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Etiqueta: libertad de prensa

La disputa por el Estado: narcotráfico, poder y democracia en Costa Rica

“El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente”
Lord Acton (1834-1902)

Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado UNED y UCR
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)

El asesinato de Camilo Rodríguez Chaverri no debería interpretarse solamente como un episodio de violencia criminal ni como una agresión contra la libertad de prensa. Su significado es más profundo: una señal de los cambios en las relaciones entre criminalidad, poder económico, política e instituciones democráticas.

La muerte del periodista, el pasado 16 de noviembre en Santo Domingo de Heredia, obliga al país a mirar más allá de las circunstancias inmediatas del crimen.

Rodríguez había denunciado presuntas actividades del narcotráfico, corrupción y relaciones entre estructuras criminales y personas vinculadas al poder.

También había manifestado que recibía amenazas. La investigación judicial deberá determinar si esas denuncias guardan relación con el asesinato.

¿Qué significa que un comunicador que denunciaba esas relaciones sea asesinado? La respuesta trasciende el esclarecimiento de un homicidio: concierne a las bases de nuestra democracia.

El narcotráfico: de actividad criminal a estructura de poder

Las grandes organizaciones del narcotráfico no se limitan al comercio ilegal de drogas. Necesitan redes para movilizar recursos, ocultar capitales, asegurar operaciones y reducir los riesgos de intervención estatal.

Su expansión depende de la violencia y de sus relaciones con actores económicos, políticos e institucionales. El dinero ilícito puede penetrar circuitos legales y generar dependencias e influencia.

Cuando estas relaciones alcanzan determinados niveles, el problema deja de ser exclusivamente policial y se convierte en un problema de soberanía nacional.

El Estado pierde autoridad cuando actores respaldados por recursos ilícitos e intimidación consiguen condicionar decisiones o neutralizar a quienes amenazan sus intereses.

La pregunta fundamental aquí es determinar cuánto poder económico, político y social ha acumulado el narcotráfico.

La violencia como mecanismo de control social

El asesinato plantea otra preocupación: la utilización de la violencia para amedrentar a quienes investigan o denuncian determinados intereses.

La muerte de un comunicador intenta intimidar a periodistas, investigadores, funcionarios y ciudadanos; inducir autocensura y excluir asuntos de interés público del debate.

Basta con que denunciar determinados intereses parezca peligroso para debilitar la libertad de expresión y el derecho ciudadano a fiscalizar el poder.

Dinero, política y criminalidad

El crimen organizado no necesariamente pretende sustituir al Estado mediante una confrontación directa. Puede resultarle más conveniente establecer relaciones de influencia, complicidad o dependencia con determinados sectores.

La corrupción facilita esa penetración. Cuando recursos ilícitos ingresan en actividades legales y ciertos intereses encuentran protección o tolerancia institucional, surge un escenario de vulnerabilidad democrática.

No se afirma que el Estado haya sido capturado ni se atribuyen responsabilidades sin pruebas. Sin embargo, hay que reconocer que la penetración institucional es uno de los mayores riesgos del crimen organizado.

Nuestro país no está condenado a repetir experiencias ajenas, pero tampoco es inmune.

El deterioro de un patrimonio democrático

Durante décadas, Costa Rica construyó una identidad política sustentada en la abolición del ejército, la continuidad de sus instituciones civiles, la educación pública y el reconocimiento de las libertades fundamentales.

Aquella tradición no significó ausencia de corrupción o desigualdad, pero la expansión del narcotráfico representa un cambio sustancial en las condiciones de seguridad y convivencia.

Aquí hay un antecedente que merece recordarse. El periodista Parmenio Medina Pérez fue asesinado en julio de 2001. Su trabajo incluía igualmente denuncias sobre irregularidades y corrupción.

En este contexto, el asesinato de Rodríguez devuelve una pregunta vigente: ¿qué garantías existen para quienes investigan intereses poderosos que operan al margen de la ley?

La coincidencia merece atención, aunque no exista aún una relación demostrada entre ambos crímenes.

La responsabilidad del Estado y de la sociedad

La fortaleza de un Estado se mide por su capacidad para hacer cumplir las leyes e impedir que grupos económicos, políticos o criminales estén por encima de las instituciones.

Teniendo lo anterior como marco de referencia, la respuesta debe ir ahora más allá de identificar a los autores materiales: investigar las finanzas del narcotráfico, prevenir el lavado de dinero, fortalecer la independencia judicial, proteger a denunciantes y periodistas e investigar posibles conexiones criminales con personas en posiciones de poder.

El crimen organizado encuentra condiciones favorables donde se tolera la corrupción y el enriquecimiento inexplicable, y donde las relaciones entre dinero y política se consideran inevitables. La democracia se deteriora al normalizar la impunidad y el abuso de poder.

Una advertencia que nuestro país no debería ignorar

El asesinato no demuestra que el narcotráfico controle las instituciones ni que una organización criminal lo ordenara por sus denuncias. Eso deberá establecerlo la investigación judicial.

Sin embargo, obliga a examinar los riesgos de que las estructuras criminales acumulen recursos e influencia económica y política.

El país necesita con urgencia (“¡para ayer!”) una estrategia nacional que combata las finanzas del narcotráfico, investigue conexiones políticas y empresariales, fortalezca la justicia y proteja a quienes denuncian.

Hay que reconocer que la democracia no desaparece necesariamente de un día para otro. Puede deteriorarse mientras las elecciones continúan y las libertades permanecen formalmente reconocidas.

Defenderla exige impedir que poderes económicos y criminales decidan quién puede hablar, qué puede investigarse y cuáles intereses deben permanecer protegidos.

El problema más grave no es solamente que el narcotráfico penetre las estructuras del Estado. Sería que lleguemos a acostumbrarnos a vivir en una sociedad donde esa nefasta penetración se considere inevitable.

Pronunciamiento de la Red Nacional por la Democracia ante el asesinato de Camilo Rodríguez

El asesinato del periodista Camilo Rodríguez Chaverri ha conmocionado fuertemente al país. Es un hecho más de la violencia que aqueja a nuestra sociedad desde hace años; pero la impresión es mayor cuando la víctima venía denunciando al crimen organizado y sugiriendo diversos vínculos con los dos últimos gobiernos.

Desde hace muchos años, nuestra sociedad ha venido acumulando un fuerte enojo a raíz del deterioro de la calidad de vida, las fallas e incumplimientos de los gobiernos de turno y los grandes escándalos de corrupción.

Este enojo comienza a acumularse desde la década de 1990, al principio de manera paulatina, pero evidencia un aumento sin precedentes a partir de 2022, a tal punto que la mayoría de los diversos indicadores de violencia alcanzan niveles históricos. Además de tasas de homicidios con cifras récord nunca antes vistas en nuestra historia, casi cualquier forma de violencia muestra niveles sumamente altos, desde la violencia intrafamiliar y otras formas de violencia contra las mujeres hasta las muertes por accidentes de tránsito, pasando por el acoso sexual, los femicidios, los enfrentamientos en las comunidades, el irrespeto a los derechos más básicos y el incumplimiento de políticas públicas.

Este vertiginoso incremento no se produce por casualidad en 2022. Por el contrario, responde a una política muy bien planeada y ejecutada por el gobierno de Rodrigo Chaves Robles. Desde su inicio, este político se presentó como el gran vengador que venía a poner orden en el país y a perseguir a los políticos corruptos. Bajo una cuidadosa y efectiva estrategia de comunicación, se establece un sistemático reforzamiento de las actitudes autoritarias en la población. Entre otras cosas, se controla la circulación de información en las redes, se minimiza el impacto de los medios tradicionales y se persigue sistemáticamente a líderes de opinión e influencers. Se orienta a la población para canalizar su enojo acumulado hacia diversas personas, instancias y grupos de personas. Las conferencias de prensa de cada miércoles se han constituido en toda una escuela de agresividad, individualismo, exclusión, intolerancia, rechazo, reforzamiento de estereotipos y distorsión de los hechos reales, que a su vez han logrado fortalecer en la población el individualismo, la impulsividad, la labilidad afectiva, la sumisión, la pasividad, el aislamiento y hasta el miedo. Se ha entronizado el enfrentamiento violento como estrategia privilegiada para manejar la interacción social y se ha normalizado el uso de la burla, los insultos, la descalificación, el cinismo y la mentira.

