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Etiqueta: lucha social

100 años de la jornada de 8 horas

Vladimir de la Cruz

La lucha por el establecimiento de la jornada de ocho horas de trabajo empezó en el siglo XIX. El movimiento obrero europeo, y luego el norteamericano, fueron los que llevaron en alto esta bandera.

Los movimientos políticos de los trabajadores, los socialistas, los anarquistas y los comunistas, principalmente, condujeron sus luchas. La Asociación Internacional de los Trabajadores, conocida como la I Internacional, tanto la Primera como la II Internacional, fundadas ambas por Carlos Marx, para darle unidad organizativa y de acción frente al capital, que operaba internacionalmente, estuvieron en el centro de estas luchas.

A finales del siglo XIX, como una reacción contra el crecimiento organizativo de las luchas de los trabajadores, y ante la aparición de partidos obreros más organizados, que los dirigían, la Iglesia Católica se sumó a las reivindicaciones sociales y obreras, tratando de quitarles las banderas sociales, a esos partidos, para atraer masas de trabajadores a sus filas, y separarlos de la influencia revolucionaria de esos partidos, al promulgar el Papa León XIII, su Encíclica Rerum Novarum, donde se pronunciaba a favor del derecho de huelga, del derecho de organización sindical y por justos salarios. En el caso costarricense, el Obispo Bernardo Augusto Thiel hizo suya esa Encíclica con su Carta Pastoral No. 30 pronunciándose en igual sentido, lo que provocó por parte del Gobierno del Presidente José Joaquín Rodríguez una airada protesta.

También reaccionó la Iglesia Católica frente a las grandes luchas obreras de los Estados Unidos, desde 1880 hasta 1886 y de Europa, a partir de 1890, cuando se produjeron las grandes huelgas en los Estados Unidos que culminaron, con la de 1886, en Chicago, después de varios meses de paralización de empresas e instituciones, con el reconocimiento y establecimiento de la jornada de 8 horas en los Estados Unidos, el 1 de mayo de 1886, que se generalizó a partir de ese momento como una lucha internacional.

En 1889, ante una nueva convocatoria del movimiento obrero norteamericano, para reanudar la lucha por las 8 horas, allí donde no se había obtenido en 1886, a partir del 1 de mayo de 1890, el Congreso Obrero Socialista, reunido en París, acordó sumarse a esas luchas, y declarar a partir de ese año, 1890, la celebración cada Primero de Mayo, como un Día Internacional de lucha por la Jornada de 8 horas.

Los sucesos de las Huelgas de Chicago fueron seguidas en Costa Rica por la prensa. que ya informaba, con pocos días de diferencia, de cómo evolucionaba y avanzaba esa lucha. Ya se habían tenido experiencias de luchas de trabajadores en el país, especialmente importantes con las protestas de trabajadores que laboraban en la construcción del Ferrocarril a Limón, chinos, negros y especialmente la huelga de los italianos. A mediados de la década de 1890-1900 también la huelga de los españoles.

Con el surgimiento de los partidos políticos en Costa Rica, en 1889, se dieron movimientos políticos que en esa década, 1890-1900, permitieron llevar al Congreso a diputados identificados con las luchas populares y obreras, a Félix Arcadio Montero, a Faustino Montes de Oca y al diputado Víctor Golcher.

En Costa Rica ya había nuevos niveles organizativos de los trabajadores, las Sociedades de Trabajadores, las Sociedades de Artesanos y las Sociedades de Obreros, que habían superado a las sociedades mutualistas, de socorros mutuos y de mutuo auxilio, por su carácter clasista, de solo obreros, solo artesanos o solo trabajadores.

Entre 1890 y 1910 la sociedad costarricense sufrió un cambio muy importante en su economía. Se desarrolló el urbanismo, especialmente en la ciudad de San José, en Heredia y Alajuela, se desarrolló la industria, la electricidad, aparecieron fábricas superando los talleres artesanales, lo que provocó, también, que las Sociedades de Trabajadores, las Sociedades de Artesanos y las Sociedades de Obreros, especialmente, desaparecieran dando lugar a las Ligas Obreras y Sindicatos, tal y como ahora existen.

A principios del Siglo XX se dieron una serie de luchas y de huelgas obreras y de trabajadores, que desarrollaron la necesidad de avanzar hacia niveles superiores de organización sindical haciendo surgir, a partir de 1905, la primera Federación de Trabajadores, y a partir de 1913 la constitución de la Confederación General de Trabajadores, como única organización nacional de este tipo, que duró hasta 1923, cuando le dieron apoyo político a Jorge Volio para desarrollar e impulsar su Partido Reformista.

La Confederación General de Trabajadores fue impulsada por el Centro de Estudios Sociales Germinal, en el que estaban Omar Dengo, Joaquín García Monge, José María Zeledón Brenes, Carmen Lyra y otros destacados caudillos culturales de esos años.

Ese año de 1913, bajo el impulso de la Confederación General de Trabajadores y del Centro de Estudios Sociales Germinal, se empezaron a organizar los desfiles anuales del Primero de Mayo, con el sentido histórico que lo habían hecho surgir, en 1886 y 1890, la lucha por la jornada de trabajo de 8 horas, y otras reivindicaciones obreras y laborales.

El movimiento sindical del país ya tenía contactos internacionales con otros movimientos sindicales, desde principios del siglo XX, con el movimiento obrero de Chile, dirigido por Luis Emilio Recabarren, con el español, de Pablo Iglesias, con el centroamericano, que trató de crear la Confederación Obrera de Centroamérica en 1911, con el latinoamericano, que conduce a crear la Confederación Obrera Panamericana, en 1919, en la que Joaquín García Monge representó al movimiento obrero costarricense, y el poeta y escritor nicaragüense Salomón de la Selva al movimiento obrero nicaragüense.

Las luchas populares contra la dictadura de Federico Tinoco, especialmente en 1919, y su caída, elevaron las luchas sociales y populares con mayor fuerza.

Acababa de triunfar la Revolución Rusa, en 1917, que estaba sacudiendo a toda Europa y el mundo. En Europa con movimientos populares revolucionarios, que intentaban sublevaciones similares, de carácter socialistas y comunistas. En Costa Rica el Dr. Aniceto Montero, que había estudiado en París y había establecido contacto estrecho con los bolcheviques, con la Revolución Rusa, conocedor y divulgador de la obra política de Lenin, y con la II Internacional, fundó, a modo de partido político, su Centro Socialista de Costa Rica.

Así, a principios de 1920, en enero, los trabajadores ebanistas y carpinteros, especialmente del sector público, empezaron a dar la lucha por obtener la jornada de trabajo de 8 horas diarias, también en el sector privado.

Una huelga preparada y desarrollada, en su etapa final, en la segunda quincena de enero, fue ejecutada el 1 de febrero y terminó, con éxito el 3 de febrero imponiendo el reconocimiento de la jornada de 8 horas. Tenían el Centro Socialista y el Centro Juventud Obrera, de San José como principales puntos de reunión.

