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Etiqueta: Magisterio Nacional

Posición de la Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional en la transformación del Sistema Nacional de Pensiones propuesta por SUPEN

Los fondos de pensiones son propiedad privada y un derecho humano inalienable. Los trabajadores son los únicos y legítimos dueños de ese capital. A las instituciones se les ha otorgado una autoridad especial de representación, pero no para tomar decisiones inconsultas.

El principio de la propiedad privada es el derecho a la riqueza y yo como persona ciudadana responsable debo custodiarla, para eso el Estado se compromete y pone todo a disposición.

La participación de los dueños de los fondos de pensiones en la toma de decisiones y el principio de propiedad privada tienen un fundamento constitucional: artículos 9, 45 y 50 de la Constitución Política. Así mismo, el artículo 11 de la Carta Magna establece el proceso de rendición de cuentas de los funcionarios públicos.

Pero, hay un incumplimiento de ese mandato constitucional y por eso las personas trabajadoras están preocupadas por lo que esté pasando con las inversiones realizadas con su aporte de capital debido a que no tienen participación en la toma de decisiones.

¿Una vejez digna para los trabajadores costarricenses o una inyección de recursos al sistema financiero, qué propone SUPEN?

La ilusión del bienestar que había imperado por muchos años como el enfoque primordial de nuestro sistema de pensiones, se ha venido refugiando en las finanzas, pero el problema es que las finanzas se convirtieron en una dictadura que condiciona incluso a la democracia, donde solo mandan. las reglas del mercado que en definitiva no son más que las reglas de unos pocos y con ello, el resultado más preocupante es que la existencia del ser humano depende de esas reglas sobre las que no tiene ningún poder.

En otras palabras, este enfoque que la SUPEN propone, es terminar de entregar a la dictadura del mercado los recursos de los fondos de pensión, puesto que se aleja de toda visión solidaria para convertir el sistema de pensiones en un sistema de cuentas individuales, al mejor estilo chileno, que deja la vejez de los ahorrantes en manos del casino de las empresas del sistema financiero, dominado por fuerzas extranjeras, en el cual ni el país y ni los ahorrantes tienen ningún poder ni control.

Los chilenos abrazaron la idea de que les vendieron de ganar mayores réditos con cuentas individuales y hoy tienen los humillantes resultados perdedores, el fracaso de este sistema los está llevando a analizar la posibilidad de volver al IVM que tenían en el pasado.

Convierte la SUPEN al ser humano en un sujeto cuya existencia se reduce a trabajar para ahorrar cada vez más. Le piden pensión obligatoria, le dicen que también ahorre para una pensión complementaria, y le proponen otros ahorros, pero siempre el futuro será incierto. Podría enfrentar una vejez sin nada, porque todo depende del juego del mercado. Todo esto para alinearse a un sistema financiero, imperante, como si fuera un camino obligado y la única vía de organización.

Los miembros de la Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional consideramos que eso no es otra cosa que un apagón de la sensibilidad y la razón. Ninguna de las propuestas impulsadas por SUPEN se dirige a asegurar una vejez digna puesto que no garantiza, ni mínimamente, cuánto recibiría después de toda una vida laboral. Ninguna de dichas propuestas muestra la menor preocupación por el futuro de esas inversiones, ni plantean los posibles escenarios peligrosos de las mismas y menos aún lo que pasaría con esos trabajadores en caso de un colapso financiero. Es decir, el ser humano como objeto al servicio de dicho sistema, siendo más importante la salud de una persona jurídica que de una persona física.

La SUPEN presenta una visión distorsionada de solidaridad. Dicha visión se muestra en la creación de un llamado pilar cero, en donde a los recursos de los pensionados con carga a presupuesto se le incluyen todos aquellos costarricenses por nacimiento o por naturalización, que no hayan cotizado en su vida para una pensión. Es efectivamente solidaria porque se incluyen las necesidades de estas personas, pero es la posición solidaria que exime a amplios sectores de contribuir para enfrentar esta problemática, que no es otra cosa que la amplia problemática de la pobreza. Se mezclan así dos condiciones muy diferentes, la pobreza y el sistema de pensiones, en donde se carga la primera a la segunda, producto de la falta de políticas públicas adecuadas.

Se pretende dar con ello una solución a la pobreza en adultos mayores, afectando las condiciones de vida de los pensionados sin recordar siquiera que la mayoría de esos pensionados que están con carga al presupuesto son aquellos para quienes el dinero de los ahorros de su pensión fue gastado o, en el mejor de los casos invertido, por sucesivos gobiernos.

Es así como la propuesta de SUPEN viene a atropellar la clase trabajadora sin dejar claro que la mayoría de esos, pensionados con cargo al presupuesto pertenecen al Magisterio Nacional y que son los que han aportado las mayores cotizaciones de todos los regímenes públicos.

La Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional ha investigado y analizado a fondo cuál es la problemática actual del SNP, por lo que concluye que el primer problema radica en la no participación de los dueños del capital, o sea la persona trabajadora en la toma de decisiones (art. 9 CP); en segundo lugar, la carencia de políticas públicas adecuadas y el irrespeto al mandato constitucional establecido en el artículo 73 de la Carta Magna, respecto a no emplear los fondos de pensiones para otra finalidad que no sea para la cual se crearon (deuda estatal), lo cual ha llevado al desfinanciamiento de la CCSS, y la crisis del IVM. También se puede señalar que actualmente está ocurriendo lo mismo con los fondos de pensiones que administra JUPEMA y desde ya esto está afectado el equilibrio actuarial de los mismos, con las graves consecuencias que sufren hoy los trabajadores que cotizan para el IVM. Por último, la mala administración y nula fiscalización en el manejo de los recursos ha traído como consecuencia pérdidas cuantiosas en los diferentes regímenes tanto básicos como complementarios ya sean obligatorios o voluntarios.

Así mismo, con el aporte y asesoría de especialistas en materia constitucional, sociología, economía y derecho, la Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional presenta las siguientes alternativas de solución:

  1. Mantener el esquema de los pilares con los regímenes básicos separados, ya que éstos no se pueden integrar por múltiples razones que se detallan en el documento subido a la matriz del diálogo social de SUPEN.
  2. Eliminar del SNP el cuarto pilar (régimen no contributivo) pues el concepto de pensión-cotización se contradice con el nombre de este cuarto pilar: no contributivo, siendo que no puede estar entre los regímenes de pensiones pues en esencia es una ayuda social y debe ser trasladado a la entidad creada para destinar las ayudas sociales, FODESAF. Para ello se requiere inyectarle capital a FODESAF de tal manera que logre reactivarse y adquiera la capacidad económica necesaria para brindar las transferencias sociales a los sectores más vulnerables de la población como los adultos mayores en condición de pobreza y pobreza extrema. ¿De dónde se obtendrán esos recursos? De la renegociación del pago de los intereses de la deuda pública interna (ver punto cuatro).
  3. Generar nuevos recursos. Esto implica crear un impuesto móvil del 0-1% a las exportaciones incluyendo las zonas francas, ya que éste sector económico es el más dinámico, pero no pagan impuestos. Aumentando este impuesto móvil de manera escalonada hasta un 0,7%, el cual se puede capitalizar al 3% anual se generaría 75 billones de colones en 99 años (proyección actuarial). Este es el monto del déficit actuarial de la CCSS por lo que se solucionaría la crisis de la misma, incluyendo el IVM. Fortalecer de esta manera la CCSS permitiría mejores servicios de salud a toda la población y mejores condiciones para los pensionados, sin necesidad de afectar los otros regímenes básicos.
  4. Renegociar la deuda pública interna. Bajar el porcentaje del pago de los intereses de esta deuda, que son los más altos del mundo, solventará la grave crisis económica que atraviesa el país pues actualmente y desde hace varias administraciones gubernamentales se le ha dado prioridad al pago de estos altos intereses a costa. del sacrificio de toda la población, siendo que se ha reducido el presupuesto en inversión social, como infraestructura pública, transferencias sociales a los sectores más vulnerables y el congelamiento de salarios y pensiones del sector público, entre otros, beneficiando a un grupo reducido de tenedores. de la deuda, lo cual violenta nuevamente el mandato constitucional en su artículo 50:

Artículo 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Esta propuesta se encuentra de forma amplia y completa en la matriz del diálogo social de SUPEN.

Información compartida con SURCOS.

Asociación Jubilados en Acción solicita información sobre fondos para cuotas obreras, patronales y estatales correspondientes a jubilaciones

El pasado 16 de octubre del 2024, la Asociación Jubilados en Acción solicitó al ministro de Hacienda, y al gobierno de la República, información acerca de los fondos que se debieron conformar con cuotas obreras patronales y estatales, correspondientes a las jubilaciones del personal del Magisterio Nacional.

Dicha información se requiere para determinar qué hizo el Estado con las cuotas obreras, patronales y estatales correspondientes al Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, entre los periodos que van desde la promulgación de la Ley No 2248 (7 de setiembre de 1958) y la fecha de promulgación de la Ley No 7268 (14 de noviembre de 1991), a efecto de determinar la responsabilidad que corresponda.

A diferencia de los fondos individuales que pertenecen a cada afiliado, la reserva común se utiliza para cubrir riesgos o contingencias que afectan a todo el sistema, como una longevidad mayor a la esperada, ajustes por inflación, o desequilibrios actuariales en caso de que algunos participantes no acumulen los fondos necesarios para una jubilación digna. La función principal de esta reserva es estabilizar el sistema, asegurando su sostenibilidad a largo plazo al actuar como un colchón financiero que permite absorber variaciones imprevistas en las proyecciones actuariales. 

Como se indicó supra, el Estado incurrió durante 33 años en el grave incumplimiento de apropiarse de los fondos ahorrados por el personal magisterial y de algunos de los patronos como cuotas obreras y patronales, con el agravante de que no pagó los aportes como patrono en el caso del personal del Ministerio de Educación Pública (MEP) y no pagó tampoco, la cuota general que como Estado le correspondía aportar para todas las personas afiliadas a JUPEMA.

