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Etiqueta: medio ambiente

Petición: El Acuerdo de Escazú cumple tres años: un llamado a ratificarlo YA

Este 4 de marzo del 2021, el Acuerdo de Escazú cumple 3 años desde su adopción en Costa Rica en marzo del 2018. De 33 Estados de América Latina y del Caribe llamados a firmarlo y a ratificarlo, solamente 12 lo han hecho (véase tabla oficial sobre firmas y ratificaciones registradas).

Las largas negociaciones de este instrumento (que duraron 5 años, 7 meses y 7 días) fueron lideradas por Chile y Costa Rica: dos Estados que, vergonzosamente, no han aún materializado su compromiso inicial, al no haberlo ratificado. Una reciente y valiosa entrevista en Chile a una de las negociadoras chilenas detalla los alcances de este innovador tratado regional para la consolidación de una democracia ambiental en América Latina.

Objeto de una verdadera campaña de desinformación en varias partes de América Latina, mitos y leyendas elaborados por parte de sectores económicos y políticos han dado lugar a valiosos esfuerzos con miras a desmitificar en Costa Rica el Acuerdo de Escazú, así como en Chile, Colombia y en Perú . El equipo de comunicadores de «La Pulla» en Colombia realizó un ingenioso video que desnuda con su dosis de humor las verdaderas falacias ideadas por las cámaras empresariales colombianas y sus fichas políticas.

A marzo del 2021, entre los Estados que han firmado pero no han ratificado el Acuerdo de Escazú, figuran en América Latina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Haití, Perú, Paraguay y República Dominicana. Entre los Estados en los que el Poder Ejecutivo ni siquiera ha procedido a firmarlo (impidiendo de esta manera que se inicie el proceso de ratificación por parte del Poder Legislativo) figuran los de Chile, Cuba, El Salvador, Honduras y Venezuela.

Al tratarse de la región del mundo en la que más se asesinan e intimidan a defensores del ambiente, ya es hora que en América Latina los Estados acepten todos consolidar los mismos derechos de quiénes, desde sus pequeñas comunidades organizadas, defienden el ambiente. A notar que el artículo 9 del Acuerdo de Escazú constituye un esperanzador avance, al ser la primera vez en la historia que una disposición en un tratado internacional preve una protección especial para estas personas, dada su extrema vulnerabilidad frente a megaproyectos, multinacionales y al entramado de intereses poderosos al que participan a menudo entidades estatales.

No podemos seguir con el clima de total impunidad que prevalece cada vez que se intimida, se silencia o se opta por eliminar físicamente a líderes comunitarios, rurales, campesinos, ecologistas o indígenas que defienden pacíficamente a su comunidad, muchas veces con la Constitución y las leyes ambientales en sus manos.

Argentina y México recientemente depositaron su instrumento de ratificación del Acuerdo de Escazú, uniéndose así a los 10 Estados que lo habían hecho antes: un decidido respaldo de estos dos Estados que requiere ahora ser extendido en procura de construir una verdadera democracia ambiental participativa en toda América Latina. En particular en la región andina, en donde únicamente Bolivia y Ecuador han ratificado este tratado regional, y en Centroamérica, con únicamente Nicaragua y Panamá que lo han hecho.

Puede apoyar esta petición siguiendo este enlace

Foro Mundial del Nuevo Humanismo 2021

Antonio Carvhalo

Que es el foro, porqué y a que apunta

Imagino al Foro Mundial del Nuevo Humanismo, como un evento de difusión del Nuevo Humanismo a escala mundial, dando a conocer la visión humanista del mundo actual, los principales problemas existentes y nuestro enfoque de cara a su resolución.

Es importante su realización en este momento porque el proceso de crisis social y psicológica se ha acelerado considerablemente durante la pandemia, que ya se extiende por mas de un año y ha exacerbado los problemas existentes y creado otros nuevos en una escala nunca antes vista en el mundo.

Estos problemas deben ser esbozados, discutidos, y enfrentados, primeramente, a escala global y al mismo tiempo a escala regional, nacional y barrial de ser necesario, según sean las estructuras políticas y administrativas en cada nivel.

La gente en todas partes esta necesitada de una visión estructural y de una línea de acción coherente de cara al futuro. Una visión que permita abrir el futuro como proyecto humano. Por primera vez tenemos un registro indubitable de ser parte de una nación humana universal, aunque esta no corresponda aun a nuestro ideal humanista de Nación Humana Universal. La enfermedad y sus variantes se propagan desde todos los lugares y hacia todos los lugares. Las medidas de prevención son similares en todas partes. Las medidas de asistencia, recursos, equipos y vacunas tienen múltiples orígenes; las deficiencias estructurales e ideológicas del sistema global se ponen de manifiesto para todos creando nuevas percepciones e imágenes del mundo establecido.

El siquismo individual y colectivo esta fuertemente choqueado no solo por el aislamiento sino por las inseguridades emergentes de la crisis. Es por eso que en este momento el Nuevo Humanismo debe dar respuestas. Hace muchos años que la doctrina ha anticipado el momento de crisis que hoy toma esta forma y mas tarde tomara muchas otras. Es una crisis de la civilización planetaria. Las respuestas no pueden darse desde las ideologías que configuran el sistema actual. Esto solo crearía mas de los mismo y peor.

El Foro Mundial debe dar a conocer la visión del Nuevo humanismo aplicada a los problemas actuales y al futuro de la humanidad. Sin embargo, la paradoja existe en cuanto a que no somos conocidos y probablemente nadie nos dará las plataformas necesarias para proyectar nuestro mensaje. Sin embargo…existen mayores posibilidades que nunca antes en nuestro propio tiempo histórico, de que se produzcan aperturas y estas debemos buscarlas y utilizarlas al máximo de nuestras posibilidades. Estas oportunidades se darán en los medios de difusión, las plataformas sociales y todas las otras formas de difusión conocidas y posibles.

Creo que ese es el contexto dentro del cual el Foro Mundial del Nuevo Humanismo debería encuadrarse.

Suponiendo que nuestra visión doctrinaria y explicatoria del “momento actual” sea clara y bien definida El Foro podría permitir catapultar nuestra visión a escala global en una dimensión nueva.

El Foro no podrá ser presencial sino virtual. Esto, tiene para nosotros grandes ventajas porque nos permitirá crear una impresión de considerable impacto, en relación a nuestro número y recursos, pero requerirá cuidadosa preparación de contenido y forma. Esta preparación debería tomar prioridad sobre cuestiones de calendario.

El Foro Mundial del Nuevo Humanismo podrá proporcionar contenido que, adaptado adecuadamente, permita posteriores eventos de gran impacto a niveles regionales nacionales hasta penetrar en la base social.

Contenidos

Explicar qué vemos, qué vivimos y creemos, está ocurriendo

Hechos concretos, con la esperanza de que prenda, que sea tomado por la gran difusión

Amplia difusión de los temas fundamentales propuestos y tratados por el Nuevo Humanismo.

Participación de muchas organizaciones de orientación humanista tanto mundiales, como nacionales y regionales con el fin de debatir y posiblemente implantar en el escenario histórico los temas fundamentales del momento para el Nuevo Humanismo.

