Ir al contenido principal

Etiqueta: líder indígena

Pronunciamiento Público: justicia pronta para Sergio Rojas Ortiz, su familia y el pueblo Bribri de Salitre

SURCOS comparte pronunciamiento público, el cual usted puede suscribir llenado el siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSch7dX_RrloGPdMK-kYwJHd4xeNJ1TFUedwfQQti_GR_J5BXg/viewform

Las personas y agrupaciones abajo firmantes, todas integrantes de organizaciones,  comunidades, proyectos sociales o académicos, comprometidas con el bien común, el bienestar social, los derechos humanos y los derechos de los Pueblos Originarios, hacemos pública nuestra preocupación y nuestras exigencias ante las circunstancias que se vienen dando, sin la debida atención de las autoridades judiciales y del Estado costarricense, en relación con la investigación del asesinato del líder Sergio Rojas Ortiz.

Considerando que:

  • El 18 de marzo del 2019 murió asesinado de 15 balazos, en su casa de habitación, en la comunidad de Yeri de Salitre, Sergio Rojas Ortiz, bribri costarricense, líder comunitario, defensor de derechos indígenas. Sergio era beneficiario directo y de forma individual de medidas cautelares (medidas MC321 – 12), impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado de Costa Rica desde abril del 2015, precisamente por haber sido amenazado de muerte de manera sistemática y por haber sufrido otros atentados desde el 2012, todos relacionados con su participación en la recuperación de tierras indígenas en el cantón de Buenos Aires de Puntarenas. El asesinato de Sergio Rojas se dio 4 años después del establecimiento de las medidas cautelares por parte de la CIDH, sin que el Estado costarricense realizara las acciones necesarias para responder de manera efectiva a dichas medidas.
  • Pocos días después de cometido el asesinato, el 22 de marzo del 2019, la CIDH repudió el crimen contra Sergio Rojas Ortiz y le recordó al Estado costarricense que el líder indígena se encontraba en una grave situación de riesgo, de ahí que desde el 2015 se le otorgaran medidas cautelares por parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, las cuales se establecieron para garantizar su vida e integridad personal. Además, la CIDH hizo énfasis en la importancia de una oportuna investigación de las fuentes de riesgo para la vida del líder indígena y los miembros de los pueblos Teribe y Bribri de Salitre, así como en incluir como línea de investigación del asesinato la hipótesis de que este crimen pudiera haber sido cometido en razón de la actividad de defensor de derechos humanos que ostentaba Sergio Rojas Ortiz.
  • Un año después del homicidio, el 18 de marzo del 2020, la CIDH volvió a pronunciarse, esta vez sobre la situación de violencia, amenazas y hostigamiento que sufren líderes indígenas y personas defensoras de los derechos humanos en el contexto de la investigación del asesinato de Sergio Rojas Ortiz. En este momento, la CIDH advirtió sobre la carencia de avances significativos en el enjuiciamiento de los responsables del asesinato del líder indígena e hizo un llamado enérgico al Estado costarricense sobre su obligación de investigar este caso de manera seria, profunda e imparcial, lo que permitiría sancionar oportunamente a los responsables intelectuales y materiales.
  • En setiembre del 2020, 18 meses después del asesinato, se dio a conocer la solicitud de desestimación de la investigación respectiva por parte del Ministerio Público. Tal solicitud se realizó bajo el alegato de la imposibilidad de resolver el caso, debido a la negativa reiterada del Juzgado Penal de Buenos Aires de Puntarenas de autorizar allanamientos necesarios para avanzar en el proceso de esclarecimiento del crimen.
  • Unos pocos días después, el 25 de setiembre del 2020, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo un vehemente llamado al Estado costarricense para que no archivara la investigación. Además, invocó y recordó lo externado por Michael Forst (ex Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos), Victoria Tauli Corpuz (ex Relatora Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas) y Agnès Callamard (Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias) en cuanto a la importancia de que las autoridades costarricenses lograsen identificar y sancionar a los autores intelectuales y materiales del asesinato del líder indígena.
  • Gracias a los llamados de la ONU y la CIDH, así como de diversas organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos, académicos y miembros de los distintos Pueblos Originarios del país, y luego de una audiencia con el abogado y con la familia de Sergio Rojas, realizada el pasado 3 de diciembre, el Juzgado Penal de Buenos Aires, en fecha 14 de enero del 2021, rechaza la solicitud de desestimación del caso y resuelve que la investigación debe continuar en atención de la “debida diligencia”.
  • Los días 21 y 22 de enero del presente año, el medio de comunicación digital “CrHoy.com” publicó varios reportajes basados en el expediente judicial 19-000178-0990-PE, correspondiente al caso del asesinato de Sergio Rojas Ortiz, en los que se hace especial referencia al informe elaborado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Esta publicación se hace a pesar de tratarse de un proceso de investigación penal en curso, para el que la ley establece confidencialidad. Las notas periodísticas publicadas aportan una serie de detalles de la investigación judicial que evidencian una clara, sospechosa e intencionada filtración de la información de este expediente tutelado por las instancias judiciales, lo que podría incidir de manera negativa en el desarrollo de la investigación, a la vez que expone a riesgos adicionales a las personas informantes.
  • En enero del 2020, la Sub-Comisión de la Comisión Especial Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica encargada de analizar el expediente #21360, emitió un informe respecto al caso (expediente Nº 21360), en el cual se interpela a las autoridades costarricenses para que, entre otras importantes acciones, redoblen esfuerzos a fin de garantizar la protección efectiva e inmediata de los derechos de los Pueblos Originarios y de las personas que integran sus comunidades, para asegurar la incorporación de la perspectiva multiétnica y pluricultural en la aplicación de la justicia y para detener la violencia y la impunidad, así como todo acto de discriminación y racismo en el país. A la vez, mediante dicho informe, la Sub-Comisión hizo un llamado vehemente a la Fiscalía General de la República para que continúe con la investigación del asesinato de Sergio Rojas Ortiz y para que aplique toda la pericia de que dispone para obtener la prueba que individualice a los responsables y le permita al Estado castigar el crimen cometido contra el líder indígena.

Todos los hechos referidos anteriormente refuerzan las evidencias y la convicción de que el asesinato de Sergio Rojas Ortiz fue un crimen político producido en un contexto de creciente violencia física y simbólica, la cual se produce ante la falta de acción del Estado en materia de justiciabilidad de los derechos humanos de los Pueblos Originarios, en especial los derechos de orden territorial.

Estos hechos también generan dudas razonables acerca del manejo que se está haciendo del caso por parte de las autoridades judiciales, y son particularmente preocupantes porque parecen mostrar una tendencia inaceptable hacia la generación de condiciones para la impunidad de este crimen, lo cual, además de constituir una injusticia, afectaría de manera irreparable la credibilidad de nuestro Estado Social de Derecho. Al respecto, corresponde al Poder Judicial asumir un rol garantista de los derechos humanos, mediante la ejecución de todas las medidas que permitan brindar un adecuado acceso a la justicia, en especial para las poblaciones en condición de vulnerabilidad, como es el caso de los Pueblos Originarios.

