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Etiqueta: Magisterio Nacional

Nuestros invaluables “vagabundos” …

Jorge Mora Alfaro

Una de las cosas de las cuales me he sentido más orgulloso en mi vida es la de haber tenido una madre maestra. Con ella aprendimos la noble y agotadora tarea de la docencia y la indiscutible relevancia para nuestra sociedad, para las comunidades, las familias y las personas, de aquella labor de pioneras, constructoras de educación, cultura y democracia.

Doña Amalia Alfaro Solís, madre del autor de este texto.

En los años 30 del siglo pasado, mi mamá daba sus primeros pasos en su larga carrera de maestra. Esta, la inició en dos remotas (en ese tiempo), comunidades del cantón de San Ramón: Río Jesús y San José del Higuerón. La inexistencia de vías de comunicación y de medios de transporte motorizados, la obligaba a trasladarse a lomo de caballo, con dos de sus pequeños hijos, desde la ciudad de San Ramón hasta las localidades rurales, en donde impartió lecciones, y donde permanecía cinco días de la semana. Esos viajes en caballo no los hacía por “vagabundear”, constituían un significativo sacrificio, parte de sus ideales y el compromiso asumido con su país, con las comunidades demandantes de servicios educativos para lograr el crecimiento personal y ciudadano de sus poblaciones.

Posteriormente, se trasladó al cantón de Naranjo y fue docente en la Escuela República de Colombia, ubicada en el distrito central de ese cantón, hasta su jubilación. En ese tiempo, ya habiendo crecido la familia y siendo niños de más edad, reforzamos el respeto por nuestra mamá y admiramos, hasta el fin, el espíritu y voluntad con la cual combinaba su trabajo, prolongado por varias horas en la casa, con las demandas de la crianza de sus numerosos hijos e hijas.

Éramos conscientes, ella y su familia, de lo valioso de su trabajo. Así lo entendió también la comunidad y el país entero. Incluyendo a los gobernantes. Nunca podríamos concebir entonces a un gobernante profiriendo insultos o frases despectivas e hirientes a los educadores.

Cuando se presentaban desavenencias o conflictos, se abrían espacios para negociar y buscar acuerdos. Cuando algún mandatario sobrepasó los límites, reprimiendo o agrediendo a educadores manifestándose por sus derechos, recibió en el aislamiento y en las urnas, el drástico castigo de la ciudadanía.

Los costarricenses estamos orgullosos de nuestra educación pública, valoramos altamente su contribución al desarrollo científico, cultural, sanitario, ambiental, social e institucional del país, desde los primeros niveles hasta la educación superior. Por eso no soportamos que sean recortados sus presupuestos, se infravaloren sus aportes a la nación o se agreda de palabra o de hecho a los educadores y sus organizaciones.

Ni “vagabundos”, ni “sanguijuelas”; son hombres y mujeres comprometidos con el país, con la educación nacional y con la democracia. ¡Merecen todo nuestro respeto!

Respeto, diálogo y condiciones dignas para quienes educan al país

Pronunciamiento de respaldo a la comunidad docente costarricense

Las personas firmantes expresamos nuestra solidaridad con el cuerpo docente y rechazamos categóricamente las descalificaciones manifestadas por la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, quien llamó «vagabundos» a quienes se sumaron a la protesta del 11 de noviembre al anunciar que les rebajaría un día de salario. Ese día, docentes, estudiantes, organizaciones sindicales y ciudadanía en general marcharon en San José para reclamar mayor financiamiento para la educación pública, la atención de obligaciones estatales con las pensiones del Magisterio Nacional y mejoras en las condiciones laborales. Estas demandas legítimas merecen una respuesta pública y respetuosa.

El ejercicio docente abarca mucho más que la impartición de lecciones en el aula; empieza antes de que el estudiantado ingrese al aula y continúa mucho después de que finaliza la clase. Cada jornada exige planificar la enseñanza, preparar materiales accesibles, evaluar lo aprendido y ofrecer retroalimentación oportuna. Implica, además, adaptar estrategias pedagógicas para garantizar la inclusión de todo el grupo, dar seguimiento a las familias cuando las ausencias ponen en riesgo la continuidad educativa y actualizar permanentemente los conocimientos con los que se toman esas decisiones. Con frecuencia, el profesorado asume procesos formativos continuos fuera de su horario de trabajo y los financia con recursos propios. Estas tareas demandan rigor profesional, criterio pedagógico y tiempo efectivo.

Mediante ese trabajo cotidiano, las personas docentes hacen efectivo el derecho humano a la educación. Enseñan a niñas, niños, jóvenes y personas adultas a formular preguntas, contrastar información y participar en las decisiones de sus comunidades. Su labor amplía las oportunidades de movilidad social, las de continuar estudiando y acceso a un trabajo digno; de ella dependen, en gran medida, la convivencia democrática, la formación ciudadana y el desarrollo social y económico del país.

