oficialismo. En varios gobiernos este mecanismo ha judicializado activistas y líderes como estrategia de desgaste y paralización de conciencias. El actual gobierno ha sido altamente eficiente en incitar a muchas personas a defenderle desmedidamente. Sin importar si la disidencia viene de la familia, el vecindario o el trabajo, cualquier opinión crítica al gobierno es tachada de “enemiga” del pueblo.

En el SERPAJ-CR alertamos gran preocupación ante la estrategia del gobierno actual encaminada no solo en criminalizar al activismo, la libertad de expresión y pensamiento crítico, sino en victimizarse desde un discurso altamente populista para justificar el ejercicio del poder autoritario, delictivo y violento. Con el agravante de haber implantado en un sector ciudadano la idea de defender al oficialismo a toda costa y con “mano dura” de cualquier opinión disidente.

Desde SERPAJ-CR:

  • Convocamos a Movimientos Sociales, Colectivos y Medios de Comunicación Alternativos a pronunciarse en contra de la criminalización a Stella y activistas, en defensa de la libertad de expresión y el derecho a la protesta.

  • Hacemos un llamado a espacios de lucha social para construir redes de protección y cuidado colectivo que nos permitan enfrentar incitaciones a la violencia que buscan dañarnos y paralizar a las generaciones que apenas crecen.

  • Instamos a la ciudadanía a no ceder ante discursos que promueven el odio o la división.

Comunicado de la Comunidad Buen Vivir – Costa Rica sobre la incriminación a Stella Chichilla Mora

El martes 13 de enero la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), que está bajo el mando directo del presidente de la República, incrimina a la comunicadora Stella Chinchilla Mora en un supuesto plan para asesinar al mandatario. La “noticia” resuena primero en medios de prensa afines al gobierno.

Stella Chinchilla Mora es una mujer inteligente, sensible y valiente, con una larga trayectoria de lucha y defensora de múltiples causas sociales y ambientales. También es una persona muy afín a los ideales de El Buen Vivir. Para ella nuestra solidaridad. Sin duda alguna Stella sabrá defenderse, lo hará bien y ya cuenta con todo el apoyo de la diversidad de movimientos sociales.

¿Por qué el aparato político de la “inteligencia” gubernamental seleccionó a Stella como objetivo para este montaje propagandístico? Porque ella, con su cámara, sus videos y sus redes sociales ha estado visibilizando durante años las luchas de los movimientos sociales de: agricultores, estudiantes, mujeres, ecologistas, comunidades indígenas, comunidades de la diversidad sexual, pacifistas, animalistas, personas con alguna discapacidad, defensoras del agua y muchas más. Con la incriminación a Stella nos envían una advertencia a quienes le estamos plantando cara al autoritarismo desde diferentes trincheras. Lo que le pasó a Stella te lo pueden hacer también a vos.

La torpe jugada de la DIS contra Stella y un grupo de luchadores y luchadoras sociales es un comportamiento propio de regímenes fascistas dictatoriales. Es un paso más hacia la radicalización del autoritarismo que ha caracterizado a Rodrigo Chaves y el proyecto de la derecha extrema en Costa Rica. Esta vez el blanco son los activistas y los movimientos sociales.

La Comunidad Buen Vivir Costa Rica, ante esta secuencia de hechos exhorta a:

1- Acuerpar a Stella Chinchilla en su defensa y que su nombre sea limpiado públicamente.

2- Estimular el surgimiento de más personas generadoras de contenido para que reproduzcan e intensifiquen el trabajo de difusión de las luchas sociales.

3- Unificar las diversas luchas de los movimientos: ecologistas, feministas, ambientalistas, educadores, agricultores, diversidad sexual, indígenas, etc. Si tocan a una-o nos tocan a todas-os.

4- Insistir en un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa para disolver la DIS.

5- Votar en las próximas elecciones contra los partidos políticos afines al chavismo.

