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Etiqueta: lucha social

Denuncian irrupción de no indígenas en Territorio Indígena Maleku

SURCOS comparte el siguiente comunicado:

Li Uroteca Maleku Márama

Al ser las 5:32 p.m. del 2 de marzo de 2021.

Territorio Indígena Maleku.

El presente reporte se hace propiamente desde la finca que usurpa el señor de apellido Villegas, ubicada en un sector del Palenque Margarita, colindante con el Silencio de Guatuso.

Un enorme grupo de personas no indígenas, usurpadores, llegaron a cortar alambre y a intimidar al grupo de recuperadores y recuperadoras, tratando también de quemar los ranchos.

Los no indígenas, usurpadores y terratenientes han estado mintiéndole a los campesinos, diciéndole que nosotros les vamos a quitar el poquito de tierra que tengan, eso con el fin de que se unan a ellos.

Entonces, primero queremos decir que el Territorio Maleku está luchando por las tierras que legítimamente nos pertenecen. Segundo, nuestro movimiento de recuperación de tierra y territorio hasta el momento no ha recuperado ninguna finca cuya posesión en este momento esté en manos de pequeños campesinos no indígenas, para estos casos estamos tratando de resolver el conflicto por la vía de la negociación, buscando la participación de distintas instituciones públicas, porque reconocemos que muchos de estos pequeños campesinos se encuentran en estado de pobreza.

En la fotografía adjunta podemos observar a Oscar Villegas cortando los alambres en la finca recuperada por el pueblo indígena.

Reafirmamos nuestro accionar pacífico y reconocemos la labor que está realizando la Fuerza Pública para evitar la violencia.

Li Uroteca Maleku Márama

A SURCOS llegó el siguiente audio de una compañera indígena Maleku:

Vigilia en conmemoración de Jehry Rivera y Sergio Rojas

Hoy miércoles 24 de febrero y el 18 de marzo se estará llevando a cabo una vigilia en conmemoración de la muerte de Jerhy Rivera y Sergio Rojas. La misma se realizará en Desamparados Muro Sur, Polideportivo El Porvenir, la hora de la actividad es de 4:00pm a 7:00pm.

¡Esperamos su participación y acompañamiento!

Adjuntamos la invitación al evento:

Compartido con SURCOS por Édison Valverde.

Comunicado Público: Juez reitera desalojo de Yuwi Senaglö, recuperación en Territorio Cabécar de China Kichá

Estado de Costa Rica insiste en desalojo de miembros del Pueblo Cabecar de China Kichá.
• En el ámbito judicial persisten serias irregularidades y el Ejecutivo no responde a solicitud de declaratoria de vulnerabilidad social del desalojo de Yuwi Senaglö.

Martes 16 de febrero de 2021. El 28 de setiembre de 2020 un grupo de familias del Pueblo Cabécar de China Kichá (al sur de Costa Rica) ante la ocupación ilegal de su territorio por parte de personas no indígenas y la omisión del Estado de Costa Rica al no garantizar su integridad territorial, decidieron iniciar el proceso de recuperación del terreno Yuwi Senaglö, ejerciendo su derecho humano colectivo a la tierra-territorio de acuerdo al bloque de constitucionalidad y legitimados por su cultura e historia.

Hasta ese momento el terreno estaba siendo ocupado ilegalmente por Miguel Vargas Mata, persona no indígena. Ese mismo día Vargas Mata logró ingresar a la casa que se ubica en el terreno, casa que se encontraba rodeada y custodiada completamente por la Fuerza Pública, donde se mantiene atrincherado hasta el día de hoy y sin existir una explicación satisfactoria y verosímil por parte del Ministerio de Seguridad sobre la forma en que Vargas logró ingresar a la edificación.

El 13 de octubre de 2020 el Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires (Materia Agraria) Expediente No. 20-000018-1555-AG-1, mediante resolución 48-2020 acoge la medida cautelar solicitada por Miguel Vargas (como parte actora) y ordena el desalojo de las familias recuperadoras Cabécares (como demandados), resolución que es ratificada el 1 de febrero de 2021 por el mismo Juzgado, ordenando a la Policía de Proximidad de Pérez Zeledón proceder con el desalojo de las y los recuperadores Cabécar; ambas resoluciones contrarias al Bloque de Constitucionalidad y violatorias de los Derechos Humanos del Pueblo Cabecar de China Kichá.

Hasta el día de hoy, ambas resoluciones no han sido notificadas personalmente, ni conforme a la ley a la totalidad de las y los demandados; ante evidentes vicios en el cumplimiento del acto de notificación, el 15 de octubre las y los demandados interpusieron un incidente de nulidad del acto de notificación, sin embrago, hasta el momento no se les ha respondido dicho incidente, ni se corrigieron las irregularidades en las notificaciones. Esta causa es conocida por el Juez Jean Carlo Céspedes Mora quien mantiene relaciones de parentesco con personas no indígenas que ocupan territorios indígenas; hoy mismo las y los recuperadores interpusieron 2 incidentes de suspensión y nulidad que esperan se resuelvan conforme a Derecho.

Ante las graves consecuencias que traería la ejecución de esta orden de desalojo judicial, las y los recuperadores acompañados por la Asociación de Desarrollo Indígena de China Kichá, presentaron hoy martes 16 de febrero, formal Solicitud de Declaratoria de Vulnerabilidad Social del Desalojo de Yuwi Senaglö, ante el Viceministerio de la Presidencia y el de Seguridad, este último ente encargado de otorgar dicha declaratoria. (Se adjunta Solicitud).

Esta es la tercera ocasión que se presenta formalmente dicha solicitud, la primera fue el 13 de noviembre de 2020, la segunda el 21 de diciembre de 2020 ante la cual el Ejecutivo sobre la Solicitud indicada “es un tema que está siendo analizado por los Ministerios encargados”.

