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Etiqueta: militarización

Adolfo Hitler y Rodrigo Chaves

Vladimir de la Cruz

Hitler y Mussolini, los grandes dictadores y líderes autoritarios de Alemania y de Italia, desde inicio de la década de 1920 hasta 1945, cuando fueron derrotados, al concluir la II Guerra Mundial, por ellos provocada, en el interior de sus países organizaron, a su alrededor cuerpos de seguridad personal, de represión y de apoyo particulares. Estos organismos de seguridad eran dirigidos por ellos, a quienes les reportaban mediante la estructura de conducción política, policial y militar que tenían.

Me detendré en las más tenebrosas, por su mayor y amplio conocimiento público como fueron las policías especiales que impulsó Adolfo Hitler, las llamadas SA, la SS. Y GESTAPO.

La Sturmabteilung o “SA” correspondió a una unidad que se usaba de asalto, la cual se desarrolló como una organización voluntaria de milicias ciudadanas. En Alemania se conocieron como las Camisas Pardas, por el uniforme que usaban. En Italia se les llamó Camisas Negras. En el caso alemán el color pardo era para distinguirlas de las “SS” que usaban uniformes negros con camisas blancas.

El término Sturmabteilung se originó por las tropas de asalto especializadas que tenía el Imperio Alemán en 1918. Las “SA” tuvieron un papel muy significativo en el ascenso de Hitler en la década de 1920 y primer lustro de la década de 1930, hasta cuando fueron integradas a las “SS” en la década de 1930.

La “SA” reclutó soldados o militares de experiencia y de buena preparación física para dar seguridad y proteger a los dirigentes del partido nacional socialista alemán. Luego las hicieron de amplia afiliación. Era la organización a cargo de realizar actos violentos contra grupos opositores.

En Alemania como en Italia estas organizaciones se desarrollaron al calor de los partidos políticos que dirigían Hitler y Mussolini, que ya en el poder se desarrollaron y fortalecieron como parte de la estructura institucional, jurídica, militar y policial.

El presidente Chaves no ha tenido oportunidad de impulsar su particular organización policial-militar desde un partido político, porque no tiene partido político propio, ni formó parte de un Partido político donde él fuera su principal dirigente.

Llegó a la Presidencia como candidato, ad hoc, para la ocasión de la campaña electoral del 2022. Fue la cara electoral de un partido que él no dirigía, del cual no es dirigente de nada.

Como presidente, por sus peroratas de los miércoles, ha logrado calar en sectores populares, bien manipulados con sus cortinas de humo de intentar resolverles sus problemas fundamentales, lo que los partidos políticos tradicionales, poderes públicos y fuerzas opositoras, entre ellas, algunos medios de comunicación no se lo permiten o le entraban las posibilidades de ayuda y de solución de problemas.

En su discurso dirigido a los sectores populares que han estado marginados por años, por diversos gobiernos y partidos políticos, les ha sembrado la idea de qué con él, con Chaves, hay esperanzas si lo dejan actuar, aunque sea a la fuerza, contra las instituciones o sin ellas, que le permitan tomar decisiones sin controles institucionales, constitucionales y legales.

Esta gente que no ha “ganado” nada, “nada” tiene que perder con Chaves. Tiene “posibilidades” de ganar, es el discurso y la imagen de la “esperanza” lo que les ofrece, y le siguen. No es casual el aumento de su popularidad personal, después de la visita de Bukele que empató con la tragedia climática que afectó al país, que el gobierno tuvo que atender, teniendo los recursos para ello.

El presidente Chaves con sus convocatorias provocativas contra instituciones públicas como la Asamblea Legislativa, la Sala IV y la Corte Suprema de Justicia, ha llevado a pequeños grupos, por ahora, de personas fanatizadas con él, a agredir verbalmente a sus miembros, y en cierta ocasión a provocar un conflicto de calle, casi cuerpo a cuerpo, con otros ciudadanos. En una ocasión frente a la Sala IV, uno de los manifestantes, un profesor universitario jubilado, de manera desaforada y desquiciada pidió la muerte del presidente de la Sala Constitucional, camino para pedir la muerte de cualquier otro ciudadano por parte de estas turbas que se movilizan al canto de sirena del presidente.

La “SA” alemana fue la organización encargada de preparar estos actos violentos y confrontativos con otros grupos de ciudadanos y otros partidos políticos.

Los rasgos de mando de la “SA” fueron de obediencia exclusiva a sus mandos militares, quienes rendían obediencia a Hitler. Cuando Hitler asumió el poder, en 1933, la “SA” se consideraba la escolta y la escoria de Hitler que amenazaba a los diferentes líderes del partido nacional socialista.

La “SA” era estimada como una organización radical, extremista y peligrosa. La “SA” fue usada para peleas callejeras con uso de armas convencionales. La “SA” fue la encargada de llevar a cabo la llamada “Noche de los cuchillos largos” y la Noche de los cristales rotos”, acciones que se realizaron contra la comunidad judía. Fueron también los quemaban libros y atacaban locales de opositores. La “SA” hitleriana fue temida incluso por las otras estructuras policiales y militares de la organización institucional hitlerista. La lealtad con Hitler se aseguraba con el control que él mismo tenía de esta organización militar. De la misma forma, la lealtad de la Unidad Especial de Intervención con el presidente Chaves deviene del control personal y jerárquico que él tiene sobre sus miembros. En esta dimensión Chaves es igual que Hitler el “Oberster SA-Führer”.

El presidente Rodrigo Chaves, trata de impulsar la Unidad Especial de Investigación, que depende directamente de la Presidencia de la República, que solo a él le reporta y obedece.

Los miembros de esta Unidad Especial de Investigación le rinden obediencia a su jefe directo, inmediato, que se desempeña como viceministro de Seguridad, y con él al presidente Chaves, pasándole por encima al mismo ministro de Seguridad Pública.

La “SA” tenía una serie de funciones y oficinas vinculas a su quehacer militar. La Unidad Especial de Intervención tiene igualmente una serie de funciones ampliadas, por el decreto inconstitucional publicado el pasado 21 de noviembre en La Gaceta, que le da el carácter político represivo y de tipo militar que tenía la “SA”.

La “SA” fue una organización paramilitar institucionalizada de voluntarios que imponían su ley. La Unidad Especial de Intervención no tiene todavía ese carácter, pero cada día le están ampliando las posibilidades de actuación y de intervención institucional, con posibilidad de crear los falsos escenarios de inseguridad ciudadana que les dé la potestad de actuar violentamente.

Recientemente, se ha propuesto un proyecto de ley para eliminar el Ministerio de Gobernación, de manera, que entre otras cosas, la Policía de Migración se pase a Seguridad Pública para ir concentrando, por ahora, en esa instancia todos los órganos e instancias policiales del país, sobre los que la Unidad Especial de Intervención podría dirigir y someter desde sus potestades ampliadas desde el pasado 21 de noviembre.

En el Decreto del jueves 21 de noviembre se aumentan las potestades de un órgano policial administrativo, que está en la Ley General de Policía, adscrito a la Presidencia de la República, y es dependiente y obediente directamente del presidente, llamado Unidad Especial de Intervención, considerada como un cuerpo especializado en operativos de alto riesgo contra el terrorismo y el narcotráfico, términos que pueden ser fácilmente atribuibles a distintos comportamientos.

En sus funciones también se le dieron la de proteger a los miembros de los supremos poderes, el cuerpo diplomático acreditado en el país y todos los jerarcas del Poder Ejecutivo, en su diversidad de ministerios e instituciones públicas, cuyos directivos se considere merezcan esa protección.

La Unidad Especial de Intervención se ubica por la realidad como un brazo policial y militar de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, independiente de ella, para contener acciones terroristas, intervenir contra las acciones orientadas a la seguridad nacional y contra secuestros y actividades similares, que puedan afectar a los diferentes miembros del gobierno y de atender todo aquello atinente a la seguridad nacional de Costa Rica.

Estrictamente la Unidad Especial de Intervención no es un cuerpo netamente de inteligencia. Para ello tiene que apoyarse en la Dirección de Inteligencia y Seguridad y en el Organismo de Investigación Judicial, cómo en aquellos otros organismos policiales y de seguridad que desarrollan la llamada inteligencia policial.

La Unidad Especial de Intervención puede realizar seguimientos de personas, intervenir sus comunicaciones, desde ministros, diputados, magistrados y cualquier opositor político o antigubernamental, según se considere, y según Chaves ordene actuar contra él, como se hizo contra el diputado Ariel Robles y el Fiscal General de la República, Carlo Díaz. El Fiscal mismo ante la Asamblea Legislativa denunció que estas funciones y acciones eran realizadas por la Unidad Especial de Intervención, señalando acciones de espionaje.

En la práctica el Decreto del 21 de noviembre ha justificado lo que se ha venido haciendo desde el año pasado, se ha “legalizado o decretado” lo que inconstitucionalmente el gobierno de Chaves ha venido realizando.

Hitler quería en Alemania mantenerse en el poder, para llegar a dominar a la población y poder justificar la necesidad de ‘limpiar’ a Alemania. Cuando el presidente Chaves acusó y denunció que todos los presidentes de Costa Rica desde 1949 hasta el 2022 habían sido dictadores y tiranos, que solo habían gobernado a favor de grupos afines a ellos, en contra del pueblo, lanzó el mismo mensaje de Hitler, de limpiar al país de los grupos corruptos que han gobernado antes que él para poder satisfacer las necesidades del pueblo que él, Chaves, quiere hacer. Para ello, con Bukele afirmó la necesidad de gobernar con “seguridad para lograr la prosperidad”, el binomio ideológico que necesita para gobernar a la fuerza.

La “SA” fue una fuerza policial política. La Unidad Especial de Intervención es igualmente una fuerza policial política, al servicio exclusivo del presidente Chaves, que se acompaña con la idea mesiánica que Chaves tiene de sí mismo, que vende, como se llamó a sí mismo, el Moisés que conduciría al pueblo por el camino correcto, casi como “salvador de la Patria”, lo que le da estos resultados emocionales en las encuestas que le siguen valorando como persona, no tanto como gobernante, de manera favorable.

La Unidad Especial de Intervención, como la “SA”, es usada para investigar, seguir y controlar a todas las personas que trabajan directamente con el presidente, entre ellos los mismos ministros. De paso investigan y rastrean opositores, como quedó en evidencia cuando el Poder Ejecutivo, al referirse a un diputado del Frente Amplio lo exhibió en todos los pasos que había realizado en varios días. También ha sido usada para seguir políticos, empresarios y otras personas.