Toda esta estrategia ha venido acompañada de una concentración antidemocrática del poder político, en donde no solo se ha destruido el equilibrio del poder mediante un ataque violento al Poder Judicial, sino también a todas y cada una de las instancias encargadas de establecer algún tipo de control sobre la gestión política del país. Ninguna de estas instancias se ha salvado del ataque violento de los dos últimos gobiernos: Contraloría General de la República, Defensoría de los Habitantes, Tribunal Supremo de Elecciones, Fiscalía, medios de comunicación y universidades públicas. Y han cuestionado y desconocido las legítimas funciones de cada poder de la República, en particular del Poder Judicial, llegando el oficialismo en la Asamblea Legislativa a ignorar las resoluciones constitucionales sobre cuestiones de gran importancia para las necesidades acuciantes de los presupuestos, para resolver situaciones que afectan los servicios públicos de primer orden, como la salud o la seguridad.

No es de extrañar entonces que la violencia se encuentre exacerbada en todo el país; pero inevitablemente nos encontramos atrapados en un círculo vicioso, en donde a mayor enojo, mayor sensación de inseguridad y mayor miedo, que a su vez incentivan a la población a refugiarse en el autoritarismo; lo cual, como hemos visto, no hace más que incrementar la violencia.

Todo lo expuesto permite concluir, sin lugar a duda, que los dos últimos gobiernos son los principales responsables de los altos niveles de violencia que vive el país, debido tanto a la promoción constante de las estrategias de odio y violencia como a la falta de políticas adecuadas de prevención y financiamiento para enfrentar el crimen organizado. De modo que, por lo menos de manera indirecta, también son responsables del lamentable asesinato de Camilo.

Pero, además de esta responsabilidad directa por los niveles de violencia imperantes, no podemos dejar de pensar en las múltiples denuncias de Camilo y otras personas, así como en los malos signos que asocian a los dos últimos gobiernos con el narcotráfico. Hacemos un llamado urgente al Poder Judicial para que se investigue esta situación hasta sus últimas consecuencias.

Del mismo modo, instamos a la población a mantenernos vigilantes y activos ante las condiciones actuales del país y a ejercer, hoy más que nunca, la presión que haga falta para detener la escalada de violencia en el país. Debemos ser muy firmes en nuestro accionar, pero siempre a partir de una cultura de paz y respeto mutuo. No olvidemos que la violencia engendra violencia. Debemos enfrentar constantemente la cultura actual de agresión, insulto, enfrentamiento, intolerancia y exclusión con diálogo, comprensión, respeto y reconocimiento a la diversidad de opiniones y posiciones políticas. Debemos manifestarnos con convicción en las calles, en nuestras comunidades, en los centros de trabajo, en los establecimientos educativos y en las redes sociales.

Conferencia Episcopal condena el asesinato del periodista Camilo Rodríguez Chaverri

La Conferencia Episcopal de Costa Rica expresó su «profundo pesar» por el asesinato del periodista Camilo Rodríguez Chaverri, un hecho que, según indicó, condena «enérgicamente» y que «nos interpela como sociedad sobre el respeto a la vida humana, la libertad de expresión y la seguridad de todos los habitantes de nuestro país».

La declaración, titulada «Ante el asesinato del periodista Camilo Rodríguez Chaverri», fue presentada en un video por monseñor Javier Román, presidente de la Conferencia Episcopal, y monseñor Daniel Francisco Blanco, secretario general.

El episcopado afirmó que la muerte violenta de una persona nunca puede dejar indiferente a la sociedad, pues la vida es un don de Dios y posee una dignidad inviolable. Señaló que este acontecimiento recuerda «la urgente necesidad de edificar la cultura de la vida en Costa Rica, fundada en el reconocimiento de la dignidad de toda persona humana y el respeto a sus derechos fundamentales».

«La violencia nunca puede ser el camino para resolver nuestras diferencias; el camino debe ser siempre la construcción de la paz, el diálogo, la fraternidad y el respeto mutuo», expresaron los obispos.

Sobre la libertad de expresión y de prensa, la Conferencia Episcopal las calificó como «un pilar fundamental de nuestra democracia» y sostuvo que su defensa exige reconocer que todas las personas tienen derecho a manifestar sus ideas «con libertad, responsabilidad y sin temor a sufrir violencia».

«Como pastores invitamos a los costarricenses a conservar la esperanza y a trabajar activamente por la paz, asumida como un compromiso cotidiano de todos», añadieron.

La declaración manifiesta confianza en la investigación de las autoridades judiciales «para llegar al fondo de este hecho». Concluye con una oración para que el Señor conceda el descanso eterno a Camilo Rodríguez, consuele a sus seres queridos y ayude a trabajar «por una Costa Rica donde la vida sea siempre respetada y protegida».

A continuación, el video con la declaración completa de la Conferencia Episcopal de Costa Rica.

SINAPEC exige justicia por el asesinato de Camilo Rodríguez y garantías reales para la libertad de expresión

El Sindicato Nacional de Periodistas y Comunicadores de Costa Rica (SINAPEC) condena enérgicamente el asesinato del periodista y escritor Camilo Rodríguez Chaverri y exige el pleno esclarecimiento de este crimen.

Camilo había denunciado amenazas contra su vida y realizado señalamientos públicos sobre presuntas actividades delictivas, narcotráfico y crimen organizado. La Fiscalía General de la República ha confirmado que esas denuncias forman parte de las líneas de investigación y que se procurará determinar tanto a los autores materiales como a los eventuales autores intelectuales del homicidio.

SINAPEC exige al Ministerio Público y al Organismo de Investigación Judicial una investigación exhaustiva, rigurosa y sin concesiones. No basta con determinar quién ejecutó el ataque. El país tiene derecho a conocer cuál fue el móvil, quiénes participaron y si existió planificación, financiamiento, algún tipo de encargo o participación de terceros. También debe esclarecerse si las amenazas denunciadas y la actividad periodística y comunicativa de Camilo guardan relación con su asesinato.

La investigación debe llegar hasta donde conduzcan las pruebas, sin importar a quiénes alcance.

Este crimen golpea directamente una de las bases de nuestra democracia: la libertad de expresión. No es un derecho exclusivo de periodistas y comunicadores; pertenece a toda la sociedad. Cuando la amenaza o la violencia silencian una denuncia, provocan autocensura o impiden que información de interés público llegue a la ciudadanía, pierde todo el país.

Costa Rica enfrenta desde hace varios años una grave situación de violencia homicida y una preocupante presencia de estructuras vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado. No podemos permitir que estos grupos ganen espacios mediante la intimidación y la violencia, ni que lleguen a condicionar lo que en nuestro país se puede investigar, denunciar o publicar.

La experiencia de otros países de nuestra región demuestra el enorme costo que tiene permitir que estas dinámicas se arraiguen. Costa Rica debe actuar ahora, antes de que las amenazas y los ataques contra quienes informan se conviertan en una realidad normalizada.

El Estado tiene la responsabilidad de enfrentar con firmeza al crimen organizado y, al mismo tiempo, garantizar condiciones reales de seguridad para quienes ejercen el periodismo. Por ello, SINAPEC exige fortalecer los mecanismos de prevención, evaluación de riesgo y protección para periodistas y comunicadores amenazados, con respuestas oportunas, recursos suficientes y medidas adecuadas a las particularidades del ejercicio periodístico.

El asesinato de Camilo Rodríguez debe marcar un límite. Costa Rica no puede permitir que el miedo imponga silencio.

Exigimos verdad. Exigimos justicia. Exigimos resultados. Y exigimos garantías efectivas para que nadie tenga que poner en riesgo su vida por informar, investigar, denunciar o ejercer su libertad de expresión.

Expresamos nuestra solidaridad y condolencias a la familia, personas cercanas y colegas de Camilo Rodríguez Chaverri.

Junta Directiva
Sindicato Nacional de Periodistas y Comunicadores de Costa Rica – SINAPEC

La violencia como mensaje – sobre el asesinato de Camilo Rodríguez

Roger Ríos Duarte

Camilo Rodríguez tuvo la valentía que los demás no hemos tenido, y escribo estas líneas la misma noche de su asesinato, con indignación y con desánimo, porque esa valentía consistió en seguir acusando con nombre y apellido desde sus redes sociales cuando ya se sabía amenazado. Brecht hace decir a su Galileo que es desdichada la tierra que necesita héroes, y la frase describe con exactitud lo que ocurre cuando una función que corresponde a las instituciones, la de averiguar y decir en público lo que el poder y el delito prefieren callado, recae sobre el coraje de un individuo.