Llamamiento público

Por tanto, ante la gravedad de todos los hechos reseñados, manifestamos públicamente y hacemos un enérgico y vehemente llamado general, en especial a las autoridades del Estado y a las instancias judiciales del país, en los siguientes términos:

  • APOYAMOS la denuncia interpuesta ante la Inspección Judicial y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por parte del Lic. Óscar Retana, abogado de la familia Rojas Lázaro, para que se investiguen las irregularidades que transgreden los Principios del Debido Proceso y Confidencialidad en el proceso, y para que sancione con todo rigor a los responsables de filtrar la información del expediente 19-000178-0990-PE a la prensa.
  • APELAMOS a las autoridades del Estado a acoger y atender todos y cada uno de los planteamientos del informe final de la Sub-Comisión de la Comisión Especial Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica que analizó el expediente #21360.
  • EXIGIMOS que se garanticen todos los principios procesales en este caso, especialmente el debido proceso, que se concluya con el esclarecimiento del asesinato de Sergio y que se dé acceso real a la justicia y reparación a la familia de Sergio y al Pueblo Bribri de Salitre.
  • RECORDAMOS la obligación que tienen el Estado costarricense y sus instituciones de garantizar la vida, la integridad física y los derechos de los Pueblos Originarios, así como de dar cumplimiento real y oportuno a las Medidas Cautelares y a la toda la legislación vigente relacionada con los derechos de estos pueblos.
  • DEMANDAMOS la acción articulada de los distintos Poderes de la República para que se atiendan y resuelvan como corresponde, conforme a los derechos humanos de los Pueblos Originarios, los conflictos de usurpación de territorios indígenas costarricenses, causa estructural de la violencia en estos territorios.
  • ADVERTIMOS nuestra decisión de mantenernos vigilantes y fieles a nuestras obligaciones ciudadanas, para que la institucionalidad pública se respete y actúe conforme al marco jurídico nacional e internacional que protege y garantiza los derechos humanos de los Pueblos Originarios costarricenses, así como la vida y la justicia para sus defensores.

¡No más impunidad!

Organizaciones y personas firmantes:

 

Compartido con SURCOS por Mauricio Álvarez Mora.

Filtración de datos de causa judicial que investiga el homicidio del líder indígena Sergio Rojas Ortiz incumple Código Procesal Penal

SURCOS comparte el siguiente comunicado público:

Los pasados días 21 y 22 de enero circularon notas de prensa en el medio digital CRHoy.com, referentes a un informe del Organismo de Investigación Judicial dentro del expediente penal 19-000178- 0990-PE, causa judicial que investiga el homicidio del líder indígena Sergio Rojas Ortiz, defensor de derechos humanos de Pueblos Indígenas de Costa Rica, asesinado impunemente el 19 de marzo de 2019.

Los artículos se publican a pocos días de que el Juzgado Penal de Buenos Aires rechazara la solicitud de desestimación gestionada por la Fiscalía contra el Narcotráfico y Delitos Conexos.

El artículo 295 del Código Procesal Penal, refiere la confidencialidad de las actuaciones penales: “Privacidad de las actuaciones. El procedimiento preparatorio no será público para terceros.

Las actuaciones sólo podrán ser examinadas por las partes, directamente o por medio de sus representantes. Los abogados que invoquen un interés legítimo serán informados por el Ministerio Público sobre el hecho que se investiga y sobre los imputados o detenidos que existan, con el fin de que decidan si aceptan participar en el caso. Las partes, los funcionarios que participen de la investigación y las demás personas que, por cualquier motivo, tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas, tendrán la obligación de guardar secreto. El incumplimiento de esta obligación será considerado falta grave.” (El resaltado no es del original).

Por tanto, es absolutamente reprochable que dicha información confidencial sea de conocimiento de la prensa, presumiendo que la filtración provenga de una instancia judicial, lo cual supone una violación por parte de las autoridades judiciales de la normativa procesal penal vigente.

A partir de este hecho, se revelan datos aportados por testigos y evidencia recopilada, lo que afecta la investigación, pero aún más grave es la posibilidad de que los testigos sean perturbados, amenazados o agredidos en un territorio indígena que no ha encontrado respuesta a los múltiples reclamos sostenidos y fundamentados de la deficiente actuación del Poder Judicial, con antecedentes de denuncias por agresiones, amenazas y daños, sin que a la fecha existan personas condenadas por delitos abiertamente racistas. Lo anterior es del conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, petición realizada por los pueblos Indígenas Bribri de Salitre y Brorán de Térraba, que actualmente está en etapa de supervisión ante dicho organismo, y que cuentan con las medidas cautelares 321-12 del 30 de abril de 2015.

Se realizaron el día de hoy las denuncias respectivas ante la Inspección Judicial y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, para la investigación de estos hechos, los cuales constituyen delito y responsabilidad disciplinaria de los involucrados.

San José, 26 de enero de 2021.

Oscar Retana M.
Abogado representante de la familia Rojas Lázaro.

Comunicado público: caso de Sergio Rojas aún no es archivado

SURCOS comparte el comunicado público de la Coordinadora de Lucha Sur Sur – CLSS:

Comunicado público: caso de Sergio Rojas aún no es archivado

– El caso por homicidio calificado de Sergio Rojas Ortiz, Bribri del clan Uniwak, aún no está archivado. El Juez Penal dictaminó que debe investigar a cabalidad el caso y responderá por escrito.

Viernes 04 de diciembre 2020. El día de ayer, 03 de diciembre, el Juzgado Penal de Buenos Aires llevó a cabo una audiencia oral y privada que definiría la archivación o no, del caso de Sergio Rojas Ortiz. La audiencia se debe a que a finales del mes de septiembre del presente año, la Fiscalía de Delincuencia Organizada y Delitos Conexos solicitó la desestimación de la causa que investiga el homicidio de Sergio Rojas Ortiz. El alegato corresponde al supuesto agotamiento de los medios investigativos.

El juez determinó que responderá la solicitud de forma escrita, después de investigar a cabalidad el archivo en un tiempo prudencial que puede ser de 15 días a un mes.

En las afueras del recinto judicial en Pérez Zeledón se hizo presente una delegación de distintos Pueblos Originarios exigiendo justicia y un alto a la impunidad.

Como Coordinadora de Lucha Sur Sur exigimos al Poder Judicial que garantice el acceso a la justicia a la familia de Sergio y al Pueblo Bribri de Salitre. Para ello no debe archivarse el caso y redoblarse todos los esfuerzos investigativos para dar con los autores intelectuales y materiales del asesinato.

La paz en los Territorios sólo es posible si se garantiza la justicia a los Pueblos y su derecho colectivo a la tierra que sólo es posible si sus Territorios están en sus manos. Los Poderes del Estado son los responsables de garantizar la vida e integridad física de los Pueblos Originarios y el año pasado fallaron en contra de Sergio, ahora lo que les corresponde es garantizar la justicia y detener la impunidad reinante en nuestros Territorios.

¡Justicia para Sergio y los Pueblos Originarios!
Coordinadora de Lucha Sur Sur.

Principios para una política a favor de los pueblos y territorios indígenas costarricenses

El miércoles 02 de diciembre, en el marco de la conferencia de prensa “Costa Rica, amenazas de muerte a Pablo Sibar y demás recuperadorxs de territorios indígenas”, el Secretario General del Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (Sindeu), Trino Barrantes Araya, compartió las siguientes palabras:

Principios para una política a favor de los pueblos y territorios indígenas costarricenses

Trino Barrantes Araya
tbarrantesa@gmail.com
San Pedro de Montes de Oca

Miércoles 2 de diciembre de 2020

Un pequeño preámbulo:

Debieron pasar 427 años, después de la conquista, para que el tema indígena se pusiera en el tapete de los organismos internacionales. Efectivamente, es a partir de 1919 que el tema indígena procura la atención de los Estados-nacionales.

