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Etiqueta: Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo

Día Internacional de las Luchas Campesinas y Mujeres Rurales

Desde la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, y las organizaciones agro-productivas que participan, extendemos la reflexión y conmemoración a este día internacional, así como la promoción de los derechos y garantías para los sectores menos favorecidos en el sector agroalimentario como las mujeres indígenas y campesinas.

A continuación, compartimos material de análisis, reflexión, didáctico y político alrededor de la lucha internacional por los derechos de las personas campesinas en el mundo, hoy 17 de abril.

https://www.oas.org/es/cim/docs/NP-MR-24.pdf – Altas autoridades acuerdan acelerar avances en los derechos de niñas y mujeres rurales en los siguientes diez años

https://viacampesina.org/es/en-el-dia-internacional-de-las-luchas-campesinas-construyamos-solidaridad-basta-de-genocidio-desalojos-y-violencia/ – En el Día Internacional de las Luchas Campesinas: ¡Construyamos Solidaridad! ¡Basta de Genocidios, Desalojos y Violencia!

https://library.fes.de/pdf-files/bueros/fesamcentral/16960.pdf – Mujeres indígenas y del campo de Costa Rica

https://library.fes.de/pdf-files/bueros/fesamcentral/17673.pdf – Mujeres, territorios y feminismos en Costa Rica

https://www.youtube.com/watch?v=RqckeuaFW6M – #LaJudicaturaHoy | Día Mundial de la Lucha Campesina

Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo apoya la protesta del Magisterio Nacional ante el incumplimiento de pago del ajuste salarial

Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo manifiesta su apoyo solidario al movimiento de protesta que promueve el Magisterio Nacional ante el incumplimiento del ajuste salarial.

Abril, 2024.

La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo se solidariza con los trabajadores y las trabajadoras del Magisterio Nacional que no han recibido el reajuste salarial por el aumento de costo de La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo se solidariza con los trabajadores y trabajadoras del Magisterio Nacional que no han recibido el reajuste salarial por el aumento de costo de vida.

Hacemos un llamado urgente a todos los sectores sociales y productivos para que se unan en defensa de la dignidad salarial de los trabajadores y las trabajadoras de la educación costarricense.

El Magisterio Nacional de Costa Rica inicia su quinto año consecutivo de congelamiento salarial, lo que significa que desde el 2020 a la actualidad, no han recibido el ajuste salarial correspondiente al aumento del costo de vida.

Esta situación es alarmante, esencialmente ante el preocupante aumento en el costo de vida durante este período prolongado.

A pesar del acuerdo firmado y las reiteradas promesas públicas del gobierno actual de realizar el pago de ajuste a los salarios de acuerdo con las condiciones económicas y el costo de vida, la realidad muestra una falta de acción efectiva que atienda los derechos salariales. La clase trabajadora magisterial, junto con otros sectores laborales del ámbito público, ha soportado el peso de las decisiones en materia fiscal de los últimos años bajo el pretexto de proteger las finanzas públicas.

Sin embargo, el congelamiento salarial solo agrava las dificultades para las personas trabajadoras y debilita la calidad del sistema educativo público, que es fundamental para el progreso del país.

Es imperativo unirnos en esta lucha por un salario digno para los trabajadores y las trabajadoras de la educación costarricense. La educación pública, su enorme y ejemplar planilla de trabajadores y de trabajadoras no deben ser sacrificadas en medio de la crisis económica que enfrenta nuestro país.

Ante este escenario, respaldamos la convocatoria del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación Costarricense (SEC), quienes convocan a una manifestación de Protesta Nacional ante el incumplimiento del gobierno al pago de ajuste salarial, el próximo lunes 1 de abril de manera regionalizada en todo el país, en San José la concentración será a las 9:00 am, frente al Ministerio de Hacienda de Costa Rica, para exigir el justo y merecido ajuste salarial del sector público y que se descongelen los salarios, con un especial énfasis en el sector educativo.