Por lo tanto, estas fueron las solicitudes concretas de información:

  1. ¿Qué hizo el Estado con las cuotas que pagamos las personas afiliadas a JUPEMA entre el 7 de septiembre de 1958 y hasta el 14 de noviembre de 1991 y que el Ministerio de Hacienda retuvo de nuestros salarios mensuales? 
  2. ¿Dónde se depositaron las cuotas patronales y estatales pertenecientes al Fondo Económico de JUPEMA entre el 7 de septiembre de 1958 y hasta el 14 de noviembre de 1991? 
  3. ¿A cuánto suman esas cotizaciones tripartitas pertenecientes al fondo económico de JUPEMA correspondientes al periodo de 33 años que van de 1958 a 1991? 
  4. ¿Dónde se depositaron los intereses y rendimientos generados por la reserva económica común perteneciente al fondo de jubilaciones creado por la Ley 2248 del 7 de setiembre de 1958? 
  5. ¿Existe un fondo económico o una previsión para que el Estado responda por esa obligación económica contraída con el personal del Magisterio mediante la Ley 2248 del 7 de septiembre de 1958?

Le invitamos a leer el documento completo, y enterarse de esta situación, la cual no está bien esclarecida, y no se comenta.

Las verdades sobre el sindicalismo del magisterio

Por: Gilberth Díaz Vásquez
Presidente del SEC

La construcción de un estado social y democrático, así como el justo derecho del trabajador en conquistar sus más nobles aspiraciones, han sido los ideales que guiaron a las sociedades para encontrar su liberación de las más oprobiosas esclavitudes, muchas veces impuestas por los grupos poder.

Hoy en día, en la sociedad moderna que vivimos, la humanidad se enfrenta a nuevas clases de esclavitud y explotación, que degradan y someten a la miseria extrema a miles de seres humanos. Sin embargo, estos flagelos tienen una particularidad, que pueden ser impuestos y obligados, como también aceptados y promovidos por propia voluntad de quien los padece.

La propagación de la drogadicción en todas sus formas (muestra del sentimiento de muchos de estar drogados para no enfrentar los grandes problemas personales y nacionales que vivimos), el narco sicariato (que cada día secuestra más de nuestros niños y jóvenes para ser reclutados en tan vil actividad), el narcotráfico (que para muchos cada día va siendo el único medio de subsistencia); así como el desempleo o empleo bajo condiciones que retratan las más mínimas y paupérrimas condiciones laborales, la pobreza extrema, el analfabetismo o la seudoalfabetización sin ningún grado de rigor o aporte como herramienta para el desarrollo humano, constituyen algunas de las múltiples realidades nacionales esclavizadoras.

Es frente a este oscuro panorama, que día a día enluta a la familia y trabajadores costarricenses, que surgen a la luz pública las grandes verdades del movimiento sindical en el magisterio nacional, principalmente al mostrarse como herramienta, no sólo de la dignificación laboral, sino también de todo el pueblo costarricense.

Al estar a la par de la maestra, el maestro, la profesora, el profesor, la conserje, el conserje, la administrativa, y el administrativo, todos verdaderos héroes diarios, que se enfrentan día a día a las consecuencias de las esclavitudes antes dichas. Al estar a la par de la estudiante y del estudiante, principalmente de aquellos que menos recursos económicos tienen para tener acceso, a lo que debería ser la garantía de un derecho humano universalmente tutelado; el movimiento sindical magisterial demuestra la más noble verdad en los derechos de todas aquellas personas que ofrendan su trabajo, e incluso su vida para garantizar lo que el propio estado ha dejado de tutelar y garantizar.

Las verdades muchas veces incomodan o inquietan, principalmente frente al gobernante populista, irrespetuoso y opresor; frente al político oportunista, mediocre y corrupto, frente al poder mediático cómplice del robo descarado de lo que debería ser la crítica e instruida opinión pública. A pesar de ello, la verdad permanece incólume, haciendo su trabajo en beneficio del bien común, y de la construcción de un futuro esperanzador para todos los habitantes de la república.

Los últimos acontecimientos nacionales, donde se plasma la cruda realidad de considerar como un gasto para el estado la educación pública y gratuita, donde muchas de nuestras escuelas y colegios se encuentran desmanteladas por la falta de mantenimiento e inversión, donde el trabajador de la educación se encuentra excluido y relegado a las más ruines condiciones de trabajo, donde miles de estudiantes se ven obligados abandonar las aulas escolares, colegiales y universitarias debido a las grandes barreras económicas y materiales que enfrentan, reflejan otra gran verdad, sea la razón que tenemos los sindicatos del magisterio de protestar por éstas y muchas otras oscuras realidades.

Nuestra labor diaria de escuchar a nuestros hermanos trabajadores de la educación, donde nos exponen todas las siniestras realidades a las que se enfrentan, y que en no pocas oportunidades -tienen inclusive- con sus escasos recursos personales, hacer frente a garantizar todas aquellas ayudas que permitan que una niña o niño, o joven puedan continuar estudiando, puedan alimentarse, puedan vestirse y calzarse, es nuestra profunda motivación para entender la verdad de la noble tarea que realizan los sindicatos del magisterio.

