El Departamento Ecuménico de Investigaciones, DEI, invita a toda la comunidad en general a participar en el próximo taller socio-teológico 2022: “Defensoras de Derechos humanos en el contexto socio-político latinoamericano: Cuando los derechos, la salud y la religión se alían”, que se llevará a cabo del 18 de abril al 15 de julio del 2022.
El taller se desarrollará de manera virtual, y mediante el uso de un aula en línea que permita, semanalmente, el intercambio y la construcción colectiva del conocimiento, no solo a través de los encuentros sincrónicos, sino también, a través de diferentes actividades asincrónicas, siguiendo la apuesta epistémica institucional. Es una actividad que convoca a personas defensoras de derechos humanos, activas en movimientos sociales, organizaciones sociales y comunidades eclesiales de América Latina
Para realizar la postulación y obtener una beca para participar debe ingresar y llenar el formulario en el siguiente enlace: https://forms.gle/fs8yEARJmmVtDmSL7
Por Dr. Gerardo Cerdas Vega, Sociólogo, profesor de la Escuela de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional (ECA/UNA)
La actual coyuntura internacional derivada de la guerra entre Rusia y Ucrania, ha encendido todas las alarmas a nivel global sobre la inminente crisis alimentaria, asociada por un lado al incremento desbordado en el precio de la energía y los fertilizantes y, por otro, a problemas de logística global surgidos en el marco de la pandemia de COVID-19 (la así llamada “crisis de los contenedores”), en un contexto marcado por la multiplicación de eventos climáticos extremos, que ya de por sí afectan la seguridad alimentaria mundial, con mayor gravedad en algunas regiones y países.
No obstante, aunque parece que solo nos damos cuenta de la fragilidad del sistema agroalimentario globalizado en el pico de una coyuntura crítica, la situación actual se viene formando desde hace mucho tiempo atrás. No solo por la difusión, desde los años 1940, de un modelo de agricultura altamente contaminante y dependiente de los combustibles fósiles (la “Revolución Verde”), sino por la imposición, desde los años 1980, de constantes oleadas de ajustes neoliberales que arruinaron la agricultura campesina, volcada para el mercado interno, en prácticamente todos los países del mundo.
Efectivamente, desde los años 1980 se ha venido impulsando una agenda de destrucción de las economías agrarias de base local, al tiempo que se abría la brecha para que grandes corporaciones del agronegocio dominasen el mercado mundial de alimentos, semillas, fertilizantes, pesticidas y maquinaria agrícola, avanzando los intereses de las potencias hegemónicas, en especial de los Estados Unidos. Un mercado altamente lucrativo, oligopolizado y destructor, propulsado por la liberalización del mercado mundial de productos agrícolas a partir de 1995 (negociaciones de la OMC y tratados de libre comercio impuestos por Estados Unidos, Unión Europea y más recientemente, China).
En el caso de Costa Rica, hemos visto una aplicación progresiva de este ideario al mundo rural y a la producción agrícola, con nefastas consecuencias para la seguridad y soberanía alimentaria de nuestro país y para la viabilidad económica de la agricultura campesina. Durante cuatro décadas (cómo no recordar el tristemente famoso lema “Volvamos a la tierra” del plan de gobierno de Luis Alberto Monge y la aplicación sucesiva de los Programas de Ajuste Estructural), se nos ha dicho hasta el cansancio que es más barato importar, que teníamos que “reconvertir” la agricultura, integrarnos a las cadenas globales de valor. Producir, siempre producir, a todo costo, los viejos y nuevos productos que el mercado global demanda, no importa si ello implica devastar la tierra, los ríos, la trama de la vida. Pagar millones de dólares a las corporaciones que controlan semillas, fertilizantes, pesticidas y maquinaria agrícola. Dejar al agronegocio y a los grandes importadores por la libre y a los pequeños frijoleros, maiceros, arroceros y en general a las familias rurales, integrarse a la “agricultura de cambio” o emigrar a la ciudad / al extranjero para no morir de hambre.
