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Etiqueta: lucha comunitaria

¿Quién cuida la tierra cuando el Estado no se queda? Rotan los fiscales, resiste la comunidad

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

Una visita que revela lo que aún falta

Continuamos con los recorridos que realiza Philippe, una voz clave en la vigilancia comunitaria del Caribe Sur. En esta ocasión, regresó a la loma donde semanas atrás operaba una draga, removiendo tierra y abriendo zanjos en una zona de gran sensibilidad ecológica. Las imágenes recientes muestran que los zanjos han sido rellenados, como parte de acciones de contención impulsadas por la fiscalía tras las denuncias comunitarias. No obstante, Philippe advierte que aún queda pendiente intervenir el otro lado del terreno: “ya no es una quebrada, es un río; eso lo tienes que tapar también”, señala con preocupación. Esta observación pone de manifiesto cómo las intervenciones ilegales siguen generando transformaciones profundas en el paisaje, alterando el curso natural del agua y afectando el equilibrio ecológico.

La vigilancia comunitaria como barrera contra la impunidad

Estas acciones reflejan intentos importantes, aunque insuficientes, por frenar el avance de actividades que violentan los territorios del Caribe Sur. La respuesta ha sido posible gracias a la organización de comunidades y personas defensoras que, ante la inacción o lentitud de las instituciones, han asumido la labor de documentar, alertar y exigir respuestas. En este contexto, el control y la vigilancia comunitaria no solo son estrategias de resistencia, sino una forma concreta de ejercer derechos y proteger bienes comunes que están siendo erosionados. Sin estas acciones colectivas, muchos de estos daños quedarían invisibilizados y avanzarían con total impunidad.

Alta rotación institucional: una amenaza silenciosa

Una de las principales amenazas para la efectividad de las medidas de protección es la discontinuidad en el accionar institucional. Philippe subraya con preocupación la alta rotación del personal fiscal, especialmente de quienes tienen a cargo casos ambientales. Esta inestabilidad compromete el seguimiento de los procesos y genera vacíos de información: los fiscales recién llegados desconocen el contexto, los actores involucrados y el historial de intervenciones. Como consecuencia, los casos se dilatan, las medidas cautelares se debilitan o incluso se desestiman, lo cual beneficia directamente a quienes buscan explotar el territorio al margen de la ley.

Permanencia y especialización: claves para una justicia ambiental efectiva

La permanencia y especialización del personal judicial es clave para garantizar que las normas ambientales se apliquen de manera oportuna y eficaz. Cuando un fiscal permanece en su puesto, puede construir un conocimiento profundo del territorio, establecer relaciones de confianza con las comunidades y acumular experiencia sobre los patrones de afectación ambiental. Esta continuidad es indispensable para emitir criterios técnicos sólidos, sostener acusaciones ante los tribunales y vigilar el cumplimiento de medidas cautelares. La alta rotación, en cambio, desarticula procesos, debilita la institucionalidad y, en muchos casos, neutraliza los esfuerzos de defensa comunitaria.

Un llamado urgente a fortalecer el rol del Estado

En este escenario, es urgente repensar la gestión institucional en materia ambiental. No basta con tener leyes y fiscalías especializadas si no se garantiza la estabilidad, formación y presencia territorial del personal responsable. La defensa del ambiente no puede depender únicamente de la voluntad y sacrificio de las comunidades; requiere también un Estado coherente, comprometido y con capacidad sostenida para actuar. La experiencia del Caribe Sur deja una lección clara: sin continuidad en la acción judicial, la impunidad se fortalece, y los ecosistemas —ya vulnerables— corren un riesgo aún mayor.

Galería situación actual

Alianzas necesarias: defensores ambientales y fiscalía, una relación clave

La relación entre las comunidades defensoras del ambiente y la fiscalía ambiental no es solo estratégica, sino esencial para una protección efectiva del territorio. Las personas defensoras son quienes habitan, recorren y conocen profundamente los ecosistemas; son las primeras en detectar cambios, denunciar afectaciones y documentar pruebas. Su conocimiento empírico y su compromiso sostenido aportan información valiosa que puede ser utilizada en procesos judiciales, siempre que exista un canal de comunicación abierto, respetuoso y continuo con las autoridades.

