Representantes de Red MICA expondrán el caso este miércoles, en audiencia programada para las 10 de la mañana en la Ciudad de México
Gobierno acudirá con comitiva encabezada por Ministro de Comunicación, el mismo que ha entorpecido por más de dos años la posibilidad de reunión de Red MICA con Presidencia de la República
El Estado costarricense estará encarando una denuncia por falta de regulación e inacción estatal en materia de radiodifusión y uso del espectro radioeléctrico, lo cual, según la acusación, está generando violaciones a la libertad de expresión en materia de radiodifusión. La participación del Estado de Costa Rica se dará en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se realizará en Ciudad de México este próximo miércoles 6 de setiembre.
La audiencia, programada para las 10:15 am, tendrá como contraparte del Estado a la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa (Red MICA), organización que presentara la denuncia ante la CIDH a inicios del presente año. Red MICA se presentará a la audiencia con el respaldo de una representación del Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública (PROLEDI) de la Universidad de Costa Rica, así como del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
El Estado estará encarando la audiencia con una comitiva integrada por el actual Ministro de Comunicación ―Mauricio Herrera―, el Viceministro de Telecomunicaciones ―Edwin Estrada― y el encargado de Asuntos Jurídicos de Casa Presidencial, Marvin Carvajal.
La denuncia que presentara Red MICA se fundamenta en el hecho ―denunciado y confirmado por diversas instancias de la sociedad civil, de las universidades públicas y por la propia Contraloría General de la República―, de que el país carece de una normativa actualizada y coherente con las necesidades de participación equitativa, diversa y plural en el aprovechamiento del espectro radioeléctrico, y que se refleja en el acaparamiento de este recurso por parte de un sector dedicado exclusivamente a utilizar los medios con fines comerciales, excluyendo visiones y opciones de comunicación con enfoque social.
Desde la Red MICA, al lado de diversos actores de la sociedad civil y de las universidades públicas, se ha denunciado la ausencia de acciones de parte del Estado para romper esta situación y propiciar un acceso equitativo de los diferentes sectores al espectro radioeléctrico, de manera que se asegure la presencia de otras propuestas, además de las actualmente existentes. La inacción del Estado se expresa no solo en la insistencia de no actualizar la normativa vigente en materia de radiodifusión, considerada obsoleta debido a que fue emitida hace ya más de 63 años ―cuando ni siquiera existía radio FM ni Tv―, tanto como por incumplir mandatos de la propia Contraloría General de la República. Esta ausencia de acción del Estado ha sido considerada por estas organizaciones como “extrañamente” conveniente a los sectores empresariales que tienen el control de los medios de radio y tv en el país, y contraria a los intereses públicos, de manera que violentan las posibilidades de libertad de expresión del resto de la ciudadanía.
Según los representantes de la Red MICA, de la audiencia se espera que se generen recomendaciones desde la CIDH para que el Estado finalmente acceda a propiciar la participación de la sociedad civil en las decisiones relacionadas, y que, desde allí, se concreten decisiones orientadas a permitir el acceso, uso y aprovechamiento del espectro por parte de otros actores interés y posibilidad en hacer radio y tv sin fines de lucro.
La Red MICA optó por elevar la situación ante la CIDH debido a que considera haber agotado todas las vías formales para ser escuchados, incluyendo el incumplimiento expreso del Ministro de Comunicación, Mauricio Herrera, de facilitar una reunión con la Presidencia de la República, de manera que el Estado sigue sin escuchar a la sociedad civil para tratar este tema, y sigue sin asumir sus responsabilidades al respecto. Como contrapartida, lo que se tiene es un plan del Viceministerio de Telecomunicaciones ―celebrado en conjunto con la Cámara Nacional de Radio y Televisión (CANARTEL) en un desayuno sostenido en diciembre del 2016, con participación del propio Presidente de la República y del mismo Viceministro de Telecomunicaciones, Edwin Estrada― mediante el cual se estará entregando el llamado dividendo digital de Tv a los actuales empresarios de la Televisión nacional.
Para más información, puede comunicarse con:
Marvin Amador, 8335-3070 (martes antes de las 3:30 y después de las 6:30, miércoles en cualquier momento del día).
*Imagen con fines ilustrativos.
