El acuerdo de Escazú consiste en un tratado regional, específicamente para América Latina y el Caribe, es un instrumento jurídico en materia de protección ambiental que tiene como fin el garantizar y facilitar la incidencia ciudadana, el acceso a la información y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en la región, lleva el nombre de Escazú puesto que fue adoptado y negociado en la ciudad de Escazú, San José de Costa Rica el pasado 4 de marzo de 2018, el mismo cuenta con una extensa participación de la sociedad civil, comunidad científica, y política. Asimismo, su objetivo es primordial ya que busca luchar contra la desigualdad, la discriminación y garantizar los derechos de todas las personas a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.
Es importante destacar que este acuerdo se enmarca dentro de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el que se busca el alcance de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) los cuales son impulsados por la Organización de la Naciones Unidas (ONU), dentro de dichas metas se enmarcan tres de estos objetivos que son muy importantes, los cuales tienen gran injerencia en el cumplimiento de este acuerdo, estos son, ODS 10. Reducción de las desigualdades, ODS 13. Acción por el clima y ODS 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.
En ese sentido, es importante indicar que en América Latina es urgente este acuerdo con el objeto de resguardar los derechos humanos de todas las personas que se desenvuelven en el ámbito ambiental, ya sea desde sus labores profesionales hasta el activismo, no está de más recodar que en Costa Rica han surgido diversos acontecimientos violatorios a los DDHH, en las que algunos de estos, lamentablemente han terminado con la vida de ambientalistas y activistas.
En primera instancia, es indispensable recordar el asesinato de Jairo Mora Sandoval, un ambientalista y activista costarricense, que fue asesinado en junio de 2013, cuando buscaba proteger los nidos de las tortugas baula en el Caribe de Costa Rica, junto a él, fueron asesinadas cuatro personas más en aquel suceso, este caso ha sido de los casos más sonados inclusive a nivel internacional, por lo que a raíz de este lamentable acontecimiento políticos, colectivos y grupos organizados han llamado a una restructuración y reforma de la política ambiental costarricense, sumado a lo anterior, es importante mencionar asesinatos como el de María del Mar Cordero Fernández, Jaime Bustamante, y Oscar Fallas Baldí, integrantes de la extinta Asociación Ecologista Costarricense (AECO), quienes lucharon contra la compañía Ston Forestal, y entre otros crímenes en contra de ambientalistas, en dónde detrás de estos, sin duda alguna se esconden el crimen organizado y la mafia del tráfico de drogas.
El enfoque de derechos humanos que se le da al Acuerdo es crucial, según Global Witness, Latinoamérica fue la región con mayores asesinatos de defensores ambientalistas en el 2019, y es por esto, que este enfoque es indispensable con el objeto de encargarles mayores responsabilidades y esfuerzos en la lucha por el crimen organizado y los intereses detrás de los asesinatos de ambientalistas, en esa misma línea se analiza que
El Acuerdo de Escazú es también un tratado de derechos humanos. Es el primer tratado del mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en materia de medio ambiente (artículo 9). Esta primicia mundial está lejos de ser insignificante en una de las regiones del mundo más afectadas por los conflictos socioambientales y que presenta un mayor riesgo para la vida y la seguridad de las personas y grupos de personas que actúan como defensores de los derechos humanos en materia ambiental. (Barchiche, Hege y Nápoli, 2019, p.3)
Solo en el 2018, se registraron 164 personas asesinadas por motivo de ser defensores de la tierra y el ambiente, sin embargo, en la región de Latinoamérica, Colombia registró 24 asesinatos, Brasil 20, Guatemala 16, México 14, Honduras 4, Venezuela 3 y Chile 2 asesinatos, dichas estadísticas se muestran en el informe “¿Enemigos del estado?” de Global Witness.
En cuanto al derecho al acceso a la información, los estados deben asegurar jurisprudencia que asegure el acceso a la información y a la transparencia ambiental, mediante mecanismos de gobierno abierto y semejantes, sin embargo, en la región se tiene un gran reto porque “(…) como lo indica la UNESCO, demuestra claras dificultades para la aplicación efectiva de la legislación sobre libertad de información, en particular en el establecimiento de mecanismos adecuados que permitan el acceso a la información de manera oportuna” (Jiménez, 2019, p.393), esto inclusive debe incluir un plan de capacitación en transparencia dirigido hacia funcionarios públicos.
Por tanto, el acuerdo de Escazú es un importante mecanismo que procura derechos fundamentales dispuestos en la Carta Universal de los Derechos Humanos, y que por responsabilidad cada uno de los estados Latinoamericanos deben acceder a la firma y ratificación del acuerdo, para su entrada en rigor se debe proceder en primera instancia a la firma del mismo, demostrando interés en la materia y de ese modo se lleva a cabo un proceso de consulta bajo los ordenamientos jurídicos de los Estados, desdichadamente el plazo para que los países puedan firmarlo finalizó el 26 de septiembre de 2020, hacia el final de septiembre de 2020 se contaba con la firma de 23 países. En segundo lugar y una vez firmado el acuerdo se debe ratificar el tratado, los cuales se debaten y se realiza la votación en los Congresos o Asambleas Legislativas, hacia el final de septiembre de 2020, únicamente se contaban con 10 ratificaciones, para que el acuerdo entre en vigor se necesitan 11 ratificaciones.
Ahora bien, en el caso de los países que no llevó a cabo el proceso de firma y ratificación, puede dar la adhesión al acuerdo, dicho proceso es a través de los poderes legislativos de cada país. Por tanto, desde la sociedad civil es indispensable hacer un llamado vehemente a las autoridades del país, principalmente a las diputaciones para que de una vez por todas, ratifiquen el acuerdo, sin más demoras y trabas a los derechos humanos de las personas protectoras del ambiente y de los que están en la primera línea contra el combate al cambio climático y los intereses de inescrupulosos con grandes beneficios económicos, como la explotación de gas y petróleo, las piñeras con sus agroquímicos, los autobuseros que se oponen a una movilidad sostenible, los oreros con la extracción de oro y un sinfín de intereses adversos que no vienen más que a incrementar los efectos del cambio climático y las más afectadas son las zonas costeras, niños, niñas, y personas en pobreza extrema.
Referencias Bibliográficas:
CEPAL, N. (2018). Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
Jiménez Guanipa, H. (2019). El Acuerdo de Escazú y el derecho de acceso a la información dan a luz una nueva jurisprudencia. Análisis jurisprudencial. Sentencia Fundación Ambiente y Recursos Naturales (farn) c/ ypf SA s/varios. Revista Derecho Del Estado, (44), 385-396. https://doi.org/10.18601/01229893.n44.14
Witness, G. (2019). ¿ Enemigos del Estado? De cómo los gobiernos y las empresas silencian a las personas defensoras. Londres: Global Witness.
Barchiche, D., Hege, E., Napoli, A. (2019). El Acuerdo de Escazú: ¿un ejemplo ambicioso de tratado multilateral a favor del derecho ambiental? IDDRI, Issue Brief N°03/19.
El proyecto, seleccionado por el Micitt, pretende transformar un residuo contaminante de la agroindustria aceitera, como lo es el pinzote de palma, en biocarbón
La fibra de pinzote de palma aceitera es un residuo que, por su elevado volumen de producción, representa un contaminante importante en el país. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
Un grupo de científicos liderados por la Dra. Cristina Chinchilla Soto, directora del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) de la Universidad de Costa Rica, generarán el conocimiento para convertir el pinzote de palma aceitera en biocarbón, un material de alto valor y amigable con el ambiente.