La indignación no dispensa de distinguir lo que se sabe de lo que todavía no se sabe. El móvil no está establecido y corresponde al Ministerio Público determinarlo; el fiscal general ha informado que Rodríguez había denunciado amenazas y que no se acogió al programa de protección de víctimas y testigos, por razones que desconocemos. Fue una figura discutida, que tuvo detractores además de seguidores, pero en Costa Rica a nadie se le mata por ser controversial, y esa certeza, que formaba parte de lo que entendíamos por vivir aquí, tiene en la sociología un nombre preciso. Norbert Elias mostró en El proceso de la civilización que la vida civil descansa sobre la existencia de espacios pacificados (befriedete Räume, en el original alemán), es decir, sobre la expectativa, convertida en hábito, de que los conflictos se tramitan sin recurso a la violencia física porque esta ha quedado reservada a una instancia central, y pocos países hicieron de esa expectativa una seña de identidad como el nuestro, que abolió su ejército en 1948 y se acostumbró a discutir con vehemencia precisamente porque discutir no costaba la vida. Elias advirtió también que el proceso es reversible, y una ejecución a media tarde en una carretera nacional pertenece a un repertorio que hace una generación nos era ajeno y que hoy reconocemos sin esfuerzo.

Quienes han estudiado la violencia parten de una constatación incómoda, la de que el ser humano no necesita nunca actuar con violencia pero puede hacerlo siempre, de manera que todo orden social es en el fondo una respuesta a esa posibilidad permanente. Han observado además que la violencia rara vez se agota en la relación entre quien la ejerce y quien la sufre, porque casi siempre se dirige también a un tercero que la presencia o que se entera de ella, de modo que quien manda matar a un hombre que denuncia elimina un obstáculo y, en el mismo acto, se dirige a todos los que podrían denunciar. Aun antes de que la investigación establezca quién ordenó este crimen y por qué, ese efecto ya se ha producido, puesto que cada periodista, cada funcionario y cada vecino que sabe algo ha recibido esta noche el mensaje, y lo ha recibido con independencia de la intención de quien lo envió.

En julio sostuve en estas páginas, en «Los amortiguadores de la República», que el orden republicano descansa sobre cuerpos intermedios que pueden ser vaciados por dentro sin que nadie los suprima, y la figura misma de Camilo Rodríguez era un indicio de ese vaciamiento. La esfera pública moderna se sostuvo sobre instituciones, entre ellas una prensa con redacciones, editores y criterios de verificación, y las plataformas digitales han disuelto esa función de filtro y han dejado al emisor a solas con su audiencia. Cuando los tribunales tardan, los órganos de control no alcanzan y los medios pierden recursos para investigar, la denuncia cambia de lugar y pasa a ejercerla un hombre solo, con un teléfono, que habla ante miles de seguidores sin redacción que lo respalde, sin editor que lo contenga y sin institución que lo proteja, de suerte que su exposición es completa y su muerte muestra lo que ocurre cuando entre el ciudadano y la violencia no queda nada interpuesto.

Max Weber definió el Estado por la pretensión, sostenida con éxito, del monopolio de la violencia física legítima (das Monopol legitimer physischer Gewaltsamkeit, en su formulación original), y el acento de la definición recae en el éxito, porque un monopolio que se reclama y no se sostiene deja de serlo. El sicariato es la forma más exacta de esa disputa, puesto que convierte la muerte en un servicio que se contrata y traslada a manos privadas la decisión sobre quién puede seguir hablando. Un informe difundido este mes le atribuye siete de cada diez homicidios de 2025, y el OIJ contabilizaba 721 personas asesinadas al 12 de noviembre, en un año que se ha presentado como de mejora porque la cifra es algo inferior a la del anterior. La estadística mide la cantidad de la violencia y deja fuera la función que cumple, y un país en el que la violencia regula mercados, resuelve disputas y ahora silencia voces tiene un problema que ningún descenso porcentual alcanza a describir.

En San Miguel de Santo Domingo de Heredia, el mismo distrito donde mataron a Camilo Rodríguez, fue asesinado Parmenio Medina el 7 de julio de 2001, también al volante de su vehículo, y aquella muerte estremeció a un país que la vivió como una herida impropia de su historia. Sabemos desde los clásicos que el castigo cumple menos la función de corregir al culpable que la de restablecer la conciencia colectiva que el crimen ha ofendido, y que una sociedad que deja sin respuesta la ofensa acaba por no sentirla. Temo por eso que la muerte de Camilo Rodríguez, tercer periodista asesinado en un cuarto de siglo, sea recibida con el duelo breve de las noticias que se suceden, y que los comunicados de condena, justos y necesarios, terminen por cerrar el asunto en lugar de abrirlo.

No basta con lamentar su muerte, y lo que necesitamos es una investigación seria, que alcance a quienes dispararon y a quienes ordenaron disparar, y que este crimen no quede impune, porque la impunidad confirmaría el mensaje y enseñaría a quienes vengan después que la valentía de Camilo Rodríguez se paga con la vida y que quitársela no cuesta nada. La tarea más larga, que consiste en reconstruir las mediaciones para que quien tenga algo que denunciar encuentre un tribunal que lo escuche, un órgano de control que actúe y una prensa con medios para investigar, empieza por ahí, puesto que ningún ciudadano volverá a confiar en instituciones que no fueron capaces de responder por la vida de quien hizo en solitario el trabajo que a ellas correspondía.

A su familia le expreso mis condolencias.

Cuando matan a quien denuncia, nos amenazan a todas y todos

Pronunciamiento de la Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) ante el asesinato del periodista Camilo Rodríguez Chaverri

San José, 16 de noviembre de 2026

RENASES condena el asesinato del periodista y escritor Camilo Rodríguez Chaverri, ocurrido esta tarde en Santo Domingo de Heredia. Expresamos nuestra solidaridad con su familia, con sus colegas y con quienes hoy sienten miedo de seguir hablando.

No conocemos el móvil del crimen. Establecerlo corresponde al Organismo de Investigación Judicial y al Ministerio Público, y no nos adelantamos a sus conclusiones. Pero hay hechos que ya son públicos: Camilo Rodríguez denunciaba desde sus redes al crimen organizado y a figuras de poder. Había dicho que recibía amenazas de muerte, y fue acribillado a plena luz del día en una ruta nacional.

Se puede coincidir o discrepar con lo que él decía y con la forma en que lo decía. En una democracia, lo que alguien afirma se discute con argumentos y, si hace falta, en los tribunales.

Nunca con balas.

Un crimen que manda un mensaje

Sea cual sea el móvil que determine la investigación, el efecto ya está aquí. Cuando una persona que denuncia es asesinada, el mensaje llega a todas las demás: al periodista que investiga, a la dirigente comunal que señala a quien opera en su barrio, al sindicalista, a la defensora del ambiente, al líder indígena que defiende su territorio, a la persona opositora que critica al poder. El mensaje es que hablar cuesta la vida.

Ese miedo no empezó hoy. Costa Rica pasó del puesto 8 en 2022 al puesto 38 en 2026 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras, que advierte de un clima político que favorece la autocensura. Hace apenas cinco días, la Universidad de Costa Rica reportó que el 58,1 % de la población considera peligroso ejercer el periodismo. Hasta ahora, Reporteros Sin Fronteras reconocía que en el país no había violencia física sistemática contra periodistas. Hoy esa línea se cruzó.

La libertad de expresión no es solo de la prensa

La libertad de prensa y de expresión no es un privilegio de un gremio. Es la condición para que los sectores sociales podamos organizarnos, denunciar y disentir. Las organizaciones que formamos RENASES ejercemos todos los días la crítica al poder político y económico. Sabemos que una sociedad donde se mata a quien incomoda es una sociedad donde la oposición, la protesta y la denuncia se vuelven actividades de riesgo.

Por eso nos preocupa también el clima en que ocurre este crimen. La estigmatización de la prensa, de las personas opositoras y de las voces críticas, venga de donde venga, no aprieta el gatillo. Pero convierte a las personas en blancos y le dice a la sociedad que su silencio es tolerable. Quien ejerce el poder tiene una responsabilidad mayor: proteger también a quienes le critican.

La impunidad sería el segundo crimen. Si este asesinato queda sin responsables materiales e intelectuales, el silencio se impondrá sin necesidad de un disparo más.

