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Carta abierta de solidaridad y comunión eclesial

Escrito en 03/08/2026. Publicado en Aportes para el desarrollo.

Los abajo firmantes, miembros de la Iglesia católica y como personas comprometidas con la vida pastoral y el bien común de nuestro país, manifestamos nuestra cercanía fraterna, respeto y solidaridad con el padre Jeison Víquez Acuña, Vicario Parroquial de San Blas de Nicoya y con toda nuestra Iglesia. Nos identificamos con las palabras pronunciadas por el sacerdote durante los actos conmemorativos de la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica, el pasado 25 de julio. Por ellas, nuestro hermano sacerdote ha sido el objeto de una injustificada campaña mediática que no solo nos preocupa, sino que nos llama a la reflexión.

Padre Jeison Víquez Acuña en la fecha de su ordenación en 2024. En la imagen está junto a Monseñor Manuel Eugenio Salazar, Obispo de Tilarán.

Lo hacemos movidos por el espíritu de comunión que caracteriza a la Iglesia y por la convicción de que sus ministros están llamados a anunciar el Evangelio con fidelidad, iluminando la realidad desde la Palabra de Dios y el Magisterio de la Iglesia. Cuando un sacerdote recuerda los principios de la dignidad humana, la justicia, la paz, el bien común, la responsabilidad de quienes ejercen la autoridad y la reconciliación entre los pueblos, no expresa simplemente una opinión personal; es una voz que forma parte de la Doctrina Social de la Iglesia y de su permanente misión evangelizadora.

La Constitución Política de Costa Rica reconoce el lugar histórico de la Iglesia católica en la vida nacional, mientras que el orden democrático garantiza plenamente la libertad religiosa y la libertad de expresión. Ambas libertades permiten que la Iglesia continúe ofreciendo, con respeto y sin pretensión de imponer criterios, una reflexión moral, inspirada en el Evangelio, sobre aquellas realidades que afectan la vida de las personas y de la sociedad. Esta misión no responde a intereses partidarios ni a coyunturas políticas, sino al mandato recibido de Cristo de anunciar la verdad, promover la justicia y servir a la reconciliación.

La Constitución Pastoral Gaudium et Spes (n. 76) reconoce la legítima autonomía de la comunidad política, pero afirma la misión de la Iglesia de emitir un juicio moral cuando lo exijan los derechos fundamentales o la salvación de las personas.

La discrepancia es parte de la vida democrática; sin embargo, ella debe ejercerse siempre dentro del respeto mutuo, sin descalificaciones personales ni intentos de desacreditar la misión pastoral de quienes sirven al pueblo de Dios.

Recordamos también las palabras pronunciadas por monseñor Javier Román Arias en la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, al inicio del actual período constitucional, cuando exhortó a quienes recibían la responsabilidad de gobernar a ejercer la autoridad como un servicio al pueblo, con humildad, respeto por la institucionalidad democrática, búsqueda del diálogo y compromiso con la justicia y el bien común. Aquella exhortación pastoral mantiene hoy plena vigencia y constituye una expresión del servicio que la Iglesia sigue ofreciendo a la sociedad costarricense.

En la misma línea, el Santo Padre León XIV ha insistido en diversas ocasiones en que la Iglesia está llamada a ser signo de unidad en un mundo marcado por las divisiones, promoviendo una cultura del encuentro, del diálogo respetuoso y de la fraternidad, rechazando toda forma de odio, exclusión o polarización que fracture a los pueblos y debilite la dignidad de las personas.

Invitamos a los creyentes, más allá de sus opciones políticas, a poner sus energías al servicio de los valores del Reino, que trasciende todo proyecto político y sitúa en el centro a los más pobres, como nos lo recuerda el Papa León XIV en la exhortación apostólica Dilexit te.

Por todo ello, aprovechamos esta ocasión para expresar nuestro reconocimiento a todos los sacerdotes, religiosos, religiosas y agentes de pastoral que, con prudencia, caridad y fidelidad al Evangelio, continúan ejerciendo su misión profética al servicio de Costa Rica.

En las fechas de la celebración nacional en honor a Nuestra Señora de los Ángeles, Patrona de Costa Rica, renovamos nuestra oración por el llamado de los obispos en favor de la unidad entre los costarricenses y de la protección del orden institucional. En momentos en que el mundo y nuestra patria enfrentan profundas tensiones sociales, económicas y culturales, el camino no puede ser el de la polarización permanente, sino el del encuentro, la escucha y la búsqueda sincera del bien común.

Pedimos a Nuestra Señora de los Ángeles que interceda por nuestra patria, para que fortalezca nuestra convivencia pacífica, inspire a quienes ejercen responsabilidades públicas y nos conceda a todos la sabiduría necesaria para construir una nación reconciliada, donde el respeto, la verdad, la justicia y la paz prevalezcan sobre toda forma de división.

