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Etiqueta: memoria histórica

Nuestros invaluables “vagabundos” …

Jorge Mora Alfaro

Una de las cosas de las cuales me he sentido más orgulloso en mi vida es la de haber tenido una madre maestra. Con ella aprendimos la noble y agotadora tarea de la docencia y la indiscutible relevancia para nuestra sociedad, para las comunidades, las familias y las personas, de aquella labor de pioneras, constructoras de educación, cultura y democracia.

Doña Amalia Alfaro Solís, madre del autor de este texto.

En los años 30 del siglo pasado, mi mamá daba sus primeros pasos en su larga carrera de maestra. Esta, la inició en dos remotas (en ese tiempo), comunidades del cantón de San Ramón: Río Jesús y San José del Higuerón. La inexistencia de vías de comunicación y de medios de transporte motorizados, la obligaba a trasladarse a lomo de caballo, con dos de sus pequeños hijos, desde la ciudad de San Ramón hasta las localidades rurales, en donde impartió lecciones, y donde permanecía cinco días de la semana. Esos viajes en caballo no los hacía por “vagabundear”, constituían un significativo sacrificio, parte de sus ideales y el compromiso asumido con su país, con las comunidades demandantes de servicios educativos para lograr el crecimiento personal y ciudadano de sus poblaciones.

Posteriormente, se trasladó al cantón de Naranjo y fue docente en la Escuela República de Colombia, ubicada en el distrito central de ese cantón, hasta su jubilación. En ese tiempo, ya habiendo crecido la familia y siendo niños de más edad, reforzamos el respeto por nuestra mamá y admiramos, hasta el fin, el espíritu y voluntad con la cual combinaba su trabajo, prolongado por varias horas en la casa, con las demandas de la crianza de sus numerosos hijos e hijas.

Éramos conscientes, ella y su familia, de lo valioso de su trabajo. Así lo entendió también la comunidad y el país entero. Incluyendo a los gobernantes. Nunca podríamos concebir entonces a un gobernante profiriendo insultos o frases despectivas e hirientes a los educadores.

Cuando se presentaban desavenencias o conflictos, se abrían espacios para negociar y buscar acuerdos. Cuando algún mandatario sobrepasó los límites, reprimiendo o agrediendo a educadores manifestándose por sus derechos, recibió en el aislamiento y en las urnas, el drástico castigo de la ciudadanía.

Los costarricenses estamos orgullosos de nuestra educación pública, valoramos altamente su contribución al desarrollo científico, cultural, sanitario, ambiental, social e institucional del país, desde los primeros niveles hasta la educación superior. Por eso no soportamos que sean recortados sus presupuestos, se infravaloren sus aportes a la nación o se agreda de palabra o de hecho a los educadores y sus organizaciones.

Ni “vagabundos”, ni “sanguijuelas”; son hombres y mujeres comprometidos con el país, con la educación nacional y con la democracia. ¡Merecen todo nuestro respeto!

Maestros contra el autoritarismo y en defensa de las instituciones

Abelardo Morales Gamboa

El magisterio y los estudiantes costarricenses no solamente han contribuido a la formación educativa de la nación, sino que también han participado en momentos decisivos de defensa del sufragio, las libertades públicas y las instituciones democráticas.

Que la sociedad costarricense haya sido construida por maestros y no por soldados no debería reducirse a un mero lema patriótico ni a una evocación histórica. Tendría que formar parte de los principios que orientan la construcción y reconstrucción de una nación en tiempos distintos, complejos y desafiantes. La movilización de educadores de este miércoles 11 de noviembre de 2026 constituye una señal esperanzadora en esa dirección. Aunque tampoco podemos conformarnos con vivir de esperanzas.

Este día, el Magisterio Nacional se declaró en huelga en defensa de la educación pública y tomó la Avenida Segunda de San José. Sus demandas incluyen la asignación de los recursos que legalmente le corresponden, el reconocimiento y pago de los derechos salariales de maestros y profesores, así como el cumplimiento de las obligaciones del Estado con el fondo de pensiones del magisterio y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). No salieron a defender únicamente de reivindicaciones gremiales, sino a plantear exigencias vinculadas con la responsabilidad estatal de garantizar derechos fundamentales.

Esta movilización constituye, además, una legítima manifestación de resistencia frente a lo que cada día se muestra más claramente como un giro autoritario del Poder Ejecutivo y de la mayoría oficialista en la Asamblea Legislativa. Ambas instancias han impulsado una política de severos recortes a servicios públicos fundamentales, como la educación, la cultura, la salud y el bienestar social. Todo ello ocurre en medio de una preocupante incapacidad técnica y política para conducir las finanzas públicas, gestionar la economía y ofrecer garantías de desarrollo económico y social: el Ministerio de Hacienda ha sido incapaz de recaudar impuestos, el presidente del Banco Central ha alertado sobre los números rojos de las finanzas públicas y, diversas fuentes económicas, alertan sobre una inminente crisis. Mientras tanto, los ingresos de numerosos hogares se deterioran, el desempleo continúa amenazando a una fuerza laboral ya golpeada por la precariedad y la inseguridad se extiende bajo el peso del narcotráfico, el crimen organizado y la violencia cotidiana.

Los maestros son testigos directos de esas vicisitudes, no solo porque las padecen en carne propia sino porque les corresponde “darle contención a sus estudiantes y a las familias sometidas a ese asedio en sus condiciones de vida cada vez más deterioradas”, como se señalaba en uno de los discursos este día.

En contraste con esas debilidades, lo que parece mostrar mayor continuidad en la gestión gubernamental es un enjambre de opacas relaciones entre funcionarios, financistas de campaña y círculos empresariales cercanos al poder. Los cuestionamientos por presuntos negocios irregulares, heredados de la administración anterior, siguen proyectando sombras sobre la legitimidad política de la conducción del país. Aunque existe una presidencia formalmente en funciones, crece la impresión de que decisiones fundamentales responden a intereses de poderes fácticos que operan al margen de los mecanismos ordinarios de representación y control democrático.

En estas circunstancias, el regreso de los maestros a las calles permite recuperar una tradición histórica de luchas cívicas en defensa de las libertades públicas y las instituciones democráticas. Desde la movilización popular del 7 de noviembre de 1889 en defensa del sufragio, hasta las jornadas de junio de 1919 contra la dictadura de los hermanos Tinoco, la historia costarricense registra episodios decisivos de resistencia frente al autoritarismo. En estas últimas, maestras y estudiantes, especialmente del Colegio Superior de Señoritas y del Liceo de Costa Rica, desempeñaron un papel protagónico, con figuras como Carmen Lyra. Décadas después, las movilizaciones estudiantiles contra ALCOA, en abril de 1970, reafirmaron esa tradición de participación cívica en defensa de los intereses nacionales. Esa memoria adquiere particular significado en momentos en que las instituciones educativas y las organizaciones magisteriales enfrentan nuevas amenazas. Tampoco podemos ignorar que, desde las reformas neoliberales de mediados de la década de 1990 hasta las sucesivas restricciones legales al ejercicio de la huelga, las organizaciones magisteriales y sindicales han sido objeto de estrategias de debilitamiento impulsadas por sectores de las élites políticas y empresariales.

Hoy, las amenazas no se limitan a las condiciones laborales y de vida de los educadores. Alcanzan a las instituciones educativas, al papel de la enseñanza en el desarrollo nacional y a la propia capacidad de la sociedad para construir un futuro compartido. Por eso, quienes formamos parte del magisterio no podemos permanecer en silencio ni asumir una actitud pasiva frente al deterioro institucional. Menos aún, cuando una nueva alianza de intereses populistas y seudorreligiosos parece empeñada en desmantelar conquistas sociales e instituciones públicas para favorecer intereses particulares.

En esa lógica, el ejercicio del poder deja de estar orientado por un proyecto de país y se convierte en un instrumento para facilitar negocios, concentrar recursos y acumular riqueza en el menor tiempo posible. Las controversias alrededor del Banco Popular y de su conducción institucional alimentan las preocupaciones sobre el avance de esos intereses sobre entidades que históricamente han desempeñado una función social.

Por eso, la movilización de este 11 de noviembre puede representar mucho más que una jornada de protesta. Puede convertirse en un hito para la revitalización de los movimientos sociales, la cultura cívica y el compromiso de los educadores y de la ciudadanía con la defensa de las instituciones democráticas. La historia no se construye únicamente desde las cúpulas del poder. También se hace desde las aulas, las calles y la acción colectiva de quienes se niegan a renunciar a los derechos conquistados. El magisterio y los estudiantes costarricenses no solamente han contribuido a la formación educativa de la nación, sino que también han participado en momentos decisivos de defensa del sufragio, las libertades públicas y las instituciones democráticas.

La Costa Rica que fue construida por maestros y no por soldados necesita hoy que sus educadores vuelvan a enseñar, también desde las calles, que la democracia no se hereda como un patrimonio inagotable: se defiende, se ejerce y se reconstruye cada día.

Más allá de las palabras. Tercera parte: regresaron a sus tumbas

Rafael A. Ugalde Quirós
Periodista
Miembro del Círculo Bolivariano de Solidaridad Yamileth López

Como corolario de la serie Más allá de las palabras, esta tercera y última entrega deja planteada una paradoja absurda para tantos costarricenses —consagrados durante años a defender una ciudadanía hueca frente a un globalismo avasallador—: en menos de medio siglo, ese modelo ha dejado al pueblo casi sin sus organizaciones y menos articulación activa. La gran incógnita permanece: ¿qué harían Juan Rafael Mora Porras y José María Cañas si vieran bandas multicolores, bastoneras y discursos de todo tipo celebrando, en Puntarenas, la magnitud de sus propias tragedias?

Aquellas muertes no solo extinguieron las vidas de los líderes de la Campaña Nacional —quienes ya nos advertían sobre la capacidad del filibustero para mimetizarse—, sino que sellaron con sangre un compromiso fundacional. A 166 años de aquel crimen perpetrado bajo la sombra de un árbol de Jobo en el barrio El Carmen, el legado de Mora y Cañas adquiere una relevancia crítica impostergable, especialmente en una nación donde cada vez más personas se sienten extraños en su propia tierra.

