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Etiqueta: memoria histórica

Festival Cultural «Grito por la Paz» se realizará en Tibás el próximo 22 de agosto

La Comunidad Buen Vivir invita a la ciudadanía al Festival Cultural «Grito por la Paz Tibás 2026», que se realizará el sábado 22 de agosto, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., en la Biblioteca Pública de Tibás, con entrada libre. La actividad es organizada en conjunto con la Escuela de Bellas Artes Vincent van Gogh, el Ministerio de Cultura y Juventud y el Sistema Nacional de Bibliotecas.

Según explican las personas organizadoras, el festival surge como una reflexión colectiva frente al dolor causado históricamente por las guerras, bombardeos, invasiones y desapariciones forzadas ocurridas tanto en conflictos mundiales —como las dos Guerras Mundiales, Hiroshima y Nagasaki, o la guerra de Vietnam— como en distintos países de América Latina, el Caribe, África y Medio Oriente. Desde esa preocupación, la Comunidad Buen Vivir ha llevado el «Grito por la Paz» a distintos puntos del país, incluyendo Paso Ancho, San Sebastián, Desamparados, Turrialba y San José, y ahora extiende la iniciativa a Tibás.

La jornada combina teatro, danza, artes visuales, música en vivo, poesía, creación literaria, tai chi chuan e instalaciones en los árboles, además de una fogata cultural, exposición de artes visuales y talleres de mandalas.

Entre las actividades programadas destacan: tai chi chuan con Reynaldo Ugalde Meza (9:00 a.m.); danza en telas sobre árboles con Kryssia Rojas (10:00 a.m.); cuentacuentos con Hillary Zúñiga Araya (10:30 a.m.); un taller de mandalas para personas adultas mayores y un taller de creación literaria de poesía para niños y niñas con Marta Rojas (10:45 a.m.); el foro de cine corto «Pachamama: la llamada» con Ronald Soto Venegas (11:00 a.m.); un círculo de percusión «Tambores para la Paz» con Jorge Guido (11:15 a.m.); el taller «Apachetas para la Paz» con Edison Valverde y una exhibición de body paint con Hommer Salazar (11:30 a.m.), junto con actividades simultáneas de dibujo bajo los árboles y el inicio de la instalación «Casa de Neón», ambas a cargo de la Escuela de Bellas Artes Vincent van Gogh.

Al mediodía se realizará la «Olla de la Paz» con Erika Cascante, seguida de una exhibición de kung fu con José Torres, del Centro de Cultura Yan Xiang de Costa Rica (12:10 p.m.), danza con Sabrina Álvarez (12:30 p.m.), teatro mimo con Reynaldo Ugalde Meza (12:45 p.m.) y un monólogo escénico de Laura Meoño (12:50 p.m.).

La tarde continuará con lecturas de «Poesías para la Paz» a cargo de Mario Zaldívar, Marta Castro, Francis Cruz, Alejandro Chinchilla, Alejandro Cordero, Catalina Gaviria Hena, Malquín González Mena y Carmen Julieta Echeverría (1:00 p.m.); los conciertos «Violines sin Guerra» con Dana Zárate (1:30 p.m.) y «Violines para la Paz» con Aristóteles Gray (1:45 p.m.); una presentación de solistas y cantautores con Falú, Mirley Vega, Andrés Prada, Navi Hernández, Ana Andrade, Hayden Ceciliano, Alonso Ferreto y Jorge Guido (2:00 p.m.); el concierto dúo Hel-Hecho Latino con Óscar Álvarez y Reynaldo Ugalde (3:00 p.m.); y los conciertos de música latinoamericana de los grupos Urgente (3:10 p.m.) y Terra Nova (3:30 p.m.). El festival cerrará a las 3:55 p.m.

Hiroshima y Nagasaki: la memoria que aún intenta salvarnos

Mientras se extinguen las voces de quienes vivieron el horror nuclear, el mundo enfrenta nuevas formas de conflicto que ponen a prueba su capacidad para construir una paz duradera.

Olga C. Guerra Pizarro

Cada 6 y 9 de agosto el mundo vuelve la mirada hacia Hiroshima y Nagasaki. Recordamos las ciudades destruidas por las bombas atómicas y honramos a las miles de víctimas que marcaron uno de los capítulos más dolorosos de la historia de la humanidad.

Pero la memoria solo cobra verdadero sentido cuando nos ayuda a comprender el presente y a asumir responsabilidades frente al futuro.

Hoy el mundo ya no vive bajo la amenaza exclusiva de las armas nucleares. La inteligencia artificial aplicada a sistemas militares, los drones autónomos, los ciberataques, la manipulación informativa y una creciente carrera tecnológica están transformando la naturaleza de los conflictos. La capacidad de destrucción continúa evolucionando, muchas veces más rápido que nuestra capacidad para establecer límites éticos, políticos y humanitarios.

Paradójicamente, el mismo ingenio que ha permitido grandes avances para la humanidad también ha multiplicado su capacidad de destrucción. Cada nuevo avance científico nos recuerda que el verdadero límite no está en la tecnología, sino en las decisiones humanas sobre el uso que hacemos de ella.

Los últimos testigos del horror

Ochenta y un años después de Hiroshima y Nagasaki, los sobrevivientes de las bombas atómicas, conocidos como hibakusha, representan una generación que lentamente se despide. En Japón quedan poco más de 91.000 sobrevivientes oficialmente reconocidos y su edad promedio supera los 86 años. Con cada año que pasa, el mundo pierde no solo a quienes vivieron el horror en primera persona, sino también una parte irremplazable de la memoria colectiva de la humanidad.

La mayoría de ellos no solo sobrevivió a la explosión. También enfrentó durante décadas las consecuencias de la radiación, enfermedades, pérdidas familiares, secuelas psicológicas y, en muchos casos, discriminación social. Su vida ha sido un recordatorio permanente de que una guerra no termina cuando cesan los bombardeos; sus efectos pueden prolongarse durante generaciones.

Seis sobrevivientes de la bomba atómica de Hiroshima (hibakusha) retratados en 2016. Sus testimonios han contribuido a mantener viva la memoria de las consecuencias humanas de la guerra nuclear. Foto: Johannes Eisele / AFP.

Conscientes de que pronto ya no quedarán testigos directos, instituciones, universidades y organizaciones de paz en Japón trabajan para preservar sus testimonios mediante archivos digitales, registros audiovisuales y programas educativos. Al mismo tiempo, hijos y nietos de los hibakusha han asumido la responsabilidad de transmitir esas historias para que las nuevas generaciones comprendan que la paz no puede darse por sentada.

Este relevo generacional nos deja una responsabilidad que ya no podemos delegar. Cuando desaparezcan las últimas voces capaces de decir «yo estuve allí», la memoria dependerá de nuestra voluntad de escuchar, enseñar y actuar. Recordar Hiroshima y Nagasaki dejará de ser únicamente un ejercicio histórico para convertirse en una decisión ética y ciudadana.

Una marcha que llega en el momento oportuno

Precisamente en este contexto, la Cuarta Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, que se desarrollará del 21 de septiembre al 4 de octubre de 2026 bajo el lema «En mi ciudad», adquiere un significado especial.

La iniciativa propone que cientos de ciudades en los seis continentes promuevan actividades educativas, culturales y comunitarias para fortalecer la paz, la no violencia, el diálogo, el respeto por los derechos humanos y la resolución pacífica de los conflictos. Más que una movilización internacional, plantea que la construcción de la paz comience allí donde vivimos: en nuestras familias, nuestras escuelas, nuestros barrios y nuestras ciudades.

La marcha también impulsa objetivos concretos, entre ellos la adhesión al Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, el fortalecimiento del sistema multilateral y una mayor participación de la sociedad civil en las decisiones que afectan el futuro del planeta. Son propuestas que buscan responder a un escenario internacional marcado por el rearme, las tensiones geopolíticas y el acelerado desarrollo de nuevas tecnologías militares.

La paz comienza mucho antes que la guerra

Con frecuencia se afirma que la paz es simplemente la ausencia de guerra. La experiencia demuestra que no es suficiente. Puede no haber enfrentamientos armados y, aun así, existir violencia, odio, discriminación, exclusión o indiferencia. La paz comienza mucho antes de que estalle un conflicto.

Comienza cuando reconocemos la dignidad del otro, cuando optamos por el diálogo antes que la confrontación y cuando entendemos que ningún avance científico será suficiente si no está acompañado por principios éticos capaces de orientar su uso.

Desde esa perspectiva, el amor deja de ser una idea romántica para convertirse en una decisión profundamente humana. Amar es reconocer el valor de la vida del otro, incluso cuando piensa diferente, pertenece a otra cultura o vive al otro lado del mundo. Sin esa convicción, cualquier tecnología puede terminar sirviendo a la destrucción en lugar de al progreso.

