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Etiqueta: libertad sindical

ANEP denuncia despido antisindical en el TSE con la venia del MTSS

ANEP informó:

«El secretario general del sindicato de TSE, Lic. Ruy González López, presentó este martes 4 de enero ante el Tribunal Contencioso solicitud de medida cautelar de suspensión de su antisindical despido, el cual fue avalado por el propio Ministerio de Trabajo. ANEP condena y denuncia la acción coordinada, políticamente hablando, del TSE y del Poder Ejecutivo, en contra del Derecho Humano de Libertad Sindical del sindicato SETSE en la humanidad de su secretario general. Es una agresión contra todas las Libertades Democráticas».

El movimiento sindical condena la criminalización de la protesta social

SURCOS comparte la siguiente información:

Las diversas corrientes sindicales aglutinadas en las Centrales Sindicales (CTRN,CMTC,CGT, CUT, CCTD), el Bloque Unitario Sindical y Social BUSSCO y demás sindicatos queremos denunciar a toda la ciudadanía costarricense sobre la persecución que las élites políticas, económicas, la extrema derecha y el actual gobierno están impulsando por medio de sus redes de influencia, para controlar y anular las críticas y las manifestaciones de descontento popular y sindical, que son de hecho la única oposición real que ha tenido el gobierno ante sus políticas antipopulares y antilaborales contra la clase trabajadora, con prepotencia y sin ninguna vocación de diálogo democrático con el pueblo, como dice la Constitución.

Ahora, en una nueva y amañada maniobra leguleya, somete al dirigente sindical, Albino Vargas Barrantes, a un juicio estrictamente político, que pone en entredicho una serie de derechos fundamentales, como son la libertad sindical, el derecho a la libertad de expresión y opinión y el derecho a la libertad de manifestación. 

Este acto responde a una práctica persecutoria a la dirigencia social y sindical que se viene ejerciendo por diversos gobiernos; en la lucha contra el Combo Fiscal las sedes de diversos sindicatos y dirigentes fueron objeto de vigilancia policial, también juicios anteriores contra activistas sociales, todo lo anterior, es inaceptable y refleja la deriva autoritaria del gobierno, con conductas que van en contra de nuestra institucionalidad democrática.

Esta es una muestra más de ese obsesivo control político sobre la población que el gobierno quiso instalar e intensificar con la fallida Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), hecho que hasta la fecha se mantiene impune en cuanto a la responsabilidad presidencial.

Por lo tanto, denunciamos esta involución de represión selectiva y silenciamiento político de opositores, y solicitamos al pueblo costarricense, y las instituciones públicas no permitir ni en este ni en otros casos que triunfen las formas oscuras e intolerables de callar a la gente que exige sus derechos, empleo decente, dignidad y protección social.

No a la violencia política contra la protesta social y la libertad sindical

Abogado de ANEP logra que empresa reinstale a trabajador despedido por su afiliación sindical

SURCOS comparte la siguiente información:

Pese a que la empresa autobusera Solís y Mata se había negado a reinstalarlo luego de despedirlo por afiliarse al sindicato, mediante una conciliación, la Unidad de Asesoría Jurídica de ANEP y la empresa acordaron que el trabajador retornará a su puesto de trabajo como chofer bus y que se respetará su libertad sindical.

Para mayor información se invita a ver el siguiente video:

Sindicato de la Defensoría de los Habitantes denuncia a Defensora y miembros de su despacho ante el Ministerio de Trabajo y la Procuraduría de la Ética

SURCOS comparte la siguiente información:

Martes 5 de octubre del 2021. Las denuncias se fundamentan en actos arbitrarios de persecución laboral, limitaciones a las libertades sindicales e irregularidades en nombramientos y recargos otorgados al círculo cercano de la jerarca.