  • Pocos temas principales, bien esbozados y correcta orientación.
  • El tema de la libertad humana.
  • El ser humano y sus derechos Fundamentales deben estar al centro de cualquier diseño social.
  • Los Derechos Humanos y su cumplimiento deben constituir un punto central de las constituciones nacionales y deben contar con mecanismos para exigir su cumplimiento. En caso contrario constituyen solo declaraciones eufemísticas que condonan su violación sistemática en todas partes. Deben crearse mecanismos globales de verificación y sanción de sus violaciones.
  • Los estados nacionales que declaran ser expresión de la soberanía popular se apropian de esa pretendida legitimidad para servir los intereses egoístas de las minorías que a su vez se apropian del aparato y poder del estado nacional para sus propios intereses de grupo (el 1%) mientras se dejan algunas migajas a la mayoría (el 99% restante).
  • Superación de la violencia individual y social en todas sus formas. Cada individuo debe estudiar y comprender la raíz de la violencia en sí, en los otros y en la sociedad humana y conocer procedimientos para superarla
  • Desarme nuclear, reducción del gasto militar y resolución pacifica de conflictos dentro del marco de NU.
  • Las Naciones Unidas no pueden funcionar adecuadamente sin el marco del multilateralismo. El hegemonismo erosiona la función y eficacia de Naciones Unidas convirtiéndola en un “sello de goma”
  • Sistema financiero global justo, no especulativo y que permita la distribución equitativa de recursos entre países más y menos prósperos. El capital que se mueve en especulación financiera trillones de dólares, crea riqueza artificial que va a los especuladores y son así succionada fuera de la economía real y se aloja en paraísos fiscales. Estas masas de capital deben crear empleo, recursos, servicios, infraestructura y todo aquello que sirve al desarrollo y elevación del estándar de vida de la gente.
  • Eliminación de la pobreza
  • El medio ambiente, medidas urgentes para detener el deterioro y las catástrofes derivadas
  • La salud y prevención de pandemias dentro del marco de OMS
  • Mecanismos de corrección en la circulación de información “Fake News”, la información, necesidad humana fundamental esta envenenada. Eliminación de monopolios. La información es un Derecho Humano fundamental.

 

Imagen tomada de: https://gazeta.gt/

Enviado a SURCOS por Rafael López Alfaro.

Volcán de Buenos Aires: la comunidad que lidera su propio programa de reciclaje

Marión Briancesco / mbriancesco.a@gmail.com

En el distrito de Volcán en Buenos Aires de Puntarenas, lo que inició como un proyecto entre amigos ahora cuenta con el apoyo de una comunidad dispuesta a participar en el manejo integral de residuos sólidos.

“La recepción de la comunidad es muy buena, la gente en general tienen una valoración positiva de la labor que hacemos. Ha habido un cambio exponencial en lo que respecta a recolección”, narró Felipe Duarte, sociólogo y uno de los fundadores de Iván Noé para la Conservación.

La Fundación Iván Noé es una organización constituida en la comunidad de Volcán, con la intención de atender problemas ambientales y cuyo arduo trabajo se ha enfocado en el manejo integral de residuos.

Cada mes se realiza una campaña de recolección de residuos sólidos valorizables en los distintos barrios del distrito, posteriormente son separados y almacenados en un espacio físico provisional prestado por la Asociación de Desarrollo Integral de Volcán.

Inicialmente los residuos se guardaban en un corral facilitado por un vecino, pero conforme divulgaron la iniciativa más personas en la comunidad comenzaron a reciclar, y el espacio que alcanzaba para seis meses se llenaba en cuestión de dos o tres campañas.

Pero a pesar del entusiasmo de la comunidad e incluso la aclamación de otras comunidades para que haya recolección en sus barrios, el programa de reciclaje enfrenta importantes desafíos.

“A nivel país hay una problemática grande respecto a financiamiento, ideas de usos, mercado, también a nivel de instituciones. El Ministerio de Salud no maneja datos actualizados, entre las personas que comercian los residuos hay un sincretismo, no divulgan la información, no hay líneas de trabajo claras, entonces nosotros ante eso estamos en un punto donde debemos tomar decisiones”, comentó Duarte.

Por ahora la Fundación Iván Noé transporta los residuos a un centro de acopio en Pérez Zeledón, debido a que en la zona no hay otra alternativa para la venta.

¿Y la municipalidad?

Pese a que la Fundación ha elaborado una metodología y se ha documentado con respecto a las leyes y todos los aspectos importantes sobre la recolección de residuos, la propuesta que le realizaron a la Municipalidad de Buenos Aires para formalizar un convenio y recibir financiamiento para seguir trabajando aún no se concreta.

Actualmente la recolección municipal de residuos sólidos reciclables solo se realiza en el casco central de Buenos Aires.

“Nosotros aportamos todo lo que es la divulgación de información, hemos aplicado una encuesta, estamos creando una base de datos con información de la comunidad, estamos generando una metodología para hacer talleres en escuelas y tenemos todos los insumos para comenzar a hacerlo en masa e ir a otras comunidades, porque ya tenemos todo el plan de trabajo, pero nos hace falta ese incentivo para poder trabajar”, dijo Duarte, quien agregó que el Programa de Reciclaje se mantiene por voluntarios de la comunidad.

El equipo colaborador también lo componen personas con formación en informática, planificación y promoción social, sociología, trabajo social y salud pública. Aunque de acuerdo con Duarte, el modelo que manejan es bastante vulnerable a cambios drásticos, porque está basado en el voluntariado.

A las personas voluntarias se les brinda la alimentación e insumos tales como guantes, sombreros y algunas camisetas, financiado a través de actividades comunitarias como rifas o la donación de los vecinos.

“Hemos tratado de resolver esto porque también demanda mucho tiempo a cambio de nada. Es una de las grandes carencias a nivel ambiental, los movimientos ambientales y la gente lo hace por amor», reflexionó Duarte.

Debido a que el programa aún se limita a la comunidad de Volcán, los residuos sólidos reciclables que se recogen mensualmente no representan una cantidad importante para comercializarlos y recibir recursos económicos que faciliten pagar a los colaboradores y hacer el proyecto autosostenible.

La idea a mediano plazo es crear un centro de procesamiento cantonal de residuos reciclables, que esté dotado de la tecnología adecuada para su procesamiento. También se aspira a comerciarlos como parte de una estrategia de recirculación de residuos sólidos en el sistema productivo dándoles valor como materia prima para reducir la demanda de recursos naturales no renovables.

Sin embargo, dicho paso requiere de formalizar alianzas que involucren financiamiento. Según Duarte “si no concretamos esa línea de trabajo primaria no podemos aspirar posteriormente a crear un centro de acopio”, agregó.

En la comunidad de Volcán no hay una cobertura total del servicio de recolección de basura, por tanto las personas recurren a prácticas como la quema y el entierro de residuos. Por lo anterior, el programa de reciclaje ha permitido que al menos una parte que puede ser valorizable no termine del mismo modo que la basura.

“Nosotros hemos tratado de llegar a esos barrios también, con la idea de que la gente no entierre todo, pero siempre nos cuesta, porque a veces tenemos el recurso económico y otras veces no”, mencionó Duarte.

Metas ambiciosas

Desde su concepción la Fundación Iván Noé para la conservación tiene metas ambiciosas. Actualmente están contemplando otros ejes tales como la recuperación de la cuenca del río Volcán a través de la recuperación de la cobertura boscosa de sus márgenes y la protección de las fuentes de captación de agua para consumo humano.

En la comunidad de Buenos Aires se ha conformado una Comisión de Cuenca de los Ríos Volcán-Ángel-Cañas integrada por organizaciones del sector ecologista y otras afines, entre las cuales figura Iván Noé para la conservación.

Los efectos ecológicos, económicos y sociales de la economía actual (piña, ganadería, caña de azúcar) y la crisis climática afectan la cuenca del Río Grande de Térraba y la subcuenca de los Ríos Volcán-Cañas-Ángel.

“Lamentablemente la cuenca ha estado muy deforestada y lo que viene a suceder son los desbordamientos del río en invierno, y aparte de eso al estar tan deforestada, hay acumulación de sedimentos y en verano el caudal baja”, mencionó Duarte.

De acuerdo con Duarte, el trabajo en la comisión de cuenca debe ser balanceado y llevar un diálogo entre los sectores involucrados, debido a que hay intereses ambientales pero también económicos y sociales.

Serie de notas periodísticas que cuenta historias y proyectos en la comunidad de Buenos Aires, Puntarenas, quienes se están integrando al espacio colectivo Foro Confluencia Solidaria para aportar a propuestas cuyo objetivo sea la construcción de una sociedad justa, digna y solidaria, centrada en la búsqueda del bien común.

Para conocer acerca del Foro Confluencia Solidaria puede visitar el sitio web www.confluenciasolidaria.org

 

Diseño: Joseph Ureña
Fotografías cortesía Felipe Duarte y Facebook Programa de Reciclaje Volcán

CEPAL celebra pronta entrada en vigor del Acuerdo de Escazú y destaca el compromiso de la región con el desarrollo sostenible y los derechos humanos

  • Con el depósito de los instrumentos de ratificación de México y Argentina hoy ante la ONU se alcanzó el número de Estados Parte necesarios, por lo que el Acuerdo Regional entrará en vigor el 22 de abril de 2021, Día Internacional de la Madre Tierra.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) celebró hoy la pronta entrada en vigor del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como “Acuerdo de Escazú”, y destacó el compromiso de la región con la protección del desarrollo sostenible y los derechos humanos.

