La Asociación de Jubilados en Acción (AJA) presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, por no responder dentro del plazo legal una solicitud de información relacionada con la existencia y estado del fondo económico destinado a las pensiones del Magisterio Nacional.
El recurso, interpuesto el pasado 11 de junio de 2025 por el sociólogo y presidente de la AJA, Miguel Sobrado Chaves, denuncia la violación del derecho de petición y pronta respuesta, establecido en el artículo 27 de la Constitución Política y regulado por la Ley N° 9097, que obliga a la Administración Pública a responder en un plazo máximo de diez días hábiles.
El documento plantea tres temas dirigidas al ministro: si el fondo fue creado, ¿cuál es su estado actual?, o en caso de no haberse constituido, ¿qué ocurrió con los recursos recolectados mediante cuotas obreras, patronales y estatales entre 1958 y 1991? A pesar de haber sido recibida la solicitud el 3 de mayo, el Ministerio no respondió dentro del plazo, lo que motivó la acción legal.
Además, desde la AJA se recuerda que el Estado tenía la obligación de constituir un fondo con los aportes de maestras y profesores activos durante ese periodo, pero que, según han denunciado en múltiples espacios, el fondo nunca se creó, y los recursos fueron utilizados para otros fines presupuestarios. Esta omisión histórica constituye, para la organización, un grave incumplimiento legal y ético, que explica por qué el pago de las pensiones se carga hoy directamente al presupuesto nacional.
Como se expone en el artículo de SURCOS publicado en marzo pasado, titulado La verdad sobre las jubilaciones del magisterio nacional, los jubilados han cotizado por más de 30 años con tasas más altas que el régimen de la Caja Costarricense de Seguro Social y enfrentan actualmente cuestionamientos públicos que, expone la AJA, no reconocen su historial de contribuciones ni la responsabilidad estatal en el incumplimiento del fondo.
En su escrito ante la Sala Constitucional, Sobrado solicita que el Ministerio de Hacienda responda las preguntas planteadas y brinde información clara, detallada y verificable sobre el manejo de los fondos. La acción se enmarca en un contexto de creciente discusión pública sobre el financiamiento y la sostenibilidad de los regímenes de pensiones, así como sobre las reformas planteadas por distintos sectores políticos.
La Asociación Jubilados en Acción (AJA) solicitó al ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, información detallada sobre el Fondo Económico o reserva común que el Estado debió conformar con las cuotas correspondientes a las jubilaciones del personal del Magisterio Nacional.
Según el documento enviado por AJA el 1 de abril de 2025, la solicitud se refiere específicamente al periodo comprendido entre el 7 de setiembre de 1958 y el 14 de noviembre de 1991.
La asociación, representada por su presidente Miguel A. Sobrado, requiere confirmar si dicho fondo fue creado. En caso afirmativo, solicitan un estado detallado de la situación actual del mismo.
Si el fondo no fue creado, la organización pide al ministro de hacienda explicar las razones de esta omisión y detallar el destino específico que tuvieron los recursos captados durante ese periodo.
La misiva señala que la información deberá ser remitida a las direcciones de correo-e facilitadas por la asociación en su comunicación oficial.
La Asociación Jubilados en Acción presentó esta solicitud mediante el oficio JD-001-2025, adjuntando la personería jurídica que acredita a Sobrado como representante legal de la organización.
La Asociación de Jubilados en Acción, ante la constante y falaz desinformación injustamente hecha por años sobre la situación de nuestros jubilados, desde diferentes frentes y sectores, nos permitimos aclarar de una vez por todas, lo siguiente:
1) Los jubilados del Magisterio Nacional con base en cualquiera de las leyes a las que se hayan acogido, HAN COTIZADO MENSUALMENTE TODAS LAS CUOTAS EXIGIDAS POR LEY, salvo alguna excepción que confirma la regla, un mínimo de TREINTA AÑOS o 360 cuotas. Por lo tanto, es FALSO decir que no las hemos pagado.
2) Para cancelar esas cuotas, mensualmente se ha rebajado un 16% (DIECISEIS POR CIENTO) de su salario, en tanto en el IVM (Invalidez, Vejez y Muerte) de la CCSS solo se rebaja un 4%. Es decir, el Magisterio ha cotizado o pagado CUATRO VECES MAS TODOS LOS MESES.
3) Además, los jubilados del Magisterio también pagan mensualmente las cuotas correspondientes al SEGURO DE ENFERMEDAD DE LA CCSS Y EL IMPUESTO DE LA RENTA CONFORME A LA ESCALA ESTABLECIDA. Por lo tanto, el régimen del Magisterio Nacional y el IVM de la CCSS NO SON NI PUEDEN SER COMPARABLES.
4) Además, en este momento de las 43.885 personas jubiladas, solo 474 (1%) reciben una pensión mayor a 4.5 millones mensuales, equivalente al salario mínimo de un catedrático universitario, que es la máxima categoría que otorgan las universidades. Pero, además, ese 1% al igual que los que reciben jubilaciones mayores a 3.5 millones al mes, están afectados por deducciones llamadas solidarias, que van desde un 25% a un 75% según la escala correspondiente.
5) ES FUNDAMENTAL QUE SE ENTIENDA, que las cuotas que han sido rebajadas a los maestros y profesores en todos sus niveles desde 1958 a 1995, especialmente el llamado Régimen de Reparto, fueron a dar a la Caja Única del Estado y los diferentes gobiernos, desde entonces, NUNCA CREARON EL FONDO, COMO LOS OBLIGABA LA LEY, y el dinero fue utilizado para otros gastos del gobierno. Esto hizo que se acumulara UNA DEUDA con LOS JUBILADOS del magisterio, QUE HOY SUMA MÁS DE CUATRO BILLONES DE COLONES, que sería lo que habría en el Fondo y permitiría el pago de las jubilaciones. Por lo tanto, si hoy el pago de esas jubilaciones se carga al Presupuesto Nacional, NO ES CULPA DE LOS JUBILADOS, sino de los gobiernos hasta el actual, que también sigue sin cumplir con la obligación de crear ese fondo.