La Unidad Especial de Intervención tiene que verse como una organización extremista y peligrosa, como un brazo policial militar de un terrorismo de estado que puede estarse montando con este grupo militar por su esencia, formalmente camuflado de carácter policial.

En sus posibilidades operacionales tiene capacidad de intervenir conversaciones telefónicas, computadoras, de extraer información y de “meter”, “sembrar”, “plantar”, información falsa que comprometa para que la persona investigada pueda ser detenida y sometida a procesos judiciales, después de reducirlo a procesos policiales, que podrían incluir torturas por el grado de entrenamiento de algunos de sus oficiales, que tienen el entrenamiento militar altamente especializado en esos campos, como en el de franco tiradores, es decir de especialistas en disparar selectivamente a una persona con capacidad de matarlas desde distancias de más de 1000 metros.

En esta dimensión de “sembrar “ información pueden incluso llegar a crear la sensación de una desestabilización política que se le quiera hacer al presidente, un intento de golpe de estado, que le permita solicitar suspensión de garantías y actuar dictatorialmente, siguiendo al presidente Bukele con esos períodos, lleva 32 aprobaciones legislativas, de suspensión de las garantías, con lo cual el presidente puede actuar como un dictador, un tirano, un déspota, sin controles judiciales, mientras los ciudadanos frente a eso quedan totalmente desprotegidos e inermes.

La organización de las “Escuadras de protección” que impulsó Hitler, las llamadas Schutzstaffel , conocidas como “SS” era el grupo selecto, la élite del ideal alemán impulsado por Hitler.

Las “SS”, fundadas en 1929, cuando las crearon, les dieron la funciones de la seguridad, la identificación del origen étnico, la política de establecimiento demográfico, y la recopilación y el análisis de información de inteligencia; controlaban las fuerzas policiales alemanas y el sistema de los campos de concentración, represivos y carcelarios. Entre otras cosas, también atendieron la eliminación de los judíos, lo que llamaron la “solución final”. Cuando el gobierno del presidente Chaves impulsa el control en Seguridad Pública de la Policía de Migración, da esta sensación de impulsar una “limpieza” de extranjeros en el país.

Las “SS” se basaron en la lealtad a Hitler, como la Unidad Especial de Intervención lo es al presidente Chaves. Hitler nombró a Heinrich Himmler como el líder de las “SS”. Chaves ha designado como el líder de la Unidad Especial de Intervención al viceministro de seguridad, a quien le dio la tarea de iniciarla con 14 oficiales escogidos por él, como una guardia élite, y les dotó de nuevos vehículos y otros medios de trabajo.

De las organizaciones represivas del régimen nazi, estas “SS” fueron las más prestigiosas. El Tribunal de Núremberg, cuando juzgó a los nazis, declaró a las “SS” como una organización criminal.

Otra organización nazi de carácter represivo fue la Geheime Staatspolizei o Gestapo, que era la que actuaba como Policía Secreta del Estado. Algo similar tiene la Unidad Especial de Intervención. La “SS” fue la organización policial y militar que más brutalmente actúo contra la población. La Unidad Especial de Intervención, en potencia, tiene esta misma función.

La Gestapo, como policía política, era la responsable de proteger el régimen, y a sus gobernantes, de sus supuestos enemigos. Tenía autoridad para investigar y combatir todos los intentos de amenazas al Estado, al gobierno, o autoridades. Tenía facultades para investigar traiciones, espionaje, sabotaje, ataques criminales. Para ello se valía de informantes, vigilantes, de poder realizar cateos en domicilios, usar métodos brutales de interrogación, como los que se usan en los manuales de interrogación, y de tortura, en las cárceles que tiene Estados Unidos en Guantánamo. ¡Cuidado, que instructores militares especializados en estos interrogatorios estén entrenando a los miembros de la Unidad Especial de Intervención y de otros organismos similares en el país!

Sobre estas policías como la SA, la SS, la Gestapo y la Unidad Especial de Intervención, continuaré en próximos artículos.

El peligro de esta última, es que con ella se incuba la posibilidad de un instrumento de carácter represivo de incalculables dimensiones, de peligro a las mismas libertades y derechos constitucionales y de enorme preocupación sobre el futuro democrático de Costa Rica.

En ciernes tenemos la formación de un dictadorzuelo, o un gran dictador, según sea su evolución, que está en proceso acelerado de maduración, llamado Rodrigo Chaves Robles, que conduce al país por la vía de la militarización y la destrucción de las instituciones democráticas.

“Una herida en el sur”: el documental que revela los impactos del «Tren Maya» en la península de Yucatán

Mérida, Yucatán, México, 17 de octubre de 2024.- El viernes 18 de octubre, Kanan Derechos Humanos, Pata de Perro Films y el Centro por la Justicia el Derecho Internacional (CEJIL) lanzaron “Una herida en el Sur”, un documental que narra los impactos vinculados a la instalación del megaproyecto “Tren Maya” en los Estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. 

Desde las voces de biólogos, ecologistas, personas ejidatarias, personas defensoras de la tierra y activistas, “Una herida en el Sur” aborda las profundas transformaciones de la Península de Yucatán ante la priorización de políticas de extractivismo, turismo desmedido y militarización. 

En el documental, las organizaciones denuncian que la construcción del mal llamado “Tren Maya” ha estado plagada de arbitrariedades, incluyendo la falta de medidas ambientales adecuadas para su instalación; opacidad sobre sus impactos y beneficios; y la falta de una consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas acorde a los estándares internacionales. Con su llegada, también se ha incrementado la militarización en la región, pues es el ejército quien construye gran parte de los tramos del tren y administra todo el proyecto. 

De acuerdo con las organizaciones, aunque el Estado plantea el megaproyecto como solo un tren, en realidad es una iniciativa a largo plazo para reordenar la zona y potenciar la llegada de proyectos que han dañado el territorio, como las industrias de turismo masivo, inmobiliarias, de manufactura y agroindustrial. 

En la región donde se desarrolla el proyecto, es alarmantemente habitual el despojo de tierras de propiedad colectiva, por parte de gobiernos y empresarios para establecer proyectos agroindustriales, turísticos, inmobiliarios y energéticos. Además, según la investigación desarrollada para la producción del documental, la situación actual de despojo y extractivismo en la península ha desencadenado una explotación masiva de maderas preciosas, uso desmedido de plaguicidas y descargas de aguas residuales, causando una preocupante transformación en los suelos. Todo ello ha resultado en una devastadora deforestación y una irreparable pérdida de la biodiversidad, afectando gravemente el equilibrio ecológico de la región. 

El audiovisual denuncia cómo el deterioro y el despojo de los territorios están teniendo consecuencias devastadoras para las comunidades. Desde el abandono del campo y la ruptura de la espiritualidad, hasta la pérdida de los territorios y la identidad maya. Las comunidades enfrentan una realidad marcada por la criminalización, amenazas y un clima creciente de violencia. 

Para las organizaciones, “Una herida en el Sur” es una historia cuyo protagonista no es el Tren mal llamado “Maya”, sino la transformación de un territorio vivo: la península de Yucatán. Este audiovisual es un registro de los múltiples, profundos y violentos impactos de las políticas de despojo y la instalación de megaproyectos extractivos en el Sur de México. Es, también, la historia de resistencia de quienes desafían el racismo, el saqueo, la militarización y el olvido y, en cambio, apuestan por los bosques, por las aguas y por la vida. 

El documental se presentará en Mérida este viernes 18 de octubre y también estará disponible en canales digitales para uso libre a partir de esa fecha. 

Carta por la paz: Contra el gasto militar y la militarización

Sres. Presidentes de América Latina, El Caribe y de América del Norte

De nuestra consideración,

Las organizaciones y personas firmantes apoyamos la Campaña Internacional Contra el Gasto Militar. Por lo anterior, queremos señalar lo siguiente:

1.- De acuerdo a información del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), el gasto militar mundial del año 2022 alcanzó su máximo histórico llegando a un total de 2.240 billones de dólares. En nuestro continente, los países que más gastaron fueron Brasil con 20.210 millones de dólares; Colombia con 9.937 millones de dólares; México con 8.535 millones de dólares; Chile con 5.566 millones de dólares; Perú con 2.845 millones de dólares; y Argentina con 2.577 millones de dólares. En América Central y el Caribe, el gasto militar ascendió a 11.200 millones de dólares. En América del norte, Estados Unidos fue el país que más gastó, tanto en nuestro continente como en el mundo, llegando a 876.943 millones de dólares y Canadá 26.896 millones de dólares.

2.- Mientras hay dinero para el gasto militar la pobreza se mantiene o aumenta en todos nuestros países a causa de la inflación, del pago de la deuda externa, entre otros graves problemas que viven muchos de nuestros países. El informe Panorama Social 2022 proyectó que 201 millones de personas (32,1% de la población total de la región) viven en situación de pobreza, de los que 82 millones (13,1%) se encuentran en pobreza extrema. Al mismo tiempo, la FAO ha señalado que cerca de 60 millones de personas pasan hambre en nuestro  continente y 131 millones de personas en la región no pudieron costear una dieta saludable.

3.- Lola Castro, directora regional del WFP (Programa Mundial de Alimentos) de la ONU, señaló que “La inseguridad alimentaria seguirá aumentando por la crisis de los precios de los alimentos y de los combustibles causada por el conflicto en Ucrania y las secuelas de la COVID-19”.

4.- La guerra por muy lejos que esté nos afecta a todos. Levantamos nuestras voces y apoyamos los esfuerzos diplomáticos de diálogo y negociaciones para lograr acallar las armas y lograr que llegue la paz entre Rusia y Ucrania, en Yemen, en Sudán, en Palestina, como en otros países que viven conflictos armados.

5.- La verdadera seguridad que necesitan nuestros países, la región, como del mundo, radica en el bienestar social, económico y político de toda la población, en el respeto entre todas las naciones, y en el establecimiento de garantías de protección y seguridad común para todos.

6.- La militarización, como la carrera armamentista, sólo destruye la confianza entre nuestros pueblos y socava los esfuerzos de fraternidad, cooperación y solidaridad entre nuestros países que deberían mirarse como hermanos y no como enemigos.