En Cristo y bajo el amparo de Nuestra Señora de los Ángeles,

Javier Hernández Quirós, cmf. Prefecto de Apostolado, Misioneros Claretianos de Centroamérica.
Daniel Monge Sandoval, Centro Bíblico Claretiano «Para que tengan vida».
Gustavo Meneses Castro, Diócesis de Puntarenas, Secretario Ejecutivo de la Pastoral de Movilidad Humana, Conferencia Episcopal de Costa Rica.
José Manuel Díaz Cantero, Arquidiócesis de San José.
Glenn Gómez Álvarez, Arquidiócesis de San José.
Marco Antonio Oviedo Núñez, Diócesis de Alajuela.
Rigoberto Segura Godoy, Catedral de Puntarenas.
Ricardo Brenes Méndez, Diócesis de Puntarenas.
Miguel Rojas Castillo, Diócesis de Puntarenas.
Luis Carlos Aguilar Badilla, Diócesis de Puntarenas.
Mario García Montoya, Diócesis de Puntarenas.
Rafael Aragón Marina, CENDHU.
Alexander Alfaro Chavarría, Parroquia de Esparza, Diócesis de Puntarenas.
Erick Marín Carballo, Franciscanos Conventuales, Colegio Saint Francis, Moravia.
Edgar Muñoz Fonseca, Arquidiócesis de San José.
Arturo Morales Funcín, Arquidiócesis de San José.
José Eduardo Bolívar Rojas, Diócesis de Tilarán-Liberia.
Rodolfo Araya Rojas, Parroquia de Liberia, Diócesis de Tilarán-Liberia.
Diác. Francisco Venegas Castro, Parroquia de Tilarán, Diócesis de Tilarán-Liberia.
Diác. Mark Vincent Valenzuela Giera, Diócesis de Tilarán-Liberia.
Elkin Eduardo López Alfaro, Diócesis de Tilarán-Liberia.
Fray Oscar Alvarado Rojas, Terciario Capuchino.
Diác. Allan Siles Ríos, Arquidiócesis de San José.
Félix Ríos Gadea, Laico de la Diócesis de Tilarán y miembro de la Pastoral de Movilidad Humana.
Abelardo Morales Gamboa, Catedrático Universitario, Miembro del Equipo de apoyo a la Pastoral de Movilidad Humana.
Juan José Romero Zúñiga, Catedrático de la Universidad Nacional.
Rafael Ángel Villalobos Segura, Solidaridad y Misión, Centroamérica.
Magaly Zúñiga Céspedes, Psicóloga, Investigadora, Equipo de apoyo a la Pastoral de Movilidad Humana.
Gabriel Putoy Cano, CENDHU.
Hazel María Jiménez Eduarte, Parroquia de Guadalupe, Arquidiócesis de San José.
Fidelina Mena Corrales, Abogada defensora de Derechos Humanos.
Martha Zulay Castro Calderón, Parroquia del Roble, Diócesis de Puntarenas.
Adriana Elizondo Vargas, Parroquia de Esparza, Diócesis de Puntarenas.
Mayela Bolívar González, Parroquia de Parrita, Diócesis de Puntarenas.
Ricardo Meneses Castro, Parroquia de Bagaces, Diócesis de Tilarán-Liberia.
Nancy Sing Ávila, Parroquia Bethania, Arquidiócesis de San José.
Saúl Vidal Valerín Chévez, Parroquia Parrita, Diócesis de Puntarenas.
Erick Jiménez Madrigal, Parroquia de la Gloria de Puriscal, Arquidiócesis de San José.
Róger Edward Meneses Castro, Parroquia de Turrialba, Diócesis de Cartago.
Juan Carlos Sing Ávila, Parroquia de Cañas, Diócesis de Tilarán-Liberia.
Marjorie Ávila Salas, Arquidiócesis de San José.
Eugenia Ávila Chavarría, San Ramón de Alajuela.
José Antonio Arley Arley, Arquidiócesis de San José.
Marta Ávila Solera, Arquidiócesis de San José.
Manrique Ávila Cerdas, Arquidiócesis de San José.
Narciso Ávila Cerdas, Arquidiócesis de San José.
Ileana Ávila Cerdas, Arquidiócesis de San José.
Ingrid Alfaro Ávila, Arquidiócesis de San José.
Randall Alfaro Ávila, Arquidiócesis de San José.
Siulam Li Jiménez, Arquidiócesis de San José.
Dyala Apuy Ocampo, Arquidiócesis de San José.
Sandra Ávila Cerdas, Arquidiócesis de San José.
Celeste Murillo Meneses, Parroquia Corazón de Jesús, Heredia.
Karolina Ávila Valverde, Arquidiócesis de San José.
Kattia Sing Ávila, Arquidiócesis de San José.
Fernando Alfaro Ávila, Arquidiócesis de San José.
Diego Pérez Vásquez, Parroquia Bethania, Arquidiócesis de San José.
Andrés Pérez Sing, Parroquia Bethania, Arquidiócesis de San José.
María Fernanda Alfaro Solís, San Carlos de Alajuela.
María del Rocío Meneses Castro, Parroquia Corazón de Jesús, Heredia.
Néstor Zúñiga Pereira, Parroquia San José en Parrita, Diócesis de Puntarenas.
Juan Carlos Mora Sánchez, Parroquia San José en Parrita, Diócesis de Puntarenas.
María Esther Céspedes Morales, Parroquia S. Juan de Tibás, Arquidiócesis de San José.
Germán Pochet Ballester, Parroquia Santa Bárbara de Pavas, Arquidiócesis de San José.
Luis Fernando Carvajal Ortiz, Parroquia de Esparza, Diócesis de Puntarenas.
Juan Ignacio Torres Carvajal, Parroquia de Tambor, Diócesis de Alajuela.
Ana Isabel Umaña Araya, Centro Claretiano de Ayuda al Migrante, San José.