“Voy a honrar una deuda que los costarricenses tenemos con Juanito Mora”, dijo en Puntarenas la presidenta Laura Fernández Delgado, el pasado 30 de septiembre, luego de finalizar el Consejo de Gobierno en ocasión de los 166 años del asesinato del exjefe de Estado y su cuñado, el general José María Cañas, este último, pasado por las armas el 2 de octubre de 1860, durante el gobierno de su concuño José María Montealegre Fernández.

Ella llegó al Puerto ese día con una fuerza contenida, pero con el firme propósito de hacer justicia. Al encontrarse frente a sus ministros, diputados y gente humilde que ya no busca liderazgos de ayer, esta esparzana —criada bajo la sombra del histórico Barón de San Rafael— encontró de inmediato la “comba al palo” y decretó banderas ondeando a media asta y un funeral de Estado para honrar la memoria de Mora Porras y Juan Mora Fernández.

Se trató más bien de honores para el general José Joaquín Mora Porras, quien cumplió importantes tareas echando a los filibusteros durante la Campaña Nacional en 1856. Él, su hermano Juan Rafael y el general Cañas fueron desterrados a El Salvador, tras el golpe de Estado dado por la cúpula cafetalera el 14 de agosto de 1859.

Los tres regresaron en 1860 y encabezaron la frustrada intentona para recuperar el poder desde Puntarenas. A José Joaquín le perdonan la vida, regresa al destierro y muere en El Salvador el 17 de diciembre de 1860.

En 1870 sus restos mortales fueron trasladados al Cementerio General y desde 1954 se guardan en el mausoleo de la familia González Herrán, que corresponde a la bóveda 8, en la sección exterior este, del expresidente Cleto González Víquez. Juan Mora Fernández ejerció como primer jefe de Estado entre 1824 y 1833.

Ese día la presidenta anunció además de obras de infraestructura, como la reactivación del servicio de tren – el último pitazo desde Puntarenas se registró el 27 de junio de 1995 –, pagos de subsidios para el sector pesquero afectado por vedas, se deslindó de lo que llamó “consorcios económicos” y a los gritos afuera contra la “dictadura”, advirtió, según ella, sobre el peligro de tener gobernantes impuestos por sectores de poder.

El diario La Nación – 80 años presente en las causas conservadoras -se hizo eco ese día de los enfrentamientos verbales entre simpatizantes del gobierno y jóvenes que, el periódico identificó como de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR).

Pintura al óleo sobre «Ejecución de Juan Rafael Mora Porras en Puntarenas», de Carlos Aguilar Durán, en Museo Histórico Cultural Juan Santamaría.

La gobernante hizo asimismo votos a favor de la democracia reseñando las excelentes relaciones entre su gobierno y los Estados Unidos. Desmintió que Washington había suspendido la visa a su ministro Rodrigo Chaves, como “bolo” político echado a rodar por sus opositores.

Desde estas perspectivas y de cómo se desarrollaron los acontecimientos durante el “mes de la patria”, primero deja de salir el sol antes de que San José pregunte si es posible votar contra el bloqueo comercial, financiero y energético impuesto a Cuba, en la Asamblea General de la ONU el 27 y 28 de octubre.

Eso sucede a los médicos, investigadores, maestros, choferes, agricultores y obreros cubanos por ser tan “comunistas” y desobedecer a Washington, como argumentaría alguien sin sentido.

Este esquema tiene años de vigencia, solo que ahora está en plena marcha y perfeccionamiento, a partir del invento de los nuevos enemigos de la democracia, la paz y la institucionalidad de los Estados en la región.

Una visión completa la dio recientemente solo quien conoce nuestros entresijos. El fiscal general, Carlo Díaz, aseguró que la coordinación que se mantiene con la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos es prácticamente diaria, al punto de bromear con que se siente “como un funcionario más” de esa agencia.

Díaz hizo la afirmación en el podcast “El Bien y El Mal” de Grupo Extra al explicar las razones por las que creía debía seguir al frente del Ministerio Público por un nuevo periodo de cuatro años.

Esto va más allá del compromiso con la democracia, los muertos que ya nos deja a diario la guerra contra las drogas y el enfrentamiento al terrorismo, bajo un amplio marco para que a futuro encaje cualquier manifestación, conforme cobre fuerza y termine consolidándose en los estrados judiciales y el legislativo el llamado Derecho Penal de autor. Entonces, en la aldea empobrecida, jóvenes desempleados y gente marginada, todos necesitaremos que nos cuiden.

Laura Fernández Delgado a (5G) el alineamiento del país con la estrategia de seguridad tecnológica de EUA derivó en restricciones a proveedores de redes que no fuesen firmantes del Convenio de Budapest (afectando directamente a empresas de China). Pese a fricciones iniciales, los principales partidos de oposición han respaldado la incorporación del país a la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas (APEP) impulsada por Washington. Un ejemplo más de las coincidencias de fondo entre los grupos que juegan a la oposición y los que hacen de gobierno de turno.

El sostenido desarrollo de semiconductores posicionó los acuerdos bilaterales y a Costa Rica

como un centro neurálgico regional de manufactura avanzada tecnológica, facilitando incentivos de inversión de grandes corporaciones estadounidenses (como Intel).

Resumen con ayuda de la IA de la relación EUA – CRC en la última década:

Eje del Acuerdo

Rol del Ejecutivo

Rol de la Oposición (Asamblea)

Impacto Institucional

Seguridad Ciudadana

Negociación y firma de protocolos ministeriales (INL, DEA, FBI).

Autorización de atraques de buques y dotación presupuestaria complementaria.

Récord en incautaciones de droga y fortalecimiento de la vigilancia costera.

Control Migratorio

Cooperación diplomática y adopción de la Declaración de Los Ángeles.

Control político para garantizar resguardo y DD.HH. según óptica de EUA.

Recepción regulada de tránsito y asistencia financiera estadounidense vía OIM.

Tecnología y Comercio

Decretos regulatorios para redes 5G y postulaciones comerciales internacionales.

Aprobación de leyes de incentivos para la atracción de inversionistas globales.

Consolidación de Costa Rica como proveedor prioritario de microchips para EUA.

En conclusión, aunque la última década ha experimentado transiciones entre distintas administraciones en el Poder Ejecutivo, la relación estratégica con los Estados Unidos ha mantenido un consenso invariable donde la oposición ha priorizado los acuerdos en seguridad hemisférica y dinamismo tecnológico sobre las disputas político-partidarias locales.

El hombre de barba miró el pecho de su camisa. El agujero de bala estaba mal hecho. Miró al compañero a su lado. El otro hombre tenía el mismo agujero en la tela, pero no dijo nada. Tenía los ojos fijos en la multitud. Buscaba caras. Sí, caras. Los conocía a todos. Buscaba a los Blanco, a los Salazar, a los Montealegre, a los Fernández, a los Aguilar, a los Lorente, a los Yglesias. Buscaba a los nietos y tataranietos de quienes los habían matado.

Alguien ordenó poner un torniquete a las tamboras. A las liras metálicas algún travieso robó sus 27 notas. El hombre sin barba miró a su amigo. Lo miró como un hijo mira a su padre.

—No han cambiado —dijo. Su voz se oyó perfectamente.

No había rencor en sus palabras. Hizo una seña militar con cinco dedos:

—Por el flanco izquierdo. Para protegernos entre el paso de la Angostura y la playa.

Caminaron hacia el este de Puntarenas. Iban a la Ciudad de las Tumbas.

Laura se viste con ropas ajenas

José Luis Amador

Muy lindos los discursos de la señora presidenta en Europa. Se ha vestido con las mejores ropas de la historia de Costa Rica, pero no le sienta bien ni le luce, porque son ropas ajenas. Son ropas tomadas de la historia de nuestro país, esa historia que su partido desconoce y contradice.

Habla de las energías limpias a pesar del intento por demoler el Instituto Costarricense de Electricidad que ha recibido el impacto de este y otros gobiernos que ya no creen en el proyecto valiente que lo echó a andar. Habla de una solidaridad social cuando ni los rubros sociales ni la gente han sido prioridad de este gobierno, sino que por el contrario los presupuestos sociales en salud, educación, pensiones y otros han sido asfixiados.

Habla de la defensa del ambiente, cuando sabemos que esta defensa se sostiene muy a pesar del ideario chavista. Habla de empleos dignos cuando sabemos lo que pasa con el agricultor, el ganadero y otros.

Esta Costa Rica que Laura Fernández Delgado está exhibiendo en Europa es la misma Costa Rica que han pretendido olvidar y que nos han dicho que no existe. Es la Costa Rica que han pretendido presentar como una fantasía y como una dictadura de 70 años. Claro que había que hacerle ajustes y correcciones urgentes, porque algunos ya la venían destruyendo. Pero no son Rodrigo Chaves ni Laura Fernández quienes están remozando la Costa Rica que nos heredaron los abuelos.

Se han puesto las ropas de nuestra Costa Rica excepcional y no les lucen ni les quedan bien porque son ropas usurpadas a la historia.

Se están vistiendo con ropas robadas a una Costa Rica en la que no creen.

La plaza sin don Pepe

Roger Ríos Duarte

El viernes 6 de noviembre, poco después de las ocho de la mañana, una cuadrilla de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz sujetó con una grúa la figura de bronce de José Figueres Ferrer, la envolvió en plástico y la bajó de su pedestal en la plaza que desde 2016 se llama, en su rótulo oficial, Plaza de la Democracia y de la Abolición del Ejército. Con ella salieron las demás piezas del conjunto «La abolición del Ejército», obra de la escultora Marisel Jiménez, de modo que lo que se retiró ese viernes fue la abolición del ejército de la Plaza de la Abolición del Ejército. El ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, que fiscalizó personalmente la maniobra, explicó que las esculturas quedarían resguardadas para su restauración y que no volverían a la plaza hasta que se garantizara que no serían objeto de nuevos actos de vandalismo. No dijo cuándo. Así lo informó La Nación y así lo confirmaron, con pocas variantes, AmeliaRueda.com y El Observador.