De igual forma es importante tener presente el papel del Tribunal Russell, pues con todas sus variables, es una primera de las instancias que posicionó el tema del respeto a los Derechos Humanos a los pueblos ancestrales. Aunque ciertamente el tema había sido considerado desde 1943, será en el año 1966, con el filósofo y literato Jean Paul Sartre, que el tema logra dimensionarse de manera universal.

Señalemos que ya, a partir del Convenio 107, la Organización Internacional del Trabajo presta una atención permanente a incorporar a los pueblos indígenas como actores de una realidad socio histórica y cultural de la cual son parte.

En el caso de Costa Rica, existe un buen cúmulo de leyes en torno a este eje. Así, de manera sucinta indicamos lo siguiente:

1973 – Ley 5251 Creación de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas-CONAI

1977 – Ley 6172 Se sanciona la Ley Indígena.

1992 – Ley 7316 El gobierno de Costa Rica, ratificó el Convenio 169 de la OIT.

No es, sin embargo, este el tema que nos ocupa en este momento. Nos interesa sobre todo llamar la atención a favor de la integridad física y psicológica de Pablo Sibar Sibar, las lideresas indígenas y otros miembros de los territorios indígenas que son permanentemente amenazados de muerte.

Algunas ideas para una política indigenista:

1.- En enero de 1971, en Barbados se da una declaración que adquiere hoy en día una validez universal. “El derecho de los indígenas es previo al Estado”. No significa lo anterior que dichos derechos sean superiores al Estado, ni que la protección de la ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas deba considerarse como una independencia absoluta del conjunto de normas, leyes y valores en que se sustenta el Estado. Pero la propuesta que estuvo en discusión hace unos años en la Asamblea Legislativa en el Proyecto Ley 14.352, precisaba que los derechos indígenas sobre sus tierras y territorios anteceden en mucho al cuerpo legal que dio la estructura jurídica al Estado costarricense.

2.- Aunque los derechos de los pueblos indígenas no hayan estado escritos en papel o en un cuerpo de leyes previamente articulado, estos existían previos a la conformación de los Estado-nación, que son construcciones sociohistóricas que se dan más tarde.

3.- Existe un principio que une y acerca a la lucha indígena con otro gran sector que es el campesinado. Hacemos referencia en este apartado al trabajo como fuente de derecho sobre la tierra. Sobre los grandes territorios indígenas los blancos no tenían ningún derecho. “La tierra es para quien la trabaja” y 2000 años antes de la conquista y el mal llamado descubrimiento, los pueblos ancestrales, nuestros pueblos originarios habían desarrollado una gran cultura productiva. El indígena exige, no por capricho, la tierra para sus pueblos, porque lo recurrente es ese largo derecho a lo que les pertenece.

4.- Convenio No.169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

Sin lugar a dudas este apartado es clave: Parte I. Política General, Artículo 1, 1. Este convenio es sin duda un instrumento legal que valida lo que anteriormente hemos venido señalando, pues el mismo refiere a las condiciones sociales, culturales y económicas propias de los territorios indígenas que los distingue de la colectividad nacional, pero además este artículo refiere con gran convicción que en dichos pueblos se reconoce un principio ancestral de sus propias costumbres y tradiciones bajo una legislación propia y especial.

5.- En el Congreso referido anteriormente celebrado hace ya medio siglo, se reconoce al territorio y al grupo social indígena como verdaderas unidades políticamente viables e independientes del Estado. No obsta lo anterior, sin embargo, para eximir al Estado de sus obligaciones de apoyar y contribuir con el desarrollo de sus pueblos ancestrales, respetando, eso sí, su independencia y autonomía.

6.- El desarrollo nacional no puede entrar en contradicción con el desarrollo de los pueblos ancestrales, pero lo anterior exige por parte del Estado respetar la armonía de los pueblos con su naturaleza y el buen vivir.

Para finalizar, cuento con algunos recortes, tal vez del diario más reaccionario y mediático de este país, hago referencia al periódico la Nación. De la lectura del contenido de estos artículos, podemos arribar a importantes conclusiones. El abogado Carlos Tiffer, en su artículo: Crimen sin castigo, del domingo 6 de setiembre del 2020, página 28, es enfático en señalar que estamos en un “estado de impunidad”. Por eso, crímenes como el de Sergio Rojas Ortiz y el de Jehry Rivera, se deslegitiman y los actores materiales de dichos crímenes quedan impunes. Por su parte los periodistas Katherine Chaves y Carlos Arguedas, en su artículo: “Fiscalía pide desestimar causa contra sospechosos en crimen de indígena”, La Nación, sábado 26 de octubre de 2020, P.11. dejan claro a la opinión pública nacional e internacional, el juego sucio y el manipuleo en estos crímenes perpetrados contra las dirigencias históricas de los pueblos ancestrales.

Más insultante aún son los argumentos que logra descubrir el comunicador Arguedas en su artículo: “Fallo de tribunal agrario frena plan de indígenas para rescatar sus tierras”, La Nación, domingo 11 de octubre de 2020, p. 10.

Termino diciéndoles, a todas y todos los que estamos hoy participando de esta conferencia de prensa, que tenemos que convertirnos en abanderados en la defensa de la integridad física y psicológica de Pablo Sibar Silbar y de todas y todos los recuperadores de sus tierras ancestrales.

FRENAPI: Solicitamos rechazar el pedido de desestimación de la investigación penal del asesinato de Sergio Rojas Ortiz

SURCOS comparte el siguiente comunicado del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (Frenapi):

A la comunidad nacional e internacional

El Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) y el Comité de Apoyo a la Autonomía Indígena apoyamos la acción directa No Violenta que se realizará el 3 de diciembre del 2020, a partir de las 9 am en los Tribunales de Pérez Zeledón con la presencia de delegados del FRENAPI, para exigir que no se archive el expendiente: 19-000178-0990-PE por el delito de homicidio calificado contra Sergio Rojas Ortiz.

Solicitamos rechazar el pedido de desestimación de la investigación penal del asesinato de Sergio Rojas Ortiz.

Unidos a los Consejos de Salitre Ditso Iriria Ajkonuk Wakpa, Consejo de Mayores Broran de Térraba, Consejo de Mayores Iriria Jtecho Wakpa de Cabagra, y la Asociación de Desarrollo integral del Territorio indígena de China Kichá reclamamos no a la impunidad en el homicidio de Sergio Rojas Ortiz y demandamos que el Ministerio Público continue con las investigaciones.

Desde el 24 de setiembre de este año, la Fiscalía de Delincuencia Organizada solicitó el archivo de la investigación del caso del asesinato de nuestro compañero y líder indígena Bribri, cofundador del FRENAPI Sergio Rojas Ortíz, lamentable hecho realizado el 18 de marzo de 2019 en su casa de habitación. Hasta el momento, no se ha identificado a ningún sospechoso. Sergio era beneficiario directo de las Medidas Cautelares 321-12, emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el 30 abril 2015, donde se ordena al Estado proteger la vida e integridad física de los Bribri de Salitre y Brörán de Térraba.

El próximo 3 de diciembre a las 9:00 am se llevará a cabo una audiencia oral para que el Juzgado Penal de Buenos Aires decida si la investigación debe seguir activa y no archivarse, o por el contrario validar la impunidad y descontinuar el proceso. Las acciones de la Fiscalía que solicitan la desestimación de la investigación son ofensivas e incumplen las Medidas Cautelares 321-12.

