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Etiqueta: Mauricio Álvarez Mora

Balance socio ambiental 2025

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Por Mauricio Álvarez Mora
Docente UNA
Coordinador del Proyecto Geografía y Diálogos de Saberes de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la UCR.

Retrocesos, resistencias y nuevas articulaciones desde los territorios

El balance ambiental del año 2025 puede leerse desde tres dimensiones: los retrocesos y amenazas, los avances logrados pese a un contexto adverso, y los hechos más significativos que marcaron la agenda socioambiental. Este análisis parte del acompañamiento sostenido a comunidades, organizaciones sociales y territorios que hemos realizado en la acción social de la Universidad de Costa Rica desde el Proyecto Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica.

Un panorama negativo: retrocesos democráticos y violencia estructural. En términos generales, el balance ambiental del 2025 es sombrío y preocupante. Costa Rica atraviesa un grave retroceso en derechos humanos y sociales que tiene consecuencias directas sobre la agenda ambiental. El aumento sostenido de la violencia, junto con la expansión y arraigo del narcotráfico, se manifiesta con especial crudeza en territorios rurales, costeros y transfronterizos. Durante este año quedó expuesta, por ejemplo, una preocupante triangulación entre estructuras del narcotráfico y actores dentro de INCOPESCA, evidenciando la penetración del crimen organizado en instituciones públicas claves. Este tipo de relaciones es evidente en la actividad minera ilegal entre Crucitas y Abangares.

A este contexto se suma la emergencia de nuevas formas de movilización social que buscan romper la parálisis reforzada por un gobierno autoritario y negacionista. El tejido social aparece fragmentado y desmovilizado, atravesado por el miedo, el cansancio y la apatía, lo que limita la capacidad de respuesta colectiva.

La violencia se reproduce además gracias a la impunidad y a discursos profundamente polarizantes que legitiman la hostilidad frente a cualquier forma de disenso. Este clima se expresa en un discurso abiertamente ecocida, sostenido tanto por el presidente como por sectores empresariales. Ya en 2024 se había registrado un aumento en la criminalización y los ataques contra organizaciones socioambientales; en 2025 esta tendencia continuó, materializándose en demandas judiciales contra personas comunicadoras e influencers, así como en múltiples expresiones de violencia simbólica dirigidas contra defensoras y defensores ambientales.

Avances y resistencias: frenar el retroceso y construir alternativas. En medio de este escenario adverso, el año también dejó elementos positivos. Aunque persiste una parálisis en la movilización social masiva, a nivel legislativo la sociedad organizada, en articulación con partidos de oposición, sectores académicos y diversos movimientos sociales, logró frenar varias reformas regresivas. Entre ellas destacan los intentos de privatización del ICE, modificaciones orientadas a desproteger la Zona Marítimo-Terrestre y una serie de proyectos mineros que habrían significado un retroceso histórico para el país.

En el plano del debate público, se lograron avances importantes en la disputa de ideas. Se consolidó el rechazo social a la exploración petrolera y de gas, y se amplió la discusión crítica sobre los impactos de la gentrificación y la turistificación. En este contexto, se realizó el primer Encuentro Nacional y se conformó la Red de Mujeres Costeras y Rurales, una articulación inédita que conecta luchas locales en territorios como Guanacaste, Caribe, Talamanca y Puntarenas.

Esta red, de carácter horizontal y autónomo, está construyendo una agenda innovadora que articula organizaciones feministas, rurales, indígenas y populares, demostrando que, pese al desgaste social, siguen emergiendo nuevas formas de organización para la defensa de los bienes comunes.

Frente a los procesos de criminalización y violencia contra activistas, también se registraron avances significativos. La Universidad de Costa Rica aprobó el acuerdo CU-19-2024, que establece la realización anual, cada 7 de diciembre, de actividades institucionales en homenaje a las personas asesinadas por defender el derecho a un ambiente sano. En 2025, esta conmemoración reconoció a un amplio grupo de lideresas, líderes comunitarios, organizaciones y activistas que actualmente enfrentan amenazas, criminalización y persecución vinculadas a proyectos extractivos y políticas de despojo en territorios como Playa Pelada, la Fila Costeña, Punta Pelencho, Térraba, el Humedal de Coris, Cipreses de Oreamuno, Playa Cabuyal, Caribe Norte, Miramar y Belén.