Con el depósito de los instrumentos de ratificación de los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, hoy 22 de enero de 2021 se alcanzó el número de Estados Parte necesario para la entrada en vigor del Acuerdo. Según establece el artículo 22 del tratado, una vez cumplidos los requisitos establecidos, el tratado entrará en vigor a los 90 días, es decir, el 22 de abril de 2021, fecha coincidente con el Día Internacional de la Madre Tierra.

“Hoy América Latina y el Caribe celebra su compromiso con el desarrollo sostenible y los derechos humanos. En estos momentos en que la situación global y regional reviste gran complejidad e incertidumbre, el Acuerdo de Escazú es más necesario que nunca porque refuerza la cultura del diálogo y la concertación para avanzar en las transformaciones necesarias que aseguren que la recuperación se enmarque en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, afirmó Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.

La alta funcionaria de las Naciones Unidas participó en la Ceremonia de Depósito del Instrumento de Ratificación del Acuerdo de Escazú por parte de México, que fue encabezada por Martha Delgado, Subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de ese país.

Durante su intervención, Alicia Bárcena destacó que hoy, 22 de enero de 2021, es un día histórico para América Latina y el Caribe.

“¡Para mí es un día histórico! Hoy es un día de fiesta, porque se celebra un paso adelante en la implementación del Acuerdo de Escazú, cuya negociación fue inclusiva, participativa y transparente. Esto es muy esperanzador”, afirmó la máxima representante de la CEPAL.

Destacó que el Acuerdo de Escazú es el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, los que dan la vida por la vida.

Alicia Bárcena reconoció el fuerte compromiso de los gobiernos de México y Argentina que hoy se convirtieron en Estados Parte del Acuerdo, y destacó a los otros 10 países que lo ratificaron anteriormente y que hicieron posible que el Acuerdo de Escazú entre en vigor el próximo 22 de abril: Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Uruguay.

Asimismo, manifestó su convicción de que más países de la región se sumarán al tratado prontamente.

“Soy optimista. América Latina y el Caribe es una región rica cultural, social y ambientalmente. Su patrimonio natural es extenso y son muchas las oportunidades para una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad que traiga un mayor bienestar a nuestros pueblos”, subrayó Alicia Bárcena.

La Subsecretaria Martha Delgado, en tanto, reafirmó el compromiso del Gobierno de México con la implementación del tratado y destacó que Acuerdo Regional es una gran herramienta para dar voz a las juventudes, a los pueblos indígenas, a las mujeres, a las personas con discapacidad y a las comunidades vulnerables.

“Es un derecho que los ambientalistas hemos perseguido durante años”, subrayó.

El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental de la región de América Latina y el Caribe, el único acuerdo vinculante adoptado hasta la fecha derivado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20) y el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales.

 

Nota de la CEPAL.

Cámaras empresariales accionan campaña de desinformación para perpetuar esquema de impunidad en delitos contra defensores ambientales

-Es urgente convocar el Acuerdo de Escazú para discutirlo en la Asamblea Legislativa;
-Empresarios presionan para que no exista un marco legal robusto en materia de delitos contra defensores de la naturaleza;

(Bloque Verde, 30/11/2020) Es injustificable seguir poniendo en riesgo a defensores y defensoras de la naturaleza. Es inaceptable e irresponsable la posición de las cámaras empresariales en contra del Acuerdo de Escazú, las cuales pretenden que siga reinando en el país la impunidad en cuanto a crímenes contra defensores de la naturaleza.

Tanto la Cámara de la agroindustria como la Cámara de Industrias y la Unión de Cámaras Empresariales, han emitido documentos con afirmaciones temerarias, falsas y cargadas de argumentos ideológicos, en contra de un acuerdo internacional que vendría a ordenar la legislación en carácter de protección de los derechos ambientales, como lo es el Acuerdo de Escazú.

Los argumentos de las cámaras empresariales fueron desmentidos por el foro del Colegio de Abogados(1) del pasado 23 de noviembre. En el foro desglosaron uno a uno los argumentos falaces de los empresarios y dejaron en claro que esta campaña de las cámaras está fundamentada en interpretaciones lejanas a la realidad.

Además Nicolas Boeglin, abogado especialista en derecho internacional señala que el caso los empresarios costarricenses no es aislado. Boeglin señala que: “… tanto en Chile, como en Colombia, en Perú y en Paraguay, la discusión con relación al Acuerdo de Escazú en sus respectivos congresos se ha polarizado debido a una verdadera campaña de desinformación, gestada desde diversos círculos políticos y empresariales, haciendo uso de una creatividad pocas veces observada para justificar la oposición a este acuerdo regional”, puntualizó el abogado(2).

La convocatoria de la agenda de proyectos de ley que envió el ejecutivo el día viernes 27 de noviembre a la Asamblea Legislativa dejó de lado la posibilidad de que se vote un acuerdo internacional que vendría a posibilitar la instalación de mecanismos para el acceso a la información y la protección de la seguridad y la vida de las quienes protegemos el agua, la biodiversidad, los ríos, los bosques, la vida silvestre terrestre y marina, etc.

El nombre completo de este convenio internacional es: El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como “Acuerdo de Escazú”. Fue impulsado y firmado por Costa Rica en 2018 y en este momento se espera que sea ratificado por la Asamblea Legislativa para que pueda ser depositada la adhesión formal en Naciones Unidas y de esta forma entre a regir.

Uno de los alcances, que es importante mencionar, de este acuerdo es que daría la posibilidad de exigir al Estado la protección de los y las defensores ambientales en caso de que sean amenazados o perseguidos por su accionar en defensa de la naturaleza.

El Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica señala que no se puede “pensar que Costa Rica por su “liderazgo verde” se encuentra como la excepción en la región Latinoamericana y Caribeña. Sobre la precaria situación que atraviesan las y los defensores ambientales, el recuento de los hechos demuestra que vivimos situaciones que de no ser enfrentadas, podrían derivar en una mayor desprotección de estas personas”.

Este mismo centro universitario señaló que en la historia reciente de Costa Rica existen casos de defensores de derechos humanos y ambientales que han sido asesinados. Los crímenes de Yerhy Rivera en 2020 y Sergio Rojas en 2019; los cuales siguen en impunidad en un contexto de racismo, que impide el seguimiento de las investigaciones para buscar los autores materiales e intelectuales.

Pero a esto se suman otros crímenes más, como el cometido contra Jairo Mora en Moín en 2013. Y recuerda la deuda histórica que tiene el país en la búsqueda de justicia para los integrantes de Asociación Ecologista Costarricense asesinados 26 años atrás.

Por esta razón es urgente que se avance en aprobar el Acuerdo de Escazú y para tal objetivo el gobierno de Carlos Alvarado debe comprometerse con éste y priorizar su trámite en la Asamblea Legislativa; de lo contrario está posponiendo de forma injustificable la aplicación de un tratado internacional que vendría a dar seguridad a la labor de miles de personas a nivel nacional. Activistas, ecologistas, campesinos, campesina, indígenas, funcionarios de instituciones que impulsamos la conservación y el resguardo de los ecosistemas, y que en muchos casos lo hacemos a costa de la propia vida o seguridad personal.

Nota:

  1. Charla «Acuerdo de Escazú y sus alcances en la normativa ambiental Costarricense» https://www.youtube.com/watch?v=9sFJf7bhdKc&list=UUrIRgU3jsDPuy7Gh02MaAkQ
  2. El Acuerdo de Escazú: a propósito de recientes comunicados en contra de su aprobación https://delfino.cr/2020/11/el-acuerdo-de-escazu-a-proposito-de-recientes-comunicados-en-contra-de-su-aprobacion?fbclid=IwAR0R01xRmdY7IG_oo25itSYJ2z2Fr_oKVCqwAqGxMtKOrnaOVAwdoG0g_Qc

 

Imagen tomada de Youtube.