Los hechos que precedieron el retiro están igualmente documentados. Durante las manifestaciones de las últimas semanas en defensa del presupuesto de la educación pública, el monumento recibió pintura, grafitis y rayones; el Museo Nacional calculó que las pintadas cubrieron el noventa por ciento de la base y alcanzaron tres esferas precolombinas, y presentó una nueva denuncia penal ante el OIJ y la Fiscalía por lo ocurrido en la madrugada del 2 de noviembre, cuando, según las fotografías que circularon, varias personas encapuchadas rayaron las figuras mientras los estudiantes acampaban en la plaza. Los estudiantes negaron cualquier relación con el hecho: la presidenta de la Federación de Estudiantes de la UNED relató a CRHoy que cuatro encapuchados vestidos de negro llegaron hacia la una de la mañana, ajenos al movimiento, y que fueron ellos quienes rayaron el bronce. Quiénes eran lo dirá, si avanza, la investigación judicial; lo que esta columna puede examinar es lo que vino después, porque del grafiti al retiro del monumento mediaron apenas cuatro días, y entre un daño reparable y la desaparición indefinida de un símbolo del espacio público hay muchas decisiones posibles que el Gobierno no tomó.

Al ministro le asiste el argumento de cualquier administración responsable del patrimonio: una obra dañada se protege, se restaura y se devuelve en condiciones. Nadie discute la restauración. Lo que se discute es que la devolución quede sin fecha y condicionada a una garantía que ningún espacio público puede ofrecer, porque toda plaza es, por definición, el lugar donde un país se manifiesta y a veces se desborda. Si el criterio fuera que un monumento regresa solo cuando esté a salvo de la protesta, entonces lo que se está diciendo, sin decirlo, es que la Plaza de la Democracia no es lugar para don Pepe mientras haya democracia en la plaza.

Que ese retiro sea un episodio político y no administrativo se entiende al mirar la cadena de la que forma parte. En agosto de 2024, durante la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior, el entonces presidente Rodrigo Chaves llamó a las universidades públicas «mentirosos, berrinchosos y sin madurez emocional»; el Gobierno se mantuvo en un aumento del uno por ciento que los rectores consideraron inconstitucional y la negociación se rompió. En setiembre de 2025, a propósito de la distribución del FEES 2026, dijo que la UCR «se fue y se puñaleó las reservas de Conare». En marzo de 2026 calificó de «vaca sagrada» al rector de la UCR, sostuvo que con un año de FEES podrían darse 64.000 bonos de vivienda y construirse 1.700 kilómetros de carreteras, afirmó que esa universidad «se lleva la tajada de león» y pidió a los demás rectores «ahombrarse» frente a ella. Y en abril de 2026, ya en la transición, el Ejecutivo se levantó de la mesa del FEES 2027 alegando «demandas irracionales y abusivas», después de condicionar cualquier aumento a recortes de entre un veinte y un treinta por ciento para la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica. El campamento estudiantil del 2 de noviembre en la Plaza de la Democracia es la continuación directa de esa secuencia, y el monumento que salió de la plaza salió en medio de un conflicto que el propio Gobierno llevaba dos años alimentando.

Lo notable de esa retórica, visto desde la sociología, es que no es solo presupuestaria sino de clase. Chaves no ha discutido con las universidades el valor de la investigación ni la cobertura de la educación superior; ha hablado de «la casta alta de la universidad», de los almuerzos del rector y de los docentes interinos a los que, según él, no se les paga ni se les da estabilidad para que los de arriba conserven sus lujos. Es la operación clásica del populismo de derecha: tomar una institución pública y presentarla como el privilegio de una élite, de modo que atacarla parezca un acto de justicia popular y no lo que es, un desmontaje. Y es exactamente la misma operación que se ejecuta cuando un símbolo de la Segunda República sale de la plaza bajo la justificación de protegerlo de la gente.

Las universidades no han sido el único contrapeso tratado así. El 25 de julio de 2026, en el Consejo de Gobierno celebrado en Nicoya por el aniversario de la Anexión, y en medio del debate por el recorte al presupuesto del Poder Judicial, el ministro Chaves preguntó al público: «¿Les da miedo la dictadura? ¿Les da miedo que cierre el Poder Judicial?», parte de los asistentes le contestó que no, y él atribuyó a la oposición y al propio Poder Judicial la intención de «meterle miedo» a los costarricenses. La Nación lo llevó a su editorial y la Universidad de Costa Rica emitió un pronunciamiento. Puestos en fila, los tres episodios dibujan una figura: las universidades, los tribunales y la plaza son los tres lugares donde la Segunda República guardó su saber, su ley y su memoria, los cuerpos intermedios de los que me ocupé en «Los amortiguadores de la República», y los tres han recibido, en poco más de dos años, el mismo tratamiento: no la abolición, que sería visible, sino el vaciamiento por dentro con formas legales, que es la manera en que las repúblicas pierden sus amortiguadores sin que nadie firme un decreto.

Aquí entra la parte de esta historia que ningún novelista se atrevería a inventar. Rodrigo Chaves, que gobernó entre 2022 y 2026, es hoy ministro de la Presidencia y de Hacienda del Gobierno de Laura Fernández, con la coordinación del gabinete económico, en un nombramiento que, según recordó el historiador Vladimir de la Cruz, no tiene precedente desde la fundación de la Segunda República. Y ese ministro es, en sus propias palabras, «el hijo del guardaespaldas y chofer de don Pepe». No es una atribución de sus adversarios: así lo consigna la página oficial de la Presidencia, que registra que su padre, Rodrigo Chaves Arguedas, ejerció ambas ocupaciones junto a José Figueres Ferrer en las décadas de 1940 y 1950. En el debate de Repretel del 1 de abril de 2022, a dos días de la segunda ronda, Chaves le reprochó a José María Figueres mentir sobre quién había arriesgado la vida por su padre, nombró a Víctor Protti, al Ñato Ortiz, a Osvaldo D’Ambrosio y a Rodrigo Chaves como los hombres que «jugaron su vida por defender a don Pepe», y remató diciéndole que el apellido Figueres le había quedado grande.

No hace falta especular sobre lo que siente el ministro para registrar lo que hace el gabinete al que pertenece. El hijo del hombre que ponía el pecho por Figueres preside el gabinete que descuelga a Figueres de la plaza, y lo hace mientras ese mismo gabinete disputa a las universidades públicas, que son la otra gran herencia institucional de 1948, su financiamiento y su autonomía. Que el partido fundado por don Pepe fuera durante años el empleador de su padre, y que el hijo haya construido su carrera política contra ese partido, contra los Arias y contra la institucionalidad que su padre custodiaba, no es psicología sino biografía política, y como tal se puede escribir sin adjetivos. La Costa Rica de la abolición del ejército, del ICE y de la Caja fue también la Costa Rica que les dio trabajo a los guardaespaldas y a los choferes; esa es la paradoja que el bronce envuelto en plástico pone en escena.

Tampoco cabe la tentación contraria. Las esculturas no fueron destruidas, el Gobierno no ha dicho que no vuelvan y el jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez, que calificó la decisión de «manual de dictador», tiene tanto interés partidario en el símbolo como el oficialismo en retirarlo. Figueres fue un hombre de luces y de sombras, y la Segunda República no fue el paraíso que la liturgia liberacionista recita cada 8 de mayo; una columna seria no debe convertir una estatua en un santo. Pero hay una diferencia entre discutir el legado de un fundador en el espacio público y sustraer el fundador del espacio público para que no se lo discuta, y los gobiernos que gobiernan por sustracción de símbolos rara vez se detienen en el primero.

Porque eso es lo que está pasando, más allá de una plaza y de un bronce. Un gobierno que se presenta como socialdemócrata y gobierna desde la derecha, que concentra en un solo ministro la Presidencia y la Hacienda, que ha convertido la confrontación con las universidades en política de Estado, que pregunta a una plaza si le teme a la dictadura y que ahora retira sin plazo el monumento al hombre que abolió el ejército, está redefiniendo, pieza por pieza, qué cosas del país de 1948 siguen siendo de todos y cuáles pasan a ser del Gobierno. Del rótulo de la plaza ha salido ya, en bronce, la segunda mitad; queda la primera, la democracia, que es precisamente la palabra por la que el ministro preguntó en Nicoya. No sería extraño, en la lógica de lo que llevamos visto, que el nombre fuera lo siguiente, y la paradoja de un gobierno que llegó al poder por la vía democrática y parece incómodo con la palabra no la resuelve ninguna restauración.

Quienes nacieron en los años treinta, en la San José del tranvía y de las fábricas de barrio, vieron fundarse de muchachos el país que ese monumento conmemora; sus hijos lo heredamos como un dato de la naturaleza, y sus nietos lo están viendo desmontar como si fuera un adorno. La memoria institucional de un país no se protege envolviéndola en plástico, se protege dejándola en la plaza, expuesta a la pintura y a la discusión, que es lo que hace a una república y no a un museo.

Las verdades y mentiras en la memoria de 1948: Aclaraciones a la historia oficial, contra la exclusión histórica

Por: Lenin Chacón Vargas

El libro La Junta Fundadora de la Segunda República: Actas 1948-1949, compilado y presentado por mi amigo, el historiador Vladimir de la Cruz de Lemus, no solo reúne las actas del «gobierno de facto que gobernó como dictadura» —en palabras del propio Vladimir—, sino que nos ofrece proclamas, artículos y ensayos de diferentes autores sobre los acontecimientos alrededor de la guerra civil y otros aspectos de la vida y obra de José Figueres Ferrer exaltando la versión de los vencedores. La obra tiene la virtud de inducirnos a investigar aún más ese período tan controvertido; sin embargo, no aporta nada nuevo a la narrativa que ya conocemos: la historia oficial. Con esto, la historia de los vencidos se posterga una vez más y se blinda la historia oficial.

En estas páginas se exacerba y se exalta como una obra revolucionaria de Figueres lo que fue el proyecto de la Segunda República. Obra que debe someterse a estudio crítico. Se olvida que esta surgió, primero, de un fraude electoral perpetrado por la oposición de Figueres y Ulate en las elecciones de febrero de 1948; y segundo, de un levantamiento armado sedicioso, nutrido por militares mercenarios de Centroamérica y el Caribe, con armas modernas traídas desde Guatemala. Fue una guerra que José Figueres preparó minuciosamente desde su exilio en México. Para abonar el terreno, y según sus propias narraciones en el libro “El Espíritu del 48”, Figueres desarrolló campañas de rumores contra el gobierno constitucional de Teodoro Picado para infundir miedo en la población. Además, organizó a sus «muchachos» —como los llama en su libro— para ejecutar actos terroristas, como las bombas en el diario La Tribuna y en el auto de Manuel Mora Valverde; acciones de las que, paradójicamente, se vanagloria la historia oficial.