El día de hoy las y los recuperadores de Yuwi Senaglo con el apoyo de la ADI reiteraron su Solicitud de que el Ministerio de Seguridad declare la Vulnerabilidad Social del Desalojo de Yuwi Senaglö; lo anterior de acuerdo a las facultades y obligaciones que asisten al Poder Ejecutivo según el Decreto Ejecutivo No.39227-MP-MSP-JP-MIVAH-MDIHS que crea la Comisión de Atención Integral a los Desalojos (CAID) y el Procedimiento Especial para la atención de desalojos considerados de vulnerabilidad social, tomando en cuenta el antecedente de Declaratoria de Vulnerabilidad Social del Desalojo de Kono Jü y en aras de lograr la paz social del Pueblo Cabecar de China Kichá.

Las y los miembros, recuperadoras y recuperadores del Pueblo Cabécar de China Kichá y las organizaciones y personas que suscriben este Comunicado Público manifestamos:

1. Denunciamos las irregularidades presentadas en el Expediente No. 20-000018-1555-AG-1 que se tramita en el Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires (Materia Agraria).
2. Solicitamos al Poder Judicial se investigue una vez más el actuar del Juzgador Jean Carlos Céspedes Mora, encargado de dicho expediente y por fin se establezcan las responsabilidades administrativas y penales del caso.
3. Demandamos que el Poder Ejecutivo emita la Declaratoria de Vulnerabilidad Social del Desalojo Yuwi Senaglö en un plazo máximo de 3 días a partir del día de hoy, ya que han contado con 3 meses para el análisis y resolución de la solicitud.
4. Demandamos que el Poder Ejecutivo cumpla con su obligación de garantizar la integridad territorial del pueblo Cabecar de China Kichá y sin más dilaciones realice los desalojos administrativos de personas no indígenas que ocupan ilegalmente este Territorio y así devolver la totalidad del Territorio al Pueblo Cabecar de China Kichá.

¡NO AL DESALOJO DE YUWI SENAGLÖ!

Organizaciones firmantes:
Recuperador@s Cabécares de Yuwi Senaglö.
Recuperador@s Cabécares de Kono Jú de China Kichá.
Recuperador@s Cabécares de Sekeirö Kaska de China Kicha.
Recuperadoras Cabécares de Sá Ka Duwé Senaglö.
Recuperadoras/es Cabécares de Kerpego.
Asociación de Desarrollo Integral Indígena de China Kichá.
Concejo Ditsö Iriria Ajkönuk Wakpa de Salitre.
Concejo Indígena Regional Pacífico Sur de Yimba Cajc.
Recuperador@s Cabecar de Kono Ju de China Kichá.
Recuperador@s Cabecar de Sa Sekeirö Kaska de China Kicha.
Recuperador@s Broran de Crun Shurin.
Recuperador@s Broran de Finca San Andrés.
Organización Autónoma Gwrvechi Kare del Territorio Ngäbe de Conte Burica.Asociación de Productores de Finca 10.
Comité de lucha por la tierra de finca Changuina.
Cootraosa.
Voces Nuestras.
Comité de Lucha por la tierra de kilómetro 37 de Golfito y Corredores.
Asociación para la defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos (ADUSP).
Comité de lucha por la tierra de Finca Venecia.
SOJUPANO de Palmar de Osa.
Tierra para el Campesino de Finca Puntarenas (TIPAELCA).
SERBUSUR de Finca Puntarenas.
Ditsö.
Coordinadora de Lucha Sur Sur.

Personas firmantes:
Mauricio Alvarez Mora, cédula 1 0877 0217proyecto ED-3526 Educación Popular y Geografía, Kioscos Ambientales UCR.
Marvin Amador Guzmán cédula 1 0673 0592, docente, investigador, UCR.
Luis Mariano Sáenz Vega, cédula 3 0220 0485, docente e investigador UCR.
Denia Román Solano, cédula: 3 0305 0908. Docente Escuela de Antropología. UCR.
Xinia Zúñiga Muñoz 104880642 investigadora UNED.

Enviado a SURCOS por Mauricio Álvarez Mora,

La ilegalidad normalizada en territorios indígenas de Costa Rica

Observatorio de Derechos Humanos emite 18avo informe sobre situación en Térraba.

A solicitud y por invitación de Recuperantes de la Finca Crun Shurín y del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) se llevó a cabo la 18ava. Misión ODHAIN en Territorio Brörán de Térraba, en vista del aumento de la violencia, por amenazas de muerte, hostigamiento y daños de la naturaleza mediante incendios provocados, destrucción del patrimonio arqueológico y profanación de lugares sagrados, quema de cultivos, daños a cercas y enseres domésticos, así como instigaciones racistas contra las personas recuperadoras.

El surgimiento de nuevos episodios de violencia por conflictos de tierra y territorio se suma al aumento de la tensión que eventualmente podría desembocar en hechos lamentables de pérdidas de vidas humanas como ya ha sucedido en fechas recientes.

El informe presentado hoy 12 de febrero recoge la información sobre la misión que visitó el pueblo Brörán, territorio Térraba, en Buenos Aires de Puntarenas, al sur del país, los días 24,25 y 26 de agosto del 2020. El informe es un documento extenso que recoge testimonios de entrevistas realizadas en el territorio y por vía digital así como registros fotográficos de la vista. La Misión estuvo conformada por Ana Castillo Delgado, del Servicio de Paz y Justicia, Sussy Gonzáles Gonzáles de la Comisión Justicia, Paz e integridad de la creación y Víctor Madrigal Sánchez por el Proyecto Tierra Encantada de la Universidad Nacional.

El documento será enviado a autoridades nacionales e internacionales, entre ellas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como un llamado de atención y de alerta temprana sobre la situación conflictiva, tensa y de irrespeto a los derechos humanos. La violencia, una constatación del Informe del Observatorio, se origina en las invasiones a las tierras ancestrales del pueblo Brörán de Térraba y en la inoperancia del Estado/gobierno de Costa Rica en realizar la devolución de la tierra a sus legítimos dueños.