Lo que exigimos

  1. Al Organismo de Investigación Judicial y al Ministerio Público: una investigación pronta, exhaustiva e independiente, que identifique a los autores materiales e intelectuales y que informe al país de sus avances.
  2. Al Poder Ejecutivo: una condena inequívoca del crimen, garantías para el trabajo de la prensa y el fin de todo discurso que estigmatice a periodistas, personas opositoras y voces críticas.
  3. A la Asamblea Legislativa y al Poder Judicial: revisar por qué los mecanismos de protección existentes no alcanzan a quienes denuncian, y crear un mecanismo específico para periodistas, personas defensoras de derechos humanos y dirigencias sociales amenazadas.
  4. A todos los partidos y actores políticos: no usar este crimen para sacar ventaja ni para atacar al adversario. Bajar el tono es hoy una medida de protección.
  5. A los medios, a las organizaciones sociales y a la ciudadanía: no normalizar el miedo. Seguir informando, denunciando y participando es la respuesta.

RENASES seguirá defendiendo el diálogo, la democracia, la paz social y la justicia. Ninguna de las cuatro es posible en un país donde hablar cuesta la vida.

RENASES
Red Nacional de Sectores Sociales

Francesca Albanese: nuevo informe sobre la responsabilidad de los medios de prensa en el genocidio en curso en Gaza

Nicolas Boeglin
Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho UCR
nboeglin@gmail.com

A tres años de cumplirse el inicio de las operaciones de destrucción total de la Franja de Gaza por parte de Israel, en «venganza» al ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre del 2023, y que califica como genocidio según expertos y diversos órganos de Naciones Unidas, la responsabilidad de los medios de prensa plantea algunas interrogantes muy válidas en cuanto al tratamiento de la información cuando se trata de informar sobre lo que ocurre en Gaza.

La forma tan peculiar de «informar» al mundo por parte de diversas agencias internacionales de noticias y medios de prensa, sea a nivel nacional, sea a nivel internacional, y tendiente a minimizar las exacciones a las que se libra Israel en Gaza desde hace más de tres años, es analizada en el último informe de la Relatora Especial sobre el Territorio Palestino Ocupado, la jurista italiana Francesca Albanese.

El informe se centra en tres aspectos muy concretos que se interrelacionan: la eliminación física de periodistas palestinos y su intimidación, el control de la información en Israel y otro que debería (¡por fin…!) suscitar cierto debate en Europa, Estados Unidos y Canadá, pero también en América Latina, en particular en Costa Rica: la reproducción automática por parte de los medios de comunicación occidentales y las plataformas digitales del discurso israelí, que consiste en legitimar los crímenes.

Foto extraída de esta nota de la BBC titulada «El tribunal de la historia nos juzgará. Y su conclusión será implacable con los que niegan que hay genocidio en Gaza»: Francesca Albanese, relatora de la ONU», edición del 19 de diciembre del 2024

El informe: breves extractos

Su informe se titula «Truth under the rubble: media in the time of genocide«. El texto integral de este informe A/81/249 está disponible en este enlace (en francés) y en este otro (en inglés) y su lectura completa se recomienda.

Una rápida consulta con cualquier motor de búsqueda en la red evidencia la casi nula difusión de este último informe de Francesca Albanese, pese a haber sido traducido en todos los idiomas oficiales de Naciones Unidas (véase enlace).

Su versión integral en castellano está disponible en este enlace.

En el punto 15 de su informe, leemos que:

«15. Israel ha justificado los ataques contra periodistas presentándolos como combatientes. Según el derecho internacional humanitario, los periodistas solo pierden la protección de que gozan como civiles si participan directamente en las hostilidades, y la carga de demostrarlo recae en quien ataca, ya que se presume su condición de civiles. La afiliación, la relación laboral o las opiniones expresadas no alcanzan ese umbral. Israel ha invertido este criterio al calificar a los periodistas de “terroristas” o “agentes de Hamás” —a menudo de manera póstuma y sobre la base de pruebas no reveladas o desacreditadas— para dar apariencia de legitimidad a homicidios ilícitos«.

Más adelante, el punto 39 se lee como sigue:

«39. En virtud del derecho internacional humanitario se presume que la infraestructura de telecomunicaciones tiene carácter civil y la alegación general de Israel de que la conectividad beneficia a Hamás no puede desvirtuar esa presunción ni satisfacer los requisitos para atacar un bien de carácter civil. En consecuencia, estos ataques contra infraestructuras y trabajadores de las telecomunicaciones constituyen ataques ilícitos contra civiles y bienes de carácter civil. Al provocar reiteradamente apagones de las comunicaciones, Israel ha aislado, como era de esperar, a la población civil, impidiendo el acceso a información vital, alertas sobre ataques y servicios de emergencia, vulnera al mismo tiempo el derecho del público a buscar, recibir y difundir información«.

En el punto 66, se señala por parte de la relatora Francesca Albanese que:

«66. El acceso determina la influencia. El análisis de contenido demuestra que los medios occidentales dependen en gran medida de fuentes israelíes, y que los funcionarios y grupos de presión israelíes gozan de un acceso privilegiado a los responsables de la adopción de decisiones en los medios, incluida la BBC. Las directrices editoriales internas muestran cómo esa influencia se traduce en la práctica. La guía de estilo de la BBC, por ejemplo, excluye a Gaza del territorio ocupado y especifica que la descripción “preferida” por el Gobierno de Israel para la Ribera Occidental y Gaza es la de territorios “en disputa”, sin indicar que ello es contrario al derecho internacional. La BBC también afirma de manera engañosa que los “puestos de avanzada no equivalen a asentamientos” y que son “muy diferentes” porque los puestos de avanzada no están autorizados por el Gobierno de Israel y “lo desafían”. Sin embargo, distintos Gobiernos israelíes han protegido y legalizado retroactivamente puestos de avanzada ilegales, ampliando así la colonización ilegal. De manera similar, directrices internas filtradas de The New York Times aconsejan cautela respecto del uso de términos como “genocidio”, “limpieza étnica” y “territorio ocupado”, e instruyen a los periodistas a utilizar el término “Palestina” únicamente “en casos muy excepcionales” «.

En el punto 72, leemos que:

«72. Cuando ciertos hechos ya no pudieron seguir negándose ni “camuflándose”, la cobertura informativa con frecuencia omitió o minimizó la responsabilidad de Israel. Un análisis de contenido ha concluido que la BBC actuó de ese modo en el 83 % de los titulares pertinentes y The New York Times en el 65 %. Un ejemplo particularmente ilustrativo es el caso de Hind Rajab, asesinada por fuerzas israelíes, cuya muerte sigue siendo presentada por la BBC bajo el titular: “Hind Rajab, de 6 años, hallada muerta en Gaza días después de realizar llamadas pidiendo ayuda” «.

Nos permitimos reproducir sus últimas tres recomendaciones, las cuales deberían interpelar a muchos en el mundo de la comunicación y del periodismo:

«97. Las organizaciones de medios de comunicación y las plataformas en línea deben dejar de encubrir la propaganda bajo la apariencia de periodismo. Con ese fin, deben:

a) Verificar las afirmaciones de las partes beligerantes antes de publicarlas y emitir rectificaciones con la misma visibilidad;

b) Poner fin a las represalias contra periodistas por expresiones relacionadas con Palestina y reparar los daños causados;

c) Cesar la eliminación arbitraria de informaciones relativas a posibles crímenes internacionales y proporcionar explicaciones transparentes y mecanismos de recurso;

d) Llevar a cabo una diligencia debida reforzada en materia de derechos humanos y derecho internacional, especialmente en situaciones que presenten un riesgo grave de que se cometan crímenes atroces, incluido el genocidio;

e) Conservar los contenidos que documenten posibles crímenes internacionales y ponerlos a disposición de los mecanismos de rendición de cuentas, con sujeción a las salvaguardias adecuadas.

98. El Fiscal de la Corte Penal Internacional debe investigar la incitación directa y pública a cometer genocidio por parte de funcionarios gubernamentales y figuras mediáticas en el marco de la investigación en curso sobre Palestina.

99. Las organizaciones de periodistas, la sociedad civil y el público deben defender a quienes documentan atrocidades, exigir rendición de cuentas y mantener la atención sobre los periodistas detenidos y desaparecidos; asimismo, nunca deberían olvidar que el periodismo deja de cumplir su función pública cuando se limita a reproducir las afirmaciones del poder en lugar de someterlas a un escrutinio riguroso».