En Costa Rica la producción de palma aceitera se desarrolla principalmente en la región Brunca y es una actividad que plantea un gran reto de manejo de residuos agroindustriales. Según datos del año 2012, por cada 100 toneladas de producto de palma, se generan 22 toneladas de fibra de pinzote. Esto equivale a 245 000 toneladas al año, que es el peso aproximado de unos 7500 contenedores llenos.
Ante esta problemática, los científicos presentaron un proyecto de investigación que permitiría aportar una solución viable para el manejo de este residuo, que sea rentable y además beneficie al medio ambiente, favoreciendo una economía circular.
El proyecto denominado “BIOECODES: El BIOcarbón como estrategia de ECOnomía circular: valorización de residuos agroindustriales para la DEScarbonización y la protección de los recursos” logró obtener fondos del Programa de Proyectos de Investigación Aplicada del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) en el tema de Economía Circular y se extenderá por dos años.
Foto: UCR
¿Qué es el biocarbón o biochar?
El biocarbón o biochar es un material carbonáceo poroso, con propiedades físico-químicas adecuadas para el almacenamiento seguro y a largo plazo de carbón en el ambiente (cuando se incorpora al suelo). Se produce mediante un tratamiento térmico de biomasa denominado pirólisis que se realiza en ausencia de oxígeno a 600 °C como mínimo.
Sus características dependen tanto del material utilizado como materia prima como de las condiciones de pirólisis, señaló el Dr. Juan Salvador Chin, investigador del CICA-UCR quien en los últimos años ha estudiado su elaboración a partir de rastrojo de piña y otros residuos, así como el efecto de su adición al suelo. Foto tomada de: https://horti-generation.com/
Biocarbón y su efecto en los cultivos
El biocarbón se ha asociado a propiedades benéficas en el suelo en cuanto a fertilidad, estructura del suelo y retención de nutrientes como enmienda. Además, al aplicarlo en los terrenos de uso agrícola se aumenta el contenido de carbono de los suelos y se favorece la descarbonización de la actividad económica, según detalló la Dra. Cristina Chinchilla Soto, investigadora principal del proyecto y directora del CICA.
Con esta investigación se evaluarán los beneficios de aplicar el biocarbón específicamente en los suelos de cultivos de importancia para la zona sur como el maíz y el frijol, y en plántulas de palma aceitera. “Una de las principales preguntas que más nos interesa responder es cuál es el efecto del biocarbón sobre el rendimiento de estos cultivos, si va a funcionar en los suelos de la zona sur”, acotó la investigadora.
También se determinará su efecto sobre la retención de nitrógeno, agua y plaguicidas, en mezcla con dos tipos de suelo (arenoso y arcilloso), tanto en los laboratorios del CICA, en invernaderos del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) como en fincas ubicadas en Pejibaye de Pérez Zeledón.
La Dra. Chinchilla Soto, quien tiene amplia experiencia en proyectos que buscan la mejora en la productividad y eco-competitividad de los cultivos, señala que además es importante aprender cómo aplicar el biocarbón (que es un polvo muy fino) en las fincas, entender cómo se puede comportar, qué beneficios puede traer en estos cultivos y cómo puede llegar a integrarse dentro del sistema de producción.
Hacia una economía circular
Actualmente, las empresas productoras de aceite de palma compostan una parte de sus residuos de pinzote para usarlos como abono, también como restaurador de suelo o simplemente lo acumulan en grandes pilas mientras se descompone.
Esta investigación busca ofrecerles una estrategia viable para reducir y aprovechar esos residuos en un proceso que utiliza los recursos de forma eficiente, favoreciendo una economía circular. Para ello, se determinarán las condiciones óptimas para la producción del biocarbón utilizando hornos de estañón de bajo costo y se analizará la factibilidad económica de procesar dicho residuo a escala industrial.
Las expertas además analizarán los posibles efectos ambientales del uso del biocarbón elaborado a partir de pinzote, tales como el impacto sobre población microbiana, la ecotoxicidad (impacto en organismos vivos del suelo), la producción de lixiviados y la estimación de emisión de gases efecto invernadero, comparando el balance de emisiones de CO2 de la producción de biocarbón versus el manejo actual del residuo agroindustrial.
La producción de biocarbón ofrece otros beneficios ya que no solo permite secuestrar cantidades significativas de carbono a largo plazo en el suelo, sino que además puede aumentar la eficiencia en el uso del agua y de los nutrientes, regular el pH, retener plaguicidas y mejorar la productividad de los suelos. Por ello, se considera una de las Tecnologías de Emisión Negativas con mayor potencial para que el sector agrícola haga frente al cambio climático.
Investigación conjunta
Para la implementación de este proyecto, se ha conformado un equipo de trabajo multidisciplinario nacional e internacional, coordinado por el CICA-UCR, que incluye al TEC, el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA-MAG), el Centro de Investigaciones en Ecología y Aplicaciones Forestales de la Universidad Autónoma de Barcelona (CREAF-UAB) y la Agencia Certificadora Eco-LÓGICA.
“Este proyecto de BIOECODES viene a unificar a diferentes sectores del país que estaban trabajando en biocarbón. Las alianzas estratégicas tienen mucho potencial de éxito, eso hace que sea una confluencia de saberes” señala la docente e investigadora de la Escuela de Agronomía, M. Sc. Gabriela Soto, quien previamente trabajó en el Catie realizando investigación y ensayos en campo con este material.
Finalmente, como parte del proyecto BIOECODES, se analizará la factibilidad económica y de gestión de la producción de biocarbón con talleres de productores y procesadores de residuos agroindustriales. Además, se capacitará a técnicos del sector agrícola, productores y tomadores de decisiones sobre las ventajas de la producción y uso del biocarbón.
Equipo de investigación
Cristina Chinchilla Soto. Directora, CICA-UCR.
Juan Salvador Chin Pampillo. Coordinador, Laboratorio de Aplicaciones Isotópicas y Metabolismo de Contaminantes (Laimec), CICA-UCR.
Marta Eugenia Pérez Villanueva. Investigadora, Laimec-CICA.
Maria Gabriela Soto Muñoz. Docente, Escuela Agronomía e investigadora CICA-UCR. Agencia de Certificación Eco-LÓGICA.
Karolina Villagra Mendoza. Profesora, Escuela de Ingeniería Agrícola, Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC).
Laura María Brenes Alfaro. Coordinadora, Unidad de Investigación Socioambiental (ISA)- CICA.
Marco Vinicio Corrales. Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA-MAG)
Xavier Domene Casadesús. Investigador, CREAF-Universidad Autónoma de Barcelona.
Katzy O`neal Coto, Periodista, Oficina de Divulgación e Información
Este próximo 26 de setiembre, se cumplirán 2 años desde la apertura a la firma del Acuerdo de Escazú en Naciones Unidas.
En efecto, desde el 26 de setiembre del 2018, este importante acuerdo regional, adoptado en Costa Rica en marzo del mismo año, está abierto oficialmente a la firma de 33 Estados (América Latine y el Caribe). Su nombre completo es: «Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe«.
Pese a haber sido adoptado en Costa Rica el 4 de marzo del 2018, desde la perspectiva del derecho internacional público, la vida jurídica del Acuerdo de Escazú como instrumento internacional inició en el momento en el que fue oficialmente abierto a la firma por parte de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Naciones Unidas, órgano que funge como depositario de este tratado: para ello se convocó a una ceremonia oficial en Nueva York, siguiendo el protocolo formal previsto en Naciones Unidas, en la que participaron varios Estados, tal y como se puede apreciar en este comunicado de prensa del 27 de setiembre del 2018.