A la demanda de 8 horas sumaron la pretensión de un aumento de salarios del 25%. La solidaridad con los huelguistas fue amplia, incluyendo de mujeres que dieron dinero para asegurar su sostenimiento.

El 2 de febrero el Gobierno reconoció la existencia de la Huelga, como “un derecho” que “el Gobierno ampara”, como “consecuencia de su respeto por las libertades individuales”, y que “garantizará la libertad de los obreros para ejercitar su derecho de huelga”. El Gobierno igualmente se pronunciaba señalando que los trabajadores en huelga debían respetar a los que no fueran a la huelga, y que de la misma manera protegería a los que se mantuvieran laborando.

El 4 de febrero se anunciaba públicamente el triunfo del movimiento huelguístico con el decreto del Gobierno de la jornada de trabajo de 8 horas, y un aumento de salarios del 20%, para los trabajadores del sector público, y de un 25% para peones y jornaleros del sector público. De esta manera, reconocía el Gobierno, “que correspondía a mejorar la situación de los obreros que están al servicio del Estado”.

Inmediatamente se desataron otros movimientos huelguísticos que se prolongaron durante los siguientes meses, en los distintos centros de trabajo del sector privado, donde además de la jornada de 8 horas exigían aumentos del 30% o más en sus salarios.

La lucha intensa durante el año impuso que el 9 de diciembre el Gobierno reconocía la jornada de trabajo de 8 horas, con aumentos de salarios que habían alcanzado hasta un 40% y reconocía el derecho de organización sindical y el de huelga.

Aún logrado este Derecho, el de la jornada de trabajo de 8 horas, cuando se fundó el Partido Comunista, en 1931, en su Programa, en su punto 5, se señala que se debe cumplir la jornada de 8 horas que patronos y empresas todavía no cumplían.

En las Garantías Sociales, introducidas a la Constitución Política de 1871, como resultado del Pacto de la Iglesia Católica, el Partido Republicano y el Partido Comunista, o Vanguardia Popular, en 1943, se estableció la jornada de 8 horas trabajo como jornada máxima a trabajar diariamente. También se estableció como Derecho Constitucional el de organizar sindicatos, de realizar huelgas y de negociar Convenciones Colectivas de Trabajo, todos Derechos que se establecieron de igual manera en el Capítulo de Garantías Sociales de la actual Constitución Política, en vigencia desde el 7 de noviembre de 1949.

Recuerdo, un día como hoy, esta conquista, la jornada máxima de 8 horas de trabajo, obtenida hace 100 años en Costa Rica, cuando en este Gobierno, y desde hace bastante tiempo vienen trabajando los intereses anti trabajadores y pro patronales, por romper este máximo de trabajo para imponer la jornada de 12 horas diarias, bajo la modalidad de la llamada jornada 4-3, de laborar 4 días de 12 horas cada uno con 3 de descanso.

Recuerdo, un día como hoy, esta conquista, asociada el reconocimiento de los trabajadores a organizarse sindicalmente, a desarrollar o hacer huelgas, y a firmar Negociaciones Colectivas de Trabajo para tratar de mejorar sus condiciones de trabajo, sus condiciones de seguridad e higiene ocupacional, sus salarios y condiciones de vida, en un momento en que se ha arreciado contra los derechos sociales de los trabajadores, en distintos flancos.

Recuerdo, también, como hace 100 años se veló por aumentar sustantivamente los salarios, para mejorar sus condiciones de vida y de trabajo. Hoy se tiende a reducir salarios, pensiones e ingresos de los trabajadores, deteriorando fuertemente esas condiciones de vida y de trabajo, y liquidando con ello a sectores sociales que han sido el pilar de la estabilidad social nacional, como son las llamadas clase medias, no solo asalariadas sino también productivas.

Si hoy son Derechos constitucionales, emitidos, y originados por el Poder Constituyente Originario, el que hace surgir una Constitución Política, en buena lógica jurídica no se pueden afectar negativamente por ninguna reforma legislativa.

El Poder Legislativo no está autorizado, ni facultado, para establecer por Ley alguna situación que menoscabe estos Derechos, los debilite, los disminuya, o que afecten la situación de los trabajadores y ciudadanos.

Soy de la opinión que tampoco la Sala Constitucional de la República puede, por interpretación de la Constitución, hacer cambios en este sentido, para los que expresamente no está facultada. Su tarea es defender y asegurar el pleno ejercicio de estos Derechos, como el de las Libertades públicas, consagradas en la Constitución Política.

A 100 años de haber sido establecida la Jornada de 8 horas de trabajo, como jornada máxima diaria, y de haber sido incorporada a la Constitución Política, por la Asamblea Nacional Constituyente, en 1949, más que nunca sigue vigente su lucha y su defensa.

Internacionalmente, con apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, países han venido reduciendo la jornada de trabajo a 7 y 6 horas diarias.

Educación para una patria justa

Claudio Monge Pereira

Aseguraba Martí, que tan detestable es un pueblo que subyuga a otro pueblo, como aquel que es esclavo de sí mismo. Por lo tanto, parafraseándolo, podemos asegurar que aquella Educación que no libera, esclaviza. Y esto, más que en discursos y ponencias, se vivencia en la práctica permanente de la construcción social y la lucha por establecer una sociedad justa y digna, en la que la palabra mercado deje de ser la razón del desarrollo; y por el contrario, se fomente la práctica de la solidaridad, la cooperación y el amor.

La educación es un acto ineludible de amor, y en ese acto estamos involucrados los estudiantes, la familia y los educadores. El estado no se escapa y no puede eludir este mandato social. Concebida así, la educación es un proceso integral, dentro del cual, el amor es la levadura que le permitirá crecer sin complejos a todos los Seres Humanos. Aquí, el amor es la clave o la llave que permite abrir las puertas, no sólo del conocimiento y del saber, sino también de la liberación mental y espiritual para construir la justicia económica y social indispensables para mancomunar una Sociedad Completa. Por medio de la participación política decente, la práctica de la solidaridad y la paz; la defensa a ultranza del Universo; fortalecemos la tolerancia y no la sumisión, el respeto hacia las diferencias y la colectivización de las soluciones a los problemas de las mayorías pobres de las sociedades modernas.

La educación, se ha dicho y se ha escrito, es un arma; pero debe acotarse que en manos de mediocres y de arribistas casuales, es un arma peligrosa. Por ello, es preferible reafirmar como lo señalaran insignes educadores y educadoras del calibre de Omar Dengo, Carmen Lyra, Luisa González, Talía Rojas, Carlos Monge Alfaro, Joaquín García Monge y Paulo Freire entre otros, que la educación es un instrumento. Y un instrumento nos recuerda una pala o una hoz, un pico o un rastrillo, un martillo o un serrucho, una llave francesa o una inglesa; una guitarra, un piano, un Altar o un Cáliz; o si quisiéramos, una lira, que es instrumento de los Ángeles.

