El presidente del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), Gilberth Díaz, expresó su agradecimiento al Magisterio Nacional por su apoyo y disposición en la lucha que condujo al gobierno de Costa Rica a saldar una deuda relacionada con el ajuste por costo de vida, abarcando el período del 2020 al 2023. Gilberth Díaz describió el proceso como resultado de una intensa negociación y esfuerzos, incluyendo manifestaciones y reuniones de negociación, como la que tuvo lugar el pasado lunes primero de abril.
El presidente del SEC resaltó que los depósitos correspondientes a esta deuda están siendo realizados. Adicionalmente, enfatizó la importancia del papel que tuvo el diálogo en las negociaciones, así como la disposición del magisterio para recurrir a medidas de presión en defensa de sus derechos laborales y salariales. El SEC asegura que este logro representa un reconocimiento justo a los ajustes salariales no percibidos durante cuatro años, los cuales han afectado la estabilidad económica de las familias del magisterio.
Finalizó su mensaje haciendo un llamado a la unidad y vigilancia continua para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en acuerdos firmados, y reconociendo el despertar del magisterio y su demostración de espíritu de lucha en la defensa de sus derechos.
En nombre del Consejo Nacional de Representantes, del Directorio Ejecutivo Nacional, de las estructuras zonales y de los representantes institucionales del SEC, Díaz expresó su saludo, felicitaciones y agradecimiento por el logro alcanzado: el pago de la deuda del costo de vida.
Le invitamos a ver el video completo en esta nota.
Queremos enviar un saludo al Magisterio Nacional, que hoy nuevamente salió a las calles a reclamar un derecho laboral básico, como recibir el pago acordado por el pago que se realiza.
Un saludo en este caso al Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), que hoy dio la campanada en las calles, indicando que magisterio no está dispuesto a seguir con el engaño que el Ministerio de Hacienda ejerce, al no pagar lo adeudado por inflación desde hace tantos años y también por el no pago de los recargos, que para muchos docentes y muchas docentes significa prácticamente la mitad de sus salarios, saludamos que haya tomado la iniciativa, porque no podemos seguir con un ministerio de hacienda que incumple constantemente con sus responsabilidades y hacemos un llamado al magisterio nacional, a todas sus organizaciones, a sumarse a esta justa lucha.
‘’Hacia un pacto nacional por la educación pública en Costa Rica’’
• Organizaciones en todo el país, convocan a una gran marcha pacífica para solicitar un “Pacto por la Educación Pública” y la defensa del presupuesto por constitución, para la sostenibilidad del sistema educativo en Costa Rica.
• La marcha será el próximo martes 20 de junio a las 9:00 am, saliendo del Parque de la Merced.
• Convocatoria conjunta del Movimiento Estudiantil, Universidades Públicas mediante el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), las organizaciones del Magisterio Nacional y la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productiva.
Ante la peor crisis educativa en los últimos 40 años y la ausencia de una hoja de ruta para resolverla, las organizaciones firmantes y presentes nos unimos para convocar a una gran marcha en defensa de la educación pública, como pilar fundamental de nuestro Estado Social de Derecho, a realizarse el martes 20 de junio a las 9:00 am, saliendo de la Iglesia de la Merced con rumbo a la Plaza de la Democracia.
El objetivo es realizar un vehemente llamado democrático para construir un Pacto por la Educación Pública, mismo nos permita salir de la actual crisis educativa, así como una misiva ante el Poder Ejecutivo y Legislativo, sobre la no aceptación de recortes presupuestarios para la sostenibilidad de la educación pública, por el contrario, la búsqueda del fortalecimiento de esta.
Para evitar generaciones completas afectadas, como sucedió en la década de 1980, es necesario que los diferentes sectores del país unamos esfuerzos para visibilizar la grave situación que atraviesa el país. La actual crisis educativa es histórica y multicausal, pero sus detonantes inmediatos pueden rastrearse en diversos eventos y omisiones a lo largo de al menos los últimos 13 años, pero siempre desde rezagos estructurales.