Defendemos irrestrictamente el derecho de las personas docentes a expresar sus demandas y a participar en movilizaciones pacíficas. La protesta social es un pilar de la democracia costarricense, y cualquier medida administrativa o salarial utilizada para sancionar o desincentivar la manifestación pública resulta incompatible con el respeto a las libertades fundamentales y el diálogo social.

Exhortamos al Poder Ejecutivo a que dignifique la labor docente mediante un trato respetuoso y decisiones concretas que mejoren las condiciones salariales y laborales de quienes ejercen esta profesión. Esto implica garantizar remuneraciones acordes con sus responsabilidades, tiempo reconocido para la planificación y evaluación, infraestructura segura y accesible, materiales didácticos adecuados y los apoyos necesarios para atender la diversidad del estudiantado.

Demandamos que estas prioridades se traduzcan en compromisos públicos verificables, con respaldo presupuestario y plazos definidos en diálogo abierto con las organizaciones representativas del magisterio. Garantizar condiciones dignas para enseñar es una obligación del Estado para asegurar el derecho a una educación pública de calidad en todo el territorio de Costa Rica.

Suscriben,

Dra. Gabriela Valverde Soto, decana, Facultad de Educación

Dr. José Antonio Blanco Villalobos, decano, Facultad de Artes

M.G.A. Enrique Montenegro Hidalgo, decano, Facultad de Ciencias Agroalimentarias

Dr. Federico Muñoz Rojas, decano, Facultad de Ciencias

Dr. Leonardo Castellón Rodríguez, decano, Facultad de Ciencias Económicas

Dra. Isabel Avendaño Flores, decana, Facultad de Ciencias Sociales

Dra. Marcela María Moreno Buján, decana, Facultad de Derecho

Dr. Luis Esteban Hernández Soto, decano, Facultad de Farmacia

Dr. Víctor Schmid Díaz, decano, Facultad de Ingeniería

Dr. Kuok Wa Chao Chao, decano, Facultad de Letras

Dr. Fernando Morales Martínez, decano, Facultad de Medicina

Dr. Steve Quirós Barrantes, decano, Facultad de Microbiología

Dr. David Lafuente Marín, decano, Facultad de Odontología

MBA Walter Anderson Rivera, coordinador, Consejo de Área de Sedes Regionales

Dr. Randall Jiménez Retana, coordinador, Sistema de Educación General

Maestros contra el autoritarismo y en defensa de las instituciones

Abelardo Morales Gamboa

El magisterio y los estudiantes costarricenses no solamente han contribuido a la formación educativa de la nación, sino que también han participado en momentos decisivos de defensa del sufragio, las libertades públicas y las instituciones democráticas.

Que la sociedad costarricense haya sido construida por maestros y no por soldados no debería reducirse a un mero lema patriótico ni a una evocación histórica. Tendría que formar parte de los principios que orientan la construcción y reconstrucción de una nación en tiempos distintos, complejos y desafiantes. La movilización de educadores de este miércoles 11 de noviembre de 2026 constituye una señal esperanzadora en esa dirección. Aunque tampoco podemos conformarnos con vivir de esperanzas.

Este día, el Magisterio Nacional se declaró en huelga en defensa de la educación pública y tomó la Avenida Segunda de San José. Sus demandas incluyen la asignación de los recursos que legalmente le corresponden, el reconocimiento y pago de los derechos salariales de maestros y profesores, así como el cumplimiento de las obligaciones del Estado con el fondo de pensiones del magisterio y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). No salieron a defender únicamente de reivindicaciones gremiales, sino a plantear exigencias vinculadas con la responsabilidad estatal de garantizar derechos fundamentales.

Esta movilización constituye, además, una legítima manifestación de resistencia frente a lo que cada día se muestra más claramente como un giro autoritario del Poder Ejecutivo y de la mayoría oficialista en la Asamblea Legislativa. Ambas instancias han impulsado una política de severos recortes a servicios públicos fundamentales, como la educación, la cultura, la salud y el bienestar social. Todo ello ocurre en medio de una preocupante incapacidad técnica y política para conducir las finanzas públicas, gestionar la economía y ofrecer garantías de desarrollo económico y social: el Ministerio de Hacienda ha sido incapaz de recaudar impuestos, el presidente del Banco Central ha alertado sobre los números rojos de las finanzas públicas y, diversas fuentes económicas, alertan sobre una inminente crisis. Mientras tanto, los ingresos de numerosos hogares se deterioran, el desempleo continúa amenazando a una fuerza laboral ya golpeada por la precariedad y la inseguridad se extiende bajo el peso del narcotráfico, el crimen organizado y la violencia cotidiana.

Los maestros son testigos directos de esas vicisitudes, no solo porque las padecen en carne propia sino porque les corresponde “darle contención a sus estudiantes y a las familias sometidas a ese asedio en sus condiciones de vida cada vez más deterioradas”, como se señalaba en uno de los discursos este día.