Como consecuencia de esto, el Estado se vio en la obligación de compensar ese fondo de pensiones, que se debió crear con las cuotas religiosamente pagadas por maestros y profesores, con la inclusión de las partidas en el presupuesto nacional. LA AUSENCIA DE ESTE FONSO CONSTITUYE UN VERDADERO DESFALCO DEL DINERO DE LOS JUBILADOS DEL REGIMEN TRANSITORIO DE REPARTO.
6) También ante los intentos de aprobar nuevas legislaciones propuestas por el gobierno y el diario La Nación, supuestamente contra las llamadas “pensiones de lujo” y el desconocimiento que tienen del tema, es necesario señalar que:
A una jubilación bruta de 4 millones se le deduce actualmente el 45.33% quedando un neto de 2.186.700. Si se desea aplicar lo propuesto por La Nación o el gobierno para llevarla al monto de 1.7 millones del IVM, habría que rebajarle 486.700 colones por mes, lo que significa una disminución ADICIONAL del 12.2%, por lo que la deducción total sería de 57.5%. ESTO ES IMPOSIBLE, por el límite máximo del 50% de deducciones establecido por la Sala Constitucional (Sala IV) y otros acuerdos internacionales.
Pongamos otro ejemplo, ahora para una jubilación de 3.5 millones, a la que ya se le deduce un 40.12% y queda un neto de 2.095.800 colones mensuales. Si se quiere aplicar lo que proponen La Nación y el gobierno de llevarla al equivalente de 1.7millones mensuales del IVM, habría que rebajarle 395.000 colones, equivalente a una deducción del 11.3%, con lo que el rebajo total sería del 51.4% y llegaría apenas al LÍMITE MAXIMO DEL 50% de deducciones establecido, como vimos, por la Sala Constitucional (Sala IV) y otros acuerdos internacionales.
EN CONCLUSION, lo que proponen el gobierno y La Nación solo sería posible para las jubilaciones menores a 3.5 millones, por lo que se verán afectadas LAS JUBILACIONES MÁS BAJAS, pues las mayores a esa cifra no se pueden ver afectadas, por lo tanto, estas absurdas propuestas dejan intactas las jubilaciones intermedias y altas, que YA ESTAN COTIZANDO EL 50%.
7) La Asociación de Jubilados en Acción señala además, que lo que actualmente el gobierno llama “estudio actuarial” jamás puede ser considerado como tal, que ya hemos mencionado, pues está ayuno de una serie de información importante empezando, precisamente, por el tema del fondo que nunca se creó, que afecta seria y profundamente este tema, convirtiendo el susodicho “estudio actuarial” en un simple estudios de depósitos, como la dicho y demostrado la Junta de Pensiones del Magisterio en un reciente programa de televisión.
Es nuestro deseo que termine la campaña difamatoria sobre este tema, que por años se ha montado contra los jubilados, por intereses políticos y electorales. Con gusto ofrecemos nuestra ayuda y participación al Gobierno de la República, a los diputados de la Asamblea Legislativa y a los medios de comunicación que seriamente y sin torcidas intenciones, quieran profundizar y conocer la realidad de este tema.
San José, 6 de marzo del 2025 Dr. Miguel Sobrado. Presidente de AJA
Lo peor que le puede pasar a un proyecto de ley es que se formule sin una evaluación de impacto. Eso le pasó al proyecto presentado el 22 de enero por el gobierno en torno a las pensiones de los regímenes con cargo al Presupuesto (Expediente legislativo número 24.786). Aquí me referiré a la parte relativa al régimen de reparto del Magisterio Nacional (RTR). La propuesta que contiene el proyecto sobre el RTR no logra el objetivo planteado que es reducir a un mínimo las pensiones llamadas de lujo. Por el contrario, con este proyecto las pensiones altas, superiores a 4 millones de colones, seguirán siendo altas. Tamaño problema: se presenta un proyecto para bajar las “pensiones de lujo” y termina reproduciéndolas. Improvisación y desconocimiento de la forma de funcionamiento de los regímenes con cargo al Presupuesto.
El proyecto se basa en un supuesto estudio actuarial. Sin embargo, un estudio actuarial es un cálculo de ingresos vs costos de un sistema de pensiones. Eso no se puede hacer en el RTR. Por una sencilla razón: el Estado nunca cumplió su obligación de patrono y de Estado aportando las cuotas al RTR. Desde 1958 el Estado no le ha aportado nada al RTR. Los únicos que cotizaron en los primeros años fueron los docentes. Y los recursos que se acumularon en ese período fueron captados por el Gobierno Central y destinados a otras cosas, incumpliendo lo establecido en el artículo 73 de la Constitución de la República. Hoy el Gobierno Central paga las pensiones del RTR con recursos de la caja única y un aporte que dan los jubilados. Pero, como es de esperar, el déficit se produce por la falta de recursos ante el incumplimiento del Estado de pagar sus obligaciones durante más de 60 años. En tales condiciones un estudio actuarial es imposible de realizar: no hay ingresos históricos, ni ingresos futuros. Lo único que se puede realizar es una simulación de gastos de unas tres o cuatro décadas, que es lo que durará el RTR hasta que muera el último pensionado, porque el régimen está cerrado desde hace más de 30 años. Así que se puede hacer cualquier simulación y llamarlo estudio actuarial, pero no es un estudio actuarial.
Cuando decimos que el proyecto se formuló sin un estudio de impacto es en relación con la falta de cálculo de lo que pasaría con los diferentes niveles de pensión ante la aplicación del proyecto de ley. Por eso, a continuación, presentamos ese estudio de impacto, realizado con un modelo de simulación que hemos desarrollado en los últimos cinco años, ante los ataques sistemáticos que ha recibido el RTR. Usamos la versión CalculoPensionNeta_V9_50_2025. El modelo tiene un 100% de precisión, probado con la aplicación que han hecho una cantidad importante de jubilados del RTR. Tal simulación calcula las deducciones que se le aplican a cualquier pensión del RTR y con base en eso determina la pensión neta que le llega a cada jubilado. Las deducciones son el pago del impuesto sobre la renta y los aportes que se hacen al régimen con base en los artículos 70 y 71 de la ley 7531 que regula la materia. Además, el jubilado debe pagar el seguro de salud de la CCSS, un cargo administrativo a JUPEMA y una póliza de vida. Por ejemplo, una pensión bruta (es decir, sin deducciones) de 4 millones de colones paga 1,8 millones por deducciones; es decir, el 45% de la pensión bruta. Por lo tanto, al jubilado le queda una pensión neta de 2,2 millones.