El SEC, fiel reflejo de la defensa de los intereses patrios, de las más nobles luchas por el rescate nacional, del trabajador de la educación, de la niñez y juventud costarricense, desde sus propios orígenes, ha logrado defender la incólume verdad de que sin el magisterio este país se encontraría sumergido y atado a los más ruines y nefastas miserias, que como la historia patria ha demostrado, muchos políticos de turno trataron de imponer; más sin embargo logramos contener.

En honor a los trabajadores de la educación que ya partieron y que dieron su mejor esfuerzo, a los que hoy nos acompañan en nuestras más nobles y sublimes luchas reivindicadoras, al futuro que estamos construyendo y defendiendo para las nuevas generaciones; en honor a la verdad, de que el mundo ha sido mejor por los movimientos sindicales, que actuando en apego a sus principios, en apego a sus sacrificios brindaron dignidad al trabajador y solución a los grandes problemas que el momento histórico les demandó. A todos ellos, el SEC levanta el estandarte de la verdad en la lucha por una Costa Rica más justa, que garantiza el derecho humano a la educación para todos.

Al noble pueblo costarricense les podemos asegurar, que ni el narcotráfico, ni el corrupto y corruptor político, ni los gobernantes populistas, ni los medios de comunicación corruptos, podrán matar la fe y esperanza de una patria libre de toda esta paria que nos esclaviza. A todo ese noble pueblo, les hacemos un llamado para que se unan a las luchas sindicales del magisterio en favor de nuestro más amado y preciado futuro y su rescate, sean nuestras niñas, niños y jóvenes. Concluyo, haciendo mías las gloriosas palabras de Ovidio: Felices son aquellos que se atreven con coraje a defender lo que aman”

Hacia una sociedad más justa y equitativa. En defensa de los derechos humanos y la dignidad de las personas

Lic. Javier Francisco Cambronero Arguedas, Tomada de: http://www.encuentromunicipal.com/

Lic. Javier Francisco Cambronero Arguedas
13-IX-24
Fiesta de San Juan Crisóstomo

Con el paso del tiempo, los costarricenses hemos sido capaces de construir una sociedad cada vez más inclusiva que ofrece mayores oportunidades y mejor calidad de vida a: adultos mayores, niñez, población en condición de discapacidad y mujeres. Es decir, prácticamente la mitad de la población no poseía las mejores condiciones para desarrollarse plenamente.

En la Francia revolucionaria de fines del siglo XVIII surge la proclama de los derechos humanos universales, reivindicando la existencia del ciudadano, ante el poder del monarca. El pueblo pasa a ser el soberano, en vez de un rey o figura similar. Francia y Estados Unidos, luego Haití, avanzan en esa dirección, reconociendo la existencia de derechos inalienables para todas las personas, sustentados en la libertad y en un claro delineamiento de lo que serán las relaciones entre el individuo y el Estado. Un Estado que ya no es absolutista ni unipersonal, sino que será democrático y bajo el principio de delegación. Las personas decidirán cada cierto periodo quiénes serán sus gobernantes, y sobre ellos descansa velar por la consecución del Bien Común y el progreso de los pueblos a la luz de la doctrina democrática.

De manera que los derechos humanos en su conjunto, están asociados a los logros históricos de los pueblos de luchar por mejores condiciones de vida y que implica el reconocimiento del derecho a la vida y a la libertad en primera instancia, posteriormente al derecho a la libertad de pensamiento, a la libre expresión y la promulgación de deberes por parte del estado de proveer derechos como el acceso a la educación, a la salud, a un trabajo digno para la población, especialmente la más necesitada. A la luz de este nuevo contrato social que surge entre semejantes, también se adquiere conciencia para financiar un estado que brinde los servicios más elementales para que la sociedad en su conjunto, funcione y surja el respeto a la ley, a la libertad a poseer bienes propios.

Surge el pago de tributos como tal. En el caso de Costa Rica, inicialmente, tras la independencia, para financiar gastos militares, policiales, mantenimiento de aduanas y la burocracia encargada de ello. Posteriormente, a partir de 1850 en los gobiernos de Mora Porras y Castro Madriz, empieza a aparecer el financiamiento de la educación como uno delo rubores más importantes en los presupuestos del Estado, sea poder ejecutivo o incipientes municipios que surgen en comunidades más organizadas. Se requiere contratar maestros, pagarlos y darles un espacio físico donde impartir sus lecciones a niños y párvulos. Hasta antes de 1885, sólo primaria, una escuálida Universidad de Santo Tomás y el colegio San Luis Gonzaga. Luego, tras la reforma de don Mauro y ponerse en práctica las ideas de don Julian Volio Llorente, con mayor participación activa del estado en lo público, surgen otros liceos como Instituto de Alajuela, Liceo de Costa Rica, Liceo de Heredia, Liceo de Señoritas, y escuelas en los municipios cabeceras de provincia y otros. Hay una gran claridad entre los gobernantes de nuestra época, sobre la importancia de impulsar la educación, facilitar el acceso a ella de la mayor parte de la población y que a partir de ahí se garantice el disfrute de otros derechos para la población. Además una población más alfabetizada, aún en una sociedad agrícola como la nuestra, a fines del siglo XIX e inicios del Siglo XX, con una incipiente industria y actividad comercial, es mucho más productiva. En la década de los veinte, surge la secretaría de Salubridad Pública y algunas leyes en protección de los derechos de los trabajadores. Allí el magisterio nacional jugó un papel muy importante, pues descubrió que la calle es otro espacio de lucha para las propuestas y reformas, y pode avanzar de esa manera, en el desarrollo social del pueblo. Se descubre la fuerza de la unidad y poder arrancar al poder político ciertas conquistas, sea a través de la promulgación de leyes más justas o de la negociación franca y transparente. El pueblo avanza con mayor acceso a servicios de educación y de salud. En esos mismo años veinte -hace cien años- llega el turno por mejores condiciones laborales, consolidar una jornada ordinaria, un salarios mínimo y un régimen de protección social que garantice una mejor atención en la vejez, la maternidad y ante la enfermedad.

