Privatizar la seguridad, despojar lo humano: una lectura política de Robocop
Luis Andrés Sanabria Zaniboni
Es lo mejor de dos mundos. Los reflejos más rápidos, memoria de computadora y toda una vida de datos policiales de la calle. Es todo un placer presentarles a Robocop.
Robocop (1987)
La película de ciencia ficción Robocop, estrenada en 1987, nos invita a cuestionar premisas incómodas sobre la política de seguridad en cualquier sociedad: ¿es posible abandonar un enfoque de derechos para priorizar una “mano dura” que reprima y aísle a quienes rompen las reglas? ¿Qué aspectos deberíamos considerar para repensar las políticas de seguridad actuales, como las que impulsa el gobierno de Rodrigo Chaves en Costa Rica?
No es casual hablar de “política de (in)seguridad”. Este término señala una contradicción central: políticas que, en nombre de la seguridad, terminan desprotegiendo a buena parte de la población y vulnerando derechos fundamentales. No se trata de que falte seguridad, sino de una seguridad selectiva, excluyente y que beneficia al poder.
La historia de Robocop nos traslada a un futuro cercano, alrededor del año 2028, en una Detroit al borde del colapso social y financiero. Abrumada por el crimen y la falta de recursos, la ciudad entrega a la corporación Omni Consumer Products (OCP) el control de la policía. OCP busca reemplazar a los policías humanos por soluciones más eficientes y baratas. Su primer intento, el robot ED-209, fracasa de manera trágica al matar a un ejecutivo durante una demostración. Aprovechando el error, Bob Morton, un ambicioso ejecutivo, lanza su propio proyecto: Robocop.
El oficial Alex Murphy es asignado a una nueva comisaría y, junto con su compañera Anne Lewis, persigue a una banda criminal liderada por Clarence Boddicker. Durante una emboscada, Murphy es brutalmente asesinado. Su cuerpo es usado por OCP para crear a Robocop, un cyborg programado con tres directrices: servir al interés público, proteger a los inocentes y hacer cumplir la ley. Sin embargo, hay una cuarta directriz secreta que le prohíbe actuar contra los altos ejecutivos de OCP, dejando en evidencia una estructura de impunidad.
Al principio, Robocop actúa como una máquina eficiente, sin recuerdos ni emociones humanas. Pero poco a poco, fragmentos de la memoria de Murphy emergen, llevándolo a cuestionar su identidad y rebelarse contra quienes lo controlan. Este proceso simboliza la recuperación de la conciencia y la resistencia ante un sistema que despoja a las personas de su humanidad en nombre de la eficiencia y el control.
Hoy, en Costa Rica, vemos lógicas similares. La propuesta de construir una megacárcel —como la que anunció el presidente Chaves en febrero de 2024 para una zona aún no definida, con capacidad para miles de personas privadas de libertad— apunta a una respuesta basada en la expansión del castigo, en lugar de atender las causas sociales que alimentan la criminalidad. Mientras tanto, las políticas sociales quedan subordinadas a enfoques asistencialistas o al discurso de que cada persona debe “emprender” y resolver su situación por sí misma, frente al abandono del Estado.
Esta visión ignora a las personas como sujetos de derechos y desatiende las vivencias que explican por qué se descompone el tejido social. En su lugar, se glorifican las estadísticas de represión como si fueran logros. Pero este tipo de políticas va erosionando la vida en común, y abren la puerta a aplicar “estados de excepción” —es decir, situaciones donde las autoridades pueden suspender derechos o aplicar medidas extraordinarias— contra cualquier persona que el poder considere prescindible.
Así, la seguridad deja de ser un derecho y se convierte en una herramienta para disciplinar. No solo busca disuadir delitos, sino inducir obediencia mediante el miedo y la fuerza física. Se normaliza el despojo de derechos en nombre del orden. La gran pregunta es: ¿cuál es el costo moral y social de esta deriva?
El daño más profundo es la pérdida de la experiencia humana como base de la política. Cuando dejamos de comprender, dialogar y construir soluciones colectivas, debilitamos también la capacidad de transformar las causas de la inseguridad, la desconfianza o la indiferencia.
La caída de esta “utopía” tecnológica en Robocop ocurre cuando el propio protagonista, recuperando la conciencia de Murphy, decide actuar contra el sistema. Comprende las contradicciones que genera una seguridad privatizada y solo, a través de su humanidad, puede imaginar otra forma de proteger. Una seguridad que devuelve al ser humano su lugar en las decisiones y cuestiona el privilegio en una sociedad privatizada.
La pregunta que nos deja esta historia no solo apunta al futuro, sino al presente: ¿qué tipo de seguridad estamos construyendo hoy? ¿Queremos una seguridad que administre el miedo o una que fortalezca la vida común desde la justicia, la memoria y el derecho a existir plenamente?
Si aspiramos a una sociedad más justa y segura, no basta con más policías o más cárceles. Necesitamos políticas que partan de la dignidad humana, que atiendan las causas profundas y que, como Robocop al recuperar su conciencia, se atrevan a romper con las lógicas que despojan lo humano en nombre del control.