La Arquidiócesis de San José, por medio del arzobispo metropolitano, monseñor José Rafael Quirós Quirós, difundió un comunicado en el que reafirma la misión pastoral de la Iglesia basada en el respeto, la serenidad y la construcción del bien común. El pronunciamiento responde a recientes declaraciones del presidente de la República. La Iglesia enfatiza que no ingresará en confrontaciones personales y que continuará señalando, con respeto y firmeza, los temas de interés nacional, entre ellos el proceso de otorgamiento de frecuencias de radio y televisión.
Comunicado (texto íntegro)
COMUNICADO DE PRENSA
Ante las recientes declaraciones del señor presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, Monseñor José Rafael Quirós Quirós, arzobispo metropolitano de San José, desea expresar:
“La Iglesia no entra en la lógica de las descalificaciones personales. Nuestra misión pastoral exige respeto, prudencia y serenidad. La palabra que ofrecemos busca construir, jamás dividir. Por ello, no responderemos en el plano personal, pues creemos firmemente que el país necesita diálogo responsable y altura en el debate público.
Seguiremos manifestando nuestras preocupaciones con transparencia y sentido de servicio.
En asuntos de interés nacional —como el proceso de otorgamiento de frecuencias de radio y televisión— continuaremos señalando, con respeto y firmeza, aquello que consideramos importante para la pluralidad, la libertad de expresión y el bien común. Lo haremos siempre desde nuestra vocación de acompañar al pueblo costarricense.”
La Arquidiócesis reitera su compromiso con la paz social, el respeto institucional y la construcción de una convivencia democrática en la que todas las voces puedan ser escuchadas.”
Arquidiócesis de San José San José, Costa Rica 26 de noviembre de 2025
Las ciudadanas Rocío Ramírez Varela y Sonia Sandí Zúñiga presentaron un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, y la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Pabla Bogantes Zamora, debido a las condiciones establecidas para la subasta del canon por el uso del espectro radioeléctrico para radio AM/FM y televisión abierta. Según las recurrentes, estas reglas vulneran derechos fundamentales, favorecen la concentración mediática, amenazan el pluralismo informativo y ponen en riesgo la continuidad de medios regionales, comunitarios, culturales y religiosos.
La acción se presentó en defensa de los derechos propios de las firmantes y “de la ciudadanía costarricense en general”.
La subasta y sus efectos: argumentos del recurso
El recurso explica que, mediante instrucción del Poder Ejecutivo del 26 de junio de 2024, la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) abrió un proceso para subastar las frecuencias de radio y televisión, estableciendo como fecha límite para presentar ofertas el 21 de noviembre de 2025.
Los segmentos incluidos en la subasta son:
Radio AM: 525 kHz – 1705 kHz
Radio FM: 88 MHz – 108 MHz
Televisión: 174 MHz – 216 MHz y 470 MHz – 608 MHz
Las recurrentes consideran que los montos base fijados para la subasta resultan desproporcionados y excluyentes, pues:
Las frecuencias de radio FM nacional inician en $193 051 y pueden duplicarse según el ancho de banda.
Las frecuencias de televisión nacional oscilan desde $157 629 hasta $1 601 786.
Esto, exponen, crea un escenario en el que solo grandes grupos económicos pueden participar, mientras que los medios pequeños y comunitarios quedan fuera. Como consecuencia directa, varios medios han advertido que no podrán seguir operando, lo cual afectaría la diversidad informativa, la producción cultural y el acceso ciudadano a contenidos relevantes.
Además, el recurso alerta sobre peligros democráticos asociados a esta dinámica:
Riesgo de acaparamiento del espectro por conglomerados económicos o personas vinculadas a actividades ilícitas.
Concentración mediática que restringiría las voces regionales, alternativas o con otras perspectivas.
Posibilidad de que solo grupos o personas afines al gobierno accedan a las licencias, obstaculizando la diversidad ideológica y el debate público plural.
Las recurrentes retoman incluso la preocupación expresada por la Conferencia Episcopal al señalar que “las frecuencias de radio y televisión no se pueden decidir solamente por dinero”, recordando que el espectro radioeléctrico es un bien público y que de él depende la libertad de expresión en su dimensión social.