En contraste con esas debilidades, lo que parece mostrar mayor continuidad en la gestión gubernamental es un enjambre de opacas relaciones entre funcionarios, financistas de campaña y círculos empresariales cercanos al poder. Los cuestionamientos por presuntos negocios irregulares, heredados de la administración anterior, siguen proyectando sombras sobre la legitimidad política de la conducción del país. Aunque existe una presidencia formalmente en funciones, crece la impresión de que decisiones fundamentales responden a intereses de poderes fácticos que operan al margen de los mecanismos ordinarios de representación y control democrático.

En estas circunstancias, el regreso de los maestros a las calles permite recuperar una tradición histórica de luchas cívicas en defensa de las libertades públicas y las instituciones democráticas. Desde la movilización popular del 7 de noviembre de 1889 en defensa del sufragio, hasta las jornadas de junio de 1919 contra la dictadura de los hermanos Tinoco, la historia costarricense registra episodios decisivos de resistencia frente al autoritarismo. En estas últimas, maestras y estudiantes, especialmente del Colegio Superior de Señoritas y del Liceo de Costa Rica, desempeñaron un papel protagónico, con figuras como Carmen Lyra. Décadas después, las movilizaciones estudiantiles contra ALCOA, en abril de 1970, reafirmaron esa tradición de participación cívica en defensa de los intereses nacionales. Esa memoria adquiere particular significado en momentos en que las instituciones educativas y las organizaciones magisteriales enfrentan nuevas amenazas. Tampoco podemos ignorar que, desde las reformas neoliberales de mediados de la década de 1990 hasta las sucesivas restricciones legales al ejercicio de la huelga, las organizaciones magisteriales y sindicales han sido objeto de estrategias de debilitamiento impulsadas por sectores de las élites políticas y empresariales.

Hoy, las amenazas no se limitan a las condiciones laborales y de vida de los educadores. Alcanzan a las instituciones educativas, al papel de la enseñanza en el desarrollo nacional y a la propia capacidad de la sociedad para construir un futuro compartido. Por eso, quienes formamos parte del magisterio no podemos permanecer en silencio ni asumir una actitud pasiva frente al deterioro institucional. Menos aún, cuando una nueva alianza de intereses populistas y seudorreligiosos parece empeñada en desmantelar conquistas sociales e instituciones públicas para favorecer intereses particulares.

En esa lógica, el ejercicio del poder deja de estar orientado por un proyecto de país y se convierte en un instrumento para facilitar negocios, concentrar recursos y acumular riqueza en el menor tiempo posible. Las controversias alrededor del Banco Popular y de su conducción institucional alimentan las preocupaciones sobre el avance de esos intereses sobre entidades que históricamente han desempeñado una función social.

Por eso, la movilización de este 11 de noviembre puede representar mucho más que una jornada de protesta. Puede convertirse en un hito para la revitalización de los movimientos sociales, la cultura cívica y el compromiso de los educadores y de la ciudadanía con la defensa de las instituciones democráticas. La historia no se construye únicamente desde las cúpulas del poder. También se hace desde las aulas, las calles y la acción colectiva de quienes se niegan a renunciar a los derechos conquistados. El magisterio y los estudiantes costarricenses no solamente han contribuido a la formación educativa de la nación, sino que también han participado en momentos decisivos de defensa del sufragio, las libertades públicas y las instituciones democráticas.

La Costa Rica que fue construida por maestros y no por soldados necesita hoy que sus educadores vuelvan a enseñar, también desde las calles, que la democracia no se hereda como un patrimonio inagotable: se defiende, se ejerce y se reconstruye cada día.

Vagancia es decir —4 años después— que no les dio la gana presentar su «ruta de la educación»

JoseSo (José Solano-Saborío)

Este miércoles 11 de noviembre, desde Casa Presidencial, la presidenta Laura Fernández Delgado llamó «vagabundos» a miles de docentes y trabajadores de la educación que salieron a las calles. Les anunció rebajos salariales y tachó de «sanguijuelas» a los dirigentes gremiales, asegurando que marchan para reclamar «cosas que no existen».

Detengámonos un segundo en esa frase: cosas que no existen.

¿Qué llevó realmente al Magisterio Nacional a tomar San José? No fue un capricho ni vagancia. Es el asfixiante deterioro de la educación pública. El presupuesto educativo proyectado para 2027 cae a apenas el 4,9% del Producto Interno Bruto, muy lejos del 8% que ordena nuestra Constitución. Detrás de esa cifra hay escuelas cayéndose a pedazos, deudas salariales acumuladas, incertidumbre sobre las pensiones del Magisterio y aulas sin recursos básicos.