Algunas reflexiones sobre la inclaudicable labor de Francesca Albanese

La lectura integral de este último informe se recomienda para entender mucho mejor el proceso de deshumanización de las víctimas palestinas al que se han prestado innumerables salas de redacción en todo el mundo, y la instrumentalización política del dolor de las víctimas israelíes del ataque sufrido el 7 de octubre del 2023 por parte de las actuales autoridades israelíes. Adicionalmente, la poca solidaridad de importantes gremios de comunicadores con los periodistas asesinados deliberadamente por Israel en Gaza, pero también en el Líbano, evidencia el nivel al que se ha podido llegar por parte de algunos directivos de estas entidades (incluyendo los gremios de la prensa en Costa Rica). Dicho sea de paso, en el caso de Costa Rica, no se ha escuchado nada en tres largos años por parte del Colegio de Médicos sobre la situación imperante en Gaza, la destrucción sistemática de la red hospitalaria, el asesinato deliberado de médicos palestinos o su encarcelamiento injustificado por parte de Israel, o el hecho que Gaza concentre la mayor cantidad de niños amputados.

Recientemente tuvimos la ocasión de referirnos a la tercera conmemoración de esta fatídica fecha, haciendo ver que uno tras uno, los mitos de la narrativa oficial israelí poco a poco se van desvaneciendo, en particular gracias a la valiente y sostenida labor de periodistas de investigación israelíes: véase al respecto nuestra nota titulada «A tres años del 7 de octubre del 2023: genocidio, crímenes y límites de la manipulación de la información».

Pese a una intensa campaña de desprestigio contra la jurista Francesca Albanese por parte de Israel y de Estados Unidos, ampliada por los círculos afines y varias cadenas internacionales de noticias, España en mayo del 2026 le otorgó la máxima distinción del Orden al Mérito Civil (véase comunicado oficial del Palacio de la Moncloa). Se trata de un reconocimiento de España a su persistente labor de documentación y de denuncia, y que bien podría inspirar a muchos otros Estados y entidades en el mundo dada la contundencia de sus informes y sobre todo la justeza de sus análisis: desde su primer informe titulado «Anatomía de un genocidio» (véase enlace).

En el caso de Costa Rica, la UCR le otorgó su máxima distinción, el Doctorado Honoris Causa, que debería venir a recibir en los próximos meses (véase artículo del Semanario Universidad de marzo del 2026). En abril del 2025 se informó de un intento por parte de un egresado de la UCR de restarle validez a esta decisión del Consejo Universitario de la UCR, el cual como era de prever fracasó (véase nota del Semanario Universidad). No se tiene idea exacta del número de egresados de la UCR como para valorar la pertinencia de las «gestiones» realizadas por un solo egresado en contra de la decisión de la máxima instancia dentro de la UCR.

A modo de conclusión

Más allá de la importancia relativa otorgada a una gestión fracasada, este informe de Francesca Albanese debería interpelar en Costa Rica al gremio de la comunicación y del periodismo, así como en muchas otras partes del mundo.

Es muy posible que este nuevo informe le depare a su autora nuevas campañas de Israel y de Estados Unidos (y de sus círculos de influencia) tendientes a intimidarla y a desacreditarla, y esta vez con la complicidad de algunas salas de redacción de medios citados en su informe. En febrero del 2026, una «fake new» sirvió de pretexto para que Francia anunciara que la acusaría oficialmente de antisemitismo en Naciones Unidas: un burdo montaje al que se prestaron las actuales autoridades galas, analizado en esta nota de este medio de prensa digital. Sin dejarse en lo más mínimo intimidar su «Réponse a mes détracteurs» publicada en Le Monde Diplomatique (véase enlace) un mes después, hizo ver lo maleable que puede resultar la diplomacia gala a veces cuando se trata de acusar de algo a los críticos al accionar insensato de Israel en Gaza. A raíz de tan indecoroso papelón de las máximas autoridades en Francia, una asociación de juristas depositó una demanda ante la justicia francesa contra las autoridades galas por propagación de hechos falsos (véase comunicado cuya lectura se recomienda).

Recientemente, la técnica que consiste en intimidar a voces críticas sobre lo que ocurre en Gaza y a periodistas de investigación israelíes se volvió a verificar en el caso de los directores del documental «Naza» presentado durante la Bienal de Venezia del 2026, y que provocó una larga ovación de los presentes (véase nota de RSF al respecto): este documental no solamente atemoriza a círculos políticos y militares en Israel, como bien lo apunta desde el mismo titular este artículo publicado en Magazine+972 en Israel. Cabe precisar que el estreno de este documental previsto para el pasado 10 de octubre en la capital costarricense fue sorpresivamente cancelado, sin explicación alguna por una sala de cine costarricense (véase nota del Semanario Universidad). Otras salas de cine confirmaron posteriormente su total anuencia y disposición a proyectarlo en días venideros, con lo cual las «gestiones» para impedir su proyección en Costa Rica también fracasaron para sus autores (véase nota de Delefoco): sobre estas últimas «gestiones«, agradecemos desde ya a nuestros estimables lectores ayudarnos a conocer más en detalle el origen de las mismas, que al parecer impresionaron a algunos directivos y ello pese al reconocimiento internacional generalizado obtenido por este valioso documental (enviando los documentos que se considere pertinentes a : cursodicr@gmail.com). Claro está, el cancelar a último momento esta proyección despertó el interés de muchos más en Costa Rica y se debe desde este punto de vista «agradecer» la publicidad adicional generada.

No sería la primera vez que se busca silenciar a Francesca Albanese e intimidarla: en efecto, en el mes de julio del 2025, tuvimos la oportunidad de analizar en una nota publicada en el portal de la misma UCR, las insólitas sanciones adoptadas por Estados Unidos en contra de esta valiente jurista italiana, titulada » Gaza-Israel: desde una Costa Rica omisa, apuntes sobre las sanciones de Estados Unidos contra Francesca Albanese» (véase enlace). Un texto que ya concluíamos en aquel momento señalando que:

«Las ya habituales vociferaciones y gesticulaciones de todo tipo a las que Israel y la actual administración norteamericana han procedido para descalificar la labor de Francesca Albanese, ya no impresionan mayormente, salvo algunos pequeños círculos que gravitan alrededor de las embajadas de Israel».

Inclaudicable e incansable, es también lo que fue recientemente reconocido a una jurista con el otorgamiento del Nobel de la Paz el pasado 9 de octubre a la jueza sudafricana Navanethem Pillay (más conocida como Navi Pillay): este prestigioso premio viene a premiar su imperturbable labor en favor del derecho y de la justicia para las víctimas, siendo en los últimos años llamada a presidir la Comisión de Investigación Independiente sobre la situación en Palestina, cuyos informes están disponibles desde el 2021 en este enlace oficial de Naciones Unidas. Una de sus primeras intervenciones públicas después del 7 de octubre del 2023 (en abril del 2024) resuena como una clara advertencia desoída por muchos: véase al respecto el texto integral de su intervención.

En el informe de septiembre del 2025, las conclusiones de esta comisión fueron contundentes: es un genocidio lo que se observa en Gaza (véase enlace oficial e informe presentado en aquella ocasión y video de su conferencia de prensa).

Defender el Semanario Universidad es defender el derecho a informar, disentir y fiscalizar al poder

Las organizaciones y personas abajo firmantes expresamos nuestra solidaridad con las trabajadoras y los trabajadores del Semanario Universidad, ante los recientes ataques y cuestionamientos dirigidos contra este medio de comunicación de la Universidad de Costa Rica.

No se trata solamente de defender a un periódico universitario. Se trata de defender el derecho de una sociedad democrática a contar con medios capaces de investigar, cuestionar y fiscalizar al poder, incluso cuando aquello que publican resulta incómodo para quienes gobiernan, para grupos empresariales, para instituciones y para cualquier otro sector con capacidad de influencia.

El reciente ataque contra el Semanario Universidad, presentado bajo argumentos de eficiencia presupuestaria y cuestionamientos a su línea editorial, no puede analizarse de manera aislada. Forma parte de una campaña de desprestigio que, desde sectores conservadores y fascistas, ha acompañado históricamente a este medio y a la propia Universidad de Costa Rica cada vez que sus espacios de pensamiento, investigación y comunicación han cuestionado intereses establecidos.

La historia del Semanario Universidad está precisamente vinculada con la defensa de la libertad de pensamiento y de expresión. Su existencia responde a una tradición universitaria que entiende que la Universidad Pública no está llamada a repetir el discurso de quienes ejercen el poder, sino a producir conocimiento, abrir espacios de discusión y contribuir a que la sociedad pueda conocer y debatir aquello que otros preferirían mantener fuera de la discusión pública.

Por eso resulta particularmente grave que se pretenda deslegitimar al Semanario mediante el señalamiento de los recursos destinados a sus salarios. La discusión sobre los recursos públicos puede y debe darse. Las instituciones públicas deben rendir cuentas y mejorar permanentemente su funcionamiento. Pero una cosa es discutir legítimamente el uso de los recursos y otra muy distinta es utilizar el costo de una planilla como mecanismo para descalificar el contenido de un medio, cuestionar su existencia o sugerir que sus periodistas deberían abandonar la universidad pública porque sus posiciones críticas resultan incómodas.