Bueno, ahí tenemos el resultado. Hoy por hoy, Costa Rica es un país extremadamente vulnerable desde el punto de la seguridad alimentaria y sin ninguna soberanía alimentaria efectiva, tal como lo revela la publicación del Semanario Universidad del día 30/03/2022[1]. ¿Cuánto durarán los estoques de alimentos en caso de un corte abrupto en los flujos de importación? ¿Por cuánto tiempo podrán los productores agrícolas seguir costeando el alza en el precio de los insumos? De acuerdo con diversos analistas y fuentes, es muy probable que este año vamos a tener la subida más alta de los precios de los alimentos en toda la historia, más que en 2008, pero con un escenario de mayor precarización social y laboral a nivel mundial sin precedentes, como resultado de la pandemia (que aún no acaba, dicho sea de paso).
Cabe anotar, adicionalmente, que el informe de la FAO sobre seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y El Caribe 2020, apunta que, en Costa Rica, para el periodo 2017-2019, la prevalencia de la inseguridad alimentaria grave afectó al 5,4% y la inseguridad alimentaria moderada al 25,5% de la población nacional (datos prepandemia). Año con año, se reduce el área destinada a productos como arroz, maíz, frijol al tiempo que disparan las importaciones. Producimos cada vez más piña, palma, banano, café (estos cuatro productos concentran el 70% de la superficie agrícola), pero se reduce la producción de géneros alimenticios indispensables para la dieta nacional. Todo ello sin hablar de la utilización masiva de fertilizantes y pesticidas químicos (hoy a precios estratosféricos) que contaminan la tierra, el agua y los propios alimentos, enfermando a quienes los producen y a quienes los consumen.
En este contexto, el desafío que se coloca con urgencia es el de una transformación del régimen agroalimentario en la dirección de una verdadera sustentabilidad (ambiental, alimentaria, social, económica, cultural). Y ese desafío es lo que llamo el desafío agroecológico: producir alimentos sobre una base ecológicamente saludable, con viabilidad económica, respeto y fomento de la agricultura campesina, agrobiodiversidad, igualdad/equidad de género, soberanía alimentaria y apoyo de la sociedad (inclusive a través de políticas públicas costeadas por el contribuyente), para disputar verdaderamente el perverso control corporativo sobre aquello que comemos y la forma como lo producimos.
América Latina y El Caribe son el epicentro de una verdadera revolución agroecológica, que hoy se extiende por todo el globo (aunque esto no salga en el noticiero). En esta región (y en todo el mundo), abundan los ejemplos de que otra agricultura es posible, una agricultura con cara campesina, indígena, negra, de comunidades de pescadores, de mujeres rurales pero también de colectivos urbanos que se organizan para producir alimentos en las ciudades, o bien que tejen redes para poner en contacto a los productores y productoras agroecológicos con los mercados citadinos y organizan circuitos cortos de comercialización para darle salida a la producción local a precio justo y sin el desigual tratamiento que dan los intermediarios a quienes que producen la comida que comemos. Entre 15 y 20% de los alimentos en el mundo se producen en las ciudades, donde más de 300 millones de personas practican agricultura urbana.
La agroecología es entendida como un movimiento social, como una ciencia y como un conjunto de prácticas ecológicas para el manejo a nivel de finca. Es intensiva en conocimiento local puesto que integra en su seno el saber de las productoras y productores campesinos/as, negras e indígenas (entre otros), así como el apoyo de universidades, ONG comprometidas con las luchas sociales, investigadores/as y activistas en busca de una nueva forma de producir y comercializar alimentos que, por otra parte, se entiende como parte de una ancestralidad, espiritualidad y una conexión íntima con la tierra que son indispensables para superar la actual y las futuras crisis alimentarias, sociales y climáticas. La defensa de las semillas criollas es una de sus bases fundamentales, tal como lo afirma La Vía Campesina.