El Acuerdo de Escazú: a propósito de recientes comunicados en contra de su aprobación

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR)

En días recientes, varias cámaras empresariales costarricenses han circulado cartas dirigidas a integrantes de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, presentando una serie de argumentos jurídicos en contra de la aprobación del Acuerdo de Escazú.

Como bien es sabido este último es un tratado internacional, adoptado en marzo del 2018 bajo los auspicios de la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas (CEPAL), y cuyo nombre completo es: «Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe«.

Breve puesta en contexto

Desde el 26 de setiembre del 2018, este tratado regional, adoptado en Costa Rica en marzo del mismo año (véase texto completo de su versión oficial en español) está abierto oficialmente a la firma de 33 Estados (América Latina y el Caribe).

En la literatura especializada (Nota 1), se considera que fue una declaración conjunta del mes de julio del 2012 (véase texto completo) suscrita por Chile, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay la que constituyó el punto inicial de un proceso que culminaría tan solo en marzo del 2018 en el cantón costarricense de Escazú, después de nueve largas rondas de negociaciones entre las 33 delegaciones oficiales.

En esta declaración conjunta, se puede leer que:

«Asimismo, reconocemos y subrayamos que los derechos de acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental son esenciales para la promoción del desarrollo sostenible, de la democracia y de un medio ambiente sano, y aportan múltiples beneficios tales como: contribuir a tomar mejores decisiones y aplicarlas más eficazmente; involucrar al público respecto de los problemas ambientales; aportar a la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión pública; y facilitar un cambio en los patrones de producción y consumo«.

Este grupo pionero de Estados, que impulsaron decididamente esta novedosa iniciativa en el 2012, no coincide con los primeros once Estados en ratificar este instrumento regional para que pueda entrar en vigor: siendo el caso de Chile el más estridente e inconsistente, al negarse oficialmente sus máximas autoridades (y ello hasta la fecha) a tan siquiera… firmar el Acuerdo de Escazú (Nota 2).

Las preocupaciones recientes externadas por el sector empresarial costarricense en breve

A diferencia de lo que dejan entender los recientes comunicados circulados por diversas cámaras empresariales costarricenses en contra de este tratado, el texto del Acuerdo de Escazú es extremadamente mesurado y ponderado de manera a garantizarle a cada Estado un margen de maniobra y cierta flexibilidad a la hora de implementar cada una de sus disposiciones. No es lo propio de este tratado en particular, sino que se inscribe dentro de una técnica convencional, encontrada en un sinnúmero de tratados multilaterales en materia ambiental y en otros ámbitos. Cabe recordar que al ser el resultado de nueve largas rondas de negociaciones entre los 33 Estados de América Latina y del Caribe realizadas entre el 2014 y el 2018, cada párrafo fue objeto de revisiones, enmiendas y modificaciones adicionales, en aras de consensuar una formulación que fuera la más aceptable posible para 33 delegaciones provenientes de realidades jurídicas, institucionales y políticas muy diversas.

En un comunicado inicial de la Cámara Nacional de Agricultores del 8 de octubre del 2020 dirigido a los jefes de fracción del Congreso costarricense (véase texto completo), se puede leer que:

En conclusión, el Acuerdo de Escazú tiene un conjunto de falencias jurídicas, tanto convencionales, constitucionales como legales que al no ser subsanables por las eventuales reservas estatales, entrarían en vigencia de ser aprobado; lo anterior sin perjuicio de las antinomias generadas respecto de tratados de libre comercio“(sic.).

Por su parte la Cámara de Industrias de Costa Rica en una carta del 19 de noviembre pasado (véase texto completo) llega a conclusiones similares, segundada, por otra larga carta distinta, de 12 largas páginas, suscrita esta vez por la Unión de Cámaras (UCCAEP), y que concluye señalando lo siguiente:

Señoras y señores diputados, cómo hemos podido expresar, existen suficientes reservas y preocupaciones en torno a este expediente legislativo, países como Chile, que fue uno de los países proponentes, notificó a la Cancillería ya que no procedería con su ratificación, ya que han identificado los mismos peligros que hemos podido confirmar en nuestro ejercicio de análisis. Adicionalmente, aprobar este instrumento en medio de una situación tan complicada como la que vive el país, más bien envía señales negativas y no procura generar un ambiente propicio para fomentar la inversión y dar seguridad jurídica “(sic.)

Estas repentinas objeciones, provenientes de estas tres entidades denotan algo raramente visto con relación al trámite de aprobación de un tratado internacional en Costa Rica: en efecto, no se tiene registro de una reacción similar en contra de un instrumento internacional en materia de ambiente o de derechos humanos que haya despertado tantas reacciones en su contra en Costa Rica en unas semanas. El calificativo usado de “repentinas” se explica en razón del hecho que durante la etapa inicial en la que la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate por unanimidad este mismo texto, en febrero del 2020, no se había desatado semejante ofensiva en contra del Acuerdo de Escazú. Tratándose del mismo texto, con las mismas disposiciones, cuesta entender qué pueden haber descubierto de tan preocupante y amenazante las cámaras entre el mes de febrero y noviembre de un mismo año.

Desde el punto de vista más sustantivo, los supuestos argumentos de cada una de estas tres cámaras reaparecen bajo diversas formulaciones en cada una de los tres cartas precitadas, por lo que resultaría de sumo interés conocer el origen exacto que motivo la elaboración de cada una.

No pretendemos en este corto espacio responder las diversas razones aducidas, dado que prácticamente, en particular desde la perspectiva internacional, cada una conlleva revisar cuestiones muy básicas (cómo se negocia un tratado internacional, quién es el destinatario de las obligaciones que contiene, cómo se formulan sus disposiciones para – precisamente – evitar este tipo de cuestionamientos): desde el punto de visto jurídico y en particular de la técnica jurídica empleada en el Acuerdo de Escazú, un reciente foro realizado por el Colegio de Abogados de Costa Rica (véase video, y en particular la exposición del Profesor Mario Peña, minutos 38- 1:14) desmitifica el contenido del Acuerdo de Escazú, haciendo ver cuán infundadas son las supuestas razones legales esgrimidas por estas entidades que reagrupan a una parte de la cúpula empresarial costarricense. Remitimos también a su reciente artículo (véase texto completo) titulado precisamente “Desmitificando el Acuerdo de Escazú” publicado en el sitio jurídico de DerechoalDia.

Con relación al punto específico de la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental que tanto pareciera preocupar a estas tres entidades (así como a una magistrada de la Sala Constitucional), un artículo del mismo especialista en derecho ambiental, de octubre del 2019, explica claramente que se trata de un principio que ha recibido acogida en la legislación y en la jurisprudencia de tribunales costarricenses desde hace ya muchos años, y que al parecer ignora la precitada magistrada de la Sala Constitucional (Nota 3).

A modo de conclusión

Desde varios meses, tanto en Chile, como en Colombia, en Perú y en Paraguay, la discusión con relación al Acuerdo de Escazú en sus respectivos congresos se ha polarizado debido a una verdadera campaña de desinformación, gestada desde diversos círculos políticos y empresariales, haciendo uso de una creatividad pocas veces observada para justificar la oposición a este acuerdo regional.

A modo de ejemplo, entre muchos, podemos remitir a este documento suscrito por altos mandos militares en Perú sobre la supuesta pérdida de soberanía en la Amazonía peruana (véase texto completo) o bien a este anuncio de cámaras paraguayas del sector agropecuario (véase texto completo) para que nuestros estimables lectores puedan apreciar mucho mejor el alcance de esta campaña de desinformación.

En el caso de Colombia, este artículo de El Espectador desmitifica los «mitos» sin mayor fundamento – como lo son muchos mitos – creados con respecto al alcance de este tratado regional. Recientemente, el talentoso equipo colombiano de La Pulla elaboró un video titulado “La nueva trampa que nos quieren hacer los congresistas“ (véase enlace), el cual responde precisamente a la gran cantidad de argumentos totalmente falaces en contra de este instrumento regional, desmenuzando de manera extremadamente ingeniosa muchos de los razonamientos oídos no solamente en Colombia: se trata de mitos escuchados en varios otros Estados del continente americano en contra del Acuerdo de Escazú, y que al parecer, cuentan ahora con adeptos en Costa Rica.