María Alejandra Villalobos De Ycaza, Juventud Claretiana, Heredia.
Lucía Villalobos De Ycaza, Juventud Claretiana, Heredia.
Esteban Villalobos De Ycaza, Juventud Claretiana, Heredia.
Orlando Navarro Rojas, director del Hogar de la Esperanza, Paso Ancho.
Beatriz De Ykaza Vélez, Arquitecta, Heredia.
María Auxiliadora Chávez Loáisiga, San Juan de Dios de Desamparados, Centro Claretiano de Atención al Migrante.
Dulce Umanzor Alvarado, Abogada, Activista por los derechos humanos, Puntarenas.
Giselle Zamora Arroyo, Moravia, Centro Bíblico Claretiano «Para que tengan Vida».
Carmen María Conejo Solera, San Francisco de Guadalupe, Centro Claretiano de Atención al Migrante.
Rocío Hernández Salazar, Centro Claretiano de Atención al Migrante, San José.
Giselle Fernández Salazar, Centro Claretiano de Atención al Migrante, San José.
Lilliana Montoya Conejo, Centro Claretiano de Atención al Migrante, Aurora de Heredia.
Randall Rivera Rodríguez, Centro Claretiano de Atención al Migrante, Aurora de Heredia.
José Francisco Brenes Quirós, Centro Claretiano de Atención al Migrante, Calle Blancos.
Margarita Murillo Montoya, Centro Bíblico, San Francisco de Goicochea.
Mariano Sáenz Vega, Encuentro Ecuménico, San José.
Andrea Esquivel Villalobos, Heredia.
Angélica María Villalobos, Heredia.
Vilma Álvarez Rodríguez, Trabajadora Social-Abogada, Puntarenas.
Víctor Hugo Romero Coto, Agrónomo, Puntarenas.
María T. Biamonte Colombari, Ama de Casa, Puntarenas.
Mario Chaverri Sánchez, Médico, Puntarenas.
Daniel Morales Marín, Tibás, San José.
Patricia Reyes Arguedas, Moravia, San José.
Olga Marta García Arguedas, Moravia, San José.
Mayra Delgado Benavides, San José.
Marvin Bolaños Delgado, San José.
Ana Reyes Arguedas, Tibás, San José.
Kathya Brenes Mata, Hatillo 3, San José.
Roberto Reyes Arguedas, Moravia, San José.
Flerida Martén García, Moravia, San José.
Eugenia Vargas Carpio, Moravia, San José.
Ana Leonor Ramírez Montes, psicóloga, investigadora independiente, San José.
Laura Chinchilla Barrientos, Psicóloga, San José.
Javier Tapia Balladares, Catedrático Universidad de Costa Rica.
Sonia Johnson Rosales, Pensionada CCSS, Puntarenas.
Ana Beatriz Ramírez Guerrero, Pensionada MEP, Alajuela.
Manuel Alvarado Murillo, profesor universitario jubilado, Puntarenas.
María Pérez Iglesias, Escritora, San José.
Alicia Eugenia Vargas Porras, Catedrática UCR, San José.
Arabella Salaverry Pardo, Escritora, San José.
María de los Ángeles Miranda Méndez, Enfermera pensionada.
Marco Vinicio Fournier Facio, Psicólogo, San José.
Yolanda Bertozzi Barrantes, Abogada y teóloga.
Daniel Cordero Ramírez, Estudiante, San José.
Giselle Gamboa Cordero, Directora, JN Riojalandia, Puntarenas.
Yamileth Torres Delgado, Psicóloga, San José.
Álvaro Campos Guadamuz, Prof. jubilado Universidad de Costa Rica, San José.
Adilia Solís Reyes, Docente pensionada, San José.
Florencia Jiménez Antillón, Jubilada, San José.
Marta Eugenia González Madriz, Psicóloga, San José.
Cecilia Cortés Quirós, Escazú, San José.
Eduardo Solano Coghi, Paraíso de Cartago.
Victoria Brenes Moya, Paraíso de Cartago.
Miriam López Badilla, MSc. San José.
Ana Lupita Chaves Salas.
Yadira Matarrita Brenes.
Luis Alberto Ramírez Montes, jubilado.
Ana Lucía Gutiérrez Espeleta, Jubilada, UCR.
Yamilette Fontana Coto, Socióloga, Jubilada del MEP.
Marlidian Rivas Bascon, Socióloga, Jubilada de la CCSS.
Mónica Vargas Córdoba, Orientadora.
Abigail Hernández Chavarría, Odontóloga.
Yorlenny Fontana Coto, Profesora UNED y consultora.
Isabel Avendaño-Flores, Profesora Universitaria, Facultad de Ciencias Sociales, UCR.
Esperanza Tasies Castro, Profesora Universitaria.
Amalia Fontana Coto, Curadora, museografía, Pensionada de la UCR.
Erika Sevilla Zepeda, ingeniera informática, Profesora UNED.
Marta Sánchez Mora, Educadora pensionada.
Nieves Monge Fonseca, Gerontóloga y Profesional de Enfermería.
Laura Varga, Socióloga.
Natalia Dobles Trejos, Pensionada.
Karla Monge Sánchez, Máster en Lingüística, profesora en UCR.
Yolanda Rojas Rodríguez, Catedrática jubilada.
Aurora Sánchez Monge, jubilada Escuela de Salud Pública, UCR.
Vera Victoria Sancho Mora, Lic. Enseñanza de la Matemática, Jubilada.
Lorena Flores Solano, Jubilada.
Adriana Sancho Camacho, Licenciada en Orientación.
Marcos B. Arguedas Castro, Profesor Jubilado.
Rose Mary Araya Sancho, Profesora Jubilada.
Asdrúbal Duarte Esquivel, Matemático Jubilado.
Millaray Villalobos Rojas, antropóloga.
