El Observatorio de Política Nacional (OPNA) de la Universidad de Costa Rica (UCR) publicó un boletín especial titulado “Poblaciones vulnerables y COVID-19” el cual reúne un análisis de las poblaciones migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio, así como de la población privada de libertad, ambas en el marco de la emergencia nacional ante el COVID-19.
Además, el OPNA realizó un monitoreo de medios especializado sobre ambas situaciones en un período que abarca del 01/04/2020 a 31/07/2020.
El boletín fue construido en conjunto con el Trabajo Comunal Universitario 738 (TCU) Acompañar para integrar: rutas para promover la integración local de la población migrante en Costa Rica y el TCU-707 Salir del canazo: apoyo a los procesos de egreso e inserción laboral y educativa de la población penal juvenil en Costa Rica.
Todos los sábados de 8 a.m. a 1 p.m. el DEI abre puertas a la comunidad
Personas migrantes ofrecen sus saberes y productos en la «Feria de Colores» que se realiza en el DEI todos los sábados de 8 a.m. a 1 p. m. Esta feria es parte de las iniciativas dentro del marco del proyecto Casa DEI, que acoge a personas migrantes en el espacio físico de la institución.
En la feria encontrará productos, alimentos, tejidos, saberes y servicios ofrecidos directamente por personas migrantes como resultado de sus propios oficios durante su estadía.
Para ingresar a la feria solo debe acercarse a la institución. la entrada es libre y abierta a toda la comunidad.
¿Dónde? En el DEI: 100 oeste y 75 norte del parque de Sabanilla, San Pedro de Montes de Oca, San José.
De 8 a.m. a 1 p.m. Los sábados de octubre, noviembre y diciembre.
Por su seguridad y la nuestra, en nuestro espacio seguimos todos los protocolos de salud establecidos por las autoridades de salud a causa de la pandemia.
El IV FINCADH Costa Rica 2020 se convierte en el Primer Festival On-Line del país
El Instituto Multimedia DerHumALC (IMD) asociación sin fines de lucro radicada en Argentina, para la defensa y la educación en materia de derechos humanos a través del cine con más de 25 años de experiencia en Festivales de Cine, presenta el IV Festival Internacional de Cine Ambiental y Derechos Humanos, FINCADH Costa Rica On-Line, un festival de cine internacional con enfoque social y comprometido con las problemáticas ambientales y los derechos humanos, que cree en el poder del cine como una herramienta para la sensibilización, la visibilización y la discusión de estas temáticas.
Primer Festival On-Line de Costa Rica
Debido a las circunstancias extraordinarias derivadas de la situación de emergencia en salud pública ocasionadas por el COVID-19 a nivel global, el 4° FINCADH Costa Rica 2020 se realizará online, con lo cual se convierte en el primero en el país desde abril de este año, a través de una plataforma web y de las redes sociales.
Inicialmente, esperábamos realizar la mayoría de las actividades del Festival en julio de este año, pero la Emergencia Nacional dictada por la segunda ola de la pandemia del Covid-19, nos llevó a tomar la decisión de pausarlas hasta ahora, que las retomaremos.
En la plataforma web www.fincadhcostarica.org es posible consultar y visualizar las películas, las actividades especiales (cine-foros, charlas y actividades culturales y recreativas), y disfrutar del intercambio vía streaming con directores y cineastas nacionales e internacionales. La fase final del festival será una semana intensiva de actividades que tendrá lugar en los próximos meses, en una fecha que revelaremos próximamente.
El compromiso ha sido generar un evento accesible tanto para el público que nos acompaña cada año como para las nuevas audiencias que quieren sumarse a vivir la propuesta del Festival a través de distintas plataformas digitales y aplicaciones de uso cotidiano, especialmente ampliando el alcance a un público de toda Costa Rica, dado que en las ediciones anteriores hemos estado centrados en la Gran Área Metropolitana.
El FINCADH Costa Rica es el único festival en Costa Rica que se centra en el cine de denuncia, de protesta, documental y de ficción en torno al Ambiente y los DDHH, y es producido desde hace cuatro años por un equipo local con amplia experiencia, liderado por Jess Márquez Gaspar reconocido activista de DDHH, certificado para dicha tarea por la organización internacional Movies That Matters a través de la Especialización Cinema Without Borders, Producción de Festivales de Cine con Compromiso Social.
Desde abril de este año, se ha destacado además con la realización de sus actividades on-line a través de sus redes sociales y las de sus aliados. En particular, gracias a la producción y apoyo de sus partners locales, las ONGs locales Colective Transcendentes, dedicado a la lucha por los DDHH de las personas LGBTI, migrantes y con discapacidad, desde la interseccionalidad; y Organización Transvida, dedicado a la lucha de los DDHH de la población LGBTI en el país, en particular de las mujeres trans desde hace casi una década.
Debido a las restricciones sanitarias emitidas, muchas personas migrantes perdieron su empleo, pues todos los sectores de la economía que les ofrecen trabajo redujeron el personal, la jornada laboral y, en el peor de los casos, cerraron de manera indefinida. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
Históricamente, en Costa Rica las personas migrantes centroamericanas y particularmente las nicaragüenses han ocupado un porcentaje elevado de la fuerza laboral que sostiene importantes sectores de la economía costarricense. Gustavo Gatica, investigador de la UNED, estima que en el 2019 el aporte de esta población sumó el 11,35 % del producto interno bruto, en áreas como:
Agricultura: específicamente en monocultivos como el café, la caña, el melón, el banano y la piña. La mayoría de estas plantaciones se encuentran en zonas relativamente cercanas a las fronteras con Nicaragua y Panamá.
Servicios de alojamiento y alimentación: son indispensables en el sector de turismo, en hoteles, restaurantes, tours, atracciones turísticas, entre otras.
Trabajo doméstico: las mujeres son una alta mayoría en este sector. Es usual que tengan jornadas laborales de horas en varias casas diferentes. Es muy común tanto para quienes tienen un bajo nivel de escolaridad como para profesionales con muchos años de experiencia en su campo.
Servicios comerciales: atención en tiendas, supermercados, restaurantes, mantenimiento, transportes, entre otros.
No obstante, a partir de la emergencia sanitaria que impuso la pandemia del COVID-19, el 17 de marzo del 2020 se emitió un Decreto Ejecutivo que restringe de manera temporal el ingreso al territorio nacional de todas las personas que no fueran costarricenses o residentes, incluyendo (y principalmente) turistas. Posteriormente, el 25 de marzo se les pidió a las personas extranjeras residentes y de las categorías especiales no salir del territorio costarricenses, so pena de que se les imponga un impedimento de entrada.
Este escenario hizo que muchas familias quedaran divididas, pues quienes se encontraban en Nicaragua no podrían regresar y quienes salieran no podrían ingresar al país hasta nuevo aviso, lo cual con la situación actual podría tomar lo que resta del 2020 o más. Sumado a esto, en el caso de las personas nicaragüenses, sus familiares y amigos que estén en Nicaragua se encuentran en un país que no ha tomado medidas de distanciamiento social o cierre de negocios y que, también, ha sido señalada por reportar menos contagios y muertes a causa del COVID-19 de las que realmente son, según los datos aportados por la ONG Observatorio Ciudadano. Además, tal país ha sido fuertemente cuestionado por organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud.