Así, es urgente que comencemos a discutir, a nivel país, pero sobre todo a nivel local, una salida al laberinto en que nos encontramos. El desafío agroecológico nos llama con más fuerza que nunca. Tal vez la única “virtud” de esta guerra y de esta crisis multidimensional que atravesamos como humanidad, es que ha abierto una ventana de oportunidad para que miremos a fondo la complejísima situación que estamos enfrentando y discutamos los caminos posibles para transformar nuestra relación con los alimentos, lo que conlleva replantearnos por completo nuestra relación con la Tierra y sus ciclos vitales, que no son, precisamente, los de la ganancia corporativa.
En Costa Rica, al igual que en muchos otros países, la política de acabar con la agricultura campesina hizo grandes estragos, pero no acabó por completo con la resistencia local. Hay diversas y ricas experiencias agroecológicas locales que permanecen dispersas, así como un creciente número de personas en el campo y la ciudad que están preocupadas por la calidad de los alimentos que producen y consumen y por las consecuencias medioambientales de todo ello. En función de lo anterior y en el marco de esta coyuntura nacional e internacional, necesitamos con urgencia reconocernos, encontrarnos, nombrarnos y movilizarnos como parte de una transición y una transformación en curso donde la alimentación ocupe un lugar destacado en la agenda pública y nuevas prácticas y alternativas sean construidas desde abajo, desde los territorios y con apoyo de diversos actores comprometidos con un diálogo de saberes horizontal y participativo, que busque sacar a los alimentos de la lógica de la acumulación de capital y los devuelva a las lógicas de existencia de los pueblos.
Continúan las quemas en el Territorio Ancestral Cabécar de China Kichá en Pérez Zeledón.
El video adjunto corresponde al día 21 de marzo del 2022, Día Mundial del Agua. Pueden escuchar la voz del recuperador y defensor Efraín Fernández. Tomen su tiempo y escúchenlo. Por favor, préstele atención.
Apoyemos la noble lucha en la defensa de la Madre Tierra.
Defendamos a lxs defensores indígenas. Sus vidas corren peligro.
¡Alto a la impunidad!
¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!
El viernes, 18 de marzo del 2022, a las 12:25 de la tarde en horas del inicio de la nueva recuperación de tierra-territorio en el Territorio Yamabí Dí (también conocido como Cabagra), dos sujetos no indígenas, mostraron sus armas de fuego y amenazaron de muerte a las personas recuperadoras, insultándolos y dañando un rancho que construyeron como parte del proceso de reafirmación territorial.
Esta nueva recuperación se encuentra a 1 kilómetro al sur de la carretera a las Palmas, en el Territorio Yamabí Dí (conocido como Cabagra). La recuperación fue realizada el día de hoy, 18 de marzo, en conmemoración al tercer aniversario de la siembra de Sergio Rojas Ortiz, del Clan Uniwak, del Territorio Bribri de Salitre.
A la 1:10 p.m., no se había hecho presente la Fuerza Pública en la finca, a pesar que desde el inicio de la recuperación de tierra-territorio se reportó la necesidad de su presencia en el lugar. Aunque los dos sujetos se habían retirado del lugar, se reporta la llegada de tres sujetos a la 1:30 p.m.
Se exige presencia policial permanente en el lugar, y se demanda al Poder Ejecutivo que garantice la integridad física y la vida de las personas recuperadoras. Cualquier agresión en contra al Pueblo Bribri de Yamabí Di es responsabilidad del Estado costarricense.
Compartido con SURCOS por Coordinadora de Lucha Sur-Sur.
Imagen: Territorio indígena Yamabí Dí. Imagen de CLSS.
Más de 200 personas acudieron al entierro de Sergio Rojas en Salitre, en la tierra que reclamó durante años. Hoy, el 18 de marzo del 2022, tres años después del asesinato del líder indígena, su caso sigue impune. Aunque la investigación sigue vigente, según Oscar Retana, el abogado de la familia de Rojas, dos de los tres principales sospechosos huyeron del país.
Se estima que la mayoría de los terrenos en Salitre están en manos de no indígenas, y Sergio Rojas denunció la constante violencia física y patrimonial en el territorio indígena de está zona.