Cuando un docente marcha por dignidad presupuestaria y por el futuro de sus estudiantes, no está haciendo turismo político: está defendiendo el pilar que construyó a Costa Rica.

Y qué ironía hablar de «vagabundos»… mientras el país aún digiere los contrastes de su reciente gira de paseo presidencial por Europa. Mientras en el Vaticano y en la Cumbre Iberoamericana en Madrid se proyectaba la imagen de una Costa Rica próspera, de trabajo y paz, aquí adentro los números de la Contraloría General de la República cuentan otra historia.

El informe DFOE-FIP-IAD-00002-2026 reveló una debilidad alarmante en Tributación Directa: el Ministerio de Hacienda dejó de fiscalizar adecuadamente incumplimientos estimados en ₡1,8 billones en el impuesto sobre la renta entre 2023 y mediados de 2026. De casi 782.000 casos sospechosos de evasión o subdeclaración, Hacienda apenas revisó el 3%, y las revisiones cayeron de más de mil setecientas en 2023 a solo dos en 2025. ¡Dos! Ahí sí parece que hubo mucha pereza institucional para cobrarle a los grandes evasores, pero sobra mano dura para rebajarle el día al maestro que gana un salario honrado.

Y si hablamos de cómo se gestiona el dinero público, hagámonos una pregunta incómoda pero necesaria. Hace apenas unos días distintos medios informaron que el Cuerpo de Bomberos adjudicó a dedo —bajo un mecanismo de urgencia— un contrato por más de ₡6.300 millones para comprar 40 ambulancias a una empresa vinculada a financistas de la campaña oficialista, descartando ofertas nacionales millones de dólares más baratas.

Entonces, vale preguntar con toda claridad: saltarse los procesos ordinarios de contratación pública de ley para darle negocios millonarios a donantes de campaña… ¿será por «vagancia» de hacer una licitación transparente, o será otra cosa mucho más grave?

En democracia, el respeto empieza por casa. Descalificar con insultos a quienes sostienen las aulas no tapa los huecos fiscales ni borra los cuestionamientos éticos. A los docentes se les escucha con argumentos y presupuesto, nunca con desprecio.

Organizaciones sociales, sindicales y académicas se suman a la marcha en defensa de la educación pública de este 11 de noviembre

Este miércoles 11 de noviembre se realizará una marcha nacional en defensa de la educación pública, convocada por los sindicatos del Magisterio Nacional: la Asociación Nacional de Educadoras y Educadores (ANDE), la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) y el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC). A la convocatoria se han sumado organizaciones sindicales, sociales, académicas y profesionales.

La salida será a las 9:00 a. m. del parque Braulio Carrillo (La Merced), en San José, y la llegada, a la Plaza de la Democracia, frente a la Asamblea Legislativa.

Las demandas

Las convocatorias coinciden en la defensa de la educación pública frente a los recortes en el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 y en la exigencia de cumplir el artículo 78 de la Constitución, que establece una inversión en educación no inferior al 8 % del PIB. También incluyen el rechazo al congelamiento salarial en el sector público, el pago puntual y completo del aguinaldo, el pago de las deudas del Estado con la CCSS y con el régimen de pensiones del Magisterio, y la defensa del Estado social de derecho y de la institucionalidad pública.

Las organizaciones que convocan

En orden alfabético, estas son las organizaciones que han difundido su llamado a la marcha:

  • Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), Regional 01. Llama a todas las personas trabajadoras de la educación a participar para «defender nuestros derechos laborales, la dignidad de nuestra profesión y el fortalecimiento de la educación pública costarricense».
  • Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP). Convoca «en defensa de la educación pública», «contra el congelamiento salarial» y «por el pago del aguinaldo puntual y completo».
  • Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO). Acordó en sesión plenaria respaldar la lucha del magisterio, que considera «una expresión de defensa del Estado social de derecho, de la institucionalidad pública, de los derechos laborales y de las conquistas sociales».
  • Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y universidades públicas. Convocan a la ciudadanía a participar, porque la educación pública «es un pilar fundamental para el desarrollo del país y una oportunidad para construir un futuro con más posibilidades para todas las personas».
  • Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica. Se suma a la que denomina «gran marcha por la educación y la institucionalidad».
  • Instituto Sindical de Formación Democrática (ISFODE). Llama a movilizarse «por la democracia, por la educación pública, por la CCSS» y por «justicia al agricultor».
  • Pacto por la Educación Pública y Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo. Difunden la convocatoria de los sindicatos del Magisterio Nacional a la «gran marcha en defensa de la educación pública».
  • Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES). Llama a acompañar al magisterio porque «la defensa de la educación pública no es un asunto gremial: es la defensa del principal mecanismo de movilidad social que ha tenido Costa Rica».
  • Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA). Respalda la movilización con la consigna «la lucha del Magisterio Nacional es también nuestra lucha», contra el congelamiento salarial y por el pago de la deuda con la CCSS.