Desde la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, expresamos nuestra solidaridad y respaldo a la lucha justa de la clase trabajadora de la educación costarricense.

En unidad podemos lograr un cambio significativo y garantizar un futuro mejor para los trabajadores y las trabajadoras de la educación costarricense y el sistema educativo en su compuesto.

Puntos de concentración regionalizados de la protesta para este lunes 01 de abril 2024.

Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo acuerpa la lucha de las comunidades de Cartago y la Zona de Los Santos por un nuevo Hospital

  • Un hospital bien equipado y moderno no sólo mejoraría la atención médica sino también la calidad de vida de las personas en Cartago.

  • Mesa hace llamado a acuerpar la lucha de la comunidad.

En Costa Rica, persiste la reducción en la inversión pública, lo que afecta el acceso a servicios básicos como el agua potable y el funcionamiento de instituciones educativas. Esta política ha generado crisis en el sistema de salud pública y ha llevado a la contracción de la inversión social pública (ISP). Según el Informe del Estado de la Nación (2023), esto puede afectar el bienestar de las personas en el futuro, ya que se prioriza el pago de la deuda pública sobre la política social.

En Cartago y Zona de Los Santos, la falta de un hospital de calidad ha dificultado el acceso a atención médica oportuna, generando preocupación y dificultades para quienes necesitan servicios médicos especializados. Esto refleja la necesidad de abordar de manera integral y colaborativa las necesidades de salud en la provincia, desde la infraestructura hospitalaria hasta la atención primaria, medicamentos, recursos humanos y salud mental. Un hospital moderno mejoraría la calidad de vida de los habitantes y garantizaría un sistema de salud más efectivo.

Un hospital bien equipado y moderno no sólo mejoraría la atención médica sino también la calidad de vida de los cartagineses, que por veinte años han esperado por la promesa del nuevo hospital. En los últimos años, la población ha experimentado un crecimiento significativo y, sin embargo, los recursos de atención médica no han seguido el mismo ritmo; esta situación se ha traducido en tiempos de espera prolongados y falta de acceso a servicios básicos, lo que ha puesto en riesgo la salud de las personas en Cartago, teniendo como consecuencia que muchos han perdido su vida por falta de una atención oportuna.

También, se ha registrado que desde administraciones anteriores se le han realizado numerosos estudios a la iniciativa de un nuevo hospital en Cartago, estudios que han requerido sumas millonarias, junto con la compra del terreno. Todos los estudios anteriores han demostrado que el terreno adquirido reúne las condiciones para la construcción del Nuevo Hospital para Cartago; sin embargo, ésta no se ha aprobado por fines políticos, ya que técnicamente se ha demostrado que el terreno sí cumple con lo necesario para la construcción del mismo.

Por tanto, la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo acuerpa el movimiento comunitario por la construcción del hospital en Cartago y hacemos un llamado para que las instituciones y responsables políticos vinculantes den una respuesta pronta y democrática ante las demandas de esta población.

Consulta: ¿Cuáles expectativas tiene sobre la metodología para el foro Diálogo Nacional de Alto Nivel?

Taller: ¿Qué expectativas existen sobre la metodología para el Foro Diálogo Nacional De Alto Nivel? a realizarse el 18 de marzo de 2024 a las 4:30 p.m en la Sede Central ADEP Avenida 12, Calle 10.

Confirmaciones de asistencia al 8628-5530 / mesa.nacionaldedialogo@gmail.com / asambleainforma@bp.fi.cr

Invitan: CONARE, Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo y Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal.

Francisco Cruz Marchena, nuevo presidente del Colegio de Abogados y de Abogadas de Costa Rica

  • Asumió el cargo el lunes 8 de enero de 2023

Por Sofía Jiménez Murillo

La ANEP fue invitada a la ceremonia de traspaso de poderes, siendo representada por los compañeros Albino Vargas Barrantes, Wálter Quesada Fernández y Priscilla Castro Jiménez. Se abre una interesante etapa de relacionamiento entre ambas entidades, bilateralmente y en el marco de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, según lo expresado por el Lic. Cruz Marchena en su mensaje de asunción del mando de dicho colegio profesional. Don Francisco nos honra con su membresía en ANEP desde hace muchos años.