Enviado por Ley Participativa de Radio y Televisión CR.
Desde la lucha contra el Combo ICE se hicieron evidentes desacuerdos entre ecologistas, que se han ensanchado abismal e irreconciliablemente a raíz de los proyectos de ley sobre la gestión del recurso hídrico, promovidos casi todos por el Banco Mundial y su agencia privatizadora del agua, la Global Water Partnership (GWP).
Recientemente el foro «Criminalización de la protesta social: el caso de Costa Rica», organizado en la Universidad de Costa Rica, desató las protestas de un sector ambientalista, debido a que el Foro ofrecía como comentarista a la señora Eva Carazo, quien con su actuación, negando espacios de participación ciudadana, mereció la fuerte crítica de ese sector, para quien el mensaje es claro: “prohibido pensar diferente”. No hay tolerancia, se irrespetan los Derechos Humanos y la Libertad de Expresión de los que piensan distinto y esto está muy cerca al neofascismo… ¿neofascismo académico?… ¡peligro!
Dos veces al mes, Eva Carazo y Ciska Raventós, dirigen el programa Desayunos de la Radio Universidad de Costa Rica, que se nutre con los fondos del pueblo de Costa Rica, desde donde ignoraron la solicitud de respuesta, febrero 2015, solicitada por un grupo de ecologistas que mantienen una posición crítica sobre la promulgación de una nueva Ley de Aguas impulsada por el Banco Mundial. En ese programa radial, se había dado a conocer la posición de la Presidenta Ejecutiva del AyA Yamileth Astorga y CEDARENA, pero no se permitió que se presentaran argumentos contra del proyecto de ley de aguas por los grupos opositores, entre los que destacan CONCEVERDE, el Colectivo Agua es Vida y No Mercancía, la Asociación Conservacionista Yiski, el Comité Ambiental de Miramar, entre otros. Tampoco abrieron espacios a distintas personas como el Lic. José Fco. Alfaro, la abogada Leda Méndez, la educadora y diputada Ligia Fallas, la empresaria Flora Fernández, la extensionista María Elena Fournier, el biólogo Freddy Pacheco y la forestal Sonia Torres.
Algo similar ocurrió en el programa de televisión Era Verde, donde su directora Laura Chinchilla, solo luego de reiterados reclamos, abrió espacio a dos participantes del sector crítico de la nueva ley de aguas. Sin embargo, al mejor estilo de los medios de comunicación privada, con un guión impuesto… ¡así no se vale!
Se pone en evidencia la doble moral de las personas encargadas de programas radiales y televisivos universitarios, convertidas en “terratenientes” de medios de comunicación públicos, violentando derechos de algunos movimientos o colectivos ambientalistas porque no se coinciden en las posiciones. Se utilizan esos medios como vitrinas, escaparates y “tarimas” electoreras, para mantenerse vigentes, con la mirada fija en la Asamblea Legislativa.
De manera que la criminalización de la protesta social, trasciende los garrotes, golpes, detenciones y juicios contra la gente que protesta, ya que en su concepción más amplia, se reconoce la criminalización también como la negación de los espacios de participación en radioemisoras, televisoras, foros, talleres, reuniones, consultas y cualquier espacio donde se confronten ideas distintas en el marco del respeto mutuo.
A raíz de estas violaciones, en procura de la construcción de Universidades inclusivas, respetuosas de procesos democráticos, transparentes, donde priven la libertad de expresión y la libertad de información, proponemos que tanto en la Radio como la T.V. de la Universidad de Costa Rica y cualquier otra, se permita el manejo de espacios, una o dos veces al mes, del otro sector ambiental de este país, actualmente ignorado e irrespetado por quienes ostentan el poder mediático financiado con recursos del pueblo de Costa Rica.
*Imagen con fines ilustrativos tomada de www.taringa.net
En I Foro Institucional 2017: Costa Rica reflexiona sobre tarea pendiente en materia de libertad de expresión, comunicación y democracia en un momento clave para el país
Gabriela Mayorga López y redacción ODI-UCR,
Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR
En las puertas de entrada a la televisión digital la pregunta sobre qué tipo de televisión queremos, es ahora más pertinente que nunca. Costa Rica se despide de la TV por aire en un contexto de concentración mediática y derechos mermados en materia de expresión e información. – foto Karla Richmond.