Gustavo Gatica, investigador de la UNED, estima que en el 2019 el aporte de esta población en áreas como la agricultura, servicios de alojamiento y alimentación, trabajo doméstico y servicios comerciales, sumó el 11,35 % del producto interno bruto. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
Consecuencias de las restricciones preventivas en la economía de las familias migrantes
Debido a las restricciones sanitarias emitidas, muchas personas migrantes perdieron su empleo, pues todos los sectores de la economía que les ofrecen trabajo redujeron el personal, la jornada laboral y, en el peor de los casos, cerraron de manera indefinida. Adicionalmente, las personas que fueron contagiadas debieron permanecer en cuarentena junto con su familia, en muchos casos esto resultó en una pérdida automática del empleo.
La población inmigrante que se encuentra indocumentada no es elegible para el bono “Proteger”. Por esto, las dificultades económicas que la población sufrió la sociedad de manera generalizada, en el caso de estas personas se sostienen hoy en día y se agravan con el paso del tiempo. Sin embargo, estas familias han tenido que encontrar la forma de acatar la cuarentena, sin contar con un ingreso económico propio ni el subsidio del Estado, quedando a merced de la buena voluntad de sus redes sociales, vecinos, iglesias o las pocas donaciones que las organizaciones de sociedad civil han logrado canalizar, pero que son insostenibles en el largo plazo.
La población inmigrante que se encuentra indocumentada no es elegible para el bono “Proteger”. Por esto, las dificultades económicas que la población sufrió de manera generalizada se mantienen actualmente en el caso de dichas personas y se agravan con el paso del tiempo. Sin embargo, estas familias han tenido que encontrar la forma de acatar la cuarentena, sin contar con un ingreso económico propio ni el subsidio del Estado, de manera que quedan a merced de la buena voluntad de sus redes sociales, vecinos, iglesias o las pocas donaciones que las organizaciones de la sociedad civil han logrado canalizar, pero que son insostenibles en el largo plazo.
A esto se suman las dificultades particulares de las familias binacionales —aquellas que cuentan con miembros tanto costarricenses como de otras nacionalidades—, muy especialmente en las familias cuyos integrantes de otros países tienen un estatus irregular. La potencial amenaza de ser deportados puede representar un hogar más que pierda el único ingreso económico familiar durante un periodo de crisis y con menores de edad que aún no asisten al sistema educativo y que, por tanto, no cuentan con las canastas que el Ministerio de Educación Pública entrega a sus estudiantes.
Muchas mujeres migrantes son jefas de hogar y la amenaza es que sean ellas las que se contagien por tener que salir a trabajar o quedarse sin empleo. Pero en el caso de quienes dependen económicamente de un compañero, la vulnerabilidad aumenta. Si su compañero se enferma o es deportado, estas mujeres deben encontrar una forma de generar ingresos económicos en un escenario absolutamente desfavorable para cualquier persona, independientemente de su nacionalidad. Sin embargo, para las mujeres migrantes, con baja escolaridad, con poca o ninguna experiencia laboral y con varias personas menores de edad a su cargo, el escenario es aún más adverso.
Es urgente la protección estatal inclusiva de estas familias
Es indispensable que las medidas que se tomen para apoyar a las familias, que se han visto afectadas económicamente, sean inclusivas y tomen en cuenta las condiciones y necesidades de los hogares que más lo necesitan, justamente por todos los factores de vulnerabilidad que acumulan. Las mujeres migrantes indocumentadas deben contar con protección de parte del Estado en aras de evitar que se expongan a explotación laboral u otras situaciones de riesgo en el intento de mantener a sus hijos e hijas.
El Estado costarricense debe agilizar los trámites migratorios y flexibilizar sus costos, de manera que las personas migrantes indocumentadas tengan la oportunidad de regularizar su situación y acceder a la protección estatal. EL 16 de junio, el Gobierno publicó el decreto 42406-MAG-MGP, que permite la regularización de migrantes que trabajan en el sector agro. No obstante, los costos de estos trámites ascienden los USD 60, los cuales deben ser cubiertos por la persona migrante, pese a que esta oportunidad se otorga por la demanda de las grandes empresas para contar con la mano de obra necesaria para no perder las cosechas.
Es fundamental dotar a las instituciones de los recursos pertinentes, con el fin de que puedan cumplir con las inspecciones necesarias para asegurar que la vida de las personas no se esté poniendo en riesgo por la producción económica. Además, dotarlas de todas las capacidades normativas e instrumentales necesarias para amonestar y sentar las responsabilidades correspondientes sobre las empresas que sostienen dichas prácticas y no sobre las personas que fueron víctimas de estas.
Silvia Azofeifa Ramos Coordinadora del proyecto “Migrantes como sujetos políticos”
Durante el mes de agosto del 2020 el Centro de Derechos Sociales de la Persona Migrante está organizando una campaña solidaria de donación para personas migrantes.
Se estará recogiendo: alimentos, artículos para el hogar, muebles, electrodomésticos, pañales, artículos de higiene, toallas sanitarias.
Para más información pueden ver la siguiente imagen.
Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria, Universidad de Costa Rica. Analizan situación actual de personas migrantes y transfronterizas de la Zona Norte de Costa Rica en conversatorio internacional sobre inmovilidades cartográficas por COVID-19
El pasado lunes 10 de agosto se llevó a cabo el VII conversatorio virtual “(In)movilidades cartográficas en tiempos de Covid-19: fronteras, trazos y narrativas espaciales”, organizado por FLACSO-Guatemala y por Ecosur-México. La actividad planteó como interrogantes ¿Qué relación hay entre los mapas y las migraciones? ¿Cómo contribuye la ciencia de la cartografía al estudio de las movilidades humanas? ¿Cómo se han transformado los territorios durante la pandemia? ¿Cómo se vislumbra el panorama post pandemia? Las personas invitadas trataron de contestar a estas preguntas en un ambiente tipo conversatorio, donde se fueron tejiendo distintos temas alrededor de la cartografía, la migración-movilidad y sobre todo de este contexto actual de pandemia que estamos viviendo de forma muy impactante en América Latina.
Participamos en esta actividad representantes del colectivo Raya-Montaña de Monterrey, México, del CIIECRe, CESMECA-UNICACH, CONACYT y ECOSUR de Chiapas, México, de Cartografías de los Bosques del Pueblo de Panamá, de FLACSO-Guatemala y del Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria de Costa Rica. Cada una de las participaciones fue exponiendo de dónde surgió su interés por la cartografía, cómo definen el trabajo cartográfico que realizan en sus organizaciones o colectivos, cuáles son los actuales retos para el territorio o territorios donde trabajan en este contexto y cómo incorporan los conocimientos y experiencias territoriales de las personas que lo habitan y transitan.
Para el caso de Costa Rica, expusieron dos docentes del Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica. El conversatorio contaba con dos bloques de participación, en el primero Kioscos contó del trabajo que ha realizado utilizando Cartografía Participativa desde el año 2013 en varias comunidades como el territorio bribri de Talamanca, Paraíso de Sixaola, las Fincas de Palmar Sur de Osa y los cantones de Upala, Guatuso y Los Chiles de la Zona Norte. Para el segundo bloque, desde Kioscos se analizó la situación actual que están viviendo las personas migrantes y transfronterizas trabajadoras de plantaciones (de piña, yuca y cítricos) en la Zona Norte del país, ya que estas personas se ven afectadas por violación de sus derechos laborales, marginalización, estigmatización por xenofobia y racismo y finalmente por empobrecimiento de sus condiciones materiales, al estar sometidas a lógicas de flexibilización del trabajo bajo condiciones bastante cuestionables.
