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Etiqueta: megacárcel

Mientras Chaves-Fernández apenas van, Bukele ya regresa

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Para lo que juzgará la Historia ya todo está escrito: la propuesta del continuismo Chaves-Fernández admira, venera, imita y añora ser como Bukele, concentrar todo el poder político, borrar la separación de poderes, eliminar los controles republicanos y, además, gobernar mediante decretos en medio de la suspensión de garantías constitucionales. Estas no son acusaciones de adversarios malévolos, son confesiones explícitas de quienes por desgracia nos gobiernan.

El “gran logro” del tiranillo tropical ha sido crear un enorme campo de concentración-exterminio, reduciendo ciertamente la tasa de homicidios y otros delitos, pero a cambio de encerrar a 120 mil personas (más del 2% de la población), de manera atolondrada, sin las mínimas garantías del debido proceso, sin importar su inocencia o culpabilidad, con denuncias de tratos crueles, torturas y 500 personas fallecidas (¿asesinadas?) a lo interno del sistema carcelario.

El modelito resulta insostenible desde el punto de vista moral y jurídico, pero también desde una perspectiva económica y política, tanto para el pueblo salvadoreño como para la comunidad internacional que observa estupefacta semejante experimento neonazi. De ahí que la manifestación de Bukele en el sentido de que está considerando –por supuesto él como consumado autócrata- la liberación de al menos el 50% de los encarcelados, deba ser analizada con lupa.

Recurro como fuente al medio salvadoreño El Independiente en artículo firmado por Walter Raudales: “El ´MODELO´ se desinfla. ¿Qué hay realmente detrás del anuncio confuso de liberar ´postes´?”:[1]

  1. La manifestación del mandatario salvadoreño es una confesión de fracaso. La férrea mano dura muestra sus fisuras y está buscando una desesperada salida a la trampa en que se ha metido. Es insostenible seguir alimentando la mentira y al fin de cuentas la verdad termina por imponerse.
  2. La propuesta bukeliana, para variar, resulta truculenta. Propone liberar a miles de presos arbitrariamente detenidos obligándolos a reconocer al menos su “colaboración” con las pandillas o el crimen organizado. En el fondo, para recuperar su libertad, los afectados han de manchar sus antecedentes penales y el régimen podrá alegar siempre que nunca fueron inocentes.
  3. A la hipócrita proclama de que “ningún inocente debe permanecer preso”, en el mismo acto, el tiranuelo advierte sobre la necesidad de prorrogar el Estado de Excepción, que ya dura más de 55 meses, como mecanismo para mantener la guerra contra las pandillas.
  4. Quedan sin explicarse las consignas originales que proclamaban el deber de detener a todo sospechoso en barrios y pueblos empobrecidos, porque todos eran potenciales terroristas.
  5. El tiempo ha dado la razón a defensores de derechos humanos y asociaciones de víctimas: combatir a los pandilleros no justifica las detenciones arbitrarias y la eliminación de garantías procesales. Tampoco es válido tachar a estos defensores como cómplices de los delincuentes.
  6. Ahora Bukele empieza a hablar de liberar inocentes, reparar en los distintos “grados de participación”, establecer quiénes han cometido delitos leves, estudiar cada expediente y determinar quiénes han sido “colaboradores involuntarios” para aplicarles la figura de la “libertad asistida”. Pero precisamente esa es labor de fiscales y jueces en un Estado de derecho. Bukele no puede seguir arrogándose facultades que no le corresponden.
  7. En este repentino ataque de empatía con los prisioneros sin debido proceso, pueden estar gravitando los siguientes factores:
    7.1. El próximo proceso electoral en El Salvador donde Bukele busca perpetuarse en el poder de conformidad con las reformas constitucionales hechas a su medida. Pacificar las calles no es suficiente si la pobreza y la extrema pobreza crecen, si la educación y la salud públicas se deterioran, si no hay fuentes de empleo, si no hay una Fiscalía independiente que investigue las denuncias de corrupción público/privada, si el mayor terrateniente es la familia presidencial, etc, etc.
    7.2. En ese contexto pre-electoral se puede estar negociando otro acuerdo territorial entre gobierno y estructuras criminales para asegurarse el voto en zonas rurales y periurbanas.
    7.3. Puede que la liberación precipitada y en desorden de prisioneros busque provocar, a corto plazo, un “rebrote delictivo” que justifique de nuevo la perpetuación del Régimen de Excepción.
    7.4. Los eventuales cambios en la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos en las próximas elecciones, pueden provocar cuestionamientos al modelo bukeliano, así como investigaciones y denuncias por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional de La Haya.
  8. En definitiva, el articulista Raudales recomienda en todo caso aceptar la oferta de Bukele, liberar de inmediato a los inocentes, garantizar debido proceso a quienes tienen elementos de prueba en su contra, liberar también a presos políticos y, dado que el argumento principal para sostener un Estado de Excepción se ha resquebrajado –eliminación de derechos a cambio de orden y seguridad-, terminar de una vez con esa situación de excepcionalidad y recuperar el orden democrático.