Ante esto, como organizaciones que velamos por la permanencia y desarrollo de nuestras culturas indígenas y nuestra incansable labor de recuperación de tierras, exigimos:

  • Que las autoridades judiciales digan no a la impunidad, y se continúe con las investigaciones judiciales que corresponden.
  • Que las autoridades judiciales del Estado Costarricense destinen todos los recursos disponibles para dar con los responsables, y acabar con el clima de hostilidades en nuestros territorios, donde continuamente niños, mujeres y hombres indígenas viven en carne propia la inacción del Estado Costarricense.
  • Que se encuentre a los homicidas intelectuales y a los que cometieron el crimen de Sergio Rojas Ortiz y les caiga todo el peso de la Ley penal.
  • Que se haga justicia a la familia de Sergio Rojas Ortiz encontrando a los autores de darle muerte, diciendo no a la impunidad.

Hasta el momento, no hay ningún sospechoso detenido, ningún allanamiento realizado en la zona y tampoco ningún arma decomisada. Vemos nuevamente como la justicia no existe para nosotros los indígenas, ya que las amenazas de muerte y agresiones continúan, no tenemos acceso efectivo a nuestras tierras y el gobierno no avanza en la recuperación de estas.

¡No más impunidad!
#SergioRojasVIVE #JeryRiveraVIVE

¡La lucha sigue y se extiende!
Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI)
Acompaña: Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía Indígena
03 de diciembre, 2020

En defensa de la vida e integridad física y psicológica del líder indígena Pablo Sivar Sivar

Organizaciones, instancias institucionales y 96 personas firmaron un comunicado dirigido al presidente de la República y otros funcionarios de los Poderes de la República para solicitar una acción urgente para proteger la vida del dirigente indígena Pablo Sivar Sivar y el respeto a los pueblos indígenas.

La mañana de este miércoles 02 de diciembre se llevó a cabo una conferencia de prensa al respecto, denominada “Costa Rica, amenazas de muerte a Pablo Sivar y demás recuperadorxs de territorios indígenas” con la participación de Ana C. Jiménez, presidenta de la Asociación de Derechos Humanos de Costa Rica (Acodehu); Julio Figueroa Calderón, dirigente territorio indígena de Salitre; Trino Barrantes Araya, Secretario General del Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (Sindeu); y compañeras indígenas.

“La policía no está preparada para ser guardaespaldas, sino que están para mantener el orden. Es un territorio extenso y hay un par de policías, pero no están 24 horas. Pablo está expuesto”, expuso Figueroa, dirigente del territorio indígena de Salitre, refiriéndose a las amenazas de muerte que ha recibido el líder indígena Pablo Sivar.

SURCOS comparte el comunicado:

En defensa de la vida e integridad física y psicológica del líder indígena Pablo Sivar Sivar

“Tengo miedo de mi vida”

Pablo Sivar Sivar
San José, Costa Rica
30 de noviembre, 2020

Señor Carlos Alvarado Quesada
Presidente de la República de Costa Rica
Señora Epsy Campbell Barr
Vicepresidenta de la República
Señor Fernando Cruz Castro
Presidente de la Corte Suprema de Justicia
Señor Eduardo Newton Cruickshank Smith
Presidente Asamblea Legislativa
Señor Michael Soto Rojas
Ministro de Seguridad
Señora Fiorella María Salazar Rojas
Ministra de Justicia y Paz
Señora Emilia Navas
Fiscala General de la República de Costa Rica
Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI)

Reciban un cordial saludo. A la vez, hacemos de su conocimiento que las organizaciones y personas abajo firmantes solicitamos a ustedes una acción urgente para proteger la vida del dirigente indígena Pablo Sivar Sivar y el respeto a los pueblos indígenas.

Manifestamos nuestra profunda preocupación por la impunidad e inoperancia que se da desde el Estado Costarricense en la defensa plena de los Derechos Humanos y el reconocimiento y no invisibilización ni mediatización de la legítima lucha de los pueblos indígenas, siendo permisibles ante la estrategia de terror que se impulsa para acabar con el movimiento indígena.

Las organizaciones firmantes instamos a emprender, con carácter de urgencia, la siguiente acción, acatando las medidas dispuestas desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

  1. Implementación inmediata de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica del señor Pablo Sivar Sivar y del conjunto de las comunidades indígenas de Bribri de Salitre, Bröran de Térraba y de otras regiones.
  2. Llevar a cabo una investigación minuciosa e imparcial en torno al conjunto de hechos denunciados a lo largo de esta lucha, a fin de identificar a los responsables y viabilizar las sanciones penales y/o administrativas previstas que corresponden a la ley.
  3. Garantizar de manera urgente medidas que generen seguridad jurídica en los territorios de los pueblos indígenas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales y en la Ley 6172 de Costa Rica.
  4. Impulsar una política pública integral de protección a las personas defensoras de derechos humanos que incorpore los componentes necesarios para la protección, prevención y lucha contra la impunidad.
  5. Demostrar, de manera práctica, la aplicación de lo dictado por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al artículo 1, 5.a y 12.2. El Estado Costarricense no ha cumplido con su obligación de garantizar el derecho a la vida, a la tierra, a la cultura y a la autonomía de las comunidades indígenas del país, incumpliendo con las medidas cautelares promulgadas en el 2015 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“Resolución 16/15. Medida cautelar N°321-12 Pueblo Indígena Teribe y Bribri de Salitre respecto de Costa Rica. Aprobada a los 30 días del mes de abril de 2015 por: Rose Marie Antonie, presidenta; José de Jesús Orozco Henríquez, Segundo Vicepresidente; Felipe González, Rosa María Ortiz, Tracy Robinson y Paulo Vannuchi, miembros de la CIDH”), violentando el derecho a la propiedad y a la integridad personal de dirigencia indígena y sus familias.

“Nos hace vulnerables en nuestras casas y territorios porque…el gobierno no ha garantizado nuestras vidas, nuestra seguridad.” Lideresa indígena Bribri

Por lo tanto, alertamos a la comunidad internacional ante el contexto que se vive en Costa Rica, donde, día a día, aumenta el estado de vulnerabilidad de las comunidades indígenas defensoras de Derechos Humanos y de sus territorios, víctimas de constantes amenazas y agresiones a pesar de contar con medidas cautelares desde el 2015, en el que en menos de un año son asesinados el dirigente Bribri Sergio Rojas Ortiz y el dirigente Börán Jerhy Rivera Rivera.

Por el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificados por Costa Rica.

Porque el Estado asuma todas las medidas necesarias para que se cumplan los protocolos correspondientes a la puesta en marcha de las medidas cautelares.

Por la vida de Pablo Sivar Sivar y cada lideresa y líder indígena quienes defienden sus territorios como Derecho Humano inalienable.