La inconsistencia del tope del proyecto de ley
Los componentes del proyecto de ley mencionado son los siguientes:
Se aplicará un tope a todas las pensiones del RTR equivalente al tope de las pensiones del IVM de la CCSS. Hoy dicho tope equivale a 1.765.859 colones. Existe la posibilidad de aumentar moderadamente tal tope si el jubilado postergó el momento de su retiro.
El tope se aplicará a la pensión neta, es decir a la pensión bruta menos las deducciones mencionadas antes. A esto se le puede llamar pensión neta sin tope IVM.
La aplicación del tope está sujeta al cumplimiento de una excepción: la pensión neta con el tope IVM no puede ser menor al 40% de la pensión bruta. Es decir, si al aplicar el tope del IVM a la pensión neta ésta queda en un monto inferior a ese 40%, no se aplica el tope del IVM para que al jubilado siempre le llegue al menos un 40% de su pensión bruta. Esto es una interpretación particular del convenio 102 de la OIT, suscrito por el país. No es claro si tal parámetro se deriva del convenio 102. Actualmente, por disposiciones de la Sala IV, se aplica otro parámetro que limita las deducciones que debe pagar el jubilado al 50% de la pensión bruta. Para definir ese parámetro, la Sala IV también invocó el convenio 102, lo que tampoco es claro si es posible a partir del convenio. Se asume que lo definido por el proyecto de ley mantiene este último parámetro establecido por la Sala IV. Pero, si el proyecto de ley aplica ambos parámetros, supuestamente derivados del convenio 102, estaríamos ante un ornitorrinco jurídico de proporciones mayúsculas, que podría provocar un caos de interpretación legal. El modelo de simulación asume que se aplica dicho ornitorrinco porque se interpreta que el proyecto de ley lo dispone así.
Usando el modelo de simulación mencionado antes, calculamos el impacto en diversos niveles de pensión bruta del RTR. El siguiente gráfico y la tabla muestran los resultados de la simulación.
El gráfico presenta la pensión neta sin tope IVM para diferentes niveles de pensión bruta que van desde 2 millones hasta 15 millones. Se traza mediante una línea negra. Como mencionamos, esta pensión es el resultado de restarle a la pensión bruta todas las deducciones citadas.
Si le aplicamos el tope del IVM a la pensión neta aparece la pensión neta con tope IVM, que se dibuja mediante una línea roja.
Se observa en el gráfico que, en el rango de pensiones que va de 2 a 4 millones de colones, efectivamente el tope limita el monto de la pensión neta. La línea negra está encima de la línea roja. Es decir, el jubilado recibirá una pensión neta más baja comparándola con el monto que recibiría sin el tope IVM. Sin embargo, después de 4 millones el tope pierde efectividad. La regla de mantener el 40% de la pensión bruta protege a las pensiones más altas. La línea roja sigue debajo de la línea negra, pero sin freno. Es decir, el tope deja de funcionar, por lo que la pensión neta aumenta sin control. Es cierto, que la pensión neta con tope IVM baja un poco en relación con la pensión neta sin dicho tope; pero, los niveles que provocaría el proyecto de ley son muy altos. No hay control de las “pensiones de lujo” que siguen aumentando a niveles desproporcionados. Por ejemplo, si una pensión bruta de 7 millones se limita por el tope IVM, que es de 1,7 millones, quedaría abajo del mínimo del 40% respecto a la pensión bruta, que sería de 2,8 millones. Por lo tanto, el tope IVM no se aplica y obtiene 2,8 millones, lo que es sustancialmente diferente al tope de 1,7 millones del IVM. Conforme el monto de la pensión bruta aumente, la línea roja seguirá creciendo sin límite, lo que indica que el mínimo del 40% permite a los jubilados con pensiones altas disponer de una pensión neta final bastante alta. En términos del populismo usado para analizar este tema, resulta que el proyecto ley no frena las “pensiones de lujo”, cuando se supone que busca lo contrario. Un jubilado con 10 millones de pensión bruta va a recibir 4 millones de pensión neta, debido a la protección del mínimo del 40% de la pensión bruta. Otro jubilado con 15 millones de pensión bruta recibirá 6 millones de colones como pensión neta final, por la misma razón.
En pocas palabras, el tope del proyecto de ley no sirve para detener las “pensiones de lujo”, por el contrario, las fortalece. Por eso, el gráfico traza la línea roja de la pensión neta con tope IVM como una línea discontinua, a partir de 4 millones de pensión bruta, ya que, en la práctica, no funcionará.
Además, el gráfico revela que se trata de un proyecto de ley regresivo. Reduce la pensión neta de las pensiones brutas menores de 4 millones. Pero aumenta considerablemente la pensión neta de las pensiones brutas más altas. El proyecto les quita pensión a las pensiones bajas y les da más pensión a las altas.
Además, debe quedar claro que las cláusulas como la de la Sala IV (límite del 50% a las deducciones respecto a la pensión bruta) y la de este proyecto (protección del 40% de la pensión bruta) protegen a las pensiones más altas y dejan sin defensa a las pensiones bajas, menores a 4 millones de colones. Son cláusulas regresivas: cuando se presentan proyectos de ley para limitar las pensiones el efecto queda reducido a las pensiones bajas, mientras las pensiones mayores a 4 millones mantienen un nivel muy alto. En el caso del proyecto de ley del gobierno nada tiene que ver, por ejemplo, una pensión neta de 6 millones de una pensión bruta de 15 millones comparada con el supuesto tope de 1,7 millones.