Filmado el 22 de febrero del 2020 por Buen Vivir Costa Rica, Oscar Espinoza Ramos nos comparte esta canción en homenaje a Sergio Rojas. Este líder Uniwak del Pueblo Bribri de Salitre, al sur de Costa Rica, fue asesinado el 18 de marzo del 2019 en su propiedad, debido a sus esfuerzos por la recuperación de territorio indígena. Después de tres años, este asesinato permanece impune ante la mirada cómplice de las autoridades.
Este 18 de marzo son tres años de impunidad del asesinato de Sergio Rojas Ortiz, Bribrí de Salitre del Clan Uniwak, Defensor de Derechos Humanos miembro del Consejo de Autoridades Propias Cuidadores de la Madre Tierra (Ditsö Iriria AjKönuk Wapka de Salitre), fundador y miembro de la Coordinación Nacional del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), fue asesinado la noche del 18 de marzo del 2019, por 14 balazos, en su casa de habitación en Yeri de Salitre.
Esto pone en evidencia la incapacidad del Estado Costarricense, en su conjunto, de cumplir y garantizar los Derechos Indígenas. El FRENAPI, se mantiene en lucha por la recuperación de todas las Tierras/Territorio indígenas, avanzando en el Proceso de Afirmación Territorial.
Exigimos el esclarecimiento del asesinato de Sergio Rojas Ortiz, y que se detenga la ola de violencia contra nuestros pueblos.
Hoy viernes 18 de marzo de 2022 en honor a Sergio Rojas Ortiz del clan Uniwak, desde el Territorio Bribri Yabami Di (Cabagra), la organización propia Consejo Iríria Sat Kök continúa ejerciendo su derecho a la tierra y construyendo autonomía.
Viernes 18 de marzo de 2022. Hace 3 años las voces del odio acabaron con la presencia física del compañero Sergio Rojas Ortiz, Uniwak del Pueblo Bribri de Salitre, al sur de Costa Rica.
Ante la ocupación ilegal de los territorios de los Pueblos Originarios por parte de personas no indígenas y la inacción del Estado; Sergio y el Pueblo Bribri de Salitre comenzaron a recuperar las tierras – territorios que les pertenecen, luego otros Pueblos siguieron su ejemplo.
Ante este ejercicio del derecho a la tierra, la respuesta de los ocupantes ilegales y grupos de poder ha sido la violencia, y por parte del Estado la violación a los derechos humanos de estos Pueblos perpetuando además la impunidad.
Ante las múltiples agresiones contra los Pueblos Originarios, ninguno de los agresores ha sido sancionado penalmente; el único que estuvo privado de libertad 7 meses por razones políticas fue Sergio Rojas en el 2014; en una causa judicial donde hasta el día de hoy no se ha presentado la pieza acusatoria.
A pesar de las amenazas de muerte y las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 2015 a favor del Pueblo Bribri de Salitre y el Pueblo Brörán de Térraba, el Estado de Costa Rica fue incapaz de garantizar la vida e integridad de Sergio y de los Pueblos Originarios.
Después de 3 años de su asesinato, el Poder Judicial ha sido incapaz de avanzar en el establecimiento de los autores intelectuales y materiales del crimen, esto a pesar de que en el Buenos Aires de Puntarenas es «vox populi» o de conocimiento público quienes mandaron a asesinar a Sergio.
A pesar de que la Fiscalía General conformó un equipo «especial» para atender el caso; 3 años después no hay ningún avance significativo, ni resultado alguno para que se haga justicia.
La misma Fiscalía solicitó en el 2020 el archivo temporal del caso y el Juzgado Penal de Buenos Aires se había negado a ordenar allanamientos y otras diligencias importantes para el caso.
Ante esta impunidad, los Pueblos Originarios han continuado con los procesos de recuperación de sus territorios y denunciando la agresiones y violaciones a sus derechos humanos por parte del Estado de Costa Rica por omisión o acción; exigiendo justicia.
¡Sergio vive, la lucha sigue!
¡Alto a la impunidad!
¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!