7.- Exhortamos a nuestros Estados a revitalizar los esfuerzos de integración en nuestro continente, especialmente en la CELAC y UNASUR, para que de manera mancomunada se realicen esfuerzos contra las verdaderas amenazas que enfrentan nuestros pueblos que viven la violencia y la pobreza como consecuencia del neoliberalismo, del saqueo permanente de los recursos naturales, y de la depredación que realizan las grandes Corporaciones y sus Megaproyectos Extractivistas en nuestros territorios.

8.- Finalmente, pedimos que los gobiernos de nuestro continente reduzcan o eliminen el gasto militar y comprometan esos fondos para el bienestar social, en legitimar esfuerzos de paz, de amistad, de unidad, cooperación, y multilateralismo, que nos alejen de la amenaza de la guerra, la destrucción y del aniquilamiento. Lo que se necesita son fondos suficientes para el goce de los derechos humanos, la protección de los recursos naturales (el ecosistema), para la acción colectiva, para la solidaridad, para abordar conjuntamente las emergencias globales de nuestro tiempo.

Atentamente,

Acción Colectiva de Objetores y Objetores de Conciencia -ACOOC, Colombia
ACCSS, Guatemala
ACODEHU, Costa Rica
Alianza Global de Ministerios e Infraestructuras para la Paz – Gamip América Latina y el Caribe –Gamip Alianza por el Desarme y la Justicia Social, Colombia
Araña Feminista, Venezuela
Asociación Campesina de Trabajadores Agropecuarios de San José de Miranda, Colombia
Asociación Chilena Pro-Naciones Unidas – ACHNU, Chile
Asociación de Cabildos Indígenas de San Vicente del Caguán Caquetá Colombia ACISC
Asociación Mujeres y Madres Abriendo Caminos, Colombia
Asociación para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos (ADUSP), Costa Rica
Asociación Rumiñahui, España
Asociación Sara Macdougal, Perú
Asociación Teatro de la Tierra Mercy Bustos, Madrid, España
Asociación de Productores Agroecológicos de Valle, Honduras

Asociación Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense IMWC
ATRAHDOM, Guatemala
Centro Cívico San Javier, Colombia
Centro de Amigos para la Paz, Costa Rica
Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo SJ» (CSMM), Ecuador
Centro de Estudios Ecuménicos A.C., México
Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos del Perú
Centro de Investigación Social Formación y Estudios de la Mujer- CISFEM
CESTA, El Salvador
Circulo Bolivariano Yamileth López,  Costa Rica
Colectivo Pro derechos Ecológicos y Ambientales, Sección Qro., México  
Colectivo Voces de Oya, Colombia
Colegio de Profesoras y Profesores de Collipulli, región de la Araucanía, Chile
Comisión de Paz, No Violencia y Desmilitarización – Alianza CONVIDA-20
Comisión Ética contra la Tortura, Chile
Comité Oscar Romero, Sicsal-Chile
Comité por un Chile Digno – Noruega
Comunidad Ecuménica Magdala, México
Comunidad Ecuménica Martin Luther King, Chile
Comunidad Slow Food del Sur de Chile
ComuniSur Frente Comunicacional, Bolivia
Conaicop, Internacional
Concertación Mons Romero, El Salvador
Confederación Unitaria de Trabajadores, Costa Rica
Consejo Comunal Marapa Marina A B C, Venezuela
Consejo Provincial de Paz del Oriente Antioqueño Colombia
Convergencia Ciudadana de Mujeres -Converge Mujeres-, Guatemala
Conversemos y actuemos, Colombia
Coordinadora Americana Derechos de los Pueblos y Víctimas Prisión Política
Corporación 3 y4 Álamos, Chile
Corporación El Canelo, Chile
Corporación Paz Caribe, Colombia
Denver Justice and Peace Committee, Estados Unidos (Denver, Colorado)
Desarrollo de infancia y adolescencia, México
E. Pueblos Originarios Serpaj, Argentina
Educar Mujer Venezuela, Venezuela
Federación Venezolana de Abogadas
Foro de Educación Religiosa, Costa Rica
Frente de Paz y Solidaridad Costa Rica
Fundación Desarrollo Permanente, Colombia
Fundación Hogar Padtorin, Colombia
Fundación Lazos de Dignidad, Colombia
Fundación Movimiento Ajedrez Escolar, Chile
Fundación Procrear, Colombia
Género, Diversidad, Interculturalidad y Derechos Humanos, Ecuador
Global Campaign On Military Spending (GCOMS), Internacional
Global Thought Mx, México
Grupo Taller del Sur, México  
Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense, Costa Rica
Iglesias por la Paz, México
Instituto RIA AC, México
Justapaz Asociación Cristiana Menonita para Justicia Paz y Acción No violenta, Colombia
Laboratorio de Paz, Venezuela
Movimiento de Mujeres Manuelita Sáenz MOMUMAS, Venezuela
Mujeres en Marcha Chile
Mujeres para el Diálogo, México
MUVACOFUM, Guatemala
Naufrago de Itaca Ediciones, Venezuela
Núcleo de Estudos Sociopolíticos da Pontifícia Universidad de Católica de Minas Gerais, Brasil
Observatorio centroamericano de medios de comunicación y género GEMA, Costa Rica
Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos
Observatorio por el Buen Trato a Personas Mayores en Quilpué, Chile
Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile
Observatorio Venezolano DDHH Mujeres
OCDIH, Honduras
Organización Rural Cooperativa AGROTUANAIME, Colombia
Parroquia Jesús Señor de la Vida – Santiago de Chile
Partido de la Independencia y del Trabajo de Senegal
Partido Vanguardia Popular, Costa Rica
Pastoral Cultural Sagrada Familia en Concepción, Chile
Pastoral Social Iglesia Anglicana de México
Pax Christi International
Programa Casa Refugiados, México
Programa de las Américas, Americas.ORG, México
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos
Rebelión o Extinción Medellín, Colombia
Red Acueductos Boyacá, Colombia
Red de Esperanza y Solidaridad, Puerto Rico
Red de Estudios y Empoderamiento Afrodescendiente -RedAfros-,  República Dominicana
Red de Mujeres Afros de Bayunca-REMABAY, Colombia
Red de Solidaridad con Palestina, Costa Rica
Red de Víctimas de la Patrulla Fronteriza, EEUU/MX
Red Solidaria Década Contra la Impunidad AC, México
REDIALOGO – Red de Mujeres Constructoras de Paz, Venezuela
Resuena, Colombia
Secretariado Social Mexicano
Sercoba – Equipo de Servicio a Comunidades de Base, El Salvador
Servicio Paz y Justicia, Paraguay
Servicio Paz y Justicia, SERPAJ, Argentina
Servicio Paz y Justicia, SERPAJ-Chile
Servicios y Asesoría para Paz, México
SICSAL, México
Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México (SUTIEMS)
Tinta Violeta, Venezuela
Trawunche Madrid (Coordinación de Apoyo al Pueblo Mapuche), España
Universidad Popular de los Pueblos, Colombia
World BEYOND War, Internacional

 

Personas:

 

Abraham Barboza Gómez

Costa Rica

Alba Lucía Cardona Carvajal

Colombia

Alejandro Baño Oyarce

Chile

Alejandro Reyes Córdova

Chile

Alicia Dorantes

México

Alicia Lira Matus presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos

Chile

Alicia Marchandon Sánchez

Chile

ALIRIO GARCÍA

Colombia

Álvaro Quiroz SJ

México

Álvaro Vega Sánchez

Costa Rica

Ana Carolina Herrera Galeano

Colombia

Ana Julia Paz

Colombia

Ana María Vera

Chile

Ana Monzón

Guatemala

Angélica Orozco Idárraga

Colombia

Anita Soto

Chile

Antonio Rabasa González de la Vega

México

Ayda Arismendy Castañeda

Colombia

Baltazar Castañeda

Colombia

Benita Osdelia Ramírez Fernández ICW Honduras

Honduras

Bernardo Reyes Ortiz, Ética en los Bosques

Chile

Betssi Sñez

Venezuela

Birgit FunckShorack

Alemania

Blanca Azucena Sánchez

Colombia

Blanca Norha Ossa Hoyos

Colombia

Blas H. Rico

Colombia

Brettis Rojas

Venezuela

Carmelina de Jesus Rivera

El Salvador

Carmen López Téllez

Guatemala

César Abadía

Colombia

Cristian Rivera

Chile

Dania Batista Guevara

Panamá

Daniela Peña, Centro de Estudios para el Desarrollo de la Mujer, CEDEM

Chile

Danilo Monteverde

Chile

Dayana Monroy Núñez

Colombia

Deisy Yolima Rendón Castaño

Colombia

Deivis Ovares Morales

Costa Rica

Denisse Araya Castelli

Chile

Dorys Gilma Zorro Coronel

México

Eddy Oswaldo Lucero Alfaro

Guatemala

Edgar Orlando Galvis

Colombia

Edgar Pérez Ruiz

México

Eduardo Bustamante

Colombia

Eduardo Huerta Arias

Chile

Eduardo Menéndez

México

Ela Ferris

Venezuela

Elida Piedad Mantilla Díaz

Colombia

Emilio Arranz Beltrán

 

Emilio Espin

El Salvador

Enrique Araya Leiva

Chile

Esperanza Fajardo Piñones

México

Eugenia Mijangos

Guatemala

Eugenia Valdés Ossa

Chile

Evelin Carolina Hernández Cáceres

El Salvador

Evelyn Elizabeth Ibáñez

El Salvador

Evelyn Margron

Haití

Exilda Azar Cortes

Chile

Ezequiel Valdez

República Dominicana

Fabiola Lizette Mancilla Castillo

México

Fernando Aranguren

Venezuela

Fernando Astudillo Becerra Izquierda Cristiana

Chile

Francisco Javier Lopera

Colombia

Francisco Trabol Melipil

Chile

Francy Elena Molina Arboleda

Colombia

Franklin Ledezma Candanedo -Periodista y Escritor

Panamá

Fray Julián Cruzalta

México

Gabriela Tello

México

Galina Sandino

Cuba

Gilberto López y Rivas

México

Gloria Elena Ospina Pérez

Colombia

Gonzalo Munguía del Río

México

Gorki Cuauhtemoc Buentello Pastrana

Mexico

Graciela Barbosa Martinez

Colombia

Guillermo Díaz

México

Guillermo Pérez

México

Gustavo Adolfo Sepúlveda Martínez

Colombia

Hansel Luis Ramirez Rodriguez

Costa Rica

Héctor Maturana B.