¿Qué tipo de democracia tenemos en Costa Rica? Es una que crece con la crítica constructiva, que es inclusiva y deliberativa. No.
Por el contrario, la Dra. Nora Garita Bonilla, catedrática de la Escuela de Sociología, cree que se trata de una que no tolera el disenso, que no es deliberativa y que no muestra la exclusión. Afirma que hay prácticas de discriminación, exclusión y omisión que aplican los medios de comunicación y que ocultan que realmente vivimos en una sociedad atravesada por la desigualdad. En ese contexto Costa Rica dará el paso a la televisión digital.
Para analizar el tema, la Universidad de Costa Rica realizó del 6 al 28 de junio el I Foro Institucional del 2017 que se dedicó a la libertad de expresión, comunicación y democracia. En total se realizaron ocho mesas redondas que convocaron a más de 30 voces expertas y opiniones diversas que evidenciaron una realidad mediática deslucida y en deuda con la calidad democrática.
Los críticos foristas tuvieron el reto de mostrar opciones de ruta para construir opinión y activar acciones que fortalezcan la democracia costarricense, el foro fue un intento por hacer un alto en el camino y provocar una reflexión necesaria, para poder retomar tareas, ojalá en la dirección correcta.
El próximo 15 de diciembre, será el apagón analógico y nacerá la televisión digital (TVD), lo que supone el fin de la televisión por aire y la promesa de una mejora de la calidad de imagen y sonido, pero además este paso también debería garantizar pluralismo ideológico y diversidad cultural.
Sin embargo, la definición de un modelo televisivo depende más allá de la tecnología, de las relaciones políticas, económicas, sociales y culturales. Entonces la respuesta a la pregunta ¿Cuál televisión queremos en Costa Rica? hoy más que nunca es definitoria.
Concentración de medios y mala información
La concentración de medios en Costa Rica “es un tema complejo, políticamente muy delicado, casi intocable, pues los grandes empresas mediáticas tienen sus agentes y sus condicionantes y sus silencios también”, señaló en la apertura del Foro Institucional el Dr. Fernando Cruz Castro, magistrado de la Sala Constitucional.
La voz del magistrado Cruz fue inaugural para el debate al cual se unieron investigaciones, datos y conclusiones: el sistema de medios de comunicación no es plural ni diverso, además es “excluyente, absolutamente comercial y discriminatorio” agregó la Lic. Giselle Boza, del Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública (Proledi) de la UCR.
Para el 2016 la mayor concentración de las frecuencias en radio y televisión disponibles, la tiene la firma Representaciones Televisivas (Repretel) que posee ocho canales de televisión y 13 frecuencias de radio.
Además, la iglesia católica y otras cristianas, junto con dos firmas internacionales, Otoche SRL y The Worldwide University Network Radio concentran la mayor cantidad de frecuencias y canales.
El tema de la concentración de medios se agravaría en el momento que entre a funcionar la televisión digital en Costa Rica, pues este permite el aumento en la cantidad de canales de televisión disponible ¿A quién se los darán?
La M.Sc. Luisa Ochoa Chaves afirmó que los vacíos legales que presenta la actual “Ley de radio”, creada en 1954, impide que se reconozca la participación de los medios locales y comunitarios, mientras “permite el traspaso y venta de frecuencias”.
De momento, el plan nacional de asignación de frecuencias ofrece un permiso provisional experimental de prueba de televisión digital, esas mismas asignaciones funcionarán luego del paso a la televisión digital, según explicó el investigador del Prosic-UCR Roberto Cruz Romero.
Falsa conciencia: es cuando conscientemente se ofrece una interpretación errónea de la realidad.
Una misma voz en muchos canales supone un riesgo para la democracia, pues niega el derecho de libertad de expresión e información a quienes no tienen los medios para hablar. No garantizar un conjunto de medios de comunicación plural, sería debilitar la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas en un país.
Empero por sobre la estructura mediática con la que convivimos a diario, la queja también es sobre la calidad del contenido que se nos ofrece. Al respecto la M.Sc. Carolina Carazo, comunicadora, docente e investigadora de la UCR recordó que los medios de comunicación construyen diariamente la realidad social y opinión pública al visibilizar ciertas realidades o actores en su agenda de contenidos.