Lo que resulta vergonzoso y patético del continuismo Chaves-Fernández, es verlos alabando y copiando un modelo que se desinfla y hace aguas por todas partes. No es casualidad que ni Bukele ni De la Espriella se hayan ausentado de la famosa inauguración de nuestra caricatura de mega-cárcel. Tampoco es casual que la reciente visita de Fernández a El Salvador haya sido inmediatamente seguida por la salida de Bukele a Washington, donde muy probablemente tenga oficios que diligenciar ante el incendio que lo amenaza.

[1] Los “postes” son colaboradores involuntarios, coaccionados por mareros militantes, pero que el régimen igual encierra indiscriminadamente.

¡Indignémonos!

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

La semana que termina no podría ser diferente a este año de ruptura civilizatoria que nos tocó vivir.

En el mundo, la peor pesadilla política que registre la historia democrática contemporánea se ha manifestado contrariada por el no otorgamiento del Premio Nobel a su persona, dado el altruismo con que decide asesinar un día sí y otro también a poblaciones inocentes en todo el planeta.

Faltaba más que ese Nobel se lo otorguen algún día dados sus atributos manifiestos en “búsqueda de la paz mundial”.

En Francia lo mismo que en Argentina, España y Albania, los estudiantes han salido a las calles a manifestar su descontento e indignación por el deterioro en la educación pública, la crisis de financiamiento y la mala disposición de la infraestructura educativa. La respuesta ha sido la represión y la criminalización de la protesta.

En una historia que parece repetirse 15 años después, la indignación parece ser el motor que impulsa a estas generaciones a rebelarse contra su propio destino. Sus luchas materiales van hoy de la mano por la reivindicación de los derechos más elementales, como el derecho a tener una educación de calidad.

Hoy, como ayer, son los jóvenes quienes salen a contradecir la historia.

En un contexto más cercano, más local, la más aguda de las paradojas ha ocurrido en Costa Rica en cuestión de horas.

Como si se tratara de la teatralización de una escena de mal gusto, el gobierno costarricense inauguró un centro para privados de libertad siguiendo el pésimo guion de autoritarismos cercanos. La megacárcel es el proyecto estrella de una administración que apenas con cinco meses de funcionamiento ha mostrado una trayectoria errática y preocupantemente populista.

Pero al mismo tiempo, anuncia de forma contundente el recorte al presupuesto de la educación superior pública que provocaría cierre de sedes regionales, disminución de becas estudiantiles y el colapso institucional universitario a corto plazo.

Sí. Todo está al revés. Y asistimos a esta hora cargados de incertidumbre. El camino de la indignación empieza por indignarnos para que luego aparezca lo demás.

Pero hay que hacerlo.

Si estos anuncios provenientes desde el oficialismo costarricense no indignan y provocan la movilización, ya nada lo hará.

Escenario peligroso

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

La deriva a la que se dirige Costa Rica en los próximos meses es tal vez la de mayor riesgo en toda su historia democrática.