Desde el Programa Kioscos, el reto está en seguir acompañando a estas comunidades de la Zona Norte del país en este contexto actual de pandemia, ya que las condiciones actuales aún no permiten un acercamiento con estas personas. Es necesario ir pensando en otras formas de vinculación con las comunidades rurales en un momento tan delicado como este. La construcción de redes nacionales e internacionales son una excelente forma de ir pensando estos nuevos retos de forma colectiva.
Las agrupaciones y personas abajo firmantes, integrantes de organizaciones sociales y comunidades, así como de proyectos y programas de la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y otras universidades públicas, comprometidas con el bien común y el bienestar social, preocupados por la situación de la pandemia que afecta al país, hacemos un llamado a las autoridades respectivas, así como a empresas y personas involucradas, para que se priorice el respeto a la diversidad cultural, el cumplimiento de los derechos humanos y el acceso real a todos los derechos los de las personas indígenas, migrantes y trabajadoras en las colectas de café que se avecinan.
Durante las últimas semanas ha habido un aumento significativo en la cantidad de casos positivos de Covid-19. Una gran parte de estas personas afectadas trabaja en fincas y plantas empacadoras de productos para la exportación, en plantaciones de monocultivos y en el sector de construcción, entre otros trabajos, donde históricamente ha habido denuncias por la falta de inspección laboral y cumplimiento de garantías laborales y que en ocasiones condiciona a las personas a vivir en cuarterías o baches. Esto deja en evidencia que el riesgo de contagio se encuentra relacionado con personas en condiciones de vulnerabilización. En ese sentido y conociendo lo sucedido en otras plantaciones con respecto a las condiciones de las personas trabajadoras y el número de contagios, es que en este momento, genera preocupación la situación que podría acercarse con respecto a las personas trabajadoras de las cosechas de café, quienes son principalmente personas indígenas panameñas, que migran con sus grupos familiares para estas temporadas, además de la migración interna de costarricenses y la migración de personas nicaragüenses.
Según datos del Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE) en el 2019, en el país, el café es el tercer producto agrícola de mayor exportación y genera 285 millones de dólares en divisas, por otra parte, se ha visto beneficiado en términos económicos por la pandemia, teniendo un incremento del 12% en el valor de sus colocaciones.
Datos publicados por el Semanario Universidad mencionan que se espera un ingreso de alrededor de 12 mil personas para la cosecha de café en la Zona de los Santos y en San Vito. Según un comunicado emitido por la Defensoría de los Habitantes el 15 de mayo del 2020, se estima la siguiente temporada de cosecha para finales de julio, habiendo una mayor demanda de personas en los meses de agosto y setiembre. Por otra parte, Guiselle Guzmán, jefa del Área de Salud Colectiva de la Caja Costarricense del Seguro Social mencionó que en los siguientes meses el virus podría moverse a sectores vulnerables, como centros de cuido de personas adultas mayores, cárceles y población recolectora de café.
Es importante destacar que el pasado 20 de noviembre del año 2019, el Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE), la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) firmaron un convenio para el aseguramiento de las personas recolectoras de café. Este es un paso fundamental para el reconocimiento de la relación laboral entre estas personas y los propietarios de las fincas productoras de café, relación que durante muchos años no fue reconocida. Asimismo, beneficia a uno de los eslabones de la cadena más débiles, en particular cuando son trabajadores ocasionales migrantes indígenas.
Gran parte de las actividades agrícolas y cafetaleras de este país dependen de la mano de obra migrante, y así ha sido durante las últimas décadas. Las empresas se han beneficiado de esta situación al dar precarias condiciones laborales y bajos salarios, muchas veces contraviniendo la legislación nacional y compromisos internacionales asumidos por el país. Las condiciones laborales de las personas panameñas indígenas ngöbe-buglé, han sido denunciadas anteriormente, como por ejemplo, el pago por destajo, la exposición a mordeduras de serpientes, picaduras de avispas u otros insectos, lesiones en la espalda o cintura por la cantidad de peso que trasladan en los canastos, el no pago de las pólizas de riesgo por trabajo, se ha denunciado también, el trabajo infantil de niñas y niños que acompañan a sus papás y mamás al campo en el momento de la recolección y además, las condiciones insalubres de los galerones en los cuales viven las personas durante estas temporadas. Estas personas son explotadas y aceptan las condiciones precarias que se les dan por motivos de supervivencia.
El pasado 6 de junio del presente año, el Ministerio de Salud emitió la circular: “LS-CS-015. Lineamientos generales para las fincas cafetaleras que contratan mano de obra migrante (Indígenas Ngöbe-Buglé) en el marco de la alerta por (COVID-19)”, relacionada con los requisitos específicos que se le está solicitando al personal de salud, productores y a instituciones como la Dirección General de Migración y Extranjería y Fuerza Pública para la preparación de medidas para la llegada de personas indígenas ngöbe-buglé ante la cosecha de café.
En estos lineamientos, se menciona como requerimientos la regularización migratoria de todas las personas con el carnet de binacionalidad, una cuarentena de 14 días y un reporte diario de salud, entre otros. Sin embargo, no se menciona la forma operativa en la cual estos se va a cumplir, lo que deja un escenario de incertidumbre para el acceso real a recursos y las formas en que se va a velar por el cumplimiento por parte de los patronos. Por otra parte, se da la solicitud expresa para los productores de “no recibir personas indocumentadas”, y además, según la reforma al decreto ejecutivo reforma N° 42406 se multará a las empresas agrícolas que contraten mano de obra irregular, con multas que oscilarán “entre dos y hasta doce veces el monto de un salario base, definido en el artículo 2 de la Ley N.° 7337”, sin embargo, la reforma firmada el día 15 de julio, empezará a regir a partir del 23 de setiembre. Esto, deja por este tiempo, un escenario de incertidumbre para las personas trabajadoras, a quienes, una vez más, se les estará asignando la responsabilidad de su regularización. A su vez, el 16 de junio de este año se firmó el decreto 42406-MAG-MGP, impulsado por el sector agroindustrial que permitirá la legalización de personas migrantes que demuestren arraigo en el país, el mismo ha presentado cuestionamientos, ya que desde el año pasado existe un mecanismo de regularización que solo 22 personas trabajadoras agrícolas solicitaron.
En consideración del contexto y las situaciones antes expuestas, a modo de llamado a la población general, a las autoridades gubernamentales pertinentes y a las instituciones respectivas, urgimos atender las siguientes demandas:
Que se garanticen las condiciones sanitarias, de acceso a salud, cumplimiento de derechos laborales y respeto cultural a todas las personas que vayan a participar en las cosechas de café, por parte de las instituciones y de las empresas.
Que se garanticen las condiciones dignas y necesarias para el cuido y protección de las personas menores de edad, así como de las mujeres que se encuentran con sus hijas e hijos y mujeres embarazadas.
Que el Estado cumpla con su responsabilidad, según el Convenio Nº 169 de la OIT, de realizar supervisiones en las regiones donde hay mayor concentración de personas trabajadoras indígenas, para asegurar que se les da un trato adecuado.
Que se generen materiales de comunicación o intervenciones comunitarias para prevenir las manifestaciones de violencia u odio, como el racismo y la xenofobia.
Que se proceda a implementar, las acciones necesarias para asegurar el acatamiento de las normas laborales, con el fin de asegurar el respeto y cumplimiento de todos los derechos humanos y laborales. En este orden de ideas, instamos al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para que realice labores de inspección en estos centros de trabajo.