Marcha en defensa del Estado Social de Derecho y por la Educación Pública: una demanda nacional legítima

  • CONARE rechaza las manifestaciones públicas del presidente de la República contra el Tecnológico de Costa Rica y su rectora

25 de octubre del 2023.  Debido al descontento ciudadano frente a las políticas públicas del actual Gobierno en un contexto de constante amenaza y socavamiento a la institucionalidad costarricense, la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo de la cual forma parte el Consejo Nacional de Rectores y las universidades públicas convocó este 25 de octubre a una marcha nacional pacífica.

Esta manifestación propia de todo sistema democrático representa el ejercicio de las libertades individuales, contempladas en nuestra Constitución Política, tales como el libre tránsito y la libertad de expresión.

CONARE y las universidades públicas en conjunto con los otros sectores que participamos de la marcha respaldamos las siguientes demandas nacionales que hacemos al Gobierno de la República: soberanía y seguridad agroalimentaria, salud y educación pública universales y de calidad, la protección del ambiente y nuestra seguridad energética, respeto a la democracia y autonomías institucionales, cumplimiento de los derechos humanos, justicia económica y tributaria, creación de oportunidades y empleo, financiación y promoción del arte y cultura, facilidades para obtención de vivienda digna, atención urgente e integral de la inseguridad ciudadana.

Además, reiteramos un llamado urgente al fortalecimiento de la educación pública, el cual debe ir más allá de posturas ideológicas.

Estos pilares son el fundamento de nuestro Estado Social de Derecho, hacemos un llamado vehemente a todos los sectores políticos del país y, en especial, al Gobierno de la República, a reconocer la importancia del diálogo social efectivo en la solución de los diversos problemas que aquejan al país y afectan particularmente a los sectores sociales y productivos menos favorecidos.

En este contexto, el CONARE rechaza las declaraciones públicas del presidente de la República contra la acción de protesta y en particular contra una de nuestras universidades el Tecnológico de Costa Rica y su rectora, que tienen como objetivo el desprestigiar y minimizar la participación multitudinaria en la manifestación.

Desprestigiar los movimientos sociales, acallar las voces y desoír las demandas de conglomerados que somos parte del pueblo soberano es negar la posibilidad al desarrollo de estrategias de acción colectiva para lograr fortalecer el bienestar social.

De tal forma, expresamos el respaldo al Tecnológico al promover activamente la participación en la marcha del 25 de octubre, con un cambio de actividades amparados a las funciones y responsabilidades que brinda nuestra Constitución Política y el Estatuto orgánico, que enmarca el quehacer de la universidad.

Nuestro asocio con otros sectores, el apoyo que demos a marchas pacíficas, nuestros pronunciamientos sobre distintos temas no se negocian, las universidades fueron creadas para contribuir al bienestar social, material y espiritual de la Nación tal como lo establece la Constitución Política y la jurisprudencia que nos ampara.

Nos unimos a las manifestaciones de preocupación sobre el ejercicio de las libertades y la democracia, expresadas por instituciones y grupos iberoamericanos y rechazamos enérgicamente toda manifestación que atente contra la consolidación de la democracia.

Instamos al presidente de la República al respeto de la autonomía y al diálogo abierto como para la elaboración de propuestas, soluciones y acuerdos que tanto requiere el país.

Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo insta al gobierno a proteger Estado Social de Derecho y señala áreas críticas

COMUNICADO

  • Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo insta al Poder Ejecutivo de Costa Rica a priorizar la protección de las conquistas del Estado Social de Derecho

  • Proponen establecer un diálogo entre los tres poderes de la República y la sociedad civil para encontrar soluciones concretar y garantizar el cumplimiento del artículo 50 de la Constitución Política.