Más que conmemorar, reflexionar

La humanidad dispone hoy de tecnologías capaces de transformar el mundo en cuestión de segundos. Nunca antes habíamos tenido tanto conocimiento ni tantas herramientas a nuestro alcance. Sin embargo, el rumbo que tome ese progreso dependerá siempre de las decisiones que adoptemos y de los valores que las inspiren.

Las guerras son consecuencia de decisiones humanas. La paz también lo es. Se construye cada día en nuestras acciones, en nuestras palabras y en la manera en que elegimos relacionarnos con los demás.

Recordar Hiroshima y Nagasaki solo adquiere verdadero sentido si esa memoria nos impulsa a construir un mundo donde la tecnología esté siempre al servicio de la vida y nunca de la destrucción. Porque la paz no es un recuerdo del pasado; es una decisión que tomamos cada día.

Imagen de cabecera: El Memorial de la Paz de Hiroshima (Genbaku Dome), declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, se refleja sobre el río Motoyasu como un símbolo de memoria, resiliencia y del compromiso de las generaciones presentes y futuras con la paz. Foto: Stephan Leuzinger.

Compartido con SURCOS por la autora.

Hiroshima y Nagasaki, 81 años después: recordar a las víctimas, no olvidar a los responsables

Felix Madariaga

Por Félix Madariaga

El 6 y el 9 de agosto de 1945, Hiroshima y Nagasaki ingresaron para siempre en la historia como las únicas ciudades del mundo contra las que se utilizaron armas nucleares durante una guerra. Han pasado 81 años, y la pregunta sigue siendo necesaria: ¿quién lanzó esas bombas y por qué todavía existe tanta cautela para hablar de esa responsabilidad?

Estados Unidos lanzó sobre Hiroshima la bomba de uranio Little Boy y tres días después sobre Nagasaki la bomba de plutonio Fat Man. Las estimaciones históricas indican alrededor de 140.000 muertos en Hiroshima hasta fines de 1945 y decenas de miles en Nagasaki, además de las personas que posteriormente sufrieron las consecuencias de la radiación.

No fueron desastres naturales ni accidentes. Fueron decisiones políticas y militares. Por supuesto, los crímenes cometidos por el Japón imperial durante la Segunda Guerra Mundial deben ser condenados. Pero una cosa no justifica la otra. Los crímenes japoneses no legitiman el uso de armas nucleares contra ciudades habitadas.

81 años después

Este 6 de agosto, Hiroshima volvió a recordar a sus víctimas. Cerca de 50.000 personas participaron en la ceremonia de paz, junto a representantes de alrededor de 120 países y regiones. A las 8:15 am, hora en que cayó la bomba, se guardó un minuto de silencio. El alcalde de Hiroshima, Kazumi Matsui, volvió a cuestionar la idea de que las armas nucleares puedan garantizar la seguridad mediante la llamada disuasión nuclear.

El 9 de agosto, Nagasaki realizó también su ceremonia conmemorativa. Naciones Unidas, por su parte, volvió a hacer un llamado para avanzar en la eliminación de las armas nucleares. También organizaciones pacifistas y antinucleares realizaron actividades conmemorativas durante agosto en distintos países.

Recordar Hiroshima y Nagasaki no puede reducirse a ceremonias, flores y discursos sobre la paz. La memoria también debe recordar las decisiones que hicieron posible esa tragedia. La bomba no cayó por casualidad desde el cielo. Fue transportada, preparada y lanzada deliberadamente.

La contradicción japonesa

Existe además una paradoja que Japón debería discutir con mayor profundidad. El país que sufrió los únicos ataques nucleares de la historia continúa dependiendo militarmente de Estados Unidos y de su llamado paraguas nuclear. Japón recuerda cada año el horror de Hiroshima y Nagasaki, pero su seguridad sigue vinculada a la capacidad nuclear estadounidense.

No se trata de desconocer la responsabilidad japonesa en la Segunda Guerra Mundial ni de plantear una revancha histórica. Se trata de formular una pregunta legítima: ¿Puede el único país que ha sufrido ataques nucleares aceptar indefinidamente que su seguridad dependa de las mismas armas que destruyeron Hiroshima y Nagasaki? La memoria japonesa corre además el riesgo de transformarse en una ceremonia diplomática en la que las víctimas ocupan todo el espacio y la responsabilidad histórica queda en segundo plano.

No olvidar

A 81 años de Hiroshima y Nagasaki, no basta con decir «nunca más».

Hay que recordar a las víctimas, escuchar a los sobrevivientes y cuestionar las doctrinas militares que todavía consideran las armas nucleares instrumentos legítimos de seguridad.

Estados Unidos ha sido el único país que ha utilizado armas nucleares contra población civil durante una guerra. Esa responsabilidad histórica no desaparece con el paso del tiempo.

Japón, por su parte, tiene el desafío de mantener viva su memoria sin convertirla en una conmemoración políticamente cómoda.

Hiroshima no fue un accidente. Nagasaki tampoco. Fueron decisiones humanas.

Por lo mismo Chile forma parte de esa historia. Documentos del propio Departamento de Estado reconocen que Washington financió acciones políticas, desarrolló campañas de propaganda contra Salvador Allende y consideró operaciones encubiertas destinadas a impedir su llegada al poder. Aunque la responsabilidad directa de Estados Unidos en el golpe del 11 de septiembre de 1973 continúa siendo objeto de debate, su intervención en la política chilena está documentadaPor eso, cuando hablamos de Hiroshima y Nagasaki, también debemos recordar que detrás de la retórica estadounidense sobre democracia, libertad y seguridad existe una historia de intervenciones en América Latina y otros continentes que no puede ser ignorada.

Fuentes:

https://history.state.gov/milestones/1969-1976/allende

https://www.youtube.com/watch?v=NMn3bE6JGg4

https://indonesia.un.org/en/320461-message-nagasaki-peace-memorial-81st-anniversary-atomic-bombing-nagasaki-2026-secretary

https://psr.org/get-involved/hiroshima-nagasaki-events/

https://www.nbcnews.com/world/asia/hiroshima-marks-81st-atomic-bomb-anniversary-rcna591306

https://www.latimes.com/espanol/internacional/articulo/2026-08-06/hiroshima-conmemora-81-anos-de-la-bomba-atomica-y-su-alcalde-deplora-la-busqueda-de-armas-nucleares

Carta abierta a Pilar Cisneros – Honrar la memoria, defender la justicia

San José, 5 de agosto de 2026

Estimada doña Pilar:

Le escribe una jueza costarricense preocupada por el rumbo nacional y por el debate público alimentado con narrativas inadecuadas. Lo hago no para negar yerros en la institución en la que laboro, que los tiene y muchos. Mucho menos para pedir silencio ante sus errores; toda entidad pública debe aceptar el escrutinio ciudadano, corregirse y rendir cuentas. Le escribo porque la crítica pierde fuerza argumentativa —que es la única fuerza válida para el Derecho— cuando se sustituyen las razones por palabras elegidas para dividir, incluso a quienes se sientan cada noche en torno a la misma mesa.

Rosaura CHinchilla-Calderón.

Usted y yo, doña Pilar, seguramente coincidimos en que Costa Rica necesita mejorar su justicia. Pero si en vez de reparar la casa la incendiamos nos quedaremos sin techo común. Presentar cada decisión adversa al proyecto político que usted lidera como una conspiración contra “el pueblo” o contra quienes gobiernan y, a partir de ello, lanzar calificativos inadecuados deteriora el debate público y fomenta todo tipo de violencia. De allí la motivación de esta misiva. En nuestra América Latina expresiones como «golpe-de-Estado» o «dictadura» evocan desaparecidos, muerte, exilio y terror. Usarlas consciente y repetidamente en un contexto inadecuado no solo desplaza la atención de los temas urgentes sino que reabre heridas de quienes aún tienen marcadas en su piel las cicatrices de la tortura.

Dado que las formas y las palabras importan, me permito, con profundo respeto, apelar a su historia familiar, no con afán de mortificarla —nada más lejos de mis pretensiones—, sino porque esta contiene lecciones que pertenecen también a nuestra historia latinoamericana y que conviene que repasemos.

Poco se sabe por acá que su abuelo, Máximo Cisneros Valle, desarrolló una larga carrera en la docencia y la magistratura en Perú: fue juez de primera instancia en Tarma, relator de la Corte Superior de Justicia de Lima desde 1899, juez interino del Crimen entre 1906 y 1912 y, posteriormente, vocal de esa Corte Superior.[1] No puedo atribuirle opiniones que no conozco sobre los conflictos de su tiempo, pero sí infiero que si su vida estuvo ligada al oficio de juzgar y a la tradición jurídica de una República que buscaba ordenar el poder por medio del Derecho, tuvo que atravesar el dilema de toda persona dedicada a la justicia penal: apegarse a la prueba y a las normas y decidir con valentía, aunque su decisión no fuera popular y eso implicara linchamientos como los que hoy son frecuentes sin siquiera analizar las decisiones.  

Máximo Cisneros Sánchez.