La búsqueda de mejores condiciones de vida para la mayoría de la población, nunca ha sido una concesión graciosa de clase dominante alguna, sino que obedece a la legitima aspiración de los pueblos de buscar el Bien Común y emprender todas aquellas acciones que se consideren válidas. Surgen como una lucha contra la tiranía, en lo civil y lo político y luego se van configurando en lo económico, lo social, lo cultural. Mucho de lo cual queda plasmado tras la fundación de la Segunda República, en 1948, hasta la mitad de la década de los ochenta. Durante ese lapso las aspiraciones del pueblo costarricense, se han visto en mucho concretadas a través de la apertura de colegios y escuelas por todo el territorio nacional, la creación de clínicas y hospitales a lo largo y ancho de la geografía nacional. Y en el último cuarto del siglo veinte, la creación de sedes universitarias públicas y privadas que contribuyen a atender la brecha educativa en ese nivel, entre zonas rurales y urbanas, y la aparición de muchos puestos de salud, gracias a la estrategia Hospital sin Paredes. Así como brindar servicios de agua potable, letrinización, electricidad y telecomunicaciones a todo el país. Donde el Estado, para el servicio del sector privado, la producción y de la población, ha sido capaz de desarrollar diversas redes de servicios en rutas terrestres, cabotaje, y otras.

Durante todo ese periodo hemos disfrutado de gobernantes conscientes de esa ruta de crecimiento, desarrollo y bienestar y profundización de la convivencia democrática y la paz social.

Todo ello depende y dependerá de que NO DEJEMOS de invertir en lo social: salud educación, vivienda, alcantarillado, seguridad social. Los logros históricos que poseemos como pueblo costarricense, están fuertemente inspirados en la Doctrina Social de la Iglesia, en el pensamiento de pontífices como León XIII y Pablo VI. Esta exitosa cosecha no ha caído del cielo. Son fruto del esfuerzo de muchas décadas de apoyar y decidir sobre lo mismo, lo bueno, lo sano, lo justo. No nos debemos de cansar de preocuparnos por los demás, por los más desfavorecidos, los pobres, enfermos, inválidos y adultos mayores. Para eso pagamos impuestos y permitimos que parte de la riqueza que generamos, vayan a la atención de esas necesidades sociales para combatir la desigualdad y permite cerrar brechas de todo tipo.

Es decir, el edificio social construido con tanto esfuerzo, generosamente por varias generaciones, con grandes acuerdos nacionales, donde tejer esos acuerdos significa renuncia de alguien o algunos a algo, ha prevalecido sensatamente el fin último a perseguir; que es vernos todos como hermanos y forjar una patria en la que quepamos todos, que no se parezca mi país a un latifundio de gamonal. Llegar hasta aquí ha costado, y es por mucho, fruto del ahorro nacional. Estas condiciones no son inmóviles ni un regalo de nadie, o sea hay que cuidarlas y mantener los estándares de desarrollo social que hemos alcanzado con el paso del tiempo.

Pero si no hay inversión social, si no seguimos construyendo escuelas, buenas carreteras y atender la salud y la vejez como corresponde, veremos un marcado deterioro social. Que a su vez tendrá un impacto en las condiciones de equidad, seguridad, generación de empleo y búsqueda de oportunidades.

La incapacidad de llegar a acuerdos va a ser que aparezca el conflicto y la discordia. De ninguna manera debemos de permitir que ambos afloren en las relaciones entre las personas; con su insana y nada conveniente presencia, estamos a un paso que sea la violencia, el odio y la intolerancia quienes sustituyan las pacificas armas del diálogo y la paz social. Ello conduciría a una involución ante tanto progreso social que hemos logrado en la construcción de una sociedad más justa y solidaria; y el destructivo fantasma del retroceso estaría a la vuelta de la esquina.

Hoy preocupa imaginar, qué destino le espera a nuestra niñez y juventud, cuando en mi país, cada día 136 mujeres solicitan medidas cautelares ante la violencia intrafamiliar existente. Eso equivale vergonzosamente a más de 60 mil denuncias a año, dicho de otra manera, más de 5 por hora. ¡Qué horror! La degradación a la que nos estamos exponiendo en los últimos años, enciende las alarmas de que algo no lo estamos haciendo bien. Es penosa y descarnada expresión de una sociedad enferma, que pareciera irse quedando sin salidas.