Un instrumento se utiliza para construir, para crear o para recrear. La Educación es construcción y la construcción es eufórica, es decir, es alegre, dichosa, propositiva, creativa, entusiasta, proactiva, amable y amorosa. La amorosidad es la capacidad que logremos desarrollar para amarnos los unos a los otros, y la amabilidad es esa valiente decisión que asumimos para permitir que se nos ame y amar.

La Educación es un Poder, y el poder concebido y aplicado con justicia social y moral, es la esencia que debe alimentar a las educadoras y a los educadores. Este es el eje espiral a través del cual gira, desde la base hasta la cima, la consecución de una Patria dignamente pacífica y educadora; capaz de ofrecerle a la Humanidad Seres Humanos honrados, trabajadores, optimistas, pacíficos, justos, solidarios, de pensamiento crítico y eufóricos.

No existe Educación neutral, por ello no hay ni Escuelas ni aulas, ni educadores ni estudiantes neutrales. Lo anterior nos indica que tampoco el Magisterio pueda serlo, y estas aseveraciones nos conducen a reafirmar que la Pedagogía debe tomar partido, y hacerlo a favor de aquellas propuestas que la humanicen y la propongan como una guía para la formación de ciudadanos y ciudadanas constructores de espacios democráticos y libres en permanente perfección; preparados y dispuestos para promover y participar en las tareas de la transformación estructural de la Sociedad.

En esta concepción, el pedagogo es un poeta y un guerrero: un poeta porque crea y recrea, es decir, porque su trabajo y su entrega dignifican la Creación. Y un guerrero, porque lucha con valentía para que las utopías se transformen en realidades palpables; visibles y socializables: es un Guerrero – Poeta…un enamorado de la Creación, pero sobre todo, un enamorado incuestionable del Creador de todos los Seres y las cosas; es decir de la justicia. Ese Educador es un experto en su arduo recorrido por el DESIERTO.

Esto del desierto es una metáfora creada por el sacerdote y Educador suizo, Iván Illich. La mejor definición que yo conozco de metáfora es la que afirma que ella es una significación por ausencia. Y eso es precisamente lo que debemos enseñar a nuestros estudiantes: descubrir la maravillosa vida que existe detrás de todas las lacras que hemos creado por apartarnos del camino señalado por quien tanto nos ama con hechos reales.

Detrás de todo lo feo que nos rodea existe una alternativa: lo feo no podría saberse si no sabemos lo bello. El mundo fue construido con el más grande de todos los amores; no es un experimento para jugar, no es un divertimento  del gran Señor del Cielo Azul. Es su Obra maravillosa…es el PAN más tibio y nutritivo jamás concebido.

Iván Illich se refiere a las tentaciones que nos ofrecen los modelos ideológicos que han tratado de imponerse a nuestros pueblos a través de su Historia. Nos ofrecían aquella tentadora Babel del Este, en la cual, se decía, se construía la sociedad más justa y equitativa. No puede haber justicia opacando la dignidad personal del Ser Humano; aunque este tenga el pan material en abundancia. Un cuerpo no vale nada ni es nada sin Espíritu libre. Y también nos siguen ofreciendo un estilo de vida que infla a la gente con chatarra hasta que no pueda caminar, pero que lo enferma y le transforma su alma en una adiposidad más. Ese crisol de extremos asesina al Ser Humano: lo descalifica igualmente para alcanzar la felicidad. Hoy se nos ofrecen «Tratados» que no garantizan nuestro desarrollo como país. Al igual que miles de inmigrantes en el mundo, nuestros pueblos se empobrecen más al aceptar sus gobernantes incondicionalmente instrumentos internacionales que ignoran el nivel que hemos logrado como país; no obstante nuestros problemas. Se dice que hoy tenemos menos pobres en Costa Rica, pero los ricos son cada vez más ricos. Suena irónico porque es difícil comprender cómo hay menos pobres habiendo mayor concentración de la riqueza en menos familias; y siendo nuestro país uno de los más desiguales del Planeta.

Illich nos esclarece la significación por ausencia de su metáfora del Desierto: este es inhóspito y cruel, acaba fácilmente con las esperanzas y los sueños si no se le conoce bien y no se tiene un ideal que nos inspire y fortalezca. ¿Quién puede sobrevivir en él?, ¿Quién logra salir de él y erguirse libre y poderoso? Moisés lo logra: lo atraviesa tan sólo con un cayado y se vuelve a erguir libre y poderoso. Y no sólo eso. Regresa y conociendo sus adversidades lo recorre de nuevo como faro de su Pueblo. Entonces, el significado de la metáfora es, que sólo es capaz de liberar a los demás, aquel que ya fue liberado y es libre como el que más.

Entonces, siguiendo la lógica de esa metáfora, sólo libera a sus estudiantes aquel maestro que ya fue liberado y por lo tanto es libre: libre para crear y construir con su ejemplo y su conocimiento; libre para luchar por la justicia y no conformarse con dar la limosna al desvalido. Libre para para transmitir el entusiasmo que desata los sueños y las acciones de y por la justicia.

El educador liberador es un Poeta porque la Poesía es creación inspirada, y la Pedagogía, por su lado, es la herramienta útil para el conocimiento educativo y formativo. Y es además, un Guerrero, no porque deba ser un rebelde sin causa, sino porque debe hacerle la guerra a la mediocridad intelectual y espiritual; porque debe combatir la ignorancia y la superstición, y porque debe entregarse en la lucha contra las desigualdades que minimizan al Ser Humano, despojándolo de su imagen y semejanza con lo Perfecto y rebajándolo a la condición de miserable.

Ese educador debe forjarse y poseer algunas características:

1) Sensible ante las desigualdades
2) Enamorado de la Justicia Social
3) Amable con la Humanidad y con el Planeta
4) Disponible como un médico, un bombero o un fontanero; una Enfermera
5) Valeroso
6) Honesto hasta decir basta
7) Humilde
8 – Solidario
9) Definido por una opción política que luche por la Justicia Social
10) Vocero de los que no tienen voz
11) Atento y servicial
12) Soñador
13) Estudioso
14) Creativo
15) Asertivo y proactivo
16) Pedagogo: científico social
17) Generoso
18) Justo y equitativo
19) Pensador
20) Inconforme consigo mismo
21) Crítico
22) Andariego
23) Inclaudicable
24) Denunciante, y
25) Anunciante.

Esta caracterización no obedece a ningún orden específico. La propongo de la misma manera que se me inspiró, y probablemente reforzada por la praxis pedagógica que desarrollé durante más de 30 años de Amistad Pedagógica con mis estudiantes. Esa amistad me enseñó a no decirle jamás a quien aprende “alumno”, porque no existe absolutamente ninguna persona “sin luz”. Un alumno es aquel ser que no tiene luz; que está apagado, y semejante fenómeno lo logra , más bien, un sistema educativo vertical y enciclopédico…uno bancario que considera al estudiante una alcancía para embutirle certificados sin valor, hacer de él un ente pasivo: una tabula rasa.

