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Etiqueta: libre mercado

¿Es errada la gestión económica de la Revolución Bolivariana?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Mag. José A. Amesty Rivera

Desde varios sectores de la oposición y desde sectores a favor del gobierno venezolano, incluyendo desde medios de comunicación, han proliferado muchos puntos de vista en relación a la política económica de la revolución bolivariana, algunos a favor y otros en contra, mas específicamente aduciendo que las últimas medidas son neoliberales.

El presente artículo, pretende revisar si la última aseveración es cierta, reflexionando, citando y apoyando el articulo ¿Maduro neoliberal? del investigador y analista político William Serafino.

Una prueba de neoliberalismo, según algunos medios es, por ejemplo, que, en la zona de las Mercedes, una zona de clase media alta de Caracas, haya tiendas ostentosas, restaurantes y casinos de categoría elevado.  

Otros medios aducen que, la oferta de trabajo en plataformas digitales o la circulación de dólares en la economía son sinónimo de neoliberalismo.

Para Alberto Barrera Tyszka, en un artículo publicado en The New York Times, el neoliberalismo «sería la pata económica de la «dictadura» de Maduro».

Por otro lado, para el Partido Comunista de Venezuela, hoy a la derecha y en claro respaldo a la oposición venezolana, más otros sectores de izquierda, enfatiza que: «los bajos salarios, la reducción del gasto público y los supuestos intentos de privatización enmarcados en la Ley Antibloqueo son expresiones de ese neoliberalismo que confirmarían el alejamiento de Maduro del chavismo».

Si las políticas del gobierno chavista fueran neoliberales, el politólogo Serafino concluye su artículo preguntando: «Si es neoliberal, no hay razón para que prosiga el acoso en su contra, ¿verdad?».

Ahora, verifiquemos ¿que son políticas neoliberales? Según: «Neoliberalismo». Autor: Equipo editorial, Etecé. De: Argentina. Disponible en: https://humanidades.com/neoliberalismo/.

«El neoliberalismo es una corriente económica y política asociada al capitalismo. Sostiene que la economía se debe regir por el libre comercio, estar desregulada y privatizada, es decir, con menor intervención de las políticas del Estado. Así mismo, el neoliberalismo considera que la intervención del Estado promueve la ineficiencia a través de las regulaciones sobre las industrias, los altos impuestos y servicios públicos que no están sujetos a la competencia del mercado. El sistema neoliberal pretende capitalizar el accionar del Estado y generar mayor producción con menor inversión social. Esta premisa recae en un dilema debido a que en la práctica no resulta justa o equitativa.

Entre las principales características del neoliberalismo se destacan:

La privatización. Consiste en que los servicios como la educación, la salud, la seguridad, la bancarización, entre otros, sean administrados por entidades privadas en lugar de estar regulados por el Estado. Es decir, que el acceso a los servicios está restringido solo a quienes tengan dinero suficiente. Las personas que no tienen acceso a una educación adecuada no podrán progresar en su trabajo y en su vida profesional. Por ende, la privatización de todos los servicios solo promueve beneficios para una minoría y la falta de calidad de vida para una mayoría.

El libre mercado. Consiste en que los precios de los bienes y de los servicios se regulen en base a la oferta y la demanda, en un mercado libre de restricciones por parte del Estado. Defiende la apertura de las importaciones y el control por parte del sector privado. Si esa modalidad no es moderada y regulada, contribuye a un menor desarrollo de la producción del país y solo enriquece a quien puede importar y vender esa mercadería a nivel nacional. No promueve el crecimiento comercial del resto del sector productor, que se vuelve cada vez menos competitivo.

La competencia. Consiste en fomentar la competitividad en toda relación laboral, tanto en el sistema productivo como en la oferta de servicios, a fin de obtener más variedad de opciones en el mercado. El problema surge ante la falta de regulación para establecer límites en el accionar comercial, lo que puede desencadenar en una competencia desleal a costa de la explotación laboral, de la difusión engañosa, entre otros.

Finalmente, las principales desventajas del modelo neoliberal son:

La desigualdad. Promueve un conjunto de estrategias económicas que tienen impacto social y que generan una gran diferencia de clases. Por ejemplo, solo aquellos que tienen acceso a los servicios privados, como la educación, podrán alcanzar un mejor desarrollo profesional. La mayoría de quienes no tienen acceso a ese tipo de servicios, no pueden progresar.

El monopolio. Promueve que el poder sea controlado por una minoría elitista que acapara la productividad y la oferta de servicios. Quienes no tienen o no pueden generar dinero, no logran llevar a cabo sus propios negocios, pero sí son necesarios como mano de obra del sistema productivo.

Los problemas económicos. Promueve un incremento de precios sin control y sujetos a las leyes deliberadas del mercado en mano de los monopolios. Además, se genera una disminución de los salarios ante la gran demanda de trabajo, por lo que la mano de obra se abarata.

Los problemas ambientales. Promueve la obtención de la mayor ganancia en el menor plazo posible. En muchos casos eso implica no respetar los procesos y las normas establecidas para el cuidado de los recursos y del medio ambiente, del aprovechamiento de los recursos no renovables, de la calidad de vida de las personas o del desarrollo industrial responsable».

Según las afirmaciones anteriores, las políticas del gobierno bolivariano, desde Chávez hasta ahora, están diametralmente opuestas al neoliberalismo. Y, por consiguiente, es obvio que las medidas económicas no son neoliberales.

Y como sigue enfatizando Serafino, «caracterizar de neoliberales cuestiones regulares de la actividad económica como el auge comercial o de movimiento de dinero en las calles implica un reduccionismo ramplón» que no es neoliberalismo.

En el caso venezolano, «cuando se habla de neoliberalismo se hace referencia a una política de ajuste estructural signada por privatizaciones en sectores estratégicos, financiarización del tejido económico, desregulación de servicios públicos esenciales y un aumento en el poder de decisión de las empresas concentradas en detrimento de la autoridad del Estado».

«Para que una política económica sea neoliberal en el sentido estricto de la palabra, deben cumplirse ciertas condiciones. Una de ellas es la desregulación de todo cuanto sea posible en términos de actividad económica. Esto quiere decir, en pocas palabras, suprimir todo factor de control, supervisión o gestión del Estado sobre sectores estratégicos, financieros y servicios esenciales. Como ejemplo reciente, y a la mano de una terapia de shock neoliberal tenemos el gobierno de Mauricio Macri en Argentina (2015-2019). En lo político, el «laboratorio neoliberal» que encabezó implicó el ascenso de banqueros y tecnócratas en altas posiciones de poder, lo que configuró un gobierno corporativo repleto de CEOs. Por el lado económico y financiero, su administración ejecutó un endeudamiento insólito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y acreedores privados, cuyos compromisos externos del país llegaron a más de 250 mil millones de dólares».

El analista Serafino continúa afirmando: «si Maduro fuese un neoliberal a carta cabal no solo Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) sino las empresas básicas, el Metro de Caracas, las empresas de electricidad, telecomunicaciones y de suministro de agua, por solo mencionar algunos casos, estarían ya en manos del sector privado».

Finalmente, William Serafino concluye que: «es una contradicción absurda calificar a un gobierno como neoliberal si este tiene una amplia gama de impuestos para fortalecer su recaudación, sostener los subsidios a los servicios públicos y un programa alimentario de carácter masivo: los CLAP, cuyo costo de adquisición para la población está muy por debajo de los precios de mercado. Es sencillamente un sinsentido; es todo lo contrario al neoliberalismo».

Si Maduro encarnara el neoliberalismo, «no lo observaríamos enfocado en fortalecer el Sistema de Misiones, las entregas de viviendas y el resto de políticas públicas dirigidas a la protección social en términos de alimentación, salud y educación de la población».

Quizás el aspecto más frágil de la narrativa neoliberal «es que supone que todo lo que implique reordenar las finanzas, buscar una gestión más racional de recursos (escasos, en virtud del bloqueo) y estimular condiciones de crecimiento económico por vías diversas a las tradicionales certifica un giro «neoliberal».