Derechos fundamentales que se alegan como vulnerados
El recurso detalla que las medidas adoptadas lesionan varios derechos constitucionales:
Libertad de expresión y comunicación
Derecho a la información, individual y colectiva
Derecho al trabajo de las personas empleadas en los medios que están en riesgo de cierre
Principio de legalidad y proporcionalidad en la actuación administrativa
Asimismo, se reconoce que el espectro radioeléctrico es un bien público cuyo acceso debe garantizar condiciones equitativas y no discriminatorias.
Fundamento jurídico destacado
Las recurrentes sustentan el amparo en:
Artículo 48 de la Constitución Política, que regula el recurso de amparo como tutela inmediata de derechos fundamentales.
Ley de la Jurisdicción Constitucional, artículos 25 y siguientes.
Jurisprudencia de la Sala Constitucional que protege la libertad de expresión y la pluralidad informativa frente a actos administrativos que puedan restringirla.
Petitorias dirigidas a la Sala Constitucional
En la parte final del recurso, Ramírez y Sandí solicitan:
Admitir el recurso de amparo.
Suspender de inmediato los efectos del acto administrativo que dispuso la subasta con las condiciones actuales.
Restablecer los derechos fundamentales lesionados, lo cual incluye garantizar la continuidad de las transmisiones de los medios afectados y proteger el derecho al trabajo de sus empleados.
Condenar a las autoridades recurridas al pago de costas, daños y perjuicios.
Quiénes presentan el recurso
Rocío Ramírez Varela, oficinista, vecina de Hatillo
Sonia Sandí Zúñiga, abogada, vecina de Tres Ríos
Ambas actúan en representación propia y “de la ciudadanía en general”.
Como obispos, no pretendemos intervenir en disputas técnicas ni económicas. Pero sí tenemos el deber pastoral de iluminar, desde la ética cristiana, aquellas decisiones públicas que pueden afectar el tejido social, la libertad de expresión y el acceso de los ciudadanos a una comunicación verdaderamente plural. La discusión actual sobre la subasta de las frecuencias de radio y televisión no es un asunto menor. No hablamos simplemente de un bien comercial, sino de un recurso público que sostiene la vida democrática del país.
La doctrina social de la Iglesia enseña que los bienes comunes deben administrarse de modo que beneficien al conjunto de la sociedad y no únicamente a quienes tienen mayor capacidad económica. Cuando un Estado decide asignar frecuencias solo bajo criterios de recaudación o competencia financiera, corre el riesgo de reducir la comunicación a un mercado, olvidando su dimensión social, cultural y espiritual. Un país no puede permitirse que las frecuencias queden determinadas exclusivamente por la lógica del capital.
Por eso creemos que es necesario repensar el criterio de subasta. No se trata de oponerse por principio a los mecanismos modernos de administración pública, sino de recordar que la comunicación tiene un valor que no cabe en una planilla contable. La asignación de frecuencias debería considerar también la trayectoria de servicio, la contribución al bien común, el impacto educativo, la promoción de valores, la representación de comunidades locales y minoritarias, y la preservación de espacios que no responden al lucro, sino a la misión.
La radio y la televisión católica —como otras comunitarias, culturales o de servicio público— no existe para competir con nadie. Existe para servir. Su aporte no se mide por ingresos, sino por la cantidad de conciencia que despierta, por el acompañamiento espiritual que brinda, por la palabra de consuelo que ofrece, por el alivio que llega a quienes viven solos, enfermos o en zonas rurales. ¿Debe extinguirse ese servicio simplemente porque otro actor puede pagar más por una frecuencia? Sería una victoria económica pero una derrota moral para el país.
Del mismo modo, reconocemos y valoramos el aporte de los medios no confesionales, sean nacionales, comunitarios, culturales, educativos o independientes. Ellos también cumplen una misión social insustituible: dar voz a quienes no la tienen, acompañar procesos locales, fortalecer la identidad cultural y abrir espacios de diálogo ciudadano. La pluralidad comunicativa se sostiene en la diversidad de proyectos que, desde distintas convicciones y perspectivas, enriquecen la vida democrática. Defender su existencia es defender la posibilidad de que Costa Rica escuche todas sus voces, no solo las que provienen del poder económico.
La libertad de expresión no se protege solo evitando la censura; también se protege garantizando condiciones para que existan voces diversas. Una sociedad donde sobreviven únicamente los medios con más recursos económicos es una sociedad que escucha menos, que aprende menos, que dialoga menos.
Por eso hacemos un llamado respetuoso y firme: no reduzcamos las frecuencias al mejor postor. Pensemos un modelo que reconozca la dimensión humana y social de la comunicación. El país ganará más asegurando pluralidad que maximizando ingresos.