—Notas—-

Nota 1: Véase por ejemplo DE MIGUEL C., «Acuerdo de Escazú: pacto para la eco-nomía y democracia del siglo XXI«, in PRIEUR M., SOZZO G. y NAPOLI A. (Editores), Acuerdo de Escazú. Hacia la democracia ambiental en América Latina y el Caribe, Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral (UNL), 2020, 330 páginas, pp. 20-34, p. 22 (el texto integral de esta reciente obra colectiva está disponible en este enlace).

Nota 2: De manera a poder apreciar el pronunciado giro operado por las autoridades chilenas con relación al Acuerdo de Escazú, se puede comparar el texto de la declaración conjunta suscrita por Chile y Costa Rica en el mes de junio del 2018 (véase texto completo colgado – hasta la fecha – en el sitio oficial de la diplomacia chilena) con un documento reciente circulado el mismo día en que el Presidente chileno ofrecía su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas el pasado 22 de setiembre del 2020 (véase texto completo de 12 páginas que viene sin sello oficial ni firma de los dos ministros al final del documento, … y que se supone es un documento oficial). El título de esta nota de la DW (Alemania) del 21 de setiembre del 2020 retrata bastante bien, en nuestra modesta opinión, el espectáculo raramente visto por parte de un Estado con relación a un tratado internacional: “Chile: el rechazo al Acuerdo de Escazú acaba con la aspiración de liderazgo ambiental”.

Nota 3: Véase PEÑA CHACÓN M., “Acuerdo de Escazú y la carga de la prueba ambiental en Costa Rica”, Portal del Sistema de Estudios de Posgrado (SEP), Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR), octubre del 2019, disponible en este enlace. Sobre la situación particular en la que se encuentra el Acuerdo de Escazú en Costa Rica, y la complicación que ha generado la Sala Constitucional en el trámite de aprobación de este tratado, véase la sección “La peculiar situación del Acuerdo de Escazú en Costa Rica” en nuestro breve análisis: BOEGLIN N., “La reciente aprobación del Acuerdo de Escazú por parte del Senado de México”, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), Sección Voz Experta, edición del 17/11/2020, disponible en este enlace.

*Foto extraída de nota de prensa de la BBC, titulada “Los países en los que matan a más ambientalistas en el mundo y el terrible récord de América Latina”, 30 de julio del 2019.

José Mujica: Recuperar y transformar los sistemas agroalimentarios de América Latina post covid-19

Discurso del Expresidente José Mujica en el Seminario ¿Cómo recuperar y transformar los Sistemas Agroalimentarios de América Latina post covid-19?, organizado por la FAO *

En nuestra América Latina, la Agricultura Familiar y el campesinado tienen un primer problema, hay que quererlo y darse cuenta de la importancia estratégica que tiene para la seguridad alimentaria, para el cuidado del medioambiente y para el porvenir de la propia humanidad.

La comida hay que producirla lo más cerca que se pueda de la cocina y hay que entender que hay que cuidar a los humanos que tienen esa posibilidad y esa aprehensión, pero nunca se va a generar voluntad política si no se quiere, la AF no tiene lobby y no tiene peso institucional y es específica en su problema y en sus debilidades.

No se puede saltar de la edad media a la agricultura robotizada, inteligente o vertical, hay que entenderla como es y hay que trabajar a partir de lo que es, mejorando escalón a escalón, pero eso implica voluntad política, creación de institucionalidad específica y especializada y la primera plaga que tiene que enfrentar la AF es la soledad.

No se puede pretender que familias aisladas puedan pelear con rentabilidad en el mundo de hoy y hay que luchar por el agrupamiento, la creación de empresas, cooperativas, comunidades o lo que fuera, porque en el campo “agrándate o vete” y entonces la política de agrupamiento me parece esencial, porque es el  primer escalón de la rentabilidad, es que tengan acceso a poder vender lo más directamente posible, sacarse de encima la intermediación, que se queda con la parte más importante de la rentabilidad.

Las ciudades tienen que generar lugares para la presencia de la AF, pero no se puede de a uno, se requiere organización humana en equipo, no se puede trabajar la tierra si mal se vende y eso hay que entenderlo, la primera rentabilidad está en aminorar los costos que tiene la intermediación para la AF en todos los aspectos y para eso se necesita voluntad política, se necesita crear una institucionalidad y una investigación a partir de lo que hay y de lo que existe en cada lugar, para irlo mejorando escalón a escalón.

La investigación no puede estar solo dedicada al complejo agroalimentario industrial, tiene que ser una investigación específica para la AF y lo propio un extensionismo que no se puede atender de a uno, se debe atender de a grupo y para esto hay que poner gente comprometida y hay que extraer los mejores cuadros de la propia AF para hacer este extensionismo.   Hoy si se quiere trabajar mejor la tierra, si se quiere hacerla sustentable, hay que tener en cuenta que la AF tiene que sacar partido de lo que tiene.

Es probable que la historia de la agricultura sea una fundación femenina, porque en todas las culturas se presenta frecuentemente a la agricultura como una diosa y por eso creo que la mejora implica trabajar no solo la tierra, trabajar en la cabeza de los agricultores.

Quiero señalar además que lo que viene es peligro, la inestabilidad del tiempo, las circunstancias del cambio climático, es una falta de imprevisión de las ciudades no cuidar a la AF.  Hay que batallar para para lograr voluntad política, hay ejemplos aterradores, en la Argentina hay una ley para la agricultura familiar aprobada hace unos dos gobiernos que está sin reglamentar, esto no le va a pasar a la agricultura industrial o a los complejos agroalimentarios, le pasa a la agricultura campesina y a la AF, porque no tiene quién la represente donde se toman las decisiones políticas y hay que tener conciencia de esa deuda.

En primer término, quiero señalar que hay que diversificar la AF, puede ser generadora de micro energía y hay que introducir masivamente la producción de energía para el uso del riego y de miles de actividades que acompañan.

El urbanismo tiene que abrir puertas a la presencia de la AF por su propia seguridad y hay que entender lo siguiente:  hasta cuándo van a crecer las ciudades monitoreadas y manejadas por el interés inmobiliario y si no fuera inteligente pensar en la medida de las ciudades, porque este es un problema que va a enfrentar el futuro de la humanidad, campos despoblados y ciudades atestadas dificultando todos los problemas de distribución y el urbanismo tiene que ver con esto.

Quiero señalar que hay partes de América donde el transporte es una herramienta que los poderes comunales tienen que enfrentar y hay que aprender de los propios campesinos que han logrado el milagro de sobrevivir en condiciones que son inexplicables y hay un mundo de sabiduría dispersa que hay que transformarlo en ciencia sencillamente para resembrarlo.

Quiero señalar además que es fundamental una especialización en la atención de los grupos de agricultores familiares y paralelamente la introducción de esa atención a toda la familia, la mujer tiene mucho que ver, si la mujer no participa tenemos la presencia de la soledad en la lucha campesina, es fundamental introducirla y recordar que existe un conjunto de técnicas que son maravillosas, están probadas y son viejas y hay que retomarlas y reaplicarlas a el trabajo con la maleza, distintas formas de regadío o al control de plagas, que necesitan la expansión del conocimiento especializado.

Creo además que la AF debe sacar parido de lo que tiene, mano de obra en general ociosa en el conjunto de la familia y lograr en un grupo humano un grado de diversificación que le permita en conjunto accesar directamente al mercado, con una producción diferenciada.

Los barrios más pudientes de las ciudades, ahí debe tener presencia de venta el agricultor familiar en condiciones específicas y especiales, les voy a relatar lo que pasa en mi barrio, en mi país, las cadenas de supermercados están pagando 28 o 30 pesos por el paquete de lechuga, que lo venden a 95 pesos y lo pagan a 90 o 120 días y eso precisamente es lo que evita la rentabilidad.

Este abuso que están significando las grandes cadenas de distribución, se va comiendo gran parte de la rentabilidad y del esfuerzo arriba de la tierra y hay que llamar las cosas por su nombre, si no hay voluntad política para enfrentar estos problemas, por más que hagamos y por más que favorezcamos con cuestiones indirectas a la AF, va a sucumbir por la intermediación y el costo fabuloso de la masa de recursos que se traen, por eso creo que el principal problema es de índole política, de políticas no partidarias.