Las organizaciones agrupadas en la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, así como el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y firmantes, se dirigieron a Casa Presidencial con una profunda preocupación por la creciente destrucción de los fundamentos del Estado Social de Derecho en nuestro país, y por las consecuencias que esto trae en la supervivencia de distintos sectores de la sociedad costarricense.

El compromiso con los principios fundamentales de la Constitución Política de Costa Rica busca el mayor bienestar para todas y todos los ciudadanos, fortaleciendo el sector productivo nacional y promoviendo una equitativa distribución de la riqueza.

Además, el movimiento aboga por garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como el reconocimiento de los derechos humanos, como parte esencial para la convivencia democrática y el progreso de la nación.

El incumplimiento de las responsabilidades constitucionales y sociales de este Gobierno se centra en 12 áreas críticas entre las que se destacan:

  • Protección de la democracia y las autonomías
  • Respeto de los derechos
  • Reforzamiento de la educación pública.
  • Mejoras en los sistemas de la salud pública y la seguridad
  • Soberanía y seguridad
  • Creación de empleo y
  • Justicia económica y
  • Fortalecimiento de la seguridad ciudadana
  • Facilidad de acceso a la
  • Reducción de la pobreza y pobreza
  • Preservación del medio ambiente y la promoción de energías
  • Fortalecimiento de la cultura y el
  • Más y mejores oportunidades de

Por todo lo anterior, los sectores que representan este movimiento hacemos un llamado enérgico al Gobierno de la República y a todos los actores políticos para establecer un diálogo social de alto nivel, que involucre a la sociedad civil organizada y a los tres Poderes de la República, con el objetivo de encontrar soluciones concretas a los desafíos que enfrenta el país.

Esto garantizaría el cumplimiento del artículo 50 de la Constitución Política, que establece el derecho a un ambiente sano y la obligación del Estado de garantizarlo, el cual ha sido desatendido hasta el momento.

La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo entiende que la solución integral de los problemas del país requiere la participación y el compromiso de todas y todos, incluidos los poderes de la República, sin olvidar que, el artículo 9 de la Constitución Política reconoce que el gobierno también lo ejerce el pueblo.

Carta política enviada por la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo al presidente de la República

Miércoles 25 de octubre de 2023
San José, Costa Rica

Sr. Rodrigo Chaves Robles
Presidente de la República de Costa Rica

Señor presidente:

De parte de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo reciba un saludo respetuoso, pero a la vez cargado de una profunda preocupación por la destrucción sistemática de las conquistas, como nuestro sistema democrático, en el que se fundamenta nuestro Estado Social de Derecho y que, por ende, afectan la supervivencia de diversos sectores sociales de nuestra amada Patria.

Desde las organizaciones sociales y productivas que agrupamos, así como desde el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y cada suscribiente, hacemos de su conocimiento nuestras posiciones con respecto a distintos ámbitos de la vida nacional.

Nuestra Constitución Política, artículo 50, señala que el Estado costarricense debe procurar el mayor bienestar para todos sus habitantes, para lo cual debe organizar y estimular la producción y el más adecuado reparto de la riqueza, así como garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Además, la Carta Magna reconoce el legítimo derecho de las personas para denunciar los actos que lesionen esos mandatos constitucionales.

En ese entendido, nos dirigimos a usted, ante la observancia de que tanto su Gobierno como sus alianzas en la Asamblea Legislativa, insisten en renunciar a esas responsabilidades constitucionales, sociales y democráticas, con la consecuencia inevitable de un creciente malestar social que se manifiesta de distintas formas a lo largo y ancho del territorio nacional. Esto ha suscitado diversas manifestaciones de protesta, entre las que se destacan: Marcha en defensa de la Educación Pública, Marcha en defensa del Sector Agro Alimentario, Marcha en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social, protestas por el acceso a vivienda, desempleo, inseguridad ciudadana, recortes al presupuesto para Arte y Cultura, demandas ambientales y derechos humanos de las mujeres, así como otras acciones colectivas desarrolladas por distintos sectores sociales y documentadas en los medios de comunicación. Estas manifestaciones evidencian los intentos legítimos de una sociedad movilizada en búsqueda de soluciones a estas problemáticas.