Las organizaciones coinciden en llamar a una participación pacífica, firme y organizada.

UNDECA respalda al Magisterio Nacional frente a directriz del MEP que amenaza la libertad de enseñanza

UNDECA respalda la posición de organizaciones del Magisterio Nacional y rechaza cualquier intento de limitar la libertad de enseñanza y el pensamiento crítico

La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) expresa su firme respaldo a la posición asumida por las organizaciones sindicales del Magisterio Nacional frente a la reciente directriz emitida por el Ministerio de Educación Pública (MEP), la cual ha generado una profunda preocupación en amplios sectores de la comunidad educativa por sus posibles efectos sobre la libertad de enseñanza, la libertad de expresión y el ejercicio profesional del personal docente.

Costa Rica ha construido históricamente un sistema educativo basado en el desarrollo del pensamiento crítico, el análisis de la realidad y la formación de una ciudadanía consciente, responsable y comprometida con la democracia. Ninguna disposición administrativa debe convertirse en un instrumento para generar temor, autocensura o limitar el debate académico dentro de las aulas.

UNDECA reafirma que restringir la posibilidad de analizar hechos históricos, sociales, económicos o políticos desde una perspectiva pedagógica, crítica y fundamentada, es una coerción para borrar la memoria histórica de nuestra patria. La educación pública no puede reducirse a la repetición mecánica de contenidos; su misión es formar personas capaces de comprender la realidad, cuestionarla y participar activamente en la construcción de una sociedad más justa.

Manifestamos nuestra solidaridad con las educadoras y los educadores del país, quienes diariamente cumplen una labor esencial en la formación de las nuevas generaciones, y rechazamos cualquier medida que pueda prestarse para intimidar, perseguir o sancionar arbitrariamente a quienes ejercen su profesión con responsabilidad y apego a los principios pedagógicos.

La defensa de la educación pública, de la libertad de cátedra, del pensamiento crítico y de las garantías democráticas constituye una responsabilidad de toda la sociedad. Debilitar estos principios significa debilitar la democracia misma.

UNDECA hace un llamado al Gobierno de la República y al Ministerio de Educación Pública para que abran espacios de diálogo con las organizaciones representativas del magisterio nacional y garanticen que toda regulación en materia educativa respete plenamente los derechos fundamentales, la autonomía del ejercicio docente y los valores democráticos que han caracterizado al sistema educativo costarricense.

¡La educación debe formar ciudadanos libres, críticos y comprometidos con el bien común, nunca ciudadanos silenciados por el miedo!

Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social
UNDECA
9 de julio de 2026

¡Aunque Ud. No Lo Crea!

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Fue un gran engaño, un delito impune, un maltrato brutal, cometido por gobernantes contra decenas de miles de maestros y profesores que por muchos años cotizaron unas cuatro veces más para su fondo de pensiones, que lo que cotizan los trabajadores afiliados al fondo de pensiones de la Caja.

Se estima que, si el gobierno hubiera pagado su parte como patrono, ¡y hubiera respetado el dinero de ese fondo de los educadores!, lo capitalizado habría superado la cifra de cinco billones de colones. Pero como los ministros de Hacienda encontraron muy fácil, meter la mano en el bolsillo de los trabajadores del magisterio para gastarlo ¡en quién sabe qué!, cuando a los profesores que habían venido cotizando confiados en la honradez de los gobernantes, les llegó el momento de jubilarse, se encontraron con que ¡no había ni un colón disponible de lo aportado por 30 o 40 años de su vida laboral! Su fondo de pensiones había sido literalmente robado por autoridades hacendarias desde el momento en que se creó por ley. Así, al haber desaparecido las sumas altas que los educadores habían arrancado de sus salarios mensuales, con la esperanza de cubrir adecuadamente sus necesidades como adultos mayores, al Estado no le quedó más que apechugar con el delito cometido, forzándose a tomar del Presupuesto General de la República, los montos necesarios para cumplir con las pensiones de los profesores que se iban sumando al grupo de jubilados al final de muchos años de esfuerzo.

Lo que ha pasado luego es difícil de creer para los que, por años, han sido bombardeados por una infame campaña anti-magisterio nacional. A ellos les rogamos su atención. Resulta que lejos de admitir su responsabilidad con las acciones antijurídicas, ciertos gobernantes, paradójicamente, han desarrollado una campaña de insultos contra las víctimas del gran robo. En medio de ella, y con una opinión pública así desinformada, con el fin de disminuir los montos mensuales que el gobierno hubo de asumir, se aprobaron leyes populistas con el cuento de que eran pensiones «de lujo», usando como ejemplos a un grupito de funcionarios que (antes de eliminar ese abuso) sin ser profesores como actividad principal, se pensionaban con salarios del cuerpo diplomático, por ejemplo.