Finalmente, no debemos olvidar que las políticas económicas del gobierno bolivariano, se dan en un contexto de bloqueo, el presidente Nicolas Maduro Moros ha enfatizado: «A la acción de agresión multiforme de Estados Unidos, debemos responder con una acción estratégica flexible, de defensa y contrataque, que evite que el bloqueo siga haciendo daño a nuestra Patria (…) debemos responder con audacia y creatividad, adaptando, flexibilizando nuestro marco jurídico y administrativo, adaptándonos a las amenazas sancionatorias, a complejas y cambiantes circunstancias».

En síntesis, según el Informe del Centro Internacional de Inversión Productiva CIIP y el Observatorio Venezolano Antibloqueo, «¿cuáles son los resultados de las sanciones? Como era previsible (y como fue planificado desde el principio), las implacables medidas contra Venezuela durante más de siete años, han tenido impactos durísimos sobre la economía del país, el nivel de vida y los derechos humanos de la población venezolana. Todas y todos hemos sufrido (de una u otra forma) los efectos de los castigos, persecusión a la economía y al Estado venezolano. El bloqueo produjo la reducción de los ingresos en divisas del país, caída de la producción petrolera, cierre al comercio exterior, debilitamiento de la moneda y fuga de capitales. Se vino entonces la hiperinflación, escasez de bienes y servicios, cierre de industrias, migración, deterioro de la calidad de vida y del bienestar de las venezolanas y los venezolanos. En pocas palabras, una devastación económica sin precedentes».

Lo anterior del Informe es, el Infierno del neoliberalismo, propuesto y ejecutado no por el gobierno bolivariano, sino por EEUU y sus secuaces.

Las múltiples cabezas de la hidra

Escrito en . Publicado en Análisis, Equidad y derechos de la mujer.

Manuel Delgado

El capitalismo produce riqueza en uno de sus polos, en el polo minoritario de los grandes propietarios, pero produce pobreza y miseria en el otro, el de los trabajadores asalariados. Es el resultado normal, natural, de su funcionamiento.

En 1820, cuando la revolución industrial era una señora de setenta años de vida, casi el 90% de la población vivía todavía en la pobreza extrema, según datos del Banco Mundial (para esta entidad, están en pobreza extrema aquellos que reciben por día un dólar y medio, llevado a valor presente).

Ese régimen se basaba en un sistema de libre empresa y libre mercado, y se inspiraba en una filosofía llamada liberalismo. Según el liberalismo, el mercado se regía por leyes naturales y sus formas de desarrollo estaban determinadas por lo que llamaron la “ libre mercado ”. Cualquier intervención que corrigiera los mandatos de esa “mano invisible” era inaceptable. Se suele identificar el liberalismo decimonónico con la frase francesa “Laisser faire, laisser passer”, que quiere decir: “Dejar hacer, dejar pasar”. Y añadían: “Que el mundo marcha por sí solo”.

Fue la libre mercado , sus sindicatos y sus partidos la que logró volcar esa mano invisible y conquistar mejoras en la condición de vida de los asalariados.

En los años siguientes muchos millones salieron de la pobreza extrema y se sumaron al ejército de los pobres no extremos. En 1820, estos sumaban 117 millones. En 1859, ya eran 164 millones. En 1910, 445 millones. En todo este tiempo, sin embargo, el número de pobres extremos siguió creciendo.

Esas espantosas cifras de pobreza, que se mantenían en momentos enorme crecimiento económico, tenían que ser subsanadas, aliviadas, para impedir estallidos sociales que ya se habían producido a montones, tanto en Europa como en Estados Unidos, y que ponían en peligro la existencia misma del capitalismo. Pero para subsanar esos extremos del capitalismo no bastaba el libre juego del mercado. Había que introducir correctivos desde fuera de la economía, desde la política y la lucha social. Es decir, eran correctivos extraeconómicos.

Así fue como tomaron auge las doctrinas reformistas procedentes de las iglesias y de los partidos reformistas, entre ellos los partidos socialdemócratas.

En Estados Unidos, esas reformas las introdujo el presidente Franklin Delano Roosevelt y su New Deal, un plan de reforma de la economía basada en las doctrinas económicas de keynesianismo (llamadas así porque estaban inspiradas en la teoría del economista británico John M. Keynes).

En contra de la doctrina liberal que abogaba por la no intervención del estado en la producción, el New Deal inyectó sumas gigantescas a la economía para crear fuentes de empleo que la empresa privada no podía o no quería abrir. Con ese método, el desempleo se redujo del 25% al 10%.

Además, este plan elevó los salarios de los trabajadores; fortaleció los sindicatos obreros; creó un sistema de seguro de desempleo; creó un sistema de ayuda médica para la población más pobre; favoreció la educación; creó normas de protección al consumidor; protegió la agricultura; impuso severos controles a la banca.

En 1934, Roosevelt y sus diputados aprobaron una ley subiendo el impuesto de la renta al 79% para las fortunas más elevadas y del 70% para las grandes herencias.

El New Deal comenzó a aplicarse en 1933 y ya para 1950 el porcentaje de pobreza se había reducido en el país al 30%. En los siguientes 15 años, la pobreza se redujo al 15%. Curiosamente aún hoy se mantiene en esa cifra porcentual.

Esta experiencia fue muy similar a la vivida por los países capitalistas de Europa. También allí las cifras de pobreza descendieron en proporciones similares. Los detalles de ese proceso no son el tema de este material.

El capitalismo se mantuvo así hasta los años setenta y ochenta del siglo pasado y, de nuevo, son las dos principales escuelas económicas, la norteamericana y la británica, los que crean un nuevo concepto de economía. Este nuevo concepto se llama neoliberalismo.

¿Cuál es el nervio teórico del neoliberalismo? Pues volver a la economía liberal de comienzos y mediado del siglo XIX, es decir, eliminar las “distorsiones” extraeconómicas que afectaban el mercado, volviendo hacer que reinara el “laisser faire, laisser passer”.

El neoliberalismo, aparecido en textos teóricos de mediados del siglo XX, no era nada novedoso ni revolucionario. Es la teoría más conservadora, una momia del siglo XIX. Es una teoría que, en esencia, se propuso hacer retroceder las cosas al estado en que se hallaban antes de la introducción de las reformas arriba descritas. Era la época de Reagan y Thatcher, los dos líderes del reaccionarismo mundial.

Para lograrlo los grupos dirigentes recurrieron a todas las medidas. En las ideológicas, por ejemplo, pusieron las universidades a formar líderes de opinión afines, y separaron de los puestos directivos y académicos a los intelectuales que no estaban de acuerdo. En nuestra región jugó un importante papel el INCAE, creado por Kennedy para otra cosa, fue copado por gente de esta ideología para formar los cuadros que hoy son los que dirigen el estado, los centros de investigación, los grupos empresariales y los partidos políticos.

Pero su carácter antipopular, esta teoría solo podía ponerse en práctica por la fuerza, con la persecución y la represión de los grupos progresistas y los sindicatos en las esas dos naciones, y mediante las dictaduras sangrientas en América Latina. Aquí se empezó con Pinochet, se pasó luego a las dictaduras del cono sur y luego lo extendieron por todo el continente.

Los resultados no pudieron ser más devastadores. Después de 1965 la pobreza en Estados Unidos había descendido aún más, colocándose cerca del 10%. Subió otra vez al 15% en 1983, producto de la crisis de los mercados mundiales. A partir de ese comento comenzó el ataque neoliberal y hoy la pobreza ha subido. Antes de la pandemia de la covid se había posicionado en 14,8%. Pero el número absoluto de pobres sí creció, pasando de 40 millones en 1983 a más de 47 millones antes de la pandemia. Ahora ha crecido mucho más.

Según fuentes cercanas al Banco Mundial, pobreza extrema ascendía, antes de la pandemia, a 20,5 millones, lo que obligaba a 39,5 millones de personas a recibir estampilla de comida, es decir, a vivir de la ayuda social.

Si exceptuamos los altos salarios de los ejecutivos de las grandes compañías, los salarios reales en EEUU se han reducido a la mitad entre 1993 y 2003, un descenso de alrededor de 0,75% por año.

En Europa las cosas son similares. Antes de la pandemia era pobre el 12% de la población. Ahora se habla de 120 millones de pobres, que corresponde al 25% de la población. En España son el 27%. La Unión Europea había creado el concepto de privación severa, que afectaba al 45,1% de la población en el 2010.