Las principales conclusiones de la 18ava Misión del Observatorio de Derechos Humanos (ODHAIN):

  1. Se constata en las entrevistas realizadas, las denuncias de amenazas de muerte y la necesidad de presencia policial preventiva y disuasiva ante el clima de violencia y tensión que se vive en el Territorio indígena de Térraba. Esa situación de violencia podría intensificarse y generar eventos lamentables con pérdida de vidas humanas.
  2. El origen de la violencia contra los pueblos indígenas no debe situarse en el legítimo reclamo del derecho a la tierra, ni en la recuperación de hecho de la tierra por parte de personas brörán, sino que el detonante de la violencia debe ubicarse en la injusta invasión histórica de la tierra y el territorio indígena y en la inacción del Estado costarricense en implementar el derecho indígena.
  3. La recuperación territorial indígena emprendida para romper el injusto orden establecido desde el periodo colonial estriba en la claridad de conciencia de los pueblos originarios acerca del derecho indígena nacional e internacional y el arraigo a la espiritualidad en torno a la perspectiva de la tierra como Madre que nutre y sostiene la vida. “La tierra es Madre y hermana de caminada cultural”.
  4. La información recopilada evidencia una lucha para recuperar y retomar la tierra y el territorio ancestral brörán por medios pacíficos, sin ostentación de fuerza o violencia, apenas con la convicción y confianza de que se trata de una lucha justa.

El Observatorio (ODHAIN) recomienda:

  1. Al Ministerio de Gobernación y Policía. La presencia policial en el territorio Térraba debe cumplir una función preventiva y disuasiva de violencia para lo cual debe atender de forma pronta y oportuna al llamado que realizan desde las recuperaciones territoriales. Dado a la existencia en el cantón de Buenos Aires de actitudes de odio y racismo contra indígenas deben seguirse protocolos estrictos de formación y capacitación al interno del cuerpo policial a fin de que su actuación sea ejemplar.
  2. Al INDER como institución del Estado a cargo de la tierra, debe priorizar y asignar recursos necesarios para dar cumplimiento a la Ley Indígena 6172, sin más dilaciones.
  3. Que el Estado/Gobierno cumpla de inmediato con el Protocolo de Implementación de las Medidas Cautelares establecidas por la CIDH para los Territorios de Salitre y Térraba e informe de manera pública y periódica a los pueblos interesados y al país.
  4. A los tribunales de Justicia. Que atiendan el clamor de justicia por los asesinatos de Sergio Rojas Ortiz y Jhery Rivera Rivera. Recordando que los Estados siempre serán responsables, en sus países, de cualquier violación a los Derechos Humanos, sean estas por acción u omisión.

Finalmente, el Informe destaca la percepción de un clima de racismo e incomprensión de la lucha indígena por recuperar sus tierras ancestrales, abonado por el sentimiento de inseguridad por el asesinato impune de sus líderes, así como de incredulidad en la política pública del Estado que no logra el saneamiento o devolución de las tierras invadidas.

Síntesis. Víctor Madrigal Sánchez vic705@gmail.com

Puede descargar el informe en el siguiente enlace:

EL SILENCIO NO ES INOCENTE

León Triba

A Keyla Patricia Martínez R.,
una víctima más ASESINADA, por un sistema que controla un energúmeno
narcotraficante.

A tí, compañera, porque en tu noble
sonrisa, cautivas la música de las mujeres
ultrajadas, violadas, asesinadas.

Serás simiente de nuevo tipo,
en ese suelo fértil que crece
la poesía en forma de yerba permanente
y resiste la piel hasta el cansancio
que tiene la libertad.

Un ejercicio de luz
en la rutina del filo
de un narcoestado,
un Estado Nacional fallido
cercano a las faldas del averno.

Si se camina después
de un falso e injustificado
toque de queda,
harán que sangren los brazos,
se doblen las piernas
y la ternura de una suave piel
se mancille en lo oscuro
de esas sombras terribles
que proyectan los militares.

Los aullidos de los perros
forman esa rutinaria memoria
de los testigos de excepción,
como las esquirlas intimidatorias
para ajustar la palidez de las rocas
en el mudo silencio
de la complicidad abominable.

Cruzaba diariamente
aquellas calles conocidas
buscando, a veces,
el beneficio de las dudas,
o el asomo de una palabra
para iluminar el denso aire
que cuaja tanta lágrima derramada.

Se desdibujaron sus ropas interiores,
su sonrisa, su garganta
y colgaron su propio abrigo
en los límites de su garganta
para silenciarla, violarla, asesinarla.

Tengo hoy una lengua como metralla,
el clamor de las yemas de mis dedos
para maldecir hasta el cansancio
su asesinato,
pero en mis letras
también otorgo mi verdad
para darle al sacrificio
de tus jóvenes manantiales
la solidaridad
que se cultiva en la patria de Honduras.

Sabemos que en las sucias paredes
crece el absurdo de la noticia.
No es posible cubrir de espejos la luna,
cuando la verdad brota
en miles de tintas verdaderas.

Militares asesinos,
embriagados en el éxtasis de la estupidez,
podrán colgar una, cien, mil mentiras
para encallar la suciedad de sus actos,
pero los absurdos de la ignominia
dibujarán una vez más
su rostros monstruosos,
seres inhumanos inservibles,
pero eficaces en el ejercicio de la maldad.

Hoy, la voz de Keyla, es luz
es luz en el mundo,
para seguir construyendo
la marcha de la liberación de tu pueblo.

Movimientos impulsan la lucha: ¡No a la Ley de Empleo Público!

Denisse López Sánchez

Antes de exponer la posición del movimiento sindical sobre el tema, es importante que conozcamos aspectos generales que se plantean dentro de la formulación de la Ley de Empleo Público. Lo primero, es que es un proyecto de 28 páginas, que aborda aspectos en materia laboral, se trata según Alfaro (2019) de “una nueva conceptualización de las redes laborales con el Estado desde la etapa de contratación hasta la de despido” (párr.2). Lo segundo, es que desde la institucionalidad y el Ministerio de Planificación se argumenta que la propuesta es necesaria para modernizar el Estado actual. Por último, específicamente se dice que lo que se quiere con este proyecto de ley es la aplicación de un sistema de salario único para todos los empleados públicos, poner un tope a los incentivos y bajar la curva de crecimiento por el pago de las remuneraciones.