Pero los medios de comunicación, tanto nacionales como regionales, no son los únicos en documentar el malestar y la descomposición social palpable. Estudios serios como el Estado de la Nación, el Estado de la Educación y el Estado de la Justicia del Programa Estado de la Nación, así como observatorios de la realidad nacional, foros de análisis y organismos internacionales especializados, también registran retrocesos que amenazan la democracia costarricense.

A manera de temas prioritarios, que requieren políticas de Estado precisas, señalamos doce grandes ámbitos de incumplimiento sobre los cuales la ciudadanía, aquí representada, espera soluciones:

  • Democracia y autonomías institucionales: La “institucionalidad” no es un invento producto del imaginario costarricense, como tampoco la Constitución Política es un librillo sujeto a todo tipo de sátiras, cuestionamientos e incumplimientos, estableciendo por el contrario las bases para la convivencia democrática, entre ellas la división de poderes. Es necesario que su gobierno y sus alianzas respeten la división de poderes, dejen de violentar las autonomías institucionales y abandonen los intentos de vender activos del Estado que generan bienestar a la población. Mostramos nuestro total desacuerdo con la tercerización de servicios públicos básicos para hacer de ellos un negocio privado de unos pocos, por demás funesto para las finanzas públicas y privativos para las grandes mayorías. Exigimos además el cumplimiento por parte del Gobierno con la asignación del presupuesto del 2% del impuesto sobre la renta para las Asociaciones de Desarrollo Comunal. Demandamos una fuerte televisión pública por lo cual somos del criterio de que el SINART debe ser fortalecido, limpiándole de la intromisión politiquera cuatrienal, entre otras demandas; promover convivencia democrática y la libertad de expresión, y un alto a la violación de las autonomías institucionales, no más tercerización de servicios públicos básicos.
  • Derechos humanos: Exigimos un Gobierno comprometido con los derechos humanos, independientemente de las creencias y valores de quienes gobiernen. El Gobierno no solo está obligado a tolerar el disenso, sino a emitir información veraz y garantizar el acceso a todo tipo de información de interés público. Urge fortalecer la protección y el respecto de las libertades de expresión, tránsito y asociación, derechos de las mujeres, personas jóvenes y con discapacidad; defensa de territorios indígenas y comunidades tribales, garantías sociales e individuales, así como lo relacionado al ámbito sexual y reproductivo, derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, de acceso al agua potable; al trabajo digno, decente, al ocio y el descanso, así como a un salario justo, educación de calidad y salud preventiva y curativa universales. Además, es fundamental la ejecución de los mecanismos que habilitan el derecho a la libertad de prensa, asociación y organización para el adecuado desarrollo democrático e institucional. Así como garantizar el derecho a la alimentación para todas las
  • Soberanía y seguridad alimentaria: Urge que Costa Rica oriente su modelo productivo hacia la soberanía alimentaria, a saber, el derecho a definir y controlar su sistema alimentario y de producción de alimentos, tanto a nivel local, en internacional de forma equitativa, soberana y respetuosa con el medio ambiente y con el modelo alimentario de los pueblos indígenas. De esta manera, las instituciones públicas deben garantizar que los instrumentos con que cuentan apoyan una política agraria integral de Estado, entre otros, en: una tenencia de la tierra justa y equitativa para los pequeños y medianos productores y el reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos ancestrales; una revisión de la desarancelización del sector agropecuario (abandonando de inmediato la llamada ruta del arroz y revisando de manera exhaustiva decretos que generan desigualdades competitivas con la producción nacional, como lo son, el sector papero, cebollero, aguacatero y frijolero, entre otros); el desarrollo de infraestructura hídrica para riego y drenaje; registro de nuevas moléculas para el sector agroalimentario; fortalecimiento de agro mercados justos; fomento de prácticas agroecológicas; rescate de semilla criolla y acceso a crédito rural; uso generalizado de seguros agropecuarios; etc. La institucionalidad pública del sector agropecuario debe respetarse. Asimismo, se debe descartar de forma definitiva la incorporación del sector agropecuario costarricense al Bloque Alianza del Pacífico. De manera contundente dejamos establecida nuestra firme posición de que la Fábrica Nacional de Licores (FANAL) debe seguir siendo de propiedad pública. Reiteramos además las consignas de: SÍ a la Comisión Especial Mixta para el sector Agroalimentario, en la Asamblea Legislativa; NO a la Eliminación Selectiva de Aranceles del Agro; SÍ a la Defensa de la Institucionalidad del Sector Agropecuario; NO a la Canasta Básica Importada; Si a la Defensa del PAl, un Mercado Seguro para la Producción Nacional; NO a la monopolización de los mercados agroalimentarios y pesqueros; NO al contrabando de productos agropecuarios Si a la Soberanía y Seguridad Alimentaria.