Si quisiéramos seguir, veríamos que las tendencias se repiten por todo el mundo.

Lo que no cesa de crecer es la riqueza. Hoy el 1% de la población adulta mundial es dueña del 51% de la riqueza mundial. El 10% de la población mundial es dueña del 89% de toda la riqueza. Mientras tanto solo una centésima parte de esa riqueza llega al 50% de la población. Lo anterior es un estudio del Credit Suisse Bank.

¿Qué se propuso y se propone el neoliberalismo? ¿Cuál es su programa? Hagamos un breve resumen.

-1. La fuerza de trabajo, es decir, la mano de obra, es una mercancía y su precio, el salario, lo fijan las leyes de la oferta y la demanda. Para corregir las injusticias provocadas por la “mano invisible” se crearon leyes, procedimientos y organismos de defensa de trabajador. Entre ellos cabe citar las leyes de protección del trabajo, los salarios mínimos, la jornada de ocho horas, las leyes de protección de los menores y las mujeres trabajadoras, los derechos a huelga y a contraer contratos colectivos de trabajo, así como una serie de formas del salario no monetario, como son la escuela gratuita, los seguros de salud y los regímenes de pensiones subvencionados por el estado.

El neoliberalismo cree que esa “intervenciones extraeconómicas” deben desaparecer y han estado trabajando para eliminarlas.

Dado que a veces no es fácil eliminar, por ejemplo, los salarios mínimos o las convenciones colectivas de trabajo, se legisla para hacer esos derechos o inaplicables o inservibles. En relación con los salarios mínimos, su propósito es bajarlo a tales niveles que simplemente sería una norma irrelevante, dejando el precio de la fuerza de trabajo por la libre. En el caso de las convenciones colectivas la ley ya aprobada hace el proceso tan engorroso que las hacen casi inaplicables.

Una parte esencial de este punto es que el neoliberalismo pretende eliminar la organización sindical, criminalizarla y reducirla a la mínima expresión. En esta tarea han avanzado mucho en nuestro país y en todo el mundo.

-2. Uno de los puntos esenciales de esta filosofía es reducir el tamaño del estado y sus funciones, privatizando la mayor parte de los servicios que presta. Para ello han levantado una gigantesca labor ideológica haciendo que la población reniegue del estado. Esa campaña va a acompañada de una labor de zapa consistente en empeorar los servicios para lograr el apoyo de la población a sus propósitos.

El programa privatizador tiene varias vertientes:

a.- Una es vender simple y llanamente. Aquí esa propuesta no ha sido efectiva por la oposición de los trabajadores y usuarios, pero también porque a la burguesía le conviene que el estado le brinde servicios eficientes y baratos, como lo hace el ICE con la producción y distribución de la electricidad, el AyA con el suministro de agua, Recope con la distribución de los combustibles, y otros.

b.- Una segunda forma es colocar al lado de las instituciones existentes empresas privadas que venden esos mismos servicios, pero exigiendo ventajas de parte de las entidades estales. Así ha ocurrido con la cogeneración eléctrica, la educación superior, la banca, los seguros, la infraestructura y la salud

c.- La tercera fórmula es la tercerización de servicios, de la que son testigos, principalmente, los servicios de salud.

3.- El país realizó grandes avances en materia social, una gran parte de ellos financiados con el dinero de los mismos usuarios o trabajadores, otros cubiertos por el fisco. Independientemente que los que han gobernado, muchos de ellos neoliberales convencidos, han utilizados esos recursos para la corrupción y la politiquería, lo cierto es que buena parte de la población más pobre se ha visto beneficiada por muchas décadas.

El plan neoliberal contiene propósitos muy claros de eliminar eso que llamó “estado de bienestar social” o “estado solidario”. Su meta más importante y ambiciosa es acabar con el sistema de salud, parte del cual ya han tercerizado, a veces con pésimos resultados, pero que se plantean reducir a los servicios básicos, dejando a las grandes empresas de la salud el ejercicio (y lucro) que representan los servicios y procedimiento más complejos.

Lo mismo ocurre con las pensiones, parte de las cuales se han privatizado por la vía de los sistemas de pensión complementaria que, aunque a veces en manos en entidades estatales, actúan como bancos privados de capitalización individual que favorecen en muy poco la población más pobre, que paga proporcionalmente mucho por esos ahorros.

En estos dos rubros el plan es ir reduciendo servicios, bajando su calidad y obligando a los trabajadores mejor remunerados a recurrir a los servicios privados.

Más o menos lo mismo ocurre con la educación. Hoy en día la educación superior estatal recibe a una minoría de los graduados de secundaria y la mayoría de los profesionales son graduados por las universidades privadas y carecen casi totalmente de control estatal.

4.- El neoliberalismo es inseparable de los programas fiscales regresivos e injustos. Ese fue uno de los mayores “logros” de Reagan: reducir a casi nada los impuestos a las grandes fortunas que habían sido creados por el programa de Roosevelt, y que mencionamos arriba.

Impedir toda ley o procedimiento que pretenda hacer tributar a los grandes ricos y las compañías extranjeras y, por el contrario, estrujar fiscalmente cada vez más a las clases medias, esa ha sido la política aplicada en nuestro país y en todo el mundo.

5.- La desregularización de la producción es otra de las vertientes de esa filosofía. El país ha hecho un enorme y sostenido esfuerzo por proteger el medioambiente y el entorno social y eso molesta a las grandes compañías, que siguen adueñándose de nuestras playas en contra de la ley y siguen aplicando sistemas productivos que dañan el ambiente, agotan o contaminan las fuentes de agua, deforestan y dañan nuestra fauna. Acabar con las leyes de protección de la salud y el medioambiente es parte de la política del neoliberalismo.

Pese a la enorme campaña ideológica de los medios de comunicación, las cámaras patronales y los partidos políticos, nuestro pueblo rechaza esta ideología y sus políticas. Desdichadamente esa es la ideología de los partidos más grandes del país, de Liberación Nacional, el PUSC, los religiosos fundamentalistas y, en buena medida, el saliente PAC. Lo candidatos de esta segunda vuelta no dan trazas de querer darle vuelta a las cosas. O más o menos palabras, insisten en la receta que ellos mismo generaron desde el gobierno del país y desde el Banco Mundial.

La justicia social, la erradicación de la explotación y la libertad y democracia verdaderas solo se pueden alcanzar en otro tipo de sociedad, la sociedad socialista. Pero la unión del pueblo y su lucha pueden hacer avanzar la sociedad hacia una relación más igualitaria, más justa, más responsable con el medioambiente y, sobre todo, una sociedad que preserve y mejore los logros del pasado, esa aspiración, digo, no es ilusoria. Tenemos derecho a pensar en un mundo mejor todos nosotros, los que creemos en una sociedad distinta del capitalismo, pero también los que creen que en capitalismo es viable, o irremediable o incluso defendible. Muchos cabemos en esa bandera que tiene como centro el humanismo.

En política es preciso distinguir lo esencial de lo irrelevante

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

COLUMNA LIBERTARIOS Y LIBERTICIDAS (16)
Tercera época.

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

Ni siquiera como un mero “entertainment”, en el más cabal y preciso sentido de la expresión anglosajona, es decir con una diversión, espectáculo o entretenimiento para las gentes, es que podríamos asumir, o definir la naturaleza singular de lo que ocurrirá en Costa Rica, el primer domingo del mes de febrero del año que tendrá su inicio, dentro de un par de semanas más. Nos encontramos ya ante el despliegue de los componentes de un espectáculo de dudosa calidad, diseñado para un público poco exigente, la que ha venido disminuyendo, de manera sostenida, con el paso de los años, y de las sucesivas décadas transcurridas, lo que considerado en los términos más castizos, de la lengua castellana de la que hacemos empleo cotidiano (la nuestra, la de las américas, no la de los veleidosos peninsulares), conduce a que la palabra “diversión” asuma la connotación negativa de alejamiento de la realidad, de oscurecimiento de nuestra capacidad de distinguir lo esencial de lo puramente accesorio, algo que se intensifica con el excesivo número de comediantes que viene tomando parte en la representación. De nuevo, nos encontramos con que Alberto Cañas Escalante tenía razón: la gradería de sol asaltó la cancha e incluso los palcos.