Chile

Helen Barrientos

Guatemala

Henry Guevara

Colombia

Hernando Mejía Díez

Colombia

Hervi Lara Bravo

Chile

Hicham Amraoui

España

Hildelisa Preciado

Ciudad de México

Hugo Quesada Hernández

Costa Rica

Hugo Urrestarazu

Chile

Ingrid Almendras Orellana

Chile

Isabel Cristina Buriticá Mira

Colombia

Isnel Alecio Mosquera Rentería

Colombia

Ivonne Parra

Venezuela

Javier Elgueta

Chile

Jeannette kurte López

Chile

Jhony Arango

José Amesty Rivera

Colombia

Jonathan Sebastián Cayul Cayul

Chile

Jorge Garzón

Colombia

Jorge Marín

Colombia

Jorge Martínez Muñoz

Chile

Jose Enrique González Ruiz

México

José Fabio Naranjo

Colombia

José Fredis Sandoval

El Salvador

Jose Guillermo Rampira Ruiz

Colombia

Jose Joaquín Cristancho Cuesta

Colombia

Jose Juan Hernández

Colombia

José Marcial Apablaza Yañez

Chile

José María Navarro Flores

España

José Schulman

Argentina

Juan Carlos Celis Gonzàlez

Colombia

Juan Jose Tamayo acosta

España

Judith Kelly, Embajadora de la Paz, Pax Christi USA

EEUU

Juliana Sepúlveda Hurtado

Colombia

Julio Yao, Presidente Honorario y Presidente Encargado del Centro de Estudios Estratégicos Asiáticos de Panamá

Panamá

July Henríquez Sampayo, abogada y defensora de DDHH

Colombia

Jutta Buergi

Suiza

Katherina Toffoli Aspe

Chile

Kathy Kelly

United States

Lautaro Fernández Milla

Chile

Leonardo Amaya

Colombia

Leonardo Díaz

Colombia

Lía Esther Lemus Gómez

Colombia

Lilian Guardado

El salvador

Lina Carrillo

Colombia

Lina Tudela Poblete

Chile

Lohania Josefina Aruca Alonso

Cuba

Lorena Libertti M.

Colombia

Los Viñedos de Tobalaba

Chile

Lucía Arredondo Alvarez

Chile

Lucio Diaz Dumenez

Chile

Lucy Magali Millán Ferrer

Puerto Rico

Luis Alberto Soto Ramírez

Costa Rica

Luis Ángel Céspedes Rodríguez

Costa Rica

Luis Ernesto Lozano Arana

México

Luz Marína Jaramillo Valencia

Colombia

Luzmar Quiroga Cortés

España

M. Cepeda

México

Ma Estrella Ramos Veloso

España

Magdalena Vargas Pieschacon

Colombia

Maggie Urueta Oviedo

Colombia

Magnolia ang

México

Malena Suhcled

Argentina

Manuel Dios Diz

España

Manuel Urbina Marchant

Chile

Marcela Zamora Cruz

Costa Rica

Marcha Carnaval Aburrá

Colombia

Marcial Enrique Jiménez Cu

México

Marco Antonio Marín Bernachea

Chile

María Alexandra correa Mantilla

Colombia

Maria Angelica Vejar Merado

Chile

Maria del Rosario Roiz

Honduras

María Elena López Gallardo

México

María Elena Paredes González

México

Maria Elvia Vallejo Villa

Colombia

María Eugenia

México

María Eugenia Díaz

Guatemala

María Eugenia Solís García

Guatemala

María Fernández

Colombia

María Riera

Venezuela

María Stella Cáceres, Museo de las Memorias, Dictadura y DDHH

Paraguay 

Maria Teresa Messidoro Lisangà

Italia

María Virginia Agostini

Costa Rica

María Ynes Villa

Colombia

Mario Alberto Villalobos Arias

Costa Rica

Mario Mus

Guatemala

Mario O. Luengo. (Escritor y Poeta)

Chile

Mario Sosa

Guatemala

Maris Ines Urrutia

Chile

Maris Pilar Cumba Zabaleta

Colombia

Mariza G.Leiva Vargas

Perú

Marli Morales Calderon

México

Martin Almada, Premio Nobel Alternativo

Paraguay 

Martin Pascual A.

Chile

Martín Rodríguez Espinoza

Costa Rica

Mauricio Correa V.

Colombia

Mayerly Pabon

Colombia

Miena Perla

El Salvador

Miriam Mangual

Puerto Rico

Moisés Torres López

Colombia

Myriam Paste Carmona

Chile

Myrna Kroff

Noruega

Nairelys Gómez Miranda

Cuba

Nelson Augusto Duque Arias

Colombia

Nelson Villarreal Durán

Uruguay

Neptalí Monterroso Salvatierra, profesor universitario

Guatemala

Neris González

El Salvador, Central América

Nestor Orlando Acosta P

Colombia

Nidia Arrobo Rodas, Fundación Pueblo Indio del Ecuador

Ecuador

Nitza Segui, Latinas en Poder

United States of America

Norberta López García

México

Olga Lucía Ramírez

Colombia

Oscar Hector Leiva Cerrato

Costa Rica

Pablo Divas

Guatemala

Pablo López Romero, profesor

Chile

Pablo Ruiz Espinoza, periodista

Chile

Pablo Varas Fuenzalida

Chile

Patricia Muñoz García

Chile

Patricio Véjar Mercado

Chile

Paulina Muñoz Molina

Chile

Pedro Antonio Reyes Linares

México

Pedro Lopera Gallego

Colombia

Pilar Bravo

Chile

Pilar Ortega Marcelo

España

Rafael Venegas Cortes

Chile

Raúl FIGUEROA Vergara

Chile

Rebeca Zúniga-Hamlin

Estados Unidos

Redouane

España

Rev. Luis Carlos Marrero – Centro Oscar Arnulfo Romero

Cuba

Ricardo Durán Serrano

Colombia

Rigelio Alfaro

El Salvador

Roberto Ortiz Velazquez

México

Rocío Suárez López

México

Rodrigo Sepulveda

Chile

Romel Gonzalez

México

Ronny Umaña-Olivas

Costa Rica

Rosa Herrera

Chile

Rosa Wantland

Guatemala,

Rosalia Vasquez

Colombia

Roxana Badosa Rodríguez

Cuba

Saaid Jamis Tovar

Colombia

Sandra Calle

Venezuela

Sandra Morán

Guatemala

Sandra Muñoz Gutiérrez

Chile

Sara Yaneth Fernández Moreno

Colombia

Selin Carrasco

Chile

Sergio Lorenzini

Chile

Shirley Ruiz Monge

 

Silvia Aristizabal López

Colombia

Solange Atabales Q

Chile

Sonia Sgambatti.

Venezuela.

Stella Calloni, periodista

Argentina

Susana Córdova Rodríguez – EDUMOVI

Chile

Suy Wong

Costa Rica

Tatiana Otto Golovina

Costa Rica

Temis Angarita Valencia

Colombia

Teresa Monardes

Chile

Valter Pinheiro

Brasil

Víctor Javier Velásquez Gil, Corporación Justicia y Democracia

Colombia

Victor Manuel Iregui Perez

Colombia

Virginia Melloh Tavera

México

Vivian Murúa

Chile

Viviana Catrileo E – ANAMURI

Chile

William de Jesús Estrada Cano

Colombia

Yeny Astrit Bedoya Betancur

Colombia

Zoraida Espinosa

Colombia

   
   

Abya Yala 15 de mayo de 2023

¿Qué pasa con la militarización en Costa Rica y su relación con el actual gobierno de Rodrigo Chaves? Con Vladimir de la Cruz

Durante el programa «A la Historia… Por Media Calle«, Vladimir de la Cruz realiza un análisis de las recientes escenas del presidente costarricense que, durante una gira por el país, se ha visto rodeado de una guardia armada con ametralladoras.  

Para contextualizar dicho análisis, de la Cruz hace un recorrido histórico de los diferentes Jefes de Estado de Costa Rica y su forma de manejar la seguridad. 

A modo de resumen, a pesar de las distintas particularidades históricas que caracterizaron el periodo presidencial de los distintos jefes de Estado, sobresale la conclusión de que la guardia presidencial, altamente especializada y entrenada por el FBI, andaba uniformada de civil: en palabras de Vladimir, era una Costa Rica civilizada y desmilitarizada.

Por el contrario, la entrada de Rodrigo Chaves como nuevo jefe de Estado se ha realizado desde el autoritarismo, lo cual ha cambiado las formas de entender e implementar la seguridad. 

Tal como indica el exponente, «puedo pensar que, seguramente, por ser una autoridad del Banco Mundial, tenía que andar con un alto nivel de seguridad», no obstante, el presidente no ha recibido manifestaciones en contra de su gobierno (y aún mantiene altos niveles de aceptación ciudadana). 

A pesar de ello, se siente en la potestad y necesidad de hacer esos desplantes militarizantes, exhibiendo ametralladoras. Esto no responde, según el exponente, a la tradición «civilista» que ha mantenido el país. 

Por último, Vladimir de la Cruz invita al Presidente de la República a abrir el debate hacia la sociedad, en lugar de recurrir a métodos de intimidación.

Pueden encontrar la nota completa en: https://fb.watch/j1a7TBHcGT/ 

 

Compartido con SURCOS por Vladimir de la Cruz.

Guerras y contaminación

Alberto Salom Echeverría

“El coste ecológico de la guerra es inmenso, pero mientras el conflicto armado siga siendo una opción viable la naturaleza seguirá pagando el precio.”

Maximilian M. Mönch, 2013

“En 2001, la Asamblea General de ONU declaró el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados el 6 de noviembre de cada año. Una fecha para reconocer y concienciar acerca de cómo los conflictos armados, las guerras y la militarización, han sido y continúan siendo algunos de los factores de destrucción ambiental más significativos.”

Los conflictos armados y la contaminación del Planeta.

Muchos fueron los conflictos armados en el siglo XIX, pero ninguno tuvo el efecto devastador de la primera y la segunda guerras mundiales del siglo XX.