Que se establezcan procedimientos efectivos y funcionales de seguimiento para asegurar el cumplimiento de estas normas por parte de las personas o actores sociales involucrados en toda la cadena de producción. Para tal efecto es necesaria una regulación de las cadenas de valor, de manera que se responsabilice a toda la cadena de valor de los derechos laborales de las personas recolectoras de café, sean estos permanentes, de temporada u ocasionales, ya que todas estas personas son esenciales para la existencia y funcionamiento de esa cadena de valor.
Que se exija el cumplimiento de las leyes laborales en todos sus alcances y que se proceda, como corresponde en cualquier momento, pero en especial en esta coyuntura, a sancionar a cualquier empresa que no cumpla con las normas sanitarias en general, y en especial las establecidas en el contexto de la crisis del coronavirus.
Que, en el caso particular de las empresas o personas individuales que se identifiquen como potenciales responsables de acciones de encierro, sometimiento, reclusión obligada u ocultamiento de actividades laborales ilegales y violatorias de los derechos humanos fundamentales, o cualquier otra acción similar a la trata de personas con fines de explotación laboral o relaciones de semi-esclavitud, se proceda, tal y como corresponde, con la aplicación de todo el peso de la ley en el ámbito penal.
Que se apruebe, de la manera más inmediata posible, el expediente legislativo 21.706, que lleva años en la corriente legislativa frenado por el sector empresarial, y en el que se autoriza a las autoridades de la Inspección de Trabajo a establecer sanciones directamente, sin tener que recurrir a largos procesos judiciales, cuando identifique que se ha violado la ley laboral
En una coyuntura tan sensible como la presente, hacemos un llamado vehemente a las autoridades del gobierno y al personal de instituciones públicas, al sector empresarial, a los medios de información y a la población en general para que, en todo momento, las decisiones y acciones que se tomen y las informaciones que se emitan estén orientadas por la consideración y el respeto de los Derechos Humanos de todas las personas, independientemente de su condición social, origen o nacionalidad.
Programa Kioscos Socio ambientales para la Organización Comunitaria, Universidad de Costa Rica.
2. Centro Demostrativo de Sostenibilidad, organización sin fines de lucro.
3. Asociación para la Sostenibilidad Rural de Costa Rica, asociación sin ánimos de lucro.
4. Debate Feminista Costa Rica.
5. Hablemos de Derechos Humanos
6. Red de arte y gestión cultural comunitaria GuanaRED.
7. Cátedra Autónoma de Filosofía Política.
8. Programa Pueblos indígenas Agroecología y Buen Vivir, UNA.
9. La Cadejos, Comunicación Feminista.
10. Asociación COMUNIDADES, organización comunitaria sin fines de lucro.
11. Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía Indígena.
12. Fundación Laberinto.
13. Comisión Política del Partido Frente Amplio.
14. MAIZ Movimiento Alternativa de Izquierdas.
15. Jaime E. García González, miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL).
16. Mauricio Álvarez Mora, coordinador del Programa Kioscos Socioambientales, UCR.
17. Bruno de Jesús Coto Barboza, secretario de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, Confederación Unitaria de Trabajadores (C.U.T.)
18. Francis Leonardo Cordero Mojica, Alianza de comunidades por la defensa del agua Puntarenas.
19. Marvin Amador Guzmán, TC635 UCR, Docente, coordinador del proyecto de Trabajo Comunal Universitario TC635, UCR.
20. Marcos Guevara Berger – Proyecto 839B8358, Centro de Investigaciones Antropológicas, UCR.
21. Valeria Montoya Tabash, docente del Programa Kioscos Socioambientales, UCR.
22. Renier Canales Medina, asociación para la defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos (ADUSP).
23. Gustavo Gutiérrez Espeleta, Universidad de Costa Rica.
24. Melissa Salas. Directora Clínica de migración y refugio, UCR.
25. Ali García Segura. Proyecto 839B8358, UCR.
26. Mauricio Castro Méndez, “TCU-681: Cumplimiento de los derechos laborales en plantaciones y afines. Alcances de la reforma procesal laboral frente a las necesidades del colectivo laboral”, y Pry01-597-2020-Relaciones laborales en Costa Rica: representación colectiva, organización del trabajo y cadenas de valor».
27. Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, UCR.
28. Eva Carazo Vargas, investigadora y activista ecofeminista.
29. Denia Román Solano, proyecto Conflicto Territoriales (UCREA), UCR.
30. Guadalupe Urbina Juárez, música y gestión cultural.
31. Ana Catalina Chaves Arias, Presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR).
32. Yoel Buitrago País, Talamanca por vida y por la tierra.
33. Carmen Caamaño Morúa, docente de la Universidad de Costa Rica.
34. Héctor Ferlini-Salazar, docente UCR, Sede del Pacífico.
35. Handmaids Costa Rica
36. María José Chaves Groh, CEFEMINA.
37. Rafael Cuevas Molina, IDELA-UNA.
38. Daniel Torres Sandí, Frente Amplio Moravia.
39. Milagro Solís Aguilar, Consultora en Derechos de Niñez y Adolescencia.
40. Carlos Cruz Chaves, Sede Regional Chorotega-UNA.
41. Lucía Solis Hidalgo, Gestora de los Recursos Naturales-Zona de los Santos.
42. Amilcar Castañeda Cortez, Funcionario de la UNED.
43. Daniel Solano Ulate, Músico y funcionario Universidad Nacional.
44. Maritza Marín Herrera, Docente Escuela de Estudios Generales, Universidad de Costa Rica.
45. Mariano Sáenz Vega, docente e investigador adjunto del proyecto de investigación de UCREA. Investigador del Centro de investigaciones Antropológicas ( CIAN).
46. Paulo E. Coto Murillo, UNED y UCR.
47. Mariela González Chaves.
48. María Fernanda Rojas, tutora UNED.
49. Carolina Arias, Botánica Subversiva.
50. Isabel Ducca Durán, Alianza por una Vida Digna.
51. María Pérez Yglesias, escritora.
52. Andrés Dinartes Bogantes, Profesor, Universidad de Costa Rica.
53. Ingrid Flores Salazar, Colectiva Feminista Handmaids Costa Rica.
54. Helga Arroyo Araya, Docente Universidad de Costa Rica.
55. José Manuel Arroyo Gutiérrez, profesor universitario.
56. Jorge Arturo Lobo Segura, profesor UCR.
57. Paulo E. Coto Murillo, UNED y UCR.
58. David Selva.
59. Anel Sancho Kenjekeeva.
60. Laura Rivera Alfaro.
61. Ingrid Flores Salazar, Colectiva Feminista Handmaids Costa Rica.
62. María José Cabezas Castro, psicóloga.
63. Silvia Rodriguez Cervantes, Red de Coordinación en Biodiversidad.
64. Edna julia Rodríguez Alvarado, Emprendedora, San Luis, Santo Domingo.
65. Isaac Rojas, miembro de COECOCEIBA- Amigos de la Tierra Costa Rica.
66. Pablo Chaverri Chaves, INEINA-UNA.
67. Vaniah Lee Foglesong Villa, Docente y politóloga.
68. Zuiri Méndez Benavides, docente Programa Kioscos Socioambientales.
69. Gustavo Gatica López, Investigador del Centro de investigación en Cultura y Desarrollo UNED.
70. Marcelo Valverde M. IDELA – UNA.
71. Santiago Navarro Cerdas, Docente Universidad de Costa Rica.
72. Suray Carrillo Guevara, FEDEAGUA.
73. Daniel Solano Ulate, Músico y funcionario Universidad Nacional.
74. Mariela Andrea Zamora Rey, Comisión política de Frente Amplio.
75. Fabián Campos Boulanger, Sociólogo.
76. Alexander Barquero-Rodríguez, Internacionalista.
77. Osvaldo Durán Castro. Sociólogo ITCR. Asoc. PROAL-FECON.
Ya vivíamos en una burbuja. Desde hace décadas sabíamos de las condiciones de los inmigrantes, les pagábamos salarios menos que mínimos, éramos felices porque estaban en sus cuarterías y bares clandestinos, mientras no nos molestaran en el Mall de moda o restaurante o en el hotel todo incluido, vivíamos indiferentes a esos que sostenían con sus salarios menos que mínimos a los de arriba de la pirámide.