Tan grave es todo esto que no hemos podido darnos cuenta aún que las decisiones más importantes para el rumbo económico, político y social de este país centroamericano durante los próximos años ya fueron tomadas, en otro escenario y por otras gentes que permanecen, casi siempre en la sombra: esas que conforman los poderes fácticos. Lo único a lo que puede dar lugar el resultado del mencionado evento electoral es el nombre de quienes serán los encargados (as) de ejecutar lo que ya se decidió en otra parte.

Las decisiones tomadas y ejecutadas, a mansalva y contra todo intento de protesta, (la que puede ser sancionada hasta con diez años de cárcel, según ley impulsada por el diputado “liberacionista” Carlos Ricardo Benavides y aprobada en el transcurso del año de 2019) durante los últimos años por el gobierno de la coalición PAC, PLN, PUSC y FA, formada en abril de 2018, con el concurso entusiasta de los pseudocristianos de Restauración Nacional (vaya nombre, ¿serán reaccionarias estas gentes?) y Nueva República, como el non plus ultra del neopentecostalismo criollo, con su teología reaccionaria de la prosperidad, ya decidió el destino final o postrero de la Segunda República, inaugurada setenta años atrás, al igual que el pacto social de entonces que definió la existencia de nuestro estado social de derecho: en estos meses esperaban aprobar la nefasta ley de empleo público y consumar el saqueo de la Caja Costarricense del Seguro Social, cuya privatización sigue en camino (Ver editorial del diario La Nación del lunes 13 de diciembre de 2021).

El simple hecho de decir eso de que la “fiesta” se acabó, y por lo tanto el estado no tiene más plata cuando alguien se refiere, por ejemplo, al saqueo sistemático de que han venido siendo objeto los regímenes de pensiones, los programas sociales y las instituciones públicas por parte de los políticos de oficio que durante las últimas décadas han venido desmantelando la Segunda República, y el estado social de derecho, pilares de la vieja socialdemocracia costarricense, es algo que constituye no sólo un acto cínico per se, sino también la consagración de un régimen deshumanizado, cínico y mentiroso. Lo peor de todo, es que tales afirmaciones son omisas en cuanto a señalar a ¿quiénes son los que de verdad han venido saqueado las arcas públicas de este país? Y ¿cuál ha sido su modus operandi?

Hoy, están de moda y al uso corriente los odios más increíbles e irracionales, todo a la manera del universo totalitario del Londres de 1984, ese que George Orwell imaginó y delineó a mediados del siglo anterior como una especie de profecía maldita, la que vino a materializarse en este cambio de siglo. Son los tiempos del odio a la Costa Rica que crearon José Figueres Ferrer y Daniel Oduber Quirós, la que nos dio oportunidades a muchos costarricenses de la generación del Baby Boom, la de los que nacimos al concluir la Segunda Guerra Mundial. En estos días, los restos descompuestos de lo que fuera aquel PLN tan importante se unen al coro de los que odian su utopía originaria para abrazar la distopía de la insolidaridad social y el sálvese quien pueda. Ya no es sólo el odio a un “comunismo” que nunca existió sino también a aquella socialdemocracia criolla, aquella que le dio solución de continuidad la Reforma Social de los años cuarenta, con razón Daniel Oduber Quirós(de grata memoria) no soportaba a los mediocres y a los infiltrados que ya se preparaban para destruir ese partido…la plaga del PAC y otros amarillos diz que de izquierda se encargaron, en este cambio de siglo, de machacar los clavos del ataúd en la hora final de la Costa Rica democrática y social para darle lugar al falso liberalismo, a los monopolios privados de Riteve, Meco, APM y otros, todo en nombre de un libre mercado que no existe que siga la robadera, la fiesta fue ellos y nosotros la tenemos que pagar No habrá fuerza planetaria capaz de cambiar ese rumbo, impuesto e impulsado por una oligarquía, que ha visto culminar sus sueños restauradores en el tiempo histórico de la larga duración. Su gratitud hacia el joven Carlos Alvarado es inconmensurable, ha hecho el trabajo sucio con una vocación digna en encomio y con una devoción, a prueba de toda desviación “populista” (esa mala palabra que sirve para consolar a los incautos y reclutar a los tontos, a semejanza de lo que ocurría con el fantasmagórico e indefinible “comunismo”). El elegido o elegida se encargará de administrar lo que otros decidieron en escenarios diferidos, ya lo verán a partir de mayo de 2022, mientras tanto el andamio del PAC que tanta utilidad les prestó ya puede ser desechado.

Atroz idea del Gobierno: privatizar y desnacionalizar la electricidad

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

(1 de 3) Por Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo, profesor ITCR, ecologista FECON

Regresión de más de un siglo

¡Aberrante! Pocas veces esta palabra puede ser usada con tanta precisión, como en este caso para referirnos al “Proyecto de ley reforma al artículo 3 de la “Ley n° 7200 ley que autoriza la generación eléctrica autónoma o paralela”, expediente legislativo n° 22.601, que el Poder Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa. Esta propuesta, encabezada por el Presidente de la República, remataría el modelo público de carácter social y solidario, y su institución rectora, el ICE, pues se orienta exactamente a favorecer la inversión privada de empresas generadoras tanto nacionales como externas. El proyecto además coloca al Gobierno de rodillas, como súbdito obediente, ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En este texto explicamos por qué el proyecto es un retroceso histórico de más de un siglo, y algunas de sus múltiples debilidades. Una revisión de algunos proyectos de privatización impulsados en anteriores administraciones y la complacencia del gobierno actual con la OECD, los revisamos en el artículo “Gobierno se somete a generadores privados de electricidad y a la OECD”, de próxima publicación.

La esencia del proyecto está explícita en el escrito del Gobierno: “El presente proyecto de ley se presenta ante la Asamblea Legislativa con el fin de eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico, al no existir una justificación ligada a esta restricción para la actividad económica atendida bajo la modalidad de servicio público”, y agrega que “la eliminación de esta restricción busca fomentar el comercio y la participación de la inversión extranjera en el país, así como las ventajas y efectos económicos, sociales y de desarrollo que de ellas derivan” (negrillas ODC).

Ese proyecto constituye un retroceso histórico inaudito que borraría uno de los avances sobresalientes de la sociedad costarricense, como fue la nacionalización de la electricidad y la posterior creación del ICE. De aprobarse, convertiría el mercado eléctrico nacional en un campo de competencia privada ya no sólo entre nacionales, y de éstos con el ICE, si no para favorecer directamente las inversiones transnacionales con plena igualdad de derechos al ICE, y obligando a la entidad estatal a comprar la electricidad que generen. Es decir, se perdería cualquier condición asociada a la nacionalización de la electricidad y su carácter de servicio social, para convertirla en un servicio público regido por la competencia privada, aunque el ICE siga presente como intermediario obligado entre los generadores y los consumidores finales, ya sea dentro del país o en el mercado regional, al que también los privados siguen presionando por incursionar.

Este tipo de apertura ilimitada es otro mecanismo o vía de privatización, prestación y venta de servicios públicos en favor del capital privado y desnacionalización, que se ha usado en paralelo a las concesiones de obra pública y las alianzas público-privadas. Todas conllevan el riesgo asociado de ampliar el tablero de corrupción, como ha ocurrido en muchísimos países del mundo, incluida Costa Rica. Con este proyecto el Gobierno abona directamente a la liberalización de la economía nacional entregando el servicio de electricidad al capital privado, lo cual será una pérdida para toda la sociedad costarricense.

Es una aberración que en Costa Rica el Gobierno acelere en reversa en tiempos en que urge proteger los beneficios colectivos y las economías nacionales, tal y como pide el Secretario General de la ONU, Antonio Gutiérrez. Aunque no nos detendremos en esa historia, vale decir que todos los componentes de los “modelos económicos fallidos” que vivimos hoy en el mundo, incluyeron, e incluyen, medidas de privatización y desnacionalización como las contenidas en el expediente n° 22.601 del Poder Ejecutivo. Debería el Gobierno recordar, o más bien conocer, lo que en el 2003 dijo Joseph Stiglitz, que fue jefe de economistas del Banco Mundial: “A todos aquellos que viven en México, Indonesia, Brasil, la India y otros mercados emergentes se les debería dar una consigna diferente: no luchen por la mítica economía de libre mercado, que nunca existió”. Lo que incomoda es que Stiglitz nunca lo expresara cuando él mismo impulsaba las políticas que empobrecieron y siguen llevando al hambre a millones de personas en todo el planeta.