En ese ambiente de respeto por la legalidad creció también su padre, doña Pilar: el honorable Máximo Cisneros Sánchez, abogado, profesor de Derecho Comercial y Derecho Aeronáutico, integrante del Cuerpo Jurídico de la Marina de Guerra del Perú y magistrado de la justicia militar. Su carrera también fue prolífica en el ámbito judicial: desde secretario de juzgado, relator, fiscal y auditor del Consejo de Guerra Permanente hasta procurador general para los asuntos de Marina y primer contralmirante de su Cuerpo Jurídico. Al retirarse en enero de 1972, el Estado peruano le reconoció más de 35 al servicio de la justicia[2] y lo hizo porque la estabilidad judicial es un derecho ya recogido, en beneficio de la ciudadanía, en casi todos los tratados de derechos humanos tanto como el derecho a la jubilación y porque ninguna persona debe ser denostada por ajustar su vida a las normas cuando actúa con probidad, como lo hizo su padre y lo han hecho tantas magistraturas costarricenses, como don Orlando Aguirre y don Fernando Cruz, a las que hoy se les vilipendia mediante generalizaciones apresuradas.

Su papá unió la defensa del derecho y de la soberanía de su país con su propia actividad empresarial como fundador de una aerolínea peruana. Desde la asesoría jurídica naval, participó en el desarrollo de la argumentación peruana relativa a las 200 millas marítimas[3] y en 1954 era auditor letrado de la Zona Judicial de Marina cuando se tramitó el célebre caso de la flota ballenera vinculada con Aristóteles Onassis: un proceso que terminó con una multa millonaria y el decomiso de productos obtenidos en aguas reivindicadas por el Perú. Fue un fallo histórico para toda la región, precursor en materia de derecho ambiental y que nos inspira para seguir defendiendo la soberanía de nuestros países y sus recursos naturales contra quienes pretenden enriquecerse a costa de nuestro patrimonio común.

Tales episodios dibujan a un jurista que creyó en la capacidad del derecho para defender al Estado sin renunciar a reglas jurídicas. Un jurista que hizo su carrera para fortalecer la independencia judicial.

La prueba más dolorosa llegó el 3 de octubre de 1968, cuando el general Juan Velasco Alvarado derrocó al presidente constitucional Fernando Belaúnde Terry, disolvió el Congreso, concentró el poder, afectó las garantías individuales, expropió los periódicos y restringió el pluralismo al instalar el “Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada”, régimen que gobernó hasta 1975, siete años suficientes para sembrar división y dolor por doquier.[4] El posterior derrocamiento de Velasco, mediante otro golpe de Estado por las Fuerzas Armadas, anticipaba la inestabilidad política que, hasta nuestros días, ha vivido el noble pueblo peruano. Para evitar episodios similares, Costa Rica abolió el ejército y hasta los grados militares en las fuerzas policiales, aunque ahora se pretendan restaurar. La sustitución del gobierno elegido por un poder de facto que incide arbitrariamente en los derechos de las personas es el signo inequívoco del autoritarismo que hay que combatir y es todo lo contrario de resoluciones que protegen derechos y obligan a la Asamblea Legislativa a cumplir con un mandato constitucional expreso.

Su propio testimonio, doña Pilar,[5] da cuenta de que el golpista Velasco[6] no perdonó a su padre cuando este se negó a utilizar un vuelo comercial de su empresa APSA para sacar a Belaúnde fuera del itinerario regular y eso generó una persecución contra él, usando el aparato estatal: a su padre se le abrió un juicio por obligaciones tributarias de la empresa y, aunque obtuvo decisiones favorables de los tribunales, usted cuenta que el régimen sustituyó a los jueces por unos complacientes generando el temor de que finalmente apareciera uno dispuesto a condenarlo. Eso llevó a don Máximo a salir con la familia del Perú en 1972. ¡Miserable todo aquel que, como Velasco, use el poder contra sus adversarios políticos! ¡Repudiable Velasco por manipular el aparato de justicia a su antojo para proteger sus intereses! Precisamente para evitar actos como esos es que la estabilidad en la judicatura y la independencia judicial son tan preciadas y emergen como un horizonte, siempre mejorable, al que nunca hay que renunciar.

Solo conociendo esa historia se entiende la profundidad y el valor del discurso que don Máximo Cisneros Sánchez pronunció ante la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica en San José el 4 de septiembre de 1979, al ser recibido como vicepresidente de la naciente Corte Interamericana de Derechos Humanos. Allí afirmó que el Poder Judicial costarricense administraba una “justicia ejemplar”; recordó el proceso de extradición seguido en su contra y resumió su experiencia con una frase conmovedora:

“No fui nunca fugitivo hacia la libertad, sino un fugitivo hacia la justicia.” [7]

Periódico La República, 8 de enero de 1974 (referencias al proceso de extradición de Máximo Cisneros).

Costa Rica no fue para él únicamente un lugar seguro. Fue la demostración concreta de que la independencia judicial puede proteger a una persona cuando el poder político de su país ha dejado de ofrecerle confianza y extiende su brazo allende fronteras. En aquel discurso don Máximo explicó que escogió Costa Rica por el prestigio de su Poder Judicial y celebró que el país hubiera aceptado tempranamente la jurisdicción interamericana, esa que hoy se considera “alcahuetería de la agenda 2030”. Su gratitud no fue una cortesía vacía: habiendo comparecido en condición de acusado, algo que puede ocurrirle a cualquier persona, encontró respeto a sus derechos (¡esas garantías tan atacadas!) y una respuesta jurídica a su conflicto en vez de una orden dictada desde el poder de turno o un acto de humillación pública. ¡Jueces valientes aquellos que, pese al asedio internacional, tutelaron sus derechos y dignidad!

El proyecto político que usted apoya, doña Pilar, con frecuencia afirma que Costa Rica “tiene una dictadura de 70 años” y que gran parte de esa supuesta dictadura proviene de un Poder Judicial que —se da a entender— desde siempre y generalizadamente ha sido corrupto. Eso no concuerda con la valoración expresada por su padre, cuyas apreciaciones se ubican en el mismo rango temporal. Es cierto que en la historia costarricense ha habido abusos de quienes ejercen el poder, corrupción y ello ha generado un deterioro importante en diversos indicadores, sobre todo sociales, como el incremento en la deuda del Estado hacia la CCSS y la violencia social. No obstante, en estos más de 70 años se forjó un sistema de educación pública que le permitió a una hija de campesinos, como yo, estudiar junto a quienes pertenecen a las élites locales en universidades del máximo prestigio mundial. En este lapso se universalizó la seguridad social, se aumentó la cobertura boscosa y se hizo del país un referente en materia ambiental. A diferencia de verdaderas dictaduras siempre se han celebrado elecciones con una amplia oferta de posiciones políticas, la prensa no fue expropiada y funcionó el Congreso. Es cierto que toda democracia formal debe siempre profundizarse, pero inclusive la omisión en tal sentido no la convierte en dictadura.  

En materia de justicia se fue ampliando la cantidad y calidad de los servicios y aunque hay discusiones en política pública, señaladas por el Estado de la Nación, que deben emprenderse, los indicadores comparativos con otros países siguen siendo ventajosos. Pero eso no permite hablar seriamente de un sistema fallido, ni generalizadamente inoperante, como ahora se hace ver mediante recursos retóricos populistas y demagógicos.

 Por tanto, no hay punto de comparación entre el sistema político que llevó a su familia al exilio y el de Costa Rica, que la acogió. En honor a la precisión conceptual no dudo que usted aclarará, públicamente, que el uso de las palabras “dictadura” y “golpe de Estado” desde el Ejecutivo y el Legislativo están absolutamente fuera de lugar, explicará a sus seguidores lo inapropiado de su uso e instará a que quienes las utilizaron brinden disculpas públicas no solo a la comunidad costarricense, sino también a quienes han sufrido los embates de verdaderos regímenes tiránicos.

Primera conformación de la Corte IDH
(con Máximo Cisneros y Rodolfo Piza).

Entre 1979 y 1985 su padre integró, como juez, la primera Corte Interamericana y fue su primer vicepresidente, período en el que coincidió con Rodolfo Piza Escalante,[8] ideólogo y fundador de nuestra Sala Constitucional que, por décadas, fue un referente latinoamericano. Si hoy ha perdido parte de ese reconocimiento no ha sido producto del diseño normativo de la jurisdicción constitucional sino de las decisiones en la selección de quienes ostentan algunas magistraturas, reglas que tampoco se cambiaron en la anterior legislatura. Don Máximo participó en el asunto Viviana Gallardo e intervino en las cinco primeras opiniones consultivas del tribunal regional.[9] Esa jurisprudencia estableció que los tratados de derechos humanos protegen a las personas frente a su propio Estado; que la pena de muerte no puede expandirse ni utilizarse contra delitos políticos pues aún los sentenciados no pierden su dignidad humana; que las diferencias legales no pueden perseguir fines arbitrarios o despóticos; y que la libertad de expresión es una condición de la democracia.[10] Dos de esas opiniones consultivas firmadas por su padre dialogan, de manera especial, con Costa Rica y con su justicia de hoy. VA IMAGEN 3

Esa herencia intelectual de dos ilustres juristas de su familia no la obliga a usted a pensar como ellos ni a defender tales ideas. Las biografías no son cadenas. Sin embargo, sí nos invitan a preguntarnos: ¿qué aprendemos de ellas? Don Máximo conoció un régimen que removía a su antojo las garantías y a quienes debían juzgar. No obstante, encontró refugio en un país donde los tribunales podían decidir sin recibir instrucciones del Ejecutivo. Cuando en los años 70 se detectaron vicios que podían afectar la objetividad, se trasladaron al Poder Judicial la investigación criminal y la acusación pública, con el propósito de alejarlas de la dirección inmediata del Ejecutivo (aunque manteniendo el porcentaje de presupuesto originalmente asignado en la Carta Magna solo para la judicatura).[11] Hoy, ese modelo se pretende revertir pese a las debilidades demostradas antes. Inclusive, el presupuesto aprobado legislativamente para sostener ese andamiaje se disminuye a partir de directrices ejecutivas.