Organizaciones e instancias institucionales firmantes
1. Alianza de Mujeres Costarricense

2. Asambleas Patrióticas Populares en San Ramón
3. Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU)
4. Asociación de Desarrollo Sostenible LGTBI Costa Rica
5. Asociación de Iniciativas Populares DITSÖ
6. Asociación Proyectos Alternativos-PROAL
7. Bloque Autónomo 12s
8. Bloque de Vivienda
9. Buen Vivir
10.Casa El Emigrante (Human Rights)
11.CEAAL- Colectivo Costa Rica
12.Centro de Estudios y Publicaciones Alforja
13.Centro ETHOS
14.Círculo Bolivariano Yamileth López
15.Colectivo Autonomía, Tierra y Libertad
16.Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica (CPSCR)
17.Colectivo Político Semilla Ramonense
18.Comisión Interinstitucional para el seguimiento e Implementación de las
Obligaciones internacionales de Derechos Humanos (CIIDDHH)- Ente Permanente de
Consulta (EPC)
19.Comuna Socialista
20.Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT)
21.Coordinadora Campesina del Caribe
22.Coordinadora de Lucha Sur Sur
23.Debate Feminista Costa Rica
24.Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI)
25.Frente de Resistencia Animal y de la Tierra
26.Frente Ecologista Universitario
27.Fundación Pedagógica Nuestra América
28.Fundación Laberinto
29.Handmaids Costa Rica
30.Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense
31.Juventud Vanguardista Costarricense
32.Mesa de Trabajo por una Justicia Abierta (METJA)
33.Movimiento de los Trabajadores y Campesinos (MTC)
34.Movimiento Patriótico por Costa Rica
35.Mujeres Mano de Tigre
36.Organización Política Carmen Lyra
37.Partido Obrero Socialista (POS)
38.Partido Vanguardia Popular
39.Pri Laka (Nicaragua)
40.Programa de Gestión Local de la Universidad Estatal a Distancia – UNED
41.Programa “Hablemos de Derechos Humanos”
42.Programa Kioscos Socioambientales-Universidad de Costa Rica
43.Red de Solidaridad con Palestina
44.Ríos Vivos de Costa Rica
45.Sembrando Libertad
46.Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (SINDEU)
47.Sindicato Patriótico de Educadores (SINPAE)
48.Sindicato UNPROBANPO
49.Unidad del Pueblo Mayangna en Defensa de su Territorio (Nicaragua)
50.Universidad Bíblica Latinoamericana
51.Yo NO voy al Zoo
Personas firmantes
1. María Hidalgo Quesada – Abogada Jubilada

2. Alejandra Monge Arias – Abogada Notaria Jubilada del Poder Judicial
3. José María Villalta Flores-Estrada – Abogado, Diputado Fracción Frente Amplio
4. Cristina Rojas Rodríguez – Activista DDHH y Directora Ejecutiva Centro ETHO
5. Suy Wong Ugalde – Activista de Derechos Humanos
6. Eydis Ñurinda Guzmán – Agricultora
7. Roger Sánchez Alfaro – Agricultor
8. Liuba Ramírez Otto – Artista
9. Ana Cecilia Hernández Bolaños – Alianza de Mujeres Costarricense
10. Grace Valeria Bueso Ortega – Activista de DDHH, Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU)
11. Ana Cecilia Jiménez Arce – Activista de DDHH, presidenta de ACODEHU
12. Denis Omar Calix – Activista de DDHH (ACODEHU), planificador económico-social
13. Tatiana Otto Golovina – Activista de DDHH (ACODEHU)
14. Temístocles Guerra Vargas – Asociación de Desarrollo Sostenible LGTBI Costa Rica y Comisión Interinstitucional para el Seguimiento e Implementación de las Obligaciones Internacionales de Derechos Humanos (CIIDDHH). Ente Permanente de Consulta (EPC) Vocería
15. Gustavo Oreamuno Vignet – Asociación de Iniciativas Populares DITSÖ
16. Mariano Sáenz – Asociación de Iniciativas Populares DITSÖ
17. Osvaldo Durán Campos – Asociación Proyectos Alternativos-PROAL
18. Orlando Barrantes Cartín – Bloque de Vivienda
19. Edison Valverde Araya – Buen Vivir
20. Abelardo Brenes Castro – Catedrático jubilado Universidad de Costa Rica
21. Ignacio Dobles Oropeza – Catedrático Universidad de Costa Rica
22. Elisa Trejos Montero Catedrática – Universidad de Costa Rica
23. Ana Franz – Casa El Emigrante (Human Rights)
24. María Trejos Montero – CEAAL- Colectivo Costa Rica
25. Oscar Jara Holliday – Centro de Estudios y Publicaciones Alforja
26. Amanda Méndez Ramírez – Colectivo Autonomía, Tierra y Libertad
27. Laura Valverde Cuevillas – Colectivo Autonomía, Tierra y Libertad
28. Mario Cabrera Burgos – Colectivo Político Semilla Ramonense
29. Juan José Soto Morales – Colectivo Político Semilla Ramonense
30. Luis Alberto Soto Ramírez – Colectivo Político Semilla Ramonense
31. Dayana Ureña Solís – Colectivo Político Semilla Ramonense
32. Ana María Vega Torres – Comuna Socialista
33. Antonio Aguilar Umaña – Comuna Socialista
34. Héctor Ferlini-Salazar – Comunicador y docente
35. Miguel Marín Calderón – Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT)
36. Róger Sánchez – Coordinadora Campesina del Caribe
37. Melissa Chinchilla Romero – Coordinadora Colectivo Handmaids Costa Rica
38. Reinier Canales Medino – Coordinadora de Lucha Sur Sur
39. Hugo D. Fernández González – Coordinador Red Indígena de Gestores Locales del Pacífico Sur
40. Carlos Antonio Zúñiga Zúñiga – Coordinador de la Red Pluricultural de Gestores Locales del Caribe
41. Juan Carlos Ocampo Zamora – Coordinador Ejecutivo de la organización Prilaki
42. Julieta Montoya Molteni – Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI)
43. Alberto Álvarez Toirac – Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI)
44. Allen Cordero Ulate – Director Escuela de Sociología, Universidad de Costa Rica
45. Laura Arias Cabrera – Docente
46. Karol Montero Rony – Docente Técnico en Gestión Local – UNED
47. Joliem Figueroa Siles Docente Programa de Atención a Estudiantes Indígenas-UNED
48. Arnoldo Mora Rodríguez – Ex Ministro de Cultura Juventud y Deportes, Catedrático Emérito UCR, filósofo
49. Rodrigo Hernández Jiménez – Fundación Laberinto
50. Ingrid Flores Salazar – Handmaids Costa Rica
51. José Amesty – Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense
52. Bayron Bucardo Miguel – Líder indígena Mayangna de Bosawas Nicaragua
53. Julia María Peña Salas – Luchadora social
54. Yumira Cortés – Movimiento de los Trabajadores y Campesinos (MTC)
55. Francisco Cordero Gené – Movimiento Patriótico por Costa Rica
56. Carmen María Carlucci – Patronato Nacional de lnfancia (PANI) Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia
57. Edgar Gutiérrez Cordero – Partido Pueblo Unido
58. Humberto Vargas Carbonel – Partido Vanguardia Popular
59. Pamela Campos Chavarría – Programa de Gestión Local de la Universidad Estatal a Distancia – UNED
60. Amilcar Castañeda Cortez – Programa de Gestión Local de la Universidad Estatal a Distancia – UNED
61. Rafael Eduardo López Alfaro – Programa de Gestión Local de la Universidad Estatal a Distancia – UNED
62. Carolina Somarribas Dormond – Programa de Gestión Local de la Universidad Estatal a Distancia – UNED
63. Adriana Villalobos Araya – Programa de Gestión Local de la Universidad Estatal a Distancia – UNED
64. Elisabeth Cook Steike – Rectora Universidad Bíblica Latinoamericana
65. Sary Rojas Leiva – Red de Mujeres Rurales de Costa Rica
66. Ann Marie Saidy – Red de Solidaridad con Palestina, pensionada
67. Elisabeth Cook Steike – Rectora Universidad Bíblica Latinoamericana
68. Raquel Bolaños – Ríos Vivos de Costa Rica
52. Trino Barrantes Araya – Secretario General Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (SINDEU)
69. Rafael Contreras Cascante – Secretario General Sindicato Patriótico de la Educación (SINPAE)
70. Carlos Vega – Secretario General Sindicato UNPROBANPO
71. Ligia Isabel Castro Salas – Pastora OBF/OSC
72. David Solís Aguilar – Politólogo y geógrafo
73. Cinthia Crespo Campos – Profesora y artista, SINPAE
74. Ailhyn Bolaños Ulloa – Socióloga y Evaluadora
75. Daniel Camacho Monge – Sociólogo, Miembro Honorario del Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica (CPSCR)
76. Fresia Eugenia Camacho Rojas – Socióloga, agremiada al CPSCR
77. Gerardo Enrique Cerdas Vega – Sociólogo, agremiado al CPSCR
78. Róger Chaves Grijalba – Sociólogo
79. Allen Cordero Torres – Sociólogo, Director de la Escuela de Sociología
80. Amilcar Ernesto Luna Palmás – Sociólogo
81. Roberto Pineda Ibarra – Sociólogo
82. David Quesada García – Sociólogo, El Servicio Paz y Justicia (SEPAJ)
83. Pablo Ramírez Otto – Sociólogo
84. Rodolfo Ulloa Bonilla – Sociólogo, asesor parlamentario
85. Karla Vargas Solera – Socióloga docente universitaria
86. Francis Muñoz Calvo – Sociólogo, agremiado al CPSCR. Revista digital
87. Guillermo A. Bueso Ortega – Técnico en Informática
88. Alberto Álvarez Toirac – Teólogo
89. Luis Henry Ortiz Ortiz – Territorio Indígena de Alto Chirripó
90. Carmen Villanueva Vargas – Territorio Indígena de Ujarrás, Buenos Aires
91. Felipe Figueroa Morales – Territorio Indígena de Salitre, Buenos Aires
92. Jéssica Jeannette Ortiz Ortiz – Territorio Indígena de Salitre, Buenos Aires
93. Alejandra Bonilla Leiva
94. María Elena López
95. Daniella Sola Morales
96. Gabriela Rodríguez Pizarro
CEAAL-Costa Rica
CEP-ALFORJA
ACODEHU
SINDEU
Responsable
Ana Cecilia Jiménez Arce
Presidenta ACODEHU