Escazú: un nuevo año de vida jurídica que culmina
El texto de este instrumento, que ha proyectado el nombre indígena de este cantón josefino costarricense al mundo, se encuentra disponible en este enlace.
En una nota anterior al cumplirse el primer año de vida jurídica de este valioso instrumento regional auspiciado por la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas (CEPAL), habíamos indicado que:
«La falta de interés de algunos Estados, la poca presión ejercida por organizaciones de la sociedad civil en el caso de algunos Estados firmantes del texto (desde setiembre del 2018), así como la presión de algunos influyentes sectores en la dirección opuesta, pueden explicar estos tímidos resultados para un instrumento internacional extremadamente innovador, tal y como lo explicaremos en las líneas que siguen«.
A la fecha del 20 de setiembre del 2020, según el tablero oficial de Naciones Unidas sobre las firmas y ratificaciones obtenidas, se contabilizan 22 firmas y 9 ratificaciones. Cabe recordar que este instrumento está abierto a la firma y a la ratificación de un total de 33 Estados (los que conforman la región de América Latina y del Caribe).
La última ratificación registrada es la de Ecuador (mayo del 2020), la cual viene a añadirse a las de Antigua y Barbuda, Bolivia, Guyana, Nicaragua, Panamá, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas así como Uruguay. Es de señalar que estos tres últimos Estados, así como Bolivia, depositaron oficialmente su instrumento de ratificación el 26 de setiembre del 2019 en Nueva York, al cumplirse el primer año de la apertura a la firma de este instrumento: ello denota el esmero y el cuido de sus respectivas autoridades políticas con relación al cronograma a seguir para el trámite de aprobación y de ratificación de este tratado.
Sobre algunas firmas que no se registran
Con relación a la firma como tal, hay que recordar que, desde la perspectiva del derecho internacional público, la firma constituye una etapa formal previa sin la cual no se puede iniciar el proceso de ratificación de un tratado internacional: sin la firma por parte del Poder Ejecutivo, las organizaciones no gubernamentales, los sectores académicos, los gremios profesionales y los partidos políticos no pueden articular una campaña de ratificación en el seno del Poder Legislativo.
Con respecto al Acuerdo de Escazú, al momento de redactar estas líneas (20 de setiembre del 2020), permanecen ausentes varios Estados de América Latina, en particular Chile, Cuba, El Salvador, Honduras y Venezuela, así como Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Surinam y Trinidad y Tobago.
Habíamos tenido la oportunidad en su momento de hacer ver la profunda inconsistencia del primero de ellos, Chile, ante la comunidad internacional (véase nota nuestra): ello en razón de haber sido, conjuntamente con Costa Rica, el principal promotor durante la fase de negociación de este instrumento durante el período 2014-2018. Como se recordará, días después de la adopción en Costa Rica de este instrumento (marzo del 2018), Chile procedió al acto oficial de traspaso de poderes a sus actuales autoridades, las cuales han mantenido desde entonces sus distancias con este texto. El comunicado conjunto de Chile y Costa Rica del 7 de junio del 2018 (véase texto completo) puede considerarse como el último gesto de Chile en favor del Acuerdo de Escazú.
Este 21 de setiembre, la agencia de noticias DW publicó una nota de prensa que enfatiza en las consecuencias para Chile, de darle la espalda al Acuerdo de Escazú, al titularla: «Chile: el rechazo al Acuerdo de Escazú acaba con la aspiración de liderazgo ambiental«.
Con relación al período de 2 años para depositar la firma a este instrumento (la cual no requiere más que una instrucción enviada al Jefe de Misión en Naciones Unidas en Nueva York por parte del Poder Ejecutivo), este período vencerá este próximo 26 de setiembre (según reza el mismo Artículo 21 del Acuerdo de Escazú). Al respecto, la misma CEPAL publicó recientemente una nota oficial con «información práctica» destinada a explicar de manera detallada a los Estados que tengan aún la intención de firmar este tratado cómo hacerlo.
La situación particular del Acuerdo de Escazú en Costa Rica
Es en el mes de febrero del 2019 que inició formalmente el trámite del expediente 21.245 (véase texto) en la Asamblea Legislativa de cara a la aprobación del Acuerdo de Escazú. Para un texto firmado por Costa Rica desde el 27 de setiembre del 2018, se puede considerar que el entusiasmo para depositar la firma en Nueva York no se mantuvo tan firme para iniciar el trámite de su aprobación ante el Poder Legislativo.
En julio del 2019, fueron 17 mecanismos no convencionales de derechos humanos de Naciones Unidas los que enviaron una carta colectiva a Costa Rica (véase texto completo) instando a sus autoridades a acelerar el proceso de aprobación y de entrada en vigencia, indicando, entre otros puntos, que:
«Este emblemático tratado regional no sólo garantiza una buena gobernanza ambiental y de derechos humanos, incluidos los derechos de acceso a la información, de participar en el proceso de toma de decisiones, así como para buscar reparación, sino que, también es un catalizador para la protección ambiental y el desarrollo sustentable. El Acuerdo enfatiza especialmente el objetivo fundamental de proteger el derecho a vivir en un entorno saludable»
Pese a este llamado hecho a Costa Rica (y a otros Estados), y pese al hecho que Costa Rica fue el Estado anfitrión de la ronda final de negociaciones que le dió el nombre de Escazú a este acuerdo, no ha aún depositado el instrumento de ratificación en Naciones Unidas.
El texto fue aprobado en primer debate por la Asamblea Legislativa el 13 de febrero del 2020 y enviado para consulta preceptiva al juez constitucional.
Al día de hoy, no se ha aún aprobado en segundo debate y el trámite de aprobación se encuentra suspendido a la espera de la notificación del texto completo de una sentencia de la Sala Constitucional. En un primer momento, la Sala Constitucional detectó un vicio en la tramitación de este instrumento (véase Resolución 06134-2020 de marzo del 2020). En un segundo momento, declaró «inevacuable la consulta legislativa preceptiva» (según se lee en el Por tanto de la Resolución 015523-20 cuyo texto completo no ha sido aún redactado).
Nótese que, en el primer voto de la Sala Constitucional, una magistrada consideró útil y oportuno señalar que más allá del error detectado en la tramitación del Acuerdo de Escazú, el texto contiene (según ella) disposiciones que son contrarias a la Constitución: la revisión de los criterios expuestos por esta magistrada evidencia su desconocimiento con relación a algunos principios (muy básicos) del derecho ambiental vigentes. Nos permitimos en particular reenviar a nuestros estimables lectores a un artículo (disponible en línea desde el mes de octubre del 2019) en el que se hace ver que hace muchos años que la legislación y los tribunales costarricenses han incorporado lo que tanto pareciera preocupar a la precitada magistrada (Nota 1).
Es muy posible que el Acuerdo de Escazú no sea bien percibido por varios de los actuales integrantes de la Sala Constitucional: como bien se sabe, este acuerdo viene a precisar en un instrumento vinculante, el alcance contenido en el Principio 10 de la Declaración de Río de 1992. Este denominado «Principio 10» consagra el principio de participación pública en materia ambiental: su lectura evidencia cuán lejos estamos aún de materializarlo de manera efectiva. En febrero del 2017, la misma Sala Constitucional optó por una significativa regresión con respecto a su jurisprudencia anterior, al considerar en su voto 1163-2017 relacionado al polémico acueducto Coco-Ocotal en Sardinal, que la participación ciudadana en materia ambiental … ya no es un derecho humano (Nota 2): una sentencia celebrada de inmediato por la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente (véase comunicado de prensa).