Ante las reiteradas intromisiones arbitrarias en las labores gremiales, actos de persecución contra algunos funcionarios, irregularidades en los nombramientos y el reparto de recargos pagados entre los asesores del Despacho de la Defensora de los Habitantes, fueron presentadas dos denuncias, una en la Procuraduría de la Ética Pública (13 de agosto de 2021) y otra ante el Ministerio de Trabajo (22 de setiembre de 2021) contra Catalina Crespo Sancho, Defensora de los Habitantes, Mario Zamora Cordero, Director de Despacho y Fabricio Chavarría, Director de Regionales por recargo.

El Sindicato de Funcionarios y Funcionarias de la Defensoría de los Habitantes presentó incluso días después una adición al Ministerio de Trabajo, debido a una nueva intromisión de Zamora, quien insiste en que está a la espera de la posición del sindicato sobre algunos asuntos de los cuales, ni siquiera la Defensora de los Habitantes se ha pronunciado, ni ha salido a dar la cara por los derechos de los trabajadores del país, ante el desmantelamiento del sector público. A la fecha de este boletín tenemos acumuladas dos intromisiones más de Zamora, desacreditando los actos de celebración del 28 aniversario de la institución que realizó este sindicato.

Los hechos datan de agosto del 2020, luego de que un grupo de diputados decidió darle la oportunidad a Catalina Crespo de que continuara en el cargo, no así todo el Plenario, pese a las graves irregularidades por las que fue denunciada.  Luego de ello, Crespo Sancho asumió una actitud persecutoria contra todos los funcionarios y funcionarias que la denunciaron, al punto que algunos de ellos presentan incapacidad periódicas, otros han tenido largas incapacidades, otros han solicitado permisos sin goce de salario, y los que se quedaron han tenido que sufrir diferentes represalias como traslados arbitrarios de puesto, amedrentamientos, incomunicación y soportar la insolencia prepotente del Director del Despacho, Mario Zamora Cordero, quien no duda en humillar públicamente a cualquiera que se atreva a emitir una opinión distinta a la suya, recordándole que es un simple subordinado como si fuera un vasallo a su servicio. 

La situación empeoró luego de que Zamora Cordero, fue ascendido por la Defensora como Director del Despacho, en abril de este año, desplazando a la anterior directora, desde entonces han sido constantes los emplazamientos, cuestionamientos y otras intromisiones directas en las competencias del gremio sindical. Más recientemente ha optado por acosarlos con recordatorios y exigencias sobre la posición sindical en temas de su antojo para tratar de distraer la atención del sindicato de las irregularidades laborales que solicita y autoriza el mega despacho de la Defensora.

En la actualidad el mega despacho de Crespo Sancho consta de 15 funcionarios, y tiene en perspectiva continuar agrandándolo. Pues pese a que públicamente se presenta como promotora del diálogo, a lo interno optó por desarticular todas las instancias que existían para asesorarse con el criterio del personal experto en defensa y promoción de derechos. En lugar de buscar el diálogo y la reconciliación, se ha rodeado de un equipo de incondicionales que le aplauden todas sus ocurrencias sin chistar.

El ambiente laboral en la Defensoría de los Habitantes, está quebrado, deteriorado y tenso, al punto que no existe una comunicación fluida por parte de la Jerarca para con las Direcciones de Defensa y subalternos, ni para con esta representación sindical, y por ello, denunciamos una serie de actos de persecución sindical contra las y los miembros que van desde acusaciones infundadas, traslados arbitrarios de puesto, intimidaciones, e intromisiones en la administración del sindicato. 

Punto y seguimos

 

Imagen tomada de Semanario Universidad.

La Sala Constitucional omitió aplicar control de convencionalidad

Manuel Hernández

En la opinión consultiva acerca del Proyecto de Ley Marco de Empleo Público, notificada ayer a la Presidencia de la Asamblea Legislativa, la Sala Constitucional hizo una singular mención de la Opinión Consultiva de CORTE IDH (OC-27-21), acerca de las obligaciones que tienen los países en materia de Libertad Sindical (párrafo 94).

Fue únicamente una mención de un párrafo general de la Opinión Consultiva de CORTEIDH, digamos, circunstancial, casuística, puramente decorativa.

Pero, lamentablemente la Sala omitió señalar y desarrollar los contundentes párrafos de la Opinión Consultiva de la CORTEIDH, que expresamente reconocieron y se refirieron ampliamente al derecho de negociación colectiva en la Administración Pública.