Gustavo Gatica López, Investigador, Universidad Estatal a Distancia.
Roberto Mata Montero, Profesor jubilado.
Guiselle Solera Mora, Pensionada, Psicóloga.
Rosemary Gómez Ulate, Trabajadora Social, Pensionada.
Alexander Castillo Monge, administrador, psicólogo y educador.
Ligia Martín Salazar, Antropóloga, Catedrática Jubilada.
Helvetia Cárdenas Leitón.
Eugenia Solís Umaña, Arquitecta.
Virginia Ramírez Cascante, Docente.
Antonieta Camacho, Catedrática Jubilada, Estudios del Desarrollo, Socióloga Rural.
Javier Morales Gamboa, Cervantes de Alvarado, Cartago.
Giovanni Morales Gamboa, Paraíso de Cartago.
María Picado Ovares, Psicóloga.
Sharon Montoya Azofeifa, Psicóloga y Docente.
Krissian Barrios, Socióloga.
Yamilé Salas Sanz, Pensionada.
Isabel Ovares Ramírez, pensionada.
Margarita Jiménez Ramírez, Pensionada.
Flora Ovares Ramírez, Pensionada.
Héctor Ferlini-Salazar, comunicador, docente UCR.
Mayela Ríos Barboza, Profesora jubilada.
Rosendo Pizarro Moraga, Profesor jubilado.
Lorena Mora Rodríguez, profesora jubilada.
Álvaro Artavia Alpízar, profesor jubilado.
Sandra Sánchez Agüero, profesora jubilada.
María Alicia Niklitschek, Profesora pensionada.
Teresita Vargas, Profesora Jubilada.
Damaris Rodríguez Lara, Ing. Agrónoma, Docente, Guanacaste.
Ana María Botey Sobrado, Docente Jubilada.
Sara Salazar Badilla, Ingeniera jubilada.
Junny Rodríguez, Profesora jubilada.
Josefa Guzmán León, profesora jubilada.
Guillermo Sojo Picado, Abogado, Curridabat.
Marielos Castro Umaña, Profesora pensionada.
María Laura Sánchez Rojas, Socióloga y dirigente social, Goicoechea, San José.
Ana Rodríguez Badilla, San José.
Sandra Cartín Herrera, San José.
Patricia Mora Castellanos, Socióloga, San José.
Ivonne Jiménez Villalobos, Periodista, La Unión.
Luis Enrique Ortega Gutiérrez, Comunicador, Director de Paraíso Con Voz, Paraíso de Cartago.
Fernando Solano Coghi, Paraíso de Cartago.
Elisa Vega Monge, Paraíso de Cartago.
Daniela Solano Vega, Paraíso de Cartago.
Diego Solano Vega, Paraíso de Cartago.
Eduardo Calderón Araya, Paraíso de Cartago.
Fernando Solano Vega, Paraíso de Cartago.
Ana Orozco Sánchez, Periodista, Montes de Oca.
Carlos Bonilla Avendaño, Presidente Iglesia Luterana Costarricense.
Erick Umaña Castro, Secretario Junta Directiva Iglesia Luterana Costarricense.
Ana Lorena Castillo Mata, Jubilada, Paraíso de Cartago.
Adriana Jarquín Coto, Abogada, Paraíso de Cartago.
Ariadna Quesada Zúñiga, Concepción de La Unión.
Heiner Quesada Porras, Concepción de La Unión.
Gladys Quesada Porras, Granadilla de Curridabat.
Shirley Quesada Porras, Granadilla de Curridabat.
Luis García Menéndez, Granadilla de Curridabat.
Milagro Zúñiga Céspedes, Concepción de la Unión.
Dinnia Araya Martínez, Birrisito de Paraíso de Cartago.
Rosaura Solano Araya, Paraíso de Cartago.
Marlene Víquez Salazar, Profesora jubilada y perteneciente a la Parroquia de Barva de Heredia.
Vicente Gómez Meneses, Orden Franciscana Seglar, Cartago.
Lidieth Murillo Madriz, Orden Franciscana Seglar, Cartago.
Gloria María Bonilla Solano, Profesora jubilada y Servidora Parroquia Mercedes Sur de Heredia.
Julieta Rodríguez Arias, Profesora jubilada, Curridabat.
Aída Ríos Quintero, profesora jubilada.
Xenia Madrigal García, Profesora jubilada.
Marino Marozzi Rojas, Economista.
Alejandra Espinoza Arias. Músico y Poeta.
Pierina Garino Herrera, San José, San Isidro, Heredia.
Miguel Ángel Zúñiga Brizuela, Ministro Auxiliar de la Eucaristía, Parroquia de Concepción de La Unión.
Rita Céspedes Castillo, Parroquia de Concepción de La Unión.
Gregorio Brenes Moya, Cartago.
Kathia Quesada Bonilla, Cartago.
Mayranrita Ramírez Brenes, Cartago.
María Elizabeth Zúñiga Garro, Centro Bíblico Claretiano. San Francisco, Goicoechea.
María Dolores Ocón Núñez, Centro Claretiano de Atención al Migrante, San Francisco de Goicoechea.
Nicole Cisneros Vargas, filóloga, Heredia.
Roberto Orozco Sánchez, Alajuela.
Raúl Francisco Silesky Jiménez, Cartago.
Patricia Blanco Picado, Montes de Oca.
Denia Zumbado Retana, Montes de Oca.
Vínyela Devandas Brenes, docente jubilada.
Mabel Figueroa Ramos, Trabajadora social, jubilada.
Ana Victoria Chacón Abarca, educadora pensionada.
Isabel Álvarez Rodríguez, economista, pensionada.
Yenory Murillo Coto, docente jubilada.
Marcela Eduarte Rodríguez, Bióloga, docente UCR.
Ana Tristán Sánchez, psicóloga y pedagoga, pensionada.
Grace Camacho Barquero, Orientadora jubilada.