Conclusión
Este es el lamentable resultado de formular un proyecto de ley sin evaluación de impacto. La comisión legislativa que analice este proyecto debe observar con cuidado estos resultados. Insistir en aplicar el tope IVM, junto a las cláusulas de excepción, no tiene ninguna utilidad. Debe darse una reflexión nacional sobre lo que debe ser un tope razonable, que no puede ser 1,7 millones. Ese parámetro existe en la CCSS por el desequilibrio financiero, pero no tiene nada que ver con las necesidades de un adulto mayor que supera los 65 ó 70 años. Una discusión seria debe generar criterios razonables que establezcan lo que es un mínimo justo para el jubilado, adulto mayor.
Lo expuesto en este artículo es un análisis económico. El proyecto de ley tiene aspectos inconstitucionales graves que deben analizarse desde la perspectiva jurídica, lo que no se ha abordado aquí.
Los fondos de pensiones son propiedad privada y un derecho humano inalienable. Los trabajadores son los únicos y legítimos dueños de ese capital. A las instituciones se les ha otorgado una autoridad especial de representación, pero no para tomar decisiones inconsultas.
El principio de la propiedad privada es el derecho a la riqueza y yo como persona ciudadana responsable debo custodiarla, para eso el Estado se compromete y pone todo a disposición.
La participación de los dueños de los fondos de pensiones en la toma de decisiones y el principio de propiedad privada tienen un fundamento constitucional: artículos 9, 45 y 50 de la Constitución Política. Así mismo, el artículo 11 de la Carta Magna establece el proceso de rendición de cuentas de los funcionarios públicos.
Pero, hay un incumplimiento de ese mandato constitucional y por eso las personas trabajadoras están preocupadas por lo que esté pasando con las inversiones realizadas con su aporte de capital debido a que no tienen participación en la toma de decisiones.
¿Una vejez digna para los trabajadores costarricenses o una inyección de recursos al sistema financiero, qué propone SUPEN?
La ilusión del bienestar que había imperado por muchos años como el enfoque primordial de nuestro sistema de pensiones, se ha venido refugiando en las finanzas, pero el problema es que las finanzas se convirtieron en una dictadura que condiciona incluso a la democracia, donde solo mandan. las reglas del mercado que en definitiva no son más que las reglas de unos pocos y con ello, el resultado más preocupante es que la existencia del ser humano depende de esas reglas sobre las que no tiene ningún poder.
En otras palabras, este enfoque que la SUPEN propone, es terminar de entregar a la dictadura del mercado los recursos de los fondos de pensión, puesto que se aleja de toda visión solidaria para convertir el sistema de pensiones en un sistema de cuentas individuales, al mejor estilo chileno, que deja la vejez de los ahorrantes en manos del casino de las empresas del sistema financiero, dominado por fuerzas extranjeras, en el cual ni el país y ni los ahorrantes tienen ningún poder ni control.
Los chilenos abrazaron la idea de que les vendieron de ganar mayores réditos con cuentas individuales y hoy tienen los humillantes resultados perdedores, el fracaso de este sistema los está llevando a analizar la posibilidad de volver al IVM que tenían en el pasado.
Convierte la SUPEN al ser humano en un sujeto cuya existencia se reduce a trabajar para ahorrar cada vez más. Le piden pensión obligatoria, le dicen que también ahorre para una pensión complementaria, y le proponen otros ahorros, pero siempre el futuro será incierto. Podría enfrentar una vejez sin nada, porque todo depende del juego del mercado. Todo esto para alinearse a un sistema financiero, imperante, como si fuera un camino obligado y la única vía de organización.
Los miembros de la Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional consideramos que eso no es otra cosa que un apagón de la sensibilidad y la razón. Ninguna de las propuestas impulsadas por SUPEN se dirige a asegurar una vejez digna puesto que no garantiza, ni mínimamente, cuánto recibiría después de toda una vida laboral. Ninguna de dichas propuestas muestra la menor preocupación por el futuro de esas inversiones, ni plantean los posibles escenarios peligrosos de las mismas y menos aún lo que pasaría con esos trabajadores en caso de un colapso financiero. Es decir, el ser humano como objeto al servicio de dicho sistema, siendo más importante la salud de una persona jurídica que de una persona física.
La SUPEN presenta una visión distorsionada de solidaridad. Dicha visión se muestra en la creación de un llamado pilar cero, en donde a los recursos de los pensionados con carga a presupuesto se le incluyen todos aquellos costarricenses por nacimiento o por naturalización, que no hayan cotizado en su vida para una pensión. Es efectivamente solidaria porque se incluyen las necesidades de estas personas, pero es la posición solidaria que exime a amplios sectores de contribuir para enfrentar esta problemática, que no es otra cosa que la amplia problemática de la pobreza. Se mezclan así dos condiciones muy diferentes, la pobreza y el sistema de pensiones, en donde se carga la primera a la segunda, producto de la falta de políticas públicas adecuadas.
Se pretende dar con ello una solución a la pobreza en adultos mayores, afectando las condiciones de vida de los pensionados sin recordar siquiera que la mayoría de esos pensionados que están con carga al presupuesto son aquellos para quienes el dinero de los ahorros de su pensión fue gastado o, en el mejor de los casos invertido, por sucesivos gobiernos.
Es así como la propuesta de SUPEN viene a atropellar la clase trabajadora sin dejar claro que la mayoría de esos, pensionados con cargo al presupuesto pertenecen al Magisterio Nacional y que son los que han aportado las mayores cotizaciones de todos los regímenes públicos.
La Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional ha investigado y analizado a fondo cuál es la problemática actual del SNP, por lo que concluye que el primer problema radica en la no participación de los dueños del capital, o sea la persona trabajadora en la toma de decisiones (art. 9 CP); en segundo lugar, la carencia de políticas públicas adecuadas y el irrespeto al mandato constitucional establecido en el artículo 73 de la Carta Magna, respecto a no emplear los fondos de pensiones para otra finalidad que no sea para la cual se crearon (deuda estatal), lo cual ha llevado al desfinanciamiento de la CCSS, y la crisis del IVM. También se puede señalar que actualmente está ocurriendo lo mismo con los fondos de pensiones que administra JUPEMA y desde ya esto está afectado el equilibrio actuarial de los mismos, con las graves consecuencias que sufren hoy los trabajadores que cotizan para el IVM. Por último, la mala administración y nula fiscalización en el manejo de los recursos ha traído como consecuencia pérdidas cuantiosas en los diferentes regímenes tanto básicos como complementarios ya sean obligatorios o voluntarios.