Para construir una sociedad mejor, es decir, justa y bella, urgimos de una educación que invierta el axioma tradicional del educador como Rey Filósofo y del educando como Arcilla Maleable. Así, el educando será el Estudiante Filósofo y el Educador será el Molde Maleable. Aquel esquema rígido, hecho de yeso pedagógico, ese que sólo produce momias rígidas de pensamiento, será abolido y desterrado. El ser humano verá hermanos y solidaridad en su prójimo, y lo que haga lo hará en el nombre de Aquel que siéndolo todo, renunció a todo por AMOR; o de sus Principios más sagrados y nobles.

¿Acaso puede existir una Pedagogía que supere la que nos enseña a diario el Maestro de Maestros con su herencia de justicia, verdad y praxis? El resultado es, la Libertad Plena del Espíritu Creador y comprometido. De ahí vendrá una Patria con justicia y equidad en la cual los postulados enunciados en esta reflexión se practiquen.

San Isidro, Heredia
20 de noviembre 2020

Declaran como de vulnerabilidad social desalojo de Kono Jú en territorio Cabécar

SURCOS recibió el siguiente comunicado:

COMUNICADO PÚBLICO: MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DECLARÓ DE VULNERABILIDAD SOCIAL EL DESALOJO DE KONO JÚ, EN TERRITORIO CABÉCAR DE CHINA KICHÁ

Martes 24 de noviembre. Ante la amenaza de desalojo de Kono Jú, que fue ordenada en el voto N.288-F-2020 del Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José, los y las recuperadoras cabécares junto a la Asociación de Desarrollo Integral de China Kichá solicitaron la declaración de vulnerabilidad social al Ministerio de Seguridad Pública. Medida que podría significar una postergación del desalojo que es planteado como medida cautelar.

El 20 de noviembre del presente año, según la Resolución 19-2020-DVUE, Seguridad Pública declaró al desalojo de Kono Jú de vulnerabilidad social. Ello, en medida que se consideró que: “ la finca a desalojar cumple con los parámetros establecidos en el decreto ejecutivo N° 39277, al tener un alto nivel de conflictividad social, una condición socio-económica precaria, además de contar con la presencia de familias compuestas por personas menores de edad y adultos mayores, entre otros factores importantes a valorar”. A partir de ahora el trámite le corresponde a la Procuraduría General de la República, según el artículo 15 del Decreto Ejecutivo N° 39277-MP-MSP-JP-MIVAH-MDHIS de la Comisión de Atención Integral a los Desalojos (CAID).

Por otro lado, este mismo día los y las recuperadoras de Kono Jú y la Asociación de Desarrollo Integral de China Kichá solicitarán que a este terreno se le abra un proceso administrativo dentro del Instituto de Desarrollo Rural (INDER) que logre determinar sí Ángel Marín es o no poseedor de buena fé y sí debe ser indemnizado o no. Los y las recuperadoras y la ADI dan un plazo máximo de 3 meses para que este proceso administrativo sea resuelto en el INDER.

¡JUSTICIA PARA SERGIO ROJAS, JERHY RIVERA Y LOS
PUEBLOS ORIGINARIOS!

Recuperador@s Cabécares de Kono Ju de China Kichá.
Recuperador@s Cabécares de Sa Sekeirö Kaska de China Kicha.
Recuperadoras Cábecares de Sá Ka Duwé Senaglö.
Recuperador@s Cabécares de Yuwi Senaglö.
Recuperadoras/es Cábecares de Kelpego.
Asociación de Desarrollo Integral Indígena de China Kichá.
Coordinadora de Lucha Sur Sur.

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Amenazas de Desalojo contra China Kichá / foro

Recuperadores Cabécares de China Kichá y la Coordinadora de Lucha Sur Sur con el apoyo de otras organizaciones invitan al foro virtual: «Amenazas de Desalojo contra China Kichá».

La transmisión será el jueves 19 de noviembre a las 4:30 p.m. vía Facebook Live de Onda UNED: https://www.facebook.com/ondauned/ y en la página web de Onda UNED: www.ondauned.com

¡NO a los desalojos en China Kichá!
¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!

Publicación en Facebook:
https://www.facebook.com/111882987093775/posts/187002386248501/

“Una vaca importa más que un indio”

Por Osvaldo Durán Castro, Sociólogo/Profesor ITCR-FECON

“Yo no quiero que mi hijo escriba el mismo libro que yo escribo, yo quiero que mi hijo escriba otro cuento diferente, bonito y feliz”, dijo Roxana Figueroa Calderón del territorio Bribri Salitre, del clan Toriguak, ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Ella junto a Pablo Sivas Sivas, Vanesa Figueroa Calderón, Carlos Steven Vargas Figueroa y Lesner Figueroa Lázaro, volvieron a denunciar en sus exposiciones la negligencia, la inacción, el racismo y la complicidad del Estado y de toda la institucionalidad, con los autores y ejecutores de las más variadas agresiones contra los pueblos indígenas, incluidas las invasiones de sus territorios y los asesinatos siniestros de Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera Rivera; acribillados a quema ropa cuando estaban indefensos. Esa audiencia se realizó el martes 3 de noviembre de 2020, tras haber sido pospuesta por más de un año, y su objetivo fue dar seguimiento al Expediente 21.360 sobre el asesinato de Sergio Rojas Ortiz. A petición de los indígenas participamos en la audiencia quien escribe y la abogada Nathalia Ulloa Castillo de Forest People.

En la audiencia expusimos algunos elementos del contexto social histórico y actual de la violencia contra los pueblos indígenas y tareas o propuestas que la Asamblea Legislativa, y en particular la Comisión Permanente de Derechos Humanos, deberían realizar con otras instancias políticas, deliberativas y ejecutoras, que en nuestro criterio contribuirían a resolver efectivamente y con justicia, los problemas que le fueron impuestos a las poblaciones indígenas. Acá resumimos algunos de esos asuntos:

  1. Crear un registro de invasiones a territorios indígenas. Promover y realizar de inmediato en conjunto con otras entidades un estudio que permita actualizar los casos de invasiones por parte de no indígenas en cada uno de los territorios que pertenecen por ley a los pueblos originarios. Se trataría de establecer implicados no indígenas, extensiones y cambios realizados, fechas de inicio de esas invasiones, acciones realizadas y tareas pendientes que son responsabilidad de cualquier instancia e institución. Esa actualización debe hacerse respetando el hecho de que los conflictos deben resolverse de acuerdo con la Ley indígena, los Convenios internacionales firmados por Costa Rica y las resoluciones de organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El acatamiento de la legislación que asegura los territorios y protege a las poblaciones indígenas es prioritario ya que hasta ahora se ha pretendido, sin ningún resultado positivo y de manera ilegal, atender los problemas en esos territorios aplicando la legislación agraria ordinaria o cualquiera otra, como si se tratara de casos comunes. Ésa es una carencia fundamental: juzgar las agresiones a los pueblos indígenas sin aplicar las leyes especiales que existen para ellos. Por eso es que concluimos con Pablo Sivas, y lo dijimos en la Comisión, que para el Estado costarricense “una vaca importa más que un indio”, dado que el Estado no cumple las leyes indígenas, no acata las medidas cautelares que se le dictan y cuando debe resolver sobre la violencia, los asesinatos y las invasiones de tierras, da prioridad a los rumiantes de lo.as usurpadore.as para que permanezcan en las tierras que son por ley, e irrestrictamente, de los pueblos originarios. Esta es una combinación de racismo, injusticia y negligencia por parte de toda la institucionalidad, empezando por el sistema judicial y la policía, que operan en colusión contra la gente indígena.
  2. Juzgar con justicia el crimen de Sergio Rojas Ortiz. Presionar en todas las instancias políticas y judiciales para la reapertura inmediata y resolución definitiva del asesinato de Sergio Rojas Ortiz, perpetrado el 18 de marzo de 2019, pues la decisión del Ministerio Público de archivar el caso, confirma el trato racista y negligente contra la gente indígena desconociendo la Ley indígena y los Convenios internacionales, y de manera específica las resoluciones y medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vigentes desde 2015. Para los pueblos indígenas la muerte de Sergio y las agresiones permanentes, son una misma cadena de actos racistas en su contra. Roxana Figueroa Calderón lo resumió diciendo que “cuando queman nuestros ranchos humildes no es una quema simplemente de ranchos, es una quema de cultura, de vivencia, de historia, de compartimiento. Yo no veo por qué, sí los diputados dijeron en su momento que el territorio de Salitre era para los de Salitre y así sucesivamente cada uno de nuestros territorios iban a ser de sus habitantes, yo no lo creo porque yo tengo exponer mi vida para vivir en la tierra que es de nosotros”.
  3. Juzgar con justicia el crimen de Jerhy Rivera Rivera. Incidir en lo que corresponde en el sistema judicial para acelerar la resolución del asesinato de Jerhy Rivera Rivera ocurrido el 24 de febrero de 2020, pues tanto en este caso como en el de Sergio Rojas Ortiz se debe impedir la impunidad. Sobre la responsabilidad del Estado en ambos asesinatos, Lesner Figueroa Lázaro fue directo al señalar que “No hay duda que el asesinato del hermano Sergio es culpa del Estado, porque si hubiera llevado a cabo el saneamiento territorial con la ley que se promulgó en 1977, hace más de cuarenta años, el asesinato se hubiera evitado sí el Estado hubiera devuelto nuestras tierras. Igual el asesinato del hermano Jerhy Rivera se hubiera evitado sí el Estado lo hubiera hecho. Entre más antes lo hubiera hecho menos problemas hubiéramos tenido. Como dicen ellos ahora, ponen excusas de que hay un problema estructural, claro, pero un problema estructural también culpa de ellos mismos, no es culpa de nosotros”.
  4. Detener desalojos de indígenas de sus tierras. Interponer todos los recursos y esfuerzos posibles para detener de inmediato todos los procesos y acciones de desalojos de las personas indígenas de su propio territorio, como los de Kono Jú y Yuwi Senaglö, ambos en China Kichá, dado que se juzgan, como dijimos, con base en la legislación agraria ordinaria y no con base en la Ley indígena y los Convenios internacionales. Igualmente se debería exigir que cese cualquier proceso judicial, como las inspecciones dentro de otras recuperaciones como Crun Shurín, que responden a los intereses directos de las y los usurpadores, quienes cuentan con el acompañamiento de funcionarios judiciales y policiales, lo cual ha sido reiteradamente denunciado por la gente indígena.
  5. Exigir cuentas y sacar al juez Jean Carlo Céspedes. Pedir rendición de cuentas por las actuaciones del personal del Ministerio de Seguridad Pública y del Sistema Judicial dado que, como ha quedado demostrado, no tienen capacidades técnicas, voluntad, ni actitud humanística, para atender las usurpaciones en los territorios indígenas. En paralelo y como parte de esta urgencia, es indispensable exigir la sustitución inmediata del juez Jean Carlo Céspedes porque todas sus actuaciones atentan contra los pueblos originarios e irrespetan la Ley indígena y los Convenios internacionales. Además, este empleado judicial ya fue recusado en instancias judiciales y tiene ligámenes familiares con usurpadores de tierras indígenas. os indígenas lo han expuesto en muchísimas ocasiones, y repitieron en la Asamblea Legislativa por medio de Lesner Figueroa Lázaro y Pablo Sibas, que “hay muchos finqueros con muchos recursos en los territorios y hay que decirlo así: estas personas son amigos de diputados, son amigos de ministros, son amigos de jueces, o sea, dicen que el juez tiene una independencia absoluta, pero diay, el juez que dicta resoluciones en el agrario es el yerno de uno de los terratenientes (usurpadores) de los territorios”.
  6. Cumplir medidas cautelares internacionales. Exigir la protección efectiva de las personas indígenas de acuerdo con lo dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Medida cautelar 321-12-2015, del 30 abril 2015, cuyo objetivo es “garantizar la vida e integridad personal de los miembros del pueblo indígena Teribe de Térraba y Bribri de Salitre”. En esa misma Medida cautelar, como se reiteró en el comunicado “Estado costarricense asesinó a Sergio Rojas Ortiz. Bicentenario está manchado de sangre”, firmado por 183 organizaciones de América y Europa el día del asesinato de Sergio, la Comisión insistió en “la gravedad de la situación, la urgencia de la situación y el daño irreparable” que ya era previsible. Otro aviso no atendido por el Estado fue el informe de la Décimo cuarta misión del Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena, ODHAIN, del 28 de diciembre del 2016, en el que se acusó que “el Gobierno de Costa Rica no ha dado muestra de soluciones efectivas, ni demostrado ninguna voluntad política por resolver estos problemas”, refiriendo a la implementación de medidas cautelares a favor de los pueblos indígenas. Las mismas medidas de protección dispuestas para Sergio Rojas Ortiz, aplicaban para Jerhy Rivera Rivera y siguen vigentes para los pueblos indígenas en general.
  7. Exigir al Gobierno mediación internacional especializada. La Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, daría una importante ayuda si insistiera vehementemente ante el Gobierno de la República para que éste solicite, de inmediato, mediación internacional especializada, dado que hasta ahora los resultados de las acciones realizadas por el Poder Ejecutivo, no han culminado en respuestas efectivas y no han impedido irreparables y trágicos desenlaces como los asesinatos de Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera Rivera. Esta acción, en conjunto con las otras planteadas, resultan indispensables para asegurar la integridad y la vida de todas las personas indígenas amenazadas de muchas maneras, incluidas las reiteradas intimidaciones y desafíos de muerte.