No permitamos de ninguna manera, que nos inunde el sentimiento de derrota. Ese no es nuestro espíritu ni ese ha sido nuestro talante histórico. Eso sí, solo juntos podemos salir de allí y seguir construyendo.

Nuestra institucionalidad debe estar al servicio de la búsqueda del Bien Común, y como fin, debemos perseguirlo siempre y ahora. No claudiquemos, no tenemos ese derecho. Con el discernimiento espiritual que tenemos desde la fe, podremos retomar el camino. Debemos de ser capaces no sólo de ver las cosas, sino además de juzgar y actuar. Actuar con decisión y determinación desde cualquier espacio que ocupemos como ciudadanos.

Ante tan apremiante circunstancia, tal y como aconseja San Pablo, en la primera carta a los Corintios, ser indiferentes, no nos es lícito, no es una opción. Con sagacidad y humildad debemos retomar la ruta de la solidaridad que siempre nos ha hecho distintos.

Reunión política abierta ¿Cómo reactivamos el proceso Pacto Nacional por la Educación Pública?

Desde El Magisterio Nacional, Federaciones Estudiantiles, Universidades Públicas y las organizaciones agrupadas en la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo y demás entidades, suscribieron un documento político el pasado 20 de junio del 2023, así mismo articularon la marcha multitudinaria en defensa de la educación pública lo anterior preocupadas ante la más grave crisis educativa que enfrenta Costa Rica en los últimos 40 años, esta acción política hizo un llamado a todas las fuerzas vivas del país, a concertar con urgencia un PACTO NACIONAL POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA que garantice la universalidad, pertinencia, gratuidad y calidad de los servicios de educación pública, que son el pilar fundamental de nuestra democracia, garantía de la paz social y de nuestra libertad política, así como herramienta indispensable para la movilidad social ascendente y el desarrollo humano.

En ese sentido organizaciones del sector educación, personas estudiantes y otros sectores agrupados en la Mesa Nacional de Diálogo y otras instancias, desean reactivar este proceso de manera más abierta con más participación de sociedad civil y otras instancias, mediante una reunión política que nos permita definir acciones articuladas para la defensa de la educación pública nacional y ruta de trabajo que inciden en los distintos espacios de lucha y espacios de carácter propositivo como la mesa de trabajo educación, del Foro Diálogo Nacional de Alto Nivel.

•          Día: martes 06 de agosto, 2024

•          Lugar: Instalaciones ADEP, Barrio Los Ángeles, avenida 12.

•          Ubicación en waze: https://waze.com/ul/hd1u0qxs0m

•          Hora: 5:00 pm.

Esta convocatoria no será la única sesión de trabajo, también sabemos que existen más espacios de lucha, el interés de las organizaciones es unir esfuerzos, superar los egos y la dispersión, así como buscar puntos de encuentro mínimos para reactivar este proceso con la mayor diversidad de actores posibles.

Agradecemos que puedan confirmar a más tardar el lunes 05 de agosto. Se adjunta como insumo adicional, documento político del Pacto presentado en Asamblea Legislativa el pasado 20 de junio.

Confirmaciones:

mesa.nacionaldedialogo@gmail.com / tel 84003435

FEUNA: 72136716/ deuna@una.cr

Docente luchando, también está enseñando

Rocío Alfaro Molina

Queremos enviar un saludo al Magisterio Nacional, que hoy nuevamente salió a las calles a reclamar un derecho laboral básico, como recibir el pago acordado por el pago que se realiza.

Un saludo en este caso al Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), que hoy dio la campanada en las calles, indicando que magisterio no está dispuesto a seguir con el engaño que el Ministerio de Hacienda ejerce, al no pagar lo adeudado por inflación desde hace tantos años y también por el no pago de los recargos, que para muchos docentes y muchas docentes significa prácticamente la mitad de sus salarios, saludamos que haya tomado la iniciativa, porque no podemos seguir con un ministerio de hacienda que incumple constantemente con sus responsabilidades y hacemos un llamado al magisterio nacional, a todas sus organizaciones, a sumarse a esta justa lucha.

Gran marcha en defensa de la educación pública

Comunicado

‘’Hacia un pacto nacional por la educación pública en Costa Rica’’

Organizaciones en todo el país, convocan a una gran marcha pacífica para solicitar un “Pacto por la Educación Pública” y la defensa del presupuesto por constitución, para la sostenibilidad del sistema educativo en Costa Rica.

La marcha será el próximo martes 20 de junio a las 9:00 am, saliendo del Parque de la Merced.

Convocatoria conjunta del Movimiento Estudiantil, Universidades Públicas mediante el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), las organizaciones del Magisterio Nacional y la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productiva.

Ante la peor crisis educativa en los últimos 40 años y la ausencia de una hoja de ruta para resolverla, las organizaciones firmantes y presentes nos unimos para convocar a una gran marcha en defensa de la educación pública, como pilar fundamental de nuestro Estado Social de Derecho, a realizarse el martes 20 de junio a las 9:00 am, saliendo de la Iglesia de la Merced con rumbo a la Plaza de la Democracia.

El objetivo es realizar un vehemente llamado democrático para construir un Pacto por la Educación Pública, mismo nos permita salir de la actual crisis educativa, así como una misiva ante el Poder Ejecutivo y Legislativo, sobre la no aceptación de recortes presupuestarios para la sostenibilidad de la educación pública, por el contrario, la búsqueda del fortalecimiento de esta.