Además, aquel párrafo de la OC-27-21 que estableció que, en situaciones de estabilización económica, debe privilegiarse la negociación colectiva en el sector público, en lugar, de promulgar leyes que limiten los salarios (cómo en nuestro caso, el Proyecto de Ley de Empleo Público), fue totalmente preterido por “nuestra” Sala constitucional.

Lamentablemente la Sala Constitucional no aplicó el control de convencionalidad, control a que estaba obligada; que haberlo aplicado, no le quedaba otra opción que no fuera declarar la inconstitucionalidad de las cláusulas del proyecto que prohíben la negociación colectiva.

La Sala incumplió una de las obligaciones internacionales que tiene nuestro país, en tanto que CR aprobó la Convención Americana de DH, conocido paradójicamente como el Pacto de San José.

Sin libertad sindical no hay trabajo decente

La CIDH y su opinión ante la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga

Una democracia bicentenaria ha retrocedido un siglo en materia de derechos humanos. Es evidente que Costa Rica estará bajo la mira de los organismos internacionales por la paulatina destrucción de su democracia.

Frank Ulloa

¿Qué dirán el presidente de la República y la ministra de Trabajo de la siguiente opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)?: “La libertad sindical y la libertad de asociación son derechos humanos fundamentales que, junto con el derecho de negociación colectiva, reunión y huelga, forman el núcleo básico para proteger y promover el derecho al trabajo y a sus condiciones justas y satisfactorias (…)”.

“El desarrollo del contenido del derecho al trabajo es clave para fortalecer los sistemas económicos y sociales desde un enfoque de derechos, en particular tienen importancia vital para la garantía y el disfrute de otros derechos humanos y el desarrollo autónomo de la persona”.

“Esto incluye la existencia de un sistema que garantice a cada trabajador o trabajadora el acceso a un empleo digno y a no ser privado injustamente de él. La Corte (…) se ha referido al contenido del derecho al trabajo como un derecho protegido por el artículo 26 de la Convención Americana respecto del cual los Estados tienen obligaciones específicas”.

Efectivamente, sin libertad sindical y sus correlativos derechos no será posible consolidar empleos dignos con trabajo decente.

Un empleo requiere estabilidad laboral, ejercer la denuncia de las irregularidades y la existencia de sindicatos. En las empresas costarricenses el sindicalismo no se permite, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no toma en serio sus denuncias y, más grave aún, el sistema judicial es costoso, inaccesible y lento.

Sin duda, el país requiere profundos cambios. En este año electoral debemos posicionar a la libertad sindical como un tema de debate, porque la destrucción de las garantías sociales ha sido la tónica de este gobierno y de las leyes que ha enviado a la Asamblea Legislativa.

Si bien la teoría dice que los derechos humanos son irreversibles y progresivos, en el laboratorio antisindical costarricense han logrado retroceder en un siglo la historia de los derechos humanos en el agro, de manera especial mientras miles de trabajadores migrantes e indígenas se someten a condiciones de trabajo forzoso porque no existe la libertad de asociación.

¡Sin duda, la democracia costarricense está en cuidados intensivos!

 

Foto: Gerardo Iglesias

Fuente: http://www.rel-uita.org/costa-rica/sin-libertad-sindical-no-trabajo-decente/

Gerardo Castillo: La explotación nuestra de cada día

Gerardo Iglesias / Rel UITA

“Las empresas agroindustriales de América Latina se han caracterizado por imponer un sistema laboral que castiga a los trabajadores de las plantaciones, a los jornaleros de las distintas bananeras, piñeras, cultivos de palma africana o café”, dice a modo de introducción Gerardo Castillo, asesor de la Rel UITA y especialista en capacitación laboral.

Castillo retrata en el siguiente video las condiciones en las que las empresas transnacionales, que desembarcaron hace años en la región actúan. “Se establecen en sectores cercanos a las fronteras donde puedan encontrar mano de obra necesitada y, por ende barata”.