  • Empleo, creación de oportunidades y reactivación económica: Según la Encuesta Continua de Empleo (junio-agosto 2023) del INEC, 204 mil personas se encuentran desempleadas y 816 mil tienen un empleo informal, con una alta presencia de la población juvenil. Estos datos alarmantes reflejan que los componentes esenciales para el bienestar económico de un país no se concretan con la llegada de unas cuantas empresas transnacionales a suelo costarricense. Tampoco solo quienes cuentan con formación en altas tecnologías y dominan varios idiomas tienen derecho al trabajo. Se requieren estrategias de reactivación económica en los territorios, con perspectivas diferenciadas y en concordancia con las capacidades y oportunidades de las diversas poblaciones, y que se construyan en colectivo, con especial preponderancia de MIPYMES, organizaciones de la economía social solidaria y la llegada de recursos desde Banca para el Desarrollo a todos los territorios del país con facilidades técnicas para la población. La falta de esas estrategias hace que el Producto Interno Bruto (PIB) se concentre en el centro del país. El 77% del PIB se produce en la región Central del territorio nacional, quedando las zonas periféricas sin suficientes oportunidades productivas, a pesar de tener casi el 40% de la población. Además, debe detenerse el congelamiento salarial de los trabajadores públicos. Adicionalmente, deben fomentarse leyes y políticas que fortalezcan la dignificación laboral y garanticen condiciones dignas del trabajo para todas las personas.
  • Justicia económica: Exigimos un alto a la desigualdad, no existe justicia social que se traduzca en dignidad de la persona, solidaridad y valor del trabajo, sin justicia económica. La pobreza en Costa Rica aqueja al 21,8% de los hogares este 2023, y la pobreza extrema, a 6,3%, según la medición por insuficiencia de ingreso o línea de pobreza, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) por medio de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho). Además, la desagregación de ese promedio revela la situación desigual de la pobreza en las diversas regiones del país. Mientras la pobreza es el 18,1% en la región Central del país, en la región Brunca es el 34% y en la región Huetar Caribe es 33%, por ejemplo, se propone garantizar el fortalecimiento de los programas sociales que asignan recursos a grupos vulnerables, salario digno, reconocimiento social y remuneración del trabajo doméstico y de cuidados, así como el replanteamiento de una estructura tributaria que sea Se impone la necesidad de un nuevo cálculo del salario mínimo en Costa Rica, habida cuenta del alto costo de la vida en nuestro país; amén de decretar el retorno del reajuste salarial del mismo por costo de vida de manera semestral. Es urgente revisar las causas por las cuales viene ocurriendo una brutal concentración del ingreso y la riqueza en Costa Rica, así como las causas del alto costo de la vida que enfrentan las familias costarricenses, producto muchas veces del funcionamiento altamente concentrado de los mercados y del sobreendeudamiento de estas familias a tasas de usura y a menudo en condiciones de extorsión (préstamos “gota a gota”). El ROP exige transformaciones jurídicas urgentes para el acceso total a sus fondos por parte de las personas trabajadoras. Adicionalmente, es menester establecer un ingreso mínimo vital que permita sacar de la pobreza extrema a miles de personas que sufren de esta situación y que podrían tener una vida digna con una adecuada canalización de la inversión social.
  • Justicia tributaria: Mientras algunas grandes empresas siguen gozando de exoneraciones fiscales y otras se amparan en tecnicismos legales para no pagar impuestos, el país no tiene una ruta clara para combatir la evasión y la elusión tributaria, esto sucede al tiempo que los servicios públicos se deterioran y la persona ciudadana común, afronta hoy un salario precarizado, congelado en el tiempo, golpeado por políticas como la Ley de Empleo Público; mientras algunas familias ni siquiera tienen acceso a un ingreso estable. El sistema tributario costarricense debe garantizar que quien gana más,