Por eso voy a saldar con lo que dije al primero, hay que quererlo, solamente cuando se tiene sentimiento se puede generar racionalidad a favor de defender esta causa, pero quiero señalar que si Europa cuida su campiña, si Europa subsidia su producción interna, es porque aprendió que su seguridad alimentaria es un resorte fundamental para la estabilidad de un país, esta es una ley mundial, es una ley que hay que entenderla.

No se puede depender la alimentación de los pueblos pura y exclusivamente de recursos que se importan, hay que asegurar una masa de alimentación lo más cercana posible a los centros de consumo y esa es la razón de existencia de porqué hay que volcar políticas específicas, especializadas de defensa y multiplicación de la AF, desde los bancos de tierras, al extensionismo y a los Ministerios especializados en la materia.

La tecnología de investigación dedicada a esta circunstancia, por qué?, porque lo que no es posible o rentable para una gran empresa, suele ser posible y rentable para la microempresa, la escala de la tecnología es infinita y es variada, hay pueblos de los que mucho hay que aprender, asombra los resultados de la AF que tiene el pueblo japonés en condiciones dificilísimas y no son cosas del otro mundo, hay una máquina de arrancar yuyo prácticamente construida con alambres elásticos para usarla en el momento preciso.

Hay montones de ingenio, el problema es difundirlo, me quedé asombrado una vez en Brasil, un grupo indígena que tiene la capacidad de conservar la carne sin usar sal ni heladera y hacerla durar meses, utilizando algunos engendros de una hierba de la Amazonía, hay conocimiento que se debe transformar en ciencia, pero esto necesita que la Universidad vaya al campesinado y no esperar que el campesino vuelva a la Universidad, porque probablemente ya deje de ser campesino.

Entonces esta simbiosis, me parece que es una política de largo plazo, pero necesitamos antes que nada voluntad política, por eso he seguido el rumbo de la discusión y me parece formidable, pero tengan presente lo más formidable es conseguir voluntad política y la voluntad política es una dependencia, es una responsabilidad de quienes están en el Gobierno, pero para esto en primer término hay que entender la necesidad imperiosa que tiene la humanidad de cuidar a sus agricultores y sobre todo a sus agricultores familiares.

Porque las empresas se van a preocupar de la rentabilidad y está bien, así tiene que ser, pero a la larga los humanos también tenemos identidad, el campesino no es una forma de vida ni mejor ni peor, es una forma distinta y hay que entender sus claves, y para eso respetarlas, entenderlas y quererlas y darse cuenta que es tremendamente útil, sobre todo cuando las catástrofes y las necesidades nos acucian, cuando las reglas de intercambio se fracturan, cuando el comercio internacional tenga frenos por decisiones políticas que pueden tomar las potencias.

La única seguridad de alimentos, es lo que se produce cerca de casa y ese es el papel que tiene que cumplir la AF, entonces hay que tener un cuerpo de bomberos en una sociedad, porque no se sabe cuándo hay incendio, como hay que tener un club de capacidad médica para atender las enfermedades, hay que tener un grupo para atender la comida de la gente, esto es un problema de sentido común, el proteccionismo de la AF es ganar seguridad de vida en el correr del tiempo en un mundo cada vez ferozmente urbanizado.

Sabemos que la arquitectura contemporánea está pensando en los edificios verdes, que están pensando en la agricultura urbana, que están pensando en la agricultura vertical, en una cantidad de adelantos que son posibles, pero mientras tanto no desperdiciemos que nos va a salir más económico lo que tenemos al alcance de la mano, que es todavía la existencia de una masa de campesinos en nuestra América Latina.

 

* Enviado a SURCOS por German Masís.

Al cumplirse dos años de la apertura a la firma del acuerdo de Escazú en Naciones Unidas (ONU)

El Acuerdo de Escazú de Naciones Unidas (ONU), adoptado en Costa Rica en 2018, tiene el valor de un hito en materia internacional, al constituirse como el primer instrumento vinculante para América Latina y el Caribe en garantizar, desde la perspectiva de los derechos humanos, el derecho al acceso a la justicia, a la participación pública y a la información en materia ambiental. Su base se remonta a la Declaración de Río de 1992 que consagra, en su Principio 10, el derecho de participación del público en materia ambiental; así como al acuerdo europeo sobre participación (Convenio de Aarhus de 1998). El Acuerdo de Escazú viene a consolidar el derecho de todas las personas a ser actores esenciales en la toma de decisiones en materia ambiental y a reafirmar el papel del Estado en la protección de las personas que defienden el ambiente.

Al haberse cumplido el 26 de setiembre del 2020, dos años desde que se procedió a la apertura de firma del Acuerdo de Escazú en Naciones Unidas, la Rama Costarricense de la Asociación Americana de Juristas (AAJ) considera de suma importancia:

  1. Expresar su profunda satisfacción por haber anunciado oficialmente Argentina el pasado 24 de setiembre 2020 la finalización del proceso de aprobación de dicho acuerdo regional suscrito en Costa Rica. Argentina se convierte en el décimo país en ratificar el Acuerdo de Escazú, viniendo a confortar a los nueve Estados que la antecedieron en el depósito del instrumento de ratificación en Naciones Unidas, a saber: Antigua y Barbuda, Bolivia, Guyana, Nicaragua, Panamá, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, así como Uruguay;
  2. Hacer ver que el Acuerdo de Escazú es resultado de un amplio e inclusivo proceso de elaboración, del que cualquier agrupación civil interesada tuvo posibilidad de participar activamente (https://www.cepal.org/es/acuerdodeescazu/mecanismopublico- regional), por lo que, desde su misma concepción es fiel reflejo del principio democrático que tanto distingue a nuestro País, junto con el respeto por el medio ambiente y los derechos humanos, también inherentes a dicho Acuerdo. Si Costa Rica retoma su liderazgo en derechos humanos y ambientales tiene la oportunidad de ser el undécimo en ratificarlo, para que ya entre en vigor;
  3. Deplorar profundamente que el Poder Ejecutivo de Chile, promotor con Costa Rica de este valioso instrumento en favor del ambiente y de los derechos humanos durante las negociaciones de dicho instrumento (2014-2018) haya desistido inopinadamente de su buen esfuerzo inicial, separándose del resto de América Latina y el Caribe al negarse a firmar este tratado, con base en una serie de argumentos sin sustento jurídico ni ambiental y, por ende, desprovistos de veracidad. La primera señal de ello la había externado Chile en septiembre del 2018 en Nueva York, al no enviar ningún delegado a la ceremonia oficial de apertura de firma, celebrada durante la Asamblea General de Naciones Unidas;
  4. Lamentar profundamente que la Sala Constitucional de Costa Rica haya ordenado el pasado 22 de setiembre a la Asamblea Legislativa retrotraer el procedimiento de aprobación a su punto inicial, en razón, según la Sala Constitucional, de la falta de consulta al Poder Judicial sobre la supuesta afectación a su potestad de organización, que significa la implementación del Acuerdo de Escazú. Sobre este último punto, resulta a todas luces sorprendente que, de los diez (10) Estados que ya han ratificado este instrumento, ninguno planteara que el Acuerdo de Escazú implique alguna carga adicional para el sistema de administración de justicia, como infundadamente lo argumenta la Corte Plena, cuya rebuscada ‘parsimonia’ contrasta significativamente con la posición del resto de los Países;
  5. reafirmar, al contrario de lo sostenido en una cuestionable decisión tomada en en el voto 2017001163 de febrero de 2017 por mismo juez constitucional costarricense (y que constituye una total regresión con relación a su jurisprudencia anterior), que el principio de participación del público en asuntos ambientales sí es un derecho humano, porque en primer lugar, (aunque el dicho juez constitucional lo ignore intencionadamente) el artículo 9 de la Constitución define al Estado costarricense como una República participativa; y en segundo lugar, porque así lo ha establecido expresamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el párrafo 242 de su Opinión Consultiva OC-23, dada a conocer en el 2018 (véase texto completo) donde precisa que: «g. Los Estados tienen la obligación de garantizar el derecho a la participación pública de las personas bajo su jurisdicción, consagrado en el artículo 23.1.a de la Convención Americana, en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, de conformidad con los párrafos 226 a 232 de esta Opinión»;
  6. denunciar de manera vehemente la campaña de desinformación orquestada desde algunos círculos empresariales, con el apoyo de influyentes sectores gremiales y medios de prensa (a la que se prestaron algunos juristas) que se ha desatado en contra del contenido del Acuerdo de Escazú, en particular en Chile, Colombia, Paraguay y Perú, bajo argumentos sin sustento, totalmente ajenos a la letra y al espíritu del Acuerdo de Escazú;
  7. reiterar que el resguardo del derecho a la participación ciudadana, al acceso a la información y a la justicia ambiental constituyen los pilares fundamentales del Acuerdo de Escazú en pro de afianzar mecanismos de democracia ambiental en nuestros respectivos ordenamientos jurídicos, así como la protección que debe urgentemente extenderse a quienes defienden el ambiente, en muchos casos desde sus pequeñas comunidades rurales;
  8. recomendar a los Estados que aún no lo han hecho, que firmen y ratifiquen el Acuerdo de Escazú, para lograr su pronta entrada en vigor, la cual requiere el depósito del instrumento de ratificación número once, según reza el artículo 21 del mismo;
  9. felicitar a las distintas organizaciones no gubernamentales y a los sectores académicos y gremiales por su entrañable esfuerzo en favor de la pronta ratificación del Acuerdo de Escazú, teniendo presente que el fin primordial del mismo es consolidar una verdadera democracia ambiental en nuestra Región;
  10. Solicitar a la Asamblea Legislativa de Costa Rica que ratifique lo antes posible el Acuerdo de Escazú. Solicitar a la Sala Constitucional que reconozca el valor de este instrumento de derechos humanos ambientales y el aporte que brinda para consolidar la estructura jurídica en la región y específicamente en Costa Rica.