Cisneros Sánchez ayudó a construir una Corte Interamericana destinada a limitar los abusos estatales. Su vida enseña que la justicia independiente incomoda precisamente porque no pertenece a ningún gobierno. ¿No son esa idea y esa lección lo suficientemente poderosas para que sigamos luchando por ellas? ¿No merece la justicia que encontró su padre que distingamos entre una reforma cuidadosa y la destrucción de aquello que todavía funciona?

En diciembre de 2023 usted calificó una decisión electoral como “golpe de Estado político-electoral” y habló de una “dictadura legal y constitucional”. En octubre de 2025 también aludió a una actuación del Tribunal Supremo de Elecciones como un “golpe de Estado institucional”.[12] Ahora las propias autoridades del Ejecutivo y del Legislativo a las que usted asesora utilizan la referencia a golpe de Estado. Duele, doña Pilar, escuchar esas expresiones aplicadas al quehacer de los órganos constitucionales creados para contener el poder, cuya actividad puede ser siempre mejorable, pero nunca prescindible. Al margen de que las decisiones se compartan o no, el recurso retórico es inadecuado y debe reconocerse, máxime si, además, se obvia cómo se generaron tales decisiones: por el incumplimiento de la letra expresa del artículo 164 de la Constitución Política en manos de las diputaciones afines a su proyecto político.[13] Duele que usted, habiendo intervenido como diputada en la Comisión que votó las nóminas de magistraturas suplentes, ahora guarde silencio ante la descalificación dirigida contra jueces y juezas de carrera que se encuentran en esas listas quienes, como su abuelo y padre, se someten de buena fe a las reglas del juego y sufren los embates de quienes opinan sin contar con información suficiente o contratados para tal fin.

Es legítimo considerar que una resolución sea errónea, excesiva o jurídicamente insostenible. También es legítimo pedir responsabilidades. Lo que resulta peligroso es borrar la frontera entre un desacuerdo sometido a procedimientos constitucionales y la ruptura del orden democrático. Usted, como asesora de comunicación de ese proyecto político, por respeto a la memoria de las víctimas de las dictaduras del Cono Sur y Centroamérica, ¿no cree prudente desaconsejar y condenar esta escalada narrativa? Su historia, doña Pilar, es parte de una experiencia latinoamericana mayor: la de quienes perdieron seguridad, trabajo, patria y hasta seres queridos cuando el poder dejó de aceptar límites.

Un golpe de Estado no es simplemente una resolución que disgusta al gobierno, a la oposición o a una mayoría legislativa. Supone la sustitución o anulación del orden constitucional por medios ajenos a él: fuerza, coerción, desconocimiento de los poderes legítimos o captura de las instituciones. Las democracias, en cambio, viven de conflictos regulados. Los poderes se controlan, se contradicen y a veces se frustran entre sí. Esa fricción puede ser incómoda, pero es justamente lo que impide que una sola voluntad se convierta en ley. Llamar golpe-de-Estado a la sentencia antes de debatir sus argumentos no fortalece a la Asamblea Legislativa ni debilita jurídicamente a la Sala Constitucional: solamente eleva la temperatura pública, convierte al adversario institucional en enemigo, puede afectar la confianza institucional y la imagen del país y, lo que es peor, banaliza las heridas de quienes sí sufrieron regímenes despóticos y que escogieron este terruño para encontrar paz y nutrirnos con su visión de mundo.

Doña Pilar, no le pido que abandone su crítica a ninguna institución. Le pido algo más fácil y valioso: que en honor a los Máximo Cisneros de su familia —que hoy se encarnan en jueces y juezas honestos que cumplen a diario con su labor aunque sean objeto de burla e incomprensión como seguramente pronto lo seré yo— esa crítica se realice con la fuerza de los hechos y del derecho, sin distorsiones, sin adulteraciones, sin violencia verbal, con disposición al diálogo y a la construcción conjunta, de tal forma que pueda diferenciarse la deficiencia de la conspiración y una divergencia interpretativa de una ruptura democrática. Recuerde que la independencia judicial real cobija a todas las personas, no solo a quienes comparten la decisión de un tribunal: protegió a su padre cuando era extranjero, exiliado, imputado y sometido a un proceso de extradición. Protege hoy a muchas personas víctimas de una furia alimentada con algoritmos y amañada con una amplia variedad de mecanismos de manipulación y aspiramos a que mañana todavía nos pueda resguardar si somos víctimas del abuso de poder que se vuelve cada vez más visible en el mundo actual.

También le solicito que esa crítica no acalle la que requieren todos los movimientos políticos y los otros poderes del Estado, porque la coherencia la verdad y la ética exigen aplicar el mismo escrutinio a todos por igual.

El proyecto político en el que usted participa ha incumplido mandatos constitucionales en materia de nombramientos y presupuestos aprobados. Ello no aporta a una justicia eficaz y confiable. El Poder Judicial requiere ejercer sus funciones con autocrítica y ajustar los indicadores que fallan. Ningún poder está por encima de la Constitución ni puede borrar al otro mediante consignas. No es válido incrementar el volumen del ruido para distraernos de los gravísimos problemas que tenemos enfrente: en seguridad tanto como en educación, en corrupción pero también en salud pública, en finanzas públicas y generación de empleo pero también en ética pública.

Me he tomado el atrevimiento de invocar la memoria de su familia porque la trayectoria de hombres públicos de bien no pertenece solo a sus parientes. La vida de don Máximo Cisneros Sánchez —tanto por su experiencia como perseguido político como, sobre todo, por su trayectoria como juez— nos sigue inspirando y nos recuerda que la función pública implica educar. Honrar esa memoria no exige idealizar nuestras instituciones; exige impedir que el lenguaje de la democracia se vacíe hasta que cualquier contrapeso parezca una traición. Exige conciliar y aceptar el error cuando este se produce. Hagamos honor a quienes buscaron justicia aquí, cuando la justicia dejó de ser segura allá. No destruyamos con palabras de confrontación la institucionalidad que, hace más de medio siglo, abrió a su familia una puerta de refugio y de derecho. Costa Rica necesita reformas, firmeza y verdad. También necesita serenidad. Nuestros problemas no se solucionan inventando golpes de Estado o dictaduras por doquier ni gritando e insultando al adversario: se empiezan a desenredar cumpliendo la Constitución y las leyes (las que nos gustan y las que no), respetando los contrapesos y cuidando la casa común, incluso —y sobre todo— cuando disentimos.

Por ello, doña Pilar, parafraseo a Oscar Arnulfo Romero y le imploro que interponga sus buenos oficios ante las autoridades del Ejecutivo y del Legislativo a las que usted asesora para que cada cual cumpla con los deberes constitucionales que le corresponden y que cese la violencia verbal y simbólica, alimento de otras formas de violencia social. Alce usted, doña Pilar, la voz para desescalar esta narrativa hostil que tanto divide a las familias. Que ese gesto de respeto a las normas sea el primer paso para emprender modificaciones de gran calado que honren la memoria de quienes, aquí y allá, han servido con rectitud a la justicia.

Atentamente,
Rosaura CHinchilla-Calderón
Jueza

[1] Fernando Ayllón Dulanto, “Manuel Benjamín Cisneros”, Museo del Congreso y de la Inquisición del Perú, pp. 4-6. La reseña documenta la formación y carrera de Máximo Cisneros Valle como juez, relator y vocal de la Corte Superior de Lima. Texto completo.

[2] Hernán Ponce Monge, “Semblanza del señor Contralmirante CJ. (f) Máximo Cisneros Sánchez”, Revista de Marina, núm. 2 (2014), pp. 191-197. Texto completo.