Una verdadera reconciliación nacional exige la historia completa. Hace falta reivindicar a los muertos de las fosas comunes, a los torturados y a los asesinados, a los desaparecidos, hacer justicia a los mártires del Codo del Diablo, la represión política durante los dieciocho meses del gobierno cívico-militar, y de la represión política de la posguerra de 1948 a 1958. (Notas 1 y 2 al pie de página).

Es imperativo reivindicar a todas y todos los comunistas encarcelados y sometidos a los Tribunales de Probidad; procesos de persecución inmediata que buscaban delitos que jamás encontraron. Su único «delito» fue pertenecer al Partido Vanguardia Popular (comunistas costarricenses). Eso, y acaso las gallinas que Carlos Luis Fallas permitió sacar de un patio ajeno para alimentar a su tropa de tres mil milicianos en los alrededores de Cartago. El mismo «Calufa» que intervino directamente para impedir que unos soldados del gobierno fusilaran a varios combatientes del Ejército de Liberación Nacional, entre los que estaba Ortuño Sobrado, un gesto que este último siempre le agradeció.

Estas son apenas palabras introductorias, porque la historia de la gestación y las consecuencias de la guerra civil es larga y cruel. No podemos continuar exaltando la historia oficial en procura de exonerar de responsabilidades a quienes fueron y siguen siendo los legítimos responsables: el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno cívico-militar presidido por José Figueres, quien «gobernó como dictador». Hace falta la historia completa por la memoria y por la justicia.

Mientras tanto, el debate en torno a los acontecimientos de la guerra civil de 1948 en Costa Rica sigue secuestrado por una narrativa oficial que prefiere la comodidad del mito antes que el rigor de los documentos. Recientemente, mi amigo, el historiador Vladimir de la Cruz, ha sostenido afirmaciones basadas únicamente en lo que el presbítero Benjamín Núñez le relató de palabra: que él, José Figueres y Francisco Orlich supuestamente votaron en contra o no estuvieron de acuerdo con ilegalizar a los comunistas. Interpreto estas tesis como especulaciones carentes de un solo documento que las respalde. Todo lo contrario: el documento que existe como acta, donde se aprueba el Decreto 105 para ilegalizar al Partido Vanguardia Popular y a los sindicatos, y para perseguir a sindicalistas y comunistas, se encuentra en el Archivo Nacional con las firmas de José Figueres y sus ministros. Ahí no se consigna quién votó a favor o en contra; la realidad es que todos aprobaron el decreto.

La realidad histórica demuestra que el padre Núñez incurrió de forma sistemática en contradicciones, diciendo y desdiciéndose sobre los acuerdos que pusieron fin al conflicto armado. Las pruebas de esta ambigüedad son múltiples. En el libro del historiador Óscar Aguilar Bulgarelli, Núñez declaró abiertamente que sí hubo negociaciones y acuerdos con Manuel Mora Valverde para concertar el Pacto de Ochomogo. Es más, en un conocido documental de 1983, el propio José Figueres Ferrer y Benjamín Núñez recrearon frente a las cámaras los detalles de aquel encuentro, validando la legitimidad y los términos del pacto.

Sin embargo, la memoria oficialista comenzó a cambiar por conveniencia poco después. En 1986, en las páginas del diario Primera Plana, el coautor que auxilió a Núñez en la redacción de El Espíritu del 48 salió en su defensa alegando que la carta de compromiso firmada por el sacerdote —y esgrimida por Manuel Mora— era un documento «apócrifo». La réplica de Manuel no se hizo esperar: mediante una carta pública en el semanario Libertad en diciembre de 1986, detalló con rigor y precisión la verdad histórica del acuerdo de Ochomogo y la autenticidad de la firma que Núñez le entregó en la Embajada de México el 19 de abril de 1948. Cabe destacar que dicha carta original fue recuperada recientemente de los archivos resguardados en la Biblioteca Vicente Lombardo Toledano en México y publicada por el investigador Germán Chacón, sepultando cualquier duda sobre su existencia.

Ante la contundente réplica de Manuel Mora, Núñez y su entorno guardaron un silencio sepulcral durante un mes. Acto seguido, en 1987, publicaron el libro El Espíritu del 48. En dicha obra, Núñez y Figueres ejecutaron un malabarismo histórico inadmisible: afirmaron categóricamente que no existió ningún documento o carta suscrita por el presbítero para detener la guerra, desconociendo deliberadamente el Pacto de Ochomogo. Una flagrante contradicción, puesto que las firmas constan de forma irrefutable en los documentos que detuvieron el avance del conflicto.

No conformes con alterar los hechos, pretendieron manchar la dignidad y la honestidad política de Manuel Mora. Lo tildaron de mentiroso, acusándolo de urdir una «triquiñuela política» para engañar a la dirección de su propio partido. La mala fe de esta operación histórica quedó en evidencia cuando, tras salir de la imprenta, Núñez y su coautor obsequiaron un ejemplar a Arnoldo Ferreto. El objetivo era evidente: sembrar cizaña en un momento en que la izquierda costarricense sufría profundas divisiones internas. Ferreto, quien acababa de terminar su libro Gestación de la guerra civil de 1948 y sus consecuencias, se vio arrastrado por este testimonio falseado y añadió un epílogo cargado de diatribas hacia la figura de Manuel.

Aunque Mora Valverde realizó múltiples denuncias públicas y emplazó directamente a Figueres entre las décadas de 1950 y 1960, el caudillo liberacionista optó siempre por callar. Lo mismo ocurrió en agosto de 1969, cuando se discutía en el Parlamento si permitían o no la legalidad del Partido Bloque de Obreros, Campesinos e Intelectuales, y si aplicaban o no el artículo 98 de la Constitución Política. En una carta pública dirigida a José Figueres —entonces candidato presidencial del PLN— para que cumpliera «el pacto de Ochomogo», el líder optó por el silencio. Al Bloque le aplicaron la guillotina política: el artículo 98. Creer ciegamente en la memoria selectiva de Núñez es un favor inmerecido que la documentación histórica desmiente con absoluta rotundidad.

Esta política de exclusión e inmunidad para la versión de los vencedores se extiende hasta nuestras instituciones editoriales estatales. Es imperativo denunciar la mutilación histórica operada por la Editorial de la Universidad Estatal a Distancia (EUNED). En las ediciones de los años 2006 y 2011 de la célebre Cartilla Histórica de Ricardo Fernández Guardia, se eliminaron deliberadamente doce páginas del texto original. En esos folios, el insigne historiador detallaba pasajes clave sobre la finalización de la guerra y la instauración de la Junta de Gobierno; verdades incómodas que no resultaban del agrado de Alberto Cañas ni, por supuesto, de Benjamín Núñez.

Resulta una paradoja vergonzosa que, a pesar de las constantes denuncias de este atropello cultural, ningún director ni presidente de la editorial se haya atrevido a hacer justicia a la memoria de don Ricardo Fernández Guardia. El libro se sigue comercializando mutilado con total impunidad. ¿Acaso la censura y la exclusión de la historia real sobre el 48 no importan? Claro que importan, y pesan de forma alarmante cuando estas visiones pretenden ser legitimadas sin que ningún director de la EUNED ni los historiadores contemporáneos muevan un dedo para enmendar semejante distorsión.

El mismo sesgo se evidencia cuando Vladimir afirma —nuevamente sin un soporte documental— que los líderes José Figueres, Francisco Orlich y Benjamín Núñez, no votaron a favor de la ilegalización de los comunistas. Los documentos y la realidad de su actuar como miembros del gobierno cívico militar, dicen otra cosa. La verdad tangible es que durante 27 años se mutilaron las libertades republicanas, se restringió la libertad y el derecho al sufragio, y los comunistas fuimos perseguidos políticamente. Esa dirigencia jamás movió un dedo para impedir que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) aplicara el infame artículo 98 constitucional entre 1953 y 1969.

Es más, durante la segunda presidencia de José Figueres Ferrer (1970-1974), la inacción fue total. Lejos de buscar la reconciliación democrática, Figueres procedió a archivar el dictamen de mayoría de diciembre de 1970 que buscaba reformar el artículo 98; un proyecto de ley que había sido propuesto y redactado por Manuel Mora para devolver la legalidad electoral a las fuerzas de izquierda. Estos hechos no pertenecen al terreno de la especulación oral; están completamente respaldados por las actas y documentos del país.

Seguiré escribiendo y rescatando las fuentes primarias y testimonios de los vencidos para hacer estricta justicia histórica a los comunistas costarricenses y a su papel destacado para poner fin a la guerra civil. Debo recordar, sobre todo, el valor y la hidalguía de Manuel Mora Valverde al subir en horas de la noche del 17 de abril de 1948 al Alto de Ochomogo, acompañado con Carlos Luis Fallas a encontrarse con Figueres en busca de un acuerdo para ponerle fin a la conflagración; lográndose así el Pacto de Ochomogo que dio origen a las cartas firmadas por Benjamín Núñez y al pliego de garantías del Ejército de Liberación Nacional al Partido Vanguardia Popular. Esos documentos y firmas pusieron fin a la guerra y evitaron miles de muertos. La historia patria no se puede seguir construyendo sobre señores a los que hoy se les reivindica como si se tratara de un acto para exonerarlos de la responsabilidad por las consecuencias de aquellos actos antidemocráticos ejecutados por decretos.

Una acomodada y excluyente narración de historia influida por el subjetivismo que hace a un lado relatar hechos tal como ocurrieron realmente, da pie para convertir la simple palabra de los vencedores en dogma o sus leyendas escritas en verdad, o la falsificación misma de una verdad creada para justificar una guerra innecesaria, carece enteramente de validez científica y moral. La verdad histórica de Costa Rica, sobre todo las verdades que hirieron profundamente a los costarricenses víctimas y protagonistas de la guerra se defienden con documentos, o acontecimientos debidamente verificados. Exonerar a los responsables de la guerra y de sus consecuencias inhumanas y antidemocráticas debe ser sometido a crítica.

