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Etiqueta: manifestaciones

Yamileth González ex-rectora de la UCR llama a fortalecer el Pacto Nacional por la Educación Pública

SURCOS comparte el llamamiento de la ex-rectora de la UCR:
Compañeras y compañeros, creo que la crisis que vive el país, provocada, en parte, por el gobierno requiere de nuestra participación. El 7 de agosto, en la mesa del PACTO NACIONAL por la Educación, en un acto de unidad, más de 130 representantes de casi 40 organizaciones, después de un análisis de la crisis educativa por la que atraviesa el país y frente a la ausencia de respuestas del gobierno actual, llegó al consenso de que ya es hora de actuar y salir en defensa de la educación pública, que es el momento de frenar las múltiples agresiones que vive la institucionalidad pública nacional.

Las organizaciones firmantes del acuerdo (sindicatos del magisterio, de la CCSS, del ICE, del sector agrícola, federaciones estudiantiles, rectores de las universidades públicas, estudiantes de secundaria …) están convocando a todas las personas que habitan el territorio nacional, a salir a las calles y participar en una serie de movilizaciones programadas para los días 28 y 29 de agosto. El día 28 se llevará a cabo una movilización nacional en San José y el 29 será regional.

La situación que vive Costa Rica, actualmente, requiere de la participación de todas las personas; hay que sumar fuerzas en defensa de nuestra educación y de toda la institucionalidad pública. Tenemos que hacer de esta movilización, una de las mayores manifestaciones de nuestra historia reciente, que le demuestre al gobierno que, en este país, estamos listos para defender el Estado Social de Derecho, que mucho pensamiento, luchas y sangre costó a quienes nos antecedieron.

SITRAP denuncia el uso abusivo de trabajadores en manifestación del 15 de mayo

Por José Daniel Gamboa Araya

Fuente: ANEP (2024)

SITRAP, “una organización sindical hermana de la ANEP”, ha levantado su voz para denunciar el uso abusivo de trabajadores en la reciente manifestación del 15 de mayo. Según SITRAP, las corporaciones y cámaras empresariales están aprovechándose de los trabajadores, llevándolos a participar en marchas en defensa de los intereses corporativos, mientras que no muestran el mismo compromiso cuando se trata de mejorar las condiciones laborales y el bienestar de la fuerza laboral. Las declaraciones las brindó Didier Leitón Valverde, secretario general de SITRAP.

SITRAP señala que esta denuncia pone de relieve una contradicción evidente en la forma en que las empresas tratan a sus trabajadores. Mientras se espera que los trabajadores participen activamente en actividades que benefician a las corporaciones, como las manifestaciones, no se les brinda apoyo ni se mejoran sus condiciones de trabajo en áreas como la remuneración, los beneficios laborales y la seguridad en el empleo. La organización hace hincapié en la importancia de garantizar el respeto y la dignidad de los trabajadores, tanto dentro como fuera del lugar de trabajo. La organización insiste en que es fundamental que las empresas prioricen el bienestar y los derechos de sus empleados en todas las circunstancias, en lugar de utilizarlos como instrumentos para sus propios intereses.

Sétima edición de la Campaña Nacional por la Vida de las Mujeres avanza exitosamente

MUSADE

Ante la realidad que enfrentan las mujeres en todo el país de altos índices de violencia y femicidios, esta organización busca llevar un mensaje a cada persona del territorio nacional, que les permita reflexionar acerca sus acciones cotidianas que justifican, naturalizan y perpetúan la violencia en todas sus manifestaciones, particularmente hacia las mujeres y en consecuencia asumir compromisos personales y colectivos para hacer los cambios necesarios en los esquemas culturales y sociales para eliminar esta atroz violación de derechos. 

Datos del año 2023

  • 137 denuncias por tentativa de femicidio en el Ministerio Público.
  • 40536 denuncias por medio de la línea 911: (800 por abuso sexual, 252 por acoso callejero, 22410 por violencia contra la mujer).
  • 18 feminicidios en 2023, según el Observatorio de Violencia.
  • 32 muertes de mujeres sin clasificar.
  • 983 Atención directa de MUSADE.

Con un arduo trabajo territorial en todo el país, se implementa una amplia y variada programación de actividades, entre las que se pueden señalar: las visitas casa por casa, quioscos informativos en centros educativos de primaria y secundaria, feria por la salud de las mujeres, curso sobre prevención primaria de la violencia, masculinidades positivas, programas de radios “Tejiendo historias. Una de las acciones destacadas de esta campaña es el acompañamiento y organización de redes comunitarias de mujeres ubicadas en diferentes territorios a nivel nacional. 