El gran historiador británico Arnold Toynbee (n.1889 m.1975) describió de manera sucinta, pero certera, las características del mundo en materia económica y social, en la primera mitad del siglo XX, dijo: “…fue un período tan catastrófico y terrible como ninguna nación había conocido hasta el momento. Fue catastrófico y terrible porque, junto al enorme aumento de la riqueza, hubo un gigantesco aumento de la pobreza; y la producción a gran escala, resultado de la libre competencia, condujo rápidamente a la alienación de las clases y a la degradación de un gran número de productores.” (Cfr. Citado en: Castilla, Adolfo “La pobreza en la primera mitad del siglo XX”. Economiayfuturo.es. Diciembre 2018).

Globalmente fueron dos las causas principales que impidieron que la explosión del desarrollo industrial y tecnológico de fines del siglo XIX, se trocara en un bienestar generalizado: por un lado, el dogmatismo de la filosofía del “libre comercio” que espoleó una gran desigualdad entre naciones ricas y pobres y al interior de los países con desarrollo capitalista, favoreció la concentración de la riqueza, tanto en los países ricos como en los pobres que comúnmente conocemos como “subdesarrollados”. La “Gran depresión” iniciada en Los Estados Unidos en 1929, fue el signo que, como “ave de mal agüero”, anticipó la crisis económica mundial que se avecinaba. Combinado con lo anterior, crecieron las rivalidades entre las élites capitalistas de las principales potencias de la época. El enfrentamiento se produjo por la repartición de los recursos naturales principalmente del África y del resto de las colonias, así como por alcanzar la hegemonía en Europa. Básicamente fue debido a ello que, los círculos dominantes en el “viejo continente” no lograron evitar los enfrentamientos violentos de las dos guerras mundiales; por eso mismo, ambas estallaron originalmente y sin remedio en el continente europeo, con un intervalo de apenas 25 años entre una y otra. Por otra parte, hay que tener presente que Los Estados Unidos bajo el mandato del presidente Woodrow Wilson, pretendieron primero la neutralidad, sin embargo, en abril de 1917 entraron al conflicto del lado de las potencias aliadas, terminando de imprimirle a la primera guerra esa impronta, o carácter mundial que tuvo.

En un principio parecía que el conflicto de la primera guerra sería restringido y corto, pero se extendió por doquier hasta 1918. Su saldo fue el siguiente: treinta millones de muertos, sumando a los civiles y militares, merced a una desgastante guerra de trincheras, estacionada principalmente a lo largo de la frontera franco-alemana. Un informe certificado de la primera guerra señala las tres principales secuelas ambientales que se produjeron: 1-deformación de los territorios donde se desencadenaron batallas, como fue el caso de la colina de Mort-Homme en Francia, la cual perdió más de siete metros de altura; 2-una gran cantidad de bosques en el escenario de la guerra quedaron completamente destruidos, erosionado el suelo hasta el extremo de que los terrenos no pudieron ser habilitados para los cultivos durante mucho tiempo; 3-como se lanzó una enorme cantidad de municiones al mar, durante la guerra, cada bando intentando evitar que las municiones pudieran ser capturadas por el enemigo, la vida marina se puso en peligro, debido al componente químico explosivo del armamento, llamado “trinitrotolueno”.(Cfr. https://superscienceme.wordpress.com/2015/11/06/guerra-medioambiente/…)

Además, en 1916 hizo su aparición el primer tanque de guerra de factura británica. Fue conocido como el Mark I; se trataba de un vehículo sobre orugas, cuya presencia le dio un vuelco al estancamiento de la guerra de trincheras. La información que he consultado revela que se recurrió a ellos para combatir a muerte. Su presentación fue en “la batalla de Somme” reputada como la más larga y sangrienta de esta guerra. Se prolongó por cuatro meses y medio y dejó como saldo más de un millón de muertos en ambos bandos. La peor batalla –reza la información- en la historia de Gran Bretaña. Es mucho decir, el Mark I (como se denomina a ese tanque de guerra), no obstante, mostró debilidades, ya que algunos vehículos quedaron atascados en el campo de batalla por fallas mecánicas. Pero al mismo tiempo infundió temor en las tropas alemanas y produjo gran devastación de los campos, por ser tan pesado y majar el suelo destruyendo cualquier cultivo a su paso. (Cfr. https://www.clarin.com>internacional.)

La segunda Guerra mundial (1939-1945) fue una escalada destructiva con respecto a la primera. El número de muertos duplicó los reportados en la primera guerra mundial, números conservadores calculan que unos 55 millones de seres humanos perdieron la vida, entre campos de concentración, muertos en los campos de batalla, y la población civil que se vio afectada, principalmente tras los bombardeos, cuyo poder destructivo aumentó muchas veces respecto de la primera guerra. Algunas estimaciones que se han hecho más recientemente, mencionan la cifra de hasta 80 millones de personas que habrían perdido su vida. (Cfr. https://historia.nationalgeographic.com.es/)

En este caso, además, la contaminación fue inmensamente mayor, la tala de árboles, los incendios forestales que afectaron decisivamente la biodiversidad en todo el escenario de la guerra, que ahora se extendió a los mares ocasionando grave daño a los hábitats marinos, en una medida apenas algo menor a lo que fue la pérdida de la vida de especies de flora y fauna en la tierra. En definitiva, las armas de un poder incontrastable, como nunca se había dado, arrojaron gases tóxicos y partículas al aire y filtraron materiales pesados tanto en el agua como en el suelo. Todavía no hemos mencionado el efecto destructivo y contaminante de las bombas nucleares que fueron hechas estallar en Japón, en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, a lo cual nos referimos en el ensayo anterior. (Cfr. https://www.eldiario.es>opinion.)

Es bueno que recordemos aquí, la “locura nazi” que procuraba fortalecer la “raza maestra”, desatando los campos de concentración y el “holocausto”, provocando la persecución, el confinamiento y la muerte de millones de judíos. Muchos pensábamos que aquella locura racista había mermado sustancialmente, creíamos que había pasado ya a un segundo plano; pero, acontecimientos recientes en el mundo nos recuerdan que el racismo está aún vivo, presente en muchas culturas y convertido de nuevo en grave peligro por los recursos con que cuenta para accionar políticamente. ¿Será en Estados Unidos o en Brasil que se ha refugiado? ¿Será acaso en la guerra ruso-ucraniana? ¿Dónde será que pernocta el racismo y la xenofobia con sus garras finas al acecho?

Las bombas nucleares que hemos mencionado destruyeron gran parte de las ciudades, mostrando su incontrastable poder devastador hasta entonces. Solo allí perdieron la vida inmediatamente, cerca de doscientas mil personas. Adicionalmente, hubo infertilidad en la tierra, la cual durante mucho tiempo se tornó desértica; el agua de ríos, de mantos acuíferos, y del bosque se impregnaron de partículas radiactivas afectando la vida de decenas de especies acuíferas de flora y fauna. Por añadidura acota Luis Enrique Aguilar Díaz: “El caos y el descontento fue total. El paisaje calcinado adquirió un tono gris uniforme, como si el color se hubiera extinguido, el pasto se volvió rojo grisáceo, el 92% de las edificaciones sólidas de Hiroshima fue arrasado…Los árboles fueron arrancados de raíz y quemados por el calor…En los cinco años posteriores murieron 70 mil personas más.” En Nagasaki (parafraseo en lo que sigue), donde residían 270.000 personas murieron 80.000 tras el estallido nuclear, y miles en los siguientes años. (Cfr. Aguilar Díaz, Luis E. “Afectaciones ambientales por la bomba nuclear en Hiroshima.” 2023 Prezi Inc. Condiciones y Política de privacidad.)

Después de las dos guerras mundiales, el siglo XX fue testigo en el período de la guerra fría de muchas guerras “restringidas” o “limitadas” (al final no lo fueron tanto). Estas guerras acarrearon también gran contaminación, como fue el caso de la guerra de Viet Nam, la cual formó parte del programa de guerra química en la operación “Ranch Hand”; en ella los militares estadounidenses echaron mano de lo que se denomina como “Agente Naranja”. Un herbicida y a la vez defoliante, cuyos componentes químicos, son extraordinariamente tóxicos. Veamos la fórmula química de este agente, que un especialista en química nos explicó su alta toxicidad: 50% de dos herbicidas del grupo fenoxi: el 2.4-D (ácido 2,4-diclorodifenoxiacético) y el 2,4, 5-T (ácido 2,4, 5-triclorofenoxiacético). El objetivo de la fuerza aérea de los Estados Unidos era defoliar los vastos bosques de Viet Nam, para descubrir los escondites y las rutas de suministros del enemigo. Se ha calculado que las muertes en Viet Nam a causa del “Agente Naranja” ascendieron a tres millones de personas, más medio millón de niños que nacieron con malformaciones. Este agente fue descubierto por un fisiólogo y biólogo vegetal estadounidense, Arthur Galston (n.1920 m.2008). (Cfr. https://www.ecologistasenacción.org…)

Además, las guerras acaecidas en la segunda mitad del siglo XX y en el XXI, aparte de la de Vietnam, han sido muchas; algunas de las más connotadas fueron la de Afganistán, las que se produjeron en América Central, en el Golfo Pérsico y la de Yugoslavia que adquirió un carácter desgarrador, porque conllevó a la desintegración de ese país y la intervención de la OTAN en el conflicto. Todas pusieron en evidencia que “…la guerra moderna implica una devastación del medio ambiente a gran escala”, tal como destaca la publicación técnica ‘Daphnia’ en un artículo dedicado al impacto ambiental del militarismo. (Cfr. “Los Efectos de la Guerra en el medio ambiente.” https://superscienceme.wordpress.com/2015/11/06/…)

En el presente siglo, contrario a lo vaticinado por algunos estudiosos del fenómeno de la guerra, aunque parecía que iban a mermar los conflictos interestatales a gran escala, el siglo nos inaugura con la invasión de una coalición liderada por Los Estados Unidos contra Irak, el 20 de marzo del 2003. El volumen de fuego desplegado por los estadounidenses en aquel escenario fue altísimo; sin que, no obstante, con la derrota del régimen de Sadam Hussein, se hubiesen resuelto los conflictos en aquel país. Por el contrario, la salida de Estados Unidos de Irak, dejó un gran vació de poder, lo que vino a recrudecer los conflictos ideológicos, interétnicos, religiosos y hasta tribales.