Consejo Nacional del Buen Vivir Costa Rica
Costa Rica, 15 de enero de 2026

Llamado urgente de solidaridad con Stella Chinchilla Mora

La Asociación Costarricense de Derechos Humanos se solidariza con la compañera Stella Chinchilla Mora, por la persecución política que está enfrentando en este momento. Estamos ante la más cobarde de las acciones políticas, en una coyuntura política electoral sin antecedes en la historia de la Costa Rica de la segunda república. Debemos entender que una acción de la Dirección de Inteligencia y Seguridad – DIS, es una acción de gobierno, pues la seguridad personal del presiente. Se está judicializado a una militante social sin recursos económicos, como un distractor por oponerse al Gobierno y al presidente y sólo dos semanas antes de las elecciones presidenciales.

La compañera es una militante social y comunicadora proba, desde hace más de 25 años está cubriendo los acontecimientos del movimiento social, con sus propios recursos y sin pedir nada a cambio ni patrocinio empresarial.

Rechazamos toda acción de los Poderes de la República que limiten la libertad de opinión de las personas habitantes, con protección en los artículos 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 28 y 29 de la Constitución Política que deben ser garantía plena de participación libre y democrática.

Si la compañera Chinchilla a participado cubriendo noticias del movimiento social en contra de las políticas de gobierno, e incluso si ha emitido su opinión en contra de las acciones de gobierno, no debe ser perseguida y mucho menos judicializada por hacerlo. Un sistema que se dice democrático debe defender la libertad de expresión y opinión de las personas habitantes, esto es lo siempre ha hecho Stella, de manera que lejos de procesarla judicialmente, el Estado debe protegerla, pues su voz política es acción de democracia.

Hacemos un llamado al movimiento social nacional e internacional para que manifieste su apoyo a la compañera Stella Chinchilla Mora, militante social, activista, luchadora y defensora de los derechos humanos en Costa Rica. Demostrémosle al gobierno y al Poder Judicial que Stella no está sola.

Ana Cecilia Jiménez Arce

Presidente

Asociación Costarricense de Derechos Humanos-ACODEHU

Crecen las muestras de solidaridad hacia Stella Chinchilla en redes y organizaciones sociales

Por Juan Carlos Cruz-Barrientos

La comunicadora y activista socioambiental Stella Chinchilla ha recibido en las últimas horas una amplia ola de respaldo público en redes sociales y plataformas digitales, luego de que se diera a conocer una denuncia en su contra que diversos colectivos califican como un intento de criminalización del activismo.

Organizaciones sociales cierran filas

Uno de los pronunciamientos más difundidos proviene de SURCOS Digital, que publicó un comunicado firmado por múltiples organizaciones y personas defensoras de derechos humanos. El texto señala que el señalamiento contra Chinchilla constituye “un acto de violencia simbólica y política contra una mujer activista que ha dedicado años a la defensa del ambiente y la democracia”.

Por su parte, el colectivo Bloque Verde advirtió que el caso refleja “una peligrosa tendencia a perseguir voces críticas mediante estrategias de intimidación”. Ambas declaraciones han circulado ampliamente en Facebook y X, generando cadenas de apoyo, debates públicos y llamados a reforzar la vigilancia ciudadana.

Diversas organizaciones de mujeres y agrupaciones feministas también se sumaron al respaldo, denunciando que las acciones contra Chinchilla constituyen violencia política y un intento de amedrentar a una mujer defensora de derechos humanos. Estos grupos reiteraron su compromiso de acompañarla y de mantener la vigilancia ante cualquier forma de hostigamiento.

Apoyo ciudadano en redes sociales

En su propio perfil de Facebook, Chinchilla ha agradecido la solidaridad recibida y ha insistido en que su caso no es aislado. En una de sus publicaciones, citada por medios nacionales, afirmó: “Gracias a todas las personas que me han escrito. No estoy sola y no nos van a callar”.