El nuevo Canciller y la prueba de la libertad religiosa

Escrito en 06/05/2026. Publicado en Análisis.

Glenm Gómez Álvarez. Pbro.

El nombramiento de don Manuel Tovar Rivera como ministro de Relaciones Exteriores y Culto arrastra consigo un antecedente reciente que, por su naturaleza, vuelve inevitable la pregunta sobre el estilo con el que se ejercerá una de las funciones más delicadas del Estado: la relación con las confesiones religiosas y, particularmente, con la Iglesia Católica.

Conviene recordar con precisión el episodio del 1° de mayo, Día Internacional del Trabajador y fiesta litúrgica de San José Obrero, cuando el Señor Tovar, como ministro de Comercio Exterior, reaccionó con dureza frente a la homilía pronunciada por el arzobispo de San José, monseñor José Rafael Quirós. Aquella intervención no fue un discurso improvisado ni una toma de posición aislada del arzobispo: fue, de hecho, la aplicación pastoral de la Carta Pastoral “La Paz esté con ustedes” emitida recientemente por el Episcopado costarricense.

Ese documento —la carta pastoral de los obispos— no es un panfleto coyuntural ni una opinión individual. Es un texto colegiado que recoge la doctrina social de la Iglesia aplicada a la realidad concreta del país: el valor del trabajo, la centralidad de la persona humana frente a la lógica puramente mercantil, y las tensiones éticas que surgen cuando las decisiones de apertura económica impactan directamente en la vida de los trabajadores.

Es en ese contexto que el arzobispo retoma el texto y lo predica en clave litúrgica y pastoral, precisamente en el día en que la Iglesia contempla a San José como trabajador. No hay aquí una arenga política, sino continuidad doctrinal.

La reacción del ministro Tovar, sin embargo, fue leída por amplios sectores como una respuesta que desbordó el plano de la discusión técnica. No se trató solo de un desacuerdo con un análisis eclesial sobre el modelo económico, sino de una forma de interpelación que puso en cuestión —explícita o implícitamente— la legitimidad de la Iglesia para pronunciarse sobre asuntos sociales en el espacio público.

Ese antecedente importa hoy por una razón: el mismo actor político pasa ahora a ocupar la Cancillería de la República, institución que no solo representa al Estado ante el mundo, sino que en su estructura incluye el área de Culto, es decir, el canal institucional mediante el cual el Estado garantiza la libertad religiosa y regula su relación con las confesiones.

Y aquí está el punto neurálgico: el “Culto” no es un título simbólico ni una herencia histórica sin consecuencias. Implica responsabilidades concretas: Garantizar la libertad de expresión religiosa, incluso cuando esta es crítica del poder político, asegurar la autonomía de la Iglesia católica y de las demás confesiones frente a injerencias estatales; y preservar un principio básico de toda democracia madura: que la voz religiosa no está subordinada al criterio del gobernante de turno.

El problema no es la existencia de desacuerdos entre Iglesia y Estado —eso es estructural en sociedades plurales—. El problema aparece cuando la frontera entre desacuerdo y deslegitimación se vuelve difusa; cuando la crítica moral o pastoral es recibida no como parte del debate público, sino como una intromisión indebida.

El antecedente del 1° de mayo puede bien ser una señal de estilo político frente a la Iglesia Católica: si se la escucha como interlocutora legítima o si se la percibe como actor que debe ser neutralizado cuando incomoda.

Y ese estilo importa, porque ahora el interlocutor institucional no será ocasional, sino permanente. La Iglesia católica —por historia, peso social y presencia nacional— es uno de los actores con los que el Canciller deberá dialogar de forma constante. No en un plano de subordinación, sino de reconocimiento mutuo de competencias: el Estado no define la doctrina, y la Iglesia no legisla, pero ambos inciden en el debate público sobre el bien común.

De ahí que la pregunta de fondo no sea personal, sino institucional: ¿cómo se ejerce una cartera que exige garantizar la libertad religiosa cuando existen antecedentes recientes de tensión con esa misma voz religiosa?

Y aquí se abre otro frente: si la preocupación se centra en la legitimidad de la Iglesia católica para intervenir, desde su doctrina social, en el debate público, habría que preguntarse cuál es el criterio que se aplicará frente a otras expresiones religiosas que, sin el mismo nivel de escrutinio del Estado, también influyen en la opinión colectiva y ejercen una capacidad real de incidencia política. En una sociedad plural, el problema no es quién puede hablar, sino si se aplica la misma vara para valorar la palabra moral cuando proviene de actores distintos.

En una democracia, el estándar no es la ausencia de conflicto, sino la calidad con la que se lo administra. Y en materia de Culto, esa calidad se mide con un criterio muy concreto: si la libertad religiosa se protege incluso cuando resulta incómoda, o si se tolera solo mientras no incomode.

Ese será, en última instancia, el verdadero termómetro del nuevo periodo.

Iglesia Católica presenta vademécum para orientar la prudencia pastoral y la participación política del clero en el proceso electoral 2025-2026

Escrito en 03/12/2025. Publicado en Elecciones.

La Conferencia Episcopal de Costa Rica difundió un nuevo documento dirigido al clero en el marco del proceso electoral 2025-2026. Se trata del Vademécum sobre la prudencia pastoral y la participación política del clero en Costa Rica, elaborado por el presbítero Glenm Gómez Álvarez y presentado oficialmente por el obispo de Limón y presidente de la Conferencia Episcopal, Javier Román Arias. El texto ofrece criterios para fortalecer la labor pastoral sin caer en prácticas que puedan interpretarse como proselitistas, y se convierte en un aporte de la Iglesia Católica para el momento político que vive el país.