Conclusión:

Existe abundante investigación, libros, tesis de historiadores contemporáneos sobre gestación de la guerra civil de 1948 y sus consecuencias en la vida civil, democrática institucional, las libertades republicanas y la vida política nacional para que se hagan nuevos esfuerzos a fin de que: el fraude electoral de 1948, el levantamiento armado sedicioso, la traída de mercenarios militares extranjeros para ejecutar el golpe de Estado al presidente constitucional don Teodoro Picado y, posteriormente, a don Otilio Ulate, así como la disolución del Congreso, del Poder Judicial y de los consejos municipales, de un Gobierno de facto que gobernó como dictadura son hechos que deben someterse a una revisión crítica impostergable para otorgarles, finalmente, el lugar que verdaderamente les corresponde en la historia nacional.

Lenin Chacón Vargas
Desde Porrosatí, la montaña huetar en Heredia, donde fue maestra Carmen Lyra y le dimos el último adiós a Manuel Mora Valverde.

1 de noviembre de 2026.

Notas:
1. Violencia política contra los Comunistas tras la guerra civil en Costa Rica (1948 – 1949) Silvia Elena Molina Vargas, máster en Historia. 2018.
2. En el fondo el olvido es un gran simulacro: violencia política en la posguerra costarricense (1948 – 1958). Alexia Ugalde Quesada, máster en Historia. 2017.

Semana de los Estudios Sociales en Sede de Occidente UCR combinó reflexión académica, investigación y convivencia universitaria

Por: Zeanny Morales Bejarano
Docente, Sección de Historia y Geografía
Sede de Occidente, Universidad de Costa Rica

Conversatorios, conferencias, presentaciones de libros, exhibiciones estudiantiles y actividades recreativas formaron parte de la programación desarrollada del 26 al 30 de octubre en la Sede de Occidente.

La reflexión sobre la educación, el análisis histórico y la investigación fueron algunos de los temas que marcaron la Semana de los Estudios Sociales 2026, organizada por la carrera de Estudios Sociales y Educación Cívica de la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Durante cinco días, estudiantes, docentes, personas egresadas y público interesado participaron en una variada programación que incluyó conversatorios, conferencias, presentaciones de libros, exhibiciones académicas, cine foro y espacios de convivencia.

Educación, historia y desafíos de la práctica docente

La jornada inaugural, el lunes 26 de octubre, inició con el conversatorio «¿Aulas neutras o mentes críticas?», en el que la Dra. Jéssica Ramírez Achoy, de la Universidad Nacional (UNA); el M. Sc. Yeimer Ramos Torres, del Ministerio de Educación Pública (MEP), y la M. Sc. Evelyn Siles García, de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), analizaron los desafíos de educar entre la política y la normativa en Costa Rica. 

Ese mismo día, el M. Sc. Jorge Marchena Sanabria, docente de la Sede de Occidente e investigador del CIICLA de la UCR, presentó su libro Cultura y formación de la élite del poder en Costa Rica. La familia Montealegre: ¿auge y caída de una facción de la «oligarquía cafetalera»? La presentación estuvo a cargo de la M. Sc. Estefany Rodríguez Acuña.

La jornada concluyó con un conversatorio virtual sobre la aplicación de la Ley 9999 y la Ley de Justicia Penal Juvenil. Eduardo Barrantes compartió con estudiantes y personas egresadas un espacio de diálogo sobre la importancia de estas normativas en el sistema educativo costarricense y los retos que implica su aplicación en el ejercicio docente.

El martes 27, la investigación estudiantil tomó protagonismo. Estudiantes del curso de Historia Moderna compartieron sus investigaciones sobre cultura y creación mediante una exhibición instalada frente a la Biblioteca Arturo Agüero Chaves. Con caracterizaciones propias de la época, las personas estudiantes recibieron a jóvenes de distintos niveles de secundaria, quienes tuvieron la oportunidad de acercarse a los contenidos históricos de una manera dinámica. La actividad también permitió al futuro personal docente poner en práctica sus habilidades de comunicación y mediación pedagógica. Valentina Gutiérrez, estudiante de la carrera, señaló estar muy agradecida y muy feliz por haber tenido la oportunidad de socializar los resultados de la investigación de su grupo con el público.

La programación se trasladó al Museo Regional de San Ramón con la conferencia «Tomados de la mano en la mesa: breve repaso por la vida de Ofelia Corrales Jiménez», impartida por el historiador M. Sc. Pablo Barquero Morice, de la Sede de Occidente. A partir de la vida de esta reconocida médium costarricense de principios del siglo XX, el expositor abordó la historia del espiritismo, las prácticas asociadas con las sesiones espiritistas y los estudios científicos realizados sobre las médiums durante esa época.

Memoria histórica y reflexión sobre la realidad internacional

El jueves 29 de octubre, Miguel Regueyra Edelman, docente pensionado de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la UCR, impartió una conferencia sobre el caso de Viviana Gallardo, su contexto histórico y el tratamiento que recibió en la prensa. Durante la exposición, el conferencista planteó una interpretación alternativa del caso y sus repercusiones. El intercambio con el público permitió profundizar en los acontecimientos y reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación en la construcción de la memoria histórica.

Por su parte, el viernes 30 de octubre, la Semana cerró con la proyección del documental From Ground Zero, en el Mini Auditorio de la Sede de Occidente, con la participación de Wajiha Sasa, cónsul honoraria de Palestina en Costa Rica. La actividad permitió acercarse a la realidad palestina mediante el cine documental y generar un espacio de reflexión sobre las experiencias humanas en contextos de conflicto.

Investigación y convivencia más allá del aula

La programación también contempló la presentación de proyectos de investigación de estudiantes de cuarto año, quienes compartieron sus trabajos y mostraron a estudiantes de niveles iniciales las posibilidades de desarrollo académico que ofrece la carrera.

La convivencia también tuvo un lugar importante durante la Semana. Con el apoyo de la Asociación de Estudiantes de Estudios Sociales y Educación Cívica, se organizaron un torneo de fútbol sala, una tarde de café y juegos, un convivio y un bingo en el Mini Auditorio.

De esta manera, la Semana de los Estudios Sociales 2026 reunió diferentes experiencias de aprendizaje, investigación y participación estudiantil. La iniciativa permitió fortalecer el intercambio académico, acercar la historia y las ciencias sociales a distintos públicos y generar espacios de encuentro para quienes forman parte de la carrera.

Hacen falta muchos Walter Kissling Gam

Vladimir de la Cruz

Una de las personalidades que más me ha impactado al conocerla personalmente y establecer con él una ligera pero rica y sincera amistad, surgida de un trabajo común que se nos encargó, fue Walter Kissling Gam.

En 1998 fui candidato presidencial, por primera vez, del Partido Fuerza Democrática. Esa experiencia política fue muy rica para mi vida personal. Me obligó a incorporarme de manera muy activa en la vida política nacional y electoral, a conocer desde las entrañas cómo operaba la institucionalidad y el sistema electoral en esos años, y cómo funcionaba el sistema político en su conjunto, especialmente, en un período electoral.

Desde entonces hasta ahora, con dos procesos electorales adicionales como candidato presidencial del Partido Fuerza Democrática, en el 2002 y el 2006, revaloré mi experiencia, y fortalecí mi conocimiento sobre el funcionamiento democrático nacional, y aprecié la democracia como sistema de vida que hemos desarrollado desde la Independencia.

Desde esa época, febrero de 1998, después de salir de las elecciones fui invitado a escribir, semanalmente, un artículo en el periódico Al Día, del Grupo La Nación, el que se publicó hasta el 2008, cuando se cerró ese periódico y cuando fui nombrado embajador en Venezuela del 2008 al 2010.

Al terminar la elección del 2006 opté por mi retiro de la vida electoral activa, no así de mi vida activa en el escenario político nacional como comentarista, o analista, de la vida política cotidiana, y de temas históricos y sociales. A mi regreso de Venezuela el periódico La República me abrió las puertas para continuar escribiendo semanalmente, hasta hoy, una columna, primero en su periódico impreso, y ahora en su edición digital. Esto me mantiene presente y activo intelectualmente para amigos y lectores. Y, este oficio de leer y escribir me da más vida.

La campaña electoral de 1997-1998 fue muy intensa, dura, difícil para Fuerza Democrática como partido que era, surgido para la elección de 1994, donde eligió dos diputados. Nuestra consigna, por el color de la bandera que empleamos en las elecciones de 1998 fue “Dele un naranjazo al bipartidismo”, refiriéndonos a los partidos Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana que postulaban respectivamente a José Miguel Corrales Bolaños y a Miguel Ángel Rodríguez, como los candidatos más importantes, partidos que habían venido alternando como ganadores y como gobiernos, y también como fuerzas ampliamente dominantes en la Asamblea Legislativa. Sinceramente creo que esa campaña, con nuestra participación y mensajes políticos, preparó el ambiente y las condiciones para el más profundo cuestionamiento que se le hizo a los partidos del bipartidismo, las fisuras y fracturas que se ocasionaron en ellos y para el surgimiento del Partido Acción Ciudadana a inicios de este siglo.

La prensa en esa campaña, como en las anteriores, solo daba importante atención a los partidos Unidad Social Cristiana y Liberación Nacional, para todos los efectos, entrevistas y debates. Cuando organizaron el supuesto debate definitivo final en vísperas de las elecciones de febrero, interpuse un recurso de amparo ante la recién fundada Sala Constitucional, que el magistrado Rodolfo Piza Escalante resolvió dándome la razón de que en esos debates, con fondos públicos, se debía tomar en cuenta a todos los candidatos, lo que se impuso desde entonces. Se suspendió el debate y me hizo sobresalir. Eso me dio, en ese momento, más presencia pública de la que ya tenía como dirigente estudiantil universitario que fui en mis años de estudiante, y como profesor y autoridad académica que tenía en esos años también.

La elección muy ajustada de 1998 resultó favorable para Miguel Ángel Rodríguez Echeverría. En mi opinión como candidato en esa elección, Miguel Ángel era mejor candidato que José Miguel, mucho más preparado profesionalmente y de más larga experiencia política.