El Semanario Universidad ha sido durante décadas un espacio para la expresión de múltiples voces de la sociedad costarricense. Ha dado cabida a sectores sociales, comunidades, organizaciones, personas investigadoras, trabajadores, movimientos sociales y personas defensoras de derechos que muchas veces encuentran dificultades para acceder a otros espacios de comunicación.

También ha demostrado que su función crítica no significa responder a un partido político, a un grupo empresarial ni siquiera a las propias autoridades universitarias. Su valor reside, precisamente, en conservar la capacidad de cuestionar a distintos poderes, incluida la propia Universidad de Costa Rica.

Esa independencia es un valor democrático, no un defecto.

Nuestra solidaridad tampoco se limita al Semanario Universidad. Nos preocupa el ambiente cada vez más hostil que enfrentan periodistas, comunicadores y comunicadoras sociales, personas creadoras de contenido, influencers, activistas, organizaciones sociales y personas defensoras de derechos humanos y ambientales que ejercen públicamente su derecho a cuestionar las decisiones del poder.

Estamos observando un fenómeno que merece atención: quienes tienen capacidad de comunicar, investigar, denunciar o construir una narrativa diferente a la oficial están siendo objeto de descalificaciones, señalamientos y campañas de desprestigio. La crítica es presentada como enemistad. La denuncia es presentada como conspiración. La investigación periodística es presentada como ataque político. La discrepancia es convertida en sospecha.

Esto constituye un riesgo para la democracia. Una sociedad democrática no puede reducirse a votar cada cuatro años. También necesita instituciones independientes, prensa crítica, organizaciones sociales, universidades públicas, personas activistas y ciudadanía capaz de expresar desacuerdos sin temor a ser perseguidas o estigmatizadas.

Nos preocupa, además, el debilitamiento progresivo de distintos espacios institucionales y sociales que históricamente han funcionado como contrapesos del poder.

La presión sobre las instituciones públicas, el debilitamiento presupuestario de servicios esenciales, los cuestionamientos constantes a derechos adquiridos, las amenazas sobre la seguridad social, los ataques contra quienes fiscalizan al poder y la utilización creciente de la confrontación política como mecanismo para disciplinar la disidencia configuran un escenario que no podemos normalizar.

No afirmamos que todas estas situaciones sean idénticas ni que respondan necesariamente a una única causa. Pero sí consideramos necesario observar el patrón que se produce cuando distintos poderes y voces sociales comienzan a ser desacreditados por el simple hecho de cuestionar al gobierno o a grupos con poder.

Cada episodio puede parecer aislado. El problema aparece cuando se acumulan. Y cuando la crítica comienza a ser presentada sistemáticamente como una amenaza, la sociedad debe preguntarse qué está ocurriendo con su democracia.

La sociedad y la democracia necesita voces incómodas. El Semanario Universidad representa también una de las funciones esenciales de la Universidad de Costa Rica: poner el conocimiento al servicio de la sociedad.

La Universidad Pública no puede ser solamente un lugar donde se forman profesionales. Es también un espacio de pensamiento crítico, investigación, acción social, debate y comunicación pública.

Una universidad que solamente habla cuando sus autoridades están de acuerdo con lo que se dice deja de cumplir una parte fundamental de su función social.

El Semanario Universidad ha incomodado por igual a todos los gobiernos y autoridades universitarias, porque fiscalizar su accionar no es algo a lo que una empresa, una junta directiva o una autoridad quiera estar sometida. Mucho menos cuando ese escrutinio social y mediático proviene de un medio de servicio público, con independencia editorial y una mirada crítica sobre el ejercicio del poder.

Por eso defendemos el derecho del Semanario Universidad a equivocarse, a ser cuestionado, a mejorar y a recibir críticas.

Defender al Semanario no significa considerar infalible todo lo que publica. Significa defender su derecho a publicar, investigar y ejercer el periodismo sin que su existencia sea amenazada por el contenido de sus informaciones.

La crítica al periodismo se responde con más periodismo. La crítica a una investigación se responde con argumentos y evidencia. El desacuerdo editorial se responde con debate. No con campañas de intimidación o desprestigio.

Las organizaciones y personas abajo firmantes consideramos que guardar silencio frente a estos acontecimientos solamente contribuye a normalizar un clima en el que cada vez resulta más difícil disentir.

Por eso expresamos nuestra solidaridad con las trabajadoras y los trabajadores del Semanario Universidad y con todas las personas comunicadoras, periodistas, creadoras de contenido, activistas y defensoras de derechos humanos y ambientales que han enfrentado situaciones similares.

Reconocemos el trabajo realizado durante décadas por el Semanario y, particularmente, el esfuerzo cotidiano de sus periodistas y trabajadores por investigar, preguntar, contrastar fuentes y mantener abierta una ventana para las voces que no siempre encuentran espacio en otros medios.

Sabemos que todo medio de comunicación puede mejorar. También sabemos que ningún medio está por encima de la crítica. Pero precisamente por eso defendemos su existencia: porque una democracia necesita espacios donde distintas posiciones puedan expresarse, confrontarse y ser fiscalizadas públicamente.

Hacemos un llamado a las organizaciones sociales, universidades, sindicatos, comunidades, periodistas, comunicadores, personas defensoras de derechos humanos y ciudadanía en general a no permanecer indiferentes ante cualquier intento de reducir los espacios para la crítica y la disidencia.

Defender la prensa crítica es defender el derecho de la sociedad a saber.

Defender a quienes disienten es defender la democracia.

Y hoy, frente a cualquier intento de silenciar, disciplinar o intimidar las voces críticas, consideramos necesario decirlo con claridad: No nos vamos a quedar callados.

Formulario en línea: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7sQRKzo-Awv_WDlQb6_lft5VY0wDlyRtU7YCRinnSsv7Kgg/viewform?usp=dialog

La lista de personas que firman en representación o con afiliación a organizaciones, instituciones o a título personal se puede ver en el mismo formulario o bien en el PDF que compartimos mediante el siguiente enlace:

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/09/Defender-el-Semanario-Universidad-es-defender-el-derecho-a-informar-disentir-y-fiscalizar-al-poder.pdf

Nuestra democracia bajo amenaza

Costa Rica ha sido catalogada, históricamente, como una de las democracias más sólidas y estables de Latinoamérica, pero ha venido sufriendo una progresiva y grave erosión desde 2022.

Gobiernos anteriores provocaron desconfianza en la ciudadanía, merced a muchas promesas incumplidas, y junto al desgaste de los partidos políticos tradicionales, crearon el terreno fértil para el surgimiento del discurso antisistema. Dicho descontento fue aprovechado por controvertidos personajes arribistas, del 2022 en adelante, para iniciar una escalada populista que cuestiona la arquitectura constitucional del país, redefiniendo la gestión pública como un choque permanente entre un “pueblo agraviado” y una “casta o institucionalidad corrupta”, y que utiliza reiteradamente un discurso de odio, para lo cual recurre a conferencias de prensa y plataformas digitales, con el propósito de descalificar a todos sus oponentes.

Los organismos internacionales y centros de monitoreo global han activado sus alarmas sobre este fenómeno, que degrada el nivel de la nuestra democracia; así, por ejemplo:

  • El Índice Mundial de Libertad de Prensa informó que Costa Rica perdió 33 puntos, del 2021 al 2025, pasando del puesto 5 del mundo al 38.
  • Según el Índice de Libertad Global (Freedom House), la puntuación de la Libertad de Prensa pasó de 88.8 a 72.3 puntos en ese mismo periodo.
  • Para el Instituto de la Libertad de Prensa y Reporteros Sin Fronteras, los monitoreos en el país revelan un incremento superior al 800% en ataques a la prensa independiente. La mayor parte corresponde a agresiones verbales y a desacreditaciones sistemáticas («sicarios políticos», «prensa canalla») emitidas desde las ruedas de prensa del Ejecutivo.