Cuidar las frecuencias no es cuidar a una institución. Es cuidar el derecho de nuestro pueblo a una palabra libre, diversa, responsable y profundamente humana.
† Javier Román Arias Obispo de Limón Presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica
El próximo miércoles 26 de noviembre, a las 9:00 a.m., se presentará el informe “Democracia en riesgo: percepciones, amenazas y respuestas ante la desinformación” en la Sala de Prensa -3 de la Asamblea Legislativa. La actividad es organizada por el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI-UCR), con el respaldo institucional de la Universidad de Costa Rica, la Asamblea Legislativa, y diversas organizaciones aliadas nacionales e internacionales.
El estudio analiza cómo las personas en Costa Rica perciben y experimentan la circulación de contenidos falsos en redes sociales, los riesgos que esto representa para el sistema democrático y las respuestas institucionales y sociales necesarias para enfrentar la desinformación. El informe se desarrolla en un contexto de creciente impacto de mensajes engañosos sobre la opinión pública, la confianza ciudadana y los procesos electorales.
La presentación ofrecerá un panorama actualizado sobre:
patrones de exposición a la desinformación,
niveles de confianza en las instituciones,
efectos emocionales y cognitivos provocados por contenidos falsos,
respuestas ciudadanas y estatales,
y recomendaciones para fortalecer una cultura democrática basada en información verificada.
Las personas interesadas en asistir pueden confirmar su participación en el siguiente formulario de inscripción: 🔗 https://ucr.cr/r/Rporx
El Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI) de la Universidad de Costa Rica (UCR) convoca a una capacitación dirigida a personas candidatas a diputaciones y a la Presidencia de la República, como parte del proyecto UCR Electoral 2026 y la campaña #OjoconlaDesinformación.
La jornada se realizará el lunes 24 de noviembre de 2025, de 9:00 a.m. a 12:00 m.d., en el Auditorio de EDUCON, en la Ciudad de la Investigación de la UCR.
La sesión estará a cargo de la MSc. Giselle Boza Solano, especialista en libertad de expresión y acceso a la información pública, y abordará temas centrales para el ejercicio democrático durante el proceso electoral.
Temas que se desarrollarán
Alcances y garantías del derecho a la libertad de expresión.
Libertad de expresión en periodos electorales.
Retos en entornos digitales: incitación al odio y desinformación.
Marco jurídico del derecho de acceso a la información pública.
Jurisprudencia reciente relacionada con transparencia y acceso a datos públicos.
La actividad busca ofrecer herramientas jurídicas y conceptuales a quienes aspiran a cargos de elección popular, promoviendo mayor claridad sobre la importancia de garantizar el acceso a información pública y el ejercicio responsable de la libertad de expresión.
Las personas interesadas deben confirmar su participación mediante el formulario disponible en el siguiente enlace: 👉 https://ucr.cr/r/QVzoy
La Universidad de Costa Rica queda en la mejor disposición de colaborar con el criterio de personas expertas en la materia. (Foto: Cortesía Semanario Universidad)
María del Mar Izaguirre Cedeño, Periodista
El Consejo Universitario (CU) de la Universidad de Costa Rica acordó, en la sesión de este martes 18 de noviembre, instar al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) y a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) a suspender de forma precautoria la licitación para el uso y explotación del espectro radioeléctrico destinado a la radiodifusión y a la televisión abierta.
El Órgano Colegiado fundamenta su petición en la “amenaza a la democracia sustantiva” y el potencial riesgo a la libertad de prensa y la diversidad cultural que representan los requisitos que contiene la Licitación Mayor n.° 2025LY-000003-SUTEL. De acuerdo con lo analizado los requisitos son desproporcionados y podría conducir a un “cierre técnico” de medios existentes, ya que se promovería la concentración de medios en pocas manos y se facilitaría el uso de dineros ilícitos en el proceso.
El acuerdo unánime del Consejo Universitario surge tras analizar las preocupaciones expresadas por múltiples sectores, nacionales e internacionales, respecto a los efectos adversos que tendría la subasta de frecuencias.
Según el Órgano Colegiado, el proceso licitatorio actual podría contravenir el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, específicamente la cláusula que prohíbe restringir la libertad de expresión por vías indirectas, como el abuso del control de frecuencias radioeléctricas.