Sabíamos de los precarios, sabíamos del abandono de los indígenas, pero éramos el país más feliz del mundo. Jugaba la sele y éramos felices con ese circo.
Éramos felices e indiferentes a que un entrenador de fútbol o jugador ganara mucho más que un maestro o una enfermera, porque era el equipo de todos, ¿cuáles todos? En el Sport Bar pagábamos caprichos para llorar viendo a la Sele, endiosando personajes de papel.
Eso si era una burbuja, en Miami de compras o en Avenida Escazú dictando políticas públicas con una taza de café de 5000 colones. No pasábamos en nuestro carro por León XIII o barrios del sur para ver la realidad, porque hay mucha chusma. Elitistas de tercer mundo, hablando de la pobreza desde nuestros lujos.
Sabíamos de la corrupción por todo lado, por todo trámite sabíamos cómo hacerlo más rápido, no pedíamos factura y buscamos al mejor contador para reportar pérdidas; éramos muy “jugados” y siempre con la malicia tica para ganar más y pagar lo menos posible, siempre fuimos así… Sabíamos de la enorme brecha educativa. ¿Dónde estudiaron los hijos de los empresarios y políticos? No en el Liceo de Pavas…no. No en la escuelita unidocente rural, no, esa educación era para los pobres, los míos van a privado, donde ganarán las mejores becas y volverán bien conectados, pero no intervenimos el MEP porque es sensible para las votaciones.
Éramos una burbuja, sabíamos que cada cuatro año venían las plazas públicas, los debates y las promesas… los grandes capitales donaban a todos los partidos y así entre “todos” nos ayudábamos…pero el pobre siempre pobre… y el inmigrante pobre en la cuartería… el inmigrante rico ese si era bienvenido, hasta pronto lo veíamos en política. La burbuja era antes, burbuja maloliente, pero nos hicimos de la vista gorda…. los paisas, los cholos, la chusma… esa burbuja era grande, pero segregada y escondida.
Éramos felices comiendo hasta enfermar en los todo incluido o en los rodizios, hartando carne hasta explotar. Endiosamos al politiquillo de barrio hasta hacerlo diputado eterno y se olvidó del barrio, ellos probaron los gusticos y lujos y los perdimos.
Más de un pegabanderas inepto tenía un hueso asegurado y en propiedad. Siempre lo supimos… pero la idea era estar adentro.
Creemos una burbuja de polos con plata, bien jugados en artimañas contables para no pagar impuestos, bien jugados para los negocios oscuros… y el pobre más pobre. Pero la población aumentó y creamos una subburbuja que ingorábamos… fuimos poco solidarios, corruptos, marulleros y engreídos.
Solo el 30% de los niños que entran a primer grado se graduan en bachillerato, y de ese 30% exclusivo solo el 50% termina la Universidad.
Si el 15% de los afortunados, lo sabíamos…si lo sabíamos. Eso si era una burbuja…
Quédate en casa decimos ahora, qué facil si en décadas no construimos las condiciones para miles y miles que les pagamos salarios de miseria…. quédate en casa decimos y cuanto defraudamos al fisco? Quédate en casa y permitimos la corrupción.
¿Seguiremos igual con esta farsa del país más feliz del mundo?
“Cuando hablamos de migrantes y desplazados, nos limitamos con demasiada frecuencia a números. ¡Pero no son números, sino personas! Si las encontramos, podremos conocerlas. Y si conocemos sus historias, lograremos comprender. Podremos comprender, por ejemplo, que la precariedad que hemos experimentado con sufrimiento, a causa de la pandemia, es un elemento constante en la vida de los desplazados”.
La anterior frase nos la ha regalado el Papa Francisco en su mensaje para el Día Mundial del Migrante y Refugiado 2020. A nosotros, integrantes de la Red Clamor Costa Rica –una instancia de comunión en la que, diócesis y congregaciones religiosas de la Iglesia Católica, procuramos hacer real el compromiso pastoral liberador junto a hombres y mujeres en situación de migrantes y refugiados–, nos ha parecido muy elocuente para dar a conocer, ante los hermanos miembros de nuestra Iglesia Católica Costarricense y los ciudadanos que habitamos en este hermoso país, nuestra mirada pastoral sobre realidades que viven los hombres y mujeres obligados a migrar o a buscar refugios lejos de sus comunidades de origen.
En el actual contexto provocado por la pandemia del Covid-19, los rostros de los migrantes y refugiados emergen como expresión de un drama humano agudizado, donde no solo la enfermedad misma, que tiene sometida a toda la humanidad, sino otros agravantes sociales y legales, están poniendo de manifiesto el estado de vulnerabilidad que les agrieta la esperanza y les carcome la posibilidad de alcanzar condiciones de vida digna. En medio de una sociedad que parece dejarse empequeñecer por el pánico ante un virus, se están develando una serie de atropellos a la dignidad humana, que tiene como destinatarios a hombres y mujeres empobrecidos, no solo de origen extranjero, sino también a personas de nuestro propio país. Prueba de ello es la constatación de las condiciones en que nuestros hermanos y hermanas son contratados laboralmente, con las consecuentes disminuciones de sus opciones de tener viviendas adecuadas, adquisición de servicios básicos, acceso al derecho humano de condiciones adecuadas en su salud.
Es deplorable que, en medio de lo que una realidad no prevista, y ante la que ningún grupo social podría haber actuado de forma previsora, surjan voces desde las que, con una negación casi absoluta de objetividad, aun cuando hoy se tiene acceso a tanta información calificada, se culpabilice a las personas migrantes y refugiadas como los grandes contagiadores, relevando la responsabilidad de otros actores que por intereses económicos reducen a las personas migrantes y refugiadas a simples medios de producción, ante los que no hay compromisos morales ni legales para preservarles su integridad.
La vida en plenitud (Jn 10,10) de una sociedad que tiene que ver con la salud como asunto público, demanda la corresponsabilidad para todos los miembros de la colectividad, y no puede ser concebida como privilegio de un sector social, en detrimento de las calidades de otro, que, por su origen o condición migratoria, lo excluye de la posibilidad de ser estimado como destinatario de las estrategias para preservarlos de los factores de riesgo. Como ha afirmado el papa Francisco, en el mensaje citado, es necesario conocer para comprender.
Para la Red Clamor Costa Rica la comprensión de la realidad de migrantes y refugiados, no es asunto intelectual, sino el desarrollo de actitudes de cuño cristiano que no requieren de permisos especiales, y que tampoco se dictaminan por decreto, sino que únicamente demandan volver la mirada hacia la presencia acogedora de un Dios que es padre de todos (Lc 11,2-4), que pide mostrar nuestra fidelidad a la Buena Noticia dada a conocer en su Hijo Jesucristo, para que pasemos por el tamiz de la misericordia todas nuestras acciones, asumiendo con rectitud evangélica que dar de comer al hambriento, saciar al sediento, vestir al desnudo, acoger al migrante (cf. Mateo 25, 31 ss), no es un compromiso a negociar, sino un estilo de vida solidaria que urge fortalecer.