Así mismo, con el aporte y asesoría de especialistas en materia constitucional, sociología, economía y derecho, la Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional presenta las siguientes alternativas de solución:
Mantener el esquema de los pilares con los regímenes básicos separados, ya que éstos no se pueden integrar por múltiples razones que se detallan en el documento subido a la matriz del diálogo social de SUPEN.
Eliminar del SNP el cuarto pilar (régimen no contributivo) pues el concepto de pensión-cotización se contradice con el nombre de este cuarto pilar: no contributivo, siendo que no puede estar entre los regímenes de pensiones pues en esencia es una ayuda social y debe ser trasladado a la entidad creada para destinar las ayudas sociales, FODESAF. Para ello se requiere inyectarle capital a FODESAF de tal manera que logre reactivarse y adquiera la capacidad económica necesaria para brindar las transferencias sociales a los sectores más vulnerables de la población como los adultos mayores en condición de pobreza y pobreza extrema. ¿De dónde se obtendrán esos recursos? De la renegociación del pago de los intereses de la deuda pública interna (ver punto cuatro).
Generar nuevos recursos. Esto implica crear un impuesto móvil del 0-1% a las exportaciones incluyendo las zonas francas, ya que éste sector económico es el más dinámico, pero no pagan impuestos. Aumentando este impuesto móvil de manera escalonada hasta un 0,7%, el cual se puede capitalizar al 3% anual se generaría 75 billones de colones en 99 años (proyección actuarial). Este es el monto del déficit actuarial de la CCSS por lo que se solucionaría la crisis de la misma, incluyendo el IVM. Fortalecer de esta manera la CCSS permitiría mejores servicios de salud a toda la población y mejores condiciones para los pensionados, sin necesidad de afectar los otros regímenes básicos.
Renegociar la deuda pública interna. Bajar el porcentaje del pago de los intereses de esta deuda, que son los más altos del mundo, solventará la grave crisis económica que atraviesa el país pues actualmente y desde hace varias administraciones gubernamentales se le ha dado prioridad al pago de estos altos intereses a costa. del sacrificio de toda la población, siendo que se ha reducido el presupuesto en inversión social, como infraestructura pública, transferencias sociales a los sectores más vulnerables y el congelamiento de salarios y pensiones del sector público, entre otros, beneficiando a un grupo reducido de tenedores. de la deuda, lo cual violenta nuevamente el mandato constitucional en su artículo 50:
Artículo 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Esta propuesta se encuentra de forma amplia y completa en la matriz del diálogo social de SUPEN.
El pasado 16 de octubre del 2024, la Asociación Jubilados en Acción solicitó al ministro de Hacienda, y al gobierno de la República, información acerca de los fondos que se debieron conformar con cuotas obreras patronales y estatales, correspondientes a las jubilaciones del personal del Magisterio Nacional.
Dicha información se requiere para determinar qué hizo el Estado con las cuotas obreras, patronales y estatales correspondientes al Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, entre los periodos que van desde la promulgación de la Ley No 2248 (7 de setiembre de 1958) y la fecha de promulgación de la Ley No 7268 (14 de noviembre de 1991), a efecto de determinar la responsabilidad que corresponda.
A diferencia de los fondos individuales que pertenecen a cada afiliado, la reserva común se utiliza para cubrir riesgos o contingencias que afectan a todo el sistema, como una longevidad mayor a la esperada, ajustes por inflación, o desequilibrios actuariales en caso de que algunos participantes no acumulen los fondos necesarios para una jubilación digna. La función principal de esta reserva es estabilizar el sistema, asegurando su sostenibilidad a largo plazo al actuar como un colchón financiero que permite absorber variaciones imprevistas en las proyecciones actuariales.
Como se indicó supra, el Estado incurrió durante 33 años en el grave incumplimiento de apropiarse de los fondos ahorrados por el personal magisterial y de algunos de los patronos como cuotas obreras y patronales, con el agravante de que no pagó los aportes como patrono en el caso del personal del Ministerio de Educación Pública (MEP) y no pagó tampoco, la cuota general que como Estado le correspondía aportar para todas las personas afiliadas a JUPEMA.
Por lo tanto, estas fueron las solicitudes concretas de información:
¿Qué hizo el Estado con las cuotas que pagamos las personas afiliadas a JUPEMA entre el 7 de septiembre de 1958 y hasta el 14 de noviembre de 1991 y que el Ministerio de Hacienda retuvo de nuestros salarios mensuales?
¿Dónde se depositaron las cuotas patronales y estatales pertenecientes al Fondo Económico de JUPEMA entre el 7 de septiembre de 1958 y hasta el 14 de noviembre de 1991?
¿A cuánto suman esas cotizaciones tripartitas pertenecientes al fondo económico de JUPEMA correspondientes al periodo de 33 años que van de 1958 a 1991?
¿Dónde se depositaron los intereses y rendimientos generados por la reserva económica común perteneciente al fondo de jubilaciones creado por la Ley 2248 del 7 de setiembre de 1958?
¿Existe un fondo económico o una previsión para que el Estado responda por esa obligación económica contraída con el personal del Magisterio mediante la Ley 2248 del 7 de septiembre de 1958?
Le invitamos a leer el documento completo, y enterarse de esta situación, la cual no está bien esclarecida, y no se comenta.
La construcción de un estado social y democrático, así como el justo derecho del trabajador en conquistar sus más nobles aspiraciones, han sido los ideales que guiaron a las sociedades para encontrar su liberación de las más oprobiosas esclavitudes, muchas veces impuestas por los grupos poder.