Para evitar generaciones completas afectadas, como sucedió en la década de 1980, es necesario que los diferentes sectores del país unamos esfuerzos para visibilizar la grave situación que atraviesa el país. La actual crisis educativa es histórica y multicausal, pero sus detonantes inmediatos pueden rastrearse en diversos eventos y omisiones a lo largo de al menos los últimos 13 años, pero siempre desde rezagos estructurales.

En síntesis; la crisis educativa se puede dividir en los siguientes ejes de afectación: crisis educativa y pedagógica, la crisis presupuestaria y de prioridad en política educativa, todas entrelazadas generando mayores retos que comprometen el futuro de las familias en este país y sus propias comunidades.

Nos encontramos ante escenarios país y educativos realmente alarmantes, encontramos serias limitaciones en el acceso a transporte, alimentación y una infraestructura adecuada en el sistema educativo público, lo anterior solo la punta del iceberg de la crisis, pues imposibilita a familias completas en el acceso a la movilidad social mediante la alfabetización primaria, secundaria y técnica, así como educación superior. Hoy se enfrentan negociones presupuestarias, que no garantizan crecimiento y fortalecimiento del sistema educativo, así como una clara violación constitucional del 8% del PIB para educación pública que debe garantizarse su distribución ética en TODOS LOS NIVELES. Por tanto, no será de recibo que justifiquen los recortes, para trasladar a otros programas educativos, cuando todos deberían estar garantizados con el presupuesto que le corresponde por constitución.

No es casualidad, que veamos con preocupación las afectaciones directas que empiezan a sufrir los pilares de lo que conocemos como el Estado Social de Derecho, desde las afectaciones al sistema de salud como la CCSS y su autonomía, el rechazo hacia una política de estado por la seguridad y soberanía alimentaria, la amenaza de las garantías laborales y derechos humanos mediante el proyecto de ley ‘’4×3 Jornadas flexibles’’, amenazas al régimen de pensiones del Magisterio Nacional, el terrible recorte de un 8% del presupuesto que le corresponde al Ministerio de Cultura y Juventud, frente a la paradoja de un sistema de seguridad debilitado sin enfoque multisectorial y comunitario, con recursos limitados y con afectaciones graves en las garantías laborales del personal de seguridad en todo el país.

No obstante, desde la aplicación de la regla fiscal, han dejado secuestradas las funciones fundamentales de las instituciones públicas en el país, limitando su presupuesto y agravando a sectores que son motores de la economía en el país, o afectaciones a personas en riesgo social. Hasta ahora, la receta del Poder Ejecutivo, en este contexto país, ha sido el recorte presupuestario, la violación a la libertad de prensa e irrespeto a la institucionalidad, la Constitución Política y los Poderes Democráticos de la República en el país, generando un efecto adverso en las garantías sociales y laborales de las personas trabajadoras y habitantes del país, como parte de una estrategia clara en el debilitamiento del Estado Social de Derecho.

Por todo lo anterior, es urgente la generación de soluciones ante los múltiples retos de la educación pública, si buscamos sostener los pilares de la democracia y el Estado Social de Derecho, entre los que destacan: desigualdad educativa, formación docente, innovación pedagógica, inversión en educación, brecha tecnológica, evaluación de los aprendizajes, infraestructura educativa, fortalecimiento de la educación técnica, participación comunitaria y multisectorial, articulación entre los niveles del sistema educativo, entre otros.

Debemos garantizar una educación inclusiva, creativa, innovadora y crítica. Una educación que genere mayor movilidad social y reduzca las desigualdades estructurales en el mediano y largo plazo. Una educación que sea un “proceso integral correlacionado en sus diversos ciclos”, como establece la Constitución Política. Una educación que nos permita sentar las bases de un país mejor y no deje a nadie atrás.

Buscamos fortalecer el Estado Social de Derecho mediante la defensa del 8% que por Constitución, que le corresponde a Educación en Costa Rica, para ello, invitamos a todas las organizaciones sociales, productivas, estudiantiles, sindicales, multisectoriales, comunales, académicas, familias y sus comunidades, a sumarse a esta gran marcha por la educación pública.

¡MARCHEMOS A DEFENDER LO NUESTRO!

¡YO CONFÍO Y DEFIENDO LA EDUCACIÒN PÚBLICA!

Las organizaciones, familias y personas interesadas pueden aportar en la organización de la marcha, para ello pueden comunicarse mediante el siguiente correo: mesa.nacionaldedialogo@gmail.com

Imagen ilustrativa Foto: Laura Rodríguez Rodríguez – UCR.

Magisterio Nacional se organiza para dar la lucha inminente en defensa del régimen de pensiones y jubilaciones

El pasado 23 de mayo, se realizó el Foro: «Amenazas para el Sistema de Pensiones Costarricense: Consecuencias y Estrategias para su Defensa», organizado por el Foro de Presidentes y Secretarios Generales del Magisterio Nacional. En dicho evento se contó con la participación de la Gerencia de Pensiones de la CCSS y la Junta Administradora del Fondo de Pensiones del Poder Judicial.