[3] La tesis de las 200 millas marinas fue una política peruana destinada a afirmar soberanía y proteger los recursos naturales del mar adyacente a sus costas. En 1947, Máximo Cisneros Sánchez participó, como auditor de la Zona Judicial de Marina y asesor del Ministerio de Marina, en el estudio jurídico del decreto que proclamó esa extensión marítima, junto con diplomáticos peruanos. La medida buscaba conservar los recursos pesqueros y se convirtió en antecedente del nuevo Derecho del Mar. Más tarde sirvió como fundamento histórico de la posición peruana en controversias de delimitación marítima, incluida la resuelta por la Corte Internacional de Justicia en 2014.

[4] Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social del Ministerio de Cultura del Perú, reseña sobre el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada; véase también la bibliografía histórica sobre el golpe de 3 de octubre de 1968 y el gobierno de Velasco hasta 1975. LUM Perú.

[5] Ángel Hugo Pilares, “Pilar Cisneros, la peruana que es la mujer más influyente de Costa Rica”, El Comercio, 13 de junio de 2013. La entrevista recoge el relato de Pilar Cisneros sobre APSA, el proceso tributario y la sustitución de jueces. Entrevista.

[6] La historiadora Anna Cant, en un estudio sobre la propaganda política del velasquismo, señala que ese gobierno militar proclamó su propósito de derribar a la oligarquía y ejecutar grandes cambios sociales en beneficio de sectores populares. También subraya que fue una “revolución desde arriba por decreto”, apoyada en propaganda estatal y movilización simbólica y agrega “…el Gobierno utilizaba la comunicación de masas de una manera innovadora y extensa para generar el respaldo popular, por lo que acudieron a periodistas, artistas e intelectuales para promover sus reformas […] la propaganda política del Gobierno de Velasco tuvo un impacto acumulativo en el espacio público, es decir, hubo una “invasión” de mensajes políticos en las plazas, las calles y las paredes de los edificios públicos.” Ver: https://books.scielo.org/id/cw5zr/pdf/schuster-9789587389456-12.pdf

[7] Máximo Cisneros Sánchez, discurso pronunciado el 4 de septiembre de 1979 al ser recibida la Corte Interamericana por la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, en Memoria de la Instalación de la Corte IDH, pp. 48-50. Texto completo.

[8] Ambos juristas tienen sesudos estudios que aún hoy son consultados: Cisneros Sánchez, Máximo. “Algunos aspectos de la jurisdicción consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. En La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estudios y documentos, San José: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1986. Piza Escalante, Rodolfo, y Cisneros Sánchez, Máximo. “Algunas ideas sobre la incorporación del Derecho de Asilo y de Refugio al Sistema Interamericano de Derechos Humanos”. En Asilo y Protección Internacional de Refugiados en América Latina, UNAM, México, 1982.

[9] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Historia. Máximo Cisneros Sánchez fue juez entre 1979 y 1985 y primer vicepresidente. También intervino en el asunto Viviana Gallardo y otras, Serie A núm. 101 (1981).

[10] Corte IDH, opiniones consultivas OC-1/82, OC-2/82 y OC-3/83. Estas decisiones trataron, respectivamente, el alcance de la función consultiva, las reservas a la Convención Americana y las restricciones a la pena de muerte. OC-1/82; OC-2/82; OC-3/83. En la OC-4/84, la Corte IDH examinó una reforma constitucional sobre naturalización y desarrolló un criterio temprano de igualdad y no discriminación. Años después, la Sala Constitucional (voto de la Sala Constitucional 3435-92) utilizó los instrumentos internacionales de derechos humanos para interpretar el artículo 14 de nuestra Constitución sin la discriminación de género que contenía su antigua redacción. Valga aclararle a uno de los comentaristas de los canales oficiales que ni el de la reelección presidencial fue el único pronunciamiento constitucional que modificó la propia Constitución, ni tal pronunciamiento es único en la región, pues ha sido un recurso frecuente en los tribunales constitucionales de cara a lo dispuesto por el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, como se extrae con cualquier búsqueda de internet. En la OC-5/85 la Corte declaró incompatible con la Convención la colegiación obligatoria cuando impidiera a cualquier persona utilizar plenamente los medios para expresarse o transmitir información. La opinión sostuvo que la libertad de expresión es “piedra angular” de una sociedad democrática y que una sociedad mal informada no es plenamente libre. Máximo Cisneros firmó la opinión y agregó una declaración individual sobre el papel legítimo de los colegios profesionales cuando no restrinjan la libertad de expresión.

[11] Abusos de poder en la investigación y acusación condujeron a pasar la Dirección de Investigaciones Criminales (DIC) al Poder Judicial bajo el nombre de Organismo de Investigación Judicial (O.I.J.) y a excluir, de las potestades de la Procuraduría General de la República, el ejercicio de la acción penal pública creando el Ministerio Público, ambas con desconcentración máxima.

[12] Revista del TSE, núm. 38, sobre la reacción de diciembre de 2023; EFE, 7 de octubre de 2025, sobre la expresión “golpe de Estado institucional”.

[13] El artículo 164 de la Constitución encomienda a la Asamblea Legislativa su nombramiento a partir de una nómina propuesta por la Corte Suprema. La Sala Constitucional sostuvo desde 2013 (valga decir, decidió así contra un grupo político diferente al actualmente en el poder) que el Congreso debe escoger dentro de esa lista y que el procedimiento no contempla devolverla. En junio de 2026, la Presidencia de la Sala informó que la falta de designaciones ya incidía en decenas de expedientes con inhibitorias; semanas después, el Tribunal Constitucional resolvió un amparo interpuesto por un ciudadano directamente afectado por esa decisión. Todo ello ocurrió dentro del procedimiento previsto por el ordenamiento. El único punto discutible de la resolución puede ser el de la medida provisional destinada a conservar la integración necesaria para que el tribunal pudiera funcionar. Esa decisión puede y debe ser examinada críticamente: su fundamento, alcance, temporalidad y relación con las competencias legislativas son cuestiones constitucionales discutibles. Pero discutirlas exige razones que al 5 de agosto de 2026 no se conocen.

Nicoya: memoria compartida, identidad viva

Frank Ulloa Royo

«La tierra no se divide con fronteras, se multiplica con memorias.» — Laureano Albán, poeta guanacasteco

Cada 25 de julio, Costa Rica celebra lo que llama la “Anexión del Partido de Nicoya”. Pero las palabras, como las memorias, tienen historia. En los documentos originales de 1824 nunca aparece el término anexión. Se habló de unión, de agregación, de incorporación (Rodríguez Espinoza, 2015). El vocablo llegó después, importado por diplomáticos como Felipe Molina, influido por la moda política de Estados Unidos tras la anexión de Texas en 1845 (Pizarro Zelaya, 2024). Llamar “anexión” a lo que fue un proceso de incorporación pacífica es una contradicción que revela cómo el relato oficial se construyó en oposición a Nicaragua, invisibilizando los vínculos que nos unen (Sibaja, citado en Pizarro Zelaya, 2024).

Nicoya, Santa Cruz y Guanacaste fueron durante siglos parte de la Intendencia de Nicaragua, bajo el Obispado de León (Archivo Nacional de Costa Rica, Actas 1824). Sus poblaciones, sus fiestas, sus cantos y sus comidas son testimonio vivo de esa raíz nicaragüense que aún late en la cultura guanacasteca. Costa Rica misma fue colonizada en parte por migraciones de criollos nicaragüenses, que trajeron trabajo y esperanza (Rodríguez Espinoza, 2015). El oro de los montes del Aguacate permitió la acumulación originaria de capital, que luego se consolidó en los cafetales del Valle Central. La sangre que dio forma a la nación costarricense es también sangre nicaragüense.

El acta del 25 de julio de 1824 fue firmada por 25 personas, casi la mitad de ellas pertenecientes a la familia Viales Briceño. Representaban a unos 4.500 habitantes del Partido de Nicoya (Archivo Nacional de Costa Rica, Actas 1824). No fue un acto único ni definitivo: el proceso se ratificó en varias ocasiones entre 1825 y 1838, se reafirmó en el Tratado Cañas–Jerez de 1858 y culminó con la delimitación fronteriza de 1900 (Rodríguez Espinoza, 2015; Pizarro Zelaya, 2024). Siete décadas de negociaciones y disputas que hoy se reducen a una palabra que nunca existió en los documentos originales.

La identidad nacional costarricense se ha narrado muchas veces en oposición a Nicaragua. Felipe Molina describía a Nicaragua como un territorio “anarquista”, mientras exaltaba a Costa Rica como tierra pacífica (Molina, 1851). Esa visión permeó discursos oficiales y libros escolares durante más de un siglo. Pero la memoria histórica nos recuerda que Nicoya sí pertenecía a Nicaragua, y que negar esos vínculos es negar parte de nuestra propia raíz (Rodríguez Espinoza, 2015).

Hoy, cuando los gobiernos de Costa Rica y Nicaragua parecen profundizar sus confrontaciones políticas, es más necesario que nunca recordar que los pueblos no son enemigos. La memoria compartida de Nicoya nos recuerda que la frontera no es un muro, sino un puente. Que las familias, las tradiciones y las luchas sociales han estado siempre entrelazadas. La resistencia en las calles —las celebraciones, las marchas, las voces que reclaman dignidad— debe acompañarse de una resistencia ideológica que reivindique que la justicia y la integración regional no son amenazas, sino caminos posibles. Frente a los zarpazos antisocialistas que buscan deslegitimar estas ideas llamándolas “terroristas”, debemos afirmar que lo que se persigue es una verdadera liberación económica y social (Albán, 1990).