La dedicada de la Campaña de este año es la ramonense y activista por los derechos humanos Cecilia Jiménez, quien ha realizado una destacada labor desde la Comisión Costarricense de Derechos humanos CODEHU.  

Cierre con arte y movimiento La campaña culminará el día 24 de noviembre, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la no violencia contra la mujer, con una carrera recreativa para población adulta e infantil que llevará el nombre; “Cambie el rollo y póngase la camiseta por los derechos de las Mujeres, y una variedad de actividades culturales. 

Si usted desea ser parte de esta campaña existen diferentes formas: 

Responsable: Enid Cruz Ramírez.

Correo: musade1986@gmail.com

Pagina web: www.musade.org

Ubicación: 75m Sur Urgencias, Hosp. Carlos Luis Valverde Vega, San Ramón, Alajuela, Costa Rica.

El cierre de calles como forma de ejercicio político

Chaves Robles cede a la toma de muelles, puertos, aeropuertos, fronteras, áreas de distribución de combustible y comunidades claves por parte de las fuerzas represoras del estado.

MSc. Jerry Alonso Mora
Profesor Universitario.

19 de abril

El Presidente Rodrigo Chávez, el Ministro de Seguridad Pública Jorge Luis Torres y el Viceministro de Seguridad Daniel Calderón se habían reunido para improvisar un plan de seguridad en el país, motivados y presionados, por un pronunciamiento que había hecho La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) en donde les exigían al gobierno Chaves Robles declarar “emergencia nacional” la ola de violencia en las calles.

Los tres al unísono el miércoles 19 de abril en conferencia de prensa anunciaban lo siguiente:

“Hoy anunciamos acciones concretas que hacen parte de la operación ‘Costa Rica Segura’. A partir de mañana (jueves) el país tendrá hasta 9.500 policías más en la calle como una medida temporal y excepcional por un espacio de seis meses. Tuvimos también que cambiar los roles de trabajo de 12.000 policías que actualmente trabajan 3×3 y 6×6, vamos a tener que pasar a roles de 6×4; trabajan seis días continuos y descansan cuatro”, dijo Jorge Luis Torres, ministro de Seguridad.

Recuerdo al presidente en esa conferencia de prensa del 19 de abril aplaudiendo las palabras de sus subalternos cuando, entre otras cosas, cuestionaban al poder judicial y reiteraban las medidas en los cambios de roles de los policías para, según ellos, apaliar las olas de violencia e inseguridad presentes en el país.

20 de abril 2023

La toma de áreas estratégicas para la circulación del capital: los policías “¿violentado la ley?”

Horas después policías de todo el país se tiraban a las calles con la intención de paralizar áreas claves de la economía del país: muelles, puertos, aeropuertos, autopistas: Interamericana norte y sur, fronteras, comunidades y sectores estratégicos como la distribución de combustibles: a la altura de RECOPE, y de acción mediática como la fuente de la hispanidad en horas pico.

La intención sin duda era golpear al gobierno y afectando al sector empresarial para que les devolvieran lo que para ellos parecía ya impensable, a la par del congelamiento de sus salarios, el despojo de su tiempo de descanso.

El presidente Chaves cede a la presión en las calles y legitima que es la calle el espacio de incidencia política más importante.

Un día después de que la fuerza pública “violentara la ley” tomando las calles para impedir el flujo de bienes que afectara a las empresas de esos sectores, y que la noticia le diera la vuelta al mundo, el presidente Chaves Robles cede a la presión de los cuerpos de represión policial, que, ante los ojos impávidos de las autoridades, se rebelaban contra ellas.

Un atolladero ¿Desdecirse y legitimar la toma de las calles por parte de la gente, o profundizar la crisis? “Echar para atrás” debía ser orquestado, y es cuando asesorados, inventan una visita a una delegación de un barrio empobrecido del sur de San José, llevan las cámaras, le desabrochan la corbata al presidente y comienza el show.

¿Qué significa que la fuerza de represión del estado se insubordine contra el presidente de la república y sus autoridades oficiales? Y no solo eso, y lo más importante ¿Qué significa que lo hagan tomando muelles, puertos y aeropuertos, áreas de distribución de combustible y comunidades claves? La legitimación de la lucha popular en las calles.