Adicionalmente, el Consejo Universitario alerta que la reasignación de frecuencias podría entrar en contradicción con el desarrollo progresivo de los derechos económicos sociales y culturales, tal como lo establecen tratados internacionales como el Protocolo de San Salvador y el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales.
En virtud de estas preocupaciones, el plenario acordó, además, designar a los siguientes miembros para que hagan la entrega formal del acuerdo a las autoridades correspondientes: Lic. William Méndez Garita, Dra. Ilka Treminio Sánchez, M. Sc. Esperanza Tasies Castro, Sr. Fernán Orlich Rojas y Srta. Isela Chacón Navarro.
Parlamento Cívico Ambiental de Costa Rica Lunes 17 de noviembre de 2025
ElParlamento Cívico Ambiental (PCA)hace un llamado urgente a la opinión pública nacional e internacional ante la creciente intimidación, acoso y vulneración de derechos contra las personas defensoras del ambiente en Costa Rica.
La regresión ambiental sin precedentes, evidenciada por recortes presupuestarios, debilitamiento técnico del MINAE y del SINAC, y la concentración de poder discrecional que desplaza los criterios científicos y debilita la participación ciudadana.
El uso creciente de procesos judiciales abusivosque buscan intimidar y agotar a quienes denuncian violaciones ambientales, configurando nuevas formas de censura y amenazas a la libertad de expresión.
Actos de violencia simbólica, como la reciente valla en Puntarenas declarando “non gratos” a dos ambientalistas, reflejo de un clima de intolerancia promovido por ciertos sectores que buscan deslegitimar la defensa ambiental.
Por esta razón, el PCA:
Reafirma queno puede existir democracia sin democracia ambiental.
Exige medidas inmediatas para proteger a las personas defensoras, en cumplimiento delAcuerdo de Escazúy las obligaciones internacionales del Estado costarricense.
Reitera su respaldo alproyecto de ley expediente 25.125, necesario para impedir que el sistema judicial sea utilizado como herramienta de intimidación.
Convoca a todos los sectores de la sociedad a rechazar cualquier forma de violencia simbólica, judicial o política contra quienes protegen los bienes comunes.
El PCA y sus organizaciones firmantes sostienen quedefender el ambiente no es delito, sino un deber ético y patriótico, con visión de un futuro digno para las nuevas generaciones. Costa Rica debe decidir si continúa siendo referente mundial de democracia verde o si permite que la censura, la intimidación y el miedo erosionen su legado.
Resultados de la III Encuesta Nacional sobre Libertad de Expresión y Confianza en Medios de Comunicación
Un estudio de la UCR revela transformaciones en el consumo informativo, así como una confianza matizada hacia los medios y el periodismo
Un nuevo estudio estadístico, elaborado por varias instancias de la UCR, revela el estado de la libertad de expresión en Costa Rica. Foto: Laura Rodríguez.
El Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi) y el Centro de Investigación en Comunicación (Cicom), en alianza con el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), todos de la Universidad de Costa Rica (UCR) presentaron los resultados de la III Encuesta Nacional sobre Libertad de Expresión y Confianza en Medios de Comunicación.
Esta investigación analiza las principales tendencias y desafíos en torno a la comunicación pública en el país.
Según los resultados, siete de cada diez personas consideran que la libertad de expresión está en riesgo en Costa Rica, el nivel más alto registrado desde que se realiza esta medición. La cifra representa un aumento de casi nueve puntos porcentuales respecto al año 2024 y confirma una tendencia de preocupación creciente en la ciudadanía.
Además, más de la mitad de las personas encuestadas percibe que existe censura en el país, y una proporción similar afirma que ha dejado de expresar sus opiniones en redes sociales por temor a sufrir consecuencias en su trabajo o en su vida cotidiana.
La encuesta, también revela cambios importantes en los hábitos informativos. Por primera vez, las redes sociales superan a la televisión como el medio más usado para informarse sobre la situación del país. No obstante, la televisión continúa siendo el medio preferido, lo que demuestra una coexistencia entre los formatos digitales y los tradicionales en el consumo informativo de la población costarricense.
Por tercer año consecutivo, aumenta la proporción de personas que confían en los medios de comunicación y en quienes ejercen el periodismo. El informe destaca que la desconfianza total hacia el oficio es mínima, y que la ciudadanía realiza evaluaciones diferenciadas, donde se reconoce que hay medios y periodistas más confiables que otros.