Hecho en San José, el 20 de octubre de 2020.

El acuerdo de Escazú, un avance en los Derechos Humanos y asuntos ambientales en América Latina y el Caribe

Alexis Suárez Miranda

Estudiante de la Universidad de Costa Rica

El acuerdo de Escazú consiste en un tratado regional, específicamente para América Latina y el Caribe, es un instrumento jurídico en materia de protección ambiental que tiene como fin el garantizar y facilitar la incidencia ciudadana, el acceso a la información y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en la región, lleva el nombre de Escazú puesto que fue adoptado y negociado en la ciudad de Escazú, San José de Costa Rica el pasado 4 de marzo de 2018, el mismo cuenta con una extensa participación de la sociedad civil, comunidad científica, y política. Asimismo, su objetivo es primordial ya que busca luchar contra la desigualdad, la discriminación y garantizar los derechos de todas las personas a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.

Es importante destacar que este acuerdo se enmarca dentro de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el que se busca el alcance de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) los cuales son impulsados por la Organización de la Naciones Unidas (ONU), dentro de dichas metas se enmarcan tres de estos objetivos que son muy importantes, los cuales tienen gran injerencia en el cumplimiento de este acuerdo, estos son, ODS 10. Reducción de las desigualdades, ODS 13. Acción por el clima y ODS 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.

En ese sentido, es importante indicar que en América Latina es urgente este acuerdo con el objeto de resguardar los derechos humanos de todas las personas que se desenvuelven en el ámbito ambiental, ya sea desde sus labores profesionales hasta el activismo, no está de más recodar que en Costa Rica han surgido diversos acontecimientos violatorios a los DDHH, en las que algunos de estos, lamentablemente han terminado con la vida de ambientalistas y activistas.

En primera instancia, es indispensable recordar el asesinato de Jairo Mora Sandoval, un ambientalista y activista costarricense, que fue asesinado en junio de 2013, cuando buscaba proteger los nidos de las tortugas baula en el Caribe de Costa Rica, junto a él, fueron asesinadas cuatro personas más en aquel suceso, este caso ha sido de los casos más sonados inclusive a nivel internacional, por lo que a raíz de este lamentable acontecimiento políticos, colectivos y grupos organizados han llamado a una restructuración y reforma de la política ambiental costarricense, sumado a lo anterior, es importante mencionar asesinatos como el de María del Mar Cordero Fernández, Jaime Bustamante, y Oscar Fallas Baldí, integrantes de la extinta Asociación Ecologista Costarricense (AECO), quienes lucharon contra la compañía Ston Forestal, y entre otros crímenes en contra de ambientalistas, en dónde detrás de estos, sin duda alguna se esconden el crimen organizado y la mafia del tráfico de drogas.

El enfoque de derechos humanos que se le da al Acuerdo es crucial, según Global Witness, Latinoamérica fue la región con mayores asesinatos de defensores ambientalistas en el 2019, y es por esto, que este enfoque es indispensable con el objeto de encargarles mayores responsabilidades y esfuerzos en la lucha por el crimen organizado y los intereses detrás de los asesinatos de ambientalistas, en esa misma línea se analiza que

El Acuerdo de Escazú es también un tratado de derechos humanos. Es el primer tratado del mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en materia de medio ambiente (artículo 9). Esta primicia mundial está lejos de ser insignificante en una de las regiones del mundo más afectadas por los conflictos socioambientales y que presenta un mayor riesgo para la vida y la seguridad de las personas y grupos de personas que actúan como defensores de los derechos humanos en materia ambiental. (Barchiche, Hege y Nápoli, 2019, p.3)

Solo en el 2018, se registraron 164 personas asesinadas por motivo de ser defensores de la tierra y el ambiente, sin embargo, en la región de Latinoamérica, Colombia registró 24 asesinatos, Brasil 20, Guatemala 16, México 14, Honduras 4, Venezuela 3 y Chile 2 asesinatos, dichas estadísticas se muestran en el informe “¿Enemigos del estado?” de Global Witness.

En cuanto al derecho al acceso a la información, los estados deben asegurar jurisprudencia que asegure el acceso a la información y a la transparencia ambiental, mediante mecanismos de gobierno abierto y semejantes, sin embargo, en la región se tiene un gran reto porque “(…) como lo indica la UNESCO, demuestra claras dificultades para la aplicación efectiva de la legislación sobre libertad de información, en particular en el establecimiento de mecanismos adecuados que permitan el acceso a la información de manera oportuna” (Jiménez, 2019, p.393), esto inclusive debe incluir un plan de capacitación en transparencia dirigido hacia funcionarios públicos.

Por tanto, el acuerdo de Escazú es un importante mecanismo que procura derechos fundamentales dispuestos en la Carta Universal de los Derechos Humanos, y que por responsabilidad cada uno de los estados Latinoamericanos deben acceder a la firma y ratificación del acuerdo, para su entrada en rigor se debe proceder en primera instancia a la firma del mismo, demostrando interés en la materia y de ese modo se lleva a cabo un proceso de consulta bajo los ordenamientos jurídicos de los Estados, desdichadamente el plazo para que los países puedan firmarlo finalizó el 26 de septiembre de 2020, hacia el final de septiembre de 2020 se contaba con la firma de 23 países. En segundo lugar y una vez firmado el acuerdo se debe ratificar el tratado, los cuales se debaten y se realiza la votación en los Congresos o Asambleas Legislativas, hacia el final de septiembre de 2020, únicamente se contaban con 10 ratificaciones, para que el acuerdo entre en vigor se necesitan 11 ratificaciones.

Ahora bien, en el caso de los países que no llevó a cabo el proceso de firma y ratificación, puede dar la adhesión al acuerdo, dicho proceso es a través de los poderes legislativos de cada país. Por tanto, desde la sociedad civil es indispensable hacer un llamado vehemente a las autoridades del país, principalmente a las diputaciones para que de una vez por todas, ratifiquen el acuerdo, sin más demoras y trabas a los derechos humanos de las personas protectoras del ambiente y de los que están en la primera línea contra el combate al cambio climático y los intereses de inescrupulosos con grandes beneficios económicos, como la explotación de gas y petróleo, las piñeras con sus agroquímicos, los autobuseros que se oponen a una movilidad sostenible, los oreros con la extracción de oro y un sinfín de intereses adversos que no vienen más que a incrementar los efectos del cambio climático y las más afectadas son las zonas costeras, niños, niñas, y personas en pobreza extrema.