En el año 2001, Los Estados Unidos habían invadido Afganistán, pretextando que este país ocultaba a los terroristas responsables de los atentados perpetrados contra las torres gemelas en New York, el pentágono y otros objetivos. Aunque la verdadera razón conocida había sido desmantelar a Al Qaeda, quitándole una base segura de operaciones y principalmente se buscaba sacar a los talibanes del poder. Este objetivo se cumplió inicialmente, pero, los Talibanes retornaron al poder tras una insurgencia, en el año 2021. Lejos de un apaciguamiento de los enemigos de los Estados Unidos, el conflicto se mantuvo encendido en todos esos años. Por parte de los Estados Unidos, no se hizo esperar el bombardeo generalizado llevado a cabo principalmente por la Fuerza Aérea. De nuevo, la guerra desplegada con armas modernas contribuyó a espolear el calentamiento global con las explosiones de bombas de gran alcance. No faltaron las llamadas “bombas de racimo”, ni tampoco los poderosos cazabombarderos F/A-18 Hornet, así como bombas de gran radio de acción como son los BLU-82, según lo que hemos consultado.

Va a ser un año que estalló la guerra ruso-ucraniana. Entre otras cosas esta nueva conflagración reanudó el “viejo” conflicto de la guerra fría entre los Estados Unidos y Rusia (anteriormente Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas). La base ideológica de Rusia ya no es la misma, pero algunos de los protagonistas de la guerra actual, fueron parte del staff político-militar de la antigua URSS, como es el caso de Putin. Insisto, Vladimir Putin, otrora jefe de la KGB, ya no ostenta el socialismo como motivación de su accionar político militar. Pero deja la sensación en occidente de que tras la caída del “socialismo real”, la base política anterior ha quedado intacta. No es así. La guerra ha escalado a proporciones muy peligrosas. Detrás de Ucrania actúan los Estados Unidos y la OTAN y existe más de una razón para pensar que en poco tiempo, el enfrentamiento militar, de continuar la escalada podría darse directamente entre Rusia y sus aliados por un lado (pudiendo verse involucrada China), frente a los Estados Unidos y la OTAN por el otro. Ya el arsenal militar desplegado por unos y otros, ha sido copioso como para pensar que los gases efecto invernadero de CO2 que enferman al planeta están haciendo lo suyo.

Sorprende ver la cantidad de millones de dólares y euros proporcionados por Biden y los demás dirigentes de la OTAN a Ucrania, y los millones de Rublos gastados por Rusia en ese conflicto. Mientras tanto, los países pobres más afectados por el calentamiento del planeta siguen a la espera de un apoyo financiero que les permita acometer la tarea del desarrollo y defenderse de la devastación derivada de los gases efecto invernadero, de las torrenciales lluvias, huracanes y tornados, incendios desatados y bosques devastados. ¡Cuánta falta haría hoy un apoyo financiero cuantioso de unos y otros a Turquía y Siria, ante los terremotos que los acaban de azotar!!! Las prioridades de las potencias indudablemente son otras.

 

Compartido con SURCOS por el autor.

Sobre las movilizaciones sociales en Ecuador

Fuente: Rebelion.org

Nosotras y nosotros, profesionales de la historia y las ciencias sociales, frente a la movilización de diversos sectores sociales iniciada el 13 de junio de 2022 en Ecuador, expresamos:

1. Nuestra preocupación por la promulgación de declaratorias de estados de excepción que apuntan a reprimir la legítima protesta social: 

En la declaratoria de Estado de Excepción en el Decreto 455, con fecha del 18 de junio de 2022, se coartan derechos fundamentales de los seres humanos como la libre asociación, reunión, tránsito y la inviolabilidad del domicilio. 

En una versión oficial previa del Decreto 455 se establecía la restricción del derecho a la libertad de información y se facultaba el uso de la fuerza letal frente a las movilizaciones. Aunque esos términos fueron solapados en la versión final del Decreto de Estado de Excepción, preocupa sobremanera la intención y la posibilidad de la violación de derechos en un documento firmado por el Presidente de la República, y que circuló en una primera instancia. 

El Decreto 455 fue reemplazado, el 20 de junio, por el Decreto 459, documento que matiza la suspensión de derechos. Esto da cuenta de una estrategia gubernamental para establecer el estado de excepción como método impositivo para procesar demandas sociales y así responder coercitivamente a la movilización social. Se da cuenta de esto en la militarización de la ciudad de Quito y la pretensión de hacer la capital inexpugnable, cerrar el paso a la ciudadanía y demandas del conjunto nacional. 

En el transcurso de dos días, dos decretos y tres versiones de ellos han circulado, evidenciando que el Gobierno promueve políticas represivas y sólo la presión social le ha inducido a corregir sus exabruptos. A esto se suma las acciones judiciales con las que el alcalde de Quito buscó impedir que el poder legislativo derogue el decreto 455, el día 20 de junio, lo que atizó el escenario de conflicto.

2. Nuestro rechazo a las expresiones racistas formuladas por actores políticos y otros miembros de la sociedad, que no hacen más que profundizar la exclusión, la discriminación y las fracturas internas de una sociedad queaspira a dejar atrás la violencia colonial. Del mismo modo, nuestro rechazo a la campaña de desprestigio que ha enarbolado el gobierno local de Quito a una amplia mayoría de la población, temeraria discriminación encubierta de un discurso de paz.

3. Nuestro rechazo al allanamiento injustificado de las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión (Casa de las Culturas) en el marco del Decreto 455; allanamiento dispuesto por la Fiscalía General del Estado, en el que no se encontró indicio alguno de material explosivo o armamento. Pese a ello, a partir del 19 de junio se ejecutó la requisición de las instalaciones de la Casa de la Cultura; actualmente se encuentra ocupada por fuerzas policiales. Este edificio emblemático alberga colecciones y acervos culturales fundamentales para la investigación, la construcción de la identidad colectiva y el goce de los derechos culturales. Esta es una violación al patrimonio nacional y a los derechos de los miembros de la sociedad ecuatoriana, y evidencia un desconocimiento de la gestión cultural y la preservación de los bienes que construyen las memorias nacionales. Nos preocupa que esta acción haya sido justificada por las autoridades públicas en el campo cultural siendo su mandato la salvaguarda del patrimonio y su deber brindar garantías de acceso ciudadano al patrimonio. Su tardía justificación de hacerlo por cuidar el patrimonio es insostenible, pues la presencia de armas en medio de un conflicto social solo puede poner en peligro este valioso patrimonio común, lo cual se suma a su persistente descuido de la provisión de recursos para las instituciones culturales, el abandono de archivos y notables problemas para gestionar la correcta preservación del Patrimonio Nacional visible desde el 2015 y agravada en los últimos 5 años.

4. La movilización social en Ecuador no es resultado de una coyuntura, sino de factores de carácter estructural. La carestía de la vida, agravada por políticas anti-humanitarias durante la pandemia del COVID 19 y el impacto en el precio de los alimentos que tiene conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, tiene sus orígenes en un Estado y en una sociedad empeñada en políticas excluyentes e insistentemente indolentes ante las demandas de inclusión social. La lucha histórica por la inclusión política, la soberanía alimentaria y el buen vivir se oponen a modelos de acumulación oligárquicos, extractivistas, primario-exportadores y gamonales que producen todo un conjunto de desposesiones contra la sociedad. La mala gestión para disminuir las desigualdades sociales y para acoger sus legítimas demandas políticas en pos de una democracia para el pueblo, ha provocado que los sectores más vulnerables sientan de forma más profunda y excluyente, los impactos de la crisis mundial.

Actualmente, en el campo ecuatoriano se concentran los mayores índices de pobreza, pobreza extrema y desnutrición infantil crónica. Por eso, es tarea de los gobiernos la adecuada planificación para la atención prioritaria, efectiva y alejada de paternalismos y visiones excluyentes de las necesidades del campo ecuatoriano, conformado en su gran mayoría por pueblos y nacionalidades.

Las reivindicaciones planteadas por varios sectores de la sociedad corresponden a problemas de fondo que afectan a todos los ecuatorianos. Es alarmante el deterioro en los sectores de salud y educación pública por falta de presupuesto, lo que vulnera derechos constitucionales. Por tanto, la protesta social es legítima y el gobierno debe dialogar de forma horizontal y empática para responder a las demandas populares contenidas en el Pliego de Peticiones de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador.

5. Nuestro rechazo al uso instrumental del concepto de democracia. Este ha sido vaciado por el gobierno central y los grandes medios de comunicación a ser sinónimo de votaciones, cuando este implica formas más complejas de manifestación y participación ciudadana. De igual forma, el gobierno central en sus declaraciones ha usado el concepto de democracia para alimentar un clima de represión y conflicto, además de justificar la limitación de libertades.

6. Nuestro llamado a los medios de comunicación para difundir los acontecimientos actuales de forma plural, responsable, sin criminalizar la protesta social y permitiendo que voces diversas alimenten la formación de la opinión pública. Rechazamos la censura y la mordaza pues esta aumenta la posibilidad de que la violencia quede impune. Una opinión pública diversa y pluralista implica abandonar los intereses privados a los que representan. Del mismo modo, hacemos un llamado a las autoridades para que hagan respetar el ejercicio periodístico de los medios independientes amenazado por la violencia de las fuerzas del Estado.

7. Nuestra adhesión a la resolución política del conflicto mediante el establecimiento de vías transparentes de diálogo, respetando la independencia de las diferentes funciones del Estado y garantizando los derechos de los sectores movilizados. Este llamado debe incluir a la pluralidad de la sociedad civil y no solo a sectores adeptos al gobierno central. Creemos que los decretos de excepción expedidos no brindan un contexto adecuado para la obtención de los más profundos intereses de todos los miembros de la sociedad ecuatoriana. Instamos a la conformación de un verdadero diálogo que parta del cumplimiento, de parte del Ejecutivo, de las demandas enunciadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y otras organizaciones sociales.

Por lo expuesto, solicitamos el apoyo de la comunidad académica nacional e internacional a este comunicado en pos de una democracia atenta a las demandas sociales y al reconocimiento político de las mayorías en el Ecuador.