Asimismo, el 22 de abril se llevó a cabo un acto de reconocimiento a personas y comunidades que defienden la vida frente a las amenazas contra la naturaleza, reforzando la dimensión simbólica y política de estas luchas.

Las alertas por la seguridad del defensor indígena Pablo Sibar, los pronunciamientos colectivos y diversas acciones de denuncia y visibilización evidencian una capacidad de reacción social rápida y articulada, con aprendizajes acumulados que resultan especialmente valiosos en un contexto de violencia estructural y creciente criminalización socioambiental.

Lo más destacado del año: agua, corrupción y disputas territoriales. El hecho más grave y determinante del año fue la reforma al Reglamento de Agua Potable, uno de los retrocesos más profundos en materia de salud ambiental de las últimas décadas. Esta modificación desmanteló el paradigma basado en el principio de precaución y lo sustituyó por un enfoque permisivo que favorece la contaminación y beneficia directamente a la industria de los plaguicidas. Todo ello ocurrió pese a una oposición amplia y sólida por parte de sectores académicos, regulatorios, científicos, especialistas, institucionales y socioambientales, que se pronunciaron de manera contundente y documentada.

Este retroceso se inserta en un clima de violencia política que facilita el avance de la corrupción, la parálisis institucional y la reducción presupuestaria de entidades clave como el SINAC y el MINAE. Durante el año, la Contraloría General de la República evidenció prácticas y omisiones graves en SETENA, particularmente en zonas costeras, que reflejan un relajamiento selectivo de sus funciones en límites que rozan la corrupción, precisamente en la institución encargada de garantizar el derecho constitucional a un ambiente sano.

Paralelamente, tomó fuerza una movilización social amplia y diversa en torno a la turistificación y la gentrificación. Más allá del debate público, estas tensiones se expresaron de forma concreta en los territorios: desalojos en Playa Pelada; críticas al modelo de “república independiente” en Papagayo; oposición al Plan Regulador de Talamanca; denuncias por la destrucción del Refugio Gandoca–Manzanillo, Playa Negra,  defensa de Punta Pelencho en Brasilito; y el fortalecimiento de las luchas en la Fila Costeña, entre muchas otras. Prácticamente todas las regiones costeras del país registraron acciones de articulación y resistencia comunitaria.

Finalmente, se consolidaron luchas temáticas a lo largo del territorio nacional: resistencia contra nuevos rellenos sanitarios, Ojochal, Rio San Juan, Abangares, Pacifico Central, ,Caribe Norte, defensa de espacios naturales como el Parque Ross y el Santuario del Agua en Belén; protección de ríos como el Ario, el Frío y el Guacimal frente al extractivismo; y defensa de arrecifes como El Chino en Puerto Viejo y Jícaro en Bahía Culebra.

El 2025 deja así un balance marcado por fuertes retrocesos institucionales, pero también por resistencias persistentes y nuevas articulaciones sociales que mantienen viva la defensa de los territorios, el agua y los bienes comunes en Costa Rica.

Programa Kioscos Socioambientales
Universidad de Costa Rica

Emergencia ambiental: más de 69 fuentes de agua en Cartago estarían contaminadas

Escrito en . Publicado en Agua, Derechos, Salud.

El gobierno podría proponer aumentar los límites de plaguicidas para evitar declarar una emergencia y así destinar recursos para resolver el problema de contaminación de más de 50 mil personas. 

Desde marzo, la ARESEP, junto con la academia, grupos comunitarios, ambientalistas y diputados, había solicitado la declaratoria de emergencia. Se basaron en informes institucionales, precedentes legales y el principio de precaución, que permitirían agilizar los recursos para el proyecto Orosi II.

