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Jueves 18 de marzo de 2021. A pesar de que Sergio Rojas Ortiz clan Uniwak del Pueblo Bribri de Salitre era beneficiario directo y de forma individual de medidas cautelares (medidas MC321 – 12), impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado de Costa Rica desde abril del 2015, precisamente por haber sido amenazado de muerte de manera sistemática y por haber sufrido otros atentados desde el 2012, todos relacionados con su participación en la recuperación de tierras indígenas en el cantón de Buenos Aires de Puntarenas; el 18 de marzo del 2019 fue asesinado de 15 balazos en su casa de habitación en Yery de Salitre, al sur de Costa Rica.

De su asesinato por razones políticas, debido a su participación en la lucha por la tierra y la reivindicación de los derechos de los Pueblos Originarios de todo el país, el Estado de Costa Rica es responsable por omisión, ya que no cumplió con sus obligaciones para garantizar la vida e integridad de Sergio Rojas. Este asesinato continúa impune hasta el día de hoy, los autores intelectuales y materiales no han enfrentado el sistema judicial.

Contrario a la impunidad sobre su asesinato, Rojas Ortiz estuvo siete meses en prisión preventiva (2014-2015) sin que la Fiscalía formalizara alguna acusación en su contra, o sea, estuvo privado de libertad bajo un proceso que nunca pasó de la etapa de investigación.

La condena a este cobarde acto de violencia fue unánime a nivel internacional y nacional por parte de organismos, instituciones y organizaciones de derechos humanos, sociales y de Pueblos Originarios; sin embrago en setiembre del 2020, 18 meses después del asesinato, se dio a conocer la solicitud de desestimación de la investigación por parte del Ministerio Público.

Gracias a los llamados de la ONU y la CIDH, así como de diversas organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos, académicos (as) y personas de los distintos Pueblos Originarios del país, y luego de una audiencia realizada el pasado 3 de diciembre, el Juzgado Penal de Buenos Aires, en fecha 14 de enero del 2021, rechaza la solicitud de desestimación del caso y resuelve que la investigación debe continuar en atención de la “debida diligencia”. El desarrollo de la investigación ha sido excesivamente lento y con irregularidades que han sido denunciadas, sin embargo la respuesta del Poder Judicial solo ha mantenido la vergonzosa impunidad.

En enero del 2020, la Sub-Comisión de la Comisión Especial Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica encargada de analizar el expediente #21360, emitió un informe respecto al caso (expediente Nº 21360), en el cual se interpela a las autoridades costarricenses para que, entre otras importantes acciones, redoblen esfuerzos a fin de garantizar la protección efectiva e inmediata de los derechos de los Pueblos Originarios y de las personas que integran sus comunidades, para asegurar la incorporación de la perspectiva multiétnica y pluricultural en la aplicación de la justicia y para detener la violencia y la impunidad, así como todo acto de discriminación y racismo en el país. A la vez, mediante dicho informe, la Sub-Comisión hizo un llamado vehemente a la Fiscalía General de la República para que continúe con la investigación del asesinato de Sergio Rojas Ortiz y para que aplique toda la pericia de que dispone para obtener la prueba que individualice a los responsables y le permita al Estado castigar el crimen cometido contra el líder indígena.

Pero las semillas de dignidad, justicia, autonomía y lucha que esparció Sergio Rojas con su ejemplo han brotado en todos los Pueblos Originarios del país y más allá; los procesos de recuperación de tierras – territorios en la zona sur continúan y crecen, su ejemplo se trasladó a la zona norte donde el Pueblo Maleku por medio del Movimiento de recuperación de Tierras Maleku Li Uroteca Márama iniciaron en junio del 2020 procesos de recuperación de su Territorio.

Debido a la inacción y omisión del Estado de Costa Rica, la mayoría de territorios de los Pueblos Originarios siguen ocupados de forma ilegal por personas no indígenas y los actos de violencia contra estos Pueblos siguen creciendo, tanto así, que el 24 de febrero de 2020 fue asesinado de 5 balazos por la espalda Jerhy Rivera Rivera del Pueblo Brörán de Térraba cuyo asesinato también se mantiene impune.

Diversos actos de violencia contra los Pueblos Originarios, como tentativas de homicidio, agresiones con armas, ataques de turbas, quema de casas y de cosechas, ataques químicos y amenazas de muerte siguen repitiendo en estos Territorios.

Según un recuento de hechos de la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) sólo en el 2020 se registraron 88 actos de violencia en esa zona del país; las agresiones y amenazas también afectan al Pueblo Maleku y en todos estos casos que han sido denunciados pública y judicialmente, hasta el día de hoy reina la impunidad, ningún agresor ha sido condenado por estos actos.