Estas coberturas noticiosas responden de forma permanente a los intereses económicos y políticos de los medios de comunicación, pero lejos de plantear posturas editoriales claras, aprovechan su credibilidad para legitimar tratamientos intencionados frente a las audiencias.
Lo anterior es aun más grave en el contexto de las campañas electorales. El M.Sc. Fernando Zeledón afirmó que los medios de comunicación apuestan cada vez más por el desarrollo de un “tratamiento marginal de la política”.
Zeledón lamentó que lejos de desarrollar un debate profundo de las propuestas que realiza cada partido político, las agendas de los medios de comunicación reproducen “lo que dice la gente de lo que se debate, más que lo debatido”.
En general la omisión y exclusión de ciertos temas y actores de la agenda informativa costarricense preocupa a académicos.
“Muy a menudo lo más importante que dicen los medios es lo que no dicen” señaló el Dr. Carlos Sandoval García, académico de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva e investigador, con esta frase lanzó la llamada de atención para hacer una lectura crítica de la agenda informativa de los medios y su impacto en la construcción del espacio público y el ejercicio de la democracia.
Además recordó otros usos y tratamientos informativos como la distorsión deliberada de ideas y conceptos, la banalización de los hechos, el aumento del infoentretenimiento y la falsa conciencia.
Todo lo anterior se replica en las plataformas tradicionales y en las digitales, donde aprovechando su credibilidad se favorece la viralización de ese discurso.
Falsa conciencia: es cuando conscientemente se ofrece una interpretación errónea de la realidad.
UCR pide proteger el derecho a la libre expresión
Además del paso a la TV digital y la distribución de frecuencias, la Universidad de Costa Rica abordó el tema del derecho a la libre expresión, comunicación y democracia; también para evidenciar debilidades en el sistema costarricense que deben ser atendidas.
A la ciudadanía, el I Foro Institucional UCR 2017 advirtió que el derecho a la libertad de expresión no se circunscribe únicamente a la emisión de opinión o pensamiento, también comprende manifestaciones artísticas, libertad de manifestaciones de cariño en público o privado (referido a comunidad LGBTI), colegiatura obligatoria o no para emitir criterio, la posibilidad de exigir a los medios derechos de respuesta, el derecho de libre expresión de los mismos periodistas dentro de los propios medios donde trabajan, protesta social, derechos de los ciudadanos frente a la publicidad engañosa y educación sexual distinta a concepciones religiosas.
Ese fue el criterio de la M.Sc. Rosaura Chinchilla Calderón, jueza de la República y coordinadora de la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica, quien abordó el tema del entorno legal y la jurisprudencia de la libertad de expresión en Costa Rica.
Banalización: se comete cuando un tema que es trascendente se trivializa. Sucede cuando se le dan cualidades humanas a los objetos. Ejemplo tomado de la presentación del académico Carlos Sandoval García sobre «Causas y formas de discriminación y exclusión social en las agendas de los medios» En la imagen: anuncio de vehículo en prensa escrita de la marca Isuzu indica «Llegó el semental, el del pelo en pecho, el que no pide permiso, el mal amansado, llegó papi».
El girasol se voltea hacia la luz
Es necesario crear espacios para la libertad de pensamiento por medio de políticas públicas que promuevan el pensamiento crítico y una “ciudadanía de personas, no de individuos”, concluía el Magistrado Fernando Cruz.
Luego de ocho mesas redondas y 30 voces expertas, entre investigadores, docentes, invitados de la empresa privada y Gobierno, quedó claro que el marco jurídico costarricense referido a la libertad de expresión y comunicación, debe robustecerse para propiciar el pluralismo, la diversidad de actores, evitar la concentración de medios y dar espacios a medios comerciales, comunitarios y públicos.
También, como generadores todos de contenido en la sociedad de la información y el conocimiento, la academia pide reflexionar sobre la democracia que queremos y el rol de los medios en esta construcción. Así como cuestionar si las redes sociales realmente son la vía de expresión ciudadana democrática o si por el contrario, están jugando como factores de desmovilización social.