En síntesis; la crisis educativa se puede dividir en los siguientes ejes de afectación: crisis educativa y pedagógica, la crisis presupuestaria y de prioridad en política educativa, todas entrelazadas generando mayores retos que comprometen el futuro de las familias en este país y sus propias comunidades.
Nos encontramos ante escenarios país y educativos realmente alarmantes, encontramos serias limitaciones en el acceso a transporte, alimentación y una infraestructura adecuada en el sistema educativo público, lo anterior solo la punta del iceberg de la crisis, pues imposibilita a familias completas en el acceso a la movilidad social mediante la alfabetización primaria, secundaria y técnica, así como educación superior. Hoy se enfrentan negociones presupuestarias, que no garantizan crecimiento y fortalecimiento del sistema educativo, así como una clara violación constitucional del 8% del PIB para educación pública que debe garantizarse su distribución ética en TODOS LOS NIVELES. Por tanto, no será de recibo que justifiquen los recortes, para trasladar a otros programas educativos, cuando todos deberían estar garantizados con el presupuesto que le corresponde por constitución.
No es casualidad, que veamos con preocupación las afectaciones directas que empiezan a sufrir los pilares de lo que conocemos como el Estado Social de Derecho, desde las afectaciones al sistema de salud como la CCSS y su autonomía, el rechazo hacia una política de estado por la seguridad y soberanía alimentaria, la amenaza de las garantías laborales y derechos humanos mediante el proyecto de ley ‘’4×3 Jornadas flexibles’’, amenazas al régimen de pensiones del Magisterio Nacional, el terrible recorte de un 8% del presupuesto que le corresponde al Ministerio de Cultura y Juventud, frente a la paradoja de un sistema de seguridad debilitado sin enfoque multisectorial y comunitario, con recursos limitados y con afectaciones graves en las garantías laborales del personal de seguridad en todo el país.
No obstante, desde la aplicación de la regla fiscal, han dejado secuestradas las funciones fundamentales de las instituciones públicas en el país, limitando su presupuesto y agravando a sectores que son motores de la economía en el país, o afectaciones a personas en riesgo social. Hasta ahora, la receta del Poder Ejecutivo, en este contexto país, ha sido el recorte presupuestario, la violación a la libertad de prensa e irrespeto a la institucionalidad, la Constitución Política y los Poderes Democráticos de la República en el país, generando un efecto adverso en las garantías sociales y laborales de las personas trabajadoras y habitantes del país, como parte de una estrategia clara en el debilitamiento del Estado Social de Derecho.
Por todo lo anterior, es urgente la generación de soluciones ante los múltiples retos de la educación pública, si buscamos sostener los pilares de la democracia y el Estado Social de Derecho, entre los que destacan: desigualdad educativa, formación docente, innovación pedagógica, inversión en educación, brecha tecnológica, evaluación de los aprendizajes, infraestructura educativa, fortalecimiento de la educación técnica, participación comunitaria y multisectorial, articulación entre los niveles del sistema educativo, entre otros.
Debemos garantizar una educación inclusiva, creativa, innovadora y crítica. Una educación que genere mayor movilidad social y reduzca las desigualdades estructurales en el mediano y largo plazo. Una educación que sea un “proceso integral correlacionado en sus diversos ciclos”, como establece la Constitución Política. Una educación que nos permita sentar las bases de un país mejor y no deje a nadie atrás.
Buscamos fortalecer el Estado Social de Derecho mediante la defensa del 8% que por Constitución, que le corresponde a Educación en Costa Rica, para ello, invitamos a todas las organizaciones sociales, productivas, estudiantiles, sindicales, multisectoriales, comunales, académicas, familias y sus comunidades, a sumarse a esta gran marcha por la educación pública.
¡MARCHEMOS A DEFENDER LO NUESTRO!
¡YO CONFÍO Y DEFIENDO LA EDUCACIÒN PÚBLICA!