Cuando esta relación se fortalece —basada en la confianza, la escucha activa y la corresponsabilidad—, se generan condiciones para que la fiscalía actúe con mayor precisión, rapidez y pertinencia. Sin embargo, la alta rotación del personal fiscal interrumpe estos vínculos, obliga a reiniciar procesos de sensibilización y formación, y debilita la cooperación institucional con los territorios. Esto no solo ralentiza la justicia, sino que puede poner en riesgo a las personas defensoras, al exponerlas nuevamente sin respuesta institucional clara.

Construir y sostener alianzas entre defensoras/es ambientales y fiscalías especializadas es un paso indispensable para enfrentar de manera estructural los delitos ambientales. No se trata solo de intercambiar información, sino de reconocer a las comunidades como actores legítimos en la defensa del bien común y asegurar que las instituciones del Estado actúen en sintonía con esa legitimidad. En territorios amenazados por extractivismos ilegales, esa relación puede marcar la diferencia entre la impunidad y la justicia.

Comunidad de La Unión de Guápiles solicita suspensión de obras en Ruta 32 tras incumplimientos del MOPT

La comunidad de La Unión de Guápiles solicitó formalmente al ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Efraím Zeledón, la suspensión de los trabajos de cunetas que se están realizando en la ruta nacional N° 32, específicamente al costado oeste del puente nacional sentido 1-2, por medidas de seguridad poblacional.

En un documento entregado el 24 de abril de 2025, las vecinas y vecinos fundamentaron su petición en el derecho constitucional consagrado en la Ley N° 9097 y señalaron que, a pesar de haber enviado una nota electrónica hace más de 24 horas, no habían recibido respuesta.

La población advirtió que, de no atenderse su solicitud, realizarán una manifestación pacífica en el área de trabajo, lo que podría afectar el flujo vehicular con cierres programados. En el documento, la comunidad responsabiliza al ministro por las consecuencias que pueda tener la falta de atención a este asunto.

Antecedentes judiciales

Cabe recordar que la Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto por esta misma comunidad contra el MOPT y ordenó al ministro Zeledón responder en un plazo de diez días a una solicitud presentada desde abril de 2023.

Las personas recurrentes habían solicitado información sobre cinco aspectos relacionados con la ampliación de la Ruta 32: el estado del puente peatonal, la ubicación de paradas de autobuses, la justificación de la radial de retorno, el cierre del paso peatonal de calle Los Pérez y la presentación de los cambios en la vía.

La magistratura determinó que, aunque se realizaron algunas reuniones con la comunidad, no existe evidencia de que la autoridad ministerial haya respondido por escrito a todas las inquietudes ni entregado la documentación técnica solicitada.

Deficiencias técnicas señaladas por Lanamme UCR

Las preocupaciones de la comunidad tienen respaldo en un informe técnico del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (Lanamme UCR). El documento EIC-Lanamme-INF-1896-2024, de diciembre de 2024, identificó serias deficiencias en el diseño de las rotondas del proyecto de rehabilitación y ampliación de la Ruta 32.

El informe señala que las rotondas de Moín, Batan, Matina, Siquirres y Codela presentan un alineamiento rectilíneo en algunos de sus accesos, condición que aumentará la probabilidad de accidentes y de ingreso a alta velocidad.

Además, el estudio determinó que las rotondas cuentan con una geometría reducida incompatible con la circulación del vehículo de diseño WB-20 a una velocidad de 30 km/h, debido a limitaciones del derecho de vía y retos para realizar expropiaciones.

Lanamme UCR recomendó cinco alternativas de diseño geométrico para la valoración de la Administración y sugirió implementar medidas complementarias de movilidad segura y pacificación vial, ya que todas las alternativas de intersecciones tienen como principal riesgo la velocidad de operación.

La comunidad de La Unión solicita al ministro medidas urgentes que garanticen la seguridad de todas las personas usuarias de la vía, especialmente estudiantes, así como el establecimiento de paradas de autobuses adecuadamente ubicadas y aprobadas por el Consejo de Transporte Público.

Imagen: Los trabajos en la Ruta 32 han generado múltiples peligros para las comunidades y las personas que viajan.