Mira el video. Dale me gusta. Compártelo.

 

Fuente: http://www.rel-uita.org/

Acontecimiento obrero-histórico para la ANEP: choferes de autobús reciben capacitación sindical

El día miércoles 10 de febrero se presentó un acontecimiento muy importante para la ANEP, ya que se presentaron con licencia sindical y goce de salario, 5 trabajadores del servicio de transporte, específicamente choferes de autobús y 1 chequeador de la misma línea autobusera Tapachula para conformar la primera Junta Directiva de la seccional ANEP-TAPACHULA, lo que se considera un acontecimiento histórico.

Albino Vargas, quien es el secretario general de la ANEP, manifiesta un gran reconocimiento a la empresa TAPACHULA, que ha hecho un gran esfuerzo para respetar la libertad sindical y los convenios internacionales en materia de libertad sindical que Costa Rica tiene suscritos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Además, destaca la importancia de que esta empresa ha empezado a respetar los derechos humanos del personal colaborador, algo que deberían según Vargas deberían imitar otras empresas autobuseras.

María Laura Sánchez Rojas, quien es la coordinadora de la unidad de capacitación y formación político-sindical de la ANEP, es la encargada de brindar la capacitación sindical a estas 6 personas. Ligia Solís Solís, directiva Nacional de la ANEP es la encargada de cumplir funciones de asesora sindical de esta seccional de choferes de autobús. En el video se remarca la importancia que tiene este acontecimiento en la historia de la ANEP y en general para el movimiento sindical costarricense.

Adjuntamos el video completo:

 

Compartido con SURCOS por Albino Vargas.

Amazon, sus espías, su explotación, su descaro

Salvajismo 3.0

En los ya famosos Black Friday, las empresas de la “nueva economía” digital multiplican sus ya pingües negocios. Coincidiendo con uno de ellos, Amnistía Internacional emitió un informe en que denuncia la persecución sindical en Amazon, una de las compañías símbolo de uno de los sectores más desregulados y de mayor crecimiento en el planeta.
Daniel Gatti

Unos pocos días antes habían circulado documentos internos de la firma dirigida por Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo según el listado de súper millonarios elaborado regularmente por la revista Forbes, que desnudaban las mismas prácticas.

El informe de AI está centrado en algunos países de Europa y Estados Unidos, pero no es muy difícil deducir que en otras regiones del mundo el panorama debe ser el mismo o peor.

“La forma de actuar en los países investigados muestra una cultura corporativa que puede ser extensible a otros”, dijo al diario barcelonés La Vanguardia Cecilia Denis, integrante de filial de Greenpeace España, y destacó que sindicatos de diferentes naciones de la UE presentaron denuncias contra Amazon por violaciones a la libertad sindical ante la Comisión Europea.

La empresa, dice el informe, “socava los intentos de su personal de sindicarse y negociar colectivamente, incluso a través de una vigilancia exhaustiva” del personal.

Quienes trabajan para ella “están corriendo grandes riesgos en materia de salud y seguridad desde el inicio de la pandemia de la Covid-19, pero su capacidad de denunciar y negociar colectivamente está sometida a presiones por parte del gigante del comercio electrónico minorista”, agrega el documento.

Y recuerda que “el derecho y las normas internacionales de derechos humanos establecen con claridad que todo trabajador o trabajadora tiene derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos, a tener unas condiciones laborales seguras y a que se respete su derecho a la privacidad”.

Riesgos y alarmas

En sus informes anuales de 2018 y 2019 Amazon consideró a los sindicatos como un factor de riesgo y alentaba a sus cuadros medios a advertir a las direcciones empresariales sobre “cualquier señal de alarma” que diera cuenta de actividades gremiales. Ergo, que delataran a los sindicalistas.

La pandemia de Covid 19 le ha originado a Amazon, como a las otras grandes transnacionales de la economía digital (Google, Apple, Facebook, Microsoft, agrupadas bajo el acrónimo de GAFAM), un crecimiento exponencial de sus ganancias.