Las organizaciones, familias y personas interesadas pueden aportar en la organización de la marcha, para ello pueden comunicarse mediante el siguiente correo:mesa.nacionaldedialogo@gmail.com
Imagen ilustrativa Foto: Laura Rodríguez Rodríguez – UCR.
El pasado 23 de mayo, se realizó el Foro: «Amenazas para el Sistema de Pensiones Costarricense: Consecuencias y Estrategias para su Defensa», organizado por el Foro de Presidentes y Secretarios Generales del Magisterio Nacional. En dicho evento se contó con la participación de la Gerencia de Pensiones de la CCSS y la Junta Administradora del Fondo de Pensiones del Poder Judicial.
Al cierre de este evento las organizaciones gremiales concluyen que hay un claro ataque del gobierno al Magisterio Nacional, que se hace más evidente con las 9 iniciativas de ley que se encuentran en la corriente legislativa, las cuales no solucionan integralmente el tema de pensiones, sino que ponen en riesgo la seguridad social de la población por los cambios en los regímenes básicos de pensiones que pretenden.
«Con este análisis quedó claro que la seguridad social está siendo desmantelada. Esto llama al Magisterio Nacional además de las personas trabajadoras del Poder Judicial a unirse para dar una lucha en la defensa de los regímenes especiales de pensiones, una lucha que no puede esperar, tiene que ser ahora y en las calles de ser necesario», así planteó la dirigencia del Foro de Presidentes y Secretarios Generales del Magisterio Nacional. Hacemos un llamado al señor Presidente de la República y a su diputada interlocutora Pilar Cisneros, para que no mancille la labor, honestidad, vocación y dignidad del Magisterio Nacional con mentiras y frases populistas dirigidas al pueblo, que pretenden lograr su aceptación en reformas a los regímenes pensiones y jubilaciones.
Ya basta de su discurso populista sin ofrecer soluciones integrales a los problemas sociales, económicos y políticos que requiere este país. Les invitamos a preocuparse por atender correctamente los problemas estructurales que asfixian al pueblo como por ejemplo: mejorar nuestro sistema educativo, fortalecer a la CCSS, reactivar la economía, generar empleos dignos, eliminar la pobreza, proteger al pequeño y mediano productor, mejorar y proteger nuestra soberanía alimentaria entre otros.
Las personas trabajadoras de la educación son quienes que han formado a este país, los que han cruzado ríos y montañas para llevar el conocimiento a nuestro pueblo, los que han dedicado años para formarse y llevar a las aulas de primaria, secundaria y Universitaria la formación para nuestros niños, adolescentes y jóvenes. La pensión que hoy disfrutan es merecida con creces, pagaron por ella, han cotizado toda su vida.
Queremos que los políticos dejen en paz a las pensionadas y los pensionados del Magisterio Nacional, ya que muchos pertenecen a la población adulta mayor, también pedimos respeto para todas las personas trabajadoras de la educación.
Basta ya de proyectos de Ley nefastos como el 23.625 presentado por el Sr Diputado Rodrigo Arias y el 23.733 presentado por la Sra. Diputada Pilar Cisneros, los cuales pretenden en contubernio con la SUPEN, desmantelar el Régimen de Capitalización Colectiva al reducir las cotizaciones estatales o patronales. Su objetivo es llevarnos a la unificación de regímenes, así lo dijo la Superintendente de Pensiones Rocío Aguilar al asumir el cargo.
El Foro de Presidentes y Secretarios Generales de las Organizaciones del Magisterio Nacional, deja claro que de ninguna manera permitirá más ataques de cualquier índole, que perjudiquen el Sistema de Pensiones del Magisterio Nacional.
Defenderemos hasta las últimas consecuencias nuestros derechos, nuestro Régimen de Pensiones y nuestro sistema educativo público, basta ya de ataques, basta ya de injurias, basta ya de confusión a la opinión pública.
Señor Presidente, señoras y señores políticos que persiguen al Magisterio Nacional: están provocando con sus desacertadas decisiones un clima social muy inconveniente para la paz, no destruyan este país; investiguen, infórmense, para que puedan tomar decisiones acertadas. Trabajemos por la paz y edifiquemos un país más justo, sin llegar a una convulsión social.