Llegar a semejante retroceso jurisprudencial en materia ambiental (Nota 3), se «logra» modificando desde las instancias políticas correspondientes la composición de la Sala Constitucional: sobre este punto preciso, no está de más traer a colación el hecho que, en noviembre del 2012, el magistrado Fernando Cruz Castro fue objeto de una burda maniobra política bajo el pretexto que es un magistrado que «no favorece un clima de negocios» (Nota 4). La ocurrente iniciativa, que logró el respaldo de 38 diputados que votaron a favor, no fructificó, pero sí permitió evidenciar a algunos sectores cuyo silencio y reserva los delató.
Con relación a la participación ciudadana en materia ambiental en Costa Rica, resulta de interés recordar que, en el 2008, el Poder Ejecutivo vetó una ley adoptada el 30 de octubre de aquel año por la Asamblea Legislativa titulada «Ley para Fortalecer los Mecanismos de Participación Ciudadana en Materia Ambiental«: salvo error de nuestra parte, fue el único texto adoptado por el Congreso vetado por el Poder Ejecutivo durante la administración (2006-2010). Nuevamente aquí se evidencia el nivel de profunda crispación que puede generar en algunos sectores, y en sus operadores políticos, el hecho de consolidar mecanismos de participación pública en materia ambiental en Costa Rica.
Un promotor ausente en las firmas (Chile) y el otro en las ratificaciones (Costa Rica)
Al cumplirse dos años desde que se abrió a la firma y ratificación el Acuerdo de Escazú, la falta de ratificación por parte de Costa Rica no debería entenderse como un problema nacional únicamente, paralizado por lo que bien podría considerarse como una sutil maniobra de algunos, empecinados en retrasar o en entorpecer su aprobación en Costa Rica: en efecto, esta ausencia causa un efecto muy grave que trasciende las fronteras del territorio costarricense.
Al tratarse del principal promotor de este acuerdo con Chile hasta marzo del 2018, esta falta de ratificación coloca a las autoridades costarricenses en una situación un tanto ambigua en la región centroamericana, al haber ya sus dos vecinos directos ratificado dicho instrumento (Panamá y Nicaragua).
Cabe también indicar que, al ser un Estado anfitrión de la última ronda de negociación en la que se adopta el texto de un futuro instrumento, este Estado adquiere un compromiso un poco mayor hacia los demás Estados. La práctica internacional señala que usualmente aparece entre los primeros Estados en proceder a su ratificación, confortando así ante la comunidad internacional y ante la opinión pública internacional, su firme compromiso con los objetivos perseguidos por el tratado. Con respecto a otro tratado regional suscrito en Costa Rica, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, su adopción en 1969 fue seguida por la ratificación de Costa Rica cuyo instrumento de ratificación fue depositado el 4/08/1970: fue la primera ratificación en el hemisferio americano (tal y como se aprecia en la tabla oficial sobre el estado de firmas y ratificaciones) de este emblemático instrumento del que tanto Costa Rica se enorgullece.
En el caso del Acuerdo de Escazú, la ausencia de ratificación por parte de Costa Rica está enviando una señal sumamente riesgosa para el Acuerdo de Escazú, en particular a algunos sectores políticos en otras latitudes de América Latina, firmemente opuestos a toda consolidación de los derechos de quienes defienden el ambiente.
En Chile, pero también en Colombia, así como en Perú y en Paraguay, se pudo observar la creatividad de algunos sectores políticos en busca de argumentos (falaces y hasta … fantasiosos) para intentar frenar a toda costa la aprobación de este texto: a modo de ejemplo, esta nota de prensa paraguaya sobre la peculiar lectura de la Iglesia Católica en Paraguay que relaciona el aborto al Acuerdo de Escazú (llevando al Poder Ejecutivo a … retirar el proyecto de ley enviado al Legislativo) y esta otra nota de prensa peruana sobre la supuesta pérdida de soberanía de Perú en la Amazonia. Estas, y lo que podríamos calificar como varias otras «joyas«, reflejan la campaña de desinformación a la que se han prestado varios sectores, apoyados por algunos académicos y expertos así como gremios e influyentes medios de prensa, y ello en diversas partes del continente americano.
En un reciente comunicado del mes de agosto del 2020 (véase texto), el Colegio de Ingenieros peruano detalló todas las razones que existen para oponerse a este acuerdo y señaló un último punto … que permite apreciar mucho mejor algunos elementos de esta verdadera campaña en contra de este tratado que se observa en distintas partes de América Latina:
«El Colegio de Ingenieros del Perú considera que aprobar el denominado Acuerdo de Escazú ocasionará graves perjuicios al desarrollo del país, entre ellos: /…/
Ahuyentar las inversiones nacionales y extranjeras, paralizando proyectos viables en perjuicio del desarrollo nacional y aumentando la brecha socioeconómica».
Para valorar la pertinencia de la conclusión que se expone en el punto E, basta con revisar el mismo comunicado redactado por parte de los ingenieros peruanos al señalar, en su parte inicial, que:
«Estas dos leyes peruanas contemplan expresamente los tres derechos ambientales referidos en el acuerdo de Escazú. Asimismo, el Estado ha desarrollado la normatividad integral sobre esos mismos derechos«.
¿Cómo puede ahuyentar la inversión un tratado regional que recoge lo que ya existe en la legislación ambiental peruana?
Notemos que en el listado que contempla el comunicado del Colegio de Ingenieros peruano, aparece el mismo punto que tanto parece preocupar, a muchos kilómetros de distancia de Lima, a la antes mencionada magistrada costarricense (la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental).
Más allá de las contradicciones de unos y otros en su intento por desacreditar el contenido del Acuerdo de Escazú llegando a conclusiones totalmente erróneas, nótese que en dos años de intenso debate con la sociedad civil chilena, el Poder Ejecutivo chileno se ha limitado a brindar declaraciones de varias de sus autoridades recogidas en algunos medios de prensa, pero se ha abstenido de publicar un texto oficial en el que se expliciten y se justifiquen las razones exactas por las que se opone a la firma de Acuerdo de Escazú. ¿Serán razones tan sólidas las que tiene el Poder Ejecutivo chileno para oponerse a este acuerdo que no merecen plasmarse en un documento oficial que lleve el sello del Estado?
No cabe duda que el Acuerdo de Escazú cuenta con muchos opositores que lo perciben como una seria amenaza. A tal punto que, para estos sectores que buscan polarizar la discusión, la simple firma del texto por parte de un Estado debe en sí ya ser combatida.
Foto extraída de nota de prensa de la BBC, titulada “Los países en los que matan a más ambientalistas en el mundo y el terrible récord de América Latina”, 30 de julio del 2019.
La actitud desafiante de algunos aparatos estatales explica la creciente polarización social que se vive en algunos Estados. Es así como, cuando a diferencia de Chile, el Poder Ejecutivo de Colombia optó finalmente por firmar, el 11 diciembre del 2019, el Acuerdo de Escazú, nos permitimos concluir en una breve nota nuestra que:
«… en América Latina, los dos Estados en los que se están dando fuertes movilizaciones y protestas sociales en este cierre del año 2019 coinciden con los dos únicos Estados cuyas autoridades adujeron oficialmente oponerse a la firma del Acuerdo de Escazú».
A modo de conclusión: hacia una próxima entrada en vigencia… ¿sin Costa Rica?
El Acuerdo de Escazú aún no ha entrado en vigor para los Estados que los han ratificado, al tenerse que esperar que sea ratificado por 11 Estados. Por el momento, son 9 las registradas, y, al parecer, el proceso de ratificación en Argentina está en su recta final (véase nota de prensa parlamentaria del 16/09/2020).