Por Mauricio Álvarez Mora
Geógrafo docente en las Escuelas de Geografía y Políticas
Programa Kioscos Socio ambientales de la UCR e IDELA UNA

Una fuente interna de una institución pública nos aseguró que todas las 69 muestras de agua resultaron contaminadas con metabolitos del fungicida clorotalonil, es decir, productos derivados de la molécula original. A principios de mayo, Acueductos y Alcantarillados (AyA) realizó un muestreo en la zona norte de Oreamuno y Alvarado, en Cartago. Se tomaron 45 nacientes gestionadas por las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (Asadas) y 24 nacientes de acueductos municipales de Oreamuno, afectando así a aproximadamente 50,000 personas.

Entre las fuentes muestreadas se encuentran: ASADA Buena Vista de Pacayas (2 fuentes), ASADA Cipreses de Oreamuno (2 fuentes), ASADA Cot de Oreamuno (6 fuentes), ASADA Norte de Pacayas (2 fuentes), ASADA Paso Ancho y Boquerón (2 fuentes), ASADA Potrero Cerrado (5 fuentes), ASADA San Juan de Irazú (2 fuentes), ASADA San Pablo de Santa Rosa (9 fuentes), ASADA San Rafael de Irazú (7 fuentes), ASADA Santa Rosa de Oreamuno (7 fuentes), ASADA Santiago de Paraíso (2 fuentes), Municipalidad de Alvarado (13 fuentes) y el Consejo Municipal de Cervantes (11 fuentes).

Según datos divulgados por el gobierno, el muestreo abarca un área aproximada de 8,500 hectáreas y es la primera de cuatro etapas de muestreo (AYA, 1-7-24). Este monitoreo fue una respuesta del gobierno a la solicitud de declaratoria de emergencia de diversas instituciones y fuerzas políticas. En su momento, se indicó que “a partir de sus resultados definiremos la ruta a seguir” (AYA, 1-7-24).

Algunas de estas fuentes ya estaban clausuradas por contaminación, como las de Cipreses, San Pablo y Santa Rosa, afectando a unas 10,000 personas. En el caso de Cipreses, el 12 de octubre se cumplieron dos años de suministrar agua mediante cisternas, y otras comunidades pronto alcanzarán el mismo plazo.

Declaratoria de emergencia: Mediante un oficio dirigido a la Primera Vicepresidencia de la República y a los jerarcas de los ministerios de Salud, Ambiente, Energía y Agricultura, así como al Presidente Ejecutivo del AyA, la ARESEP solicitó el 4 de marzo de 2024: “Se insta a declarar Estado de emergencia en la zona norte de Cartago, dada la contaminación por agroquímicos de las fuentes de agua utilizadas por las Asadas de Potrero Cerrado, Paso Ancho, Boquerón, Cipreses, San Pablo, Norte de Pacayas, San Rafael de Irazú, Buena Vista, Santa Rosa, Cot y San Juan de Irazú, afectando directamente a 33,000 habitantes” (OF-0131-IA-2024).

El 9 de abril, representantes del Frente Ecologista de Cipreses, la Universidad de Costa Rica (UCR) y diputados de los partidos Frente Amplio, Liberal Progresista y Liberación Nacional pidieron al Gobierno declarar “estado de emergencia” en la zona norte de Cartago, debido a la contaminación con agroquímicos en las fuentes de agua que afectan a 50,000 habitantes.

Los informes internos son contundentes. Advertían que el 80% del área de protección de 35 nacientes estudiadas estaba invadido por cultivos, infraestructura y ganadería, con un uso agrícola intensivo del 44%, un 33% para pastos, un 3% para infraestructura y solo un 20% de uso forestal. El estudio indica que “en las zonas ubicadas aguas arriba de cada naciente predominan sectores con cultivos agrícolas” (UEN-GA-2024-00175).