“Ley Alvarado” para privatizar y desnacionalizar

El expediente n° 22.601 de la Administración Alvarado es mucho más intrépido que cualquiera de los intentos precedentes de privatización de la electricidad en Costa Rica. Suma un componente de desnacionalización que en aquellas propuestas no había sido expuesto de manera tan explícita con el objetivo de reafirmar los beneficios para el segmento de la élite nacional e inversionistas externos, que hasta ahora se han beneficiado con la generación privada de electricidad. La propuesta desconoce más de un siglo de avances sociales y colectivos en cuanto al servicio de electricidad frente a los intereses privados. Nos devuelve al año 1900 cuando la empresa The Costa Rica Electric Light & Traction Co., empezó a concentrar el servicio eléctrico de Costa Rica; aunque esta misma empresa fue desplazada por la American & Foreign Power Co., que concentró prácticamente todo el mercado. Esta propuesta de “ley Alvarado” desconoce la historia de luchas sociales para la nacionalización de la electricidad en Costa Rica, de fortalecimiento del servicio de electricidad con la creación de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz en 1941, pero sobre todo aniquila el Decreto Ley No. 449 del 08 de abril de 1949 que creó al ICE, del que cualquier gobernante, medianamente sensato, debería sentirse orgulloso y ser defensor.

Se podría decir incluso que la iniciativa pone en riesgo a las cooperativas y empresas de servicio público de electricidad, que contribuyeron, al menos en parte, a fortalecer el mercado eléctrico con sentido nacionalista y ampliando la cobertura a más regiones del país. (El principio de “solidaridad” en el caso de las empresas con formato cooperativo, habría que analizarlo a partir de los precios al consumidor final y del uso y reparto de sus excedentes). Digo que esas empresas reforzaron “en parte” el servicio público, pues hace años la Contraloría General de la República en un informe sobre “la eficacia y eficiencia en la asignación de fuentes de energía para la generación eléctrica”, advirtió “que los costos estimados de la energía de los proyectos de empresas distribuidoras públicas y cooperativas de electrificación rural, son en su mayoría superiores a los promedios determinados por la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA)” (CGR, 2016, p. 2). En esa misma línea, otro dato que debería revisarse con todo cuidado y seriedad es que, según explicó la Contraloría en el mismo documento sobre la eficiencia de proyectos: “no son competitivos Eólico Valle Central de la CNFL, S.A. y Los Santos de Coopesantos R.L, cuyos costos nivelados de la energía de 18,38 y 16,33 c$/kWh están muy por encima del rango utilizado de 7,09 y 12 c$/kWh. Ello, a pesar de que este tipo de generación es cada vez más competitiva y los mejores proyectos a nivel mundial alcanzan consistentemente los 5 c$/kWh sin financiamiento” (CGR, p.10).

Toda la argumentación del proyecto presentado por el Ejecutivo se subsume en un artículo que, aunque pareciera inofensivo, es la propuesta más regresiva que hayamos enfrentado desde 1990, cuando entró en vigencia la Ley 7.200 para favorecer a los generadores privados. Dice el “ARTICULO ÚNICO. – Refórmese el Artículo 3 de la Ley No. 7200, del 28 de setiembre de 1990, cuyo texto dirá: “Artículo 3.- Interés público. Se declara de interés público la compra de electricidad, por parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), a las cooperativas y a las empresas privadas, que establezcan centrales eléctricas de capacidad limitada para explotar el potencial hidráulico en pequeña escala y de fuentes de energía que no sean convencionales” (Negrillas ODC).

Las debilidades e imprecisiones de este proyecto en general (que revisaremos en un próximo texto), y particularmente del texto del nuevo artículo, hacen que no soporte el mínimo escrutinio técnico. Alguna de esas carencias las revisamos en seguida:

  1. Declarar de “interés público” la compra de electricidad generada por cualquier oferente privado, nacional o extranjero, colocaría al ICE en una condición peor que la que tiene hoy comprando y pagando electricidad de acuerdo con las obligaciones que le imponen las leyes 7.200 y 7.508 aunque no sea requerida por la sociedad costarricense. La determinación del interés público no debe reducirse a un antojo político y comercial. Debe responder a un proceso técnico para definir la necesidad para el país de cada proyecto en particular. Esto está asociado con la relación oferta-demanda, y es bien sabido que el país cuenta con una capacidad instalada y de generación que duplica y más la demanda nacional. Además, esa generalidad flexibiliza la rigurosidad para concluir sobre la viabilidad social y ecológica y la factibilidad económica, que debe establecerse científica y socialmente, también para cada uno de los proyectos.
  2. Esa idea general de “interés público” está copiada del proyecto “Ley General de Electricidad”, expediente No. 17.812, de los Gobiernos Arias Sánchez y Chinchilla Miranda, cuyo artículo 11 indicaba: “Se declaran de interés público y conveniencia nacional los proyectos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica que desarrolle cualquier agente del mercado eléctrico nacional”. Para facilitar aún más la construcción de nuevas plantas generadoras, el proyecto proponía que “…los órganos e instancias del Estado y los gobiernos locales otorgarán trato prioritario sobre otros proyectos, a los trámites y gestiones necesarios para el desarrollo acelerado de estos proyectos. Los plazos serán reglamentados por el Poder Ejecutivo”. Ese proyecto de 2009 buscaba la igualdad de condiciones para la competencia entre el ICE y privados en el mercado eléctrico, y esta nueva iniciativa avanza sustancialmente promoviendo “eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico”.
  3. Declarar de “interés público la compra de electricidad” es otro mecanismo legal que obligará al ICE a adquirir la electricidad de cualquier competidor privado, aspecto que hace menos de un año se mostró espinoso cuando el ICE decidió no renovar algunos contratos de generadores privados por ser innecesarios para atender demanda nacional de electricidad. El pago a generadores privados llegó a 3.141 millones de dólares entre 1989 y 2021, según datos del ICE publicados por el Semanario Universidad. Aunque la amenaza de debilitamiento del ICE es el problema principal en este proceso, la misma institución ha tenido un papel destacado. De acuerdo con Mauricio Álvarez “El ICE viene actuando en esa dirección, pues ya convirtió a la transnacional española Unión Fenosa en la mayor productora de electricidad privada en nuestro país, con un total de 100 MW, al otorgarle un segundo proyecto (actualmente posee Torito, de 50 MW y La Joya, también de 50 MW)”.   Recordemos que los proyectos con la Ley 7.200 no pueden superar los 20.000 kW (20 MW) y los contratos bajo la Ley 7.508 tienen un tope de 50.000 kW (50 MW).  Entre ambas modalidades el tope de generación es el 30% de la capacidad del Sistema Eléctrico Nacional. Independientemente del uso que se le ha dado a esas leyes, establecen límites y cantidades claras.  Y este proyecto adolece del todo de esas precisiones elementales».
  4. Cualquiera que revise el proyecto y lea que el ICE deberá comprar la electricidad de “fuentes de energía que no sean convencionales”, lo primero que se pregunta es ¿Cuáles son esas fuentes? En el mercado eléctrico de Costa Rica podemos anotar como convencionales la hidroelectricidad, térmica, geotérmica, hasta la eólica y la generada con biomasa, si consideramos que ya tienen bastantes años de ser parte de la oferta nacional. ¿A qué se refieren con “no sean convencionales”?
  5. La misma finalidad del proyecto “eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico” es otra imprecisión inaceptable, pues no define condiciones para ejecutarla. Dada esa generalidad, el término “eliminar” permitiría eventualmente una apertura indiscriminada que sería imposible subsanar, corregir o definir por medio de un reglamento. De hecho, es común que muchos ajustes legales para favorecer la generación privada, hasta ahora, se hayan hecho por medio de decretos y directrices ministeriales, pero en este caso, es imposible determinar cómo se dará esa eliminación de barreras a la inversión privada, y sobre todo cuáles serán sus impactos en el mercado eléctrico y para la sociedad costarricense que finalmente deberá consumir esa electricidad a precios de mercado privado. Por eso el texto implica un conjunto de amenazas que ameritan su rechazo absoluto.