La entrada en vigencia de este instrumento, el primero a nivel internacional en extender una protección especial a quienes defienden el ambiente, resulta a todas luces una verdadera urgencia ante los efectos del cambio climático, la pérdida accelerada de la biodiversidad, la desprotección de las fuentes de agua potable y de los suelos en innumerables regiones de América Latina. Pero también ante la imperiosa necesidad de saldar una vieja deuda de América Latina con la participación ciudadana en materia ambiental, con la justicia ambiental y con sus comunidades indígenas.
Más aún en una región del mundo como América Latina, la cual se destaca de las demás por concentrar la mayor parte de asesinatos de líderes ecologistas y comunitarios, acompañados de intimidaciones y de muchas otras formas de socavar los esfuerzos de personas y de comunidades que dedican parte de su vida a la defensa del ambiente.
A modo de conclusión, y volviendo al caso peculiar de Chile, la postura oficial de sus autoridades no puede sino llevar a exacerbar un poco más los ánimos. Nos permitimos citar este valiente comunicado conjunto de organizaciones chilenas, cuyo sentir posiblemente comparten muchas otras comunidades en el resto de América Latina al asistir, impotentes e indignadas, a la destrucción de su entorno natural y de sus fuentes de aguas, y que señala:
«… violento es que las industrias sean la causa de la pésima calidad de vida de quienes habitan en Quintero y Puchuncaví; violento es que exista agua para regar paltos, pero no para el subsistir de las personas; violento es que el pueblo no sea tomado en cuenta y no pueda tener acceso a toda la información que le compete; violento es que nos asesinen por defender el planeta; y violento es que nuestro propio presidente todavía no firme el Acuerdo de Escazú».
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Nota 1: Véase PEÑA CHACÓN M.,»Acuerdo de Escazú y la carga de la prueba ambiental en Costa Rica«, Portal del Sistema de Estudios de Posgrado, Universidad de Costa Rica, 29/10/2019, disponible aquí.
Nota 2: Sobre este voto sumamente cuestionable, véase este comunicado de la FECON de Costa Rica. Nos permitimos también remitir a los dos siguientes análisis: ARROYO ARCE K., «La participación del público en materia ambiental y el artículo 9 de la Constitución Política: breve reflexión sobre la resolución N° 1163-2017 de la Sala Constitucional de Costa Rica«, Derechoaldia, edición del 3/04/2017, disponible aquí; SAGOT RODRIGUEZ A., «Regresión en Derechos Humanos por orden constitucional«, artículo de opinión, DiarioExtra, edición del 7/03/2017, disponible aquí.
Nota 3: De manera a no causar mayor sonrojo del provocado por esta decisión del juez constitucional costarricense de febrero del 2017, nos permitimos remitir a nuestros estimables lectores al párrafo 231 de la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dada a conocer en el 2018 (véase texto completo) que precisa que: «231. Por tanto, esta Corte estima que, del derecho de participación en los asuntos públicos, deriva la obligación de los Estados de garantizar la participación de las personas bajo su jurisdicción en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, sin discriminación, de manera equitativa, significativa y transparente, para lo cual previamente deben haber garantizado el acceso a la información relevante«. En el párrafo 242 de la misma opinión consultiva del juez interamericano, se lee que: «g. Los Estados tienen la obligación de garantizar el derecho a la participación pública de las personas bajo su jurisdicción, consagrado en el artículo 23.1.a de la Convención Americana, en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, de conformidad con los párrafos 226 a 232 de esta Opinón«.
Nota 4: Esta expresión fue usada por parte del jefe de la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN) para justificar en noviembre del 2012, la propuesta tendiente a evitar la reelección del Magistrado Fernando Cruz en la Sala Constitucional (véase entrevista realizada por el Semanario Universidad). Este intento fracasó, y dió pié para una movilización raramente vista del gremio judicial y expresiones de solidaridad tanto nacional como internacional, apoyando al Magistrado Fernando Cruz Castro. Desde Naciones Unidas, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Independencia de los magistrados y los abogados envió una carta a las autoridades costarricenses (véase texto completo), señalando, entre varios aspectos que:
» quiero expresar mi consternación por las alegaciones según las cuales los acontecimientos en contra del Magistrado Fernando Cruz no representarían un caso aislado, sino formarían parte de una nueva tendencia a la intimidación y control sistemático del Órgano Judicial por parte del Órgano Legislativo«.
Este texto fue elaborado por Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Las especies de vida silvestre están desapareciendo de diez a cientos de veces más rápido ahora que en los últimos 10 millones de años. Revertir esta tendencia depende del ser humano
La abeja es una de las especies más importantes para la sobrevivencia del ser humano, ya que se encargan de polinizar los cultivos para nuestra alimentación. Foto: Karla Richmond.
La ciencia, la tecnología y el conocimiento no bastarán para que la humanidad logre su supervivencia. Por el contrario, los seres humanos dependemos del aire, el agua y el alimento que nos proporciona el planeta.
Comprender esta relación es urgente para preservar la vida. Por eso, en este 2020, las Naciones Unidas han hecho un llamado por la naturaleza con el fin de que la humanidad, los Gobiernos, la instituciones y cada individuo tomen acciones para preservar la biodiversidad que nos sustenta.
La Universidad de Costa Rica se ha unido a este llamado, consecuente con los esfuerzos que realiza para mejorar su vínculo con el medio ambiente, a través de diversas investigaciones, iniciativas, programas y proyectos institucionales.
Así lo manifestó el rector de la UCR, Dr. Carlos Araya Leandro, en un mensaje dirigido a la comunidad universitaria, en el cual instó a reflexionar sobre el peso de nuestras acciones en el planeta.
“Llegó la hora de reaccionar. Hoy, que guardamos la distancia física como una manera de solidaridad social, cultivemos esa responsabilidad en nuestros hogares, con nuestras familias, para que desde los más pequeños hasta los mayores sepan reconocer el peso de sus acciones sobre las redes de vida en las que todos estamos insertos”, señaló el rector.
La UCR ha logrado ser una institución carbono neutral gracias a la conservación de su Red de Áreas Protegidas, distribuidas en cuatro provincias, que en conjunto protegen más de 8 000 hectáreas. Ha fomentado un cambio de cultura entre la comunidad universitaria, por medio del programa de Galardón Ambiental, (coordinado por la Unidad de Gestión Ambiental), en el que participan más de 60 unidades.
El planeta está en alerta
En el planeta Tierra coexisten 8 millones de especies de seres vivos.
Las especies de vida silvestre están desapareciendo de diez a cientos de veces más rápido ahora que en los últimos 10 millones de años.
Dentro de la próxima década, una de cada cuatro especies conocidas podría extinguirse.
Las actividades humanas han alterado significativamente tres cuartas partes de la superficie terrestre y dos tercios de los océanos.
Solo entre 2010 y 2015, desaparecieron 32 millones de hectáreas de bosque.
En los últimos 150 años, la cobertura de arrecifes de coral vivos se ha reducido a la mitad.
El hielo glacial se está derritiendo a velocidades extraordinarias, mientras crece la acidificación del océano.
El impacto de las acciones humanas sobre el equilibrio planetario es ampliamente conocido: calentamiento global, contaminación del aire y del agua, sobreexplotación de los suelos y acelerada extinción de especies. Estas son solo algunas de las consecuencias.
Según el Sexto Informe Nacional al Convenio de Diversidad Biológica de Costa Rica, las principales amenazas a la biodiversidad reconocidas para Costa Rica son la pérdida del hábitat, la sobreexplotación, la contaminación, el cambio climático y presencia de especies exóticas invasoras.