El 25 de julio no debe ser solo una fecha de orgullo regional, de fiestas y gritos de alegría, sino también un recordatorio de la hermandad histórica entre Costa Rica y Nicaragua. Nicoya, esa Nicaragüita es memoria compartida, raíz nicaragüense y corazón costarricense. Celebrar su incorporación es celebrar la posibilidad de que los pueblos, más allá de las fronteras y de las disputas políticas, puedan reconocerse en su historia común y construir juntos un futuro de justicia y dignidad.

El gallo pinto y la cuajada son más que alimentos: son símbolos de una raíz compartida que no reconoce fronteras. En las mesas de Guanacaste y de Rivas, en las cocinas de Nicoya y de León, el mismo aroma de frijoles y arroz mezclados con manteca y culantro se levanta como un canto cotidiano de unidad. La cuajada fresca, moldeada en manos campesinas, es la misma en Costa Rica y en Nicaragua, y su sabor recuerda que la leche y la tierra no entienden de límites políticos.

Estas comidas son memoria viva, ética de lo sencillo y humanidad que se transmite desde la raíz: pueblos originarios que habitaban la región como uno solo, compartiendo maíz, cacao y sal, mucho antes de que existieran fronteras. Así, cada bocado de gallo pinto es también un acto de resistencia contra la división, un recordatorio de que la cultura se multiplica en la mesa y que la dignidad de los pueblos se alimenta de lo que comparten.

Referencias

  • Albán, L. (1990). Poemas de la tierra compartida. San José: Editorial Costa Rica.
  • Archivo Nacional de Costa Rica. (1824). Actas del Partido de Nicoya. San José.
  • Molina, F. (1851). Bosquejo histórico de Costa Rica. San José: Imprenta Nacional.
  • Pizarro Zelaya, A. (2024). La palabra “anexión” y la construcción de la identidad nacional. Universidad de Costa Rica.
  • Rodríguez Espinoza, A. (2015). La incorporación del Partido de Nicoya: revisión de fuentes primarias. Universidad Estatal a Distancia.
  • Sibaja, L. F. (2024). Entrevista citada en Pizarro Zelaya, A. La palabra “anexión”. UCR.

Del período de los Recolectores hasta la posible III República

Vladimir de la Cruz

La Historia de Costa Rica, en forma sencilla de decirlo, es la suma de todos los eventos humanos, culturales, sociales, educativos, religiosos, económicos, políticos, electorales desde que tenemos elecciones, de nuestro pasado hasta el presente, que han permitido construir y hacer evolucionar la sociedad democrática nacional que hoy tenemos, de valorar las instituciones que existen como engranaje de la convivencia social que vivimos.

Esa Historia, ese desarrollo histórico, se dio por etapas, por períodos de vida, períodos largos o cortos, según se analicen y distingan, por una evolución social, económica y política, que caracterizaron esas etapas o períodos en donde avanzamos de los tiempos más primitivos a los actuales más modernos.

Algunos de esos períodos o etapas se dieron evolutivamente, otros por resultados impositivos violentamente, provocando nuevos períodos y etapas. Así por ejemplo, los tiempos más remotos datan desde que consideramos la existencia humana en el actual territorio de Costa Rica, haya sido por el paso migratorio de quienes venían de la región norte del continente o de quienes procedían de la región sur del continente, cuando el continente americano estaba debidamente formado en su formación geológica y geomorfológica, y dejaban la prueba de su paso por el territorio como desde cuando empezaron a establecerse, de acuerdo a los hallazgos arqueológicos y las interpretaciones antropológicas de su existencia nacional.

Los períodos históricos, como conceptos ya datados, pueden tener sus diferencias cronológicas según los datos, eventos o sucesos que el historiador, o quien los elabore, pueda tener o establezca como puntos de partida y de cierre de esos períodos históricos.

De esta manera, tenemos el período de las comunidades recolectoras, las cazadoras, las pescadoras, las agroalfareras, que condujeron al surgimiento de las sociedades cacicales hasta la llegada de los españoles y europeos, a partir de 1492 en el continente, y de su presencia en el territorio nacional desde 1502, con Cristóbal Colón recorriendo la costa caribeña y su breve estadía en la zona de Limón, y de la penetración en el territorio unos años más tarde, 1519. Hasta aquí, a grandes rasgos, es la historia antigua de Costa Rica o precolombina, como también se le conoce.

De estos dos últimos momentos se plantean los períodos históricos que conocemos como el de conquista y el de colonia, ambos se remontan hasta la proclamación de la Independencia de España el 29 de octubre de 1821 en Cartago. El de la conquista se prolongó, en términos generales hasta el tiempo de la fundación de Cartago, en la década de 1560, cuando prácticamente los españoles habían logrado controlar el centro del país, y ejercieron dominio sobre las comunidades indígenas principales. Además, porque su establecimiento les empezó a facilitar disponer de los recursos naturales de aquellos años, y de poner a las comunidades indígenas sometidas a trabajar para ellos, y lo que ellos representaban, el Reino Español. De igual modo, de imponerles a las comunidades sometidas todo su engranaje político, religioso, jurídico, social, cultural, y destruir hasta donde pudieron todo el engranaje y sistemas de vida de las comunidades indígenas. De esta forma las tierras que habitaban libremente las comunidades indígenas y disfrutaban para ellos pasaron a ser tierras del Rey o realengas, y las comunidades indígenas fueron obligadas a trabajar para los españoles y no para ellos mismos. La organización de poder político que tenían las comunidades indígenas se les eliminó y se les obligó a acatar y aceptar el poder político de las autoridades españolas que las dominaban. Se les obligó a aceptar y someterse a las disposiciones legales o jurídicas que los españoles traían y las que desarrollaron en el continente. Se les destruyeron sus templos religiosos y se les impusieron los templos, iglesias católicas, a sus valores religiosos naturales se les impusieron los valores cristiano-católicos.

La narración histórica así puede establecer los períodos de la historia precolombina o antigua, la de la conquista y la de colonia. En ella se contienen los sucesos que se destacan en forma generalmente cronológica, con base en documentos, restos materiales, testimonios que hayan quedado orales, y las costumbres, tradiciones y expresiones folklóricas que puedan considerarse como manifestaciones de vida social en esos períodos.

La narración histórica de esos tiempos resultó de los textos de quienes ejercieron el poder, que escribían y dejaban documentalmente, o de funcionarios a quienes se les pedía que fueran relatando como memoria los sucesos de la vida cotidiana y política que se estaba desarrollando. Muchos sacerdotes, conquistadores y colonos así lo hicieron y testimoniaron. Después por escribanos y otros funcionarios. Cuando en la Colonia desarrollaron instituciones educativas, como las universidades, surgieron en ellas esos relatores, y también rescatadores de la vida anterior indígena y contemporánea que estaban viviendo.

Durante la colonia las rebeliones indígenas y la resistencia anticolonial se mantuvo.

Con la Independencia surgieron otros períodos históricos. Así, desde 1821 hasta hoy podemos establecer la siguiente línea cronológica, de períodos, desde la perspectiva de datos políticos.

El período de las Juntas de Gobierno, 1821-1823, el período de la República Federal de Centroamérica, 1824-1838, cuando pertenecimos a ella como Estado de Costa Rica, que así lo fue formalmente hasta 1848. Durante el período de la República Federal las autoridades superiores, del Poder Ejecutivo, se llamaron presidente, y las del Estado de Costa Rica, jefes de Estado.

A partir de 1848 se declaró la República de Costa Rica hasta hoy, gran período que a su vez se puede fragmentar en Primera República, 1848-1948, aunque así no fue declarada durante esos cien años. A las autoridades superiores de la República, del Poder Ejecutivo, se les llama, desde 1848 hasta hoy, presidente.

En marzo-abril de 1948 se produjo la Guerra Civil, para garantizar un resultado electoral de las elecciones de febrero de ese año. José Figueres Ferrer fue el líder militar de la rebelión triunfante quien se impuso por dos años ante Otilio Ulate, triunfador de las elecciones anuladas que dieron origen al conflicto armado. Al asumir el poder declaró fundada la Segunda República, que corresponde al período 1948 hasta nuestros días.

En el último gobierno, el del presidente Rodrigo Chaves Robles, 2022-2026 y en el actual de Laura Fernández Delgado, 2026-2030, se habla de una Tercera República, la cual no se ha declarado oficialmente. Lo que ha habido es un ataque sistemático a todo lo que simboliza institucionalmente, en la estructura del Estado, sus Poderes Públicos y órganos políticos de control administrativo, el armazón que lo constituye, sin que se hayan planteado las nuevas formas institucionales de esa posible Tercera República.