Al cierre de este evento las organizaciones gremiales concluyen que hay un claro ataque del gobierno al Magisterio Nacional, que se hace más evidente con las 9 iniciativas de ley que se encuentran en la corriente legislativa, las cuales no solucionan integralmente el tema de pensiones, sino que ponen en riesgo la seguridad social de la población por los cambios en los regímenes básicos de pensiones que pretenden.

«Con este análisis quedó claro que la seguridad social está siendo desmantelada. Esto llama al Magisterio Nacional además de las personas trabajadoras del Poder Judicial a unirse para dar una lucha en la defensa de los regímenes especiales de pensiones, una lucha que no puede esperar, tiene que ser ahora y en las calles de ser necesario», así planteó la dirigencia del Foro de Presidentes y Secretarios Generales del Magisterio Nacional. Hacemos un llamado al señor Presidente de la República y a su diputada interlocutora Pilar Cisneros, para que no mancille la labor, honestidad, vocación y dignidad del Magisterio Nacional con mentiras y frases populistas dirigidas al pueblo, que pretenden lograr su aceptación en reformas a los regímenes pensiones y jubilaciones.

Ya basta de su discurso populista sin ofrecer soluciones integrales a los problemas sociales, económicos y políticos que requiere este país. Les invitamos a preocuparse por atender correctamente los problemas estructurales que asfixian al pueblo como por ejemplo: mejorar nuestro sistema educativo, fortalecer a la CCSS, reactivar la economía, generar empleos dignos, eliminar la pobreza, proteger al pequeño y mediano productor, mejorar y proteger nuestra soberanía alimentaria entre otros.

Las personas trabajadoras de la educación son quienes que han formado a este país, los que han cruzado ríos y montañas para llevar el conocimiento a nuestro pueblo, los que han dedicado años para formarse y llevar a las aulas de primaria, secundaria y Universitaria la formación para nuestros niños, adolescentes y jóvenes. La pensión que hoy disfrutan es merecida con creces, pagaron por ella, han cotizado toda su vida.

Queremos que los políticos dejen en paz a las pensionadas y los pensionados del Magisterio Nacional, ya que muchos pertenecen a la población adulta mayor, también pedimos respeto para todas las personas trabajadoras de la educación.

Basta ya de proyectos de Ley nefastos como el 23.625 presentado por el Sr Diputado Rodrigo Arias y el 23.733 presentado por la Sra. Diputada Pilar Cisneros, los cuales pretenden en contubernio con la SUPEN, desmantelar el Régimen de Capitalización Colectiva al reducir las cotizaciones estatales o patronales. Su objetivo es llevarnos a la unificación de regímenes, así lo dijo la Superintendente de Pensiones Rocío Aguilar al asumir el cargo.

El Foro de Presidentes y Secretarios Generales de las Organizaciones del Magisterio Nacional, deja claro que de ninguna manera permitirá más ataques de cualquier índole, que perjudiquen el Sistema de Pensiones del Magisterio Nacional.

Defenderemos hasta las últimas consecuencias nuestros derechos, nuestro Régimen de Pensiones y nuestro sistema educativo público, basta ya de ataques, basta ya de injurias, basta ya de confusión a la opinión pública.

 Señor Presidente, señoras y señores políticos que persiguen al Magisterio Nacional: están provocando con sus desacertadas decisiones un clima social muy inconveniente para la paz, no destruyan este país; investiguen, infórmense, para que puedan tomar decisiones acertadas. Trabajemos por la paz y edifiquemos un país más justo, sin llegar a una convulsión social.

Peligro inminente

Oscar Madrigal

El día de ayer Nogui, el ministro de Hacienda, hace una propuesta para trasformar el sistema de pensiones, quitándole el aporte del Estado a los tres regímenes de pensiones (IVM, Magisterio y Poder Judicial) para crear una pensión básica universal que se financiará del presupuesto nacional, sin que se cree reserva alguna para darle sustento. Se trata de generalizar el RNC, el régimen No Contributivo a toda la población.

La idea de una pensión para todos los ciudadanos de la tercera edad no es una mala idea, es buena. Sin embargo, dejar las pensiones futuras a la voluntad de los políticos de turno que manejan el presupuesto, es fatal. Actualmente la fatídica regla fiscal no permite otorgar más pensiones a las personas que no cotizan, porque el Gobierno no le transfiere presupuesto a la Caja; solo este año el gobierno de Chaves dejó de trasladar ₡14.700 millones al RNC. Imaginen lo que podría pasar en el futuro.

El retiro del aporte estatal al IVM, al sistema de pensiones de la Caja, sería decretar su muerte casi inmediata porque lo volvería insostenible para pagar las pensiones. Igual ocurriría con los otros regímenes. Otra puñalada a la Seguridad Social por parte del Gobierno de Chaves.

El Gobierno de Chaves, además, reformó el reglamento de zonas francas para incluir en ellas los servicios privados de salud, clínicas, hospitales, como un elemento más para favorecer la privatización de la salud.

El gobierno de Chaves trabaja cotidianamente a nivel internacional y nacional contra el Seguro Social. Los hechos así lo confirman.