Se desenvolvía más y mejor que el candidato liberacionista. En los pocos debates que participé con ellos era más sólido argumentalmente Miguel Ángel, más teórico, más doctrinario, más político, mientras, para mí, José Miguel era más politiquero, más flojo conceptualmente, más electorero. A Miguel Ángel lo percibía con más visión de país en el largo plazo, a José Miguel más inmediatista, hasta llegó a proponer la Tercera República, sin tener nada que la sustentara.

Políticamente Miguel Ángel respondía más a los intereses conservadores del país y José Miguel a los menos conservadores, considerado para algunos efectos más reformista o progresista. Al menos así los considerábamos, en ese momento, para la Dirección Política del Partido Fuerza Democrática, porque era también la imagen que había de ambos partidos en la tradición electoral de esos años. De esa forma se esperaba de mis participaciones en debate que yo me enfrentara más duramente a Miguel Ángel que a José Miguel. Pero en la práctica yo era el candidato y el que tenía que debatir. En el debate quien se ponía más al frente para confrontarlo y darle más duro era José Miguel, que era lo que producía aplausos y eventualmente votos.

Yo era el que “ganaba” votos en ese sentido, a pesar de algunos compañeros que me criticaban por no invertir la fuerza de mis argumentos contra Miguel Ángel, en vez de hacerlo contra José Miguel. Así tuvimos un resultado electoral satisfactorio. Salimos como tercera fuerza electoral, con tres diputados electos, José Manuel Núñez González, José Merino del Río y Célimo Guido Cruz, con alguna presencia en municipalidades.

Mi sorpresa, al día siguiente a la elección fue la llamada del presidente electo Miguel Ángel Rodríguez, que quería visitarme junto a la Dirección del Partido, como primera visita que hacía de presidente electo a los candidatos que habían participado. Así lo recibimos en mi casa en la mañana del martes, donde intercambiamos aspectos del proceso electoral y de su futuro gobierno, poniéndonos a la orden en lo que pudiéramos mutuamente colaborar.

En ejercicio del gobierno Miguel impulsó proyectos que apoyamos como partido en la Asamblea Legislativa, como el de la Ley de Protección al Trabajador, la reforma más importante que se hacía desde 1943 a la legislación laboral del país, aprobada el 16 de febrero del 2000. También emitió el Código de la Niñez y de la Adolescencia en 1998, que apoyamos entre otros proyectos de ley.

Entre sus preocupaciones, Miguel Ángel Rodríguez impulsó un proyecto muy ambicioso, como no se había realizado antes en el país. Convocó un Proceso de Concertación Nacional en 1998.

El Proceso de Concertación estaba dirigido a procurar una agenda común con el propósito de buscar acuerdos, que permitieran impulsar acciones de gobierno y leyes. En este sentido invitó a participar activamente a todo el movimiento cooperativo nacional, a las diferentes cámaras de empresarios, en las distintas actividades que estaban agrupados, a todo el movimiento solidarista, a los grupos que se reunían en Consejo Nacional de Asuntos Indígenas, a la Asociación Cristiana de Jóvenes, a todo el Bloque Magisterial costarricense con sus distintas asociaciones y sindicatos, a todas las centrales y confederaciones sindicales y a sindicatos individualmente considerados, a todos los partidos políticos que habían participado en las elecciones de 1998 y a las fracciones de diputados que fueron electas de los partidos Unidad Social Cristiana, Liberación Nacional, Fuerza Democrática, Movimiento Libertario, Integración Nacional, Renovación Costarricense y Acción Laborista Agrícola.

De esa manera la convocatoria e invitación que hizo el presidente a la Concertación Nacional reunió en la práctica casi 300 organizaciones, que de distinta manera se integraron y con diferentes intensidades de participación.

Importante en todo ese proceso fue que las decisiones que se tomaran debían ser por unanimidad, con derecho a veto de cada participante, con la intención de lograr la mayor confianza en el proceso. Los temas fueron amplios y variados, entre ellos, de economía, política, gobierno, aspectos sociales, educación. En mi opinión todo el proceso fue exitoso, pero no logró su cometido principal, porque dos temas no lograron la unanimidad que se había establecido para aprobarlos, la apertura del ICE y del INS, lo que provocó que el resto de los acuerdos no tuviera un buen resultado.

La parte conductora del proceso de Concertación Nacional se puso en manos del Consejo Nacional de Rectores, CONARE, la Oficina de Planificación de la Educación Superior, OPES, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.

La Secretaría Ejecutiva y Técnica de la Concertación estuvo en manos de Helio Fallas Venegas, que representaba a la Conferencia Episcopal, Roberto Tobar Faja y Danilo Chaverri Soto del Ministerio de la Presidencia y representantes de las universidades estatales.

Igualmente, el Gobierno de Miguel Ángel integró un Consejo Directivo de la Concertación Nacional, donde me invitó a mí, personalmente, por mi participación en la campaña electoral y como representante de la tercera fuerza electoral de ese momento.

Así, la mesa directora de la Concertación Miguel Ángel la integró, entre otros, con Danilo Chaverri Soto, como presidente, con el empresario Walter Kissling Gam, con la profesora Rosemary Karpinski Dodero, primera presidenta de la Asamblea Legislativa en 1986 y candidata a la Vicepresidencia de la República en 1998, y con Vladimir de la Cruz de Lemos.

En ese momento, yo no tenía relación alguna con Miguel Ángel. Conocía su trayectoria política desde que había colaborado con el gobierno de José Joaquín Trejos Fernández. También conocía su trayectoria parlamentaria y su papel destacado en el movimiento socialcristiano internacional. Igualmente sabía de su paso como empresario. Antes de eso lo recordaba visitando a su entonces novia, doña Lorena Clare Facio, luego su señora y primera dama, cuando yo también iba a esa casa y coincidíamos en el espacio, algunas veces invitado por Luis Alberto, hermano de doña Lorena, en la época en que ambos nadábamos competitivamente y éramos muy amigos. En esos días nunca intercambiamos una sola palabra, hasta el momento de la campaña electoral donde empezamos a conocernos, y a establecer un fuerte lazo de amistad como lo cultivamos hasta hoy.

Allí tuve oportunidad de conocer y tratar, al calor de las sesiones y trabajos del Proceso de Concertación al ciudadano Walter Kissling Gam, que me impresionó desde el primer momento que establecí contacto personal con él.

Cuando el presidente Miguel Ángel me invitó a participar en esa mesa directora y me informó de sus integrantes me obligó a investigar un poco sus vidas, que de algunos conocía datos y trayectoria. Del que menos sabía era de Walter Kissling Gam.

De él supe de su vida desde niño, que había nacido en Limón, que era descendiente de europeos, su padre Walter Kissling Rickli, suizo y su madre Adela Gam Secen, austriaca, que eran ambos cinco años más joven que mis padres, nacido en 1931, familia de recursos económicos que los había perdido con la Primera Guerra Mundial, lo que lo hizo crecer con dificultades y estrecheces, que le formaron temperamento, carácter y manera austera me parece de ver la vida. Se dice que de joven vendió chocolates en bicicleta. Supe que era casado con Cecilia Jiménez Lara con quien tenía cinco hijos.

La influencia más importante en su infancia y adolescencia se la dio su madre, que le estimuló el estudio hasta el colegio. No llegó a hacer estudios universitarios. La guerra civil de Costa Rica lo atrapó graduándose de Bachiller del Colegio Seminario, en 1948.

A partir de ese momento se involucró en el trabajo, primero como recepcionista de hotel, lo que le permitió iniciarse como vendedor por siete años de productos farmacéuticos. Este trabajo lo vinculó a Kativo Chemical, por diez años, asumiendo un papel destacado en esta empresa que luego la logró desarrollar para toda Centroamérica.

En 1967, cuando la Kativo fue adquirida por HB Fuller le nombraron vicepresidente para Latinoamérica, a la vez que conservaba la gerencia de Kativo Chemical. Aquí empezó a destacar como líder empresarial llegando a ser vicepresidente sénior de operaciones internacionales y vicepresidente ejecutivo y director de operaciones. En HB Fuller su destacado trabajo lo llevó en 1995 a director ejecutivo hasta 1999 que se jubiló, reconociéndosele como un líder empresarial internacional, especialmente en el campo de los sistemas avanzados de tecnología de la información.

Su vida también se vinculó muy intensamente al INCAE, la institución que nació al calor de la visita del presidente Kennedy a Centroamérica, en 1963. La Cumbre de presidentes centroamericanos materializó en 1964, apoyados por Harvard Business School, que se abriera el INCAE como proyecto de graduación del Programa de Alta Gerencia-PAG, en Guatemala. Así, se abrió el camino desde entonces el INCAE formando profesionales que permitieran transformar la forma de hacer negocios en Latinoamérica y en Centroamérica, respondiendo a las necesidades del mercado, con sólidos valores éticos e impulsando liderazgos responsables.

La situación en Centroamérica creó las condiciones para que en Costa Rica se estableciera la sede del INCAE, bajo el gobierno de Luis Alberto Monge Álvarez, 1982-1986, sede que hoy lleva el nombre de Walter Kissling Gam, quien asumió la presidencia del Consejo Directivo del INCAE. Bajo su presidencia se fortalecieron los estudios de posgrados en Gerencia de Exportaciones No Tradicionales, Política y Gerencia de Recursos Energéticos y Pequeña y Mediana Empresa, en Administración Funcional, en Competitividad y Desarrollo Sostenible, en Innovación e impacto global y el Programa Ejecutivo de salud global, entre otros.

Así, fue incorporado a la Dirección de la Concertación, donde lo conocí, lo traté y respeté sus opiniones siempre certeras directas y concretas, de los asuntos que discutíamos. Vi en él como desde su visión de empresario le preocupaba cuál debía ser el papel del sector empresarial ante los retos y desafíos del país, y de cómo conducir los resultados del proceso de Concertación en esa dirección nacional y patriótica.

Esa visión la había impulsado antes de la Concertación cuando promovió en 1997 el foro nacional denominado “Encuentro de Líderes Empresariales: nuestro rol en la construcción del futuro”, que involucró casi 300 participantes. Su preocupación social lo llevó a constituir la Alianza Empresarial para el Desarrollo, procurando una mejor relación del sector empresarial con otros sectores de la sociedad como las ONGs.