La respuesta a ceder debía generarse como “una equivocación”, “ yo no tenía conocimiento”, “yo no sabía de las condiciones de los policías en las zonas rurales”, etc, etc, etc. Y es así como Rodrigo Chaves monta un Show, un día después, en la delegación de Sagrada Familia, y echa para atrás implicando a su ministro y viceministro de seguridad como únicos responsables: “Voy a pedir cuentas, me dijeron que había acuerdo” señalaba desligándose del atolladero en que él y su equipo de seguridad se habían metido.

Chaves no se come la bronca y cede. La toma de las calles se legitima como espacio de lucha popular.

Las acciones de las fuerzas represoras del estado nos han permitido reafirmar, aun cuando esto parezca una profunda contradicción, que es la calle el camino para enfrentar los embates del neoliberalismo. Las fuerzas represoras del estado son eso, nada más, trabajadores si, pero al servicio del poder, de los ricos y de sus capitales. Quienes crean que luego de esta experiencia en las calles, lo pensaran para gasear o garrotear a los manifestantes (no policías) están profundamente equivocados. El propio Chaves tuvo que ir a negociar, en el marco de un show, pero a negociar finalmente con un grupo de ellos: terminada la negociación volverán a ser patriotas garroteando a los manifestantes no policías.

Pero volviendo al tema de la calle como ejercicio de poder popular, es esta, el camino para frenar la inseguridad, luchando para que no se privatice a la Caja Costarricense del Seguro Social, bajen los precios de la Canasta Básica y demás productos, se eleven los salarios, se provea de casa a los millones que no la poseen, se diseñe un plan nacional de apoyo a los pequeños productores y campesinos del país, se mejore la infraestructura en los colegios y en las escuelas de los barrios más empobrecidos, se acompañe a los jóvenes de los barrios mejorando la infraestructura deportiva, de ocio y recreativa y los programas de vivienda y trabajo joven, a través de programas desde los barrios y el liderazgo de los propios jóvenes en los territorios, se aborde de una vez por todas el tema del desempleo, no se privatice el Instituto Costarricense de Electricidad, ni el AyA, ni se vendan las tierras que denominan “ociosas” en las zonas rurales, todas estas luchas, y otras que existen solo tendrán sentido y efecto en las calles. Chaves Robles cedió por ello, no por ninguna otra razón. Aprendamos el ejercicio. Nos vemos en las calles.

 

Imagen ilustrativa.

ll Declaración Pública del Comité Pro Defensa del Ojo de Agua

Comunicado de prensa

El Comité Pro Defensa del Ojo de Agua, ante la gran manifestación de los pueblos de Belén y San Rafael del pasado 13 de setiembre, y ante las declaraciones emitidas los días 14 y 15 de setiembre por el Presidente Ejecutivo de Acueductos y Alcantarillado Tomas Martínez, comunicamos a la opinión pública:

    1. Agradecemos infinitamente el compromiso y responsabilidad con la que cientos de vecinos de nuestras comunidades se unieron a la gran caravana patriótica del pasado lunes 13 de setiembre. Esta manifestación pacífica fue la primera advertencia oficial de que estos pueblos están dispuestos a defender su sagrado recurso hídrico vital, su patrimonio histórico y cultural, y sobre todo, su invaluable ecosistema hídrico. 
    2. Reconocemos el apoyo decidido y unánime que nos han brindado las Municipalidades de Belén y Alajuela en esta causa patriótica. Todas las mociones presentadas y apoyadas por el conjunto de los Concejos Municipales, dan cuentas de la importancia institucional que tiene la causa del balneario y el río Ojo de Agua – La Fuente, para los gobiernos locales de nuestros territorios. 
  • Tomamos nota de las declaraciones emitidas a diario Extra y Multimedios canal 8, del Presidente Ejecutivo del AyA, Don Tomas Martínez, al señalar que están dispuestos a realizar estudios de impacto ambiental al proyecto de Ampliación de la producción de la GAM, mediante la captación del manantial de Ojo de Agua, Belén de Heredia, BPIP 002812. No obstante, solicitamos que estas palabras puedan refrendarse por escrito en documentos oficiales.
  1. En línea con el punto anterior, hacemos formal exigencia de que estos estudios que se realizarán, sea de carácter independiente, con los más altos estándares científicos que contemplen todas las variables ambientales, de sostenibilidad y de consulta a las comunidades, y que todos sean refrendados ante la SETENA. 
  2. Confirmar que el Comité Pro Defensa del Ojo de Agua permanecerá activo y vigilante de cualquier movimiento que se pretenda hacer, hasta tanto sean cumplidas todos los objetivos fijados por nuestra declaración del pasado 21 de agosto del 2021. 