  • Ambiente y energía: Proyectos extractivistas, como la exploración y explotación petrolera o de gas natural, monocultivos en territorios de vida silvestre, así como la reactivación de pesca de arrastre, entre otros; nos alejan del liderazgo mundial en temas de conservación y medio ambiente frente a la crisis climática mundial. Costa Rica debe propender a la soberanía y seguridad energética, producir en armonía con el ambiente, de manera sostenible, fomentando programas de capacitación y emprendimientos colectivos sobre economía verde, economía circular y bioeconomía. Además, deben fortalecerse las instituciones rectoras en materia administración energética y de transición, los compromisos de Costa Rica en materia de adaptación y mitigación a cambio climático. Deshacer el rechazo al Acuerdo de Escazú, e incorporar con vehemencia los esfuerzos en la materia de organizaciones de pueblos ancestrales y tribales, mujeres rurales, activistas ambientales y expertos en la Alertamos sobre el sistemático debilitamiento del papel de la política pública en el adecuado y necesario papel protector de los parques nacionales y áreas de conservación, pues los intentos por privatizarlos ya se están manifestando. Por lo que solicitamos se genere un estado de emergencia para generar la infraestructura de distribución y almacenamiento de agua para comunidades y un proceso de fortalecimiento de ASADAS en todo el país. Así como oposición a planes reguladores en zonas costeras que afecten la flora y fauna de las comunidades y sus actividades productivas.
  • Arte y cultura: La libre expresión de los pueblos es imperativa para garantizar bienestar y mitigar los malestares sociales. La inversión en cultura debe fortalecerse, realizando intervenciones artísticas en los territorios mediante, entre otras, las organizaciones sociales, culturales, artísticas y comunitarias de cada zona, rescatando espacios para estos fines en los centros educativos, en ambientes limpios y seguros para la libre expresión cultural comunitaria. Además, es menester el fortalecimiento del presupuesto institucional en la materia, pues su gobierno ha continuado con acciones recortistas que impiden fomentar y preservar la pluralidad y diversidad cultural, así como facilitar la participación de todos los sectores sociales, en los procesos de desarrollo cultural y artístico, sin distingos de género, grupo étnico y ubicación geográfica.
  • Educación pública: Es clara la evidencia cualitativa y cuantitativa suministrada por distintos análisis, además del malestar ciudadano y gremial, en cuanto a que la educación pública sigue carente de rumbo estratégico y persiste el desfinanciamiento del sector, con lo cual se termina imponiendo una ruta de precarización del derecho humano a la educación, agudizando la discriminación y violencia diferenciada hacia la más de un millón de personas estudiantes, como recortes en becas, infraestructura deficitaria y cuestionados sistemas nacionales de evaluación. A partir del IX Informe del Estado de la Educación, se puede afirmar la continuada ausencia de voluntad política para avanzar hacia el 8% del PIB constitucional. Consideramos de extrema urgencia el establecimiento del Pacto Nacional por la Educación Pública, propuesto a su gobierno y a la Asamblea Legislativa meses atrás. Además, reiteramos las consignas de: No más recortes presupuestarios a la educación pública; Declarar en estado de emergencia a la educación pública; mejorar las condiciones labores de la clase trabajadora del sector educación; Salario Digno para las trabajadoras y trabajadores del Ministerio Educación Pública; reducción de cargas laborales para los docentes del MEP; Fortalecer y robustecer el régimen de pensiones de los trabajadores de la educación pública; construir una educación pública de calidad para toda la comunidad estudiantil; respeto y fortalecimiento de las convenciones colectivas del trabajo del MEP; fortalecer los programas de educación inclusiva de la enseñanza general básica.
  • Salud pública y seguridad social: Eventos como la pandemia por Covid-19 demostraron la eficacia de la integración de toda la sociedad en estrategias nacionales de salud pública y por supuesto, la importancia vital de contar con una CCSS fortalecida y solidaria. Distintos expertos, actores sociales y organizaciones productivas sostienen con evidencia que la CCSS no está quebrada y que la administración actual refleja impericia y oculta información. El Ministerio de Hacienda sigue adeudando billones de colones a la CCSS. Entonces, una vez más, la ruta definida por su Gobierno es la precarización del servicio. Persisten el ataque a la autonomía institucional, grandes e inhumanas listas de espera, deuda del Estado con la CCSS, faltante y fuga de especialistas, déficit de infraestructura, falta de condiciones laborales y tercerización de los servicios, ofrecida esta última como un paliativo ante la falta de soluciones estructurales reales y efectivas. Esta priorización deriva de un encuentro participativo, en el marco de la “Gran Protesta Nacional contra las políticas que destruyen el Estado Social y Democrático de Derecho”, donde diversas organizaciones suscribientes analizamos la realidad nacional, sus problemáticas y sus posibles soluciones. Al respecto, adjuntamos una serie documentos a modo de anexos que profundizan diversos aspectos de los ejes arriba mencionados.