NO a la impunidad del homicidio de Sergio Rojas Ortiz

SURCOS comparte el siguiente comunicado:

Comunicado público
Concejo de Salitre Ditsö Iriria Ajkönúk Wakpa
Concejo de Mayores Brörán de Térraba
Consejo de Mayores Iriria Jtecho Wakpa de Cabagra
Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de China Kichá

– No a la impunidad del homicidio de Sergio Rojas Ortiz
– Demandamos que el Ministerio Público continué con las investigaciones

Lunes 23 de noviembre 2020. Desde el 24 de setiembre de este año, la Fiscalía de Delincuencia Organizada solicitó el archivo de la investigación del caso del asesinato de nuestro compañero y líder indígena bribri, Sergio Rojas Ortiz, lamentable hecho realizado el 19 de marzo de 2019 en su casa de habitación. Hasta el momento, no se ha identificado a ningún sospechoso.

Sergio era beneficiario directo de las Medidas Cautelares 321-12, emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el 30 abril del 2015, donde se ordena al Estado proteger la vida e integridad física de los y las Bribri de Salitre y Brörán de Térraba, así como investigar y sancionar a los responsables de las amenazas y violencia.

El próximo 3 de diciembre a las 9:00 am se llevará a cabo una audiencia oral para que el Juzgado Penal de Buenos Aires decida si la investigación debe seguir activa y no archivarse, o por el contrario validar la impunidad y descontinuar el proceso. Por esto, las acciones de la Fiscalía y la eventual acogida de la solicitud de desestimación serían particularmente ofensivas y en total incumplimiento de las Medidas Cautelares 321-12.

Ante esto, como organizaciones que velamos por la permanencia y desarrollo de nuestras culturas indígenas y nuestra incansable labor de recuperación de tierras, exigimos:

  • Que las autoridades judiciales digan no a la impunidad, y se continúe con las investigaciones judiciales que corresponden.
  • Que las autoridades judiciales del Estado Costarricense destinen todos los recursos disponibles para dar con los responsables, y acabar con el clima de hostilidades en nuestros territorios, donde continuamente niños, niñas, mujeres y hombres indígenas viven en carne propia la inacción del Estado.
  • Que se encuentren a los homicidas de Sergio Rojas Ortiz y les caiga todo el peso de la ley penal.
  • Que se haga justicia a la familia de Sergio Rojas Ortiz encontrando a los autores de darle muerte, diciendo no a la impunidad.

El comunicado lo firman las siguientes personas:

Pablo Sibar Sibar – Concejo de Mayores Brörán de Térraba, Territorio Indígena de Térraba
Lesner Figueroa Lázaro – Concejo Ditsö Iriria Ajkönúk Wakpa, Territorio Bribri de Salitre
Maximiliano Torres Torres – Concejo Iriria Jtecho Wakpa, Territorio Indígena de Cabagra
Efraín Fernández Zúñiga – Asociación Desarrollo China Kichá, Territorio Indígena Kichá

 

Imagen: Coordinadora de Lucha Sur Sur-CLSS

Rel UITA: Carta a presidente sobre desestimación y archivo del caso sobre asesinato de Sergio Rojas

Carta de Rel UITA al Presidente de Costa Rica

Regional Latinoamericana de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines.
Rel-UITA

Señor Presidente de la República de Costa Rica
Carlos Alvarado Quesada
Casa Presidencial
San José

Ref.: Desestimación y archivo caso asesinato Sergio Rojas

Señor Presidente:

Nos hemos enterado que este 24 de septiembre, el Ministerio Público decidió ordenar la desestimación y archivo fiscal del caso del asesinato del líder indígena bribri Sergio Rojas Ortiz.

De acuerdo a informaciones que han circulado recientemente, la Fiscalía habría tomado esta tan discutible decisión debido a la imposibilidad de identificar a los autores del crimen tras juzgar que “el entorno, la forma de vida de la zona y la imposibilidad de localizar testigos” le imposibilitaban llevar a cabo la investigación.

Comprenderá usted que tales argumentaciones son inaceptables bajo cualquier punto de vista, máxime cuando el líder indígena asesinado gozaba de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2015, que le ordenaba al Estado y a usted personalmente en tanto autoridad más relevante del país garantizar su integridad física y su vida.

Pese a esas disposiciones, Rojas fue ultimado a mansalva de 15 disparos el 18 de marzo del año pasado, y ello en medio de una escalada de violencia contra los pueblos Teribe (Brörán) y Bribri, empeñados en la recuperación de los territorios indígenas de Térraba y Salitre.

En ese contexto de agresiones permanentes, que su gobierno tampoco ha sabido frenar, era muy probable que Sergio Rojas fuera tomado como blanco y el Estado debía haber extremado las medidas necesarias para salvaguardar su vida.

Nos preocupa sobremanera que, 19 meses después del atroz asesinato, no sólo no ha habido ningún avance en la línea de investigación, sino que los órganos encargados de impartir justicia pretendan archivar el caso, cubriéndolo con un manto de impunidad.

Las organizaciones de las cuales Rojas era miembro denuncian la inacción del Estado ante la impunidad de la cual gozan los terratenientes que, a menudo, usurpan y se apoderan violentamente de los territorios indígenas.