Según informe anterior (14-4-23) de los ministerios de Salud, Ambiente y AYA, que fue clave para que la Sala Constitucional solicitará la prohibición del clorotalonil en junio del 2023, en las áreas cercanas a Cartago había aproximadamente 65,000 personas dependientes de suministros de agua en condiciones similares, con una agricultura tan cercana a las fuentes que “afectaba la calidad del agua” y generaba “una alta probabilidad de contaminación por el uso de productos químicos”.

¿Por qué era predecible la contaminación del agua? Este tipo de contaminación no se estaba midiendo en nuestro país, ya que el Laboratorio Nacional de Aguas carece de los recursos y la infraestructura necesaria. En Costa Rica hay más de 200 plaguicidas registrados, pero el laboratorio sólo puede evaluar 24 en el agua potable. Fue gracias a la insistencia de la comunidad de Cipreses que IRET pudo evaluar estos metabolitos en 2019 y que se logró una resolución que busca fortalecer las capacidades del Laboratorio Nacional de Aguas.

Dada la alta movilidad del clorotalonil en el agua, la intensidad y cantidades de uso del producto (tercero a nivel nacional), es casi un hecho que donde se aplique habrá este tipo de contaminación; solo es cuestión de contar con los recursos y capacidades para analizarlo.

Francia y Suiza enfrentan una situación similar a la de las comunidades de Cartago. En Francia, un tercio del agua está contaminada con estas mismas moléculas, a pesar de la prohibición hace más de cuatro años, lo que demuestra la persistencia de esta sustancia. En Suiza, alrededor de 700,000 personas están expuestas a metabolitos de clorotalonil en su agua potable, y el costo de la descontaminación podría aumentar el precio del agua en un 75% (Public Eye, 5-2023).

Impacto del clorotalonil en la salud. A nivel internacional, la Unión Europea prohibió el uso del plaguicida clorotalonil en 2019 debido a la contaminación de sus metabolitos en aguas subterráneas. El Ministerio de Salud aseguró que “la Autoridad Europea no pudo descartar un posible problema de genotoxicidad de los residuos a los que se verían expuestos los consumidores y detectó un alto riesgo para los anfibios y los peces en todos los usos evaluados. Asimismo, el clorotalonil está clasificado como carcinógeno” (MS-DPRSA-0668-2022).

Los informes de la CCSS muestran que en el Área de Salud Oreamuno – Pacayas – Tierra Blanca, que cubre parte de la zona muestreada y contaminada, se ha detectado un aumento en la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, cáncer y tumores malignos. Además, se destaca el “alto uso de agroquímicos en el área de atracción”. Según el “Análisis de la Situación en Salud (ASIS) 2019-2020 en Oreamuno, Pacayas y Tierra Blanca”, los agroquímicos más peligrosos son los nematicidas, seguidos de herbicidas, insecticidas y fungicidas, lo que se debe al uso agrícola y ganadero en la región. El ASIS también resalta que “la principal fuente de contaminación se encuentra en los lugares donde la actividad agrícola es predominante, debido al uso indiscriminado de plaguicidas que penetran en la capa freática contaminando los mantos acuíferos”(Semanario Universidad 31-5-2023).

Según estudios del Instituto Regional de Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional (UNA), la zona norte de Cartago es una de las áreas del país con mayor uso de plaguicidas debido a factores como la intensidad de cultivo, las condiciones climáticas y la cultura de aplicación de estos químicos. Un estudio en una microcuenca entre las quebradas Pacayas y Plantón identificó el uso de 84 plaguicidas y un centenar de fertilizantes. Una hectárea puede recibir entre una y cuatro toneladas métricas de fertilizante por año, y el uso de plaguicidas varía entre 11 y 163 kilogramos de ingrediente activo por hectárea al año, cifras que son relativamente altas en comparación con otros cultivos como arroz (18-24 kg ia. /ha/año), banano (40), piña (15-20) y melón (70-140) (IRET, 2010).  