Solo en la Zona Sur la CLSS da cuenta que 12 personas de Pueblos Originarios han sido víctimas de amenazas agravadas (de muerte), sus nombres son: Pablo Sibas Sibas y Robert Morales Villafuerte (Térraba). Maximiliano Torres Torres y Clarita Quiel Torres (Cabagra), Efraín Fernández Zúñiga, Carlos Antonio Zúñiga, Jason Ríos Ríos, Dorios Ríos Ríos, Ariel Ríos (China Kichá) y Claudio Ortiz Rojas, Daniel Figueroa Morales, Minor Ortiz Delgado, Mariana Delgado Morales y Jose Enrique Ortiz Figueroa (Salitre). Además de amenazas contra 2 defensores de derechos humanos de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö, Gustavo Oreamuno Vignet y Jeffery Lopez Castro.

Las organizaciones e instituciones firmantes demandamos:

• Que el Poder Judicial atienda de manera diligente, oportuna y rápida la investigación del asesinato de Sergio Rojas Ortiz, para lograr que se cumpla el principio de justicia pronta y debida.
• Que el Poder Judicial cumpla con el debido seguimiento a la denuncia interpuesta ante la Inspección Judicial y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por parte del Lic. Óscar Retana, abogado de la familia Rojas Lázaro, para que se investiguen las irregularidades que transgreden los Principios del Debido Proceso y Confidencialidad en el proceso, y para que sancione con todo rigor a los responsables de filtrar la información del expediente 19-000178-0990-PE a la prensa.
• Que el Poder Judicial brinde atención prioritaria a las denuncias por los casos de amenazas agravadas de las personas indicadas anteriormente y otras que existan y brinde un informe del avance de dichos procesos.
• Que la Sub-Comisión de la Comisión Especial Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, llame a comparecer a la Fiscal General de la República y al Ministro de Seguridad Pública para que brinden informes su quehacer ante la sistemática violación de los derechos humanos de los Pueblos Originarios.
• Que las autoridades del Estado acoger y atender todos y cada uno de los planteamientos del informe final de la Sub-Comisión de la Comisión Especial Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica que analizó el expediente #21360.
• Que el Poder Ejecutivo cumpla con su obligación de realizar los desalojos administrativos necesarios y priorizados por diversos Pueblos Originarios para acabar con la ocupación ilegal de los Territorios Indígenas.
• Que el Poder Ejecutivo cumpla con su obligación de garantizar la vida e integridad física y territorial de los Pueblos Originarios, haciendo efectivas las Medidas Cautelares de la CIDH y extendiendo las mismas a los Pueblos Originarios que sean necesarios.

Organizaciones firmantes:
Concejo Ditsö Iriria Ajkönuk Wakpa de Salitre.
Concejo Indígena Regional Pacífico Sur de Yimba Cajc.
Concejo de Mayores Iriria Jtechö Wakpa de Cabagra.
Recuperador@s Cabécares de Yuwi Senaglö.
Recuperador@s Cabécares de Kono Jú de China Kichá.
Recuperador@s Cabécares de Sekeirö Kaska de China Kicha.
Recuperadoras Cabécares de Sá Ka Duwé Senaglö.
Recuperadoras/es Cabécares de Kerpego.
Asociación de Desarrollo Integral Indígena de China Kichá.
Recuperador@s Brörán de Crun Shurin.
Recuperador@s Brörán de Finca San Andrés.
Organización Autónoma Gwrvechi Kare del Territorio Ngäbe de Conte Burica.
Asociación de Productores de Finca 10.
Comité de lucha por la tierra de finca Changuina.
Cootraosa.
Voces Nuestras.
Comité de Lucha por la tierra de kilómetro 37 de Golfito y Corredores.
Asociación para la defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos (ADUSP).
Comité de lucha por la tierra de Finca Venecia.
SOJUPANO de Palmar de Osa.
Tierra para el Campesino de Finca Puntarenas (TIPAELCA).
SERBUSUR de Finca Puntarenas.
Movimiento de recuperación de Tierras Maleku Li Uroteca Márama
Red Pluricultural de Gestores Locales del Caribe
Red Indígena de Gestores Locales del Pacífico Sur
Ditsö.
Coordinadora de Lucha Sur Sur.
Proyecto de Educación Popular y Geografía del Programa Kioscos Socioambientales.
Proyecto Conflictos Territoriales e Interétnicos CIAN-UCR
Proyecto autonomías indígenas y estructuras comunitarias de Gobiernos Propios CICDE-UNED.
Programa de Gestión local de la UNED.

¡JUSTICIA PARA SERGIO ROJAS Y LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!
¡SERGIO VIVE, LA LUCHA SIGUE!