En Costa Rica, los científicos de la UCR han detectado cambios en el comportamiento de animales, como los monos y los murciélagos, debido a los cambios que implica la actividad de los seres humanos.
Desde el Cimar, se ha estudiado la pérdida de coloración de los corales, lo cual alerta sobre la contaminación de los mares. Asimismo, las investigaciones del CICA determinaron la presencia de contaminantes provenientes de actividades agrícolas en las aguas de la zona norte. Estos son solo algunos ejemplos de cómo la academia trabaja para proteger el equilibrio ambiental.
Costa Rica es el hábitat de más de medio millón de especies, alrededor del 6 % de la biodiversidad mundial (SINAC, 2014). En el país, se han registrado un total de 121 693 especies en los principales grupos taxonómicos. Foto: Cristian Araya.
Este año, la Universidad de Costa Rica ha dado un paso más en este sentido al crear el Centro de Investigación en Biodiversidad y Ecología Tropical (Cibet), una unidad de estudio que se dedicará a documentar la biodiversidad nacional, con el fin de comprender su función y vínculo con el entorno natural y las poblaciones humanas, así como para plantear soluciones a los riesgos y los problemas ambientales.
Sin embargo, los cambios aún son insuficientes para detener la pérdida de biodiversidad. Según, el director del Cibet, Dr. Bernal Rodríguez, la biodiversidad es bastante compleja, incluye distintos tipos de organismos con los que convivimos en este planeta y ha sido una tarea fundamental comprender cuál es el vínculo entre esas especies y la relación que tenemos con ellas.
“Hay una responsabilidad moral. Nosotros como una especie más de este planeta, que podemos modificar los ambientes y que tenemos un impacto sobre otras especies, tenemos esa responsabilidad, porque todos los organismos tienen un valor, sea conocido o no”, subrayó el experto.
El 2020, sin duda, es el año que ha demostrado el valor de todas esas cadenas de vida que conforman el planeta, donde animales, microorganismos y seres humanos entre otras especies convivimos bajo en delicado equilibrio. En el Día Mundial del Medio Ambiente, la invitación es a actuar ya.
Katzy O`neal Coto Periodista, Oficina de Divulgación e Información Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
Una alianza entre la UCR y la Tour Operadora Oropopo ha permitido a más de 250 niños y jóvenes visitar la Reserva Leonelo Ovideo de forma virtual
Las giras se transmiten en tiempo real, por medio de diferentes plataformas de videoconferencia. El objetivo es crear un vínculo entre los estudiantes, los guías en el campo y el ecosistema.
A pesar del confinamiento, los niños, las niñas y jóvenes ahora pueden disfrutar la experiencia de visitar un bosque en medio de la ciudad a través de los ojos de expertos. Esto es posible gracias a la coordinación entre la Escuela de Biología y un grupo de seis biólogos y biólogas graduados de la UCR.
Ante la pandemia, el equipo de biólogos agrupados en la Tour Operadora Oropopo crearon un modelo de recorridos virtuales educativos para escuelas y colegios. Ellos emplean metodologías de interpretación natural y herramientas digitales mediante las cuales innovaron la forma de hacer giras educativas.
“Con el cambio de normalidad tuvimos que adaptarnos. Quisimos tratar de colaborar con las instituciones educativas que estaban presentando un reto de cómo hacer la enseñanza dinámica, entonces pensamos que podíamos aportar desde el mismo bosquecito y el mariposario, donde contamos con una cobertura 4G de ciudad y desde ahí podemos transmitir con una buena calidad de imagen y sonido”, explicó el biólogo Marcelo Elizondo Coto.
A través del ojo experto de seis biólogos especialistas en interpretación natural, los niños y niñas pueden explorar los pequeños y grandes seres vivos que habitan en la Reserva Leonel Oviedo de la UCR. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
La experiencia
A través del lente de una cámara, los expertos invitan a su público a adentrarse en la Reserva Ecológica Leonelo Oviedo, ubicada en el corazón de Universidad de Costa Rica en San Pedro de Montes de Oca. Mientras recorren el bosquecito, brindan datos curiosos e información relevante sobre la biodiversidad, los ecosistemas y su importancia para la vida.
En el recorrido de 400 metros, pueden apreciarse plantas, hongos, líquenes, insectos, aves (tanto residentes como migratorias) y pequeños mamíferos, muchos típicos del bosque premontano húmedo. Allí también se ubica el Mariposario de la Escuela de Biología, donde habitan más de 20 especies de mariposas.
Mediante la utilización de diversas herramientas digitales de interacción, ellos logran transmitir la experiencia de estar en el bosque y descubrir en vivo diversos especímenes que habitan allí. Algunas de estas herramientas son “Kahoot!” y “Aha Slides”, las cuales permiten realizar trivias y dinámicas de manera simultánea.
El coordinador de la Reserva y el Mariposario de la Escuela de Biología de la UCR, M. Sc. Luis Ricardo Murillo-Hiller, destacó que tal iniciativa es excelente para seguir brindando al público acceso a este laboratorio vivo en momentos en que las giras educativas están suspendidas como medida preventiva ante el COVID-19.
La empresa Tour Operadora Oropopo fue creada por un grupo de estudiantes de la carrera de Biología de la UCR, quienes actualmente son licenciados en Interpretación Ambiental. Este emprendimiento fue incubado en la Agencia Universitaria para la Gestión del Emprendimiento (AUGE) de la Universidad de Costa Rica.
Un respiro en medio del confinamiento
Con este proyecto, el equipo de Oropopo pretende ofrecer una herramienta educativa potente a las escuelas y colegios que les permita abarcar los ejes temáticos del MEP o Bachillerato Internacional, al mismo tiempo que dinamizan sus clases y sacan a los niños y niñas de la rutina. “Nuestra prioridad realmente era dar un respiro, que esto fuera una actividad lúdica donde los chicos pudieran aprender de una manera diferente e interactuar un poco con el ambiente”, acotó Elizondo.
Para directora del Centro Educativo Mont Berkeley, Marianella Barrantes Badilla, la experiencia fue muy enriquecedora para el estudiantado, desde primer grado hasta secundaria, no solo desde el punto de vista educativo, sino también como una forma de bajar el estrés del confinamiento al que están sometidos desde el 16 de marzo.
La docente asegura que la gira despertó la curiosidad de los niños y niñas, quienes formulaban muchas preguntas. Además, destacó la combinación de utilizar la tecnología y las trivias. Eso fue muy útil para mantener el interés de los escolares durante el recorrido.
Actualmente, Oropopo está ofreciendo sus giras virtuales en la Reserva Leonelo Oviedo bajo modalidades de 45 a 75 minutos de experiencia en tarifas de introducción. Igualmente, cuenta con giras virtuales piloto a localidades rurales que son gratuitas. Las escuelas y colegios interesados pueden escribir a info@oropopoexperience.com o encontrar, en las redes sociales de Oropopo Experience, extractos de estas visitas.
Katzy O`neal Coto Periodista, Oficina de Divulgación e Información Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
Con el objetivo de crear conciencia por sobre los problemas ambientales que sufre al Gran Área Metropolitana, este 25 de enero a partir de la 9 a.m. se realizará la «Marcha por el ambiente en Desamparados».