La ecuación populismo + inseguridad + efectismo, podría terminar de dar la estocada a ese proyecto sociocultural que se viene clausurando desde hace varios años en que integración horizontal y consenso vertical aseguraron las reglas del juego social e institucional.

La reciente aprobación en segundo debate legislativo, del proyecto de instalación de una megacarcel en el país, plantea un cambio sin retorno hacia una peligrosa transformación en el procesamiento de las demandas sociales.

Este hecho pasó sin mucho análisis, quizá porque es tal la perplejidad y cansancio o tal vez porque se prefiere una respuesta de tal magnitud ante la incontenibilidad de la violencia que no cede. Prefiero pensar en la primera opción.

Un proyecto que le otorga 8.000 millones de su presupuesto ordinario para ofrecer una respuesta represiva al crimen organizado dice mucho de esa sociedad que somos y que ya no podemos obviar. Nos estamos acercando de forma alarmante a ese espejo que nos devolverá una imagen que nunca quisimos ver.

Hace algunas semanas, el valiente equipo periodístico de El Faro, proyecto de comunicación independiente y alternativo de El Salvador, sacó a la luz pública una investigación en la que obtuvieron información sobre lo que había pasado con ciudadanos comunes, detenidos y enviados a la cárcel modelo instalada por el gobierno de Nayib Bukele.

Según cuenta la publicación, las narraciones son atroces: asesinatos perpetrados a golpes por custodios; torturas elaboradas que implican colgar gente, colocarles ladrillos o usar gas lacrimógeno; abortos; enfermedades sin atención y hambre extrema. Todo esto narrado por 27 personas liberadas de este régimen carcelario, que no eran pandilleros y que vivieron en primera persona los horrores extremos a los que fueron sometidos en ese “modelo” al cual Costa Rica acude ahora alegre, rápida y peligrosamente.

Lo de El Faro es otra consideración que debe hacerse notar. Es de sobra conocido que la mayoría de su equipo periodístico tuvo que salir de El Salvador como consecuencia de su enfoque crítico en contra de las acciones gubernamentales.

En Costa Rica hemos estado observando que algunos periodistas empiezan a perder su empleo o son removidos como producto de sus opiniones y enfrentamientos con el poder ejecutivo: una peligrosa tendencia que podría anunciar los refrenos a la libertad de expresión, de la que tanto hemos hablado como reducto de un otrora sistema democrático robusto.

A la vuelta de la equina, dentro de poco, un proceso eleccionario anuncia una bizagra hacia una época de la cual podríamos no salir exitosamente como país. El tema securitario será sin duda la apuesta hacia la continuidad de quienes hoy nos gobiernan, utilizando la megacarcel como proyecto estrella al que estamos seguros la población apoyará luego de un hábil manejo comunicativo.

Seamos críticos y pongamos estos escenarios en perspectiva. Luego podría ser demasiado tarde.

Derechos humanos en un hilo: la Centroamérica que somos

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

La deriva de una opción autoritaria en Costa Rica ya dejó de ser una imagen proyectada para otros países de la región. Nos alcanzó eso que alguien despectivamente y con cierto tinte de superioridad llamara “la centroamericanización” de Costa Rica.

A la vuelta de la esquina y con amplio apoyo popular, se cuece la construcción de una vergonzosa megacárcel para paliar, según sus impulsores, el aumento de la criminalidad en el país.

Lo que en otros momentos históricos era impensable, hoy está a punto de ser un hecho que contradice a todas luces la larga tradición democrática costarricense, que empieza lentamente a palidecer.

La excepcionalidad que hasta hace algunos años nos mostraba como punto y aparte en el escenario centroamericano, fue pulverizada en pocos lustros por un sistema económico desigual y aniquilador, un escenario político inquietante y algo turbio en sus alianzas con actores poco claros y altamente cuestionados y, como hemos dicho en varias ocasiones, el agotamiento de un contrato social que espera por una nueva edición para reconstruir el proyecto de eso que utópicamente llamamos “ la vía costarricense”.