Forzar la Constitución para desnacionalizar

La otra línea de justificación, a la cual se le dedica la mayor parte del proyecto, es un conjunto rebuscado de argumentos para forzar la conclusión de que actualmente la inversión privada está poco menos que imposibilitada en Costa Rica. Estirando las ligas al extremo, el proyecto funde el argumento de la OECD -eliminar barreras de inversión privada- con una interpretación de la Constitución Política y de jurisprudencia constitucional de manera más que rebuscada. Dice el Gobierno que “eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico”, “Es una recomendación (de la OECD) que se relaciona con el principio constitucional de igualdad, en términos generales y de igualdad entre los nacionales y extranjeros, en términos específicos, y conlleva que no se discrimine entre unos y otros, salvo las excepciones y limitaciones que la Constitución y el ordenamiento establezcan. También se relaciona con la libertad constitucional de empresa o de ejercicio de la actividad comercial”.

Esa interpretación no sólo se usa para promover la privatización del servicio público de la generación, compra, distribución y consumo de electricidad, si no que busca desnacionalizarlo. Por eso hablamos de una regresión hasta antes del 8 de abril de 1949 e incluso hasta 1900 a tiempos del mercado eléctrico controlado desde el sector privado nacional y transnacional.

Este proyecto es un gesto de genuflexión ante el empresariado privado, y en el ámbito global, una reverencia neocolonial ante la OECD. Nadie antes, ni con los proyectos de ley de los partidos más antiguos y tradicionales como Liberación Nacional y la Unidad Socialcristiana, se llegó al extremo de buscar “el principio constitucional de igualdad…entre los nacionales y extranjeros” para que no se “discrimine entre unos y otros”. Siendo la nacionalización de la electricidad y la creación del ICE insignias notables del Estado social de Costa Rica, es imposible aceptar lo que proponen estos gobernantes, como la idea de no discriminar y de procurar “igualdad entre los nacionales y extranjeros” en el control de una actividad económica verdaderamente crucial para la sociedad costarricense, como es la electricidad. Si se piensa en los costos de la cobertura en regiones de difícil acceso, de nuevo cobra más que pertinencia la necesidad de fortalecer al ICE como entidad de servicio social, y preguntarse si los privados, como nunca ha sido hasta ahora, prestarían el servicio en cualquier región del país.

Cierto es que para algunas empresas privadas del sector eléctrico la apertura indiscriminada podría ser una buena oportunidad para aliarse con foráneos, como ya ocurre con los proyectos (BOT sigla en inglés) Construcción, Operación y Transferencia de la ley 7.508, pero en un escenario de competencia abierta hasta las demás empresas, como las cooperativas, podrían ser disminuidas, parcialmente absorbidas y hasta eliminadas del mercado. No es que los empresarios nacionales de la electricidad privada ameriten defensa, pues ya hemos documentado cómo han hecho fortunas vendiendo electricidad cara e innecesaria. Se trata de que la soberanía, como condición fundamental de un país y de una nación, debe considerar como principio la defensa de “lo nacional” ante la invasión de capitales foráneos, sobre todo en la prestación de cualquier servicio social prioritario, como es la electricidad.

El proyecto no establece ningún límite de inversión para el capital externo. No señala plazos ni condiciones de inversión y venta de la electricidad. No justifica, ni remotamente, que esta apertura se fundamente en una necesidad nacional de electricidad y además, como hemos demostrado, en Costa Rica no falta ni un peso de inversión privada para atender la demanda de electricidad.

Como ciudadanía, este proyecto nos debería regresar a los primeros años del siglo pasado, pero para emular los movimientos sociales que iniciaron la nacionalización la electricidad en Costa Rica con la dirección de la Liga Cívica Nacional, lo cual se logró en 1948 tras décadas de lucha social.

Carlos Alvarado Quesada, Presidente, Rolando Castro Córdoba, Ministro a.i. de Ambiente y Energía y Elian Villegas Valverde Ministro de Hacienda, deben pasar a la historia como destacados peones de la destrucción del Estado social costarricense, y del ICE en particular. Deberían ser recordados por promover la apertura del mercado eléctrico para su privatización y transnacionalización, devolviéndonos a los peores tiempos de vasallaje en las relaciones entre países.

¡Que mueran los que tienen que morir! ¿Qué se esconde detrás de este cinismo?

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Henry Mora Jiménez

“Morirán los que tienen que morir”.
Carlos Soublette, presidente de la Cámara de Comercio de Santiago de Chile (16/04/2020)
“Que mueran los que tienen que morir”.
Carlos Peña Quintana, presidente de la Cámara Nacional de Pymes, Costa Rica (01/08/2020)

¿Qué lleva a dos presidentes de cámaras empresariales, una en Chile y otra en Costa Rica, a sugerir este laissez faire, laissez morir, que nos parece tan contrario a todo humanismo? Una respuesta rápida podría ser que seguramente comparten una matriz ideológica muy similar, la del capitalismo salvaje, pero creo que hay razones más profundas. Veamos.

Ya Adam Smith, en La Riqueza de las Naciones (1776) proponía la tesis de que una economía de “libre mercado” conlleva la tendencia hacia el equilibrio económico, entendido este en términos de la convergencia entre la oferta y la demanda. Pero en esa misma obra Smith reconoció que tal pretendida armonía tenía un fundamento sacrificial: requería que la oferta de trabajo se ajustara a la demanda mediante la auto regulación de la población obrera, naciendo y muriendo aquellos “hijos que producen sus fecundos matrimonios” según los requerimientos del “estado de propagación” de la riqueza nacional. Es una tesis cínica, pero no hipócrita, pues reconocía lo que de hecho estaba sucediendo en la Inglaterra de su época.

Dos siglos más tarde, el gurú del neoliberalismo, F. Hayek repitió la misma tesis de Smith en una entrevista publicada en 1981 en el diario chileno El Mercurio: una “sociedad libre” -dijo- no puede garantizar la manutención de todas las vidas, “porque podría ser necesario sacrificar vidas individuales para preservar un número mayor de otras vidas”. Y acto seguido sentenciaba las únicas reglas morales que podían justificar este “cálculo de vidas”: la propiedad (privada) y el contrato (mercantil). Lo que Hayek presenta como un cálculo de vidas es en realidad un cálculo de muertes: las muertes reales, de hoy, supuestamente serán compensadas con vidas irreales en el futuro. Es una tesis a la vez cínica e hipócrita.

El mal llamado Darwinismo social plantea una tesis muy similar: en la lucha competitiva solo los más aptos pueden y deben sobrevivir. Se trata de una extrapolación a la sociedad humana del evolucionismo biológico que ni siquiera los seguidores de la doctrina del gen egoísta se han atrevido a hacer.

Estas distintas posturas sacrificiales son variantes de lo que podemos llamar, más allá del economicismo, el “mito del poder”, que podemos entender sencillamente así: “la muerte crea vida”. Como tal mito, se ha utilizado desde tiempos antiguos para justificar guerras, conquistas, sacrificios humanos y hasta el lanzamiento de bombas atómicas sobre población civil. Lo cual no debe extrañarnos, porque el ejercicio del poder crea, debe crear, mitos de dominación. Así ha ocurrido en las más diversas civilizaciones, desde los fenicios hasta el capitalismo neoliberal.

La covid-19 ha vuelto a poner este mito en boca de destacados (y no tan destacados) representantes de un capitalismo necrófilo, sosteniendo en esta ocasión y sin justificación alguna, que, si es necesario que ocurran muchas muertes para “salvar la economía”, es lo realista y lo correcto.