Pero el atropello más crítico ha sido el ataque directo y coordinado desde la presidencia anterior y la actual, contra las instituciones que tutelan el Estado de Derecho, así, por ejemplo:

  • El Poder Judicial y la Sala Constitucional han sido blanco de descalificaciones directas, tras haber frenado decretos u órdenes administrativas contrarias a la ley (p. ej., el cierre de recintos de eventos y ataques indirectos a medios). Se tilda a los magistrados de «obstáculos al desarrollo».
  • La Contraloría General de la República ha sido objeto de un acoso verbal inédito. El Ejecutivo ha intentado eludir los controles de contratación pública (proyectos de infraestructura, alianzas público-privadas) y mediante reformas legislativas populistas (como la «Ley Jaguar»), ha querido descalificar la función constitucional de fiscalización.
  • El Tribunal Supremo de Elecciones (garante de la pureza del sufragio), también ha sido objeto de ataques a su imparcialidad cuando ha señalado infracciones al deber de neutralidad política de los funcionarios públicos.

Uno de los síntomas más preocupantes es la persecución a la libertad de expresión y al ejercicio de un periodismo libre, mediante estrategias de acoso sistemático a través de troles y redes sociales. Se crean ecosistemas digitales destinados al linchamiento virtual, el ciberacoso y la difamación de voces analíticas. Asimismo, mediante el retiro de la pauta publicitaria oficial a medios independientes, se les pretende asfixiar económicamente, incluso se les persigue judicialmente, haciendo un uso abusivo del aparato estatal.

Se practica la persecución tributaria, administrativa y se amenaza, lo cual ha obligado a algunos incluso al exilio y otros han perdido la visa norteamericana, aparentemente por intervención del gobierno.

Todo esto contrasta con la Costa Rica que ha sido refugio insigne de exiliados latinoamericanos. El uso de calificativos degradantes desde la tribuna presidencial no es mero folclore político; es una señal de validación que impulsa a grupos fanáticos a llevar la agresión del plano virtual al físico.

Finalmente, alimentados por ese clima de violencia verbal y discursos de odio, crecen también la delincuencia, el sicariato, el crimen, el tráfico de drogas y el lavado de dólares, al amparo de acciones gubernamentales que los han terminado favoreciendo, como lo fue el retiro de las policías contra las drogas de nuestras fronteras, puertos y aeropuertos, la reubicación de nuestras policías costeras tierra adentro y los recortes a los presupuestos del OIJ y el Poder Judicial. Como corolario, cientos de funcionarios y de exfuncionarios, de los tres poderes del Estado, se han visto tentados a involucrarse en el lucrativo negocio de las drogas.

Sin embargo, frente a una narrativa de odio, autoritaria y populista, la sociedad civil ha comenzado a articular mecanismos de autodefensa institucional: por ejemplo, la manifestación del Plantón, el pasado 6 de agosto, en la Plaza de la Democracia, una marcha cívica que representa un hito en la historia reciente del país. Este movimiento espontáneo, bajo la consigna de nuestra bandera nacional, reunió a sectores muy diversos, hombres y mujeres patriotas: exmagistrados, estudiantes, sindicalistas, jubilados, profesionales, académicos y ciudadanía en general, para exigir respeto a la separación de poderes, el cese a los ataques a la Sala IV, la Contraloría, el OIJ, el TSE, el Poder Judicial y la defensa irrenunciable de la libertad de prensa y de expresión, baluarte histórico de nuestra democracia.

Esa manifestación, popular y pacífica, evidenció que a pesar de los esfuerzos del Poder Ejecutivo anterior y del actual, por polarizar y dividir la sociedad costarricense, existe una creciente masa crítica ciudadana, dispuesta a resguardar las bases institucionales establecidas en la Constitución vigente, la de 1949 y sus reformas.

En conclusión, todavía el país no enfrenta un colapso democrático, pero sí un ascendente proceso de erosión institucional, en el que tanto la ley como las instituciones que las tutelan son debilitadas intencionada y sistemáticamente.

Es importante, por tanto, no solo detener el deterioro democrático causado por la retórica oficialista, sino procurar una solución a las deudas estructurales (desigualdad, desempleo, infraestructura, salud, educación, seguridad) que el sistema político tradicional no supo atender y que le sirven a los dirigentes de turno como excusa para intentar derribar nuestra democracia e instaurar el autoritarismo tan en boga en Latinoamérica y el mundo.

Hacemos un llamado a la ciudadanía consciente y preocupada de la herencia que le podamos dejar a nuestros hijos y nietos, a defender la democracia y sus instituciones. Esa defensa no se hace con fusiles ni con violencia, sino ejerciendo nuestros derechos ciudadanos a la denuncia y a la manifestación pacífica, no doblegándonos a las exigencias de un gobierno autoritario que no respeta ni la división de poderes ni las instituciones, y finalmente, repensando nuestras decisiones electorales en los procesos de escogencia que se avecinan, en nuestras comunidades y a nivel nacional.

Igualmente hacemos un llamado a las universidades, instituciones, organizaciones, movimientos, grupos de estudio, iglesias, intelectuales, demócratas, etc., a defender la institucionalidad, la democracia y la libertad que todavía disfrutamos, y a proponer proyectos, soluciones y cualquier idea que a través de los diputados y representantes cantonales y nacionales que todavía defienden esta patria, que nos permitan retomar el rumbo perdido, contrarrestar la polarización social y volver a una senda de progreso justa y equitativa, que propicie una convivencia pacífica en nuestra amada Costa Rica.     Agosto 27, 2026.

Firmantes:

Gerardo Fumero Paniagua, 301830948

Jorge Blanco Roldán, 103870769

Edgar Porras Thames, 103971236

Juan Gerardo Alvarado Ulate, 104830907

Alejandro Alvarado Induni, 103400452

Felipe Corriols Morales, 103720641

Hernán Sánchez Delgado, 103630887

Luis Bolaños Marín, 103840247

Fernando Fernández González, 104510498

Milton Esquivel Hernández, 103991282

Rodrigo Méndez, 104370959

Germán Murillo Pacheco, 400900601

Manuel Incer Arias, 103990517

Mario Granados Chacón, 103780680

Patricia Barzuna Castro, 105200588

Marina Aguiluz Armas, 102810948

Luis Fdo Chavarría Zannini, 103911334

Habib Succar Guzmán, 203240655

Víctor Mora Black, 601170946

Mercedes Monge Agüero, 104011497

Mario Salas Leal, 103720352

Jorge González Calderón, 107750334

Marco Vázquez Esquivel, 292940397

Luis González Espinoza, 202740104

Elizabeth Aguilar Zeledón, 104170170

Minor Ovares Fallas, 103880138

Xinia Herrera Quirós, 104220059

Mario Vilalta Jiménez, 104390432

José Luis Ocampo Rojas, 103720173

Alba María Muñoz Sibaja, 103960709

José Miguel Quirós Murillo, 202600256

Jaime Rosencwaig Topf, 103860466

Miguel Á. Montero Corredera, 104510398

Rolando González García, 202600476

Alberto Negrini Vargas, 104130248

Sandy Calderón Delgado, 103860628

Rosa L. Tormo Fonseca, 103920917

Rafael Ángel González Arce, 103990124

Víctor Hugo Esquivel Poveda, 104110982

Oscar Cuevas Zamora, 115200024

Carlos M. Villaseñor Brenes, 103530664

Emilia M. Rojas Umaña, 104090831

Azálea Álvarez Torres, 103840399

Víctor Mora Vilalreal, 106280826

Carlos E. Serrano Rodríguez, 202440879

José Pablo Sibaja Brenes, 112000166

Rogelio Zeledón Ureña, 104180816

Marco V. García León, 401300549

Guillermo Alvarado Induni, 105420448

Alexis Solís Marín, 104490703

María Nelly Porras Thames, 105330726

Marcela Guzmán Ovares, 301860044

María Helena Fonseca Mora, 301800640

Carmen Sandoval Jiménez, 103860587

María Elena Fonseca Mora, 301800640

Sergio Valenciano Ulloa, 105040820

Carlos Runebaun Madriz, 301720446

Tannia Oconnor Oconnor, 104060961

Eduardo Peralta, 103890642

Irene Araya Ortiz, 104870980

Alberto Gómez Vargas, 105720404

Luis Bolaños Marín, 104370959

María Teresa Bolaños Mora, 105130804

Arturo Pacheco Molina, 301820534

Ismael Mazón González, 104220207

Altagracia Sárraga Cuevas, 700390987

Gobernantes y ciudadanos: la responsabilidad compartida

«Entre un gobernante que lo hace mal y un pueblo que lo consiente hay una complicidad vergonzosa».
Pensamiento atribuido a Víctor Hugo (1802-1885)

Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)

biodiversidadcr@gmail.com

Una democracia necesita gobernantes sometidos a la ley y ciudadanos dispuestos a exigirles cuentas. Cuando uno de los dos renuncia a su responsabilidad, todos pagamos las consecuencias.