El pasado viernes 11 de marzo, indígenas y defensores de derechos humanos se reunieron con el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) Walter Espinoza Espinoza, para solicitar acceso real a la justicia, ante los hechos de extrema violencia de los últimos meses y la gran cantidad de casos acumulados de intentos de asesinato, agresiones, amenazas de muerte y muchas otras denuncias que sufren cotidianamente, los pueblos originarios del país.
En la reunión demandaron el compromiso para que se inicien nuevas investigaciones, y que las pendientes o en curso indicadas, sean realizadas con absoluta imparcialidad, diligencia y libres de racismo y cualquier otra discriminación por parte del OIJ. Esto debido a que muchas causas no han sido recibidas por funcionarios de OIJ y otras han sido archivadas casi de oficio, lo que evidencia, en algunos casos, el racismo y discriminación con el que son atendidas las personas de Pueblos Originarios, cuando realizan diligencias ante distintas instancias judiciales, incluido el OIJ; por lo cual el director dijo que esa situación “no es aceptable y se va a trabajar sobre eso”.
En otro de los puntos solicitados, el director del OIJ informó que acaba de ser elaborado un protocolo para investigaciones del Organismo Judicial para establecer un manual de procedimientos culturalmente apropiado para la atención de casos en los cuales estén involucrados Pueblos Originarios, el cual ahora debe ser consultado con los Pueblos Originarios.
Sobre la solicitud de establecer los canales de comunicación adecuados, ágiles y oportunos entre las partes, el director del OIJ se comprometió, desde hoy lunes en adelante, que, a todas las denuncias interpuestas ante esta instancia por personas de los pueblos Originarios, se les daría una copia física para respaldarla.
Finalmente, el OIJ aseguró que dará respuesta al documento presentado en el plazo establecido por la ley y ofrecerá todos los contactos y mecanismos necesarios para mejorar la comunicación entre el OIJ y los Pueblos indígenas.
En la reunión se solicitó un informe pormenorizado del actuar del OIJ en al menos 22 causas y expedientes que se ventilan en los Tribunales de Matina, Pérez Zeledón, Buenos Aires de Puntarenas y en San José.
Destaca el caso del de tentativa de Homicidio contra el dirigente cabécar Leonel García Segura y por la misma causa del dirigente Bribri Mainor Ortiz que fue archivada con solicitud de desestimación en el 2013.
Otro de los hechos donde se piden mayor explicación, son los ataques del 7 de marzo 2020 y 25 de feb 2022, donde turbas atacaron a personas recuperadoras del Pueblo Cabécar de China Kichá, agrediendo físicamente a varios, amenazando de muerte a otros, quemando casas y fincas. En esta misma comunidad se realizó la detención arbitraria del cabécar Carlos Antonio Zúñiga Ríos por agentes del OIJ el pasado 25 de marzo de 2021.
En la reunión se hizo especial énfasis en el asesinato de Sergio Rojas Ortiz, al acercarnos al tercer aniversario de estos hechos aún impunes, como los casos entre 2020 y 2021 de varios líderes y lideresas de Pueblos Originarios de la zona sur que han recibido amenazas de muerte, como es el caso de Efraín Fernández Zúñiga, Doris Ríos Ríos, Clarita Quiel Torres, Minor Ortiz Delgado, Pablo Sibas Sibas y otras personas indígenas, que a pesar de las denuncias públicas y judiciales, éstas no han sido resueltas satisfactoriamente por el Poder Judicial.
– Territorio Cabécar de Bajo Chirripo.
– Concejo Ditsö Iriria Ajkönul Wakpa de Salitre.
– Consejo Iriria Sat Kök deYamabï Dí (Cabagra).
– Recuperadoras/es Cabécar de Kono Jú.
– Recuperadoras/es Cabécar de Yuwi Senaglo.
– Recuperadoras/es Cabécar de Sekero Kaska.
– Recuperadoras de Saka Duwë Senaglo.
– Recuperadoras/es Cabécar de Kelpego.
– Recuperadoras/es Naso Brörán de Crun Shurin.
– Recuperadoras/es Naso Brörán de San Andrés.
– Consejo Indígena Regional Pacífico Sur de Yimba Cäjc.
– Red Indígena de Gestores Locales del Pacífico Sur.