«Debe revocarse la resolución de la Setena, la cual habilita la actividad piñera en perjuicio del Humedal Nacional Térraba Sierpe y del patrimonio arqueológico nacional», solicitan los firmantes
La Universidad de Costa Rica, representada por la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) de la Vicerrectoría de Administración, suscribió este 26 de noviembre, junto con las organizaciones sociales que conforman la Alianza Nacional para la Defensa del Agua, una misiva que solicita al Ministerio de Ambiente la revocatoria de la resolución de la Setena, documento que habilita la actividad piñera a escasos kilómetros del Humedal Nacional Térraba Sierpe.
A continuación, se reproduce íntegramente el escrito:
26 de noviembre de 2019
Las suscritas organizaciones y personas, constituyentes de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua, el Frente Nacional por la Protección de los Humedales y de la Red Centroamericana de Acción del Agua (FANCA), conscientes de la situación que se desenvuelve con motivo de la resolución N° 3374-SETENA dentro del expediente PROYECTO CENTRO DE CULTIVO E INSTALACIÓN, AJUSTE O ACONDICIONAMIENTO DE LAS OBRAS UNIDAD PRODUCTIVA PALMAR SUR. EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N° D1-18758-2016-SETENA a la luz de la normativa ambiental y del patrimonio arqueológico del país y de los compromisos adquiridos por el país ante el cambio climático, manifestamos considerando que:
El Humedal de Térraba-Sierpe es un área silvestre protegida del sistema nacional de Áreas de Conservación de alta y estratégica importancia social y ecológica. Desde el año 1995 fue declarado sitio RAMSAR. Es el mayor humedal estuarino de nuestro país conteniendo ecosistemas de manglares y otros tipos de humedales asociados. Es por ello uno de los sumideros de carbono azul más importantes en la zona costera. Asimismo, este ecosistema costero alberga una amplia biodiversidad, es hábitat de diversas especies de alto valor ecológico y de 9 especies de fauna amenazadas o en peligro. Es también una barrera natural a eventos hidrometereológicos como tormentas y huracanes.
El humedal forma parte del paisaje cultural Delta del Diquis sitio de patrimonio mundial que reconoce la singularidad del proceso de desarrollo llevado ahí desde tiempos precolombinos. Gracias a los esfuerzos y trabajo para su protección se ha logrado determinar que es uno de los centros de ocupación precolombina más importantes de América Latina con una cultura distintiva. Contiene el megasitio de Palmar Sur-Sierpe por la gran extensión del yacimiento arqueológico, caracterizado por la presencia de grandes montículos con muros de piedra, basamentos habitacionales, caminos empedrados, cementerios con ricas ofrendas y densos depósitos cerámicos y líticos distribuidos a lo largo de casi 900 has. Posee también campos abiertos o plazas donde se ubicaban esculturas de gran tamaño en forma de esferas casi perfectas colocadas en grupos, así como estatuas antropo y zoomorfas de base de espiga
Hoy día al menos 44 comunidades vulnerables socialmente dependen de sus servicios ecosistémicos en los sectores de Sierpe, Cortés, Coronado y el Humedal propiamente dicho. El CINPE-UNA estimó en el año 2017 el valor monetario de los servicios ecosistémicos del humedal en un promedio de $17.084 por hectárea por año para un valor promedio superior a los $380 millones por año en beneficio de esas comunidades y de todo el país.
La Política Nacional de Humedales 2017-2030 definió la cuenca y al Humedal Térraba-Sierpe como una de las áreas en condiciones de mayor vulnerabilidad y, por lo tanto, de prioridad alta de intervención (valor 3) para la aplicación de la política buscando la gestión de la conservación y uso sostenible de los ecosistemas de humedal.
La Política Nacional de Biodiversidad 2015-2030 contempla como principios de implementación que la biodiversidad es patrimonio del Estado y, por lo tanto, debe existir una distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su uso y sus servicios ecosistémicos. Asimismo, la gestión de la biodiversidad es una responsabilidad compartida, aunque diferenciada de toda la sociedad buscando alcanzar la sostenibilidad y el bien común.
La Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2018-2030 reconoce el mandato legal de Costa Rica, dado el papel de los humedales de importancia internacional como importantes sumideros de Gases de Efecto Invernadero, para su manejo eficiente evitando asimismo impactos en materia de recarga de acuíferos y protección costera. Así, establece como meta país para el año 2030 la contribución a la adaptación mediante los esfuerzos país en materia de conservación in situ de los humedales.
El Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050 en su eje 10 busca la consolidación de un modelo de gestión de territorios rurales, urbanos y costeros que facilite la protección de la biodiversidad, el incremento y aumento de la cobertura forestal y servicios ecosistémicos a partir de soluciones basadas en la naturaleza.
Hoy en día, el país ha adquirido compromisos sustanciales específicos con la cooperación internacional respecto a la conservación y uso sostenible tanto del Patrimonio Cultural del delta del Diquís como del Humedal Nacional Térraba Sierpe con aportes económicos sustanciales de naciones amigas como Francia y Alemania.
Según el reciente Informe del Estado de la Nación: “La expansión piñera en el país, que ha convertido esa actividad en una de las más dinámicas del sector exportador, ha estado relacionada, en ciertas zonas, con invasión de riberas de ríos, zonas protegidas y ecosistemas sensibles.” Según el mismo informe, Costa Rica ha perdido espacios de humedales que son esenciales en el ciclo hidrológico e hidrosocial.
Que no hay claridad de que, para este proceso, la institucionalidad del Ministerio de Salud y de Agricultura hayan sido tomadas en cuenta para los procesos de monitoreo y control del uso de plaguicidas en estas zonas de alta vulnerabilidad.
Que en la resolución recurrida se ha presentado por parte de SETENA la inobservancia del artículo 175 de la Ley General de la Administración Pública al declarar extemporáneo el recurso de revocatoria con apelación subsidiaria e incidente de nulidad absoluta, evidente y manifiesta contra la Res. 2331-2016, en tanto la viabilidad de la licencia ambiental se categoriza como un acto de efectos continuados.
Que la resolución asimismo viola el principio de legalidad y de debido proceso por incumplimiento de los artículos 158 y 173 de la Ley General de la Administración Pública y, asimismo, el principio precautorio de pleno reconocimiento en nuestra legislación y jurisprudencia ambiental. SETENA reconoce no tener los criterios técnicos suficientes para determinar si lo procedente es iniciar un proceso de lesividad o sanear el acto en cuestión, reconociendo que algunas instituciones se encuentran pendientes de emitir su criterio sobre dos aspectos medulares: a) la compatibilidad o no de la actividad piñera de monocultivo con la conservación de un ecosistema de humedal y b) la relevancia de los hallazgos arqueológicos dentro del área en la que se desarrollaría el monocultivo.
Por tanto, solicitamos firme y respetuosamente:
Con vista del recurso de apelación planteado ante esta resolución, nos unimos al llamado de que la instancia de alzada haga una revisión minuciosa del criterio otorgado al proyecto de la Hacienda doña Victoria, con 600 hectáreas desde Palmar Sur hasta Olla Cero, poniendo en la balanza los criterios expresados y el interés público que está en juego.
En igual sentido, solicitamos al Ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, que, en apego a la tradición de la política ambiental nacional de respeto y protección de nuestros recursos naturales, declare con lugar el recurso de apelación planteado.
Con plena conciencia de la necesidad de oportunidades de trabajo en estos territorios, solicitamos a las autoridades de gobierno correspondientes y a los gobiernos locales incrementar decididamente sus esfuerzos por lograr garantizar empleos en el marco de la producción ambientalmente sostenible y socialmente inclusiva, reduciendo los riesgos a la salud de las personas y de los ecosistemas.