A consecuencia de tales leyes populistas, los montos de pensión sustentados en las cotizaciones legales, mediante artificios amañados, fueron rebajadas a la mitad, cual si los principios constitucionales de irretroactividad de la ley y derechos adquiridos de buena fe, no existieran para el gremio de educadores. Atropello que deja de lado otra realidad desconocida: ¡Los pensionados del magisterio siguen cotizando para la CCSS y pagando impuesto de la renta, cual si fuesen asalariados y no pensionados!

Ahora bien, ¡Aunque Ud. No Lo Crea!, como exclamaría Robert Ripley, en este preciso instante se está tramitando otro proyecto de ley que, de aprobarse, disminuiría aún más las pensiones de los que, reiteramos, cotizaron unas cuatro veces más que los trabajadores afiliados a la Caja. Sus proponentes gubernamentales pretenden que las pensiones del magisterio sean similares a las del Seguro Social. Proyecto de ley indudablemente injusto, insensato, hasta cínico, pues desconoce el desfalco de más de cinco millones de millones de colones y otros incumplimientos legales avalados por tribunales de justicia, que, saliéndose de su ámbito de acción, han dicho «que no puede desconocerse la situación fiscal del Estado», mientras cierran ojos y mentes al panorama completo que no puede desdeñarse, que en el marco de los Derechos Humanos, está afectando emocional y financieramente al grupo casi indefenso de adultos mayores, que una vez creyeron…

Conozco la situación pues soy uno de ellos.

Contrasentidos en el proyecto de ley 24786: beneficio para las jubilaciones más elevadas

Jorge D. García, Ph.D.

Introducción

Este proyecto de ley, (Intitulado “Luchando por la justicia en el sistema público de pensiones”), actualmente en corriente legislativa, pretende igualar las prestaciones jubilatorias y de pensiones estableciendo un tope equivalente al del sistema de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS para los regímenes contributivos con cargo al presupuesto nacional administrados por la Dirección Nacional de Pensiones, el Régimen Transitorio de Reparto, administrado por la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, y el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, administrado por la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial. En lo esencial, el proyecto restaría al neto actual de jubilación, luego de deducciones legales, lo necesario para igualarlo al tope del IVM sin postergación, con la salvedad de que el resultante no podrá ser inferior al 40% del nominal jubilatorio al momento de otorgada la pensión, traído a valor actual de acuerdo con el índice de precios al consumidor.

Objetivo

Se presenta en este escrito una crítica al proyecto y a los efectos de la aplicación del tope referido supra a las jubilaciones y pensiones del Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional (RTR), usando estadísticas brindadas por la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA) a enero de este año. Se enumeran los nominales y netos de jubilación luego de las deducciones de ley, la deducción requerida para igualar al tope mencionado del IVM, el neto restante, y el porcentaje remanente del nominal.

Tabla 1

Jubilaciones del Régimen Transitorio de Reparto: deducciones de ley y aplicación del proyecto 24786

Observaciones.

1. Aplicar el tope de IVM sin postergación a las jubilaciones y pensiones en curso de pago es contrario a las resoluciones 19030-18 y 19485 de la Sala Constitucional que claramente impiden la imposición de topes a las mismas. Al presente, cambios en topes pueden afectar solo a las pensiones otorgadas con posterioridad a la vigencia de una nueva ley.

2. Llevar la deducción máxima a las pensiones y jubilaciones del RTR a un 60%, para un restante del nominal de un 40%, es violatorio del límite máximo de deducciones establecido por la Sala Constitucional que es de un 50% (Resolución 19274 – 2020 y otras posteriores). Debe anotarse además que de acuerdo con el Convenio 102 de la OIT, ese porcentaje mínimo de pensión de 40% se aplica a OPERADORES NO CALIFICADOS, en razón de lo cual no puede en justicia igualarse a la condición de personal técnico calificado, profesionales y académicos, cuyos salarios y cotizaciones han sido mucho mayores.

3. Este proyecto de ley no afecta de manera progresiva el rango de nominales de pensión, sino que está sesgado en favor de las más elevadas. Se ilustra lo anterior en la tabla 1, en la cual, en interés de la simplificación, se asume que las jubilaciones usadas como ejemplo han sido de concesión reciente, obviando así la actualización de monto jubilatorio a valor presente con el IPC. Considérese el nominal de 5 millones, con un neto inicial por ley vigente de 2 .5 millones. Para aplicar el tope del IVM se le deben deducir 734 141 colones, pero eso nos deja solamente un 35.3% como remanente del nominal, lo que según el mismo proyecto es inadmisible por ser menor al 40% de ese nominal. Pero respetar el 40% del nominal significa conceder un 40% de 5 millones, o sea 2 millones (señalado como a) entre corchetes en la misma casilla de la tabla). Resulta imposible entonces la aplicación del tope del IVM de 1 765 859. O sea, si se topa el nominal de 5 millones al monto del IVM, se irrespeta el mínimo del 40% del nominal, pero si se concede el 40% de éste, como pretende el proyecto, no puede aplicarse el tope del IVM en razón de que el 40% del nominal es mayor a ese tope. La misma situación se presenta en el caso de un nominal de 6 millones. Se concluye que el proyecto deviene ilógico y contradictorio al no ser aplicable a las pensiones mencionadas, ya que por aritmética elemental el 40% mínimo para aquellas superiores a 4.4 millones nominales sobrepasaría el tope del IVM sin postergación (4 ,400. 000 x 0.4 = 1. 760 000). De hecho, los provistos del proyecto son aplicables solo a las jubilaciones y pensiones en el rango de 2.5 a 4.4 millones nominales, como se muestra en la Tabla 1, siendo los nominales de 3 y 4 millones los que pueden toparse al máximo del IVM sin postergación conservando todavía más del 40% del nominal. Esto implica que son las pensiones medias y bajas las más afectadas por la estructura del proyecto.