¿Aumentar los límites de contaminación del agua de consumo humano? A finales de julio, el vuelco de un camión cisterna derramó 17,000 litros de fungicida Mancozeb en una quebrada que desemboca en el río Barranca, afectando tomas de agua que abastecen a miles de personas. El Ministerio de Salud (MINSA) autorizó niveles de contaminación en el agua que superan en más de 60 veces lo estipulado por la legislación nacional. Esta autorización se llevó a cabo sin modificar legalmente el Reglamento de Calidad de Agua Potable, basándose en el informe MS-DPRSA-USA-1536-2024, que justificó un cambio temporal en los parámetros de presencia de agroquímicos.

Ante la falta de transparencia —ya que se solicitaron formalmente los datos en su momento—, organizaciones ecologistas interpusieron un recurso de amparo contra Acueductos y Alcantarillados por la falta de acceso a información, exigiendo los resultados de monitoreos realizados desde el 27 de julio. Estos análisis revelan altas concentraciones de Mancozeb en el río Barranca y en el agua suministrada a las comunidades de Esparza y Puntarenas (Bloqueverde, 2-9-24).

En este caso, se establecieron nuevos límites “temporales” a la medida de los resultados de los muestreos realizados, lo que fue presentado a la Sala Constitucional en un recurso de amparo que fue acogido para estudio. La Fiscalía de la República abrió una investigación sobre los posibles delitos. Esta medida es ilegal y contradice el principio de precaución, así como varios artículos de la Constitución Política y el derecho constitucional al agua potable.

El Ministerio de Salud justificó la medida asegurando que era temporal para “proteger la salud pública mientras se implementan las acciones de remediación necesarias” y alegó que la falta de agua potable “también genera riesgos sanitarios para la población” (MINSA, 4-9-24).

Conclusiones. Si el gobierno intenta eludir su responsabilidad de declarar una emergencia utilizando este irresponsable precedente, podría enfrentar un revés legal en la Sala Constitucional. No se pueden hacer excepciones tan groseras a la ley, los reglamentos y los tratados internacionales.

Se espera que la ministra de Salud no comprometa aún más su reputación con una medida tan cuestionable. Ya se ha dejado a Cartago sin hospital, y exponer aún más a la población a esta contaminación sería una grave agresión contra la salud pública. Este asunto debe ser tratado con la seriedad y la transparencia que merece.

Además, es fundamental poner fin a la persecución de los empleados públicos honestos que están alertando sobre los resultados y las maniobras que se están evaluando desde el gobierno. Esperamos que el gobierno busque asesoramiento adecuado y reflexione para descartar este escenario, y así decrete la emergencia solicitada hace meses.

Finalmente es crucial que las autoridades realicen un estudio sobre las afectaciones por la exposición crónica a plaguicidas en la zona, ya que se desconoce desde hace cuántos años el agua ha estado contaminada y si las personas, al estar tan cerca de los cultivos, están ingiriendo contaminantes a través de otras vías o mediante los productos agrícolas que consumen.

Imagen: AyA.

¿Legalizar y ampliar la minería “artesanal”?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Mag. Daniel Fernández Vásquez y MSc. Mauricio Álvarez Mora, docentes e investigadores de la UCR

Actualmente se discute el proyecto de ley “para regular la actividad minera artesanal y de pequeña escala (MAPE)”, bajo el expediente N° 22.934, que intenta regular la minería artesanal que se ha desarrollado en diferentes regiones del país de manera ilegal. Dicha ley, se ha planteado supuestamente, para corregir contradicciones dentro de la Ley N° 8904, las cuales impiden el ejercicio legal por parte de personas físicas y jurídicas que desde hace muchos años llevan a cabo la actividad de forma ilegal. Pero, además, plantea herramientas legales para la incorporación de nuevas concesiones.

Hay que recordar que la minería (aún desde la lógica de artesanal o “pequeña escala”) se trata de una actividad extractiva. Esto significa que busca explotar diferentes minerales en altas cantidades, generando graves afectaciones a nivel ambiental y cuyas ganancias son mayoritariamente obtenidas por exportaciones y en el extranjero.