Referencias Bibliográficas:

CEPAL, N. (2018). Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.

Jiménez Guanipa, H. (2019). El Acuerdo de Escazú y el derecho de acceso a la información dan a luz una nueva jurisprudencia. Análisis jurisprudencial. Sentencia Fundación Ambiente y Recursos Naturales (farn) c/ ypf SA s/varios. Revista Derecho Del Estado, (44), 385-396. https://doi.org/10.18601/01229893.n44.14

Witness, G. (2019). ¿ Enemigos del Estado? De cómo los gobiernos y las empresas silencian a las personas defensoras. Londres: Global Witness.

Barchiche, D., Hege, E., Napoli, A. (2019). El Acuerdo de Escazú: ¿un ejemplo ambicioso de tratado multilateral a favor del derecho ambiental? IDDRI, Issue Brief N°03/19.

 

Imagen tomada de Youtube.

UCR: Científicos logran fondos para convertir el residuo de palma en un producto amigable con el ambiente

Economía circular y medio ambiente

El proyecto, seleccionado por el Micitt, pretende transformar un residuo contaminante de la agroindustria aceitera, como lo es el pinzote de palma, en biocarbón

La fibra de pinzote de palma aceitera es un residuo que, por su elevado volumen de producción, representa un contaminante importante en el país. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.

Un grupo de científicos liderados por la Dra. Cristina Chinchilla Soto, directora del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) de la Universidad de Costa Rica, generarán el conocimiento para convertir el pinzote de palma aceitera en biocarbón, un material de alto valor y amigable con el ambiente.

En Costa Rica la producción de palma aceitera se desarrolla principalmente en la región Brunca y es una actividad que plantea un gran reto de manejo de residuos agroindustriales. Según datos del año 2012, por cada 100 toneladas de producto de palma, se generan 22 toneladas de fibra de pinzote. Esto equivale a 245 000 toneladas al año, que es el peso aproximado de unos 7500 contenedores llenos.

Ante esta problemática, los científicos presentaron un proyecto de investigación que permitiría aportar una solución viable para el manejo de este residuo, que sea rentable y además beneficie al medio ambiente, favoreciendo una economía circular.

El proyecto denominado “BIOECODES: El BIOcarbón como estrategia de ECOnomía circular: valorización de residuos agroindustriales para la DEScarbonización y la protección de los recursos” logró obtener fondos del Programa de Proyectos de Investigación Aplicada del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) en el tema de Economía Circular y se extenderá por dos años.

Foto: UCR

¿Qué es el biocarbón o biochar?

El biocarbón o biochar es un material carbonáceo poroso, con propiedades físico-químicas adecuadas para el almacenamiento seguro y a largo plazo de carbón en el ambiente (cuando se incorpora al suelo). Se produce mediante un tratamiento térmico de biomasa denominado pirólisis que se realiza en ausencia de oxígeno a 600 °C como mínimo.

Sus características dependen tanto del material utilizado como materia prima como de las condiciones de pirólisis, señaló el Dr. Juan Salvador Chin, investigador del CICA-UCR quien en los últimos años ha estudiado su elaboración a partir de rastrojo de piña y otros residuos, así como el efecto de su adición al suelo. Foto tomada de: https://horti-generation.com/

Biocarbón y su efecto en los cultivos

El biocarbón se ha asociado a propiedades benéficas en el suelo en cuanto a fertilidad, estructura del suelo y retención de nutrientes como enmienda. Además, al aplicarlo en los terrenos de uso agrícola se aumenta el contenido de carbono de los suelos y se favorece la descarbonización de la actividad económica, según detalló la Dra. Cristina Chinchilla Soto, investigadora principal del proyecto y directora del CICA.

Con esta investigación se evaluarán los beneficios de aplicar el biocarbón específicamente en los suelos de cultivos de importancia para la zona sur como el maíz y el frijol, y en plántulas de palma aceitera. “Una de las principales preguntas que más nos interesa responder es cuál es el efecto del biocarbón sobre el rendimiento de estos cultivos, si va a funcionar en los suelos de la zona sur”, acotó la investigadora.

También se determinará su efecto sobre la retención de nitrógeno, agua y plaguicidas, en mezcla con dos tipos de suelo (arenoso y arcilloso), tanto en los laboratorios del CICA, en invernaderos del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) como en fincas ubicadas en Pejibaye de Pérez Zeledón.

La Dra. Chinchilla Soto, quien tiene amplia experiencia en proyectos que buscan la mejora en la productividad y eco-competitividad de los cultivos, señala que además es importante aprender cómo aplicar el biocarbón (que es un polvo muy fino) en las fincas, entender cómo se puede comportar, qué beneficios puede traer en estos cultivos y cómo puede llegar a integrarse dentro del sistema de producción.

Hacia una economía circular

Actualmente, las empresas productoras de aceite de palma compostan una parte de sus residuos de pinzote para usarlos como abono, también como restaurador de suelo o simplemente lo acumulan en grandes pilas mientras se descompone.

Esta investigación busca ofrecerles una estrategia viable para reducir y aprovechar esos residuos en un proceso que utiliza los recursos de forma eficiente, favoreciendo una economía circular. Para ello, se determinarán las condiciones óptimas para la producción del biocarbón utilizando hornos de estañón de bajo costo y se analizará la factibilidad económica de procesar dicho residuo a escala industrial.

Las expertas además analizarán los posibles efectos ambientales del uso del biocarbón elaborado a partir de pinzote, tales como el impacto sobre población microbiana, la ecotoxicidad (impacto en organismos vivos del suelo), la producción de lixiviados y la estimación de emisión de gases efecto invernadero, comparando el balance de emisiones de CO2 de la producción de biocarbón versus el manejo actual del residuo agroindustrial.

La producción de biocarbón ofrece otros beneficios ya que no solo permite secuestrar cantidades significativas de carbono a largo plazo en el suelo, sino que además puede aumentar la eficiencia en el uso del agua y de los nutrientes, regular el pH, retener plaguicidas y mejorar la productividad de los suelos. Por ello, se considera una de las Tecnologías de Emisión Negativas con mayor potencial para que el sector agrícola haga frente al cambio climático.

Investigación conjunta

Para la implementación de este proyecto, se ha conformado un equipo de trabajo multidisciplinario nacional e internacional, coordinado por el CICA-UCR, que incluye al TEC, el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA-MAG), el Centro de Investigaciones en Ecología y Aplicaciones Forestales de la Universidad Autónoma de Barcelona (CREAF-UAB) y la Agencia Certificadora Eco-LÓGICA.

“Este proyecto de BIOECODES viene a unificar a diferentes sectores del país que estaban trabajando en biocarbón. Las alianzas estratégicas tienen mucho potencial de éxito, eso hace que sea una confluencia de saberes” señala la docente e investigadora de la Escuela de Agronomía, M. Sc. Gabriela Soto, quien previamente trabajó en el Catie realizando investigación y ensayos en campo con este material.

Finalmente, como parte del proyecto BIOECODES, se analizará la factibilidad económica y de gestión de la producción de biocarbón con talleres de productores y procesadores de residuos agroindustriales. Además, se capacitará a técnicos del sector agrícola, productores y tomadores de decisiones sobre las ventajas de la producción y uso del biocarbón.

Equipo de investigación

  • Cristina Chinchilla Soto. Directora, CICA-UCR.
  • Juan Salvador Chin Pampillo. Coordinador, Laboratorio de Aplicaciones Isotópicas y Metabolismo de Contaminantes (Laimec), CICA-UCR.
  • Marta Eugenia Pérez Villanueva. Investigadora, Laimec-CICA.
  • Maria Gabriela Soto Muñoz. Docente, Escuela Agronomía e investigadora CICA-UCR. Agencia de Certificación Eco-LÓGICA.
  • Karolina Villagra Mendoza. Profesora, Escuela de Ingeniería Agrícola, Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC).
  • Laura María Brenes Alfaro. Coordinadora, Unidad de Investigación Socioambiental (ISA)- CICA.
  • Marco Vinicio Corrales. Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA-MAG)
  • Xavier Domene Casadesús. Investigador, CREAF-Universidad Autónoma de Barcelona.

 

Katzy O`neal Coto,
Periodista, Oficina de Divulgación e Información