Hoy en día, en la sociedad moderna que vivimos, la humanidad se enfrenta a nuevas clases de esclavitud y explotación, que degradan y someten a la miseria extrema a miles de seres humanos. Sin embargo, estos flagelos tienen una particularidad, que pueden ser impuestos y obligados, como también aceptados y promovidos por propia voluntad de quien los padece.
La propagación de la drogadicción en todas sus formas (muestra del sentimiento de muchos de estar drogados para no enfrentar los grandes problemas personales y nacionales que vivimos), el narco sicariato (que cada día secuestra más de nuestros niños y jóvenes para ser reclutados en tan vil actividad), el narcotráfico (que para muchos cada día va siendo el único medio de subsistencia); así como el desempleo o empleo bajo condiciones que retratan las más mínimas y paupérrimas condiciones laborales, la pobreza extrema, el analfabetismo o la seudoalfabetización sin ningún grado de rigor o aporte como herramienta para el desarrollo humano, constituyen algunas de las múltiples realidades nacionales esclavizadoras.
Es frente a este oscuro panorama, que día a día enluta a la familia y trabajadores costarricenses, que surgen a la luz pública las grandes verdades del movimiento sindical en el magisterio nacional, principalmente al mostrarse como herramienta, no sólo de la dignificación laboral, sino también de todo el pueblo costarricense.
Al estar a la par de la maestra, el maestro, la profesora, el profesor, la conserje, el conserje, la administrativa, y el administrativo, todos verdaderos héroes diarios, que se enfrentan día a día a las consecuencias de las esclavitudes antes dichas. Al estar a la par de la estudiante y del estudiante, principalmente de aquellos que menos recursos económicos tienen para tener acceso, a lo que debería ser la garantía de un derecho humano universalmente tutelado; el movimiento sindical magisterial demuestra la más noble verdad en los derechos de todas aquellas personas que ofrendan su trabajo, e incluso su vida para garantizar lo que el propio estado ha dejado de tutelar y garantizar.
Las verdades muchas veces incomodan o inquietan, principalmente frente al gobernante populista, irrespetuoso y opresor; frente al político oportunista, mediocre y corrupto, frente al poder mediático cómplice del robo descarado de lo que debería ser la crítica e instruida opinión pública. A pesar de ello, la verdad permanece incólume, haciendo su trabajo en beneficio del bien común, y de la construcción de un futuro esperanzador para todos los habitantes de la república.
Los últimos acontecimientos nacionales, donde se plasma la cruda realidad de considerar como un gasto para el estado la educación pública y gratuita, donde muchas de nuestras escuelas y colegios se encuentran desmanteladas por la falta de mantenimiento e inversión, donde el trabajador de la educación se encuentra excluido y relegado a las más ruines condiciones de trabajo, donde miles de estudiantes se ven obligados abandonar las aulas escolares, colegiales y universitarias debido a las grandes barreras económicas y materiales que enfrentan, reflejan otra gran verdad, sea la razón que tenemos los sindicatos del magisterio de protestar por éstas y muchas otras oscuras realidades.
Nuestra labor diaria de escuchar a nuestros hermanos trabajadores de la educación, donde nos exponen todas las siniestras realidades a las que se enfrentan, y que en no pocas oportunidades -tienen inclusive- con sus escasos recursos personales, hacer frente a garantizar todas aquellas ayudas que permitan que una niña o niño, o joven puedan continuar estudiando, puedan alimentarse, puedan vestirse y calzarse, es nuestra profunda motivación para entender la verdad de la noble tarea que realizan los sindicatos del magisterio.
El SEC, fiel reflejo de la defensa de los intereses patrios, de las más nobles luchas por el rescate nacional, del trabajador de la educación, de la niñez y juventud costarricense, desde sus propios orígenes, ha logrado defender la incólume verdad de que sin el magisterio este país se encontraría sumergido y atado a los más ruines y nefastas miserias, que como la historia patria ha demostrado, muchos políticos de turno trataron de imponer; más sin embargo logramos contener.
En honor a los trabajadores de la educación que ya partieron y que dieron su mejor esfuerzo, a los que hoy nos acompañan en nuestras más nobles y sublimes luchas reivindicadoras, al futuro que estamos construyendo y defendiendo para las nuevas generaciones; en honor a la verdad, de que el mundo ha sido mejor por los movimientos sindicales, que actuando en apego a sus principios, en apego a sus sacrificios brindaron dignidad al trabajador y solución a los grandes problemas que el momento histórico les demandó. A todos ellos, el SEC levanta el estandarte de la verdad en la lucha por una Costa Rica más justa, que garantiza el derecho humano a la educación para todos.
Al noble pueblo costarricense les podemos asegurar, que ni el narcotráfico, ni el corrupto y corruptor político, ni los gobernantes populistas, ni los medios de comunicación corruptos, podrán matar la fe y esperanza de una patria libre de toda esta paria que nos esclaviza. A todo ese noble pueblo, les hacemos un llamado para que se unan a las luchas sindicales del magisterio en favor de nuestro más amado y preciado futuro y su rescate, sean nuestras niñas, niños y jóvenes. Concluyo, haciendo mías las gloriosas palabras de Ovidio: “Felices son aquellos que se atreven con coraje a defender lo que aman”
Lic. Javier Francisco Cambronero Arguedas,
Tomada de: http://www.encuentromunicipal.com/
Lic. Javier Francisco Cambronero Arguedas 13-IX-24 Fiesta de San Juan Crisóstomo
Con el paso del tiempo, los costarricenses hemos sido capaces de construir una sociedad cada vez más inclusiva que ofrece mayores oportunidades y mejor calidad de vida a: adultos mayores, niñez, población en condición de discapacidad y mujeres. Es decir, prácticamente la mitad de la población no poseía las mejores condiciones para desarrollarse plenamente.