La presentación del obispo: acompañar sin confundir lo pastoral con lo político

En la sección inicial, Monseñor Javier Román explica que el documento se entrega al clero como una guía necesaria para ejercer el ministerio en un contexto político “complejo y dinámico”. Señala que no se trata de imponer limitaciones, sino de ofrecer orientaciones que ayuden a formar conciencias, de modo que los fieles actúen desde criterios éticos y orientados al bien común.

El obispo insiste en que la misión del sacerdote es guiar espiritualmente, no apoyar partidos ni candidaturas. El desafío, afirma, consiste en mantener una presencia pública acorde al Evangelio, con voz profética, pero sin militancia partidaria, respetando la legislación vigente y fortaleciendo al mismo tiempo el compromiso ético y ciudadano de la comunidad creyente.

Síntesis del documento de presentación del autor: una reflexión pastoral frente al desafío democrático

En su presentación, el presbítero Glenm Gómez Álvarez explica que el vademécum es una herramienta para comprender las implicaciones pastorales, éticas y legales de la participación clerical en la vida pública, sin confundir los distintos ámbitos.

El autor subraya que la Iglesia tiene un compromiso histórico con la justicia social y recuerda figuras como Monseñor Víctor Manuel Sanabria, cuyo liderazgo influyó en la construcción del Estado Social de Derecho costarricense. Esta tradición —indica— muestra que la Iglesia puede tener presencia pública sin participar en luchas partidarias.

El texto invita al clero a ejercer una presencia “profética, no proselitista; orientadora, no militante; servicial, no impositiva”, y a acompañar a las comunidades con responsabilidad, prudencia y fidelidad evangélica.

Esquema explicativo y resumido del contenido del vademécum

A continuación, se presenta una síntesis de los capítulos y secciones contenidos en la tercera parte del documento:

1. Introducción: contexto constitucional y religioso

Explica el origen del artículo 28 de la Constitución y su intención histórica ligada a un contexto anticlerical del siglo XIX.
Señala que la Costa Rica actual es plural en lo religioso, lo que genera tensiones en la aplicación del artículo, pues el clero católico mantiene restricciones que otros líderes religiosos no tienen.

2. Texto constitucional y su interpretación

El artículo 28 garantiza libertad de expresión, pero prohíbe propaganda política basada en motivos religiosos.
Esta prohibición aplica tanto a clérigos como a seglares.
Se explica cómo actúa el Tribunal Supremo de Elecciones en casos de denuncias.

3. Lectura crítica del artículo 28

Analiza la dificultad de distinguir entre una orientación ética legítima y un acto proselitista.
Aclara que la norma no prohíbe la expresión religiosa, sino su uso político.

4. Favoritismo o asimetría práctica

Reflexiona sobre la desigualdad entre sacerdotes católicos y pastores evangélicos, quienes sí participan abiertamente en política.
Plantea la pregunta sobre si existe verdadera igualdad de condiciones democráticas.

5. Marco canónico y magisterial

Expone los cánones que prohíben al clero ocupar cargos públicos o participar en partidos.
Reafirma que la acción política corresponde principalmente a los laicos.
Enfatiza la misión universal del sacerdote como pastor de todos.

6. Fundamentos bíblicos y teológicos

Presenta la visión profética de la fe y el compromiso social inspirado en Isaías y en el ejemplo de Jesús.
Afirma que la voz de la Iglesia tiene implicaciones sociales, pero no debe confundirse con acción partidista.

7. Doctrina Social de la Iglesia y formación de la conciencia

La política se entiende como forma de caridad social.
La Iglesia defiende una participación laical activa y madura.
El clero debe ayudar a formar conciencias, no a orientar votos.

8. Pautas pastorales en tiempos electorales

Neutralidad respecto a candidatos y partidos.
Promoción del voto informado, oración por la patria y discernimiento ético.
Consultar al obispo antes de pronunciamientos públicos sobre temas sensibles.

9. Orientaciones sobre predicación y formación

La homilía debe basarse en la Palabra de Dios.
Evitar referencias partidarias explícitas o implícitas.
Promover principios éticos generales vinculados al Evangelio.

10. Redes sociales y comunicación

Se pide extremar la prudencia en los “Me gusta”, comentarios o compartidos.
Se recomienda mantener los perfiles institucionales centrados en la misión pastoral.
Cada acción digital se entiende como testimonio público.

11. Casos pastorales frecuentes

Incluye lineamientos ante:

presencia de candidatos en misas,
solicitudes de bendición de sedes políticas,
invitaciones a actos públicos,
intenciones de misa con contenido político,
uso del templo para actividades partidistas.

12. Criterios editoriales en medios eclesiales

Fidelidad a la misión evangelizadora.
No difundir contenido que pueda interpretarse como partidista.
Discernimiento editorial constante.

13. Pauta político-partidaria

Se recomienda no aceptar publicidad política en medios eclesiales.
Cuidar la credibilidad institucional y evitar cualquier forma de instrumentalización.

14. Conclusión

El documento no cierra debates, sino que invita al discernimiento prudente.
La prudencia pastoral se presenta como vía para custodiar la comunión eclesial y servir a la democracia.
La Iglesia espera un marco jurídico más equilibrado en el futuro, que distinga proselitismo de presencia profética.