Los cambios estructurales que se planean ejecutar están íntimamente relacionados con las siguientes áreas: reclutamiento y selección del personal, según se indica para garantizar idoneidad comprobada para los puestos que se asumen; alta dirección pública que va aunada al área anterior pues lo que se requiere es que cada unidad y departamento esté liderado por personas aptas y capacitadas; cambios en la movilidad pública; la desvinculación de los funcionarios del sistema por bajo rendimiento; modificaciones en materia de salarios con el fin de lograr una igualdad entre los altos jerarcas y los profesionales de menor rango; vacaciones; permisos de cuido; licencias de maternidad; otros incentivos laborales; condiciones de aplicación y de contratación temporal (Alfaro, 2019. párr.1-33).

Ahora bien, con respecto a esta ley han surgido diferentes posicionamientos tales como el de los movimientos sociales y el movimiento sindical de Costa Rica, que refiere su disconformidad con el proyecto debido a una posible recarga de la crisis fiscal sobre el sector laboral y que terminará afectando la calidad que ofrecen los servicios públicos y la estabilidad del Estado Social de Derecho.

Parte de las acciones que se han tomado desde estas entidades sindicales y sociales son las manifestaciones que se han llevado a cabo en las afueras de la Asamblea Legislativa, donde han participado algunas figuras que están inmersas dentro de la institucionalidad como lo es el actual rector de la Universidad de Costa Rica Gustavo Gutiérrez Espeleta, el SINDEU, la APSE, UNDECA, ANDE, SEC, CTRN, SINAE, sindicatos del AyA, entre otros. Estas manifestaciones tienen como objetivo preservar el empleo público, el Estado Social de Derecho y la calidad de vida de las personas ciudadanas y funcionarias del Estado y sus familias.

En el video publicado por Marcela Zamora-Cruz en su página de Facebook hace un llamado a las federaciones estudiantiles a sumarse a la causa, ya que estos proyectos como la Ley de Empleo Público y las negociaciones con el FMI, afectan no solo a la clase trabajadora, también a la educación pública, específicamente a las universidades públicas.

Referencias Bibliográficas:

Alfaro, J. (9 de abril de 2019). ¿Qué dice el nuevo proyecto de reforma al empleo público? Semanario Universidad. Recuperado de https://semanariouniversidad.com/pais/que-dice-el-nuevo-proyecto-de-reforma-al-empleo-publico/

Pronunciamiento Público: justicia pronta para Sergio Rojas Ortiz, su familia y el pueblo Bribri de Salitre

SURCOS comparte pronunciamiento público, el cual usted puede suscribir llenado el siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSch7dX_RrloGPdMK-kYwJHd4xeNJ1TFUedwfQQti_GR_J5BXg/viewform

Las personas y agrupaciones abajo firmantes, todas integrantes de organizaciones,  comunidades, proyectos sociales o académicos, comprometidas con el bien común, el bienestar social, los derechos humanos y los derechos de los Pueblos Originarios, hacemos pública nuestra preocupación y nuestras exigencias ante las circunstancias que se vienen dando, sin la debida atención de las autoridades judiciales y del Estado costarricense, en relación con la investigación del asesinato del líder Sergio Rojas Ortiz.

Considerando que:

  • El 18 de marzo del 2019 murió asesinado de 15 balazos, en su casa de habitación, en la comunidad de Yeri de Salitre, Sergio Rojas Ortiz, bribri costarricense, líder comunitario, defensor de derechos indígenas. Sergio era beneficiario directo y de forma individual de medidas cautelares (medidas MC321 – 12), impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado de Costa Rica desde abril del 2015, precisamente por haber sido amenazado de muerte de manera sistemática y por haber sufrido otros atentados desde el 2012, todos relacionados con su participación en la recuperación de tierras indígenas en el cantón de Buenos Aires de Puntarenas. El asesinato de Sergio Rojas se dio 4 años después del establecimiento de las medidas cautelares por parte de la CIDH, sin que el Estado costarricense realizara las acciones necesarias para responder de manera efectiva a dichas medidas.
  • Pocos días después de cometido el asesinato, el 22 de marzo del 2019, la CIDH repudió el crimen contra Sergio Rojas Ortiz y le recordó al Estado costarricense que el líder indígena se encontraba en una grave situación de riesgo, de ahí que desde el 2015 se le otorgaran medidas cautelares por parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, las cuales se establecieron para garantizar su vida e integridad personal. Además, la CIDH hizo énfasis en la importancia de una oportuna investigación de las fuentes de riesgo para la vida del líder indígena y los miembros de los pueblos Teribe y Bribri de Salitre, así como en incluir como línea de investigación del asesinato la hipótesis de que este crimen pudiera haber sido cometido en razón de la actividad de defensor de derechos humanos que ostentaba Sergio Rojas Ortiz.
  • Un año después del homicidio, el 18 de marzo del 2020, la CIDH volvió a pronunciarse, esta vez sobre la situación de violencia, amenazas y hostigamiento que sufren líderes indígenas y personas defensoras de los derechos humanos en el contexto de la investigación del asesinato de Sergio Rojas Ortiz. En este momento, la CIDH advirtió sobre la carencia de avances significativos en el enjuiciamiento de los responsables del asesinato del líder indígena e hizo un llamado enérgico al Estado costarricense sobre su obligación de investigar este caso de manera seria, profunda e imparcial, lo que permitiría sancionar oportunamente a los responsables intelectuales y materiales.
  • En setiembre del 2020, 18 meses después del asesinato, se dio a conocer la solicitud de desestimación de la investigación respectiva por parte del Ministerio Público. Tal solicitud se realizó bajo el alegato de la imposibilidad de resolver el caso, debido a la negativa reiterada del Juzgado Penal de Buenos Aires de Puntarenas de autorizar allanamientos necesarios para avanzar en el proceso de esclarecimiento del crimen.
  • Unos pocos días después, el 25 de setiembre del 2020, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo un vehemente llamado al Estado costarricense para que no archivara la investigación. Además, invocó y recordó lo externado por Michael Forst (ex Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos), Victoria Tauli Corpuz (ex Relatora Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas) y Agnès Callamard (Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias) en cuanto a la importancia de que las autoridades costarricenses lograsen identificar y sancionar a los autores intelectuales y materiales del asesinato del líder indígena.
  • Gracias a los llamados de la ONU y la CIDH, así como de diversas organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos, académicos y miembros de los distintos Pueblos Originarios del país, y luego de una audiencia con el abogado y con la familia de Sergio Rojas, realizada el pasado 3 de diciembre, el Juzgado Penal de Buenos Aires, en fecha 14 de enero del 2021, rechaza la solicitud de desestimación del caso y resuelve que la investigación debe continuar en atención de la “debida diligencia”.
  • Los días 21 y 22 de enero del presente año, el medio de comunicación digital “CrHoy.com” publicó varios reportajes basados en el expediente judicial 19-000178-0990-PE, correspondiente al caso del asesinato de Sergio Rojas Ortiz, en los que se hace especial referencia al informe elaborado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Esta publicación se hace a pesar de tratarse de un proceso de investigación penal en curso, para el que la ley establece confidencialidad. Las notas periodísticas publicadas aportan una serie de detalles de la investigación judicial que evidencian una clara, sospechosa e intencionada filtración de la información de este expediente tutelado por las instancias judiciales, lo que podría incidir de manera negativa en el desarrollo de la investigación, a la vez que expone a riesgos adicionales a las personas informantes.
  • En enero del 2020, la Sub-Comisión de la Comisión Especial Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica encargada de analizar el expediente #21360, emitió un informe respecto al caso (expediente Nº 21360), en el cual se interpela a las autoridades costarricenses para que, entre otras importantes acciones, redoblen esfuerzos a fin de garantizar la protección efectiva e inmediata de los derechos de los Pueblos Originarios y de las personas que integran sus comunidades, para asegurar la incorporación de la perspectiva multiétnica y pluricultural en la aplicación de la justicia y para detener la violencia y la impunidad, así como todo acto de discriminación y racismo en el país. A la vez, mediante dicho informe, la Sub-Comisión hizo un llamado vehemente a la Fiscalía General de la República para que continúe con la investigación del asesinato de Sergio Rojas Ortiz y para que aplique toda la pericia de que dispone para obtener la prueba que individualice a los responsables y le permita al Estado castigar el crimen cometido contra el líder indígena.

Todos los hechos referidos anteriormente refuerzan las evidencias y la convicción de que el asesinato de Sergio Rojas Ortiz fue un crimen político producido en un contexto de creciente violencia física y simbólica, la cual se produce ante la falta de acción del Estado en materia de justiciabilidad de los derechos humanos de los Pueblos Originarios, en especial los derechos de orden territorial.

Estos hechos también generan dudas razonables acerca del manejo que se está haciendo del caso por parte de las autoridades judiciales, y son particularmente preocupantes porque parecen mostrar una tendencia inaceptable hacia la generación de condiciones para la impunidad de este crimen, lo cual, además de constituir una injusticia, afectaría de manera irreparable la credibilidad de nuestro Estado Social de Derecho. Al respecto, corresponde al Poder Judicial asumir un rol garantista de los derechos humanos, mediante la ejecución de todas las medidas que permitan brindar un adecuado acceso a la justicia, en especial para las poblaciones en condición de vulnerabilidad, como es el caso de los Pueblos Originarios.

Llamamiento público

Por tanto, ante la gravedad de todos los hechos reseñados, manifestamos públicamente y hacemos un enérgico y vehemente llamado general, en especial a las autoridades del Estado y a las instancias judiciales del país, en los siguientes términos:

  • APOYAMOS la denuncia interpuesta ante la Inspección Judicial y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por parte del Lic. Óscar Retana, abogado de la familia Rojas Lázaro, para que se investiguen las irregularidades que transgreden los Principios del Debido Proceso y Confidencialidad en el proceso, y para que sancione con todo rigor a los responsables de filtrar la información del expediente 19-000178-0990-PE a la prensa.
  • APELAMOS a las autoridades del Estado a acoger y atender todos y cada uno de los planteamientos del informe final de la Sub-Comisión de la Comisión Especial Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica que analizó el expediente #21360.
  • EXIGIMOS que se garanticen todos los principios procesales en este caso, especialmente el debido proceso, que se concluya con el esclarecimiento del asesinato de Sergio y que se dé acceso real a la justicia y reparación a la familia de Sergio y al Pueblo Bribri de Salitre.
  • RECORDAMOS la obligación que tienen el Estado costarricense y sus instituciones de garantizar la vida, la integridad física y los derechos de los Pueblos Originarios, así como de dar cumplimiento real y oportuno a las Medidas Cautelares y a la toda la legislación vigente relacionada con los derechos de estos pueblos.
  • DEMANDAMOS la acción articulada de los distintos Poderes de la República para que se atiendan y resuelvan como corresponde, conforme a los derechos humanos de los Pueblos Originarios, los conflictos de usurpación de territorios indígenas costarricenses, causa estructural de la violencia en estos territorios.
  • ADVERTIMOS nuestra decisión de mantenernos vigilantes y fieles a nuestras obligaciones ciudadanas, para que la institucionalidad pública se respete y actúe conforme al marco jurídico nacional e internacional que protege y garantiza los derechos humanos de los Pueblos Originarios costarricenses, así como la vida y la justicia para sus defensores.

¡No más impunidad!

Organizaciones y personas firmantes:

 

Compartido con SURCOS por Mauricio Álvarez Mora.