El día de ayer Nogui, el ministro de Hacienda, hace una propuesta para trasformar el sistema de pensiones, quitándole el aporte del Estado a los tres regímenes de pensiones (IVM, Magisterio y Poder Judicial) para crear una pensión básica universal que se financiará del presupuesto nacional, sin que se cree reserva alguna para darle sustento. Se trata de generalizar el RNC, el régimen No Contributivo a toda la población.
La idea de una pensión para todos los ciudadanos de la tercera edad no es una mala idea, es buena. Sin embargo, dejar las pensiones futuras a la voluntad de los políticos de turno que manejan el presupuesto, es fatal. Actualmente la fatídica regla fiscal no permite otorgar más pensiones a las personas que no cotizan, porque el Gobierno no le transfiere presupuesto a la Caja; solo este año el gobierno de Chaves dejó de trasladar ₡14.700 millones al RNC. Imaginen lo que podría pasar en el futuro.
El retiro del aporte estatal al IVM, al sistema de pensiones de la Caja, sería decretar su muerte casi inmediata porque lo volvería insostenible para pagar las pensiones. Igual ocurriría con los otros regímenes. Otra puñalada a la Seguridad Social por parte del Gobierno de Chaves.
El Gobierno de Chaves, además, reformó el reglamento de zonas francas para incluir en ellas los servicios privados de salud, clínicas, hospitales, como un elemento más para favorecer la privatización de la salud.
El gobierno de Chaves trabaja cotidianamente a nivel internacional y nacional contra el Seguro Social. Los hechos así lo confirman.
El pasado 29 de noviembre el SEC participó en una consulta nacional a 400 compañeras y compañeros docentes, pertenecientes a alguna organización sindical, con el objetivo de reunir insumos que permitan definir la denominada “Ruta de Educación”. La actividad contó con la presencia de la ministra de Educación Pública, viceministros, asesores y 27 directores regionales. La misma permitirá definir propuestas de cambio para ser presentadas ante el Consejo Superior de Educación, y así conformar políticas institucionales, además de mejoras sustantivas. Gilberth Díaz, presidente del SEC valoró la importancia de que las altas autoridades del MEP, tomaran la iniciativa de escuchar las inquietudes y propuestas de las y los docentes, como conocedores y verdaderos actores del sistema educativo. Recalcó además que el Magisterio Nacional es muy profesional, responsable y con vocación, lo que permitió que con mucho éxito enfrentaran y lucharan por llevar la educación a todos los rincones del país en tiempos de pandemia, por eso no es aceptable que se diga que hubo un apagón de la educación. También, señaló que, para definir una ruta de la educación, es de suma necesidad contar con el presupuesto constitucional que establece el artículo 78, para que sea el 8% del PIB. Por último, solicitó entre otros temas: eliminar las cargas laborales a los docentes y aumentar el salario al Magisterio Nacional. La consulta se basó en 10 temas, consensuados previamente con los diversos sindicatos del Magisterio Nacional, considerando su importancia para mejorar las condiciones en las aulas y centros educativos. Las temáticas propuestas para debatir por mesas son: – ¿Cuál es el ciudadano del futuro que debemos formar? – Manifestaciones de violencia en los centros educativos. Datos de mediados de noviembre indican que la Contraloría de Derechos Estudiantiles ha atendido 566 casos de violencia entre estudiantes. – Educación para Jóvenes y Adultos, para simplificar la oferta educativa y facilitar la empleabilidad. – Caja de Herramientas para el Docente, para que sean los mismos usuarios los que digan qué debe incluirse en esta herramienta tecnológica para facilitar su trabajo con los estudiantes. – Lecciones Club para fomentar el vínculo entre las personas y desarrollar capacidades cognitivas y lúdicas. – Educación Preescolar – La comunidad y el centro educativo, porque las alianzas en torno al centro educativo generan bondades, tal como ha demostrado la estrategia nacional “Encendamos juntos la luz”. – Permanencia en el Sistema Educativo Público Costarricense para lograr más graduados. – Ruta STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas.) – Enseñanza de la Lecto Escritura en los centros educativos. – Bilingüismo y Empleabilidad
La ministra agradeció al SEC y a las otras organizaciones, asegurando que es un esfuerzo conjunto muy valioso.