Descargue el documento completo

El texto íntegro puede descargarse desde SURCOS:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/12/Vademecum-sobre-la-prudencia-pastoral.pdf

Un ataque directo al corazón de los principios republicanos, contra la democracia y el Estado social de Derecho

Escrito en 28/03/2022. Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

Movimiento Diversidad Abelardo Araya

Uno de los derechos democráticos fundamentales, es aquel que tutela la libertad religiosa, es decir, el derecho de cada persona a profesar la fe que prefiera, y hacerlo sin ser de ninguna manera importunada, ni mucho menos perseguida. En las sociedades contemporáneas, complejas y heterogéneas, tal cual es la sociedad costarricense actual, la plena vigencia de este principio exige que exista cierta saludable distancia entre la política y, en general, el manejo de los asuntos públicos, respecto de la religión. Porque, en un contexto democrático y republicano, al Estado de derecho le toca velar por el respeto de todas las expresiones religiosas, con especial atención a las religiones minoritarias que, por ello mismo, podrían en mayor grado ser vulnerables. Lo cual materializa un principio republicano fundamental, que aspira a la plena igualdad ante la ley, y, por lo tanto, a la supresión de cualquier tipo de privilegio a favor de un sector u otro de la sociedad.

En Costa Rica, según un estudio del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP-UCR), publicado en julio de 2021, el 47,5% de la población se declaraba católica, y un 19,8% evangélica. De tal modo, cerca del 33% de la población costarricense -una de cada tres personas- se identifica con otras denominaciones religiosas (como el judaísmo o el islamismo), u otras formas de espiritualidad, o bien son personas que se consideran a sí mismas agnósticas o ateas.

Claramente tenemos ante nuestros ojos la realidad de una sociedad compleja y diversa. Frente a eso, los principios fundamentales del republicanismo, la democracia y los derechos humanos, establecen una obligación ineludible: en este multicolor conglomerado social y humano, ninguna persona merece menos respeto que cualquiera otra, indistintamente de si es católica, evangélica o de otra confesión religiosa, o si es no creyente. Por otra parte, esa es la base, absolutamente indispensable, en que descansa el principio de libertad religiosa.

Alarma que los candidatos presidenciales que disputan la segunda ronda electoral, señores Figueres Olsen y Chaves Robles, no hayan dado muestras de entender claramente lo que eso significa, y de las grandes implicaciones que de ahí se derivan. El que llegue a ser presidente, debe ser presidente de todos y todas, y para todas y todos, sin distingo de fe religiosa. No puede gobernar condicionado a ninguna fe religiosa particular, sea esta la que fuere, porque al hacerlo así, automáticamente dejará por fuera a quienes no profesen esa religión.

Ahí está el germen de la violencia contra los derechos humanos, las libertades ciudadanas, la república, la democracia y el Estado social de derecho. Más aún, ahí está el germen que puede destruir la paz social.

Es gravísimo que haya líderes religiosos dispuestos a subordinar la democracia a su fe religiosa, a sabiendas de que, al hacerlo así, estarán atropellado los principios republicanos de igualdad ante la ley y de universalidad de los derechos humanos, en que se asienta nuestro Estado social de derecho y la democracia ¿Acaso no captan que su propia libertad religiosa depende del respeto a la libertad de las otras personas para tener una fe distinta, no tener fe alguna o, en fin, vivir otras formas de espiritualidad?

Más que terrible, es sumamente peligroso que haya candidatos presidenciales que subordinan su eventual gobierno a las consignas e imposiciones de una religión en particular, y todavía peor, cuando se firman documentos de compromiso, en que se llega al extremo de entregar en manos de los representantes de una religión particular, nombramientos en ministerios importantísimos como Salud, Educación y Relación Exteriores.

Detrás de esto hay un ataque directo al corazón mismo de la república y la democracia, orquestado por líderes religiosos que no tiene escrúpulo en imponer sus intereses inmediatos y directos, incluso en prejuicio de la paz social. Pero muchísimo más grave es que tengamos dos candidatos presidenciales incapaces de asumir, como les corresponde y es su obligación, una posición de defensa de los principios republicanos, y de resguardo de la democracia, el Estado social de derecho y los derechos humanos. Es indignante verlos claudicar, con tal grado de ligereza e irresponsabilidad, ante imposiciones abiertamente antidemocráticas y contrarias a la igualdad y los derechos humanos.

Hacemos un llamado vehemente a ambos candidatos presidenciales para que enmienden de inmediato la peligrosa deriva antidemocrática y antirrepublicana en la que se han embarcado. Y ante la ciudadanía costarricense, advertimos acerca del grave peligro que esto comporta. La democracia y el Estado social de derecho están siendo puestos en gravísimo peligro.

Por el Movimiento Diversidad Abelardo Araya

Luis Paulino Vargas Solís

Cédula 2-0327-0373

Erika Susana León Rey

Cédula 1-0871-0011

Víctor Hugo Monge Aguilar

Cédula 1-0432-0270

Webinar: ¿Qué opina? Sobre el proyecto de ley 21.012, Ley para libertad religiosa y culto

Escrito en 08/12/2020. Publicado en Derechos.

La Organización Interseccional Pro Derechos Humanos (OIDH) invita al webinar “¿Qué opina? Sobre el proyecto 21.012, Ley para libertad religiosa y culto, conocida como Ley de objeción de conciencia” a realizarse el próximo 09 de diciembre a las 6:00 pm.

El evento virtual contará con la participación del diputado de la República, José María Villalta, y el pastor de la Iglesia Luterana Costarricense, Gilberto Quesada. Modera el señor Marco Castillo.

La transmisión será vía Facebook Live y Google Meet.