Para más información puede comunicarse con:

Marvin Venegas, síndico de San Rafael de la Municipalidad de Alajuela +506 6148 5893 / 

Ulises Araya, regidor de la Municipalidad de Belén +506 8470 4094

Cali-Colombia Resiste

Lic. José A. Amesty R.

13-mayo-2021

La resistencia (manifestaciones, bloqueos y barricadas) del pueblo colombiano, ante la arremetida del Estado narco y cuasi militar, parece estar focalizada (epicentro) un tanto en la ciudad de Cali. Esto debido a que el esbirro Álvaro Uribe, está llevando a cabo una especie de venganza, contra la ciudad de Cali, motivada a la tenacidad de esta contra las políticas de Uribe.

En este sentido, deseamos hacer unos señalamientos en torno a lo que está sucediendo en Cali-Colombia. Cali, oficialmente Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, es un distrito colombiano, capital del departamento de Valle del Cauca y la tercera ciudad más poblada de Colombia.

Es la única gran ciudad de Colombia que posee un acceso rápido al Océano Pacífico, dista 114 km de Buenaventura, principal puerto del país. La ciudad forma parte del Área metropolitana de Cali, junto con los municipios contiguos a esta.

La ciudad es uno de los principales centros económicos e industriales de Colombia, además de ser el principal centro urbano, cultural, económico, industrial y agrario del suroccidente del país y el tercero a nivel nacional después de Bogotá y Medellín. Es a su vez conocida como “la capital mundial de la salsa” y “la sucursal del cielo”.

Dentro de la ciudad de Cali, la burguesía convive en el oeste, donde existen urbanizaciones cerradas, complejos residenciales y también edificios con apartamentos para la clase media; y la clase más popular en el este, lo contrario de muchas capitales latinoamericanas.

Es una burguesía caleña narco, es una clase media narco. Esta burguesía caleña se hace llamar “gente de bien”, pero es la misma derecha de Latinoamérica, que se viste de blanco y ostenta grandes camionetas, de alto costo.

En el territorio de Cali y sus municipios contiguos, igualmente hacen vida los indígenas del Cauca, los paeces, descendientes de los calimas, llamada la cultura calima, de allí el nombre de Cali, quienes han luchado por siglos por el respeto de sus territorios ancestrales, principalmente su líder de los años setenta, Quintin Lame, quien lucho por la recuperación de los Resguardos indígenas en el Cauca.

Los resguardos son una institución legal y sociopolítica de carácter especial, conformada por una o más comunidades indígenas, que con un título de propiedad colectiva que goza de las garantías de la propiedad privada, poseen su territorio y se rigen para el manejo de éste y su vida interna.

En la actualidad en Colombia, existen 710 resguardos ubicados, en 27 departamentos y en 228 municipios, que ocupan una extensión aproximada de 34 millones de hectáreas, el equivalente al 30 por ciento del territorio nacional.

El movimiento indígena se ha organizado y aglutinado en el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), quien a su vez pertenece a la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, los primeros han llevado a cabo la llamada minga (caravana indígena, un término de los pueblos originarios de Colombia, que significa encuentro o protesta colectiva) y que se trasladan en buses (chivas).

Recientemente, Daniela Soto, una joven lideresa indígena fue herida en un ataque armado a la minga en Cali, de allí los enfrentamientos entre la Guardia indígena, conformada por los indígenas ya mencionados, contra grupos armados paramilitares o paracos.

La guardia indígena, estaba buscando proteger a Soto, quien ingresó en urgencias del hospital Valle del Lili, por herida de bala en el abdomen. Finalmente se recuperó del balazo.

¿Pero Qué es la Guardia Indígena?

Recordemos primero que las guardias nacionales, fueron un invento estadounidense, impuestas en nuestros territorios, para reprimir y controlar los pueblos en América Latina. Las ultimas guardias nacionales que existen o existieron estuvieron en Panamá, Nicaragua y Venezuela, pero fueron desapareciendo por ser obsoletas.

La Guardia Indígena del Cauca, es una guardia territorial. Son guardas del territorio ancestral indígena. Es una guardia del Estado Comunal Indígena. Es una guardia comunal.

Es la guardia del Estado Plurinacional del Cauca. Además de proteger el territorio indígena, protege a los voceros, en este caso y momento, en la toma de Cali y contra el cerco de Cali por parte de Iván Duque.