Walter Kissling Gam presidió el INCAE por 16 años, fue director del Banco Central, socio fundador del Banco Banex, presidente de la Cámara de Industrias, director de la empresa Atlas y en 1997 era miembro de la Junta Directiva del Grupo Nación.

En mi trato con él lo percibí desde el primer momento como una persona con gran capacidad de relacionarse, de manera amable, empática, con facilidad para conversar y para compartir con personas de diferentes orígenes y pensamientos. Siempre era muy positivo lo que permitía una relación agradable con él. Su comportamiento le nacía naturalmente. No se veía en sus relaciones nada impostado, artificial o fingido. Era claro para expresar lo que quería. Prestaba mucha atención y escuchaba con respeto, valorando lo que se planteaba o discutía, sin prejuicios frente a sus interlocutores, con lo cual siempre generaba confianza. Su trato y presencia era también de gran humildad, de persona altamente educada en los valores del trato social. En el proceso de la Concertación actuaba con gran sentido de observación.

Personalmente era persona de fácil acceso, sonriente, de trato amable, de hablar bajo, de gran optimismo. Era, así lo recuerdo, una buena persona, genuino, auténtico en lo que él era y significaba social y empresarialmente, sin aspavientos, con capacidad de hacer y resolver sin drama lo que había que enfrentar, como cuando se impuso cumplir el acuerdo de la unanimidad para las votaciones en la Concertación.

Cuando falleció, lo confieso, su muerte me impactó mucho por lo que lo llegué a apreciar en la Concertación como persona, que me hace recordarlo siempre como ese buen empresario, preocupado por el desarrollo nacional de forma ética y responsable, aspectos que hoy faltan mucho en la visión pública de lo que se quiere hacer del país, sobre todo cuando desde esas políticas y acciones públicas se amenaza y reprime a sectores empresariales y productivos aprovechando la institucionalidad del Estado, para someterlos a los intereses de quienes ocupan puestos por ocasión o circunstancia de vivencia palaciega de corto plazo, sobre todo cuando hay graves amenazas de perder la democracia nacional, que la tienen amenazada como al Estado de Derecho vigente desde hace 200 años.

Hoy hacen falta muchos Walter Kissling Gam, si entendemos que el 90% de la vida nacional descansa en el sector privado de la producción y de las actividades económicas.

De Walter Kissling Gam, el que conocí y traté, guardo un gran recuerdo, admiración y respeto.

La doctrina de la muerte y la doctrina de la vida: Canoa, Fuenteovejuna y Zapote

Luis Ernesto Araya Vargas
Antropólogo e investigador

Hace poco vi la película mexicana Canoa: memoria de un hecho vergonzoso (1976), del guionista, director y cineasta Felipe Cazals Siena, basada en la triste historia de una masacre, entre muchas, de funcionarios universitarios y estudiantes en Hispanoamérica bajo la doctrina de muerte de la “Seguridad Continental”. Sucedió el 14 de septiembre de 1968 en San Miguel Canoa, entonces un poblado de hablantes de náhuatl a 12 km de la ciudad de Puebla, capital del estado. Existe abundante documentación en prensa gráfica y documental. Les invito a verla si tienen la fortaleza.

Desconocía el hecho, y vinieron a mi memoria imágenes del 7 de agosto de 1995 frente a Casa Presidencial, en Zapote, San José, Costa Rica. En esa ocasión, según denuncias de la época, fue la policía política del régimen de “Chemise”, el CIP, la que se lanzó contra los manifestantes de la huelga del magisterio, luego de utilizar estrategias de contrainsurgencia y contrainteligencia para provocar la violencia. Sus víctimas también fueron del sector educativo: sindicalistas, jubilados, profesores, estudiantes, etc.

Esta compulsión violenta o misoginia opresiva es característica de regímenes autoritarios como el costarricense, de corte policial, que por un lado obvia las necesidades de infancias, adultos mayores, mujeres, hombres y otras minorías para sustituirlas por las de transnacionales, complejos extractivistas militares y mafias de contrabandistas regionales. Cuando las políticas públicas se vuelven en contra de la población es porque han sido asimiladas por la máquina continental del terror genocida y la dominación implementada por élites locales que permiten la infiltración de distintos parias en la institucionalidad al atacar los pilares del Estado de derecho, único garante de la “paz social”.

Podemos explicar este fenómeno de disociación cognitiva de la población, que no es capaz de notar la afectación tan grande a su soberanía, pues está sometida por el terror y el aparato mediático que la manipula. La soberanía nacional incluye la alimentaria, la económica, la educativa, la territorial y la cultural, todas necesarias para una identidad pluricultural integral.

En San Miguel Canoa observamos cómo se vilipendia el concepto de “soberanía del pueblo” debido a que la retórica del odio subvierte los contenidos de “lo bueno”, “lo aceptado” y “lo divino” a través de la coerción, trabajando junto al aparato de control ideológico. A través de un proceso continuo de genocidio cultural de más de 500 años, se arrebata la cultura nahua a los locales para transformarlos en “consumidores salvajes”, tan necesarios en las sociedades capitalistas, seres apáticos en el día a día. El analfabetismo en este caso es una condición previa de la dominación que facilita la deformación de la comunidad en muchedumbre asesina.

El concepto de “soberanía popular” o “soberanía del pueblo” fue acuñado por la academia en referencia a la obra literaria Fuenteovejuna, de Lope de Vega. La violencia ejercida sobre la comunidad u opresión no es nueva. Es una enfermedad social del poder presente en 1968 en Canoa, México; en 1995 en Casa Presidencial, Zapote, Costa Rica, y también en el municipio de Fuente Obejuna, Córdoba, España, en 1476.

Lope de Vega tuvo como fuente principal la Chrónica de las tres Órdenes y Caballerías de Santiago, Calatrava y Alcántara (1572), de Francisco de Rades y Andrada, complementada con la tradición oral de la España del siglo XV. Sobre la represión de 1995 en Costa Rica existe abundante información en medios de prensa escrita, así como recursos de hábeas corpus presentados a favor de las víctimas.

De igual manera, existe la intención de mantener el tema de las detenciones de 1995 alejado de la opinión pública, no solo por sus implicaciones políticas, sino porque el país carece de mecanismos efectivos que defiendan a las víctimas de la represión política y del abuso sistemático de sus derechos humanos, lo que favorece a las élites autoritarias y a la impunidad. Por ejemplo, no existe un reglamento o normativa que haga efectivo el Protocolo de Estambul, que permitiría sentar responsabilidades penales y civiles en casos de terrorismo de Estado.

Por supuesto que existen mafias en el poder que gustan de dejar estos portillos abiertos para operar impunemente, lo que es evidente en los tres casos abordados. Aunque el agente de la opresión como actor llega a desarrollar sus propias características en cada contexto, el análisis histórico nos permite profundizar en los antecedentes de la violencia, aproximándonos a las dinámicas actuales.

El ataque a la libertad de expresión y a los derechos culturales y humanos fundamentales de activistas y periodistas en el país, como Sylvia Ziesing, Erick Sojo (de Radio Zurquí) o Kevin López (Kevlo), es constante y, a mi juicio, obliga a cientos a refugiarse mes a mes, creando una crisis humanitaria de la que pocos hablan y de la que las autoridades son generadoras e invisibilizadoras.

Los mecanismos de la barbarie genocida utilizan lo mediático-ideológico para evitar que la verdad salga a la luz, pues el diálogo hace que el pus se evacue de las heridas abiertas para que puedan cicatrizar y el cáncer de la violencia desaparezca de las comunidades afectadas por el extractivismo. Son los agentes de la dominación quienes ejercen el control político manipulando el poder hegemónico dentro de las instituciones sociales (ideológica, militar, económica), creando la cortina de humo que anula la empatía.

En Canoa: el sacerdote y su cofradía de inescrupulosos, autoridades municipales, la policía y los pequeños propietarios de parlantes instalados en las esquinas del pueblo. El poder represivo delegado, desconcentrado y distribuido entre quienes operan en la impunidad. El 7 de agosto de 1995, día de San Cayetano, frente a Casa Presidencial en Costa Rica, los agentes de la dominación fueron la administración del expresidente José María Figueres Olsen, “Chemise” o “Chema”, cuyo ministro de Seguridad era J. D. Castro; los antimotines y la policía política del Centro de Investigación Policial, antecedente de la actual DIS. En la obra literaria de Lope de Vega, Fuenteovejuna, los agentes de la dominación son los Reyes Católicos, por voluntad divina, el burgués, el juez y el comendador mayor de la Orden de Calatrava.

Estos agentes atrofian las dinámicas comunitarias en donde la soberanía integra los tejidos del núcleo familiar, para someter a los individuos por coerción y manipulación. Para esto deben destruir lo comunitario, por lo que es relevante revisar los casos de Canoa y Fuenteovejuna, al ser arquetípicos y uno antítesis del otro. Además, comparten raíces culturales.

La comunidad española se libera de la opresión ostentando la soberanía y destruyendo la impunidad a través del levantamiento popular, mientras que en México el genocidio cultural, profundizado por centurias de continuismo, ha permitido la implementación de una mezcla de “caudillismo” religioso con “Seguridad Continental” a la mexicana.

En Canoa, el pueblo originario se encuentra encadenado por la retórica de la doctrina de la muerte, que se modifica según el enemigo creado, utilizando los principios de manipulación extractivista a medida. El diablo, los demonios y los universitarios o los funcionarios “comunistas” son personajes del constructo hegemónico fantástico y consolidan una cosmovisión deforme o aberrante, donde divinidades e inframundo forman parte del discurso planificado de la distopía para subvertir la verdad.

Su discurso está dirigido a quienes no tienen la costumbre de leer y contrastar la información o están coludidos con la represión. La esencia de la soberanía popular o “soberanía del pueblo” se manifiesta en las actividades comunitarias que reivindican lo propio y fortalecen el arraigo o vínculo con la tierra y la historia común. Son las comunidades las que empoderan a sus integrantes frente a la “tiranía” de la gentrificación y el genocidio cultural implementado por burócratas, funcionarios o representantes de transnacionales que poseen un acceso desmedido al poder. No se puede ignorar la posición comunitaria en las dinámicas de la dominación, pues el actor principal de la reivindicación es la comunidad y es, en su defecto, la víctima de la opresión.