Esta actividad se caracteriza por tener un escaso procesamiento y dejan pocos recursos y encadenamientos productivos a la escala local o regional. Es importante acotar que este tipo de extracción también está vinculada a la extracción de la fuerza de trabajo.

Este tipo de actividad es particularmente dañina e irreversible ya que se caracteriza por ser depredadora de la naturaleza, ya que no solo mercantilizan a la naturaleza, sino que también la agotan. Ya que la intensidad de estas actividades implica un uso desmedido del agua, de químicos (cianuro) que contaminan de forma permanente los cursos de agua y los mantos acuíferos.

Es importante poner evidencia que este discurso pro extractivista ha girado en torno a la promoción de la minería “científica” o la minería “responsable” suponiendo que esta es mejor que la ilegal. Sin embargo, no existe minería “responsable” o “sostenible” ya que todas estas prácticas mineras tienen un serio impacto en los ecosistemas y en las comunidades. En este marco es posible ubicar diferentes aspectos de este proyecto de ley que pueden considerarse portillos o incluso propuestas directas que plantean amenazas a la progresividad en materia de protección del ambiente. En primer lugar, al realizar una ley conjunta para lo que se considera minería artesanal y minería “a pequeña escala” se da una definición muy amplia, en la cual se plantea que dicha actividad se define de esta forma a partir de “un volumen de extracción anual de toneladas métricas”. Dicho volumen queda abierto a definición en un futuro reglamento, como la mayoría de aspectos técnicos de esta ley.

En esta misma línea la ley establece las áreas de concesión entre un kilómetro cuadrado (100 hectáreas) y diez kilómetros cuadrados (1000 hectáreas). Sumado a esto se avala el uso de la extracción mecanizada. Todo esto da miras a formas de extracción que no son ni “artesanales” ni “de pequeña escala”, sino minería a gran escala. Por otro lado, la propuesta de ley plantea la posibilidad de exploración, explotación de nuevos yacimientos siempre y cuando se cumpla con el permiso de SETENA. Esto preocupa sobremanera ya que implica la posibilidad de explotación de territorios más allá de las zonas donde, en inicio, se busca regularizar la actividad minera.

Además, no se establecen límites físicos y cantidades de concesiones por lo que puede acumular las mismas creando enjambres de proyectos que amplifican y acumulan impactos transformando la escala y dimensión del impacto socio ambiental.

Otro punto a considerar dentro del proyecto es la posibilidad de otorgar permisos para el uso de Cianuro. Sustancia que actualmente se utiliza de manera desmedida en la actividad minera y que provoca contaminación permanente de los mantos acuíferos.

Cabe señalar que para el establecimiento de diferentes evaluaciones se señala como responsables directos a la SETENA y a la DGM. Esto sin señalar nuevos recursos para el seguimiento de estas tareas y por lo tanto el control de la ley. Considerando que ambas instituciones se encuentran con altos volúmenes de expedientes y tareas para el seguimiento, el no asignar nuevos recursos implicaría una aprobación nominal de la ley sin los recursos necesarios para los controles requeridos.

Finalmente, se vuelve preocupante que muchos temas técnicos vitales para la comprensión del proyecto quedan sujetos a la elaboración posterior de un reglamento. Lo cual, partiendo de lo planteado dentro del proyecto de ley, genera preocupaciones sobre la posibilidad de incentivar y promover la actividad minera en el país. Actividad cuyas repercusiones ambientales y sociales se encuentran más que demostradas en la región.

Se considera que este proyecto, al igual que otros planteados recientemente en la materia, no se plantea como una solución o un avance en la temática social y ambiental alrededor de la minería en el país. Al contrario, el mismo se vislumbra como un retroceso a nivel ambiental con similitudes a otros proyectos sobre los cuales ya se han pronunciado la fiscalía y diversas organizaciones e instituciones.

 

Imagen ilustrativa.