Los firmantes: 

Alejandro López Valarezo Pontificia Universidad Católica del Ecuador / Seminario Permanente de Historia Política

Viviana Velasco Herrera Pontificia Universidad Católica del Ecuador / Seminario Permanente de Historia Política 

Rosa-María Mantilla-Suárez Seminario Permanente de Historia Política

Michelle Alejandra Andrade Paredes FLACSO – Ecuador / Seminario Permanente de Historia Política

Luis Esteban Vizuete Marcillo El Colegio de México / Seminario Permanente de Historia Política

Agatha Rodríguez Bustamante Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Freie Universität Berlin / Seminario Permanente de Historia Política

Fernando A. Muñoz-Miño Seminario Permanente de Historia Política / El Colectivo

Sofía Luzuriaga Jaramillo Pontificia Universidad Católica del Ecuador/ Seminario Permanente de Historia Política

Katiushka Aguirre-Pacheco Pontificia Universidad Católica de Chile / Seminario Permanente de Historia Política

Enma Pilar Chilig Caiza Seminario Permanente de Historia Política

Lorena Rosero Manzano Seminario Permanente de Historia Política

Nicolás Zapata Seminario Permanente de Historia Política / Minga: democracia entre todos

Valeria Coronel FLACSO-Ecuador / Seminario Permanente de Historia Política

La suerte está echada

Foto: Gerardo Iglesias.

Fin de la democracia y de los derechos laborales

Costa Rica no se queda atrás respecto a la desigualdad, la militarización y la xenofobia que avanzan por el conjunto del continente.

Frank Ulloa Royo

16 | 06 | 2022

El modelo político electoral carece de mecanismos de participación igualitaria y son los grupos económicos los que al fin definen los candidatos.

Pero fueron los votantes de los sectores medios, los empleados públicos y los sectores marginados y de las zonas rurales atrasadas quienes buscaron una alternativa radical, pero con soluciones orientadas por los grupos de poder tradicionales.

Es un modelo mágico que encarna los deseos más íntimos de la vieja y nueva oligarquía.

Por otra parte, el auge de la violencia nos lleva a buscar respuestas violentas y justifican la militarización del país, el ingreso de flotas armadas extranjeras y la formación militar de los guardias civiles, sin que se pase por un tamiz los valores que allí se les imparten.

En lo laboral las cúpulas empresariales tienen sus propios sistemas de seguridad, de listas negras, de supervisión ideológica de los trabajadores, controlan servicios estratégicos del Estado, alientan la organización militar paralela y justifican la explotación de los migrantes porque supuestamente los nacionales no quieren trabajar.

Múltiples empresas de paramilitares ofrecen sus servicios de inteligencia y protección armada, autorizadas por el Estado.

Más restricciones a los sindicatos

La preocupación principal de los sindicatos fue mantener sus cuotas de negociación con el Estado y acercarse a los candidatos ganadores. Pocos plantean una oposición ideológica a las ideas dominantes.

Más grave aún, la situación política actual es un importante caldo de cultivo del fascismo en su nueva versión, al recoger importantes valores generados desde la segunda mitad del siglo XX, especialmente con la derrota política del movimiento sindical en 1948.

Parece ser que la prohibición del sindicalismo en el sector privado se ha visto fortalecida. Nuevas leyes restrictivas de derechos son la ruta escogida por los sectores dominantes.

A esto se une un sistema judicial bajo sospecha de corrupción y de estar influenciado por los dirigentes políticos y las cámaras empresariales.

Van además por la reducción salarial mediante la inflación acelerada y el establecimiento de jornadas de 12 horas sin pago de horas extra y por la eliminación de los regímenes particulares de pensiones en función de crear un régimen de libre despido.

Todo en nombre de la patria y la lucha contra la corrupción. Alea acta est: la suerte está echada.

 

Fuente: http://www.rel-uita.org/costa-rica/la-suerte-esta-echada/

Demandan ante CIDH que el Estado mexicano garantice los derechos de las personas migrantes

  • Militarización de la gestión migratoria fronteriza y ‘pushback’ o deportaciones “en caliente”, las principales problemáticas

  • Urgen al Estado mexicano limitar la participación de las corporaciones castrenses en tareas de migración.

Ciudad de México, 1 de julio 2021-. Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 32 organizaciones de la sociedad civil expusieron la situación de las personas en movilidad humana en México. Durante la audiencia se subrayó la militarización de fronteras y la política migratoria con participación tanto de las Fuerzas Armadas (FFAA) y de la Guardia Nacional (GN), así como la práctica sistemática de «devoluciones en caliente» o pushbacks que tiene como objetivo disuadir y criminalizar la migración y la búsqueda de protección internacional. También señalaron las violaciones a los Derechos Humanos de las personas migrantes derivadas de dichas políticas y prácticas.

Señalaron que el despliegue de fuerzas militarizadas ha exacerbado los casos de uso ilegítimo de la fuerza contra personas migrantes. Por ejemplo, en enero de 2020, personas que ingresaban por el Río Suchiate, fueron agredidas por personal del Instituto Nacional de Migración (INAMI) y de la GN con piedras, toletes y escudos para impedir su avance. Más recientemente, el 15 de junio de este año, personas que se encontraban detenidas en la Estación Migratoria Siglo XXI protestaron por la falta de claridad en sus procesos de asilo y fueron golpeadas y obligadas a acostarse en el patio boca arriba con las manos en la nuca por alrededor de 9 horas, bajo la amenaza de ser golpeadas si cerraban los ojos. Testimonios y fotografías muestran la participación de elementos de la GN y del INAMI en estos actos de tortura.

También, se señaló la negativa sistemática por parte del INAMI para el acceso de las personas con necesidades de protección internacional a los procedimientos de asilo en México y su expulsión en caliente por las fronteras terrestres y áreas, lo que deriva en la violación al principio de “no devolución.” Práctica que resulta en otras violaciones a derechos humanos como detenciones ilegales, separación familiar y la falta de acceso a la justicia.

Por su parte, Guillermo Fernández Maldonado, representante de La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, hizo hincapié en que los esfuerzos para garantizar una migración segura se están viendo afectados con el despliegue de Fuerzas Armadas y otros cuerpos policiales. Subrayó que la oficina de la OACNUDH en México «también ha documentado devoluciones en caliente, tanto en frontera como en estaciones migratorias, sin adecuadas garantías del debido proceso».

Durante la audiencia se reiteró la solicitud hecha a la CIDH para que realice una visita in loco a las fronteras del país para poder presenciar y observar la situación de las personas migrantes y solicitantes de asilo, y el actuar de las autoridades, lo que le permitiría dar seguimiento a sus recomendaciones en la materia.

Por último, se solicitó a la Comisión inste al Estado mexicano realizar las siguientes acciones:

Designe las tareas de gestión migratoria únicamente a los órganos competentes de fuero civil y límite de manera inmediata la participación de las corporaciones militarizadas.

Presente información clara y precisa sobre el presupuesto total que se brinda a la Guardia Nacional, el número de detenciones y los protocolos de actuación relacionados con dichas detenciones, así como sobre las capacitaciones en materia de derechos humanos.

Elimine la práctica de perfilamiento racial y promueva medidas específicas a fin de erradicar los actos de xenofobia y discriminación.

Investigue las denuncias sobre violaciones a derechos humanos cometidas en las Estaciones Migratorias, así como las privaciones arbitrarias a la vida mencionadas; implementando para esto medidas que garanticen a las víctimas el acceso a la verdad, justicia, reparación y la no repetición de los hechos.

Investigue los casos de pushback cometidos en puntos terrestres y aéreos en contra de personas migrantes y con necesidad de protección internacional.

Revise y genere protocolos de actuación para que las autoridades que trabajan en puntos de ingreso puedan identificar casos de personas con necesidad de protección internacional.

Garantice la presencia de agentes de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) en puntos de ingreso y control migratorio en las fronteras y aeropuertos.

Por su parte, representantes del Estado mexicano señalaron que cuenta con un marco normativo que estipula el resguardo de los derechos de las personas migrantes, con protocolos para atender todos los flujos migratorios. Sin embargo, no dieron respuesta respecto al enfoque militarizado bajo el que se atiende la migración, la disparidad de cifras de detenciones de migrantes realizadas tanto por las Fuerzas Armadas como Guardia Nacional, respecto a las que refiere el INAMI, ni ante la falta de controles adecuados frente a los abusos. Tampoco dieron respuesta frente a las denuncias de “devoluciones en caliente” o pushbacks, más allá de referir la complejidad de la migración y el contexto de pandemia.

Las Comisionadas de la CIDH refirieron su preocupación respecto a la necesidad de realizar una distinción entre funciones de seguridad y de asistencia humanitaria directa a las personas migrantes, refugiadas y con necesidades de protección internacional.

La Comisionada Flávia Piovesan, Relatora sobre los derechos de las personas LGBTI, mostró inquietud ante lo expuesto por las organizaciones de la sociedad civil en torno a las “devoluciones en caliente” pues señaló que se trata de expulsiones sumarias, automáticas que ponen en riesgo el principio de no devolución.

La CIDH remarcó que el Estado mexicano dio su anuencia para una visita presencial por parte de representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo que esperan que sean fijadas las fechas para esas diligencias.

Organizaciones participantes: Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Clínica Jurídica para Refugiados Alaíde Foppa y Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Servicio Jesuita a Refugiados – México, GEOPAZ, Instituto de Geografía para la paz AC (IGP), Red Nacional de Apoyo a Personas Migrantes y Refugiadas LGBT México, Fundación Arcoíris por el respeto a la diversidad sexual, A. C., Las Vanders, Sin Fronteras I.A.P., Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), Asylum Access México (AAMX) A.C., Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), the Washington Office on Latin America (WOLA), Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y Norteamérica (RJM-CANA), Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano conformado por: American Friends Service Committee (AFSC), Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C., Centro de Derechos Humanos Tepeyac, Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, Formación y Capacitación (FOCA), Iniciativas para el Desarrollo Humano A.C., Kaltsilaltik, La 72 Hogar Refugio para Personas Migrantes, Médicos del Mundo – España y Francia (MdM), Red Jesuita con Migrantes – Centroamérica y Norteamérica, Servicio Jesuita a Migrantes Frontera Comalapa, Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), Tzome Ixuk – Mujeres Organizadas A.C., Una Mano Amiga en la Lucha contra el SIDA, Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes.

Mira la audiencia completa en el siguiente video:

 

Compartido con SURCOS por CEJIL.

Espacios de confinamiento y sacrificios humanos: los impactos de la pandemia en las movilidades humanas. Una rápida mirada regional

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Raúl, un empresario centroamericano de élite se apresa a tomar un vuelo comercial reprogramado tan pronto se reestablecieron las comunicaciones aéreas internacionales. Se dirige a otro país centroamericano, donde debe trabajar en la reactivación económica bajo la premisa de que el resguardo de la salud es importante, pero también lo es la tan instalada idea que los sectores económicos, ciertos sectores económicos, deben contar con los apoyos gubernamentales regionales como requisito indispensable para garantizarles el re-despegue.