“No percibo ninguna voluntad política para tener esa nueva ley de medios, y no la percibo ni en la Asamblea Legislativa ni en el Poder Ejecutivo” con esas palabras el pasado 28 de junio el rector Henning Jensen Pennington señaló la apatía política para reformar la Ley de Radio que data de 1954 – cuando en Costa Rica aún no existían siquiera las televisoras –, y sigue siendo la única normativa que regula el funcionamiento de medios de comunicación en el país y que tiene grande vacíos.
Al cerrar el I Foro Institucional del 2017 queda en claro que: hay necesidad de crear políticas públicas que promuevan el pensamiento crítico; que se debe reforzar la legislación que regula el derecho de expresión e información, especialmente en el contexto del paso a la TV digital y la distribución de frecuencias; que es importante que la ciudadanía sea vigilante y garante de sus derechos frente a la agenda mediática, el sistema educativo, la represión de la protesta y otros casos.
La Universidad de Costa Rica realiza desde el 2009 los foros institucionales que abordan temas en los que la universidad considera necesario abrir un espacio de reflexión para abordar temas nacionales que ameritan una pausa.
Cada año la UCR realiza dos espacios de este tipo y ha abordado temas como: funcionamiento del Estado para un desarrollo con equidad, la Universidad de Costa Rica como aporte al Estado Social de Derecho, planificación del recurso hídrico, el desarrollo eléctrico en Costa Rica, fortalecimiento del sistema educativo y cómo se dibuja el futuro de Costa Rica, entre otros.
I Foro Institucional 2017 sobre Libertad de Expresión
Tatiana Carmona Rizo,
Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR
Uno de los retos de la libertad de expresión en el entorno digital que señalaron los expertos radica en la necesidad de alfabetizar a la población para que pueda discriminar los contenidos falsos y no éticos que circulan en las plataformas digitales (ilustración: Rafael Espinoza).
La llegada de internet y de las redes sociales ha contribuido a la democratización del espacio mediático y a la ruptura del monopolio de los grandes medios de comunicación.
Estas son algunas de la conclusiones a las que llegaron los comunicadores Any Pérez, Camila Salazar e Ignacio Siles, tras analizar los principales retos de la libertad de expresión en el entorno digital, en el marco del I Foro Institucional UCR 2017.
Los expertos coincidieron que las redes sociales, han provocado un cambio en el consumo de la información, lo cual implica un importante reto para los profesionales y medios de comunicación, en materia de producción, visualización y posicionamiento de contenidos digitales.
Por su parte, la periodista independiente Any Pérez afirmó que en el entorno digital “la gente tiene el poder” y que el criterio de relevancia de la información son las interacciones y las comunidades, lo cual ha provocado un cambio en el ecosistema de la comunicación.
En este sentido, la experta resaltó que ahora la gente lee, comparte e interactúa con aquellos contenidos que han sido consumidos por su círculo de amigos, o con los contenidos que les sugieren las redes sociales, a través de algoritmos que identifican los hábitos de consumo de los usuarios.
Desde la perspectiva de la comunicadora, este nuevo ecosistema de comunicación ya no está limitado por la agenda de los medios de comunicación tradicionales, lo que convierte a estas nuevas plataformas en un espacio ideal para que las páginas comunales o que informan sobre un tema específico puedan generar una mayor interacción con los usuarios y capturar más audiencia.
Fake News y alfabetización digital
Además de referirse a los nuevos hábitos de consumo, Pérez afirmó que estas plataformas también plantean retos en materia de libertad de expresión.
En la mesa sobre los retos de la libertad de expresión en el entorno digital participaron los comunicadores Any Pérez, Ignacio Siles y Camila Salazar (foto: Karla Richmond).
En su opinión, hay una gran cantidad de páginas informativas que no son manejadas por profesionales de la comunicación, lo que podría repercutir en la calidad, el tratamiento ético y la veracidad de la información que reciben los usuarios.
Desde su perspectiva, para solucionar la problemática de las “Fakes News” y del tratamiento no ético de la información, es necesario capacitar a los gestores de estas páginas para que produzcan contenidos de calidad y alfabetizar a las audiencias para que puedan discriminar las noticias falsas por sus propios medios.
Acceso a la información pública y transparencia
Otro de los retos planteados en este foro, radica en el acceso que tienen los ciudadanos a información que generan las instituciones públicas.