Usuarios de redes sociales han respondido con mensajes de respaldo, denunciando lo que consideran una campaña de desprestigio. Entre los comentarios más recurrentes destacan llamados a “no soltar a Stella” y a defender la libertad de expresión frente a prácticas de vigilancia estatal.

Diversos medios digitales han dado seguimiento al caso y han destacado la magnitud del apoyo recibido. La Teja reportó que Chinchilla ha utilizado sus redes para explicar su situación y que cuenta con una “amplia red de apoyo” que la respalda públicamente. AM Prensa, por su parte, subrayó que sus declaraciones han sido clave para denunciar lo que ella considera un montaje político en su contra.

Organizaciones exigen acción urgente de la Defensoría

En paralelo a las muestras de solidaridad, un amplio bloque de organizaciones sociales, colectivos feministas y personas defensoras de derechos humanos presentó una solicitud formal de acción urgente ante la Defensoría de los Habitantes. El documento advierte que el caso de Chinchilla evidencia la ausencia de un mecanismo nacional de protección para personas defensoras de derechos humanos en Costa Rica.

Las organizaciones señalan que lo ocurrido con Chinchilla se inscribe en un contexto de debilitamiento del Estado de derecho, aumento de la estigmatización y un clima de hostigamiento que, según denuncian, incluye agresiones provenientes de agentes estatales o estimuladas por el discurso gubernamental. La carta recuerda que desde 2017 se han presentado solicitudes formales para crear un mecanismo de protección y un protocolo especializado de investigación, sin que el Estado haya adoptado medidas concretas.

El pronunciamiento también cita recomendaciones internacionales, como las observaciones del Comité CEDAW sobre los riesgos que enfrentan las mujeres defensoras, y los estándares reafirmados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2025, que obligan a los Estados a prevenir, proteger e investigar agresiones contra personas defensoras.

En este marco, las organizaciones solicitan a la Defensoría intervenir de inmediato en el caso de Chinchilla, impulsar la creación del mecanismo nacional de protección y promover un protocolo especial de investigación con enfoque de género. Advierten que la inacción estatal no solo incrementa los riesgos, sino que debilita la democracia en un contexto político preelectoral.

Un patrón claro: defensa del activismo y denuncia de persecución

Las publicaciones analizadas muestran coincidencias en varios puntos: rechazo a la criminalización del activismo socioambiental; señalamientos de misoginia y violencia política contra una mujer comunicadora; críticas a prácticas de vigilancia atribuidas a cuerpos de seguridad del Estado; y llamados a mantener la solidaridad y la presión pública.

La conversación digital continúa creciendo, y distintos sectores sociales insisten en que el caso de Stella Chinchilla debe ser observado con atención para evitar precedentes que afecten la libertad de expresión y el derecho a la protesta.

Un cierre marcado por el hostigamiento

La denuncia coincidió con la aparición de una campaña de recolección de firmas que, en cuestión de horas, sumó cientos de adhesiones antes de ser bloqueada por Google, un hecho que sus seguidores interpretan como parte del clima de hostigamiento que rodea el caso.

Un burdo montaje politiquero para distraer y difamar

Martin Rodríguez Espinoza

Las evidencias y acciones alrededor de la supuesta amenaza contra el presidente dejan en claro que se trata de un montaje burdo con motivaciones políticas. La propia actuación del Gobierno delata la farsa, el director de la DIS, Jorge Torres, confesó que «no profundizamos en la investigación, inmediatamente lo que hicimos fue trasladarlo», si lo hubieran hecho, hubieran descubierto la farsa.

Es decir, presentaron una denuncia estrafalaria sin siquiera corroborar la veracidad de la supuesta amenaza. Todo se sostiene únicamente en un par de pantallazos de WhatsApp de origen dudoso (una conversación de diciembre) entregados por una “fuente confidencial”. Esta ligereza deja en evidencia que la intención nunca fue proteger al presidente de un peligro real, sino montar un espectáculo mediático.