Uno de los objetivos más importantes que tiene este movimiento ciudadano, pacífico pero enérgico, es hacer un llamado vehemente a todos los actores políticos del país, y en especial al Gobierno de la República, reconociendo la importancia del diálogo social para enfrentar los flagelos que nos aquejan como sociedad y que afectan particularmente a los sectores sociales y productivos menos favorecidos.

Pero lastimosamente, y pese a que diversos sectores se han manifestado de múltiples maneras y han comunicado a las instituciones gubernamentales sus demandas, es claro que su gobierno no atiende estas iniciativas legítimas, por lo que proponemos crear mecanismos conjuntos para encontrar soluciones.

Por tanto, solicitamos del Poder Ejecutivo la convocatoria inmediata a un encuentro de alto nivel entre las autoridades del Estado y los sectores suscribientes, así como la sociedad civil organizada que decida sumarse, para hacer real ese diálogo social para la concreción de las soluciones que Costa Rica amerita y el cumplimiento pleno del artículo 50 constitucional:

El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes.”

Esperamos su disposición y voluntad para con los liderazgos y las organizaciones, quienes han demostrado una importante participación ciudadana a nivel nacional. Además, este movimiento nacional entiende la importancia de que en este espacio de diálogo de alto nivel participen los otros Poderes de la República (Judicial y Legislativo).

Por lo tanto, una vez constituido este espacio entre el Ejecutivo y las organizaciones, proponemos invitar especialmente a la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa, así como la Defensoría de los Habitantes como garante. Lo anterior, puesto que la solución integral de los desafíos del país es resorte de todos los Poderes de la República, sin olvidar que la misma Carta Magna, artículo 9, establece que el gobierno también lo ejerce el PUEBLO.

Quedamos a la espera de su respuesta para las organizaciones abajo firmantes.

Con copia:

Asamblea Legislativa Corte Suprema de Justicia Defensoría de los Habitantes REPÚBLICA DE COSTA RICA