Es oportuno y necesario que, como miembros de la familia humana, en estos tiempos aciagos de pandemia, tengamos claro que el cuidado es compromiso universal, y por ello tenemos que poner mucha atención en las poblaciones afectadas por el pecado social, porque “La construcción del Reino de Dios es un compromiso común de todos los cristianos y por eso se requiere que aprendamos a colaborar, sin dejarnos tentar por los celos, las discordias y las divisiones. Y en el actual contexto, es necesario reiterar que: «Este no es el tiempo del egoísmo, porque el desafío que enfrentamos nos une a todos y no hace acepción de personas” (Papa Francisco, Día del Migrante y del Refugiado 2020).
Desde la Red Clamor invitamos a todas las personas que creemos en el Dios de la Vida, fuente del Amor generoso y sin prejuicios, a despertar nuestras conciencias, en este momento de la pandemia, comprender que los y las hermanas migrantes continúan pasando, ahora más que nunca, una situación dolorosa y difícil, la cual reclama un actuar desde la hondura de nuestra fe y desde la dulzura de la misericordia.
Todas las personas tenemos dignidad, independientemente de nuestro origen, y, en consecuencia, todos debemos cuidarnos y debemos ser cuidados. Dios nos auxilie en esta misión de preservar la vida para todos, y nos dé la gracia para comprometernos en ella.
San José, Costa Rica, 6 de julio de 2020
Suscriben. Secretariado Nacional Pastoral Social-Caritas Costa Rica. Pastoral de Movilidad Humana Pastoral Social-Caritas Diócesis de Cartago Pastoral de Movilidad Humana Pastoral Social-Caritas Diócesis de Puntarenas Pastoral de Movilidad Humana Pastoral Social-Caritas Diócesis de Alajuela Pastoral de Movilidad Humana Pastoral Social-Caritas Arquidiócesis de San José Pastoral de Movilidad Humana Pastoral Social-Caritas Diócesis de Tilarán-Liberia Pastoral de Movilidad Humana Pastoral Social-Caritas Diócesis de San Isidro El General Pastoral de Movilidad Humana Pastoral Social-Caritas Diócesis de Limón JPIC Claretianos Costa Rica JPIC Familia Franciscana Costa Rica Pastoral de Jóvenes Migrantes Costa Rica Servicio Jesuita para Migrantes (SJM Costa Rica) Hermanas de la Caridad de Santa Ana Hermanas Scalabrinianas Costa Rica
En este video Rebeca Gu-Navarro y Mauricio Castro-Méndez explican la situación de vulnerabilidad de las personas relacionadas con los monocultivos en la Zona Norte y Caribe. Le invitamos también a leer el pronunciamiento.
Pronunciamiento sobre la situación de vulnerabilidad de las personas relacionadas con los monocultivos en la Zona Norte y Caribe
Las personas y agrupaciones abajo firmantes, todas integrantes de organizaciones sociales y comunidades, así como de proyectos y otras instancias tanto de la Universidad de Costa Rica como de la Universidad Estatal a Distancia y otras Universidades Públicas, comprometidas con el bien común y el bienestar social, hacemos pública nuestra preocupación frente a la situación de emergencia que se vive en las zonas Norte y Caribe de Costa Rica en relación con los contagios de COVID-19.
En las últimas semanas se ha identificado un aumento de casos positivos de Covid-19 en las regiones Norte y Caribe, generando lo que las autoridades denominan una segunda ola de contagios a nivel nacional. Una parte significativa de las personas afectadas por este incremento del contagio trabaja en fincas y plantas empacadoras de productos para la exportación, especialmente la piña, seguida de la yuca y la naranja. Aunque es un hecho que existe un flujo de personas migrantes y transfronterizas en estas zonas relacionado con estas actividades agroindustriales, también es cierto que hay un importante número de personas trabajadoras nacionales que están siendo afectadas.
A pesar de los señalamientos xenofóbicos de muchos sectores, queremos hacer eco en que las personas migrantes no son responsables directas de esta situación. Gran parte de las actividades agrícolas de este país dependen de la mano de obra migrante, y así ha sido durante las últimas décadas. Las empresas se han beneficiado de esta situación al dar precarias condiciones laborales y bajos salarios, muchas veces contraviniendo las normas establecidas. Esto se agrava cuando se trata de personas sin documentos, las cuales entran en situaciones de exclusión y vulnerabilidad más acentuadas. Ignorando esta realidad, sectores empresariales, políticos y medios masivos de información han contribuido a la construcción de discursos de odio y xenofobia que culpabilizan a las personas que están en el último eslabón de la cadena productiva y de las responsabilidades, dada su condición de vulnerabilidad. Estas personas son las más explotadas y aceptan las condiciones precarias que se les dan por motivos de supervivencia.
Frente a la coyuntura de la pandemia y este acelerado aumento de casos de contagio, queremos señalar que el aumento de contagios está directamente relacionado con las condiciones laborales de las personas afectadas dentro de las propias plantaciones o empacadoras, ya que muchas de estas empresas están incumpliendo las disposiciones del Ministerio de Salud y ni siquiera están otorgando los implementos necesarios para la protección personal durante las labores. La vulnerabilidad laboral derivada de la negligencia de las empresas se agrava debido a que las personas viven en condiciones de pobreza, de manera que el sustento diario depende del trabajo que realicen, por lo que no pueden exigir el cumplimiento de las medidas ni ausentarse de sus lugares de trabajo sin arriesgarse a ser sancionadas, o incluso despedidas.
Si advertimos el conjunto de transformaciones estructurales e institucionales con impacto en el agro costarricense promovidas por las autoridades nacionales en las últimas tres décadas, es posible afirmar que el Estado ha tenido una presencia medular en el auge piñero y bananero. Estas empresas reciben un trato diferenciado por parte del gobierno, pues no sólo violentan derechos, generan daños socioambientales y profundizan la pobreza, sino que además, muchas de ellas no pagan impuestos para contribuir con las necesidades del país ni asumen el pago de las cuotas para la seguridad social.
Lo mismo pasa con sus socios en la cadena de valor (proveedores de insumos, contratistas, subcontratistas transportistas, entre otros), quienes sub-contratan trabajadores a veces en condiciones precarias, mal pagados, sin ningún tipo de garantía social, para brindar servicios baratos a las empresas, quienes, sin reparo ético o legal, los acogen para ahorrar costos de producción, a pesar de la clara violación de derechos que comportan estas prácticas. Estas situaciones no pueden seguir siendo toleradas, ni mucho menos seguir atacando a las personas que están siendo directamente afectadas por prácticas que se aprovechan de sus condiciones de pobreza y necesidad, que les obligan a arriesgar su bienestar y el de sus familias.
Llamado a las acciones
En consideración del contexto y las situaciones antes expuestas, a modo de llamado urgente y vehemente a la población general, a las autoridades gubernamentales pertinentes y a las instituciones respectivas, urgimos y exigimos atender las siguientes demandas:
Que se proceda a implementar, en lo inmediato, las acciones necesarias para asegurar el acatamiento de las normas laborales en las empresas vinculadas a la actividad agroexportadora, con el fin de asegurar el respeto y cumplimiento de todos los derechos humanos y laborales.