¿Cuál es el propósito de este acto circense? Claramente, distraer a la opinión pública de los problemas reales del país y silenciar a una voz crítica, ¡Iniciar la práctica autoritaria al estilo de Bukele si se diera un triunfo de Laura Fernández en las elecciones? La acusada, Stella Chinchilla, es una comunicadora reconocida por denunciar en sus redes los abusos y desaciertos del gobierno, ¿Contenido que ha incomodado al gabinete de Chaves?

Han mancillado su honor difamándola como si fuera una criminal, acto de mala fe de Rodrigo Chaves, la DIS y todo ese aparato represor de las libertades. Esta maniobra irresponsable y vergonzosa busca intimidar a cualquiera que se atreva a cuestionar al poder, pintando al presidente como víctima de un complot absurdo.

En lugar de aclarar los hechos con seriedad, se optó por un show politiquero que fabrica una historia inverosímil para dañar la reputación de una ciudadana honesta.

Como ciudadano, condeno enérgicamente esta acción, que no solo es infame e inmoral, sino que además socava la confianza democrática al utilizar las instituciones de seguridad como herramientas de juego político. Un gobierno seguro de su legitimidad no recurre a circos mediáticos; esta burda maniobra merece el repudio de toda la sociedad.

14 de enero 2026

Imagen: Stella Chinchilla habla ante la prensa este 14 de enero.

Costa Rica a la deriva: cuando el estado se parece a un océano descuidado

Por: M.Sc Esteban Guisseppe Cavallini Espinoza
Comunicador

El océano parece infinito, fuerte e inmutable. Desde la orilla, da la impresión de que nada puede alterarlo. Sin embargo, los oceanógrafos saben que basta con descuidarlo —contaminarlo, sobreexplotarlo, ignorar sus corrientes— para que su equilibrio colapse silenciosamente. Algo muy parecido ocurre hoy con el Estado costarricense.

Durante décadas, Costa Rica fue vista como un mar relativamente calmo en una región de aguas turbulentas: instituciones sólidas, democracia estable, libertad de expresión protegida y una Constitución Política que funcionaba como carta de navegación colectiva. Pero ningún océano se conserva solo. Y ningún Estado sobrevive si quienes lo gobiernan confunden la fuerza con el grito, la conducción con la confrontación y la crítica con el enemigo. El abandono y la deslegitimación sistemática de sus pilares han ido debilitando su equilibrio.

El océano-Estado y sus criaturas

En este océano llamado Costa Rica, las instituciones públicas son como los grandes arrecifes: sostienen la vida, regulan corrientes, permiten la convivencia entre especies distintas y protegen de las tormentas. La Caja Costarricense de Seguro Social-CCSS, las universidades públicas, el Poder Judicial, la prensa libre y los órganos de control no son obstáculos; son ecosistemas. Cuando se les debilita, no se libera el mar: se lo empobrece y se le priva de sus defensas naturales.

Los peces pequeños, que viven del equilibrio diario, representan a la ciudadanía común: trabajadores, estudiantes, emprendedores, pensionados. Son los primeros en sufrir cuando el agua se enturbia con discursos de odio, desinformación y desconfianza hacia lo público. No tienen grandes barcos ni redes poderosas; dependen de que el océano sea justo y predecible. La confusión es una forma de contaminación política.

Los grandes depredadores, en cambio, aparecen cuando el control falla. Son actores políticos y económicos que prosperan en aguas revueltas: se benefician del caos institucional, del debilitamiento de la ley y del desprestigio sistemático de la democracia. Como tiburones atraídos por la sangre, avanzan cuando perciben que la vigilancia ha sido desmantelada. Los grandes depredadores prosperan cuando el mar pierde reglas claras. Actores que se benefician del debilitamiento institucional, del desprestigio de la ley y de la normalización del autoritarismo encuentran en el caos su mejor hábitat.