La Constitución Política de MIDEPLAN

“ciegos que ven, ciegos, que viendo, no ven.” (Saramago)

Manuel Hernández

La Ministra de Planificación lamentó que la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, aprobara una moción de alto voltaje, en virtud de la cual la tan acariciada rectoría de la gobernanza del empleo público se transfiere de MIDEPLAN a la Dirección General de Servicio Civil.

Pero no solo se quedó en el desconsuelo, sino, además, advirtió que esa sorpresiva huida de competencias puede tener problemas de constitucionalidad.

Así es, ahora la Ministra se nos convirtió en emergente escudera de la Norma Suprema de la Nación, de la propia Constitución que la tienen haciendo aguas desde que asumieron el poder.

La reconvención ministerial que impele la corrección política, para que el desaguisado proyecto vuelva por su fuero original, obliga a preguntarse: ¿A cuál Constitución apela con tanta vehemencia la jerarca de Gobierno, por la que ahora se viene a rasgar las vestiduras?

¿A la Constitución radicada en la Lex Mercatoria, en el dogma fundamentalista de menos Estado y más mercado, redactada en los astilleros de la OCDE y el FMI?

¿A la Constitución inspirada en la doctrina de Friedman, Buchanan y Hayek, a ese neoconstitucionalismo económico, que impusieron a sangre y fuego en el régimen de Pinochet?

¿A la Constitución del Estado de derechas, plutocrático, que proscribe el pluralismo y la legitimidad política del conflicto social?

A la titular de MIDEPLAN le duele en el alma, más que a nadie, aquella transferencia de competencias de una institución a otra, invocando al paso un problema de constitucionalidad; pero, por contrario, no ve que tenga un grave problema de constitucionalidad la operación política de subordinar las autonomías de la Caja Costarricense de Seguro Social, las universidades públicas y corporaciones municipales, a la gobernanza totalitaria, ya sea de ese ministerio, o de cualquier otro órgano del Estado.

Tampoco ve ningún conflicto de constitucionalidad imponer a rajatabla el esquema de salario único global, a las y los funcionarios públicos que actualmente tienen un esquema de salario base más pluses, a contrapunto del principio de irretroactividad de la ley, Pilar del Estado de Derecho, consagrado en el artículo 34 constitucional.

Mucho menos un problema de constitucionalidad que signifique la desafección de los derechos de ciudadanía social de las personas funcionarias, particularmente los derechos colectivos de representación sindical, negociación colectiva y el derecho fundamental de huelga, inherentes a cualquier sistema democrático.

Entonces, el agravio de constitucionalidad, como grito puesto en el cielo, que censura la Ministra, sólo se podría increpar en aquel modelo constitucional de facto, porque la Constitución del Estado Social y Democrático la tienen acorralada.

29/01/2021

Prometeos del siglo pasado

“No puede haber democracia donde la igualdad política no se basa en la igualdad económica.” (Aniceto Montero)

Manuel Hernández

El 16 de junio de 1920, después de la huelga de febrero del mismo año, un concurrido movimiento de ebanistas, carpinteros, panaderos, zapateros, costureras, maestros, maestras, tipógrafos, sastres y otros obreros se reunieron en el Teatro América.

Las lúcidas intervenciones del Dr. Aniceto Montero y el diputado Gerardo Matamoros elevaron el nivel de las revoluciones del rabioso encuentro josefino.

Sin pensarlo dos veces, salieron de la reunión y marcharon por la Ave. Fernández Güell, con rumbo implacable hacia el Congreso que estaba sesionando en secreto.

Los diputados se aprestaron a salir de la sesión, confrontados por los protestantes, quienes fueron escoltados por la Policía hasta la famosa Estación del Atlántico, resultando que una fortuita lágrima caída del cielo, se estrelló contra la humanidad frontal del Presidente del Congreso.

El informe de la Comandancia, como es común en estos menesteres, atribuyó a los manifestantes la colocación de piedras y palos para descarrillar el tren donde viajaban los diputados de regreso a sus respectivas provincias.

Al final de la jornada, en las cercanías de Mata Redonda, unos perros murieron infartados por el estruendo de las detonaciones de varios balazos, y en la Calle Real, seguía escuchándose el retumbo de las consignas obreras contra el Gobierno, el Congreso y los patronos.

Ahora, un siglo después, ¡no los puedo imaginar! -como solemos expresar-, o tal vez sí, en el moderno boulevard de la Ave. Central, protestando contra el ignominioso proyecto de ley que, en definitiva, prohibió el ejercicio del derecho fundamental de huelga.

No los puedo imaginar, o tal vez sí, desfilando a todo lo ancho de la Ave. Segunda, protestando contra el préstamo del FMI, que terminará de hipotecar el futuro de las próximas generaciones.

Los puedo también imaginar apostados al frente de la nueva mole legislativa de 21 pisos, que desde el último nivel se verían como pequeños titanes y titánides, plantando cara a la soberbia de los Benavides, y al Dr. Aniceto Montero, desmontando la demagogia política de los Morales y sus compacñías.

¿De qué se habrá construido esa raza de luchadores y luchadoras sociales?

Prometeos sociales de hace un siglo, que no podemos dejar muertos en el pasado.

17/01/2021

¡Devandas!

Adalberto Fonseca Esquivel

A los 74 años, luego de una aguda enfermedad, hermanada a una lucha frenética por su vida, se marcha y trasciende una figura señera y referente obligado del movimiento social y político costarricense en las cinco décadas precedentes.

En los años setentas, frisando apenas los veinte años de edad, y luego de una corta militancia en el PLN, partido que le abrió las puertas como regidor en el Concejo municipal de Montes de Oca, renuncia! las razones, tráfico de influencias en la cesión de terrenos municipales a manos privadas. Gollerías comunes en los partidos de tradición.

Funda con un grupo de amigos el periódico comunal “El Mojón” que llegó a colocar hasta tres mil ejemplares en cada edición el que se convirtió en Órgano de denuncia e información sobre el acontecer de su cantón.