Clave importante de este desarrollo político institucional ha sido la formación de valores políticos y sociales. Los de las comunidades indígenas hasta donde fue posible los destruyeron, acabaron y borraron. Los de la conquista y la colonia fueron los valores políticos y sociales de los españoles que se impusieron como valores dominantes.

En la vida social y política los valores que se imponen, como modo y práctica de vida, son los de los grupos y sectores políticos o de clases sociales dominantes. En este sentido los valores son históricos, pues responde a períodos históricos y a los grupos que en ellos dominan. Así son también los valores morales o religiosos.

Los valores sirven para garantizar la convivencia social armónica, para aceptar esa convivencia. Los valores por ello sirven para orientar la formación ciudadana, la opinión pública, y la participación política ciudadana. También son usados para orientar o definir el rumbo de las políticas públicas, y las acciones de gobierno o de gobernanza, que desde el Poder Ejecutivo, se impulsan, y sirven para promover doctrinas políticas ce distintos tipos, puesto que cada una de ellas tiene su propia y específica escala de valores, lo que muchas veces se trata de expresar en las llamadas “ideologías”.

La transmisión de valores se produce en la Familia, en la Escuela, en la Iglesia, en los medios de comunicación, en los distintos aparatos de comunicación del Estado. para educar a los niños y a los jóvenes en los valores “nacionales”, “patrióticos”.

En la Escuela, en el proceso educativo, se fortalecen las bases de los valores que familiarmente se han introducido en los niños, en el núcleo familiar. La Escuela, Colegio o Universidad, como instituciones educativas tienen la responsabilidad política, cívica ciudadana, de formar para la mejor vida en sociedad, para la mejor convivencia social.

Aquí es donde se deben fortalecer con más empeño los valores de Respeto y Tolerancia, para enseñar a reconocer y aceptar la diversidad de opiniones, de religiones, de creencias, de grupos sociales, étnicos, o raciales, las diversas expresiones de la convivencia familiar que ahora existen.

En el proceso educativo se deben fortalecer, entre otros, los valores de la Libertad, la Igualdad, la Equidad, la Justicia Social, la Solidaridad, la Participación Ciudadana, el del Pluralismo político, la Responsabilidad, la Honorabilidad y Honestidad, los valores que definen la identidad, los que fortalecen los vínculos familiares, los del amor y el respeto, así los valores éticos de actuar con transparencia, humildad y compromiso para cumplir las metras y objetivos que trazamos para la vida personal, familiar y pública.

La enseñanza del valor de la Libertad es fundamental porque da el derecho a expresar ideas, posibilita la disensión, garantiza el respeto al libre pensamiento. Políticamente enseña a organizarse, sin temor alguno, y a participar en la vida política orientada a elegir libremente gobernantes, autoridades y representantes de gobierno, sin coerción alguna.

La enseñanza de los valores del Pluralismo y la Tolerancia son fundamentales para enseñar a reconocer y respetar la diversidad de opiniones religiosas, morales, éticas, políticas. Es para enseñar el respeto a las maneras de pensar y de ser como personas. Es para enseñar la promoción de debates públicos donde se expresen distintas opiniones para tratar de lograr altos fines públicos constructivos.

La enseñanza de los valores asociados a la Justicia, la Equidad y la Solidaridad son para fortalecer el respeto para el trato igual e imparcial a todos los ciudadano, son para estimular la conciencia de resolver las brechas de desigualdad social que existen y fomentar el compromiso colectivo para logar el mayor bienestar posible de las poblaciones o sectores sociales más vulnerables, marginales o excluidos de las políticas públicas, para lograr mayor cohesión social y mayor paz social.

Los valores de Responsabilidad y Transparencia para enseñar la rendición de cuentas en el servicio público y en la toma de decisiones.

El proceso escolar, por ejemplo, en paralelo con la vida ciudadana, ha desarrollado prácticas escolares de elecciones estudiantiles, en las escuelas y colegios. Allí los niños y los jóvenes aprenden, como los mayores, como los ciudadanos, a participar libre y organizadamente en partidos políticos, o grupos políticos que se asemejan a los partidos políticos haciendo de esas formas sus primeras armas políticas para la vida en la sociedad política de los adultos, la que define los rumbos del país y de la sociedad que vivimos.

Recientemente, el Ministerio de Educación envió la circular DM-CIR-0047-2026 a todas las instituciones educativas del país instruyendo a los educadores para que en la exposición de sus lecciones actúen con neutralidad política electoral, como un mecanismo de presión sobre los docentes, procurando imponer de esa manera un régimen de terror, de miedo, de silencio, de control político en las aulas. En la época de la dictadura de Francisco Franco en España, en las Universidades y en instituciones educativas había control policial sobre lo que decían los maestros y los profesores, a veces con presencia de policías en las aulas. ¿A esto se quiere llegar en Costa Rica?

En la práctica educativa y docente del país me atrevo asegurar que la vida académica y de enseñanza se produce con esa neutralidad política y electoral.

En las escuelas, en los colegios y en las Universidades todos los cursos que se imparten se dan sobre Programas Académicos, debidamente aprobados, con procesos rigurosos de aprobación, que trazan o señalan los contenidos que se deben comunicar, transmitir o estudiar por parte de los estudiantes. Ninguno de esos Programas está sometido a la parcialidad política electoral. Ni siquiera, hasta ahora están sometidos y redactados de conformidad al interés político de cada administración política que tenga al país.

Los partidos políticos que han gobernado el país y el Poder Ejecutivo, Liberación Nacional, los que se han agrupado alrededor de la Unidad Social Cristiana o del Partido Acción Ciudadana han impulsado desde el Consejo Superior de Educación, programas educativos para toda la enseñanza que respondan a los intereses políticos y político electorales de esos partidos, gobiernos y presidentes.

Los temas que le preocupan al actual ministro de Educación, en esa circular, son los temas político-electorales. Estos temas son tratados únicamente, de ser tratados, en los cursos de Estudios Sociales, de Historia, de Formación Cívica o Ciudadana.

No existe en el país literalmente hablando una Historia Oficial. Una historia oficial sería aquella que el Estado o el gobierno de turno redacta como texto oficial de obligada enseñanza.

Los textos que se han enseñado como básicos para el estudio de la Historia Nacional y de la Formación Cívica ciudadana han sido elaborados por destacados profesores, historiadores o investigadores de temas sociales, jurídicos y cívicos. La “Cartilla Histórica” de Ricardo Fernández casi 50 ediciones tuvieron, una por año, los textos de “Historia de Costa Rica” de Carlos Monge Alfaro, los de Carlos Meléndez, o los de los profesore Carlos Luis Sáenz y Adela Ferreto, eran los que se usaban regularmente.

La Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional colaboraron en pasado con el Ministerio de Educación en la elaboración de textos que nunca fueron cuestionados por parcialidad informativa, analítica o interpretativa, ni acusados de ser “parciales política o electoralmente” a favor de algún partido o tendencia política.

Los profesores lo único que tienen es su formación profesional, académica, y su libertad de exponer el contenido del Programa de Estudios oficial que tienen que enseñar o dirigir, en su estudio a los estudiantes de acuerdo a su formación profesional.

Lo único que tienen en esa formación académica es esa Libertad de Cátedra que les da su formación profesional y académica, con los valores con que han sido formados para desarrollar los temas de los programas que deben estudiar sus alumnos, y motivarlos en el estudio de la Historia Patria.

La enseñanza está dirigida a formar hombres y mujeres con capacidad crítica de pensar, con capacidad de desarrollar y tener pensamiento propio. Está dirigida a formar mejores ciudadanos.

La enseñanza está dirigida a formar Hombres y Mujeres Libres para poder lograr una sociedad democrática más sólida, más desarrollada, mas inclusiva, más justa.

Hasta la Segunda República así ha sido la política educativa del país en general. Ni siquiera en el período de la Junta de Gobierno, 1948-1949, ni en la siguiente década, 1949-1958, cuando yo hice la primaria y aún el país olía a pólvora y represión política post guerra civil, los programas educativos de esos años se orientaron a exaltar a los triunfadores de la Guerra Civil, ni a imponer una Historia Oficial de los victoriosos.

En el esquema de la Tercera República que se quiere imponer, ¿es eso lo que se quiere desarrollar?, ¿una Nueva Historia Nacional a partir del gobierno de Rodrigo Chaves y de Laura Fernández? ¿Los ataques de Rodrigo Chaves a los gobiernos, gobernantes y partidos gobernantes, del período 1949-2022, igualmente condenados por Laura Fernández, hacia eso se dirigen?, ¿hacia la Historia de la Tercera República, con las fotos de Rodrigo Chaves y de Laura Fernández, en la entrada, en la recepción de los aeropuertos internacionales Juan Santamaría y Daniel Oduber, como lo hace Bukele en El Salvador?