Los dioses fenicios, griegos, romanos, aztecas, etc., han sido sustituidos por el dios del mercado. Frente al mercado, la eficiencia y la competitividad, no hay derechos humanos que valgan, ni siquiera el derecho a la vida misma. Y lo anterior enmarcado, como no podría ser de otra manera, en un contexto socioeconómico de profundas discriminaciones y desigualdades estructurales que hacen del “cálculo de vidas” propuesto por Hayek, un eufemismo que pretende ocultar lo que el propio Adam Smith reconocía: las víctimas que se sacrifican no se seleccionan aleatoriamente.

Por ello, expresiones necrófilas como las reseñadas al inicio, no se justifican tanto por una pretendida coherencia con la ideología neoliberal aprendida en cursos de algún M.B.A., sino por una cultura de muerte que peligrosamente vuelve a instalarse en el mundo de ciertos círculos empresariales, tal como ocurrió durante la peste negra en el mundo de los círculos religiosos.

Y es que ante la incapacidad de entender a ciencia cierta la actual crisis, ni de ofrecer respuestas efectivas a la misma y a sus desastrosas consecuencias, el recurso narrativo de quienes de facto nos gobiernan, es recurrir al mito de que la muerte crea vida. Estamos a tiempo de evitar su propagación.

Foto: UCR.

Covid-19 y “apertura” de la economía: No nos hagamos ilusiones

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Paulino Vargas Solís
Economista, Director CICDE-UNED
Grupo Economía Pluralista

Tras semanas de parcial confinamiento, el gobierno de Carlos Alvarado inició un proceso así llamado de “apertura” de la economía, con la esperanza de restablecer una relativa “normalidad” que permita reanimar la actividad económica y recuperar empleos. Se comprende que esto se hace bajo un juego múltiple de presiones: en primera instancia por parte de las cámaras del gran empresariado, pero también por la severidad del derrumbe económico, la pérdida de empleos, el deterioro de la situación fiscal e, inclusive, la impaciencia misma de la gente.

Se ha intentado avanzar en la “apertura”, cuando al mismo tiempo se registra un fuerte incremento de los contagios por Covid-19. Esto plantea un gran desafío, y exige un altísimo grado de disciplina. Si el contagio se sale de control –y es lo que pareciera estarse dando– ello tendría consecuencias potencialmente catastróficas. No estoy del todo seguro si el común de las personas ha logrado interiorizar plenamente lo que esto significa. Pero lo que resulta más preocupante es el tipo de mensajes que lanzan algunos de los liderazgos empresariales, en especial la UCCAEP. Sus exabruptos, ofensivos y estridentes, transmiten un desprecio por la vida, que solo es propio de una ideología fascista. Confío, sin embargo, que, en su amplia mayoría, predomina en el empresariado costarricense, un compromiso ciudadano, de protección a la salud y de respeto a la vida, absolutamente indispensable en este momento.

Si la pandemia se desborda, los servicios hospitalarios colapsan y las muertes se disparan, la “apertura” de la economía inevitablemente se frenará. Por decisión de las autoridades o a causa del pánico que ello provocaría. No entender esto es no entender nada, y es obvio que la UCCAEP, incapaz de mirar más allá de la punta de su nariz, no lo entiende.

De ahí que sea un error hablar de establecer un “balance” entre la salud y la economía, lo cual sugiere que salud y economía están en el mismo nivel, tienen la misma importancia y pueden caminar la una a la par de la otra. Incorrecto. Incluso si se opta por “abrir” la economía, ello debe hacerse priorizando siempre la vida y la salud. De otra forma, la propia “apertura” se detendría cuando apenas empiece a caminar, y, al final, la factura que deba pagarse será mucho más cara.

Por otra parte, debemos entender que la “apertura” no tiene más que muy limitadas posibilidades, si de recuperación de la economía y los empleos se trata.

Primero, hay un ambiente de enorme incertidumbre y temor, que inevitablemente frena el consumo de las personas y los hogares, y los proyectos empresariales de inversión. O sea, lo que cabe esperar es un proceso donde, al “abrirse” la economía, la gente retome a lo sumo de forma parcial algunos de sus viejos hábitos de consumo, pero manteniéndose cauta y contenida. En el caso de las empresas ese mismo efecto se daría, pero en grado incrementado, ya que se parte de un altísimo nivel de desocupación de la capacidad instalada. Difícilmente habrá alguna empresa que, bajo tales condiciones, quiera emprender nuevos proyectos de inversión.

O sea, la reapertura tan solo dará un empujón parcial e insuficiente a la economía, y, por ello mismo, tan solo se recuperará una parte de los empleos perdidos. Por lo tanto, mucha gente que se quedó sin trabajo, no podrá recuperarlo, lo que, a su vez, mantendrá en pie poderosas fuerzas contractivas, que harán aún más limitada la recuperación de la demanda de consumo, y deprimirá aún más la disposición empresarial a generar nuevas inversiones.

Los estímulos provenientes del exterior tampoco aportarán gran cosa. La profundidad de la recesión en países ricos, mantendrá deprimidas las exportaciones al menos por el resto de este año, pero seguramente el efecto se prolongará al año venidero. El turismo, por su parte, durará mucho tiempo –posiblemente años– antes de retornar a niveles comparables a los de los tiempos pre-Covid. Hay demasiado miedo circulando en la atmósfera sicológica del mundo entero, para pensar otra cosa, ni siquiera si se adoptasen estrictas medidas sanitarias, y ni siquiera si se descubriese una vacuna eficaz, teniendo presente que aún si ésta estuviese disponible, su aplicación universal llevaría tiempo.

Y aquí es importante aclarar una idea errónea, pero muy popular, inclusive entre economistas: la de que “fondear” los bancos, para que éstos tengan recursos y coloquen créditos, es una herramienta eficaz para dinamizar la economía[i]. La cuestión más bien funciona a la inversa. La economía no se reactiva porque se reactive el crédito; por el contrario, el crédito se reactiva en respuesta a la reactivación de la economía. Una vez la economía gana tracción, el crédito funcionará como lubricante que lo facilite y, eventualmente, contribuya a darle impulso. Pero el crédito no puede gatillar el proceso y ponerlo en marcha. Lo cierto es que no hay colocación de créditos, si no hay demanda de crédito. Y para que esta demanda exista, es necesario que la economía camine.

Ello asimismo demarca los límites de los estímulos monetarios que, vía tasas de interés, puedan ser aportados por el Banco Central. Existe, por un lado, el problema –entretención habitual en las conversaciones entre economistas costarricenses– acerca de la exasperante lentitud con que las tasas de interés en el sistema bancario, responden a las bajas acordadas por el Banco Central en su “tasa de política monetaria”. La razón de lo cual, según creo, hay que buscarla en el característico conservadurismo del propio Banco Central, el cual pareciera creer que basta con anunciar la baja, y por su linda cara los bancos le seguirán obedientes y sumisos. Lo cierto es que si no actúa con un mínimo de agresividad las tasas no bajarán. Y eso es lo que usualmente ocurre: las tasas no bajan. Se necesitaría mayor activismo, algo impensable en nuestro artrítico Banco Central.

Pero esa es una parte de la historia y, en las circunstancias actuales, la menos importante. Porque inclusive si las tasas de interés tuviesen una baja muy significativa, las fuerzas contractivas que mantienen frenados los planes de inversión de las empresas y los planes de consumo de las personas y las familias, seguirán en pie. Por un lado, la enorme capacidad productiva instalada de las empresas, que permanece ociosa. Por otro, la situación de amplísimo desempleo. Y súmele el congelamiento de las exportaciones y el turismo. Y, encima de tales factores objetivos, el ambiente sicológico de terrible incertidumbre y temor. Simplemente el crédito no se reactivaría, ni siquiera si las tasas de interés se aproximasen a cero.

Por su parte, el “libre mercado” carece de mecanismos que permitan desatascar esta maquinaria averiada. En el contexto de oscuridad que la incertidumbre reinante impone, esos mecanismos quedan paralizados. O, si acaso, solo podrían lograrlo después de un largo período y un cúmulo incalculable de sufrimiento humano, cuando, al fin, las empresas empiecen a hacer inversiones para sustituir capital destruido o depreciado, y/o las exportaciones de fuera de zona franca, empiecen a tener una reanimación significativa. Pero el lapso que tendría que transcurrir para ello, podría ser intolerable para la sociedad.