Álvaro Montero M, vecino y quien escribía cada cierto tiempo en el periódico, le invita a una reunión, es el atisbo para un nuevo movimiento político, todavía en ciernes, el Partido Socialista Costarricense (PSC), punto de encuentro con figuras como Arnoldo Mora, Francisco Aguilar Bulgarelli, los gemelos Salom Echeverría, Javier Solís entre otros.

En abril de 1970 el estudiantado costarricense irrumpe contra la transnacional Alcoa, un hito que significó un rompe aguas en la historia social del país, años también convergentes con otros movimientos políticos irruptivos: Movimiento Revolucionario de los Trabajadores, el Partido de los Trabajadores, además de nueva izquierda como el Frente Popular, liderado por Rodolfo Cerdas.

Con la derogatoria del artículo 98 Constitucional que prohibía la organización de agrupaciones políticas y legado de la represión a las izquierdas luego de la guerra civil de 1948, había sido cerrojo y candado  para aquellos grupos políticos que contaminaran la  “democracia costarricense”  – que como se sabe- proscribió al Partido Comunista costarricense y  organizaciones  como los sindicatos, producto también de  intereses mezclados en la franja histórica de la “guerra fría” y el “macartismo” incubado luego de la segunda guerra mundial y acelerado con la Revolución Cubana de 1959.

Derogado el artículo, en la década de los setentas como señalamos, las agrupaciones clasistas, partidos políticos y sindicatos de nuevo cuño encuentran posibilidades de desarrollo, reconocimiento y legitimidad.      

La ideología en el contexto, había sido excluyente “de tajo a rajo “abrió espacio para que el escenario político fuera dominado por el conservadurismo de la iglesia católica, la instalación de movimientos de derecha a ultranza como el Movimiento Costa Rica Libre, (MCRL), un belicoso sector empresarial instalado en la UCCAEP, y desde luego la ANFE.

La política exterior norteamericana, promueve su “Alianza para el Progreso” cinturón de seguridad para los gobiernos del área para contrarrestar y evitar los efluvios de la revolución socialista en la isla de Cuba.

En ese contexto, el movimiento de los trabajadores organizados en sindicatos se expresa en dos corrientes muy marcadas: el sindicalismo clasista y el sindicalismo conciliador. El primero inspirado en nuevas corrientes y partidos políticos emergentes, el segundo tutelado por el reformismo socialdemócrata

En esa realidad política y social, el PSC con Devandas en la interlocución concluye sobre la necesidad de articular, procesos y acciones, al comprender que el reformismo socialdemócrata controlaba a las principales organizaciones de trabajadores, no solo como sindicatos, sino además en federaciones y confederaciones sindicales. Fue imperioso entonces la captación de organizaciones sociales.

Al menos 21 organizaciones sindicales son arrebatadas a la égida del PLN, Devandas y su agrupación logran poco a poco instaurar nuevas dirigencias, de reemplazo y sustitución. Algunas de esta a manera de ejemplo fueron la Anep, Undeca, Sindeu, Sibampo, Upins, Asdeice entre otras.

Sin embargo, dos artículos del Código Penal, el 333 y 334, serán inhibidoras del libre desarrollo del sindicalismo nacional.

Además, la administración Oduber Quirós (1974-1978) había iniciado una intensa persecución sindical luego de dos beligerantes huelgas en las fincas bananeras transnacionales que se dieron en Quepos y Parrita.

Los procesos unitarios no se hacen esperar, así se funda el 18 de septiembre de 1975, la Federación Nacional de Trabajadores Públicos (FENATRAP) expresión unitaria articulada e impulsada por Mario Devandas.

Carlos Baidal, dirigente de la Anep, será el presidente, Devandas el secretario. Para ese entonces, Baidal era dirigente de la Anep, figura del Frente Popular.

El 22 de julio de 1977, las organizaciones sindicales sin distinción lo declaran como “Día de la vergüenza nacional “, fueron arrestados y encarcelados dos dirigentes: Mario Devandas Brenes y Luis F. Alfaro, éste, secretario general de Asdeice.

Cárcel y postración durante tres meses. El Procurador Steiner siguiendo a pie juntillas las órdenes del Ejecutivo fue el ejecutor.  Los artículos 333 y 334 del Código Penal, limitaban el llamamiento de los sindicatos a movimientos de protesta y en consecuencia al abandono del trabajo.

El sindicalismo nacional se estremeció ante la arremetida del gobierno. Muestras de solidaridad con los incautados, movimientos de apoyo, se promueve la venta de un bono por 10 colones para pagar la libertad condicional de los acusados

Precaución y cautela destilaba el gobierno ante el avance de las fuerzas organizadas, ahora con nuevos liderazgos y recompuesto el sindicalismo costarricense.

Para las elecciones nacionales de 1978, la coalición “Pueblo Unido” conformada por los partidos Vanguardia Popular, Socialista Costarricense, el Movimiento Revolucionario del Pueblo y el Partido de los Trabajadores; logran llevar a tres figuras a la Asamblea Legislativa: Humberto Vargas Carbonel y Mario Devandas Brenes por San José, Rodrigo Ureña Quirós por la provincia de Puntarenas.

El trabajo legislativo de la fracción fue una propuesta de equipo, la que mantuvieron durante el cuatrienio legislativo.

Devandas por ejemplo asumió la provincia de Limón como área de atención prioritaria, enfrentó y propuso soluciones a los problemas de la provincia, temas el habitacional e infraestructura. En ese contexto el Concejo Municipal del cantón central le dio el reconocimiento de “hijo predilecto”.

Destacó también sobre el tema de costos y precios de los productos de consumo popular, tarifas, costo de vida. Promovió reformas al Código Penal, abogó por el financiamiento de la educación superior (Universidades públicas).

Promovió reformas a la ley del Banco Popular y fue coadyuvante para la creación de la asamblea de trabajadores de la Institución. (ATBP)

La reforma a la ley de símbolos nacionales fue su propuesta para sustituir a los militares que, en actos cívicos o efemérides patrias, estos portaban el Pabellón Nacional. Con la propuesta del diputado, serán ahora los estudiantes de escuelas y colegios.