Por lo pronto, en algunas países centroamericanos esa deriva autoritaria mantiene su dinámica.

Esta semana veíamos con estupor la forma artera en la que Ruth López, jefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de la organización social salvadoreña Cristosal, dedicada a defender los derechos humanos de su país, era presentada ante la fiscalía.

La funcionaria había sido detenida el mes pasado luego de hacer serios cuestionamientos al gobierno de Nayib Bukele, como una muestra más de la escalada en la represión a las voces críticas y cuestionadoras a esta gestión. Algo que inquietantemente empieza a mezclarse en el entorno costarricense con la puesta de bozal a la prensa y otros hechos recientes.

Desde diferentes frentes de organismos sociales y civiles salvadoreños se han realizado pronunciamientos para exigir la liberación de López, sin un resultado positivo. Esto se suma a la reciente aprobación de la Ley de Agentes extranjeros, una herramienta que permite al gobierno salvadoreño discrecionalidad sobre qué organizaciones sociales pueden permanecer en su país y si permanecen, “contribuir” con un tributo de renta del 30%.

Una más: tres periodistas del medio de comunicación El Faro dejaron El Salvador en los últimos días ante una inminente amenaza de detención en su contra. Es de sobra conocido el rol cuestionador de este medio a las políticas represivas del gobierno de Bukele que, a fuerza de negociaciones con los líderes de las pandillas, ha bajado la criminalidad, pero han aumentado las detenciones y desapariciones de personas sin ningún nexo con esta actividad.

En Costa Rica la impronta autoritaria está tocando la puerta, asomándose por una rendija a ver si el escenario le es propicio.

Y sí que lo es.

Por ello, no deja de preocupar diagnósticos como el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, al escribir el capítulo para Costa Rica en relación con el estado de los derechos en los distintos países de la región, mencionaba:

“La CIDH observa con preocupación la situación de la seguridad ciudadana y los cuestionamientos a la respuesta estatal, así como los señalamientos de afectaciones a la independencia judicial. También preocupa las denuncias de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, especialmente en relación con la consulta previa y la delimitación territorial; así como las brechas significativas en la garantía de derechos económicos, sociales y culturales para grupos en situación de riesgo como personas en movilidad humana, mujeres y personas mayores”.

La respuesta estatal a la que se refiere la CIDH es en realidad una inacción, justificante para el siguiente paso: la constitución de un espacio represivo que alimente las necesidades de la población de vivir sin temor en un país cuyo pacifismo también fue pulverizado por los hechos fácticos del modelo.

Es claro. Hay cosas que se parecen y mucho en estos escenarios. Si la reserva moral e institucional nacional a la que le queda menos de un cuarto de tanque no es suficiente, habremos perdido el proyecto país para siempre.

A esta generación le tocó la hora. No es poca cosa. Es el momento del punto del no retorno. Asumamos cada cual los funciones que nos corresponden para intentar recuperarnos.

Es nuestra tarea.

Privatizar la seguridad, despojar lo humano: una lectura política de Robocop

Luis Andrés Sanabria Zaniboni

Es lo mejor de dos mundos. Los reflejos más rápidos, memoria de computadora y toda una vida de datos policiales de la calle. Es todo un placer presentarles a Robocop.
Robocop (1987)

La película de ciencia ficción Robocop, estrenada en 1987, nos invita a cuestionar premisas incómodas sobre la política de seguridad en cualquier sociedad: ¿es posible abandonar un enfoque de derechos para priorizar una “mano dura” que reprima y aísle a quienes rompen las reglas? ¿Qué aspectos deberíamos considerar para repensar las políticas de seguridad actuales, como las que impulsa el gobierno de Rodrigo Chaves en Costa Rica?

No es casual hablar de “política de (in)seguridad”. Este término señala una contradicción central: políticas que, en nombre de la seguridad, terminan desprotegiendo a buena parte de la población y vulnerando derechos fundamentales. No se trata de que falte seguridad, sino de una seguridad selectiva, excluyente y que beneficia al poder.