El día martes 13 de septiembre del año en curso (2022) fue lanzada una petición dirigida al Presidente de la República, el señor Rodrigo Chaves Robles, a la Asamblea Legislativa y a entidades financieras. La carta expone el siguiente mensaje:
“El 81% de los pensionados del Magisterio tiene una pensión considerada baja, con un monto menor a 1,5 millones de colones nominales, pero tiene cargas impositivas que se acercan al 50% de dicho monto, constituidas por la cuota a la CCSS por el régimen de enfermedad y maternidad, la cuota por la póliza de vida obligatoria de la SSVM, la cuota del 5/1000 para la administración del régimen pensiones de la JUPEMA, más el monto que corresponde al impuesto sobre la renta a partir de los 800 mil colones.
Esta población de pensionados que asciende a 35 mil personas, soportan en la actualidad un aumento desmedido del costo de la vida, expresado en una inflación del 11.2% y que responde al aumento de los precios de alimentos básicos como el aceite, los productos lácteos, el arroz, los frijoles, la harina, el café, el azúcar y las carnes, pero también al aumento de los precios de los servicios y del transporte, resultado del aumento de los derivados del petróleo, en un escenario de pérdida de la capacidad adquisitiva y de empobrecimiento progresivo de las familias.
Por su parte las pensiones medias, que representan el 17% del total y que tienen montos entre 1,5 millones y cuatro millones de colones mensuales nominales y que a las cargas impositivas anteriores le adicionan una cuota solidaria pagada por las pensiones superiores a 2,3 millones -que comienza con un 25 % y termina en el 75 % en las más altas— también han visto reducida la capacidad adquisitiva debido a que realizan un mayor consumo de servicios tecnológicos y tienen mayores compromisos financieros, lo que redunda en una disminución importante de los ingresos.
Es decir que el 98% de los jubilados del RTR que se encuentran entre las pensiones bajas y medias y dentro de los parámetros generalmente aceptados de UNA PENSIÓN JUSTA, para la que contribuimos durante toda nuestra vida profesional (que en muchos casos fue de 35 años o más),en montos superiores a 3 veces la cuota universal de la CCSS a partir de 1995 como cotizante único, no sólo reciben una pensión reducida en términos nominales, si no que están enfrentando un aumento desmedido de precios y de las tasas de interés de sus préstamos, que los sitúa en una posición de riesgo de pobreza y de vulnerabilidad de su futuro inmediato.
Se trata de una población de alrededor de 42 mil adultos mayores y sus familias, que reciben montos netos limitados de sus pensiones y que están siendo afectados por la crisis económica y su manifestación evidente una alta inflación, ante la que el gobierno aún no ha tomado las medidas necesarias para revertirla.
Por tales razones, dicha población de pensionados, le solicitamos al Presidente de la República, al Ministro de Hacienda, al Ministerio de Economía, a la Asamblea Legislativa y a las entidades financieras del país, atender las siguientes propuestas:
La aplicación del ajuste a las pensiones por costo de vida que no hemos recibido desde hace dos años.
La reducción en un 50% del monto del impuesto sobre la Renta que pagamos los pensionados del Magisterio.
La eliminación de la cuota solidaria del 5/1000 para la administración del régimen de la JUPEMA, que pagamos siendo pensionados.
La adecuación de las deudas que tienen los pensionados con entidades del sistema bancario nacional, entidades financieras del Magisterio y cooperativas.
El retorno a las anteriores fechas de pago del 12 o 13 de cada mes que la Administración Alvarado modificó arbitrariamente con gran perjuicio para los pensionados.