Fueron célebres las polémicas con el Ministro de Seguridad Charpentier, con la Ministra de Trabajo D. Estela Quesada, que terminó con su dimisión.

Devandas en noviembre de 1980, se convierte en el presidente de la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT), que, para el contexto, se convirtió en la organización de trabajadores clasista y desarrollada, entonces cubriría a 55 mil trabajadores(as)y obreros costarricenses. La secretaria general de la Confederación la asumió Marielos Giralt Bermúdez, también dirigente en la UCR.

Otros esfuerzos unitarios se articulan a inicios de la década de los 80s, como el Comité Unitario Sindical (CUS) que se sumó a los movimientos y centrales de la época: Rerum Novarum, CTC, CTCR, CATD, CUT y otros sindicatos independientes.

En el mes de junio de 1986, se consolida un nuevo esfuerzo de unidad sindical y popular, el Consejo Permanente de Trabajadores (CPT) que es probable haya sido la mayor consolidación unitaria de los sectores populares en las últimas décadas que trascendió al sindicalismo para fortalecer una propuesta unitaria comunal, cooperativa, a campesinos, emprendedores, juventud y grupos estudiantiles.

El CPT fue también una propuesta también doctrinal y conceptual, con articulación y propuesta de negociación.

El Programa Económico Costarricense (PEC I) le dio robustez al CPT, en materia de desarrollo económico y social. (*)

En los diferentes procesos unitarios que vivió el sindicalismo costarricense a partir de la década de los setenta y durante tres décadas, indiscutiblemente tuvo la impronta de Mario Devandas.

En la lucha contra el “Combo de ICE “en los primeros meses del año 2000, Mario como colaborador del Diputado Merino del Río – en su primer período- también asume su rol. El ICE era una institución conocida por él, incluso en su momento fue uno de los primeros en denunciar la “desnacionalización” del Instituto en la medianía de los años setenta cuando fue funcionario de la Institución.

La lucha del Combo del ICE fue base y plataforma; de esas acciones derivarán otras, que, con sus bemoles y características fueron agenda de las y los trabajadores organizados: Revisión Técnica Vehicular, el Movimiento Cívico Nacional y la patriótica y trepidante lucha contra el Tratado de Libre Comercio (TLC).

Mario junto a Román Macaya, Ottón Solís y otras personalidades de la coyuntura, visitaron a lo largo de muchas semanas a grupos organizados de la sociedad civil, iglesias, juntas administrativas, comunidades llevando el mensaje contundente del NO al TLC.

Era un llamado a no votar a favor del Tratado en el referéndum que se aproximaba, que como ya es historia, el SI fue el ganador, con un muy dudoso veredicto.

Para el año 2014, el Presidente Luis Guillermo Solís nombra a Devandas en la Junta Directiva de la CCSS, cuya representación ostentaba desde el año 2010, en el que la Presidenta Laura Chinchilla Fallas, no lo consideró pertinente. Mario había sido electo por mayoría abrumadora por parte de los trabajadores organizados en Sindicatos, es entonces la representación de la Junta Directiva Nacional del sector trabajador costarricense.

*(El documento patrocinado por la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, fue un proyecto de colaboración de la Escuela de Economía de Universidad Nacional, y el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica liderado por Mario Devandas, con el apoyo de Álvaro Fernández y María Eugenia Trejos)

Desde el 2014 hasta su deceso, Mario se ocupó de atender los grandes temas estructurales de la CCSS:

  • La CCSS es una conquista del pueblo costarricense.
  • El modelo de atención debe revisarse, el mismo está centrado en la enfermedad y no en la salud.
  • Sostenibilidad del régimen de pensiones y los sistemas de salud.
  • Prevención y promoción de la salud.
  • La crisis de la Caja es una pena de “todos y todas”.
  • El fortalecimiento de las Juntas de salud.
  • La Caja requiere de un Ejecutivo de alto nivel, no un Presidente Ejecutivo nombrado por el gobierno de turno.

Devandas, en su relación con la sociedad civil fue propositivo, veía en la realidad socio política actual la necesidad de impulsar entre todos y todas, las fuerzas vivas del país en su conjunto:

  • Un nuevo pacto social, un congreso nacional unitario entre todos los sectores de la sociedad costarricense: Estado, Empresarios, Trabajadores (as)
  • Viabilidad de una sociedad más justa y equitativa
  • El nuevo 9 de la Constitución, el que resuelve sobre la participación y soberanía del pueblo costarricense en la toma de decisiones.

Mario Devandas Brenes, fue economista por la UCR, con una maestría en la UNA, y un doctorado en educación con énfasis en mediación pedagógica de la U. La Salle.

Además, docente en la UNED, y coordinador de la Oficina de Extensión de la misma Universidad.

Sus investigaciones y artículos académicos entre otros: Diálogo social en América Latina, Legislación laboral y organización de los trabajadores, Privatización nuevas tareas para los trabajadores, empleo público 1980-1990.

“Estrategia de tierra arrasada”, libro publicado por la Editorial Uned, sobre el tema del TLC.

Este documento no exhaustivo, es una semblanza, -siempre limitada-, ante la figura y propuesta política y social intensa que significó su vida en nuestro país. Un hombre grande, sencillo, humilde, inteligente y locuaz.

Amoroso con su pueblo y sus instituciones que defendió durante toda su vida.!!!

DEVANDAS es un apellido de ascendencia hindú que significa: “AL SERVICIO DE DIOS”

Mario Enrique Devandas Brenes (2 de octubre de 1946 – 25 de diciembre 2020)

(Un edificio emblemático de la CCSS debería llevar su nombre, así como alguna calle o avenida en Montes de Oca donde nació y vivió por años debería llevar su apellido).

Adalberto Fonseca Esquivel, historiador (UCR) ,4-108-496-móvil 83716251.

Artículo compartido con SURCOS por Adalberto Fonseca Esquivel.