Últimamente hemos visto un video, donde la Guardia Indígena, entrega a los ciudadanos/as de Cali, bolsas con alimentos de su producción. Son bolsas de alimentos, tipo bolsas CLAP de Venezuela. Que buscan mitigar el desabastecimiento inducido por parte del Estado colombiano, para hacer morir de hambre a Cali, por ser la abanderada del paro nacional y las protestas contra las políticas de Duque y Uribe.

Señalamos, además, que los indígenas del Cauca, son gente no violenta, que solo se defiende con palos y piedras ancestralmente. Son gente que más bien son dados a la palabra, a la búsqueda de la conciliación por medio del dialogo. Son una especie de palabreros, como los arawacos de Santa Marta en la Sierra Nevada colombiana, y los guajiros del territorio fronterizo colombo venezolano.

También hemos visto videos, donde hay enfrentamientos entre los paracos, ricos del barrio el Jardín de Cali y la guardia indígena, donde los primeros quieren desalojar a los segundos de Cali.

Estos son los sucesos de Cali-Colombia recientemente, que seguramente seguirán suscitándose, y en otros lugares de Colombia, producto del cansancio del pueblo colombiano ante tanta barbarie, muertes, asesinatos, violencia y malas políticas del Estado colombiano.

Movimientos impulsan la lucha: ¡No a la Ley de Empleo Público!

Denisse López Sánchez

Antes de exponer la posición del movimiento sindical sobre el tema, es importante que conozcamos aspectos generales que se plantean dentro de la formulación de la Ley de Empleo Público. Lo primero, es que es un proyecto de 28 páginas, que aborda aspectos en materia laboral, se trata según Alfaro (2019) de “una nueva conceptualización de las redes laborales con el Estado desde la etapa de contratación hasta la de despido” (párr.2). Lo segundo, es que desde la institucionalidad y el Ministerio de Planificación se argumenta que la propuesta es necesaria para modernizar el Estado actual. Por último, específicamente se dice que lo que se quiere con este proyecto de ley es la aplicación de un sistema de salario único para todos los empleados públicos, poner un tope a los incentivos y bajar la curva de crecimiento por el pago de las remuneraciones.

Los cambios estructurales que se planean ejecutar están íntimamente relacionados con las siguientes áreas: reclutamiento y selección del personal, según se indica para garantizar idoneidad comprobada para los puestos que se asumen; alta dirección pública que va aunada al área anterior pues lo que se requiere es que cada unidad y departamento esté liderado por personas aptas y capacitadas; cambios en la movilidad pública; la desvinculación de los funcionarios del sistema por bajo rendimiento; modificaciones en materia de salarios con el fin de lograr una igualdad entre los altos jerarcas y los profesionales de menor rango; vacaciones; permisos de cuido; licencias de maternidad; otros incentivos laborales; condiciones de aplicación y de contratación temporal (Alfaro, 2019. párr.1-33).

Ahora bien, con respecto a esta ley han surgido diferentes posicionamientos tales como el de los movimientos sociales y el movimiento sindical de Costa Rica, que refiere su disconformidad con el proyecto debido a una posible recarga de la crisis fiscal sobre el sector laboral y que terminará afectando la calidad que ofrecen los servicios públicos y la estabilidad del Estado Social de Derecho.

Parte de las acciones que se han tomado desde estas entidades sindicales y sociales son las manifestaciones que se han llevado a cabo en las afueras de la Asamblea Legislativa, donde han participado algunas figuras que están inmersas dentro de la institucionalidad como lo es el actual rector de la Universidad de Costa Rica Gustavo Gutiérrez Espeleta, el SINDEU, la APSE, UNDECA, ANDE, SEC, CTRN, SINAE, sindicatos del AyA, entre otros. Estas manifestaciones tienen como objetivo preservar el empleo público, el Estado Social de Derecho y la calidad de vida de las personas ciudadanas y funcionarias del Estado y sus familias.

En el video publicado por Marcela Zamora-Cruz en su página de Facebook hace un llamado a las federaciones estudiantiles a sumarse a la causa, ya que estos proyectos como la Ley de Empleo Público y las negociaciones con el FMI, afectan no solo a la clase trabajadora, también a la educación pública, específicamente a las universidades públicas.