Que se exija el cumplimiento de las leyes laborales en todos sus alcances y que se proceda, como corresponde en cualquier momento, pero en especial en esta coyuntura, a sancionar de manera significativa a cualquier empresa que no cumpla con las normas sanitarias en general, y en especial las establecidas en el contexto de la crisis del coronavirus.
Que, en el caso particular de las empresas o personas individuales que se identifiquen como potenciales responsables de acciones de encierro, sometimiento, reclusión obligada u ocultamiento de actividades laborales ilegales y violatorias de los derechos humanos fundamentales, o cualquier otra acción similar a la trata de personas con fines de explotación laboral o relaciones de semi-esclavitud, se proceda, tal y como corresponde, con la aplicación de todo el peso de la ley en el ámbito penal.
Que se proceda, en lo inmediato, a eliminar el decreto 41908-MGP-MTSS-MAG, el cual amplía la prórroga de suspensión de la multa a las empresas que incumplan la Ley de Migración en cuanto a la obligación de regularizar a las personas trabajadoras que no cuenten con permisos para laborar, dado que este es un portillo para el incumplimiento de todas las demás normas laborales y el sostenimiento de las condiciones de precariedad laboral. El Decreto ejecutivo N°36769-G, Reglamento de Control Migratorio, estableció sanciones para las contrataciones irregulares después de un período de ajuste que ha sido prorrogado reiteradamente por las administraciones Chinchilla Miranda, Solís Rivera y Alvarado Quesada, por lo que este mecanismo no ha llegado a entrar en vigencia.
Que se apruebe, de la manera más inmediata posible, el expediente legislativo 21.706, que lleva años en la corriente legislativa frenado por el sector empresarial, y en el que se autoriza a las autoridades de la Inspección de Trabajo a establecer sanciones directamente, sin tener que recurrir a largos procesos judiciales, cuando identifique que se ha violado la ley laboral.
Que se establezcan procedimientos efectivos y funcionales de seguimiento para asegurar el cumplimiento de estas normas por parte de las personas o actores sociales involucrados en toda la cadena de producción, pero con especial énfasis en las empresas responsables de estas actividades productivas.
Que se asegure la aplicación de un protocolo que garantice la seguridad en la salud de las personas trabajadoras. Los sindicatos que trabajan por los derechos laborales en estas empresas ya han elaborado propuestas al respecto, las cuales deben servir, al menos, como base para este protocolo. Es necesario que se discuta, con participación de los sindicatos de plantaciones, organizaciones de protección a migrantes, la Defensoría de los Habitantes, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Organización Internacional del Trabajo, representantes de diversas fracciones legislativas y los empleadores de plantaciones, entre otros, sobre la necesaria regulación de las cadenas de valor, para que se evite la utilización de contratistas y subcontratistas, como mecanismo para eludir y evadir los derechos laborales y a la seguridad social. Para tal efecto es necesario establecer mecanismos que responsabilicen a toda la cadena de valor, como los que ya se han aprobado en otros países y vienen siendo impulsados por la OIT.
Que todas las autoridades y actores implicados en actividades informativas, y muy en especial los medios masivos, en virtud de la enorme responsabilidad que implica el impacto social de su actividad, hagan un manejo respetuoso de la ética y de las exigencias de imparcialidad propios del ejercicio profesional responsable, coherente con el contexto histórico, social y económico de las zonas en las que se suscitan los hechos informativos, y que eviten sesgos basados en intereses particulares o en discursos que promueven el odio en vez de la solidaridad y el respeto a la persona humana.
En una coyuntura tan sensible como la presente, hacemos un llamado vehemente a las autoridades del gobierno y al personal de instituciones públicas, al sector empresarial, a los medios de información y a la población en general para que, en todo momento, las decisiones y acciones que se tomen y las informaciones que se emitan estén orientadas por la consideración y el respeto de los Derechos Humanos de todas las personas, independientemente de su condición social, origen o nacionalidad.
Costa Rica, 1 de julio de 2020
SUSCRIBIMOS
Organizaciones e instituciones
Consejo de Programas Institucionales de Acción Social, UCR Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica. Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, Universidad Estatal a Distancia. Dylanna Rodríguez, TC-590 Fortalecimiento de procesos de articulación con actores sociales y comunitarios en torno a conflictos socio ambientales específicos del territorio nacional, UCR. Lilliana Monge, TC-743 «Agua, lucha y justicia ambiental en el Caribe Norte», Escuela de Trabajo Social, UCR. Rebeca Gu Navarro, TCU-666 Dialogando el presente: recuperando la memoria de organizaciones políticas subalternas, Escuela de Ciencias políticas, UCR. Marvin Amador Guzmán, proyecto «TC-635 – Comunicación y Cambio para el Buen Vivir», Escuela de Comunicación, UCR Mauricio Castro Méndez, “TCU-681: Cumplimiento de los derechos laborales en plantaciones y afines. Alcances de la reforma procesal laboral frente a las necesidades del colectivo laboral”, y Pry01-597-2020-Relaciones laborales en Costa Rica: representación colectiva, organización del trabajo y cadenas de valor» Valeria Montoya, EC-495: Trabajo asalariado en piñeras de la zona norte: acercamiento desde la cotidianidad de las comunidades de Medio Queso, Santa Fe en Los Chiles y La Guaria de Pocosol, del Programa Kioscos Socioambientales, UCR. Freddy Arias, TC-661. Prevención de intoxicaciones en comunidades costarricenses. Freddy Arias Mora. Facultad de Farmacia, UCR. Programa de Economía Social Solidaria de la Universidad de Costa Rica. Proyecto ED-3391: Acompañamiento al desarrollo de prácticas de Economía Social Solidaria, Seguridad Alimentaria y Nutricional y Agricultura Familiar en comunidades de Upala de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica. Proyecto TCU 607 de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica. Alternativa UCR Asociación Cultural Abriendo el Surco CENDEROS CEP Alforja Circulo Bolivariano Yamileth López Clínica de Migración, refugio y protección internacional, UCR (Melissa Salas Brenes) COECOceiba Amigos de la Tierra Costa Rica Consejo de Educación Popular y el Caribe (CEAAL)- Colectivo Costa Rica CR SOLIDARIA Directorio de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR) Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (FENTRAGH) Fundación Laberinto Fundación Pedagógica Nuestramerica Hablemos de Derechos Humanos Handmaids Costa Rica Iniciativa Universitaria por Nicaragua Justicia Paz e Integridad de la Creación JPIC, Claretianos Costa Rica La Cadejos, Comunicación Feminista Programa Institucional para la Persona Adulta y Adulta Mayor de la Universidad de Costa Rica Pry01-65-2021 – Programa permanente de Desarrollo Académico del Programa de Posgrado en Comunicación, Universidad de Costa Rica Red de Coordinación en Biodiversidad Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP) Sindicato de Trabajadores del Sector Privado Sindicato Industrial de Trabajadores de la Palma Africana y Afines SITRAPA Sindicato Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (SINATRAA) Sindicato pro-Trabajadores del Consejo Nacional de Producción y FANAL SIPROCNP