Por otro lado, las universidades públicas se consolidan nuevamente como los actores sociales más confiables para informar sobre temas nacionales. En contraste, las diputaciones y las personas influencers son las figuras en las que la población confía menos.
¿Por qué es importante medir la percepción ciudadana sobre el ejercicio del derecho a la libertad de expresión? La M. Sc. Giselle Boza Solano, coordinadora de Proledi-UCR, indicó que, en primer término, esta medición es necesaria para identificar barreras u obstáculos, sensibilizar a las autoridades públicas acerca de sus obligaciones como garantes, propiciar el diálogo y el debate sobre las condiciones de su ejercicio, y fortalecer dinámicas democráticas.
En un entorno caracterizado por altos niveles de violencia digital, es preciso identificar tendencias hacia la autocensura, la amplificación de la desinformación o la disminución de la confianza en los medios de comunicación, como factores contraproducentes para la deliberación pública.
“Partimos de que una ciudadanía bien informada y con amplias posibilidades de participación del diálogo social es esencial para la democracia. Comprender, además, las percepciones ciudadanas sobre el ejercicio de sus derechos humanos, permite promover un entorno más favorable desde la política pública o eventualmente desde la función normativa del Estado”, destacó Boza.
Este año, la encuesta también abordó el uso político de la pauta estatal y el acceso de la ciudadanía a la información pública.
Este tema cobró relevancia tras una sentencia de la Sala Constitucional, la misma determinó que varias instituciones públicas violaron indirectamente la libertad de expresión al retirar la publicidad a un canal por difundir un contenido satírico.
En ese contexto, el 74,8 % de la población se manifestó en desacuerdo con que la pauta estatal se utilice para premiar o castigar a los medios, según sus posiciones editoriales.
En cuanto al acceso a la información, el estudio destaca la entrada en vigencia de la Ley Marco de Acceso a la Información Pública, en noviembre de 2024. Sobre este tema, el 85,4 % de las personas encuestadas indicó no haber tenido dificultades recientes para obtener información de interés público, lo que sugiere una percepción mayoritariamente positiva respecto a este derecho.
Opinión sobre el presidente influye en la confianza hacia los medios
Finalmente, este año se analizaron algunos factores como la edad, el nivel educativo o la opinión sobre el presidente Rodrigo Chaves Robles para determinar si estos poseen alguna relación con la confianza hacia los medios, los hábitos informativos, y las percepciones sobre la libertad de expresión en el país.
Los resultados muestran que la valoración del mandatario está vinculada a diferentes posturas respecto a hábitos y percepciones, especialmente al comparar a quienes evalúan positivamente la gestión de su Gobierno con aquellos que la califican de manera neutral o negativa.
Quienes evalúan positivamente la gestión de Chaves Robles tienden a desconfiar más de los medios y del periodismo, mientras que quienes la valoran negativamente muestran mayor confianza en ellos.
Además, las personas que critican la gestión presidencial son también las que más reconocen haber limitado sus opiniones en redes sociales, por temor a posibles represalias en el trabajo o su vida cotidiana.
El estudio, también revela que la percepción sobre el estado de la libertad de expresión en el país está estrechamente vinculada con la opinión sobre el presidente: quienes lo apoyan son menos propensos a considerar que la libertad de expresión está en peligro o que el mandatario ha irrespetado el trabajo periodístico.
Ficha técnica de esta investigación
La III Encuesta Nacional sobre Libertad de Expresión y Confianza en Medios de Comunicación fue aplicada telefónicamente por el CIEP-UCR a 1 001 personas mayores de 18 años, entre el 25 y 29 de agosto y el 23 y 26 de septiembre de 2025. Esta encuesta cuenta con un margen de error de ±3 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95 %.
El estudio fue realizado por Giselle Boza, Oscar Mario Jiménez y Johanna Rodríguez, personas investigadoras del Proledi-UCR y del Cicom-UCR, y contó con el apoyo del economista Surayabi Ramírez Varas.
Geannina Sojo Comunicación, Proledi UCR
Edición Web: Otto Salas Murillo Periodista Oficina de Comunicación Institucional Área de cobertura: Ciencias Sociales y Educación
Miles de personas productoras agrícolas de todo el país nos movilizamos hacia Casa Presidencial de forma ordenada y pacífica para solicitarle al señor presidente de la república, Rodrigo Chaves Robles que no nos siga afectando con sus políticas y que en lugar de esto fortalezca la producción nacional y defiendan la soberanía alimentaria, así como el empleo de miles de familias rurales que dependen de esta actividad.