En este tema, la periodista Camila Salazar, de la Unidad de periodismo de datos del periódico La Nación señaló que en este contexto digital es necesario que las instituciones públicas sean transparentes y brinden al usuario (ciudadano) información actualizada y en formatos accesibles.
“Hoy nos enfrentamos a una ruptura del monopolio de los grandes medios de comunicación como únicos espacios en donde se generan noticias y contenidos y en donde la gente puede informarse y expresarse” afirmó Salazar
Sin embargo, la experta mencionó que aunque en la actualidad nos enfrentamos a un gran flujo de información, esto no significa que la ciudadanía tenga mayor acceso a información pública.
En su opinión, es contradictorio que en un entorno digital, las instituciones no sean capaces de sistematizar información pública en formatos accesibles y que sean de utilidad para los ciudadanos: “aún hay negativa de las instituciones a entregar información en formatos digitales” dijo.
Desde su perspectiva, los datos abiertos son una herramienta fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión y de la democracia participativa.
Por otra parte, la periodista mencionó que otro reto para los profesionales de la comunicación, en el entorno digital radica en ¿cómo poder conquistar a las audiencias?
“Hay que pensar en formas para que la audiencia pueda interactuar con los contenidos, ya no es solo el texto, sino que existen otras formas diferentes de presentar la información para que la gente pueda consumir desde el teléfono y puede interactuar” explicó Salazar.
“Hay una brecha entre lo que los medios ofrecen y lo que las audiencias quieren”
Otro de los retos planteados en esta discusión, radica en el hecho de qué tipo de información está consumiendo la población costarricense en las plataformas digitales.
En este aspecto, el Dr. Ignacio Siles está desarrollando una investigación para determinar qué tipo de contenidos ofrecen los medios de comunicación en facebook y su plataformas web y cuál es la información que está siendo más leída y compartida por las audiencias, en estos mismos espacios.
Para este estudio, el investigador dividió la información que publican los medios de comunicación (Nación y Cr Hoy) en dos grandes temas: asuntos públicos (noticias que ayudan a la ciudadanía a estar informada en temas de política, economía, salud y gobierno) y asuntos no públicos (deportes, sucesos, entretenimiento, entre otros).
De acuerdo con el estudio de Siles hay varias tendencias en este tema, una de ellas es que los medios dedican gran parte de sus espacios a informar sobre asuntos públicos pero la población lee y comparte información sobre asuntos no públicos.
Otra de las conclusiones del estudio, es que los medios publican menos información sobre asuntos públicos en sus redes sociales, en comparación a la cantidad de contenidos de este tipo que hay en sus sitios web “es decir se suaviza la agenda de los medios en esta plataforma” Siles.
La Mesa “Retos de la Libertad de Expresión en el entorno digital” se llevó a cabo este miércoles 21 de junio, en el marco del Primer Foro Institucional 2017: Libertad de expresión, comunicación y democracia.
El décimo informe del Prosic muestra algunos datos relevantes acerca del consumo contenidos informativos digitales en Costa Rica.
La libertad de expresión y el ejercicio periodístico son actos de sobrevivencia en algunos países. Hoy, especialmente, en México.
La noble y valiente prensa de ese país ha sido víctima de muerte como consecuencia de la corrupción y el crimen organizado, convirtiendo este país en uno de los lugares más peligrosos del mundo para los periodistas.
El Colegio de Periodistas de Costa Rica condena y repudia todo acto de violencia contra comunicadores y medios de comunicación.
Solicitamos a las autoridades mexicanas que implementen los mecanismos necesarios para combatir estos graves hechos que coartan la libertad de expresión, el derecho a la información y la vida misma de quienes ejercen el periodismo. Recae en sus autoridades que los responsables de las amenazas, agresiones y asesinatos de reporteros sean encontrados y castigados con todo el peso de la ley, y se ponga fin a este clima de impunidad.
Como lo ha manifestado públicamente IFEX-ALC, una alianza de 23 organizaciones de América Latina y el Caribe, en más del 50% de estas agresiones intervienen policías municipales y militares, por lo que urge una firme acción por parte de las altas autoridades de este país.
Por el bien de la sociedad y de ese extraordinario país, el cual hemos aprendido a amar desde pequeños con la lectura de sus héroes de palabra franca, como Octavio Paz o Carlos Fuentes, no podemos menos que instar públicamente para que el derecho a la información sea garantizado por el Estado mexicano.