Antes que su vuelo parta, desde su teléfono inteligente, coordina reuniones, movimientos financieros, inversiones urgentes. Ha debido cumplir con todos los protocolos sanitarios para movilizarse con toda naturalidad, en medio de un contexto que todavía dibuja la excepcionalidad como principal concepto explicativo.

Sin embargo, A Raúl no lo alcanzan las limitaciones ni las expresiones de rechazo que predominan para otro tipo de movilidades, las que no se dan en las alturas, las que se producen a ras de suelo, entre las fronteras terrestres, donde la «inmovilidad de la movilidad» para diversas poblaciones se ha instalado como política migratoria planteada por los Estados.

Estamos claros. Existen movilidades legítimas, permitidas, tanto en los discursos como en las prácticas de relación entre las elites de los países regionales. Son las que representa Raúl y su movilidad higiénica, esa que de acuerdo con las agendas de los medios de comunicación son las necesarias, las que están bien y deben potenciarse.

Otras movilidades, sin embargo, pasan por el filtro de la construcción de percepciones en que la relación entre movilidad y enfermedad es casi obligatoria. Son las que están representadas por esos, los otros sujetos y sujetas a quienes se debe exponer, testear en público, aislar en sitios que no cumplen con las especificaciones de salud mínimas requeridas porque representan el peligro. Como hemos dicho en otro momento: son armas de destrucción biológica. Ejemplos de esta práctica se han reproducido en toda la región desde que la emergencia sanitaria inició en 2020.

En este contexto, la formación de «espacialidades del miedo» ha tomado fuerza. Lo hemos dicho ya: son las fronteras en la región centroamericana, por ejemplo. En particular tres puntos calientes: la frontera México-Guatemala, la frontera entre Costa Rica y Nicaragua y la espacialidad conformada por las fronteras entre Costa Rica y Panamá y Panamá y Colombia, con el Tapón del Darién como una auténtica geografía del riesgo para las movilidades humanas.

Pero también en el sur de la región la relación entre espacialidad-movilidad-enfermedad, ha devenido en la construcción de respuestas afincadas en un enfoque securitario y militar. Países como Perú, Chile y Colombia, han transversalizado una respuesta estatal prohibitiva, casi punitiva, cerrando sus fronteras y brindando tratamiento criminalizante a cientos de personas migrantes, muchas de ellas de origen venezolano, pero también extracontinental y caribeño.

Otro tipo de espacialidades de la incertidumbre también han sido expuestas en el año de la pandemia. Los albergues, los sitios de aseguramiento, los espacios de habilidad para personas migrantes (cuarterías en Costa Rica, pensiones en otros sitios), los lugares de trabajo. En todos los casos la sacrificialidad de la persona se produce y reproduce de forma cotidiana.

Sobre esta condición que avanza y no cesa, conversamos ampliamente el pasado 19 de marzo en un espacio transnacional de reflexión organizado por la Noda Chile del Proyecto regional (In) movilidad en las Américas en tiempos de COVID, denominado tal y como hemos titulado esta columna.

Junto a Cecile Blouin (Perú), Nanette Liberona (Chile), Gabriela Cano (Colombia) Felipe Vargas (México), moderados por la colega y amiga Carolina Stefoni (Chile) concordamos que existe una matriz autoritaria, discriminatoria y excluyente hacia las múltiples formas que ha tomado la persona que se moviliza en los actuales contextos. La realidad es un espejo, dijimos. También dijimos que la complejidad toma formas diversas y múltiples y que las personas en contexto de movilidad deben ser visibilizadas en sus condiciones reales de existencia. Dijimos que es urgente cambiar este estado de situación.

Frente a los devueltos, los varados, los deportados, los inmovilizados, los sitiados en espacios de confinamiento formal e informal, los obligados a trabajar en espacios laborales plagados de malas condiciones higiénicas (los delivery workers, los trabajadores agrícolas, las personas dedicadas a los servicios domésticos) la respuesta estatal ha sido común: aplicar medidas migratorias restrictivas, estrictos monitoreos, controles administrativos bajo la mampara de una supuesta tarea sanitaria. Son ellos, los otros, los que traen el virus que acabará con nosotros.

Siendo así, la época de excepcionalidad vivida solo potencia condiciones ya existentes. Las potencia y las agrava. Ante su funcionamiento, las respuestas desde quiénes las experimentan provienen de un verdadero espíritu de reconocimiento de la condición humana, la solidaridad circular y horizontal, el rostro de la mujer tras los mecanismos de afrontamiento, la movilidad como un acto de resistencia en sí mismo.

Raúl, nuestro empresario centroamericano exitoso, ha llegado ya a su destino tras una hora de vuelo. El trámite migratorio ha sido expedito: una rápida toma de temperatura, la revisión de su documento médico que confirma el resultado negativo de la prueba y un lavado de manos antes de salir de la zona de aduanas. Todo según lo previsto.

A algunos kilómetros de esa escena, una familia afectada por la pobreza, la inseguridad y los embates de los eventos naturales de noviembre anterior, toma la decisión de marcharse en una nueva estrategia colectiva. Les espera una férrea respuesta militar en cada frontera por cruzar. Les espera una política de la hostilidad que les confinará de nuevo, quizá para siempre, a sus condiciones reales de existencia. El ciclo de la incertidumbre volverá a abrirse. Una vez más.

Imágenes: https://la.network

“Eso arde”: Observación comunicante sobre las actuales movilidades humanas centroamericanas

Memo Acuña, (sociólogo y escritor costarricense)

En los últimos días las respuestas estatales regionales ante las movilidades humanas se han caracterizado por una agresiva militarización y blindaje de sus zonas fronterizas, como primer medida de un conjunto de acciones afincadas en el enfoque securitario utilizado para administrar las migraciones internacionales.

Durante el mes de enero de 2021 esa militarización fue observada tanto en fronteras centroamericanas, con lo actuado por las fuerzas de seguridad guatemaltecas para impedir y disolver los colectivos provenientes fundamentalmente de Honduras, como en el sur de América Latina al “sellar” la frontera con Ecuador el gobierno peruano, como

medida para impedir el paso de grupos de venezolanos en contextos de movilidad.

Sobre este escenario que enfrenta al mismo tiempo militarización y sobrevivencia, la circulación de noticias se ha decantado por la homogeneización para referirse a los grupos que caminan y tratan de cruzar fronteras internacionales. No en pocos casos en los medios de comunicación empresariales se han vertido conceptos criminalizantes y discriminatorios, desconociendo las causas y la heterogeneidad social y cultural de las personas que conforman estos colectivos humanos contemporáneos en America Latina.

En el caso centroamericano, es preciso visibilizar otras propuestas informativas que con cercanía, implicación y sensibilidad regional desmontan el aparataje de la comunicación que solo fluye en un solo sentido. Es necesario atender un lenguaje regional que explique con sentido lo que ocurre.

En esta dirección el jueves 28 de enero se desarrolló el conversatorio “Caravanas y otras luchas migrantes en Mesoamérica”, organizado por el proyecto regional “(in)movilidad en las Américas” con la participación de diferentes actores vinculados a los colectivos centroamericanos que se movilizan, así como representantes de medios regionales que han construido una interesante agenda noticiosa propia sobre el tema.

Gerardo Chévez, reportero de Radio Progreso (Honduras), ha cubierto las últimas movilidades originadas en aquel país. Su intervención en el conversatorio fue propicia para repasar el rol del periodismo en contextos de vulnerabilidad y su Importancia para conocer con certeza las causas de los procesos regionales.

Coincidimos de entrada cuando hace una distinción que no solo es semántica sino ética y política: no son caravanas las que salen de Centroamérica: son éxodos humanos forzados por las condiciones presentes en sus países de origen. Su observación en campo y su implicación con el contexto lo legitima para trazar esta consideración sobre los grupos centroamericanos que se movilizan.

Lo segundo que señala es considerar estas movilidades como expresiones de rebeldía. Se distancia así de aquellos intentos por descalificar las razones de la salida en colectivo aduciendo variables políticas y utilitarias por parte de terceros actores. También concordamos con su apreciación.

Sobre este aspecto, es importante entender que las salidas en colectivo desde la región obedecen a estrategias pensadas desde abajo para responder las lógicas del poder, la exclusión y la discriminación. En conjunto, estas tres nociones nunca serán nombradas de esa manera en los medios de comunicación empresariales.

En tercer lugar habla de un desprecio absoluto por parte de las autoridades hacia las personas en movilidad. No solo la forma violenta como disuadieron su paso en el caso de la coyuntura en frontera guatemalteca sino la actitud inhumana con la que se deshicieron de las pertenencias que quedaron desperdigadas luego de los enfrentamientos: “por la noche los militares quemaron coches de bebé, mochilas, ropa”, comentó.

En su relato, lo subjetivo es necesario para contar la verdad. Ante la violencia observada con la que fueron tratados niños, niñas, personas jóvenes, hombres y mujeres y ser testigo en primera línea, su reacción es epidérmica: “eso arde”, dice al recordar esas imágenes. Luego señala contundentemente: “somos periodistas, pero también somos humanos”.

Dados estos acontecimientos, son imprescindibles seguir dos acciones desde la región: incorporar en el entendimiento general la movilidad colectiva como estrategia desde los sectores vulnerables y precarizados y priorizar otras formas de comunicar esos procesos, lejos del estigma y la criminalización.

Es necesario por ello visibilizar esas otras formas de narrar la estrategia de respuesta de quienes se movilizan. Iniciativas que acompañan, informan y dialogan con la verdad como la misma Radio Progreso y el medio digital Contracorriente (ambas de Honduras) y Plaza Pública ( Guatemala) son algunos ejemplos de esa otra perspectiva comunicativa que debe priorizarse.

En tiempos en que la simbólica sustituye el contenido en las propuestas mediáticas globales, es preciso facultar y validar esas otras formas comunicativas que se generan desde la propia región. Es decir: pasar de la “sanderización” del relato a la profundización de las narrativas. Invito a reproducir sus contenidos, superponerlos a las maquinarias hegemónicas y empresariales que niegan la diversidad, la resistencia, la política que se crea y se construye desde lo cotidiano, desde abajo.

Imagen tomada de Página Siete.

Foto de cabecera: www.avispa.org