Hay frases que sobreviven a su tiempo porque expresan verdades que ninguna sociedad debería olvidar. Esta, atribuida al escritor, político e intelectual francés Víctor Hugo, adquiere una particular vigencia en la Costa Rica actual.

La frase plantea una responsabilidad doble. Por un lado, la de quienes ejercen el poder y pueden utilizarlo de manera arbitraria, abusiva o irresponsable. Por otro, la de una ciudadanía que, por indiferencia, conveniencia, fanatismo político o simple resignación, termina aceptando aquello que debería cuestionar. Y aquí comienza nuestra responsabilidad.

Un gobierno puede equivocarse. Puede adoptar políticas desacertadas, incumplir promesas o fracasar en determinados ámbitos. Nada de ello, por sí mismo, constituye una amenaza para la democracia. El verdadero peligro aparece cuando el poder deja de aceptar límites, convierte la crítica en enemistad, presenta a las instituciones de control como obstáculos y pretende que la ciudadanía confunda autoridad con obediencia. Eso es lo que debería preocuparnos.

En la Costa Rica de hoy hemos visto crecer en los últimos años una confrontación política en la que el desacuerdo se presenta con demasiada frecuencia como una conspiración. El Poder Judicial, la prensa, la oposición política y otras instituciones han sido objeto de descalificaciones que no deberían convertirse en parte normal del lenguaje de quienes gobiernan. Una democracia constitucional, sin embargo, no fue diseñada para que el gobernante tenga siempre la razón. Fue diseñada para que nadie tenga todo el poder.

Por eso existen la división de poderes, la independencia judicial, la libertad de prensa, los órganos de control y el derecho ciudadano a conocer cómo se administra lo público. No son obstáculos colocados en el camino de un gobierno. Son precisamente los mecanismos que impiden que el poder público se convierta en poder absoluto.

Cuando controlar al poder se convierte en una amenaza

Uno de los signos más preocupantes de cualquier democracia es que quienes ejercen el poder comiencen a considerar ilegítimo todo aquello que los contradice. Si una resolución judicial resulta desfavorable, se cuestiona al juez. Si una investigación incomoda, se cuestiona al investigador. Si un medio publica información crítica, se cuestiona al medio. Si un ciudadano denuncia una irregularidad, se cuestionan sus intenciones.

El problema no está en criticar a jueces, fiscales, periodistas o ciudadanos. Todos pueden equivocarse y todos deben responder por sus actuaciones. El problema aparece cuando la crítica deja de dirigirse a sus decisiones y se convierte en una estrategia para deslegitimar sistemáticamente a quienes tienen la función de fiscalizar al poder. Porque entonces el debate deja de ser “¿tiene razón esta institución?” y pasa a ser “¿está con nosotros o contra nosotros?”. Esa lógica es incompatible con una democracia madura.

Lo mismo ocurre con la información pública. La seguridad del Estado puede justificar determinadas reservas, pero el secreto no puede transformarse en la regla general para administrar asuntos que pertenecen a la ciudadanía. En una democracia, quien gobierna administra recursos, instituciones e información que no le pertenecen personalmente.

El Estado no es propiedad del Gobierno.

Y la información pública tampoco. Por eso, ante cualquier intento de ampliar innecesariamente el ámbito de lo reservado, la ciudadanía tiene derecho a preguntar: ¿qué se pretende proteger?, ¿por cuánto tiempo?, ¿bajo qué criterios?, ¿quién ejercerá el control?

Preguntar no es conspirar. Fiscalizar no es desestabilizar. Discrepar no es traicionar.

El problema también somos nosotros

Aquí es donde la frase de Víctor Hugo adquiere su mayor fuerza. Resulta cómodo atribuir toda la responsabilidad al gobernante. Es evidente que quien ocupa la Presidencia tiene una responsabilidad extraordinaria. Pero ningún gobierno puede deteriorar por sí solo una democracia que encuentre una ciudadanía dispuesta a defenderla.

El poder necesita, para avanzar sin controles, algo más que funcionarios obedientes. Necesita ciudadanos indiferentes. En este contexto, la indiferencia puede adoptar muchas formas: Es aceptar una injusticia porque beneficia a los nuestros. Es justificar una arbitrariedad porque fue cometida por alguien a quien apoyamos. Es guardar silencio ante un abuso porque creemos que la víctima pertenece al bando contrario. Es repetir que “todos son iguales” para no asumir ninguna responsabilidad. Y es, sobre todo, renunciar a pensar críticamente.

Una democracia no se debilita únicamente cuando un gobernante concentra poder. También se debilita cuando los ciudadanos comienzan a justificar esa concentración. La pregunta, entonces, no puede limitarse a qué está haciendo mal el Gobierno. También debemos preguntarnos qué estamos haciendo nosotros frente a ello. Una democracia no se defiende en silencio.

Ni obediencia ni oposición ciega

Defender la democracia tampoco significa convertirse automáticamente en opositor del Gobierno. Una sociedad democrática no necesita ciudadanos que estén permanentemente a favor o permanentemente en contra. Necesita ciudadanos capaces de juzgar cada decisión según sus méritos.

Se puede reconocer un acierto del Gobierno y cuestionar su política institucional. Se puede defender una reforma y rechazar la forma en que pretende aprobarse. Se puede criticar al Poder Judicial sin aceptar que se destruya su independencia. Se puede cuestionar a la prensa sin pretender silenciarla. Se puede exigir reformas profundas sin permitir que la palabra “reforma” se utilice como sinónimo de sometimiento.

Esa independencia de criterio es justamente lo que distingue a un ciudadano de un partidario. Y nuestro país necesita más ciudadanos y menos fanáticos.

La democracia no desaparece de un día para otro

Las democracias rara vez se deterioran mediante un único acontecimiento espectacular. Con frecuencia, el proceso es mucho más silencioso: Una descalificación aquí. Una institución desacreditada allá. Una información que deja de estar disponible. Una amenaza que se normaliza. Una crítica que se convierte en enemistad. Un abuso que se justifica porque “esta vez” favorece a los nuestros. Cada episodio puede parecer menor. El problema aparece cuando todos empiezan a formar parte de una misma cultura política.

La normalización es el verdadero peligro. Cuando una sociedad se acostumbra a que el poder ataque a quienes lo controlan, deja de sorprenderse. Cuando deja de sorprenderse, deja de reaccionar. Y cuando deja de reaccionar, el abuso encuentra terreno fértil para crecer. Por eso no debemos esperar a que desaparezcan las instituciones para defenderlas. Hay que defenderlas precisamente mientras todavía funcionan.

La responsabilidad de no consentir

La cita de Víctor Hugo no debería utilizarse únicamente para acusar a un gobierno. Su verdadero valor está en obligarnos a mirar hacia nosotros mismos: ¿Qué estamos dispuestos a tolerar? ¿Qué principios estamos dispuestos a defender incluso cuando hacerlo perjudica políticamente a quienes apoyamos? ¿Somos capaces de exigir transparencia cuando el secreto beneficia a los nuestros? ¿Somos capaces de defender la independencia judicial cuando una resolución favorece al adversario? ¿Somos capaces de defender la libertad de prensa cuando una noticia nos incomoda?

Ahí se mide realmente la cultura democrática de una sociedad. Porque defender las instituciones únicamente cuando nos favorecen no es defender la democracia. Es defender nuestros intereses.

Nuestro país no necesita gobernantes infalibles. Necesita gobernantes sometidos a la ley. No necesita instituciones intocables. Necesita instituciones independientes y responsables. No necesita una ciudadanía que aplauda. Necesita una ciudadanía que pregunte, fiscalice y exija cuentas.

El poder debe saber que gobernar no significa disponer del país a voluntad. Y la ciudadanía debe recordar que votar no significa entregar un cheque en blanco. Al final, la advertencia de Víctor Hugo contiene una verdad sencilla: el poder que no encuentra límites ciudadanos termina creyendo que no los necesita.

Por eso, la pregunta decisiva no es únicamente qué hará el Gobierno. Es qué haremos nosotros. Porque mientras existan ciudadanos dispuestos a exigir cuentas, ninguna autoridad estará por encima de la sociedad.

Cuando, por el contrario, decidimos consentirlo todo, dejamos de ser solamente víctimas del mal gobierno: nos convertimos en parte del problema. Y esa sí sería, para nuestro país, una complicidad verdaderamente vergonzosa: una irresponsabilidad hacia nosotros mismos y, sobre todo, hacia las futuras generaciones.