Referencias Bibliográficas:

Alfaro, J. (9 de abril de 2019). ¿Qué dice el nuevo proyecto de reforma al empleo público? Semanario Universidad. Recuperado de https://semanariouniversidad.com/pais/que-dice-el-nuevo-proyecto-de-reforma-al-empleo-publico/

Palabras del Secretario General de la ANEP a la delegación del FMI en reunión virtual

Albino Vargas, ANEP

El movimiento Rescate Nacional ratifico una oposición rotunda a un convenio con el FMI, con la particularidad que esta oposición se hizo más amplia ya que a él se sumó el Consejo Nacional de Cooperativas (COONACOP), la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo Comunal (CONADECO), cierta parte del gremio sindicalista del sector público y otros grupos sociales. El movimiento rescate nacional insta a los sectores que tienen posibilidad de salir a las calles a protestar que se haga, ya que se considera que el Gobierno que está solicitando ese convenio es uno muy desprestigiado, iniciando con el señor presidente Carlos Alvarado Quesada, quien ha presentado la menor credibilidad como figura política en los últimos 25 años, por lo tanto, se considera que la negociación genera desconfianza para la ciudadanía costarricense.

Otros aspectos que son centrales, es la discusión que se dan en torno al carácter de la deuda y de los intereses consecuentes, que son exorbitantes y obscenos y que al final, caerá en las espaldas del pueblo costarricense para este año 2021. Es evidente los recortes presupuestarios a programas de educación y de beneficio social como los CEN-CINAI y policía migratoria, es necesario comprender que hay aspectos tales como el narcotráfico que están presente en la economía costarricense y que las autoridades no tienen la capacidad para manejar esas fallas estructurales, entonces es muy difícil que el gobierno pueda asumir una deuda tan abrupta en un contexto de desempleo y debilitamiento económico.

Se reitera la importancia de las segundas oportunidades, de ver otras opciones menos agresivas, para evitar la oposición de los sectores a partir de la verdad y de la opinión pública, con el fin de evitar impuestos de carácter regresivo y evitar la aprobación de la Ley de Empleo Público que devuelve a los trabajadores a un estado vertical semi- totalitario, clientelar.

Para ver en detalle las palabras del señor Albino Vargas Barrantes puede dar click

Alto a la criminalización de la protesta social

SURCOS comparte el pronunciamiento de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos:

Alto a la criminalización de la protesta social

La Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU) se pronuncia, a nivel nacional e internacional, contra la violencia y criminalización de la Fuerza Pública a la ciudadanía costarricense que ejerce el legítimo derecho a la protesta social, cuyos responsables son el Ministerio de Seguridad y la Fuerza Pública.

El pasado 14 de octubre balearon por la espalda al señor Dennis Cortés Arce, de 48 años de edad, en Upala, provincia de Alajuela, quien es un humilde trabajador que participaba en los movimientos de protesta contra impuestos y los nuevos préstamos del Fondo Monetario Internacional. Él sufrió heridas graves y hoy se encuentra con profundas secuelas en su salud, hecho que se suma a innumerables atropellos a los Derechos Humanos en el marco del movimiento social y popular convocado por el Movimiento Rescate Nacional (MRN).

Ayer 21 de noviembre a las 8 pm balearon al joven indígena Jimmy Martínez Tercero, en Buenos Aires de Puntarenas, quien participaba en una manifestación y hoy se encuentra en el hospital de dicha región. Aparentemente la OIJ está tratando de recabar datos para realizar su respectivo informe. Además, nos informan que vapulearon a tres jóvenes al extremo de que los dejaron tumbados y malheridos en el suelo.

Se supone que en Costa Rica no tenemos ejército, el próximo 2 de diciembre se celebrará un año más de la abolición del ejército; de esta institución que en la mayoría de los países lo único que hace es daño e impulsa la violencia contra su propio pueblo.

Denunciamos que esta práctica sistemática tan violenta y plagada de abuso de autoridad por parte de la Fuerza Pública contra la ciudadanía de este país es relativamente nueva en este país, por lo que el pueblo de Costa Rica está muy preocupado.

La ACODEHU hacemos un llamado a la Defensoría de los Habitantes, a las diputadas y a los diputados de nuestra República, a organizaciones de Derechos Humanos nacionales e internacionales, al movimiento social y sindical para que denunciemos e impugnemos estas prácticas nefastas, propias de otros Estados donde existen ejércitos.

Reiteramos que en Costa Rica no existe ejército. La protesta social es un derecho

¡Defender los Derechos Humanos, es ampliar la democracia!

Ana Cecilia Jiménez Arce
Presidenta
Óscar Leiva Cerrato
Vicepresidente

 

Fotografía: (Facebook: ACODEHU)