4. Estas consideraciones fueron señaladas en primera instancia por el economista M.Sc. Francisco Esquivel, ex viceministro de Planificación, en el artículo “Proyecto del Gobierno afecta pensiones intermedias y deja sin tope a pensiones mayores a ₡ 4 millones”, Semanario Universidad, febrero 12, 2025. Se cita en la referencia del Semanario Universidad al economista M.Sc. Esquivel: “Este proyecto de ley arrastra un problema desde su raíz: el estudio técnico en el que se basa, pues no es “actuarial”. Un estudio actuarial corresponde a un cálculo de ingresos vs costos de un sistema de pensiones; sin embargo, en el caso del Régimen de Reparto del Magisterio Nacional, este no es aplicable, porque el Estado nunca cumplió su obligación de patrono y Estado aportando sus cuotas. La base (del proyecto) es ese supuesto estudio actuarial, pero no es un estudio actuarial. Es un estudio técnico respetable que lo que hace es estimar cuánto se va a gastar en las próximas tres o cuatro décadas en el pago de pensiones… Resulta que, en el caso del Magisterio, no hay ingresos.”

5. Un escenario absurdo pero posible según la estructura del proyecto 24786.

Un jubilado del RTR con una jubilación nominal de 3 millones percibe un neto de 1,977. 212 colones. Al aplicar el tope del IVM según proyecto su neto se reduciría en 211. 353 colones, o sea hasta 1,765.859 colones, esto habiendo cotizado hasta un 11% mensual de su salario durante su vida laboral. Compárese esta situación con un pensionado del IVM con postergación, que percibiría 2,498. 542 colones, o sea 732. 000 colones de más, habiendo cotizado en sus años de trabajo entre 2.5% y 4.17% mensuales. La inequidad es más que patente, y es una consecuencia directa de la estructuración inadecuada del proyecto 24786. Dado que implícitamente el proyecto asume que toda pensión superior a la del IVM sin postergación es excesiva, ¿cómo vamos a catalogar a las del IVM con postergación que llegan prácticamente a 2 millones y medio? ¿También como “de lujo”?

6. El proyecto 24786, de manera arbitraria, y en razón de su afán confiscatorio, desconoce la confianza legítima y la seguridad jurídica que ampara las pensiones otorgadas bajo el Régimen Transitorio de Reparto, en ausencia de situaciones de calamidad nacional que justificarían medidas draconianas como la imposición de topes a las pensiones. Invisibiliza el hecho fundamental de que los jubilados y pensionados del RTR han estructurado sus compromisos financieros sobre la base de esa situación jurídica consolidada, presunción que se quebranta cada vez que una nueva administración compite con la anterior, llevada por afán politiquero, para lograr nuevos recortes a pensiones ya gravadas hasta en un 50%, utilizando artilugios populistas como la mención repetitiva de montos brutos de pensión sin referirse a los netos resultantes luego de múltiples deducciones y contribuciones.

ACOJUPEMA cuestiona a SUPEN y exige respeto al derecho de retiro completo del ROPC al jubilarse

La Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional (ACOJUPEMA) remitió un manifiesto a la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) y a diputadas y diputados de la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, en el que refuta diez afirmaciones oficiales utilizadas para justificar la entrega fraccionada del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC) a las personas jubiladas.

Según el documento, ACOJUPEMA retoma la lucha por el derecho al retiro completo del ROPC en el momento de la jubilación, tal como lo establecía la ley original, y sostiene que los argumentos divulgados por SUPEN no solo son incorrectos, sino que favorecen a las operadoras de pensiones en detrimento de las personas trabajadoras y jubiladas.

El ROPC como patrimonio individual

El manifiesto subraya que el ROPC no es un ahorro colectivo, sino una cuenta individual construida a lo largo de la vida laboral mediante un aporte bipartito equivalente al 4,25 % del salario reportado a la CCSS, del cual un 1 % corresponde a la persona trabajadora y el resto al patrono. En ese sentido, la asociación afirma que estos fondos constituyen patrimonio exclusivo de cada cotizante.