Solo entre julio y septiembre sus ingresos acumulados aumentaron en 19 por ciento y sus ganancias en casi 14, mientras su volumen de negocios llegó a poco menos de 228.500 millones de dólares, 18,9 por ciento más que lo facturado en el mismo período de 2019, y su beneficio neto trepó en 31,5 por ciento, a alrededor de 29.000 millones de dólares (escudodigital.com, 30 de octubre de 2020).

La fortuna personal de Bezos ronda hoy los 200.000 millones de dólares, y ha crecido y crecido bajo la Covid 19.

Esos nuevos hombres de negro

Bezos es de esos grandes multimillonarios que proclama que a ellos no se les puede aumentar los impuestos porque “generan riqueza con sus inversiones”.

Dice por ejemplo que gracias a su imperio “ha dado trabajo a muchos miles de trabajadores” y aduce que durante la pandemia contrató a más de 175.000 personas.

Pero en qué condiciones: la precariedad como divisa, en todos los planos, desde el salarial a la protección social.

La publicación digital Motherboard reveló la semana pasada documentación del Centro de Operaciones de Seguridad Global de Amazon que prueba que la empresa contrató a la famosa agencia Pinkerton para espiar a líderes sindicales de sus almacenes en Europa: rastrear sus movimientos, cuándo, dónde y con quiénes se reúnen, conocer sus estrategias.

También espiaron a organizaciones ecologistas, a grupos de defensa de los derechos humanos, a abogados.

El informe de Motherboard menciona específicamente a Polonia como escenario de esas prácticas, pero la publicación digital española eldiario.es dice que son también habituales en España, Francia, Reino Unido, Italia, Alemania, República Checa, Eslovaquia.

A fines del siglo XIX agentes de Pinkerton actuaron como rompehuelgas, como guardias armados de empresas y en esas funciones reprimieron a trabajadores. Fueron responsables, por ejemplo, de la muerte de una docena de obreros siderúrgicos en 1892 en Estados Unidos.

Los detectives de Pinkerton ya no son aquellos hombres de negro que “trabajaban para la ley” en el Oeste estadounidense y que popularizaron los westerns. Ahora forman parte del grupo Securitas y muchos de ellos son híper formados analistas de datos.

El Centro de Seguridad Global de Amazon está basado en Seattle, sede central de la transnacional, y en él trabajan también ex analistas militares del ejército de Estados Unidos.

En España, dice Motherboard, la empresa tiene abierto un proceso de selección de “antiguos líderes militares” para convertirlos en directores de operaciones de inteligencia que comprenden la infiltración en páginas de Facebook, la investigación a líderes sindicales y el seguimiento a sus contactos, la creación de falsos perfiles en las redes sociales.

Otro bonito ejemplo de lo que algunos investigadores llaman “capitalismo de vigilancia” y del que los GAFAM serían la encarnación por excelencia.

 

Fuente: http://www.rel-uita.org/

Los derechos fundamentales en el trabajo pueden contribuir a lograr una mejor reconstrucción después de la COVID-19

Los derechos y principios fundamentales relacionados con el trabajo pueden desempeñar una función primordial a los efectos de recuperación frente a la crisis de la COVID-19, y contribuir a una reconstrucción del mundo del trabajo más adecuada y equitativa, según un nuevo informe de la OIT.

GINEBRA (OIT Noticias) – Los principios y derechos fundamentales en el trabajo pueden desempeñar una función primordial en la adopción de medidas de respuesta eficaces y consensuadas que faciliten la recuperación frente a la crisis de la COVID-19 y contribuyan a una reconstrucción más adecuada y justa del mundo del trabajo, según un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Sin embargo, en el informe se señala que la crisis ha conllevado un mayor riesgo para las libertades y los derechos laborales, habida cuenta del nivel más elevado de pobreza, desigualdad y vulnerabilidad que deben afrontar los países.