Barcos sin brújula y capitanes que manipulan y gritan

El Poder Ejecutivo, que debería ser el capitán del barco, ha optado —en su versión más reciente— por navegar a base de confrontación constante. En lugar de leer los mapas constitucionales y dialogar con otras embarcaciones del Estado, ha preferido gritar desde el puente, desacreditar a los faros y acusar al mar de conspirar contra él.

Un capitán que insulta a los instrumentos de navegación no demuestra liderazgo; demuestra improvisación. La descalificación permanente del Poder Judicial, de la prensa, de la academia y de los órganos de control no fortalece al Estado: le perfora el casco. Y cuando se normaliza el discurso ofensivo y sin argumentos, se envía un mensaje peligroso: que la verdad es irrelevante y que el volumen sustituye a la razón.

El capitán obsesionado y la tripulación silenciada

En Moby Dick, el capitán Ahab encarna al líder consumido por la obsesión, dispuesto a sacrificar el barco entero con tal de imponer su voluntad. Su grito constante no es liderazgo, es advertencia. En esta analogía, ciertos rasgos del actual ejercicio del Poder Ejecutivo recuerdan peligrosamente a Ahab: confrontación permanente, desprecio por los contrapesos democráticos y una narrativa que convierte a toda crítica en enemiga.

Pero Herman Melville (escritor, novelista, poeta y ensayista EE. UU.-1851), introduce una figura esencial para entender el momento costarricense: Starbuck, el primer oficial. Starbuck no es débil ni ingenuo; es ético, racional y profundamente consciente de los límites del poder. Frente a la locura del Capitán Ahab, Starbuck representa la voz de la razón, la ley y la responsabilidad colectiva. Se atreve a cuestionar al capitán no por ambición, sino por deber moral.

Starbuck entiende que el barco no pertenece al capitán, sino a todos los que viajan en él. Que la misión no justifica destruir la nave. Que la autoridad sin ética conduce al naufragio.

Hoy, Costa Rica necesita más Starbuck y menos Ahab.

Turistas, pescadores y redes rotas

En este océano también están los turistas, que observan desde fuera. Costa Rica aún vende al mundo la imagen de un mar democrático ejemplar. Pero los visitantes atentos ya notan señales de alerta: corrientes de intolerancia, contaminación del debate público, ataques a la libertad de expresión. El prestigio internacional, como la biodiversidad marina, se pierde más rápido de lo que se construye.

Los pescadores, por su parte, representan a quienes históricamente cuidaron el Estado social de derecho: sindicatos, movimientos sociales, educadores, periodistas, jueces, organizaciones civiles. Ellos saben que no se puede pescar hoy destruyendo todo para mañana. Pero cuando se les acusa de enemigos del progreso o se rompen deliberadamente sus redes institucionales, el resultado no es abundancia: es escasez y conflicto.

El maremoto que se anuncia

El mayor peligro no es la tormenta ocasional, sino el maremoto que se gesta lentamente: la erosión de la confianza democrática. Cuando se desacredita la Constitución, se normaliza la mentira política y se promueve la idea de que las instituciones sobran, el suelo marino se vuelve inestable. El colapso no avisa; simplemente llega. Starbuck lo sabía: no toda desobediencia es traición, ni toda obediencia es virtud. El silencio ético frente al abuso también hunde barcos.

Costa Rica no está condenada, pero sí advertida. Los océanos mueren cuando se les trata como vertederos. Los Estados democráticos colapsan cuando se gobierna desde el resentimiento, el desprecio por la ley y la manipulación emocional de la ciudadanía.

Soluciones para evitar el naufragio

La salida no está en callar el mar, sino en escucharlo:

  1. Restaurar el respeto institucional: el desacuerdo es legítimo; la demolición sistemática no. Gobernar implica dialogar con los otros poderes, no humillarlos ni descalificarlos.