En la audiencia se le explicó a los y las diputadas que los problemas generados por las invasiones a territorios de los pueblos indígenas no son responsabilidad exclusiva de la actual ni de la anterior Administración gubernamental, si no que responden a un ejercicio del poder racista y colonial desde hace siglos, en el que se inscriben los asesinatos de Sergio Rojas Ortiz, Jerhy Rivera Rivera y también de Antonio Saldaña y Pablu Presberu. Esa violencia es responsabilidad de toda la institucionalidad costarricense, incluida la Asamblea Legislativa, donde también se registran actos vergonzosos e indignantes como el del fatídico del 10 de agosto de 2010 cuando en la madrugada, 50 antimotines de la Fuerza Pública sacaron del Salón de Beneméritos de la Patria, a empujones, a rastras y con golpes, a los y las 21 indígenas que pedían votar el proyecto de Ley de Autonomía de los Pueblos Originarios de Costa Rica. Si la Asamblea Legislativa no hubiese fallado, hoy tendríamos esa ley vigente y es por eso que como muestra de dignificación de los pueblos indígenas ese proyecto debería retomarse y aprobarse para darle seguridad a la población indígena.

Acciones claras, directas y contundentes de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y de la Asamblea Legislativa en general, podrían impedir nuevos asesinatos, ya que la violencia contra los pueblos y personas indígenas ha bajado de intensidad desde el asesinato de Sergio Rojas Ortiz, porque las recuperaciones están detenidas. No obstante las amenazas son permanentes e incluyen agresiones verbales, quema de fincas, cultivos y casas, amenazas con machetes y otras herramientas/armas, armas de fuego, despliegues de grupos de matones, inacción de las autoridades policiales y actuaciones abiertamente en favor y protección de los finqueros usurpadores, sus empleados y personas violentas que ejercen presión de todo tipo contra la gente indígenas.

Según estaba previsto, planteamos a la Comisión Permanente la necesidad de que se desplace, y de ser posible que sesione en los territorios indígenas. En esa misma sesión del martes 3 de noviembre de 2020, se aprobó una moción de la diputada Nydia Céspedes y el diputado José María Villalta-Flores Estrada “Para que esta Comisión acuerde sesionar en los territorios indígenas en fecha a definir en la próxima sesión” (10 de noviembre). De realizarse esa actividad, sería una oportunidad muy valiosa para que los y las integrantes del foro legislativo dialoguen con personas de las comunidades indígenas in situ y tengan una idea cercana de la zozobra y amenazas bajo las cuales viven. En palabras de Vanessa Figueroa Calderón las amenazas mantienen en permanente sigilo y miedo a la gente de todas las edades: “mis hijos me dicen mami ya no siga en esto, porque le va a pasar las de Sergio, pero ellos no saben que si uno no lucha -como estamos luchando- el día de mañana esas tierras van a ser puestas en bandeja de plata a los no indígenas, porque hasta este momento hemos visto eso”. Pero también, si la Comisión realizara inspecciones en los territorios recuperados, podría confirmar los avances para vivir bien que los indígenas han logrado en muy poco tiempo. Como dijo Pablo Sivas Sivas, “a mí me gustaría que ustedes visiten las recuperaciones para que vean la vida que hay. En esas nuevas recuperaciones que hemos hecho hay vida, hay esperanza y hay seguridad alimentaria. Yo creo que desde ahí nosotros tenemos que trabajar y tenemos que esforzarnos para que este proceso siga”.

Las recuperaciones que son medios de hecho, pero con bases legales clarísimas que la institucionalidad no respeta ni aplica, van a seguir tarde o temprano, y si la violencia provoca más muertes, esa responsabilidad se cargará directamente al Estado costarricense. Hay mucha gente indígena con mente muy calibrada y pacífica, pero hay también muchísima gente que esta agobiada de soportar todo tipo de vejaciones, insultos, ultrajes contra sus hijos e hijas, madres y familiares, y contra sus propiedades. “¿Qué pasaría si un sikua/blanco muriera? ¿Harían lo mismo el Gobierno y los tribunales y archivarían el caso, como con Sergio?”, se pregunta la gente indígena. Ya hay decisiones tomadas e irrenunciables y así lo dijo Lesner Figueroa Lázaro en la Asamblea Legislativa: “me parece que se puede evitar nuevas muertes, porque así como la está viendo, ella (Vanessa Figueroa) está amenazada de muerte, yo también, el compañero también (Pablo Sivas y Carlos Steven Vargas) y si me tienen que matar me matan, a mí eso no me importa, pero callarme no me voy a callar, yo voy a seguir recuperando mis tierras, voy a seguir luchando y vamos a seguir adelante”.

Los conflictos que enfrentan los pueblos indígenas requieren soluciones urgentes, definitivas, efectivas y sobre todo justas y en medio de tanta incertidumbre las oportunidades para que el niño del clan Toriguak, hijo de Roxana Figueroa Calderón, pueda escribir “otro cuento diferente, bonito y feliz”, dependen de si el Estado costarricense y la sociedad en general, asumimos las condiciones de convivencia que nunca hemos asumido.

Enviado a SURCOS por el autor, publicado además en el Semanario Universidad.

SÍ a la vida, NO a la mina

Organizaciones y personas ecologistas convocaron a una jornada de lucha contra la minería a cielo abierto. Se realizó este miércoles 18 de noviembre en la Plaza de la Democracia desde el mediodía.

Compartimos algunas fotos compartidas con SURCOS por Édison Valverde Araya.

Policía detiene campesinos de asentamiento La Cruz

SURCOS recibió el siguiente comunicado:

«FUERZA PÚBLICA DETIENE CAMPESINOS DE ASENTAMIENTO LA CRUZ.

Fuerza Pública detiene al menos 7 compañeros y compañeras del Asentamiento La Cruz.

Desde la Alianza Campesina denunciamos que este lunes 16 de noviembre en horas de la tarde varios oficiales de la Fuerza Publica se presentaron al asentamiento campesino La Cruz en Monte Alegre de Los Chiles y detuvieron al menos 7 personas.

La Fuerza Pública no llevó ningún tipo de notificación para las personas detenidas, y pese a que nuestros compañeros mostraron una orden de la Sala Constitucional que manda a la Delegación Policial de Los Chiles a no realizar desalojos, procedieron con las detenciones.

La agresión se da pese a que las familias hacen todo el esfuerzo para que el asentamiento logre entrar como un proyecto del INDER, incluso el miércoles 11 de noviembre anterior el Banco Nacional contesto una carta a las familias en dónde se indica que «la Administración procederá con las diligencias necesarias ante el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) para que éste manifieste su interés en adquirir el inmueble correspondiente».

Desde la Alianza Campesina exigimos la liberación inmediata de nuestros compañeros y compañeras detenidos injustamente, nosotros solo luchamos para vivir y trabajar no delincuentes.