A más de 500 años el uno del otro, los sucesos reflejan un conflicto entre el microcosmos comunitario y lo autoritario impuesto por una cultura hegemónica dominante, cuyo impacto fragmenta a los Estados nación al atacar su núcleo social. Los pueblos de Abya Yala e Hispanoamérica sufren el genocidio cultural cuando se despoja de la conciencia histórica a sus comunidades vulnerables y abandonadas.

Los genocidios no son exclusivos de pueblos “primitivos”, como en la retórica evolucionista civilizatoria de Occidente, que intenta justificarlos cual actos del positivismo liberador que llevan al “salvaje” de su estado indigno y retrasado a estados avanzados, sino que afectan efectivamente a las sociedades Estado dominantes, que se autodestruyen al eliminar sus únicas fuentes de cultura comunitaria. Son sociedades necrófilas y decadentes que naturalizan la violencia.

Recordemos que el presidente de Estados Unidos, el 23 de septiembre de 2026, amenazó con “aniquilar” a la nación de Irán si no alcanzaba un acuerdo con ellos, y es sabido que las negociaciones no solo son constantemente saboteadas por los ocupantes en Palestina, sino que él mismo ha faltado a acuerdos recientes sin dejar de hostigar militar y económicamente.

En Canoa, perdido en las faldas de La Malinche, famoso volcán, si antes llegó el conquistador con perros alanos, centurias después llegarían el sacristán Enrique Meza Pérez, la policía y demás funcionarios para continuar el despojo de tierras y costumbres durante la dictadura del PRI y de Gustavo Díaz Ordaz, quien, paradójicamente, también era originario de Puebla y acostumbró reprimir a la oposición ejerciendo un control político absoluto, como hizo al masacrar a unos 1400 estudiantes en la lucha del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco.

Así como el fanatismo religioso se alimenta de miseria, la manipulación ideológica lo hace de la ignorancia, que beneficia las actividades “clandestinas” de caudillos locales y mafias burocráticas, estas enfrentadas al poder estatal, al federal y a las comunidades de México.

Tomando en cuenta estos elementos, veamos el caso de Costa Rica durante la represión de 1995 y la imposición directa de los poderes hegemónicos opuestos al Estado de bienestar. Llegarían a despojar de derechos adquiridos a la masa trabajadora, entonces sometida junto con la soberanía nacional, para justificar las incongruencias del neoliberalismo criollo.

En Canoa, el “sacerdote”, por medio del matonismo y la manipulación económica del pueblo náhuatl, logró convertirse en el “cacique” o “caudillo”, cosa común en esa nación tan vasta y llena de territorios ingobernables. El fenómeno caudillista suele aparecer en esas zonas donde el Estado no tiene presencia o es meramente nominal. Por otro lado, el “caudillo” costarricense de 1995 fue José María Figueres Olsen, máximo sacerdote de la cofradía PLN, que, como el PRI, se mantiene en la política. Pero no nos detengamos analizando a estos personajes de película de terror autoritario.

En Canoa se habían instalado altoparlantes al tope de altos postes para pregonar a la población ideas extremistas. Estos medios, utilizados por fanáticos religiosos, son antecesores de los medios masivos y de las redes sociales. Sirvieron para atizar el linchamiento colectivo y el asesinato de Manuel Gutiérrez Calvario, Jesús Carrillo Sánchez, Roberto Rojano Aguirre y Miguel Flores Cruz, todos trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla, y de Lucas García, poblador que dio refugio a los jóvenes en su casa, y de su hermano Bernardo García.

Una analogía moderna de los altoparlantes de Canoa la encontramos en los noticieros y en las redes sociales, que trabajan junto a la infraestructura de vigilancia y control del poder en Occidente. Para los costarricenses todo se pone peor si contrastamos esta alarmante realidad con el hecho de que el Poder Judicial tiene una tasa de impunidad altísima, debido a que los procesos judiciales no se finalizan o no se investigan del todo en más de un 95,5% de los casos.

En el caso costarricense, con la reforma impulsada por el Gobierno de José María Figueres, siendo ministro de Trabajo Farid Ayales, se despojó a los trabajadores, que tan duro habían trabajado, de derechos sobre el Fondo de Pensiones del Magisterio. Lo mismo que quieren hacer con el ROP (Régimen Obligatorio de Pensiones). Así como se esfuma la vida de los trabajadores, los tagarotes de la opresión económica y la especulación siguen enriqueciéndose.

En los casos costarricense y mexicano se utiliza la opresión como arma política contra miembros de la comunidad, estudiantes y funcionarios de la educación, que se convierten en víctimas. La impunidad de estos hechos hace que la violencia sea difusa pero constante, cumpliendo eficazmente el objetivo de su diseño: el terror social.

En un amplio espectro de violencia sistémica, que en Canoa llegó al ensañamiento, el linchamiento y el asesinato, y que en Costa Rica se expresó en agresiones, detenciones y violencia policial, ambos casos coinciden en víctimas y mecanismos represivos. Varían en otros elementos del contexto histórico, pero aplican la dominación de igual manera contra manifestantes y funcionarios educativos por igual. Se nota la existencia de objetivos puntuales, y a nivel macro las oleadas represivas coinciden en estrategia.

En las manifestaciones chilenas de 2019 y en las colombianas del Paro Nacional de 2019 y el estallido social de 2021, cientos de personas fueron atacadas con escopetas y balas de goma, y perdieron sus ojos debido a la gravedad de las heridas. Este ensañamiento es inculcado por asesores extranjeros. Los ciclos de la violencia que refuerzan la dominación se aplican como políticas de “shock” desde la cabeza de la hidra hasta las comunidades.

Tanto la masacre de Canoa, en Puebla, como la represión frente a Casa Presidencial en 1995 siguen impunes. No se ha juzgado a los ejecutores ni a los actores intelectuales de la represión. De igual manera, existe un encubrimiento que evita traer a la luz los hechos. Los eventos tuvieron como objetivo someter a la población y atacar a los funcionarios universitarios o estudiantes, pues estos denuncian los abusos del autoritarismo. Mientras las autoridades están coludidas o son inoperantes, los represores sostienen el genocidio cultural, perpetuando la impunidad y la descomposición social.

El ejercicio de fortalecer la memoria histórica define nuestro futuro, pues nos permite corregir errores del pasado, y es pertinente ahondar en los eventos de la huelga del magisterio de 1995 en Costa Rica para comprender la realidad actual del país; sin embargo, será contenido de otro texto. Es importante resaltar que, comparando la violencia política en el continente, podemos reconocer patrones que nos ayudarán a prevenir las lacras de la violencia social.

Imagen: Extracto de la película Canoa.

El legado ancestral de Cahuita: resistencia, dignidad y derechos territoriales

Por: Bernardo Archer Moore
Miembro del pueblo tribal de Cahuita

Bernardo Archer Moore.

La historia de Cahuita se remonta a mediados del siglo XIX, cuando una comunidad mayormente afrodescendiente se estableció en Punta Cahuita, cultivó la tierra, construyó sus hogares y defendió su permanencia en el territorio.

Uno de los antecedentes menos conocidos es la Ley N.º 24 de 1862, Ley General de Colonización, que impuso una prohibición racista a la adquisición legal de tierras por parte de personas negras y chinas.

Estas políticas discriminatorias persisten en la legislación posterior hasta mediados del siglo pasado, reforzadas por la Ley N.º 13 de 1930, que calificó a las poblaciones de origen chino y afrodescendiente como «elementos indeseables» para el proyecto de colonización e integración nacional.

A pesar de eso, entre 1907 y 1908 los habitantes de Cahuita enfrentaron una solicitud de concesión de aproximadamente 3.000 hectáreas de tierras costeras -desde la desembocadura del río Estrella hasta la del río Sixaola- promovida a favor de empresarios influyentes ante el Congreso Constitucional.

La resistencia comunitaria contribuyó a frenar aquella iniciativa y marcó un antecedente fundamental en las luchas territoriales afrodescendientes del Caribe costarricense y concluyó con la promulgación de la Ley N.º 35 de 1915.

Un acto de reconocimiento y compensación

La Ley N.º 35 de 1915 no fue un regalo ni un acto de benevolencia estatal.

Fue una respuesta compensatoria al desplazamiento forzoso de un asentamiento humano, motivado por los intereses económicos y las decisiones del Estado de aquella época. («petróleo«).

La comunidad ya existía

Sus habitantes habían construido hogares, cementerios, desarrollado sus medios de vida y establecido vínculos sociales y culturales.

La ley reconoció jurídicamente parte de esa realidad al desafectar de la milla marítima -patrimonio del Estado- un área de 17 hectáreas de la zona costera para el nuevo asentamiento urbano con el nombre de “Cahuita Bluff”.

Además, con la previsión de ampliar el asentamiento con otras 50 hectáreas en Playa Negra, según su artículo 9.

Asimismo, estableció una excepción a las restricciones legales que afectaban a estas poblaciones (Ley 24 de 1864).

Es así como en 1916 se registró un título de propiedad a favor de una persona de apellido León, conocida como «Lam», de origen chino; quizás el primero en la historia de Costa Rica.

Posteriormente, a partir de 1918 se asentaron títulos de propiedad a favor de personas afrodescendientes, destacándose como una de las primeras el de la familia de Mr. Gale.

Más de un siglo después, esta lucha ancestral sigue vigente.

La Sentencia N.º 2025-029985, del 19 de septiembre de 2025, de la Sala Constitucional, marca un hito contemporáneo al reconocer el derecho del Pueblo Tribal Afrocostarricense de Cahuita a la consulta previa, libre e informada sobre el Plan Regulador Costero, conforme al Convenio N.º 169 de la OIT.

En resumen

La tierra de Cahuita es territorio, memoria, identidad y herencia ancestral. La Ley N.º 35 debe comprenderse en el contexto de una comunidad que resistió, reclamó justicia y defendió su derecho a permanecer en el lugar que convirtió en hogar.

¡La memoria de nuestros antepasados sostiene la defensa de nuestros derechos territoriales!