La historia de Robocop nos traslada a un futuro cercano, alrededor del año 2028, en una Detroit al borde del colapso social y financiero. Abrumada por el crimen y la falta de recursos, la ciudad entrega a la corporación Omni Consumer Products (OCP) el control de la policía. OCP busca reemplazar a los policías humanos por soluciones más eficientes y baratas. Su primer intento, el robot ED-209, fracasa de manera trágica al matar a un ejecutivo durante una demostración. Aprovechando el error, Bob Morton, un ambicioso ejecutivo, lanza su propio proyecto: Robocop.

El oficial Alex Murphy es asignado a una nueva comisaría y, junto con su compañera Anne Lewis, persigue a una banda criminal liderada por Clarence Boddicker. Durante una emboscada, Murphy es brutalmente asesinado. Su cuerpo es usado por OCP para crear a Robocop, un cyborg programado con tres directrices: servir al interés público, proteger a los inocentes y hacer cumplir la ley. Sin embargo, hay una cuarta directriz secreta que le prohíbe actuar contra los altos ejecutivos de OCP, dejando en evidencia una estructura de impunidad.

Al principio, Robocop actúa como una máquina eficiente, sin recuerdos ni emociones humanas. Pero poco a poco, fragmentos de la memoria de Murphy emergen, llevándolo a cuestionar su identidad y rebelarse contra quienes lo controlan. Este proceso simboliza la recuperación de la conciencia y la resistencia ante un sistema que despoja a las personas de su humanidad en nombre de la eficiencia y el control.

Hoy, en Costa Rica, vemos lógicas similares. La propuesta de construir una megacárcel —como la que anunció el presidente Chaves en febrero de 2024 para una zona aún no definida, con capacidad para miles de personas privadas de libertad— apunta a una respuesta basada en la expansión del castigo, en lugar de atender las causas sociales que alimentan la criminalidad. Mientras tanto, las políticas sociales quedan subordinadas a enfoques asistencialistas o al discurso de que cada persona debe “emprender” y resolver su situación por sí misma, frente al abandono del Estado.

Esta visión ignora a las personas como sujetos de derechos y desatiende las vivencias que explican por qué se descompone el tejido social. En su lugar, se glorifican las estadísticas de represión como si fueran logros. Pero este tipo de políticas va erosionando la vida en común, y abren la puerta a aplicar “estados de excepción” —es decir, situaciones donde las autoridades pueden suspender derechos o aplicar medidas extraordinarias— contra cualquier persona que el poder considere prescindible.

Así, la seguridad deja de ser un derecho y se convierte en una herramienta para disciplinar. No solo busca disuadir delitos, sino inducir obediencia mediante el miedo y la fuerza física. Se normaliza el despojo de derechos en nombre del orden. La gran pregunta es: ¿cuál es el costo moral y social de esta deriva?

El daño más profundo es la pérdida de la experiencia humana como base de la política. Cuando dejamos de comprender, dialogar y construir soluciones colectivas, debilitamos también la capacidad de transformar las causas de la inseguridad, la desconfianza o la indiferencia.

La caída de esta “utopía” tecnológica en Robocop ocurre cuando el propio protagonista, recuperando la conciencia de Murphy, decide actuar contra el sistema. Comprende las contradicciones que genera una seguridad privatizada y solo, a través de su humanidad, puede imaginar otra forma de proteger. Una seguridad que devuelve al ser humano su lugar en las decisiones y cuestiona el privilegio en una sociedad privatizada.

La pregunta que nos deja esta historia no solo apunta al futuro, sino al presente: ¿qué tipo de seguridad estamos construyendo hoy? ¿Queremos una seguridad que administre el miedo o una que fortalezca la vida común desde la justicia, la memoria y el derecho a existir plenamente?

Si aspiramos a una sociedad más justa y segura, no basta con más policías o más cárceles. Necesitamos políticas que partan de la dignidad humana, que atiendan las causas profundas y que, como Robocop al recuperar su conciencia, se atrevan a romper con las lógicas que despojan lo humano en nombre del control.