En la Francia revolucionaria de fines del siglo XVIII surge la proclama de los derechos humanos universales, reivindicando la existencia del ciudadano, ante el poder del monarca. El pueblo pasa a ser el soberano, en vez de un rey o figura similar. Francia y Estados Unidos, luego Haití, avanzan en esa dirección, reconociendo la existencia de derechos inalienables para todas las personas, sustentados en la libertad y en un claro delineamiento de lo que serán las relaciones entre el individuo y el Estado. Un Estado que ya no es absolutista ni unipersonal, sino que será democrático y bajo el principio de delegación. Las personas decidirán cada cierto periodo quiénes serán sus gobernantes, y sobre ellos descansa velar por la consecución del Bien Común y el progreso de los pueblos a la luz de la doctrina democrática.
De manera que los derechos humanos en su conjunto, están asociados a los logros históricos de los pueblos de luchar por mejores condiciones de vida y que implica el reconocimiento del derecho a la vida y a la libertad en primera instancia, posteriormente al derecho a la libertad de pensamiento, a la libre expresión y la promulgación de deberes por parte del estado de proveer derechos como el acceso a la educación, a la salud, a un trabajo digno para la población, especialmente la más necesitada. A la luz de este nuevo contrato social que surge entre semejantes, también se adquiere conciencia para financiar un estado que brinde los servicios más elementales para que la sociedad en su conjunto, funcione y surja el respeto a la ley, a la libertad a poseer bienes propios.
Surge el pago de tributos como tal. En el caso de Costa Rica, inicialmente, tras la independencia, para financiar gastos militares, policiales, mantenimiento de aduanas y la burocracia encargada de ello. Posteriormente, a partir de 1850 en los gobiernos de Mora Porras y Castro Madriz, empieza a aparecer el financiamiento de la educación como uno delo rubores más importantes en los presupuestos del Estado, sea poder ejecutivo o incipientes municipios que surgen en comunidades más organizadas. Se requiere contratar maestros, pagarlos y darles un espacio físico donde impartir sus lecciones a niños y párvulos. Hasta antes de 1885, sólo primaria, una escuálida Universidad de Santo Tomás y el colegio San Luis Gonzaga. Luego, tras la reforma de don Mauro y ponerse en práctica las ideas de don Julian Volio Llorente, con mayor participación activa del estado en lo público, surgen otros liceos como Instituto de Alajuela, Liceo de Costa Rica, Liceo de Heredia, Liceo de Señoritas, y escuelas en los municipios cabeceras de provincia y otros. Hay una gran claridad entre los gobernantes de nuestra época, sobre la importancia de impulsar la educación, facilitar el acceso a ella de la mayor parte de la población y que a partir de ahí se garantice el disfrute de otros derechos para la población. Además una población más alfabetizada, aún en una sociedad agrícola como la nuestra, a fines del siglo XIX e inicios del Siglo XX, con una incipiente industria y actividad comercial, es mucho más productiva. En la década de los veinte, surge la secretaría de Salubridad Pública y algunas leyes en protección de los derechos de los trabajadores. Allí el magisterio nacional jugó un papel muy importante, pues descubrió que la calle es otro espacio de lucha para las propuestas y reformas, y pode avanzar de esa manera, en el desarrollo social del pueblo. Se descubre la fuerza de la unidad y poder arrancar al poder político ciertas conquistas, sea a través de la promulgación de leyes más justas o de la negociación franca y transparente. El pueblo avanza con mayor acceso a servicios de educación y de salud. En esos mismo años veinte -hace cien años- llega el turno por mejores condiciones laborales, consolidar una jornada ordinaria, un salarios mínimo y un régimen de protección social que garantice una mejor atención en la vejez, la maternidad y ante la enfermedad.
La búsqueda de mejores condiciones de vida para la mayoría de la población, nunca ha sido una concesión graciosa de clase dominante alguna, sino que obedece a la legitima aspiración de los pueblos de buscar el Bien Común y emprender todas aquellas acciones que se consideren válidas. Surgen como una lucha contra la tiranía, en lo civil y lo político y luego se van configurando en lo económico, lo social, lo cultural. Mucho de lo cual queda plasmado tras la fundación de la Segunda República, en 1948, hasta la mitad de la década de los ochenta. Durante ese lapso las aspiraciones del pueblo costarricense, se han visto en mucho concretadas a través de la apertura de colegios y escuelas por todo el territorio nacional, la creación de clínicas y hospitales a lo largo y ancho de la geografía nacional. Y en el último cuarto del siglo veinte, la creación de sedes universitarias públicas y privadas que contribuyen a atender la brecha educativa en ese nivel, entre zonas rurales y urbanas, y la aparición de muchos puestos de salud, gracias a la estrategia Hospital sin Paredes. Así como brindar servicios de agua potable, letrinización, electricidad y telecomunicaciones a todo el país. Donde el Estado, para el servicio del sector privado, la producción y de la población, ha sido capaz de desarrollar diversas redes de servicios en rutas terrestres, cabotaje, y otras.
Durante todo ese periodo hemos disfrutado de gobernantes conscientes de esa ruta de crecimiento, desarrollo y bienestar y profundización de la convivencia democrática y la paz social.
Todo ello depende y dependerá de que NO DEJEMOS de invertir en lo social: salud educación, vivienda, alcantarillado, seguridad social. Los logros históricos que poseemos como pueblo costarricense, están fuertemente inspirados en la Doctrina Social de la Iglesia, en el pensamiento de pontífices como León XIII y Pablo VI. Esta exitosa cosecha no ha caído del cielo. Son fruto del esfuerzo de muchas décadas de apoyar y decidir sobre lo mismo, lo bueno, lo sano, lo justo. No nos debemos de cansar de preocuparnos por los demás, por los más desfavorecidos, los pobres, enfermos, inválidos y adultos mayores. Para eso pagamos impuestos y permitimos que parte de la riqueza que generamos, vayan a la atención de esas necesidades sociales para combatir la desigualdad y permite cerrar brechas de todo tipo.