En el informe Issue paper on COVID-19 and fundamental principles and rights at work  (Documento temático sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo frente a la COVID-19) se proporciona información pormenorizada sobre los efectos de la pandemia de COVID-19 en el trabajo infantil, el trabajo forzoso, la discriminación, la libertad de asociación y la negociación colectiva. Se aborda la manera de invertir los procesos que propician la informalidad, la pobreza y la explotación, a fin de facilitar una mejor reconstrucción, en beneficio de todos. Se señala que aún no se ha atendido a la acuciante necesidad de dar una respuesta integrada a la pandemia.

En el documento, publicado por el servicio FUNDAMENTALS de la OIT, se abordan los cuatro principios y derechos fundamentales en el trabajo, a fin de hacer frente al trabajo forzoso, al trabajo infantil y a la discriminación, y garantizar la libertad de asociación y la negociación colectiva; por otro lado, se subraya la importancia de aplicar esos principios al adoptar medidas de respuesta frente a la COVID-19, a fin de garantizar la inclusividad de esas medidas.

En los resultados del informe se destaca que las restricciones en materia de libertad de circulación y celebración de reuniones públicas, impuestas en el marco de determinadas medidas de respuesta para luchar contra la pandemia a escala nacional, dificultan «la observancia de los derechos de libertad de asociación y de negociación colectiva, tanto en el plano legislativo como en el de su aplicación, y que ello es a su vez un obstáculo para la formulación de medidas de respuesta frente a la crisis sobre la base de un consenso social». Según se desprende de las conclusiones del informe, se ven afectadas, en particular, 2.000 millones de personas que trabajan en la economía informal, que con frecuencia carecen de voz representativa colectiva.

Las recientes iniciativas encaminadas a identificar y abordar casos de trabajo infantil y trabajo forzoso en cadenas de suministro mundiales  también están en riesgo, «habida cuenta de los esfuerzos desplegados a todos los niveles por las empresas para hacer frente a la crisis y a la enorme reducción de demanda que se ha producido».

Se ha constatado que los efectos económicos de la pandemia, entre otros, exacerban el trabajo infantil, puesto que las familias se ven obligadas a encontrar nuevos medios de subsistencia para sobrevivir. También propician la servidumbre por deudas y una mayor dependencia de organismos y plataformas de contratación informales que dejan a los trabajadores más expuestos a casos de explotación .

Por otro lado, el acceso a una educación de calidad es fundamental para evitar el trabajo infantil. A lo largo de este año, 1.500 millones de niños se han visto afectados por el cierre de escuelas. Un tercio de esos niños no pueden tener acceso a sistemas de enseñanza a distancia, y muchos de ellos dependían de la comida que recibían gratuitamente en centros escolares y de las ayudas económicas que percibían por asistir a la escuela.

En el documento también se destaca la preocupación por el hecho de que, en algunos países, los recursos para brindar apoyo a víctimas y supervivientes de casos de trabajo forzoso se están reasignando a la adopción de medidas de respuesta frente a la pandemia.

La crisis de la COVID-19 también ha puesto de relieve la discriminación de determinados grupos de trabajadores y la arraigada desigualdad de género en los mercados de trabajo y en la prestación de servicios de atención comunitaria no remunerados.

En el documento se propone asimismo un marco de políticas basado en cuatro pilares para hacer frente a la COVID-19, en consonancia con las normas internacionales del trabajo. Éstas abarcan la promoción de la economía y del empleo; el apoyo a las empresas y el fomento del empleo y de los ingresos; la protección de los trabajadores en el lugar de trabajo; y la eficacia del diálogo social para la búsqueda de soluciones.

«La defensa de la vida humana debe ser nuestra prioridad», señaló Francesco d’Ovidio, funcionario encargado del servicio FUNDAMENTALS. «La protección de los medios de subsistencia facilita nuestra labor al respecto. La eficacia de esos principios fundamentales obedece principalmente a su interrelación y fortalecimiento mutuo. Al formular nuestras políticas con arreglo a dichos principios se sientan las bases de una recuperación inclusiva en los planos social y económico, a tenor de las necesidades de las personas más vulnerables”.

 

Imagen: © KB Mpofu / ILO

Fuente: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_759294/lang–es/index.htm

Compartido con SURCOS por Juan Carlos Durán Castro.