Foro en vivo: Defensa del Carácter Público de la Zona Marítimo-Terrestre

Participan:

• Silvia Rojas, académica Escuela Sociología y Programa Interdisciplinario Costero-IDESPO-UNA

• Damaris Rodríguez, Asociación Rescate de la Zona Marítima Terrestre (ARREZOMATE)

• Nandi Víquez, Colectivo Antigentrificación

Miércoles 12 de marzo a las 06:00 pm

Facebook live de SURCOS Digital: https://www.facebook.com/surcosdigital

Invitan: Alianza por una Vida Digna, SURCOS Digital, Programa Interdisciplinario Costero (PIC) del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional (IDESPO-UNA), Proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes de la Escuela de Geografía UCR, y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social UCR.

Lucha comunitaria genera en la Municipalidad de Guácimo comisión especial sobre crisis de transporte público

Comunidad lucha por servicio de buses y arreglo de la Ruta 811

Una amplia movilización a reuniones se ha gestado en las comunidades afectadas por falta de servicio de buses, y desde hace meses, lucha también por la Ruta 811 que responda a los derechos y dignidad del pueblo.

Este 5 de febrero, en sesión extraordinaria del concejo de la Municipalidad de Guácimo se analizó el tema de transporte público en los distritos de Río Jiménez y Duacarí, pues las comunidades no cuentan con servicio de buses.

Representantes de este movimiento comunitario expresan cansancio ante la burocracia, pues “documentos van y vienen a las instituciones responsables, pero nada que resuelven la situación”. Ante ello, analizan la posibilidad de hacer uso del derecho ciudadano de “ir a la calle en manifestación pacífica”.

En la sesión extraordinaria del Concejo de la Municipalidad de Guácimo se formó una Comisión Especial de Transporte Público que hará nuevas gestiones, pero personas de estas comunicades compartieron con SURCOS audios en los cuales señalan que “no se confían” y avanzarán en otras acciones pues ya son muchos meses de no tener medios para ir a centros de salud, estudio y trabajo. El transporte privado implicar miles de colones ida y vuelta y resulta imposible para la mayoría de las personas de la zona.

La Comisión Especial de Transporte Público quedó conformada con tres representantes del Concejo Municipal, tres integrantes de las organizaciones comunales y dos de la administración municipal.

La presencia de las personas habitantes fue clave pues la sesión extraordinaria del concejo de la Municipalidad de Guácimo se realizó con un salón de sesiones totalmente abarrotado; fue necesario traer sillas adicionales.

Como parte de las gestiones acordadas se envió una carta al Consejo de Transporte Público en la cual se solicita la intervención dado el abandono del servicio de transporte público por las empresas asignadas.

En el documento se indica:

“Ante esta problemática, solicitamos al Consejo de Transporte Público (CTP) que:

• Determine la situación legal del concesionario y confirme si ha incurrido en un incumplimiento de contrato que amerite la revocación de la concesión.

• Active de inmediato un servicio provisional mediante un permiso especial a otro operador, garantizando la movilidad de los usuarios mientras se resuelve la concesión definitiva.

• Acelere el proceso de adjudicación de un nuevo concesionario, en caso de que la actual empresa no pueda continuar con el servicio.

• Brinde un informe detallado sobre las acciones a tomar y los plazos estimados para la normalización del servicio.

Adicionalmente, solicitamos una reunión con representantes del CTP para discutir soluciones concretas y dar seguimiento a este problema que afecta gravemente a nuestra comunidad.

Cuando gusten adjuntamos documentos y evidencia del impacto generado, así como una lista de firmas de los ciudadanos afectados he interesados.

Agradecemos su pronta atención y respuesta a esta solicitud. Quedamos atentos a su comunicación y a la convocatoria de la reunión para buscar una solución a esta crisis de transporte.

Las comunidades de Zona Sur se movilizan contra botadero de basura

SURCOS recibió el siguiente comunicado:

“Las comunidades de Salamá Finca Puntarenas, Piedras Blancas del Cantón de Osa y otras de la Zona Sur, están en la calle en protesta pacífica contra la pretensión de algunos inescrupulosos de instalar un botadero de basura en el corazón de la biodiversidad de Costa Rica y de nuestro Planeta Tierra.

Hoy les decimos que no lo permitiremos, ¡¡¡cueste lo que cueste!!!

Zona Sur, 26/01/2026.”

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