Cuestionamientos a los argumentos de SUPEN

ACOJUPEMA desmiente que la entrega completa del ROPC represente un riesgo macroeconómico o un “retiro masivo”, señalando que solo acceden a estos fondos quienes cumplen los requisitos de jubilación, lo que limita el impacto a un porcentaje reducido del total de afiliados. Además, recuerda que no todas las personas se jubilan al mismo tiempo, por lo que no puede hablarse de una afectación generalizada al sistema.

El documento también cuestiona la afirmación de que los fondos sean fácilmente heredables, señalando que en la práctica existen trámites judiciales complejos y demoras prolongadas que impiden a muchas familias acceder oportunamente a esos recursos.

Críticas al manejo de inversiones y comisiones

Otro eje central del manifiesto es la crítica a las minusvalías derivadas de inversiones realizadas por las operadoras, que —según ACOJUPEMA— se trasladan íntegramente a las cuentas de las personas cotizantes y jubiladas, mientras que las comisiones de las operadoras no se reducen, aun cuando los fondos pierden valor.

La asociación advierte que estas pérdidas no se recuperan en la práctica, pese a que se presenten como fluctuaciones normales del mercado, y rechaza que el ROPC sea utilizado como un sustituto del régimen básico solidario, como el IVM.

Llamado a las autoridades y al debate legislativo

Finalmente, ACOJUPEMA sostiene que la reforma legal que modificó la entrega del ROPC carece de estudios técnicos y sustento jurídico suficientes, y que sus efectos han sido perjudiciales para las personas jubiladas. Por ello, hace un llamado a SUPEN y a la Asamblea Legislativa a revisar el marco normativo vigente, respetar el carácter individual del ROPC y garantizar el derecho de las personas a disponer plenamente de sus fondos al momento de jubilarse.

Asociación Jubilados en Acción llama a no votar por partidos que avalen recortes y corrupción en pensiones

La Asociación Jubilados en Acción, organización integrada por personas jubiladas del magisterio nacional, hizo un llamado público a la ciudadanía para no votar por partidos ni candidaturas que se opongan a un proyecto de ley ciudadano orientado a combatir la corrupción y el desfalco de fondos públicos, en particular aquellos vinculados a los sistemas de pensiones.

En su pronunciamiento, la organización recuerda que durante la década de 1950 el Estado costarricense solicitó al magisterio llevar la educación a todo el país, incluso en condiciones adversas, sin caminos y enfrentando enfermedades como la fiebre amarilla y el paludismo. En ese contexto, y considerando que la expectativa de vida rondaba entonces los 58 años, el magisterio aceptó la tarea bajo el acuerdo de contar con una pensión equivalente al último salario, para lo cual comenzó a cotizar una cuota superior a la del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), con el fin de crear su propio fondo de pensiones.

Según la Asociación, el magisterio cumplió con ese compromiso, contribuyendo al desarrollo del país, que hoy ocupa posiciones destacadas en indicadores de producción por habitante y exportación de productos de alta tecnología en América Latina. Sin embargo, denuncian que el Ministerio de Hacienda habría recaudado las cuotas destinadas a las pensiones, pero las utilizó para otros fines, lo que derivó en que las personas docentes jubiladas reciban pensiones tratadas como “de gracia”, a pesar de haber cotizado durante años.

El pronunciamiento señala que esta situación ha permitido recortes discrecionales aprobados por la Asamblea Legislativa, mientras que autoridades actuales del Ministerio de Hacienda han sostenido que la legislación vigente no exigía la creación de un fondo específico. Asimismo, citan criterios jurídicos que afirman que los derechos del magisterio estarían prescritos, lo cual es cuestionado por la organización.

La Asociación Jubilados en Acción critica que, mientras desde el poder político se promueven leyes más severas y cárceles más grandes, estas medidas se orientan principalmente contra sectores empobrecidos, sin establecer sanciones efectivas para quienes incurren en desfalcos de recursos públicos.

Ante este panorama, informan que están impulsando un proyecto de ley por iniciativa ciudadana que propone penas de cárcel inconmutables y sin prescripción para jerarcas responsables de corrupción y malversación de fondos públicos, con el objetivo de evitar que situaciones similares se repitan tanto en el régimen de pensiones del IVM como en proyectos públicos y sociales.

La organización señala que experiencias internacionales en países como Singapur, China y Vietnam muestran que sanciones severas contra la corrupción reducen estas prácticas de manera sostenida y contribuyen al bienestar de la población. Finalmente, exhortan a la ciudadanía a informarse y a no respaldar electoralmente a partidos o candidaturas que se opongan a este proyecto, al considerar que ello podría poner en riesgo el futuro de la seguridad social.