Hacemos un llamado urgente al todo el movimiento social para que nos ayuden a replicar está denuncia y a exigir al Banco Nacional y a la Fuerza Pública le cese inmediato de la represión contra nuestras familias .

Lo último que sabemos es que nuestros compañeros están en el Hospital de Los Chiles según parece para que les hagan pruebas de COVID-19″.

Carta Abierta al Estado de Costa Rica sobre desalojos y vulnerabilidad de los Pueblos Originarios: el caso del Territorio Cabécar de China Kichá

Viernes 13 de noviembre 2020

Las organizaciones, instituciones y personas que suscribimos esta Carta Abierta dirigida al Estado de Costa Rica nos referimos a las órdenes de desalojo judicial que existen contra el Pueblo Cabécar de China Kichá y el aumento de la vulnerabilidad que dichos desalojos suponen para este Pueblo.

A saber, existen dos amenazas de desalojo judicial en el Territorio Cabécar de China Kichá. El primero corresponde al de Kono Jú: en el voto N.288-F-2020 del Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José se ordenó el desalojo de las y los recuperadores Cabécar de la recuperación realizada en mayo del 2019 y nombrada como Kono Jú[1]. Tras una serie de acciones judiciales, políticas y mediáticas, el 25 de septiembre el Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires suspendió temporalmente el desalojo de Kono Jú.

El segundo corresponde a Yuwi Senaglö, tierra-territorio recuperada desde el 28 de septiembre del presente año. Hasta esa fecha estaba ocupada ilegalmente por Miguel Vargas Mata (quien todavía se encuentra atrincherado en la casa dentro de Yuwi). La Resolución N. 48-2020 del Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires (Materia Agraria) del 13 de octubre de 2020 ordenó el desalojo de las familias Cabécar recuperadoras.

Sobre ambos procesos, solicitamos al Estado de Costa Rica considerar cuatro cuestiones fundamentales:

  1. Se está aplicando el derecho Civil y Agrario, más no el Derecho y Legislación Indígena. Según los Principios Generales del Derecho, la norma especial prevalece sobre la general. En Costa Rica además existe suficiente normativa de carácter internacional como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificado desde 1993 y la Ley Indígena (Ley 6172 de 1977) que expresamente regulan los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios. Se debe entender que estos Territorios y estos Pueblos se encuentran protegidos por una legislación y derechos especiales y como consta en ambos expedientes según información oficial del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), los terrenos recuperados se encuentran dentro del Territorio Cabécar de China Kichá.
  2. En el contexto de la Pandemia del Covid 19, una medida cautelar como el Desalojo Judicial o Administrativo aumenta la vulnerabilidad en la que se encuentran estos Pueblos. Sobre esta situación varias instancias nacionales e internacionales emitieron diversos informes y normativas que recomiendan que los desalojos contra Pueblos Originarios no se lleven a cabo.

Entre ellos, se rescata el Comunicado Público del Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Vivienda: Balakrishnan Rajagopal, del 18 de agosto de 2020, en el que expresa: “(…) El derecho a la vivienda es fundamental en cualquier respuesta a la pandemia (…) Perder el hogar durante esta pandemia podría significar perder la vida” (…) “los derechos a la vida y a una vivienda adecuada están intrínsecamente vinculados”.

Balakrishnan Rajagopal, en ese mismo comunicado, menciona: “Hago un llamado a todos los Estados para que cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos y garanticen que nadie quede en una posición de mayor vulnerabilidad a la COVID-19”[2].

III. La CIRCULAR No. 227-2020 de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica que establece “El Consejo Superior del Poder Judicial en sesión N° 95-2020, celebrada el 6 de octubre de 2020, artículo XLIX, acordó comunicar a todos los despachos judiciales del país que tramitan procesos judiciales donde se disponen puestas en posesión y desalojos en los que intervengan personas en situación de vulnerabilidad, y con fundamento en la normativa nacional e internacional de derechos humanos -de carácter supraconstitucional conforme a la jurisprudencia reiterada de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia…se insta a las personas servidoras judiciales vinculadas con la tramitación y ejecución de desalojos y puestas en posesión para que, a fin de garantizar el acceso a la justicia, en especial de las personas en situación de vulnerabilidad, cumplan con lo siguiente:

  1. Garantizar el acceso a la justicia a la población indígena tomando en consideración sus condiciones étnicas, socioeconómicas y culturales, aplicando el Derecho Indígena -siempre y cuando no transgreda los derechos humanos- así como sus costumbres y cosmovisión, conforme a la normativa nacional e internacional, en especial, el artículo 1 de la Constitución Política, que declara a Costa Rica como una República multiétnica y pluricultural. De ser necesario podrá requerirse un peritaje antropológico, para garantizar, proteger y tutelar los derechos humanos de los pueblos indígenas, conforme lo dispone la Ley de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas de Costa Rica.
  2. Respetar la importancia de que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, en resguardo del derecho colectivo y comunitario de esa relación. La utilización del término «tierras» debe incluir el concepto de territorios, que cubre “la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera”. Además, tomar medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades”[3].
  3. La Asociación de Desarrollo Integral Indígena de China Kichá y las familias Cabécar residentes de Kono Jú, presentaron desde el 22 de septiembre del 2020 la Solicitud de Declaración de Vulnerabilidad Social del Desalojo en Kono Jú de China Kichá ante Eduardo Solano, Viceministro de Seguridad Pública; solicitud que todavía no ha sido respondida por dicha instancia.

Esta solicitud se basa en el Decreto Ejecutivo N° 39277-MP-MSP-JP-MIVAH-MDHIS. Donde se determina la Creación de la Comisión de Atención Integral a los Desalojos (CAID) y el Procedimiento especial para la atención de desalojos considerados como de vulnerabilidad social. El artículo 15 de dicho Decreto establece:

“El Ministerio de Seguridad Pública o la CAID podrán considerar un desalojo, en trámite judicial, como de vulnerabilidad social. En ese caso, por medio de la Procuraduría General de la República, se impulsarán las gestiones necesarias para solicitar al despacho judicial que, en sentencia, se considere un tiempo prudencial para ejecutar el desalojo a partir de una atención integral y respetuosa de los Derechos Humanos”.