Personas
Adilia Eva Solís, ED 3364 UCR Adrián Jaén España, sociólogo, docente universitario y militante del Partido Revolucionario de las y los Trabajadores Adriano Corrales Arias, Escritor y profesor del Instituto Tecnológico de Costa Rica Alberto Cortés Ramos, Catedrático, escuela de Geografía y de Ciencias Políticas, UCR Alejandra Porras Rozas, Socióloga, ecologista. Alfonso Chacón Mata, Presidente Asocasdeh Allan Chavarría Chang, Extensionista de la UNED Álvaro Fernández González, Profesor universitario jubilado Ana Carcedo, Presidenta de CEFEMINA Ana Cecilia Escalante Herrera, Profesora Emérita – Escuela de Sociología, Universidad de Costa Rica Ana Elena Obando M., Abogada feminista, Derechos Humanos, Concertación Interamericana por los Derechos Humanos de las Mujeres Andrea Cuenca Botey, Psicóloga Camila Ordóñez Laclé, Integrante Mujeres en Acción, investigadora CIEM UCR Carmen Caamaño Morúa, Universidad de Costa Rica Carmen Carro Barrantes, Ciudadana feminista y socióloga Carolina Sánchez Hernández, Escuela de Sociología, Universidad Nacional Ciska Raventos Vorst, socióloga, profesora jubilada UCR, activista Cynthia Ramírez Alvarado Dania Obando Castillo, Secretaria general del Sindicato Industrial de Trabajadores de la Palma Africana y Afines Danilo Saravia, exiliado político, activista social y ambientalista David Alfaro Mata, Miembro de Siprocnp Debbie Salas Ramírez, Docente educación especial MEP Diana Campos Ortiz, Activista e investigadora social Didier Alexander Leitón Valverde, Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP) Elvis Alberto Cornejo Venegas, Educador, investigador y extensionista Esteban Calvo Rodríguez, Abogado con especialidad en Derecho del Trabajo Eugenia Boza Oviedo, ED-3441 Espacios para la promoción, defensa y exigibilidad de derechos en Upala. y ED-3461 Migraciones y derechos humanos, construcciones conjuntas. Universidad de Costa Rica. Eva Carazo Vargas, investigadora y activista ecofeminista. Fabiola Bernal Acevedo, Fundación Pedagógica Nuestramerica Federico Picado Gómez, Ingeniero Civil Gerardo Hernández Naranjo, Docente UCR Gerardo Mora Burgos, Universidad de Costa Rica Grettel Gamboa Fallas, Antropóloga social. Defensa Derechos Humanos. Guadalupe Urbina, Artista costarricense, gestión Gustavo Gatica López , Investigador, Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE), UNED, miembro del Colectivo Bienestar y Migraciones Héctor Ferlini-Salazar, director SURCOS Digital, coordinador proyecto EC-527 Aportes Comunitarios para la Construcción de la Democracia Participativa, Sede del Pacífico, UCR. Henry Picado Cerdas, Red de Coordinación En Biodiversidad Irene Barrantes Jiménez, Especialista en género y artista plástica Isabel Ducca D., Alianza por una Vida Digna Jenyel Conteras Guzmán, Investigadora, evaluadora y docente universitaria Jorge Zeledón Pérez, Director Programa de Posgrado en Comunicación, UCR José Antonio Mora, coordinador del proyecto ED-3526 “Educación Popular y Geografía: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica”, docente del Programa Kioscos Sociambientales, docente de Geografía en Sede de Occidente José Luis Arce Sanabria, Escuela de Ciencias de la Comunicación UCR José Manuel Arroyo Gutiérrez, Profesor universitario José María Gutiérrez Gutiérrez, Profesor Emérito, Universidad de Costa Rica Josué Arévalo Villalobos, Docente, coordinador del TCU-732 de la Escuela de Psicología e investigador del Instituto de Investigación en Educación de la Universidad de Costa Rica Juan Carlos Cruz Barrientos, Comunicador social jubilado, miembro de la Iniciativa Universitaria por Nicaragua Juan Manuel Muñoz Portillo, Profesor, Escuela de Ciencias Políticas, UCR Juliana Martínez Franzoni, Investigadora, Universidad de Costa Rica Karen Carvajal Loaiza, Asesora sindical y Docente UCR Kattia Isabel Castro Flores, Docente de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la UNA Krissia Rodríguez Muñoz Larissa Arroyo Navarrete, Abogada especialista en Derechos Humanos Laura Arias Cabrera, Docente y activista Laura Rivera Alfaro, Investigadora y consultora independiente, docente UCR Leonardo Vargas Ramírez, Ciudadano Libre y pensante Licda Ileana Vega Montero , Asesora Legal APSE Ligia Solís Solís, ANEP Lorenzo Cambronero Méndez, Asociación Cultural Abriendo el Surco Lucía Rescia, Psicóloga Luis Andrés Sanabria Zaniboni, Proyecto EC-518 Observatorio de Bienes Comunes: Agua y Tierra Maikol Hernández Arias, Secretaría general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (FENTRAGH) Maikol Hernández Arias, Secretaría general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (FENTRAGH). Manuel Rodríguez, Secretario General SITRAPEQUIA Marcos Guevara Berger, Escuela de Antropología, UCR María José Chaves Groh, Socióloga, feminista, docente e investigadora María José Masís Méndez, Docente de la Universidad de Costa Rica María Laura Sánchez Rojas, Sindicalista y socióloga Mariano Sáenz Vega, Investigador del Centro de investigaciones Antropológicas ( CIAN ) Marielos Aguilar Hernández, Profesora jubilada UCR Marta Rojas Porras, Catedrática UCR jubilada Mauricio Álvarez Mora, EC-496: Programa de Radio Voces y Política Miguel Ángel Zúñiga Chávez, dirigente sindical en el Sindicato Pro-Trabajadores del Consejo Nacional Producción y FANAL (SIPROCNP), Central Social Juanito Mora Porras – ANEP (CSJMP-ANEP), Colectivo Sindical Patria Justa (PJ) y parte del Encuentro Social Multisectorial (ESM) Miguel Regueyra Edelman, docente de la Universidad de Costa Rica Millaray Villalobos Rojas, Antropóloga Milton Ariel Brenes, Programa PRIDENA Nilson Oviedo Valerio, Cooperativa Sulá Batsú. Óscar Jara, Educador Popular y sociólogo Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo. Prof. ITCR. Percy Marín Méndez, Presidente SIPROCNP Priscilla Echeverría Alvarado, Universidad de Costa Rica Roberto Zeledón Arias, Asesor Legislativo ANEP Rotsay Rosales-Valladares, Catedrático e investigador UCR Roxana Hidalgo Xirinachs, Investigadora y profesora catedrática, Universidad de Costa Rica, psicoanalista y feminista Santiago Ramírez Jiménez, Asesor Sindical (ANEP) Sebastián Fournier Artavia, Presidente, Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa (RedMICA) Seidy Salas Víquez, Comunicadora social. Sergio Salazar Araya, Proyecto ED 3461 Migraciones y Derechos Humanos: construcciones conjuntas, Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica Shi Alarcón-Zamora, Socióloga Feminista Silvia Rodríguez Cervantes, Ecologista, miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad y la Alianza Biodiversidad Soledad Hernández Carrillo, TC-723 «Migra-acciones acompañando a población migrante y refugiada más allá de las fronteras”. Escuela de Psicología, UCR. Tania Rodríguez Echavarría, Docente Universidad de Costa Rica Teodoro Willink Castro, Programa Institucional Osa-Golfo Dulce, UCR Valeria Rodríguez Quesada, Representante estudiantil en el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica Vilma Leandro Zúñiga, Universidad de Costa Rica Yasy Morales Chacón, docente universitaria y activista en temas de Economía Social Solidaria. Zuiri Méndez, ED-3437 Campamento Audiovisual de Mujeres y Territorios del Programa Kioscos Socioambientales, Facultad de Ciencias Sociales, UCR.