Por un estado laico y auténtica libertad religiosa

Escrito en 18/08/2014. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Humberto Vargas Carbonell

En la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, por disposición del Presidente de ésta, se está conociendo un proyecto de LEY PARA LA LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTO. El proyecto fue presentado por el diputado Carlos Luis Avendaño Calvo, quien adquirió especial fama cuando se orinó sobre el Monumento Nacional. Así protestó entonces contra la falta de libertad religiosa y entonces para completar su propósito presentó ese proyecto de ley.

Resulta que el texto del proyecto contradice su título puesto que crea tal cantidad de requisitos para inscribirse como organización religiosa que de llegar a ser ley le daría al Estado un poder que los dejaría sin la “libertad religiosa” que reclaman. No debo extenderme por razones obvias, pero no obstante copio el párrafo primero del artículo 35 del proyecto: Art.35. “Dirección General de Asuntos religiosos. La Dirección General de Asuntos Religiosos, perteneciente al Sistema Nacional de Promoción de la Paz Social, Adscrito al Ministerio de Justicia y Paz y con cargo a su presupuesto institucional, es la dependencia que ejercerá la rectoría de todos los asuntos relacionados con las organizaciones religiosas y con los creyentes en la práctica de su fe y que por su naturaleza no se encuentren bajo el amparo de otras instituciones públicas. Asimismo velará por la correcta aplicación de la presente ley”. Esta y muchas otras disposiciones del mismo proyecto convierten las organizaciones religiosas en entes paraestatales, es decir, todo lo contrario a la libertad religiosa que pregonan.

La libertad religiosa está garantizada por el artículo 75 de la Constitución Política, aunque contiene una grave disposición al declarar que “La religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado…”

Un Estado con religión es un Estado teocrático. Es eliminar ese absurdo es una demanda de una buena parte de la población y del sentido común. Es necesario luchar por un Estado laico, que es la única manera de garantizar una verdadera libertad para optar por una religión entre tantas o por el ateísmo.

El proyecto que comentamos no lucha por eliminar la opción religiosa del Estado, sino más sumarse a la protección estatal, incluyendo la posibilidad de recibir recursos económicos del presupuesto.

En el párrafo segundo del artículo 59 dice: ”Se autoriza a las instituciones del Estado a realizar donaciones en numerario o en especie, a favor de las organizaciones religiosas, tanto para alcanzar sus fines estrictamente religiosos, como para sus labores de asistencia social y comunal…”

Lo razonable es luchar contra las subvenciones estatales a la jerarquía católica, pero ahora estos señores pretenden sumarse al reparto de bienes que tienen su origen en los impuestos que pagamos todos, especialmente los más pobres, como es bien sabido.

¿Cuántas organizaciones religiosas aparecerán? Debemos prepararnos para una opípara cosecha de obispos y santones que además de vender la “salvación” recibirán emolumentos estatales. Vean que fácil será crear una organización religiosa, pues el artículo 42 del proyecto dice: “Toda organización religiosa se constituirá por no menos de diez personas mayores de edad, mediante instrumento público otorgado ante notario, debidamente autorizado ante la Dirección Nacional de notariado. En tal caso el documento debe contener los estatutos aprobados y el nombramiento de su órgano directivo y fiscalizador. Las organizaciones pueden admitir asociados menores de edad, mayores de quince años, pero no podrán ser electos para cargo alguno…”

Si llueve plata lloverán pastores, esto está clarísimo.

Una cuestión más, aunque queden muchas más en el tintero. Dicen en el artículo 31: “Derecho al servicio comunitario. En razón de su carácter no lucrativo, las organizaciones religiosas serán consideradas como entidades de interés público… Esta calificación “interés público” no está bien definida en el derecho administrativo y por eso mismo se presta a los mayores abusos. Por ejemplo Doña Laura Chinchilla decretó que los servicios de salud a turistas es una actividad de interés público y llama a todo el Gobierno a contribuir a este propósito. Es decir el Estado completo al servicio de las clínicas privadas que prestan estos servicios a los turistas. Me parece esto un descaro. Se abrió un portón que no se ha cerrado pero que obligatoriamente debemos cerrar para hacer más racionales y económicos los servicios de la Caja del Seguro Social.

Otro antecedente, mucho más grave. Oscar Arias declaró de “interés público y conveniencia y conveniencia nacional el Proyecto Minero Crucitas desarrollado por la empresa Industrias Infinito S.A. (N° 34801-MINAE) Y lean con atención lo que dice el artículo 2.-: “ En virtud de la presente declaratoria, la empresa desarrolladora, previa autorización de la oficina correspondiente del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, podrá proceder a la corta de árboles (inclusive de las especies que estén vedadas) y al desarrollo de las obras de infraestructura en áreas de protección, según se indica en el proyecto”.

Este es el resultado de un decreto; pero que será si es la ley la que hace esa declaratoria, en favor de todas las organizaciones religiosas, incluyendo las que se formen con solo diez miembros.

Este proyecto es un acto demencial.

Lo que se debe hacer según me parece es cambiar el artículo 75 de la Constitución para simplemente declare la libertad de religión y culto y que se eliminen todas las contribuciones a cargo del Estado, incluyendo, por supuesto, la que se da a la Iglesia Católica.

Creo también que las iglesias deben manejarse de acuerdo con sus propios cánones; los límites de su actividad deben establecerse en el Código Penal y en otras normas legales, que son el límite racional de toda conducta humana. Ese ha de ser el marco de la actividad religiosa y no normas para cada credo según piensan los proponentes del texto comentado.

No podemos seguir andando para atrás…El proyecto debe ser rechazado.

Enviado a SURCOS Digital por el autor.

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