Asimismo, exigen que se apliquen los convenios internacionales ratificados por Costa Rica y las leyes nacionales que regulan y garantizan los derechos territoriales de los pueblos originarios.

Continuar postergando el reordenamiento y saneamiento de los territorios indígenas y permitiendo que la represión y los crímenes contra los pueblos originarios queden impunes, deja a las poblaciones que están en procesos de recuperación, aún más expuestas a más violencia y ataques mortales.

El 25 de septiembre, un día después de la decisión de la Fiscalía de archivar el caso del asesinato de Sergio Rojas, Naciones Unidas instó a las autoridades de Costa Rica a continuar las investigaciones, “identificar a los autores materiales e intelectuales de este grave delito y llevarlos ante la justicia”.

Asimismo, exigimos que se lleven a cabo acciones para “erradicar toda forma de violencia y discriminación contra los pueblos indígenas”, garantizándoles también el derecho a la posesión de sus tierras.

Señor presidente, la Rel UITA, y sus 87 organizaciones afiliadas en 18 países, hace suyos esos reclamos de elemental justicia, tanto con Rojas y otros dirigentes sociales asesinados y agredidos en su país como con las poblaciones indígenas que ven constantemente pisoteados sus derechos ante la pasividad de quienes tienen el deben de protegerlas.

Sepa que en esa lucha seguiremos estando.

Atentamente,

Gerardo Iglesias
Secretario Regional UITA

Montevideo, 6 de octubre de 2020.

El asesinato de Berta Cáceres en Honduras: las contundentes conclusiones del informe del GAIPE

El asesinato de Berta Caceres en Honduras
Foto extraída de nota de prensa de febrero del 2017, titulada «Presuntos asesinos de Berta Cáceres pertenecían a inteligencia militar de Honduras: The Guardian».

En estos primeros días de noviembre del 2017, se ha dado a conocer el informe elaborado por el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) sobre la muerte de la líder indígena y ecologista Berta Cáceres, acaecida en Honduras el 2 de marzo del 2016. Este informe recopila toda la información sobre este caso reunida por un equipo de investigadores independientes ante la clara inclinación de las autoridades hondureñas para investigar de forma sumamente cuestionable (y cuestionada) este asesinato.

A pocas semanas de la muerte de Berta Cáceres, un primer informe elaborado por los integrantes de una misión internacional ya había detectado la poca voluntad de las autoridades hondureñas para esclarecer debidamente este crimen (véase informe titulado «Justicia para Berta Cáceres Flores«; el Anexo 2 contiene la serie de amenazas recibidas por Berta Cáceres). En febrero del 2017, la ONG Amnistía Internacional calificaba de «vergonzosa» la investigación realizada por las autoridades hondureñas (véase comunicado de prensa).

Un informe detallado y certero en medio de una impunidad rampante

Este informe del GAIPE constituye un esfuerzo de gran relevancia, en la medida en que son muchos los casos en América Latina (y en el mundo) en los que el Estado pareciera poco interesado en que se sepa la verdad de los hechos y la motivación real que llevó a eliminar físicamente a un líder indígena, campesino o ecologista opuesto a un proyecto de gran envergadura. Estas personas se encuentran en una situación particularmente vulnerable al oponerse a poderosos sectores que en muchos casos, han cooptado por completo a las instituciones del mismo Estado. La tendencia a eliminarlas físicamente es creciente, mientras que el manto de impunidad sobre este tipo de muertes se consolida.

La ONG Global Witness registró 200 crímenes de este tipo a nivel mundial para el año 2016 de los cuales 120 en América Latina. Sólo en el año 2016, se contabilizaron 14 crímenes de líderes comunitarios en Honduras, 37 en Colombia y 49 en Brasil, según esta misma organización (véase informe con tabla incluida). A Honduras le sigue Nicaragua con 11 muertes registradas en el 2016, y Guatemala con 6. Recientemente en Perú se indicó que las investigaciones realizadas por las autoridades en el caso de cuatro indígenas asesinados peligran, debido a serias deficiencias detectadas en las diligencias realizadas por el Ministerio Público peruano (véase nota de prensa).

Como tuvimos la oportunidad de indicarlo en nuestra breve nota publicada en ElPais.cr, al conmemorarse el primer año de la muerte de Berta Cáceres:

«…diversas ONG han convocado a marchas y protestas frente a las legaciones diplomáticas de Honduras en las capitales de Centroamérica, así como en Canadá y en varias capitales europeas: lo han hecho en señal de solidaridad con los familiares y con los compañeros de lucha de Berta Cáceres. Muchos asistirán también en señal de protesta y de profunda indignación ante la impunidad que prevalece cada vez que un líder comunitario o un ecologista es asesinado en América Latina«.

Cuestionados megaproyectos y alianzas público-privadas

La colusión de intereses entre Estado y empresa lleva, en algunos casos, al primero a maquillar las investigaciones o a realizarlas de forma tal que la impunidad prevalezca, en un claro intento por rehuir las obligaciones nacionales e internacionales que debe ejercer en materia de investigación y de sanción. Esta situación en la que se intenta construir una verdad oficial a partir de investigaciones incompletas lleva naturalmente a los familiares de las víctimas a desconfiar de las entidades públicas y a recurrir a mecanismos de investigación ajenos al Estado como tal.

En Costa Rica, la muerte del biólogo Jairo Mora Sandoval en mayo del 2013 en Playa Moín dió lugar a una solicitud por parte de varios sectores para solicitar la creación de una Comisión de la Verdad ajena a la Fiscalía General de la República: a la fecha, esta iniciativa no ha sido mayormente implementada por las autoridades, pese a contar con el respaldo del Experto Independiente de Naciones Unidas sobre Ambiente y Derechos Humanos, John Knox, luego de la visita que realizó a Costa Rica en el 2013 (Nota 1). La muerte de Jairo Mora Sandoval oficialmente fue explicada en razón de acciones violentas en su contra por parte de hueveros y narcotraficantes, sin que la Fiscalía explorara otras hipótesis de manera a saber quiénes más podrían tener interés en que el monitoreo de nidos de tortuga en Playa Moín dejara de realizarse. Sin que existiera ninguna investigación de iniciada, el Vice Presidente de Costa Rica Alfio Piva adelantó prematuramente que esta (hueveros y narcotraficantes) era la tésis a seguir. Un reciente artículo titulado «El magistrado y los elefantes» refiere a una peculiar reacción de quién hoy es magistrado (suspendido) en Costa Rica, a raíz de una crítica sobre su actitud como Vice Ministro de Seguridad cuando se registró el fallecimiento del jóven biólogo en Moín. En este comunicado del 2015 de la FECON, se lee que:

«Ni las autoridades del Ministerio de Seguridad ni los efectivos que luchan contra el narcotráfico (Ud. está dedicado a estas funciones hace más de 5 años) pueden “lavarse las manos” en lo que les compete con la muerte de Jairo«.