Que los periodistas y los trabajadores de la prensa puedan investigar y difundir la verdad sin ser atemorizados o amenazados, es la única garantía para que una nación pueda mirarse a sí misma.
El Colegio de Periodistas de Costa Rica, gremio que cree y defiende estos principios, eleva su voz y hace pública la solidaridad con los periodistas mexicanos.
Una prensa vigorosa, libre e independiente puede lograr hasta lo impensable.
Abogamos entonces, por la existencia de un escenario de tolerancia y respeto hacia la dignidad humana.
La Universidad de Costa Rica invita a la inscripción al Primer Foro Institucional 2017 UCR: «Libertad de Expresión, Comunicación y Democracia», a realizarse los días 6, 7, 14, 21 y 28 de junio del 2017 en el Auditorio del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP).
Ingrese en los siguientes enlaces para conocer del programa del Foro y el formulario de inscripción:
El próximo 6, 7, 14, 21 y 28 de junio de 2017 se estará llevando a cabo el Primero Foro Institucional 2017 “Libertad de Expresión, Comunicación y Democracia” en el Auditorio del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP).
Para más información, ingrese en el siguiente enlace:
Foto de la presentación de la acción en la Sala Constitucional, San José.
Este jueves 09 de marzo, integrantes de la Red de Iniciativas y Medios de Comunicación Alternativa (RedMICA) y de la Asociación Voces Nuestras darán a conocer los detalles de una acción de inconstitucionalidad que interpusieron el pasado lunes 06 de marzo en contra de la Ley de Radio, por graves vacíos legales que lesionan la libertad de expresión y la protección de bienes públicos, como el espectro radioeléctrico. Mediante la acción legal también se impugna el Reglamento de Transición a la Televisión Digital (Decreto ejecutivo 36774).
La conferencia de prensa, en la que se darán a conocer todos los detalles de esta acción legal y sus posibles implicaciones, será este jueves 9 de marzo, a las 10 a.m. en la Plaza de la Libertad de Expresión, en la Universidad de Costa Rica, ubicada frente al Semanario Universidad.
Representantes de la RedMICA denunciaron abandono del tema por parte de autoridades estatales
Relator Especial de la CIDH mostró anuencia a trabajar con la sociedad civil
El pasado 1 de diciembre, la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa (RedMICA) obtuvo buenos resultados del encuentro que sostuvo con Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y José de Jesús Orozco, Comisionado de la misma instancia, en Ciudad de Panamá.
En esta reunión, la representación costarricense denunció las violaciones sistemáticas a la libertad de expresión que se dan en Costa Rica, por la ausencia de un marco legal actualizado en materia de radio y televisión, así como la inacción gubernamental en la materia.
La RedMICA informó que como resultado de esta reunión, el informe del próximo año sobre libertad de expresión que publica la Relatoría Especial de la CIDH, incorporará los datos e informaciones facilitadas sobre la situación de Costa Rica. Además, se brindará prioridad a la situación costarricense en la próxima sesión de la CIDH en marzo de 2017. También se logró una manifestación positiva por parte del Relator Especial para trabajar este tema en conjunto con el movimiento social costarricense por el derecho a la comunicación.
En esta cita, la RedMICA estuvo representada por Andrea Alvarado, Sebastián Fournier y Mónica Granados, quienes explicaron cómo Costa Rica violenta los Estándares de Libertad de Expresión para una Radiodifusión Libre e Incluyente, establecidos por la CIDH en 2009. Allí demostraron que la legislación actual en el tema no reconoce la existencia de medios comunitarios, no establece facilidades para medios alternativos y no contiene límites para evitar que muchos medios se concentren en pocas empresas.
“El hecho de que la CIDH y la Relatoría se preocupen por el caso de nuestro país, demuestra que la Comunicación es un Derecho Humano y que la libertad de expresión tiene una dimensión social que está desprotegida en Costa Rica. Vamos a continuar denunciando las violaciones a la libertad de expresión que se dan en nuestro país”, comentó Andrea Alvarado, una de las representantes de la agrupación.