Es decir, el edificio social construido con tanto esfuerzo, generosamente por varias generaciones, con grandes acuerdos nacionales, donde tejer esos acuerdos significa renuncia de alguien o algunos a algo, ha prevalecido sensatamente el fin último a perseguir; que es vernos todos como hermanos y forjar una patria en la que quepamos todos, que no se parezca mi país a un latifundio de gamonal. Llegar hasta aquí ha costado, y es por mucho, fruto del ahorro nacional. Estas condiciones no son inmóviles ni un regalo de nadie, o sea hay que cuidarlas y mantener los estándares de desarrollo social que hemos alcanzado con el paso del tiempo.
Pero si no hay inversión social, si no seguimos construyendo escuelas, buenas carreteras y atender la salud y la vejez como corresponde, veremos un marcado deterioro social. Que a su vez tendrá un impacto en las condiciones de equidad, seguridad, generación de empleo y búsqueda de oportunidades.
La incapacidad de llegar a acuerdos va a ser que aparezca el conflicto y la discordia. De ninguna manera debemos de permitir que ambos afloren en las relaciones entre las personas; con su insana y nada conveniente presencia, estamos a un paso que sea la violencia, el odio y la intolerancia quienes sustituyan las pacificas armas del diálogo y la paz social. Ello conduciría a una involución ante tanto progreso social que hemos logrado en la construcción de una sociedad más justa y solidaria; y el destructivo fantasma del retroceso estaría a la vuelta de la esquina.
Hoy preocupa imaginar, qué destino le espera a nuestra niñez y juventud, cuando en mi país, cada día 136 mujeres solicitan medidas cautelares ante la violencia intrafamiliar existente. Eso equivale vergonzosamente a más de 60 mil denuncias a año, dicho de otra manera, más de 5 por hora. ¡Qué horror! La degradación a la que nos estamos exponiendo en los últimos años, enciende las alarmas de que algo no lo estamos haciendo bien. Es penosa y descarnada expresión de una sociedad enferma, que pareciera irse quedando sin salidas.
No permitamos de ninguna manera, que nos inunde el sentimiento de derrota. Ese no es nuestro espíritu ni ese ha sido nuestro talante histórico. Eso sí, solo juntos podemos salir de allí y seguir construyendo.
Nuestra institucionalidad debe estar al servicio de la búsqueda del Bien Común, y como fin, debemos perseguirlo siempre y ahora. No claudiquemos, no tenemos ese derecho. Con el discernimiento espiritual que tenemos desde la fe, podremos retomar el camino. Debemos de ser capaces no sólo de ver las cosas, sino además de juzgar y actuar. Actuar con decisión y determinación desde cualquier espacio que ocupemos como ciudadanos.
Ante tan apremiante circunstancia, tal y como aconseja San Pablo, en la primera carta a los Corintios, ser indiferentes, no nos es lícito, no es una opción. Con sagacidad y humildad debemos retomar la ruta de la solidaridad que siempre nos ha hecho distintos.
Desde El Magisterio Nacional, Federaciones Estudiantiles, Universidades Públicas y las organizaciones agrupadas en la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo y demás entidades, suscribieron un documento político el pasado 20 de junio del 2023, así mismo articularon la marcha multitudinaria en defensa de la educación pública lo anterior preocupadas ante la más grave crisis educativa que enfrenta Costa Rica en los últimos 40 años, esta acción política hizo un llamado a todas las fuerzas vivas del país, a concertar con urgencia un PACTO NACIONAL POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA que garantice la universalidad, pertinencia, gratuidad y calidad de los servicios de educación pública, que son el pilar fundamental de nuestra democracia, garantía de la paz social y de nuestra libertad política, así como herramienta indispensable para la movilidad social ascendente y el desarrollo humano.
En ese sentido organizaciones del sector educación, personas estudiantes y otros sectores agrupados en la Mesa Nacional de Diálogo y otras instancias, desean reactivar este proceso de manera más abierta con más participación de sociedad civil y otras instancias, mediante una reunión política que nos permita definir acciones articuladas para la defensa de la educación pública nacional y ruta de trabajo que inciden en los distintos espacios de lucha y espacios de carácter propositivo como la mesa de trabajo educación, del Foro Diálogo Nacional de Alto Nivel.
• Día: martes 06 de agosto, 2024
• Lugar: Instalaciones ADEP, Barrio Los Ángeles, avenida 12.
Esta convocatoria no será la única sesión de trabajo, también sabemos que existen más espacios de lucha, el interés de las organizaciones es unir esfuerzos, superar los egos y la dispersión, así como buscar puntos de encuentro mínimos para reactivar este proceso con la mayor diversidad de actores posibles.
Agradecemos que puedan confirmar a más tardar el lunes 05 de agosto. Se adjunta como insumo adicional, documento político del Pacto presentado en Asamblea Legislativa el pasado 20 de junio.
El presidente del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), Gilberth Díaz, expresó su agradecimiento al Magisterio Nacional por su apoyo y disposición en la lucha que condujo al gobierno de Costa Rica a saldar una deuda relacionada con el ajuste por costo de vida, abarcando el período del 2020 al 2023. Gilberth Díaz describió el proceso como resultado de una intensa negociación y esfuerzos, incluyendo manifestaciones y reuniones de negociación, como la que tuvo lugar el pasado lunes primero de abril.
El presidente del SEC resaltó que los depósitos correspondientes a esta deuda están siendo realizados. Adicionalmente, enfatizó la importancia del papel que tuvo el diálogo en las negociaciones, así como la disposición del magisterio para recurrir a medidas de presión en defensa de sus derechos laborales y salariales. El SEC asegura que este logro representa un reconocimiento justo a los ajustes salariales no percibidos durante cuatro años, los cuales han afectado la estabilidad económica de las familias del magisterio.
Finalizó su mensaje haciendo un llamado a la unidad y vigilancia continua para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en acuerdos firmados, y reconociendo el despertar del magisterio y su demostración de espíritu de lucha en la defensa de sus derechos.
En nombre del Consejo Nacional de Representantes, del Directorio Ejecutivo Nacional, de las estructuras zonales y de los representantes institucionales del SEC, Díaz expresó su saludo, felicitaciones y agradecimiento por el logro alcanzado: el pago de la deuda del costo de vida.
Le invitamos a ver el video completo en esta nota.