Desde la UNAG y el sector del agro nacional, indignados por el maltrato que recibió el humilde agricultor Roy Fallas Araya, miembro de nuestra organización, hacemos del conocimiento que los oficiales de fuerza pública quienes se presentaron armados a bloquear el paso, limitar el tránsito y la libertad de expresión afirmaron que accionaron conforme a las órdenes superiores para hacer uso de la fuerza y autoridad, que quedó evidenciado ante el arresto arbitrario del compañero Roy, a quien procesaron como si fuera un delincuente, no obstante, ha quedado demostrado en videos que el señor Fallas en ningún momento cometió delito alguno.
Reiteramos que este gobierno promovió la restricción y hostigamiento a la movilización desde tempranas horas de la mañana del día martes 11 de noviembre, las autoridades de tránsito limitaron la libertad a la protesta como derecho humano, en específico el recorrido de Cartago a Casa Presidencial, quienes respetaron las leyes de tránsito y acataron en todo momento las indicaciones de la autoridad.
La jornada nacional, convocada bajo el lema “Sí a la democracia no a la dictadura”, ¡“El campo costarricense se levanta!”, transcurrió de forma pacífica, tanto desde el sector agro como otras organizaciones sociales y productivas.
Entre las principales demandas del agro destacan:
Políticas de apoyo real al agro costarricense.
Precios justos y control frente a importaciones desleales.
Acceso a crédito, reestructuración de deudas y asistencia técnica.
No al areteo.
No al transpacífico
Apertura de un diálogo directo con el Gobierno.
José Oviedo presidente de la Unión Nacional de Agricultores (UNAG) y uno de los dirigentes de la marcha, manifestó que “el agro debe ser valorado y respetado y se mantendrán al pie de lucha pese a que el actual gobierno mantiene puertas cerradas, acciones que dañan también a los consumidores, pero, sobre todo un modelo de gobernar que atenta los valores democráticos del país.
La lucha sigue, las acciones también y más que después de esta marcha se están uniendo más sectores. Repudiamos el acto de parte del señor presidente el día de ayer, exigimos el debido proceso y justicia para Roy Fallas”, apuntó Oviedo.
Con este acuerdo, la UCR reitera su papel como centro de pensamiento que promueve el libre acceso a la información y al conocimiento en pro del interés público y la progresividad de los derechos. (Foto: Anel Kenjeekeva,OCI).
De manera unánime, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) reconoció al distinguido magistrado de la Sala Constitucional, Dr. Fernando Cruz Castro por sus aportes en materia de libertad de expresión, promoción de la pluralidad, la defensa de la autonomía universitaria, la libertad de cátedra y la democracia del país.
Para el Órgano Colegiado, la trayectoria y el conocimiento del Dr. Cruz han sido invaluables en la construcción de un marco teórico, normativo y jurisprudencial cuyo eje central es la defensa de la democracia, el cual ha impactado al país y el ámbito universitario. Asimismo, destacó su calificada participación en diversos espacios que fomentan el debate social desde una perspectiva que busca comprender la libertad de expresión como un derecho, y como una práctica sociohistórica sujeta a principios de responsabilidad, transparencia y control democrático.
El Consejo Universitario también reconoció en Fernando Cruz su posición clara y firme respecto a la importancia de asegurar la libertad de cátedra y la autonomía universitaria, elementos esenciales para evitar transgresiones a la Constitución Política de la República de Costa Rica y así garantizar un intercambio de ideas libre en el país
Adicionalmente, el acuerdo insta a la Administración a institucionalizar actividades conmemorativas al Día Nacional de la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información, que se celebra cada 1. ° de setiembre, como una forma de reforzar el compromiso de esta Casa de estudios con el pensamiento crítico e independiente.
Trayectoria
Fernando Cruz Castro es licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica y Doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. También cuenta con estudios de posgrado en Criminología, en el Instituto de Criminología de la misma universidad española.
Inició su carrera como agente de Faltas y Contravenciones de Alajuela en 1972, actuario, agente fiscal, fiscal general, juez general, juez superior y presidente del Tribunal de Casación Penal
Actualmente es profesor en el posgrado de Derecho Penal de la Universidad de Costa Rica; es magistrado desde el 14 de octubre de 2004 y fue presidente de la Corte Suprema de Justicia desde el 2018 hasta el año 2022.