  2. Defender la libertad de expresión y la prensa como faros indispensables, incluso cuando incomodan al poder.

  3. Combatir la desinformación con datos objetivos y pedagogía, no con propaganda, ni con gritos ni insultos.

  4. Reactivar la educación cívica, para que la ciudadanía distinga entre liderazgo y espectáculo.

  5. Cuidar el Estado social de derecho como se cuida un ecosistema: con ética, ciencia, con visión de largo plazo y responsabilidad colectiva.

El océano costarricense aún tiene vida, corrientes sanas y una biodiversidad democrática envidiable. Pero ningún mar sobrevive si se le gobierna a golpes de timón y desprecio por la ciencia de navegar. La historia demuestra que los países que olvidan esto no se hunden de golpe: se van quedando sin agua limpia, sin peces y sin futuro.

El océano costarricense aún respira. Pero la historia —y la literatura— enseñan que cuando se ignora a Starbuck y se sigue ciegamente a Ahab, el final nunca es heroico. El barco se hunde, y con él, todos.

Todavía estamos a tiempo de corregir el rumbo. Pero el mar ya está enviando señales. Ignorarlas sería el verdadero acto de irresponsabilidad nacional. La pregunta es si quienes gobiernan están dispuestos a escuchar algo más que su propio eco.

¡Costa Rica a la deriva!; esto es un llamado a la acción que no puede ser tomado a la ligera.

La salida no está en el silencio o la represión, sino en un diálogo abierto y constructivo. Es momento de restaurar el respeto institucional y promover el diálogo en lugar de la confrontación. Lo que está en juego es el futuro de una Costa Rica que aún tiene la capacidad de ser un faro de democracia en la región. Ignorar esta llamada sería el verdadero acto de irresponsabilidad. Es hora de escuchar las señales y corregir el rumbo.

Ante la desinformación, la arbitrariedad y la manipulación política

Instituto Sindical de Formación Política

Pronunciamiento público

El Instituto Sindical de Formación Política, en cumplimiento de su compromiso histórico con la defensa de la democracia, los derechos humanos, las libertades públicas y la verdad como bien social, manifiesta su profunda preocupación y enérgico rechazo ante la creciente estrategia de desinformación, manipulación y arbitrariedad promovida desde instancias del gobierno y sectores abiertamente alineados con él.

Resulta alarmante que, sin pruebas claras ni procesos institucionales transparentes, se difundan reiteradamente acusaciones sobre supuestos complots de derrocamiento y planes de asesinato contra el presidente de la República, generando un clima de miedo, confusión y polarización social. Estas narrativas, lejos de fortalecer la institucionalidad democrática, debilitan la confianza ciudadana, erosionan el Estado de Derecho y abren la puerta a prácticas autoritarias.

Advertimos que este tipo de discursos no son inocentes. Históricamente, en América Latina y en otras regiones del mundo, la invocación permanente de “enemigos internos”, “conspiraciones” o “amenazas al orden” ha sido utilizada para justificar la persecución política, el silenciamiento de voces críticas y la criminalización de la protesta social.

En este contexto, denunciamos de manera particular los intentos de desprestigiar, intimidar y silenciar a Stella Chinchilla, reconocida luchadora social, cuya trayectoria pública se ha caracterizado por el compromiso con las causas sociales, la justicia y la participación democrática. Rechazamos cualquier maniobra que pretenda convertir la crítica social y el disenso legítimo en delitos o amenazas al orden constitucional.

El Instituto Sindical de Formación Política recuerda que:

  • La crítica al gobierno es un derecho democrático, no un acto de conspiración.

  • La protesta social y la organización popular son pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática.

  • La libertad de expresión no puede ser condicionada por el miedo ni por campañas de difamación.