Ante ello, las organizaciones e instituciones que suscribimos, solicitamos vehementemente al Estado de Costa Rica que:

  1. Se garanticen y respeten los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios.
  2. Se priorice la aplicación del Derecho y Legislación Indígena sobre el derecho Civil o Agrario, según lo estipulan los Principios Generales del Derecho, en el sentido que la norma especial prevalece sobre la general.
  3. Se detengan los desalojos en el Territorio Cabécar de China Kichá, en el tanto un desalojo como medida cautelar anticipada genera indefensión a los Pueblos Originarios y violenta su derecho fundamental, colectivo y comunitario a la tierra y en el contexto de la pandemia del Covid-19 el desalojo aumentaría la vulnerabilidad de este Pueblo.
  4. El Ministerio de Seguridad Pública resuelva la Solicitud de Declaratoria de Vulnerabilidad Social del Desalojo de Kono Jú y se inicie el proceso de Declaratoria de Vulnerabilidad Social del Desalojo de Yuwi Senaglö, en consonancia con el Decreto Ejecutivo N° 39277-MP-MSP-JP-MIVAH-MDHIS.
  5. La suspensión de los desalojos ordenados hasta tanto el Ministerio de Seguridad resuelva la solicitud de Declaratoria de Vulnerabilidad de ambos desalojos.
  6. En el caso de Kono Jú, habiendo transcurrido un lapso de tiempo razonablemente largo desde la fecha de recuperación del terreno y considerando que no existe más prueba que conocer, se proceda ya con la resolución de fondo de ese litigio.

Organizaciones, instituciones y personas firmantes:

Brigada para Leer en Libertad AC, México
Cultural Survival
Mujeres y la Sexta, México
Centro de Intercambio y Referencia Iniciativa Comunitaria CIERIC, Cuba
Servicios para una Educación Alternativa AC EDUCA, México
Comité Cerezo; México
Festivales Solidarios, Guatemala
Red Latinoamericana Somos Un Abya Yala
Recuperadoras/es Cabecar de Kono Ju de China Kichá
Recuperadoras/es Cabecar de Yuwi Senaglö de China Kichá
Recuperadoras/es Cabecar de Sekeirö Kaska de China Kichá
Recuperadoras Cabecar de Sá Ka Duwé Senaglö. De China Kichá
Recuperadoras/es Cabecar de Kerpego. De China Kichá
Asociación de Desarrollo Integral Indígena de China Kichá
Concejo Ditsö Iríria Ajkönuk Wakpa de Salitre
Concejo Indígena Regional Pacífico Sur de Yimba Cajc
Concejo de Mayores Iríria Jtechö Wakpa de Cabagra
Recuperadoras/es Brörán de Crun Shurin
Recuperadoras/es Brörán de Finca San Andrés
Organización Autónoma Gwrvechi Kare del Territorio Ngäbe de Conte Burica
Asociación de Productores de Finca 10
Comité de lucha por la Tierra de Finca Changuina
Cootraosa
Comité de Lucha por la tierra de kilómetro 37 de Golfito y Corredores
Asociación para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos (ADUSP)
Comité de Lucha por la Tierra de Finca Venecia
SOJUPANO de Palmar de Osa
Tierra para el Campesino de Finca Puntarenas (TIPAELCA)
SERBUSUR de Finca Puntarenas
Asociación Voces Nuestras
Ditsö.
Coordinadora de Lucha Sur Sur
Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CiCDE) Universidad Estatal a Distancia (UNED)
Estudios Avanzados UCR (UCREA)
Red Indígena de Gestores Locales del Pacífico Sur
Alaklä sulú täkili wömi, La fortaleza de la mujer maíz por siempre, Alto Chirripó
Red Pluricultural de Gestores Locales del Caribe
Centro de Orientación Indígena de Sixaola
Asociación de Trabajadores Ngöbes de Sixaola, ATIGUSI
Consejo de Mayores Broran Térraba
Mujeres Mano de Tigre Orcuo Dbön de Térraba
Mujeres en Acción, Costa Rica
Lunayena Títeres
Colectiva por el Derecho a Decidir, Costa Rica
Comité Ejecutivo, Partido Revolucionario de las y los Trabajadores (PRT), Costa Rica
Humanismo Secular de Costa Rica
Colectivo de Geografía Crítica 24 de abril
Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria, UCR
Movimiento Ríos Vivos, Costa Rica
Movimiento Cultura Viva Comunitaria Costa Rica
Hablemos de Derechos Humanos
Colectiva Caminando
Colectiva Radio Andante
CEFEMINA
Radio Machete
La Cadejos, Comunicación Feminista
Frente de Resistencia Animal y de Tierra, FRAT
Asociación de Estudiantes de Antropología Social y Arqueología, UCR
TardeArte Revista Cultural
Red del Buen Vivir Región Brunca
Asambleas Patrióticas Populares
Movimiento Alternativas de Izquierda (MAIZ)
Gustavo Oreamuno Vignet, cédula 1 835 921
Ana Elena Obando, cédula 1 651 024
Mariel Rojas Gómez, cédula 1 1051 0809
Guadalupe Urbina Juárez, cédula 5 0183 0490
Natalia Silva Maffio, cédula 4 0192 0714
Carol Moreira Campos, cédula 1 1178 0654
María Elena Moreira Campos, cédula 1 0525 0022
Adriana Sánchez Sánchez, cédula 1 1040 0980
Marisela Navarro Brenes, cédula 1 1163 0622
Geoffrey González Jiménez, cédula 401660158
Judith Navarro Brenes, cédula 3 0200 1324
Evelia Navarro Brenes, cédula 3 0144 701
Karol Montero Rony, cédula 1 1108 0959
Nery Chaves García, cédula 1 1482 062
Paula Pinto, 1 2490000-0327 Francia
Jaime Arturo Rojas Brenes, cédula 4 0162 0345
Jackeline Corrales Mora, cédula 1 1096 0142
Osvaldo Muñoz Fores, cédula 1 1698 0742
Soledad Díaz Pasten, cédula 1 15200 006105
Juan Carlos Gutiérrez Camacho, cédula 1 724001 39828
Reiner Retana Solano, cédula 1 1086 0040,
Roxana Gómez Zúñiga, cédula 1 06460922
Larraitz Lexartza Arza, cédula 8 0124 0792
Olman Bolaños Vargas, cédula 2 0420 0917
Lorna Mariana Li Gutiérrez, cédula 1 1594 0566
Jorge Segura Ramirez, cédula 1 0464 0390
Pamela Campos Chavarría, cedula 1 1345 0315
Ricardo Araya Rojas, cédula 1 0529 0917
Luis A Monge Arrieta, cédula 1 0618 0825
María Pérez Porras, cedula 1 0457 0132
Juan Francisco Valerio Delgado, cédula 4 0184 0769
Vianey Mora Vega, Cédula 1 1 448 0728
Dayana Ureña Solís, cédula 2 0590 0549
Ana Lorena Camacho De la O, cédula 4 0137 0280
Ronny Valverde Chinchilla, cédula 1 0914 0538

Notas:

[1]De esta forma, el Tribunal acogió una medida cautelar solicitada por Hacienda La China R y L S.A -propiedad de Ángel Marín Espinoza- en un proceso ordinario agrario que se conoce en el Juzgado Civil, de Trabajo y de Familia de Buenos Aires (Materia Agraria).

[2] Ver: https://hic-al.org/2020/09/04/experto-de-la-onu-insta-a-prohibir-los-desalojos-durante-la-pandemia-de-covid-19 y https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26170&LangID=E

[3] Esto de acuerdo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).