Estamos entrando a una fase donde se hace necesario recuperar, siquiera parcialmente y mínimo por algún tiempo, la noción cepalina de «desarrollo hacia adentro». No por razones ideológicas, sino por imperativo de la realidad. O sea: la economía costarricense tiene que reencontrarse con el mercado interno, y volver a priorizar objetivos de justicia social y mayor igualdad.

Teniendo eso claro y ante el contexto actual, el único agente económico que podría proporcionar el empujón que saque a la economía de ese sopor patológico y rompa la parálisis, es el sector público, y tendría que ser por medio de un amplio programa de inversión pública, planificado para que incorpore un componente de fácil ejecución en el corto plazo, capaz de generar muchos empleos y densos encadenamientos con actividades productivas nacionales. A mediano y largo plazo ese programa debería enfatizar las energías limpias, las tecnologías verdes, la modernización del transporte público, la fibra óptica, los acueductos y sistemas de alcantarillado y tratamientos de aguas residuales, la infraestructura educativa y sanitaria, los espacios públicos, el desarrollo de la ciencia y la tecnología y el acceso a la vivienda para toda la población.

Por ello mismo, resulta un desatino las propuestas de austeridad fiscal, que tan solo vendrían a reforzar las fuerzas contractivas que actualmente están en operación. Lo cierto es que la única forma saludable de volver manejables el déficit y la deuda pública, es a través de la dinamización de la economía.

Y siendo verdad que enfrentamos una severa restricción fiscal, por ello mismo se hace indispensable buscar formas alternativas e innovadoras de financiar ese programa de inversión, de forma que el déficit fiscal mismo no se vea incrementado. Entre las cosas rescatables en el programa de reactivación de la economía que el gobierno de Carlos Alvarado presentó el 4 de mayo pasado, había algunas ideas en este sentido. Los números ofrecidos eran interesantes, pero el planteamiento resultaba vago e impreciso, y lo sigue siendo hasta el día de hoy.

Se trata de poner a caminar la maquinaria económica, en la comprensión de que, una vez puesta en movimiento, el proceso de recuperación se alimentará a sí mismo. Será entonces cuando entre en juego el crédito, cuya demanda se verá incrementada una vez la economía agarre vuelo.

Ya para entonces los bancos volverán a funcionar como normalmente lo hacen: creando dinero prácticamente “del aire” para conceder crédito y, así, crear sus propios depósitos.

[i] Esta es una idea que, por ejemplo, desarrolla con amplitud el muy respetado colega, don William Hayden, en un artículo en el medio digital La Revista (4 de julio de 2020): “Las alternativas económicas de nuestro país en el marco del covid-19”.

 

Información tomada del blog: https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/

Enviado a SURCOS por el autor.

¿Será capaz nuestra juventud?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Desde un adulto mayor…

Marlin Óscar Ávila Henríquez

Nuestra juventud (18-30 años de edad) nació después de la caída del muro de Berlín y la destrucción de la Unión Soviética.

Nació en la primera fase de iniciarse la consolidación del capitalismo salvaje y la globalización del sistema de libre mercado, con la fuerza ideológica del neoliberalismo, como evolución del liberalismo clásico de los siglos XVIII y XIX, promovido y financiado por los organismos multilaterales regionales y universales.

Aunque las primeras prácticas neoliberales se facilitaron con la dictadura pinochetista, de Chile, a partir de 1974, se inició su instalación ya como sistema, en los ochentas del siglo pasado, 10 años antes de nacer el primer joven, quien ahora, el año del Covid-19, está cumpliendo 30.

Cuando se inició el desmontaje de todo pensamiento sobre estado de bienestar para sustituirlo por la supremacía del individualismo y de reducción del estado, el predominio del individuo sobre lo comunitario y lo colectivo. Estas nuevas generaciones no vivieron y muchos no se enteraron, incluidos quienes ahora están en los 40s, ni por lectura, que sus padres y abuelos habían logrado un buen nivel de vida, con educación, salud, vivienda y, demás servicios públicos de calidad, gracias al Estado de Bienestar que, como sistema predominó después de la segunda guerra mundial, promovido desde Washington.

En nuestra latinoamericana, fue en Costa Rica donde más desarrollo hubo con don José Figueres Ferrer (don Pepe) a la cabeza, en la segunda mitad del decenio de los cuarenta, hasta 1974, pero sostenido hasta inicios del presente siglo, con fuertes luchas del pueblo contra la oligarquía criolla sustentada por las grandes corporaciones y bancos internacionales, que buscan siempre la acumulación de capitales en pocas familias, dejando una secuela de pobreza y miseria en las grandes mayorías.

Las teorías y las prácticas exitosas de más de 50 años después de la segunda Guerra mundial, eventualmente, sufrieron una campaña atroz de desprestigio montado a través de los medios en poder de las corporaciones y oligarquías internacionales, endemoniándolas, hasta hacer que las nuevas generaciones crean en tales propagandas, sin siquiera saber diferenciar científicamente sus aciertos y desaciertos.

Es lamentable escuchar a jóvenes (algunos con poco más de 40) con educación superior condenando, de primas a primera, cualquier propuesta de políticas sociales en beneficio colectivo y mucho menos, aceptar una expresión de organización de trabajadores y sus derechos de participación en su propio destino. Su mismo bienestar y seguridad (de esta juventud) ahora con la pandemia, se debe en gran parte, a las políticas social demócratas impuestas en el pasado.

Pero su orgullo gratuito juvenil se infla utilizando palabras «modernas», después de haber sacado de su léxico otras expresiones que les enseñaron que son condenables, entre ellas está cooperativismo, solidaridad, reivindicación, sindicalismo, compañerismo, comunidad y comunitario, intervención del Estado, y otras. En cambio, repiten sin cesar: “emprendedurismo”, privatización, cogestión, austeridad, libre mercado, flexibilización y otros términos propios del neoliberalismo, aunque muchas veces no saben de adonde se originan.

Este cambio de paradigma institucionalizado en toda nuestra sociedad está introducido en los tres poderes del Estado, pero más en los empresarios. Nuestr@s legislador@s salen constantemente a lucir sus «nuevos» conocimientos sobre política del Estado, expresando, como el viernes 29, su preocupación porque un nuevo jerarca del Ejecutivo no se dirija por los dictados neoliberales, y se reúse a reducir el tamaño del Estado, incluso, vendiendo parte de los bienes públicos. Jóvenes, con la cabeza caliente, desarrollados en un ambiente conquistado con la lucha de la clase trabajadora, jóvenes con estudios y salubridad construida por las generaciones pasadas, que su mezquindad y soberbia, no les permite reconocer, ni siquiera agradecer, puesto que son las conquistas del pasado, los sacrificios de sus padres y abuelos, y el sistema predominante les enseñó a no ver el pasado. Sin embargo, están list@s a «vender» al exterior la buena imagen de democracia existente, pero que esta generación novata, podría destruir en una sola legislación, tal como lo ha venido haciendo con leyes antidemocráticas.

Desde luego, comprendemos que estas últimas generaciones han sido presas del sistema neoliberal. Ese sistema actualmente en crisis económica, desde hace varios años y ahora, con un quebrantamiento sanitario global sin precedentes.

Después de la segunda guerra mundial hubo que encontrar un nuevo paradigma al liberalismo clásico. Ahora, nos preguntamos, sí nuestra juventud, particularmente la gobernante, tiene capacidad para encontrar un nuevo paradigma, o piensa seguir en ese mundo ya obsoleto, fracasado y dañino para nuestra ciudadanía y nación, como lo es el neoliberalismo.

Será mucho más desastroso saber que formamos y construimos un mundo, destruido posteriormente por nuestros propios hijos e hijas, porque no les transmitimos lo esencial de la vida, muy lejos del individualismo y del mercado materialista, como es el calor humano, la equidad y solidaridad social. Para qué vamos a querer conquistar el espacio de las estrellas, si no logramos construir un hogar de hermandad, paz y fraternidad en nuestra tierra.

Lo que más nos satisficiera es, que nuestra juventud en cargos pasajeros de poder, nos demostrara lo equivocado que pudiéramos estar con estas ideas y creer que nuestros nietos podrían gozar de seguridad social, equidad y bienestar social, como esa actual juventud que pronto dejará de serlo.