Exigimos al gobierno:

  1. Responsabilidad política y ética en el manejo de la información pública.

  2. Que cualquier denuncia grave se tramite por las vías institucionales correspondientes, con pruebas y respeto al debido proceso.

  3. El cese inmediato de discursos y prácticas que fomentan la estigmatización de dirigentes sociales, sindicales y ciudadanos críticos.

Finalmente, hacemos un llamado a las organizaciones sociales, sindicales, académicas y a la ciudadanía en general a mantenerse vigilantes, informadas y unidas en la defensa de la democracia, la verdad y los derechos fundamentales. El miedo y la mentira no pueden convertirse en herramientas de gobierno.

La democracia se fortalece con más participación, más transparencia y más justicia social, no con la manipulación ni el silenciamiento.

¿Amenaza contra el presidente?

Rodrigo Cabezas Moya.

Rodrigo Cabezas Moya

El director de la DIS convoca a la prensa cuando hace esa denuncia ante el OIJ, contrario a los protocolos de este y otros países en donde un hecho de esa magnitud se maneja con protocolos estrictos y la población se entera después de que los organismos de investigación han hecho su trabajo y en la mayoría de los casos ya hay detenidos.

Se imputa a una comunicadora que ha difundido videos incómodos en muchos gobiernos y poco después de que publicara un video donde participó la candidata oficialista; se ve claramente cuando al final la prensa la busca para entrevistarla y una persona la toma del brazo y lo impide.

Coincide con la llegada de un presidente de un país vecino en donde no existen las garantías individuales, se construyó una mega cárcel en donde igual ingresan criminales que simplemente sospechosos quienes pueden permanecer años sin juicio alguno y que participa del lucrativo negocio del turismo carcelario. El mensaje de mano dura es obvio a tres semanas de las elecciones.

Aquí el oficialismo ya ha hablado de suspender garantías individuales en zonas conflictivas del país. ¿El próximo 1º de febrero encontraremos en las escuelas, en vez de jóvenes guías a policías o peor aún se suspenderán las elecciones por temas de seguridad?

¡Costa Rica despierta!

Un poderoso acuerdo

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

En un país que dejó vencer su contrato social desde hace algunos años, alcanzar acuerdos y consensos es una tarea urgente y necesaria por cuanto lo que está en juego, ahora si, tiene que ver con el rumbo de la democracia y los valores de la convivencia ciudadana. La integración horizontal, en todo caso.

Ahora que los fuegos electorales entraron en veda y la circulación de mensajes y propaganda ha disminuido en su polifonía y volumen, es bueno recordar una acción plural suscrita recién en el mes de octubre.

Se trata del Acuerdo Nacional contra la desinformación y los discursos de odio en el marco de la actual campaña electoral.

Hasta hace pocos años era impensable que algo así preocupara a la ciudadanía de cara a unas elecciones nacionales. Pero las amenazas a la libertad de expresión, la ausencia de debate público y los más de dos millones de publicaciones con mensajes de odio identificados en 2025 en el país encienden todas las alarmas posibles.

El acuerdo incluye entre otros aspectos el respeto irrestricto al rol del Tribunal Supremo de Elecciones, la garantía de la ética en la información socializada y el rechazo a las voces de odio e intolerancia. Uno de los compromisos que claramente dibujan la orientación del documento, tiene que ver con la corrección oportuna ante desinformación verificada.

Firmado por un conjunto importante de organizaciones de la sociedad civil, el proceso cuenta con el respaldo de instituciones de alto nivel en su función de testigos y garantes de lo suscrito, entre ellas la Defensoría de los Habitantes, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) – Sede Costa Rica, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), el Programa Estado de la Nación y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En una temporada clave para el rumbo del país en todas sus dimensiones, un contrato como el que presenta este acuerdo es urgente y poderoso en sus consecuencias. La ciudadanía, nosotros y nosotras, debemos acudir en su funcionamiento, pero sobre todo en la protección de su papel en esta delicada hora que se avecina.