Territorio Indígena Térraba celebrará el Festival Cultural Filomena Navas en homenaje a la Benemérita de la Patria

El Territorio Indígena Térraba, en Puntarenas, será escenario del Festival Cultural Filomena Navas, Volumen 01, una actividad que rendirá homenaje a Filomena Navas Salazar, recientemente declarada Benemérita de la Patria, mediante una programación que combina patrimonio cultural, memoria histórica, arte y saberes indígenas.

El festival se realizará los días 24 y 25 de julio de 2026 y ofrecerá una amplia agenda de actividades abiertas al público, orientadas a fortalecer el reconocimiento de la identidad cultural del pueblo térraba y de la trayectoria de una de sus figuras más representativas.

Filomena Navas Salazar fue declarada Benemérita de la Patria el 24 de marzo de 2026, como reconocimiento a su legado en favor de la preservación de la cultura, la identidad y los derechos del pueblo indígena Térraba. Esa declaratoria constituyó un reconocimiento nacional a una vida dedicada a la transmisión de conocimientos, la defensa de la memoria colectiva y el fortalecimiento de las tradiciones de su comunidad.

El festival busca precisamente proyectar ese legado hacia las nuevas generaciones mediante espacios de encuentro entre la cultura ancestral, el patrimonio arqueológico, las expresiones artísticas y la participación comunitaria.

Amplia programación cultural

Durante los dos días del festival se desarrollarán diversas actividades, entre ellas:

  • exhibición del Museo del Oro con su colección precolombina;

  • exposición del Museo Indígena Contemporáneo;

  • presentación de grupos de danzas culturales;

  • talleres;

  • exposición y venta de artesanías;

  • exposición y venta de productos agrícolas;

  • exhibición y venta de máscaras;

  • conversatorios;

  • caminatas;

  • camping.

La organización informa que todas estas actividades se realizarán en el Territorio Indígena Térraba, en la provincia de Puntarenas.

Las personas interesadas en obtener más información pueden comunicarse al teléfono +506 8419 0156.

El Festival Cultural Filomena Navas nace con el propósito de consolidarse como un espacio permanente de encuentro en torno a la memoria, la cultura y la identidad indígena, teniendo como inspiración el legado de Filomena Navas Salazar, cuya trayectoria continúa siendo un referente para la preservación del patrimonio cultural costarricense.

UNDECA respalda al Magisterio Nacional frente a directriz del MEP que amenaza la libertad de enseñanza

UNDECA respalda la posición de organizaciones del Magisterio Nacional y rechaza cualquier intento de limitar la libertad de enseñanza y el pensamiento crítico

La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) expresa su firme respaldo a la posición asumida por las organizaciones sindicales del Magisterio Nacional frente a la reciente directriz emitida por el Ministerio de Educación Pública (MEP), la cual ha generado una profunda preocupación en amplios sectores de la comunidad educativa por sus posibles efectos sobre la libertad de enseñanza, la libertad de expresión y el ejercicio profesional del personal docente.

Costa Rica ha construido históricamente un sistema educativo basado en el desarrollo del pensamiento crítico, el análisis de la realidad y la formación de una ciudadanía consciente, responsable y comprometida con la democracia. Ninguna disposición administrativa debe convertirse en un instrumento para generar temor, autocensura o limitar el debate académico dentro de las aulas.

UNDECA reafirma que restringir la posibilidad de analizar hechos históricos, sociales, económicos o políticos desde una perspectiva pedagógica, crítica y fundamentada, es una coerción para borrar la memoria histórica de nuestra patria. La educación pública no puede reducirse a la repetición mecánica de contenidos; su misión es formar personas capaces de comprender la realidad, cuestionarla y participar activamente en la construcción de una sociedad más justa.

Manifestamos nuestra solidaridad con las educadoras y los educadores del país, quienes diariamente cumplen una labor esencial en la formación de las nuevas generaciones, y rechazamos cualquier medida que pueda prestarse para intimidar, perseguir o sancionar arbitrariamente a quienes ejercen su profesión con responsabilidad y apego a los principios pedagógicos.

La defensa de la educación pública, de la libertad de cátedra, del pensamiento crítico y de las garantías democráticas constituye una responsabilidad de toda la sociedad. Debilitar estos principios significa debilitar la democracia misma.

UNDECA hace un llamado al Gobierno de la República y al Ministerio de Educación Pública para que abran espacios de diálogo con las organizaciones representativas del magisterio nacional y garanticen que toda regulación en materia educativa respete plenamente los derechos fundamentales, la autonomía del ejercicio docente y los valores democráticos que han caracterizado al sistema educativo costarricense.

¡La educación debe formar ciudadanos libres, críticos y comprometidos con el bien común, nunca ciudadanos silenciados por el miedo!

Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social
UNDECA
9 de julio de 2026

La pelota… ¿no se mancha?

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

A unas pocas cuadras del histórico estadio Monumental de River Plate en Buenos Aires, donde se jugaba el pintoresco campeonato mundial Argentina 1978, se encontraban las instalaciones de la Escuela Nacional de Mecánica (ESMA) de la Armada Argentina, por entonces instalado en una dictadura sanguinaria que había asumido en aquel país en marzo de 1976.

En esas instalaciones cientos de personas fueron asesinadas, torturadas, exterminadas, desaparecidas, mientras a pocos metros el balón seguía rodando sin rubor.

De esas atrocidades algunas piezas de la literatura escrita por mujeres dan cuenta exacta: la poeta Margarita Drago en su libro “Fragmentos de la memoria: Recuerdos de una experiencia carcelaria (1975-1980) (2007)” y la periodista Leyla Guerriero en su trabajo descomunal “La Llamada”.

48 años después de esa vergüenza global con la FIFA cómplice y mercenaria, el balón vuelve a ser mancillado cuando la política y la corrupción se dan la mano día tras día.

En las últimas semanas, la delirante acción migratoria estadounidense arreció fuertemente desde su posición colonial y racializada; en materia futbolera, al escribirse este texto se conoció de una llamada desde Washington para solicitar revisar una tarjeta roja en contra de un seleccionado estadounidense: en principio la FIFA autorizó su participación en la ronda de octavos de final. En México continúan las desapariciones diarias. Y la FIFA mercenaria, incólume y vulgarmente silenciosa.

En tiempos en que la simbólica cuenta más que la realidad, no puede dejar de dar una absoluta vergüenza ver a los miembros de CONMEBOL, la AFA y la FIFA celebrando desde sus palcos alcoholizados la pírrica victoria de Argentina sobre la valiente y resistente Cabo Verde, absoluto ganador moral de este cuestionado mundial.

Durante un homenaje a su carrera en 2001 el más político de los Maradona dijo, haciendo referencia a las corruptelas de las elites del fútbol a las cuales siempre se enfrentó, que la pelota no se manchaba.

Cuanta vigencia y cuanta urgencia de recuperar Maradonas que cuestionen, que arremetan, que driblen y anoten como en su mítico segundo gol contra Inglaterra en pleno conflicto por las Islas Malvinas.

Cuanta necesidad de arreciar contra la vulgaridad en la que unos cuantos mafiosos han convertido el deporte más lindo de la historia.

Embajada de Italia y Biblioteca Nacional invitan a la presentación del libro La mamá de San Vito

La Embajada de Italia en Costa Rica y el Ministerio de Cultura y Juventud, por medio de la Benemérita Biblioteca Nacional del Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI), invitan a la presentación del libro La mamá de San Vito: una historia de guerra, paz, amor y café, del escritor Marconi Rojas Thiele.

La actividad se realizará el miércoles 8 de julio de 2026, a las 4:00 p.m., en la Benemérita Biblioteca Nacional, en San José. Además de la modalidad presencial, la presentación será transmitida en vivo a través de la página oficial de Facebook de la Biblioteca Nacional:

https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/

Un homenaje a Juana Pirola y a la historia del sur de Costa Rica

La obra presenta una crónica histórica sobre Juana Pirola, partera y enfermera empírica que dedicó su vida al servicio de la comunidad de San Vito.

Según la presentación del libro, Marconi Rojas Thiele rescata el legado de esta mujer mediante un relato que entrelaza solidaridad, memoria y humanidad, y que busca poner en valor una historia que dejó huella en el sur de Costa Rica.

Como adelanto del contenido, la invitación comparte un fragmento de la obra:

«Le encantaba ir a la escuela, sobre todo los domingos, porque había actividades culturales y deportivas que rompían con la monotonía semanal; sus favoritas eran las que tenían que ver con actuar y cantar. Siempre esperaba con ansias ese día.»

Sobre el autor

Marconi Rojas Thiele nació en San Ramón de Alajuela en 1980 y creció en Cirrí de Naranjo.

Es educador de profesión y desarrolla labor docente desde 2007. Su interés por el análisis y la creación literaria ha motivado a numerosas personas estudiantes a acercarse a la escritura y a la literatura con curiosidad y entusiasmo.

Las instituciones organizadoras invitan al público a participar en esta presentación literaria, ya sea de manera presencial o mediante la transmisión en vivo, para conocer una obra que recupera la memoria histórica y el aporte de una figura emblemática de la comunidad de San Vito.