Los pensionados del Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional, somos una población que aporta puntualmente a la seguridad social y a las finanzas del Estado, pero cuyos ingresos se han reducido debido a la inflación, al aumento del tipo de cambio y de las tasas de interés, empujando a la mayor parte de nosotros a un empobrecimiento real que es constatable si las instituciones deciden analizarlo.
Solicitamos al Presidente y a los Ministros de su Gabinete, al Directorio y las fracciones de los partidos representados en la Asamblea Legislativa y las Directivas y Gerencias de las entidades financieras, escucharnos y atender nuestras demandas, por razones de justicia, de equidad y observancia de nuestros derechos humanos, que según los objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en el objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas, “Los sistemas de pensiones cumplen un papel fundamental en la promoción del pleno ejercicio del derecho a la seguridad y la protección social, ante el acelerado proceso de envejecimiento poblacional de la región” (en Cepal.org/ agenda 2030)”.
Si desea apoyar esta petición puede hacerlo accediendo al siguiente enlace:
En esta cuarta entrega, se insta a reflexionar acerca de la calidad de la educación futura con el respeto y la estabilidad jurídica necesaria para garantizar los derechos de las personas docentes.
Es necesario ver hacia el futuro y entender que Costa Rica se ha distinguido por factores importantes que dan sustento a lo que se conoce como ciudadanía, uno de los más significativos es el acceso a un sistema educativo progresivamente incluyente, donde se creó un capital humano que transformó la economía y permitió una mejor distribución del ingreso, esto en parte al apoyo de gobernantes visionarios que fortalecieron la educación.
Mantener un liderazgo regional exige una visión que incorpore la innovación, nuevas prácticas que se interrelacionen con los mejores países a nivel pedagógico y otras medidas sistemáticas que permitan un mejor proceso de formación personal, mejores salarios y condiciones para atraer a las personas más capacitadas en pedagogía.
Para un seguimiento de las entregas anteriores le invitamos a ingresar a los siguientes enlaces:
Este tercer capítulo está dirigido hacia las personas trabajadoras actuales en docencia y están adscritos al régimen de capitalización colectiva.
Se advierte a esta nueva generación, que deben estar alertas y atentas, tanto colectivamente como individualmente de sus intereses y los de la educación costarricense. Se les insta a exigir a las instituciones competentes que mantengan una vigilancia constante ante la avidez fiscal y la irresponsabilidad estatal.
Se les recomienda constatar que las contribuciones de ley sean depositadas puntualmente, además, que las inversiones que se realicen con esos fondos no sean manipuladas por políticos, pero sobre todo que las inversiones tengan las seguridades apropiadas.
Quienes pertenecen al régimen de capitalización colectiva deben de tener cuidado y oponerse a que financien al Estado, ya sea en la compra de bonos o beneficios de otros políticos donde pretendan pensionarse con esos fondos.
¡No descansaremos hasta que el Estado diga la verdad al pueblo costarricense!
En los siguientes enlaces encontrará las notas y vídeos publicadas anteriormente para su seguimiento:
Este capítulo evidencia la desviación de las cotizaciones de los docentes entre 1958 y 1991, gracias a tres factores muy importantes:
La mala administración del Poder Ejecutivo.
La permisividad de la Asamblea Legislativa.
La indiferencia cómplice de la Contraloría.
Las actitudes complacientes de estos entes gubernamentales ponen en peligro el Estado Social de Derecho; no se puede permitir que se lesione los derechos de ningún grupo costarricense debido a que esto atenta contra la estabilidad democrática.
El Estado debe pedir perdón por su incompetencia en cuanto a las pensiones del Magisterio, aclarando que éstas no son de privilegio; seguidamente, debe negociar la indemnización con los afectados como forma de honrar los derechos a la pensión de estos. Por último, de ser necesario, se acudirá a instancias internacionales competentes para defender los derechos de estas personas.
Para más información ingrese al siguiente enlace que contiene la primera nota sobre este tema y la segunda parte del vídeo explicativo.