La RedMICA es una organización de la sociedad civil que agrupa a medios alternativos, comunicadores, comunicadoras, organizaciones comunitarias, activistas y personas del ámbito académico que impulsan desde hace siete años el respeto a la dimensión social de la libertad de expresión como un derecho humano. Actualmente impulsan la recolección de firmas ciudadanas para la presentación de un proyecto de ley que actualiza el marco legal de la radio y la televisión costarricense mediante el mecanismo de iniciativa popular.
América Latina se encuentra amenazada por la alta concentración de medios de comunicación en manos de pocas empresas
Se consolida la Alianza por la Diversidad y el Pluralismo en la Comunicación con 15 organizaciones de América Latina
Santiago, Chile.- El pasado 5 y 6 de octubre, representantes de diferentes organizaciones sociales de América Latina, incluida la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa (RedMICA), de Costa Rica, se dieron cita en el Colegio de Periodistas en Santiago de Chile, para compartir experiencias e investigaciones sobre cómo impacta en la libertad de expresión la concentración mediática que actualmente amenaza a toda la región.
Se conocieron cifras actualizadas de concentración de las audiencias mediáticas en cinco países de la región. El académico Guillermo Mastrini comprobó que en cada país el mercado de las audiencias está en manos de muy pocas empresas, y afirmó que “en la práctica, la legislación latinoamericana regula los servicios audiovisuales a partir de legislaciones de telecomunicaciones que se preocupan de la promoción de la competencia; es decir, con criterios únicamente económicos y sabemos que no se pueden dejar por fuera los criterios de diversidad y pluralidad”.
Aleida Calleja, del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (OBSERVACOM) dijo que “tenemos el gran desafío de que la sociedad civil participe en la construcción de las legislaciones y políticas sobre medios audiovisuales. Actualmente no se cumplen los estándares de la Relatoría de la Libertad de Expresión sobre diversidad y pluralidad y las acciones de la sociedad civil deben estar articuladas”.
La entrada en vigencia de la televisión digital y su impacto en la promoción de la pluralidad de medios fue una de las investigaciones presentadas en una de las mesas de discusión. Según la investigación, a pesar de que algunos países se han comprometido a reservar alguna parte pequeña del dividendo digital resultante de este cambio tecnológico para medios no comerciales, la tendencia en América Latina es mantener un status quo de control de los medios por parte de grandes grupos comerciales, que actualmente concentran gran parte del uso del espectro de radio y televisión.
Oscar Pérez, de la Fundación Comunicándonos de El Salvador presentó como uno de los grandes riesgos de la región centroamericana el hecho de que “la digitalización no se ha convertido en una oportunidad, sino que ha fortalecido los oligopolios mediáticos, en detrimento de la calidad de las democracias”.
Otra de las investigaciones presentada por la organización Intervozes se enfocó en la concentración que enfrenta Brasil en el sector de la televisión pagada o por cable, que abarca a 19,76 millones de usuarios. En este sector la empresa Net/Claro/Embratel acapara a más de 10 millones de usuarios. “Hay una tendencia que si no la logramos cambiar en el parlamento, toda la televisión por cable acabará en manos de dos únicas empresas comerciales” afirmó Ana Claudia Mielke de Brasil.
Alianza por la Diversidad y el Pluralismo en la Comunicación
Este encuentro internacional también sirvió de reunión de trabajo de la Alianza por la Diversidad y el Pluralismo, que actualmente agrupa a 15 organizaciones de América Latina, incluida la RedMICA.
Se formalizaron acuerdos de cooperación y trabajo conjunto entre organizaciones, así como formas de funcionamiento de la alianza a futuro.
A la vez, se firmó una declaración por la diversidad y el pluralismo en la comunicación, en la que se le exige a los Estados medidas que limiten y reviertan la alta concentración mediática, a través de marcos regulatorios, planes y políticas públicas que reconozcan y promuevan el sector sin fines de lucro; entre ellos medios comunitarios, sociales e indígenas, así como el fortalecimiento de los medios públicos.
Las organizaciones integrantes de la alianza hicieron un llamado a las instancias internacionales de derechos humanos para que los procesos de digitalización de la radio y la televisión no resulten en una consolidación o ampliación de la concentración como es la tendencia actual, sino que se torne en una oportunidad efectiva para un mayor pluralismo y diversidad en nuestros países.