El caso de Jairo Mora se añade a una larga lista de ecologistas que han encontrado la muerte sin que el Estado costarricense haya encontrado (¿querido encontrar?) a los autores materiales e intelectuales de estos asesinatos (véase por ejemplo nota de CRHoy titulada «Crimen de Jairo Mora se suma a lista de asesinatos de ambientalistas que han quedado impunes«). En Costa Rica, un doloroso caso persiste impúne y mantiene una serie de interrogantes que el tiempo no logra borrar: se trata del caso de los cuatro integrantes de AECO, de los cuales tres fueron encontrados calcinados en diciembre de 1994 en una casa de habitación en San José y uno fallecido en julio de 1995 en un parque público céntrico de la capital de Costa Rica (Nota 2). Este caso constituye un ejemplo de investigaciones que se archivan ante la extraña inoperancia de los órganos estatales costarricenses (véase artículo editado en el 2014 para conmemorar los 20 años de estas cuatro muertes, titulado «20 años es mucho: autoridades tienen que rendir cuentas por muerte de ecologistas en 1994«). En el 2009, ante amenazas de muerte recibidas, organizaciones sociales acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando que ordenara medidas a Costa Rica para resguardar la vida y la integridad física de un líder ecologista opuesto a la expansión piñera en la Zona Sur, Aquiles Rivera (véase nota de prensa).

El contenido del informe GAIPE en breve

En el resumen ejecutivo del informe del GAIPE sobre el asesinato de Berta Cáceres, se menciona también a los socios financieros de Honduras en la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca:

«A partir del análisis realizado, el GAIPE establece la negligencia deliberada por parte de instituciones financieras, como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco de Desarrollo Holandés (FMO) y el Finnfund. Dichas entidades tenían conocimiento previo de las estrategias empleadas por DESA, a través de reiteradas denuncias y estudios de consultores internacionales. Pese a ello, no adoptaron medidas idóneas, eficaces y oportunas para garantizar el respeto a los derechos humanos de las comunidades indígenas impactadas por la represa Agua Zarca, ni mucho menos para proteger la vida e integridad de Berta Isabel Cáceres Flores. Tampoco realizaron suficientes esfuerzos para exigir las investigaciones penales correspondientes» (pp. 2-3).

En esta entrevista realizada por El Espectador a dos integrantes del GAIPE de nacionalidad colombiana, se lee que:

«Entre los chats colectivos que tenían los funcionarios de Desa, los expertos pudieron identificar que había un permanente contacto entre la empresa y agentes de la fuerza de seguridad del Estado, como la Secretaría de Seguridad y la Policía Preventiva. Por ejemplo, sólo 14 horas después del asesinato de Berta, hay mensajes entre directivos y empleados de Desa que revelan que ya habían pedido ayuda a los funcionarios públicos para que los desvincularan de cualquier investigación«.

En las conclusiones del informe del GAIPE se puede leer, entre muchos otros puntos de gran relevancia, que:

«6. El asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores ejecutado el 2 de marzo de 2016, respondió, como mínimo, a un plan concebido, por altos directivos de DESA, al menos desde el mes de noviembre de 2015, habiéndose delegado en uno de los procesados la ejecución del operativo y la articulación con agentes estatales y no estatales para lograrlo.

  1. Los agentes a cargo de la investigación no han seguido las normas de debida diligencia e investigado exhaustivamente para procesar y sancionar a todas las personas responsables del asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro Soto. Dicha circunstancia vulnera los derechos a la verdad, justicia y reparación para los familiares de las víctimas, las personas integrantes del COPINH, las personas defensoras de derechos humanos y la sociedad hondureña.
  2. El Ministerio Público ha incurrido en violaciones al derecho de las víctimas de participar plenamente en el proceso interno, derecho que está previsto en la propia legislación hondureña así como en los estándares internacionales, lo cual vulnera la garantía del debido proceso, así como los derechos a la verdad, justicia y reparación.
  3. La prueba existente es concluyente respecto de la participación de numerosos agentes estatales, altos directivos y empleados de DESA en la planeación, ejecución y encubrimiento del asesinato de Berta Isabel Cáceres, así como en la tentativa de asesinato de Gustavo Castro Soto, sin embargo, el Ministerio Público no ha realizado imputaciones respecto de estas personas. Adicionalmente, existe prueba que demuestra la comisión de otros delitos que no han sido investigados» (p. 46).

A modo de conclusión

El informe completo del GAIPE, que se titula «Represa de violencia. El plan que asesinó a Berta Cáceres» y que consta de 87 páginas, está desde ya disponible en este enlace, y se recomienda su lectura completa.

Este informe evidencia el sesgo con el que las actuales autoridades hondureñas investigaron este caso, interpelando ahora al Estado hondureño de cara a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos (Nota 3), pero también a la comunidad internacional como tal.

 

Notas

Nota 1: Se lee en el informe de John Knox a raíz de su visita a Costa Rica (véase texto completo publicado en el sitio de Derechoaldía), entre varias de sus recomendaciones finales, que: «en lo que concierne al riesgo de hostigamiento y violencia contra los defensores de los derechos humanos que trabajan en la esfera del medio ambiente, el experto independiente recomienda a Costa Rica que intensifique aún más sus esfuerzos no solo por responder a las amenazas y los actos de violencia, sino también por prevenir las situaciones que dan lugar a esos problemas. El experto sugiere a Costa Rica que estudie seriamente la posibilidad de establecer una comisión o un órgano equivalente, con representantes de un amplio abanico de interesados, que tenga el mandato de examinar la historia y la situación actual de los defensores de los derechos humanos que se ocupan de cuestiones ambientales en Costa Rica“ (punto 67).

Nota 2: Con relación al caso de los cuatro integrantes de AECO, en 1997 el Estado costarricense concluyó oficialmente que no hay mayor elementos que permitan concluir otra cosa que lo siguiente: «1.- De acuerdo con las autopsias realizadas y las investigaciones por muerte de los señores Oscar Fallas Baldí, María del Mar Cordero Fernández y Jaime Bustamante Montaño, la muerte de éstos se debió un incendio accidental. 2.- De acuerdo con la autopsia e investigación de la muerte de David Maradiaga Cruz, su muerte se debió a causas naturales 3.- Los órganos del Estado desarrollaron una labor profesional, técnica y dentro de un tiempo prudencial en el esclarecimiento de las muertes de los señores Oscar Fallas Baldí, María del Mar Cordero Fernández, Jaime Bustamante Montaño y David Maradiaga Cruz.«: véase las conclusiones de la Opinión Jurídica OJ-004-97 de la Procuraduría General de la República (PGR), elaborada en el año de 1997.

Nota 3: En el caso de la ambientalista Blanca Jeannette Kawas Fernández asesinada en 1995 en Honduras, los familiares interpusieron una demanda ante el sistema interamericano de derechos humanos, la cual culminó con una sentencia del 2009 de la Corte IDH (véase texto completo) en la que se lee, entre otros puntos, que: «El Tribunal reitera que el Estado está obligado a combatir esta situación de impunidad por todos los medios legales disponibles, ya que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas, quienes tienen derecho a conocer la verdad de los hechos. El reconocimiento y el ejercicio del derecho a la verdad en una situación concreta constituyen un medio de reparación. Por tanto, en el presente caso, el derecho a conocer la verdad da lugar a una justa expectativa de las víctimas, que el Estado debe satisfacer. La obligación de garantía del artículo 1.1 de la Convención Americana implica el deber de los Estados Partes en la Convención de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos» (párrafo 190).

 

Otros artículos de interés del autor:

BOEGLIN N., «Los pendientes a tres años de la muerte de Jairo Mora«, Informa-tico, mayo del 2016. Texto disponible aquí

BOEGLIN N., «A un año del asesinato de Berta Cáceres: impunidad campante«, Revista digital Contexto, marzo del 2017. Texto disponible aquí.

BOEGLIN N., «Entre intimidación y criminalización: el caso de la protesta social en Costa Rica«, Revista Pensamiento Penal, junio del 2017. Texto disponible aquí.

 

(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

 

Enviado por el autor.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/