Suscriben:
Bernardo Aguilar González, Fundación Neotrópica. Eva Carazo Vargas, Frente Nacional por la Protección de los Humedales. Rocío Carranza Maxera, Frente Nacional por la Protección de los Humedales. Vanessa Dubois Cisneros, FANCA. Jorge Mora Portuguez, ARCA. Cynthia Hernández Gómez, Representante Unidad de Gestión Ambiental, Vicerrectoría de Administración UCR. Irene Murillo Ruin, CEDARENA. Catalina Vargas, Observatorio de Agua y Saneamiento, Universidad Estatal a Distancia (UNED).
La UCR analizó las consecuencias de la actividad piñera
En el 2018, mediante un pronunciamiento del Consejo Universitario, la Universidad de Costa Rica (UCR) alertó nuevamente sobre las consecuencias de la producción y la agroindustria piñera. La Institución consideró que es pertinente apoyar los principios preventivos y precautorios para evitar las consecuencias negativas que la producción piñera pueda ocasionar, pues pese a la solicitud de moratoria hecha hace 10 años, a la fecha persisten interrogantes y vacíos evidentes sobre estas afectaciones. LEA EL PRONUNCIAMIENTO EN http://ucr.cr/r/p5Ss.
Los humedales son los ecosistemas más amenazados en todo el mundo, incluso en Costa Rica. El uso excesivo de agroquímicos; la expansión de cultivos de piña, arroz y banano; las quemas e incendios forestales; los drenajes y rellenos; la construcción hotelera y el cambio climático son las principales amenazas.
A partir del primer ciclo lectivo de este año, la OSG implementará cambios en los horarios, paradas y recorridos del autobús interno de la Sede Rodrigo Facio. Foto: Karla Richmond / ODI.
Este año, el transporte de la Universidad de Costa Rica admitirá mejoras enfocadas en apoyar la movilidad colectiva, intermodal y más amigable con el ambiente.
“La UCR, que genera conocimiento en materia de sostenibilidad y respeto al ambiente, debe liderar y ser consecuente con ello desde su gestión administrativa y su quehacer. Por eso, acciones que aporten a la descarbonización, o reducción de emisiones de carbono, son una prioridad para la institución”, indicó Carlos Araya, vicerrector de Administración.
Una de ellas es que, a partir del primer ciclo lectivo, la Oficina de Servicios Generales (OSG) implementará cambios en los horarios, paradas y recorridos del autobús interno de la Sede Rodrigo Facio, con el fin de optimizar el servicio en los momentos de mayor demanda y, a la vez, incentivar el uso del transporte colectivo entre la comunidad universitaria.
Jeffrey Dimarco, jefe de la OSG, mencionó que estas mejoras se fundamentan en las recomendaciones de los usuarios, así como en un estudio sobre la demanda de pasajeros y caracterización de los usuarios del servicio de transporte de buses internos de la UCR, desarrollado por el Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible (ProDUS) de la Escuela de Ingeniería Civil.
“Verificamos que la mayor cantidad de ascensos y descensos se da entre las fincas 1 y 2, por lo que entre nuestras recomendaciones está hacer una única parada en el sector del auditorio de la Ciudad de la Investigación, en el Edificio Integral de Parqueos; aumentar las frecuencias de salidas en las horas en las que hay mayor demanda; optimizar las rutas del recorrido, y considerar las horas de salida y llegadas de los autobuses externos, entre otras”, explicó Diana Sanabria, investigadora principal de este estudio.
Dimarco indicó que estas mejoras serán comunicadas en la página web de la OSG y mediante una aplicación que está en desarrollo.
Por otra parte, este año el presupuesto institucional 2019 asignado a la Comisión Institucional de Compra de Vehículos (coordinada por la OSG) estará orientado a la adquisición de vehículos eléctricos o híbridos (tanto automóviles como motocicletas) para todas las sedes, como iniciativa para reducir el gasto en combustible y aportar a la política institucional de carbono neutralidad.
Para este proceso, el Laboratorio de Investigación en Potencia y Energía de la Escuela de Ingeniería Eléctrica (EPER-Lab) ha colaborado desde hace un año con el diseño de una estrategia de sustitución de la flotilla existente por vehículos eléctricos.
“El objetivo de esta herramienta es identificar aquellos vehículos que pueden ser sustituidos por un medio más eficiente cero emisiones, tomando en cuenta la economía del vehículo (entendida como el costo de su compra, operación y mantenimiento)”, explicó Jairo Quirós, coordinador del EPER-Lab.
De acuerdo con las estimaciones realizadas, el mayor ahorro económico al sustituir los diez vehículos con mayor kilometraje de la flotilla de la universidad (más de 15 000 km anuales cada uno), se daría al cabo de siete años, tras los que se podría ahorrar hasta 45 millones de colones. Rosibel González, coordinadora de la Sección de Transporte de la OSG, agregó que actualmente se cuenta con tres vehículos 100% eléctricos y seis híbridos.
Otro aspecto importante en las acciones de mejora para el transporte es la intermodalidad. Según acotó Dimarco, este sigue siendo un eje importante sobre el cual se fundamentan muchas propuestas. “En la Sede Rodrigo Facio (SRF) actualmente se está haciendo un importante trabajo de asfaltado en las principales calles de las fincas, cuya demarcación conservará el principio de la vía compartida y prioridad a ciclistas. También se han mejorado aceras aquí y en el Recinto de Golfito, de Grecia, Jardín Lankester, entre otros, para mejorar la peatonalidad”, indicó.
Al respecto, la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones (OEPI) confirmó que ya se encuentra en licitación el proyecto de Conector Peatonal entre las fincas 1 y 2 de la SRF, desde el sector contiguo a la Escuela de Artes Musicales hasta la Ciudad de la Investigación, en el que también podrán circular bicicletas.
Para el rector Henning Jensen, las acciones que la UCR ha venido implementando para integrar el ambiente en la gestión administrativa responden a un compromiso de la institución por ser responsable en su quehacer y en el uso de los espacios que ocupa. En sus palabras, la articulación entre los planes de las diversas unidades universitarias es esencial para asegurar un crecimiento ordenado y sostenible.
El movimiento Buen Vivir CR ha lanzado una campaña con el lema: Di no a las bolsas pláticas, con el que se pretende crear conciencia en la población del año al medio ambiente que hacemos al seguir utilizando este material en nuestra vida cotidiana.
Violenta el derecho a un ambiente sano y equilibrado
(Bloque Verde, 18-2-2019) Mediante un informe ante la Sala Constitucional ha señalado el Ministerio de Ambiente y Energía que el Decreto Ejecutivo 39995 sobre registro de plaguicidas violenta el principio precautorio al exponer a la población y al ambiente a plaguicidas que carecen de estudios ecotoxitológicos.
La normativa cuestionada se trata del “Reglamento para la actualización de la información de los expedientes de registro de ingrediente activo grado técnico y plaguicidas formulados” cuestionado por las organizaciones ambientales en la acción de inconstitucional 18-019039-0007-CO. Dicho expediente alberga el argumento que dicho decreto carece de sustento técnico y que es totalmente irresponsable autorizar el registro e ingreso de plaguicidas sin que estos pasen por evaluaciones de carácter sanitario y ambiental.
El Decreto 39995 redactado para favorecer los intereses comerciales de las empresas fabricantes de plaguicidas es una afrenta a lo estipulado en el artículo 50 de la Constitución Política, el cual defiende el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
En el informe rendido por el MINAE solicita la suspensión inmediata del decreto en cuestión mientras se resuelve la acción de inconstitucional. Dicha petición de sustenta en el principio precautorio para evitar daños graves e irreversibles.
